El canciller de Guyana, Carl Greenidge, aseguró que su país no frenará las inversiones en el Esequibo, un territorio de 159.000 kilómetros cuadrados rico en recursos minerales que es reclamado por Venezuela, reseñó el diario Guyana Chronicle.
En un discurso ante la Asociación de Industria y Servicios de Guyana, Greenidge dijo que el gobierno de su país no dejará de promover las inversiones en esa región porque no puede descuidar ninguna parte de su territorio.
Agregó que Georgetown buscará un arreglo judicial para el reclamo de Caracas porque la figura de los buenos oficios y las demás opciones de solución pacífica de controversias establecidas en la Carta de la Organización de Naciones Unidas han sido agotadas.
Greenidge opina que el Acuerdo de Ginebra no reabrió la disputa, sino que se limitó a crear un mecanismo para definir la validez del Laudo Arbitral de 1899, luego de que Venezuela denunció su nulidad.
Caracas mantiene que el instrumento jurídico firmado en 1966 sí busca dirimir la controversia territorial y acusa a Georgetown de vulnerar lo que suscribió. "Lo que está haciendo Guyana no puede ser sino un vulgar incumplimiento del Acuerdo de Ginebra", dijo la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez.
La ministra de Relaciones Exteriores aseguró, además, que la posición venezolana cuenta con el respaldo pleno y absoluto de los países del Mercosur en la cumbre presidencial de la semana pasada.
"Las nuevas autoridades de Guyana salieron con las tablas en la cabeza porque venían con una estrategia de descrédito contra Venezuela. Esa estrategia fue derrotada en el seno del Mercosur", declaró Rodríguez al volver de Brasilia, donde se celebró el encuentro.
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miércoles, 22 de julio de 2015
miércoles, 25 de julio de 2012
Hoy se concreta el retiro de Venezuela del Ciadi
El 25 de enero el gobierno del presidente Hugo Chávez pasó de las palabras a los hechos y denunció el convenio constitutivo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Hoy se cumplen los 6 meses establecidos en el artículo 71 del tratado para que surta efecto la denuncia y se concrete el retiro de Venezuela.
Chávez decidió sacar al país del Ciadi con dos argumentos, recordó la agencia Efe. El primero es que debe proteger "el derecho del pueblo venezolano de decidir las orientaciones estratégicas de la vida económica y social de la nación". El segundo es que el centro de arbitraje "ha fallado 232 veces a favor de los intereses transnacionales en las 234 causas que ha conocido".
La salida del Ciadi, sin embargo, no eximirá al Gobierno de responder por las 22 demandas que están pendientes en el organismo. "Las notificaciones de un Estado contratante no afectarán los derechos y obligaciones nacidos del consentimiento a la jurisdicción del centro dado con anterioridad al recibo de dicha notificación por el depositario", dice el artículo 72.
Juan González Velasco, especialista en comercio exterior e inversiones, considera que el retiro de Venezuela del Ciadi es lamentable. "Este organismo se creó en 1965 para darle un marco jurídico confiable a los inversionistas de todo el mundo y ha permitido que la inversión extranjera crezca hasta niveles históricos durante las últimas décadas".
González Velasco asegura que el Ciadi, más que un tribunal que sentencia, ha sido un organismo que promueve arreglos. "Si las decisiones han favorecido principalmente a las empresas es porque los países cambian las condiciones que ofrecen para atraer a los inversionistas. Venezuela tiene un historial desfavorable, pero también Estados Unidos".
El especialista advierte que la decisión gubernamental limitará todavía más la menguada inversión extranjera. "Los inversionistas pensarán mucho más antes de venir a Venezuela". Agrega que eso tendrá consecuencias negativas para el país. "Si en los últimos años hubiésemos tenido mayor inversión extranjera, produciríamos más e importaríamos menos".
González Velasco destaca que la inversión extranjera ha sido vital para los países desarrollados, para economías emergentes como China e incluso para Venezuela. "La mayoría del aparato productivo petrolero que sostiene al país se creó gracias a la inversión extranjera, porque la industria pasó a manos del Gobierno en 1975".
