El grupo se ha dado a conocer mediante comunicados publicados en la prensa nacional en las últimas semanas. En uno de ellos, titulado "Contraloría social bolivariana sobre la conformación de empresas mixtas en la industria petrolera", se esgrimen los argumentos que sustentan su rechazo al modelo de asociación propuesto por el gobierno a las compañías transnacionales.
Lo primero que señalan es que las empresas mixtas violan las disposiciones constitucionales que reservan la propiedad de los hidrocarburos al país. Tal es el caso del artículo 12, en el cual se establece que "los yacimientos mineros y de hidrocarburos (...) existentes en el territorio nacional (...) pertenecen a la República, son bienes del dominio público y, por tanto, inalienables e imprescriptibles".
Ponen como ejemplo las declaraciones que diera Julio De Vido, ministro de Planificación General de Argentina, cuando se firmó el acuerdo entre Pdvsa y Enarsa para la explotación de la Faja del Orinoco: "Argentina tiene la obligación de salir a ampliar reservas aún fuera del país. No es cierto que la única manera de tener reservas es teniendo petróleo en el país, se pueden obtener fuera del territorio".
En el Frente también critican que el procedimiento se esté haciendo "a espaldas del dueño y soberano de estos recursos: el pueblo", tal como sucedió con los convenios operativos. Consideran que, por tener el petróleo un valor estratégico para Venezuela, la constitución de empresas mixtas debería ser consultada por lo menos al Consejo de Estado (establecido en el artículo 251 de la Constitución).
El grupo no se limita a criticar, también propone una alternativa a las empresas mixtas. Su propuesta consiste en que Pdvsa asuma directamente la operación de los campos entregados mediante los convenios operativos. "¿La opción de esfuerzo propio no sería la más adecuada? (...) ¿Acaso esta opción no es una verdadera estrategia de soberanía nacional?", preguntaron en el comunicado.
Crítica clandestina
Más allá de la posición que tienen ante las empresas mixtas, es poco lo que se sabe sobre el Frente Social Energético 21-D. Uno de sus miembros, que pidió mantener su nombre en reserva, explicó que el grupo está conformado por trabajadores –actuales y retirados– de la industria petrolera, así como por miembros de diferentes organizaciones sociales del occidente del país.
Si alguien piensa que el grupo tiene vínculos con la oposición, está equivocado. El nombre 21-D fue escogido por ser esa la fecha en que el gobierno logró movilizar el buque petrolero Pilín León y comenzó a desmontar el paro petrolero de diciembre de 2002. "Somos un grupo con verdadero espíritu revolucionario, que queremos cambiar el modelo rentista por uno productivo", aseguró la fuente.
Las diferencias del Frente con el ministro Rafael Ramírez comenzaron en 2003, cuando éste giró instrucciones para comenzar un proceso de licitación mediante el cual se entregaría el campo de Tomoporo (que posee una de las reservas más importantes del país) a la compañía española Repsol. "Esa decisión nos cayó como un balde de agua fría. Afortunadamente se logró echar para atrás la propuesta".
La posición asumida en ese momento trajo consecuencias. "Desde entonces Ramírez ha desatado una cacería de brujas contra aquellos que no están de acuerdo con la forma en que está manejando la industria petrolera", Esa persecución ha imposibilitado una discusión interna sobre el tema de las empresas mixtas y ha llevado al Frente a presentar sus opiniones ante la opinión pública.
La fuente asegura que, en términos económicos, las empresas mixtas son menos perjudiciales para el país que los convenios operativos. "El meollo del asunto está en la propiedad de los yacimientos. No sé cómo harán para que las compañías privadas que se asocien con Pdvsa no mantengan ninguna propiedad sobre los activos, porque la Constitución no lo permite".
Consultados sobre qué podrían hacer para evitar que se concrete la migración que está realizando el gobierno venezolano, indicó que la intención es presentar una demanda contra la formación de las empresas mixtas. "Hay un grupo que está trabajando en la redacción de un documento que será llevado ante la Contraloría General de la República y el Tribunal Supremo de Justicia".
Publicado en TalCual