Publicado en El Nacional
Chávez decidió sacar al país del Ciadi con dos argumentos, recordó la agencia Efe. El primero es que debe proteger "el derecho del pueblo venezolano de decidir las orientaciones estratégicas de la vida económica y social de la nación". El segundo es que el centro de arbitraje "ha fallado 232 veces a favor de los intereses transnacionales en las 234 causas que ha conocido".
La salida del Ciadi, sin embargo, no eximirá al Gobierno de responder por las 22 demandas que están pendientes en el organismo. "Las notificaciones de un Estado contratante no afectarán los derechos y obligaciones nacidos del consentimiento a la jurisdicción del centro dado con anterioridad al recibo de dicha notificación por el depositario", dice el artículo 72.
Juan González Velasco, especialista en comercio exterior e inversiones, considera que el retiro de Venezuela del Ciadi es lamentable. "Este organismo se creó en 1965 para darle un marco jurídico confiable a los inversionistas de todo el mundo y ha permitido que la inversión extranjera crezca hasta niveles históricos durante las últimas décadas".
González Velasco asegura que el Ciadi, más que un tribunal que sentencia, ha sido un organismo que promueve arreglos. "Si las decisiones han favorecido principalmente a las empresas es porque los países cambian las condiciones que ofrecen para atraer a los inversionistas. Venezuela tiene un historial desfavorable, pero también Estados Unidos".
El especialista advierte que la decisión gubernamental limitará todavía más la menguada inversión extranjera. "Los inversionistas pensarán mucho más antes de venir a Venezuela". Agrega que eso tendrá consecuencias negativas para el país. "Si en los últimos años hubiésemos tenido mayor inversión extranjera, produciríamos más e importaríamos menos".
González Velasco destaca que la inversión extranjera ha sido vital para los países desarrollados, para economías emergentes como China e incluso para Venezuela. "La mayoría del aparato productivo petrolero que sostiene al país se creó gracias a la inversión extranjera, porque la industria pasó a manos del Gobierno en 1975".
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viernes, 20 de julio de 2012
Cadivi otorgó 84,5% menos para inversión extranjera
La Comisión de Administración de Divisas otorgó 14 millones de dólares para inversión extranjera durante el primer semestre de 2012, lo que representa una caída de 84,5% con respecto al mismo período de 2011, cuando la asignación para este rubro sumó 90,6 millones de dólares.
El monto aprobado para deuda externa privada, en tanto, retrocedió 90,7% al pasar de 29,5 millones a 2,75 millones de dólares. Eso genera un problema a las empresas transnacionales que, ante las limitaciones cambiarias en el país, piden financiamiento a sus casas matrices para importar.
Cadivi también redujo la entrega para estudiantes en 9,3%. En este caso, la disminución se debe a que cambiaron el mecanismo para solicitar divisas y limitaron las asignaciones a las áreas de conocimiento prioritarias definidas por el Ministerio de Educación Superior.
El resto de los rubros obtuvo más divisas en el primer semestre de 2012. El monto otorgado para uso de tarjetas de crédito en viajes al exterior y compras electrónicas sumó 1,22 millardos de dólares: representa un aumento de 50,4% en comparación con igual período del año pasado.
Las líneas áreas recibieron 642,5 millones de dólares (+3,7%); las remesas familiares sumaron 401,9 millones de dólares (+2,6%) y el efectivo para viajes totalizó 214,2 millones de dólares (+33,7%).
Rubros prioritarios. El organismo había informado que la entrega de dólares creció 3,6% en el primer semestre de 2012, con respecto a igual período de 2011, aunque el monto asignado para importaciones retrocedió 0,6%.
Las cifras detalladas muestran que la caída en las divisas para compras externas se debió a las llamadas importaciones ordinarias, que disminuyeron 6,7%: de 9,49 millardos a 8,85 millardos de dólares.
Para las compras realizadas a través de Aladi la asignación subió 4,4%, de 2,34 millardos a 2,44 millardos de dólares; y para las hechas con el Sucre el monto aumentó 430,8%, de 104,4 millones a 554,1 millones de dólares.
Alimentos, con un monto de 3,41 millardos de dólares, y salud, con una asignación de 1,76 millardos de dólares, acapararon casi la mitad (43,5%) de las divisas otorgadas para importar en el primer semestre.
Cadivi también entregó 1,12 millardos de dólares para comercio; 1,06 millardos para químicos; 1,03 millardos para automotriz; 775 millones para maquinaria y equipos; y 401 millones para servicios.
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El monto aprobado para deuda externa privada, en tanto, retrocedió 90,7% al pasar de 29,5 millones a 2,75 millones de dólares. Eso genera un problema a las empresas transnacionales que, ante las limitaciones cambiarias en el país, piden financiamiento a sus casas matrices para importar.
Cadivi también redujo la entrega para estudiantes en 9,3%. En este caso, la disminución se debe a que cambiaron el mecanismo para solicitar divisas y limitaron las asignaciones a las áreas de conocimiento prioritarias definidas por el Ministerio de Educación Superior.
El resto de los rubros obtuvo más divisas en el primer semestre de 2012. El monto otorgado para uso de tarjetas de crédito en viajes al exterior y compras electrónicas sumó 1,22 millardos de dólares: representa un aumento de 50,4% en comparación con igual período del año pasado.
Las líneas áreas recibieron 642,5 millones de dólares (+3,7%); las remesas familiares sumaron 401,9 millones de dólares (+2,6%) y el efectivo para viajes totalizó 214,2 millones de dólares (+33,7%).
Rubros prioritarios. El organismo había informado que la entrega de dólares creció 3,6% en el primer semestre de 2012, con respecto a igual período de 2011, aunque el monto asignado para importaciones retrocedió 0,6%.
Las cifras detalladas muestran que la caída en las divisas para compras externas se debió a las llamadas importaciones ordinarias, que disminuyeron 6,7%: de 9,49 millardos a 8,85 millardos de dólares.
Para las compras realizadas a través de Aladi la asignación subió 4,4%, de 2,34 millardos a 2,44 millardos de dólares; y para las hechas con el Sucre el monto aumentó 430,8%, de 104,4 millones a 554,1 millones de dólares.
Alimentos, con un monto de 3,41 millardos de dólares, y salud, con una asignación de 1,76 millardos de dólares, acapararon casi la mitad (43,5%) de las divisas otorgadas para importar en el primer semestre.
Cadivi también entregó 1,12 millardos de dólares para comercio; 1,06 millardos para químicos; 1,03 millardos para automotriz; 775 millones para maquinaria y equipos; y 401 millones para servicios.
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miércoles, 18 de julio de 2012
Suman París al menú de opciones para que venezolanos hagan negocios
La ausencia de opciones para invertir en Venezuela y la necesidad de proteger el patrimonio han hecho que en los últimos años la demanda inmobiliaria de los venezolanos apunte a destinos tan variados como Argentina, Colombia, Curazao, Estados Unidos, Panamá y República Dominicana.
Al menú de opciones ahora se suma París debido a la alianza estratégica entre la inmobiliaria venezolana Ferca Rentals y la francesa Betancourt et Associés (fundada por Astrid, hermana de Ingrid Betancourt, ex candidata presidencial colombiana que estuvo seis años secuestrada por la guerrilla).
La capital de Francia figura actualmente como la cuarta urbe preferida por los inversionistas que compran inmuebles fuera de su país de origen; por debajo de Londres, Nueva York y Hong Kong; pero por encima de Singapur, Miami, Génova, Shanghai, Pekín y Berlín.
Aunque una ciudad europea puede sonar como un destino muy exótico para los inversionistas venezolanos, cuya demanda se ha concentrado principalmente en otros países del continente americano, los promotores de la alianza aseguran que es más asequible de lo que muchos piensan.
"El venezolano siempre ha sido una persona que le gusta viajar e invertir afuera. Hemos tenido buenas experiencias con la venta de inmuebles en Miami, Nueva York, Panamá y otras ciudades. París no es mucho más caro", asegura Francisco España, presidente de Ferca Rentals.
"A pesar de que los inmuebles de la capital francesa se han revalorizado continuamente en los últimos 30 años, siguen siendo asequibles para los inversionistas extranjeros con precios de 10.000 a 20.000 euros por metro cuadrado, según las características", señala Astrid Betancourt.
España agrega que la adquisición en París puede ser una opción especialmente atractiva para quienes tienen ahorros o inversiones financieras en euros y están perdiendo con la depreciación que ha tenido la moneda única por la crisis económica del Viejo Mundo.
Los problemas de la zona euro, por cierto, no son vistos como una desventaja. "Estamos convencidos de que la integración europea no tiene vuelta atrás", dice Betancourt. "La debilidad del euro incrementa el poder adquisitivo de los inversionistas en dólares", añade España.
Destino atractivo. El primer beneficio que ofrece París al inversionista extranjero es el mismo que brinda al turista: el atractivo estético que tiene la ciudad por los diversos estilos de construcción y los múltiples edificios históricos (desde la catedral de Notre Dame hasta la Torre Eiffel).
El ambiente cosmopolita representa otro valor agregado. Betancourt destaca que esta característica no impide que una persona lleve una vida anónima, porque cada vecindario cuenta con lo necesario. "No hace falta ir a un gran centro comercial y encontrarse a todo el mundo".
Una ventaja más importante desde el punto de vista económico, sobre todo por el monto de la inversión, es la seguridad jurídica. La propiedad es un derecho garantizado en el artículo 17 de la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789, el documento fundamental de la Revolución Francesa.
Betancourt apunta que la inversión en piedra, como le dicen los franceses a la compra de inmuebles, continúa siendo la mejor opción para preservar el valor del dinero y proteger el patrimonio. "En un contexto de crisis mundial e incertidumbre en los mercados financieros, es una inversión segura".
La rentabilidad de los inmuebles residenciales no es tan alta, porque existen regulaciones en el mercado de alquiler para garantizar que los precios se mantengan en niveles asequibles para los parisienses, pero igual resulta atractiva. Sobre todo cuando se arrienda para temporadas vacacionales.
Una opción más provechosa son las edificaciones comerciales y especialmente los hoteles. "Hay muchos, sobre todo pequeños, que no cumplen con las normas y sus propietarios, como no tienen recursos para adaptarlos, deciden venderlos a inversionistas. Muchos extranjeros han comprado".
Para los venezolanos, en particular, un beneficio adicional es el convenio bilateral para evitar la doble tributación firmado por los gobiernos de ambos países el 7 de mayo. "Eso permite que los bienes adquiridos en Francia no paguen impuestos en Venezuela", precisa Betancourt.
Publicado en El Nacional
Al menú de opciones ahora se suma París debido a la alianza estratégica entre la inmobiliaria venezolana Ferca Rentals y la francesa Betancourt et Associés (fundada por Astrid, hermana de Ingrid Betancourt, ex candidata presidencial colombiana que estuvo seis años secuestrada por la guerrilla).
La capital de Francia figura actualmente como la cuarta urbe preferida por los inversionistas que compran inmuebles fuera de su país de origen; por debajo de Londres, Nueva York y Hong Kong; pero por encima de Singapur, Miami, Génova, Shanghai, Pekín y Berlín.
Aunque una ciudad europea puede sonar como un destino muy exótico para los inversionistas venezolanos, cuya demanda se ha concentrado principalmente en otros países del continente americano, los promotores de la alianza aseguran que es más asequible de lo que muchos piensan.
"El venezolano siempre ha sido una persona que le gusta viajar e invertir afuera. Hemos tenido buenas experiencias con la venta de inmuebles en Miami, Nueva York, Panamá y otras ciudades. París no es mucho más caro", asegura Francisco España, presidente de Ferca Rentals.
"A pesar de que los inmuebles de la capital francesa se han revalorizado continuamente en los últimos 30 años, siguen siendo asequibles para los inversionistas extranjeros con precios de 10.000 a 20.000 euros por metro cuadrado, según las características", señala Astrid Betancourt.
España agrega que la adquisición en París puede ser una opción especialmente atractiva para quienes tienen ahorros o inversiones financieras en euros y están perdiendo con la depreciación que ha tenido la moneda única por la crisis económica del Viejo Mundo.
Los problemas de la zona euro, por cierto, no son vistos como una desventaja. "Estamos convencidos de que la integración europea no tiene vuelta atrás", dice Betancourt. "La debilidad del euro incrementa el poder adquisitivo de los inversionistas en dólares", añade España.
Destino atractivo. El primer beneficio que ofrece París al inversionista extranjero es el mismo que brinda al turista: el atractivo estético que tiene la ciudad por los diversos estilos de construcción y los múltiples edificios históricos (desde la catedral de Notre Dame hasta la Torre Eiffel).
El ambiente cosmopolita representa otro valor agregado. Betancourt destaca que esta característica no impide que una persona lleve una vida anónima, porque cada vecindario cuenta con lo necesario. "No hace falta ir a un gran centro comercial y encontrarse a todo el mundo".
Una ventaja más importante desde el punto de vista económico, sobre todo por el monto de la inversión, es la seguridad jurídica. La propiedad es un derecho garantizado en el artículo 17 de la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789, el documento fundamental de la Revolución Francesa.
Betancourt apunta que la inversión en piedra, como le dicen los franceses a la compra de inmuebles, continúa siendo la mejor opción para preservar el valor del dinero y proteger el patrimonio. "En un contexto de crisis mundial e incertidumbre en los mercados financieros, es una inversión segura".
La rentabilidad de los inmuebles residenciales no es tan alta, porque existen regulaciones en el mercado de alquiler para garantizar que los precios se mantengan en niveles asequibles para los parisienses, pero igual resulta atractiva. Sobre todo cuando se arrienda para temporadas vacacionales.
Una opción más provechosa son las edificaciones comerciales y especialmente los hoteles. "Hay muchos, sobre todo pequeños, que no cumplen con las normas y sus propietarios, como no tienen recursos para adaptarlos, deciden venderlos a inversionistas. Muchos extranjeros han comprado".
Para los venezolanos, en particular, un beneficio adicional es el convenio bilateral para evitar la doble tributación firmado por los gobiernos de ambos países el 7 de mayo. "Eso permite que los bienes adquiridos en Francia no paguen impuestos en Venezuela", precisa Betancourt.
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sábado, 11 de diciembre de 2010
Gobierno ejecutó 13,5% de inversión para vivienda
El discurso gubernamental de las semanas recientes ha estado lleno de anuncios en materia de vivienda. Pero, a juzgar por lo realizado hasta ahora, pocos llegarán a concretarse: un informe del Cieca, Centro de Investigaciones Económicas, muestra que el Gobierno ejecutó 13,5% de la inversión prometida para viviendas desde 2005.
La institución afirma que en los últimos 5 años las autoridades han anunciado desembolsos por 52,1 millardos de dólares –equivalentes a 10,4% de los ingresos fiscales del período– para proyectos destinados a reducir el déficit de viviendas que existe en Venezuela, calculado en 2 millones de unidades por los especialistas.
La inversión ejecutada desde 2005, sin embargo, sumó 7 millardos de dólares, calcula el Cieca sobre la base de la cantidad de viviendas terminadas por el sector público cada año –que estuvo entre un mínimo de 14.667 en 2010 y un máximo de 48.000 en 2006– y el costo unitario de cada una.
"Si se hubiese ejecutado el monto anunciado, se habrían construido 1.417.849 viviendas. En realidad, en este período se han concluido 182.511 unidades. Es decir, 1.235.338 menos que lo prometido. El monto dejado de ejecutar es de 45,1 millardos de dólares", precisa el informe.
El Cieca destaca que buena parte de las inversiones anunciadas por el Gobierno en los últimos años están vinculadas a convenios bilaterales con países como Bielorrusia, Brasil, China, Cuba, Irán, Portugal, Rusia, Turquía y Uruguay. Hasta ahora se desconoce el número de viviendas edificadas mediante esos acuerdos.
El peor promedio. El informe del Cieca calcula que la cantidad de viviendas construidas por el sector público desde 1999 hasta la fecha asciende a 296.047, lo cual arroja un promedio anual de 29.605 unidades durante la presidencia de Hugo Chávez. La cifra es menos de la mitad de lo edificado por gobiernos anteriores.
Agrega que los mejores resultados se registraron entre 1979 y 1988 –en las gestiones presidenciales de Luis Herrera Campins y Jaime Lusinchi– con un total de 759.632 unidades edificadas. El promedio anual del período fue 75.963, 56,6% más que el Gobierno actual.
En el lapso de 1969 a 1978 –durante los primeros gobiernos de Rafael Caldera y Carlos Andrés Pérez– se construyeron 655.699 viviendas, para una media anual de 65.570. Entre 1989 y 1998, con Pérez y Caldera en la Presidencia por segunda vez, se levantaron 618.150 en total y 61.815 cada año.
Publicado en El Nacional
La institución afirma que en los últimos 5 años las autoridades han anunciado desembolsos por 52,1 millardos de dólares –equivalentes a 10,4% de los ingresos fiscales del período– para proyectos destinados a reducir el déficit de viviendas que existe en Venezuela, calculado en 2 millones de unidades por los especialistas.
La inversión ejecutada desde 2005, sin embargo, sumó 7 millardos de dólares, calcula el Cieca sobre la base de la cantidad de viviendas terminadas por el sector público cada año –que estuvo entre un mínimo de 14.667 en 2010 y un máximo de 48.000 en 2006– y el costo unitario de cada una.
"Si se hubiese ejecutado el monto anunciado, se habrían construido 1.417.849 viviendas. En realidad, en este período se han concluido 182.511 unidades. Es decir, 1.235.338 menos que lo prometido. El monto dejado de ejecutar es de 45,1 millardos de dólares", precisa el informe.
El Cieca destaca que buena parte de las inversiones anunciadas por el Gobierno en los últimos años están vinculadas a convenios bilaterales con países como Bielorrusia, Brasil, China, Cuba, Irán, Portugal, Rusia, Turquía y Uruguay. Hasta ahora se desconoce el número de viviendas edificadas mediante esos acuerdos.
El peor promedio. El informe del Cieca calcula que la cantidad de viviendas construidas por el sector público desde 1999 hasta la fecha asciende a 296.047, lo cual arroja un promedio anual de 29.605 unidades durante la presidencia de Hugo Chávez. La cifra es menos de la mitad de lo edificado por gobiernos anteriores.
Agrega que los mejores resultados se registraron entre 1979 y 1988 –en las gestiones presidenciales de Luis Herrera Campins y Jaime Lusinchi– con un total de 759.632 unidades edificadas. El promedio anual del período fue 75.963, 56,6% más que el Gobierno actual.
En el lapso de 1969 a 1978 –durante los primeros gobiernos de Rafael Caldera y Carlos Andrés Pérez– se construyeron 655.699 viviendas, para una media anual de 65.570. Entre 1989 y 1998, con Pérez y Caldera en la Presidencia por segunda vez, se levantaron 618.150 en total y 61.815 cada año.
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miércoles, 8 de diciembre de 2010
Gobierno controlará fondos para la innovación
Daniel Rodríguez cursa un programa de especialización que la empresa dónde trabaja financia a los empleados, con el objetivo de modernizar el proceso de producción para reducir los costos. Carolina Ferreira paga un monto mínimo por los estudios de posgrado, pues una compañía transnacional subsidia la universidad, con el propósito de impulsar la investigación en el área en que se desempeña.
Los ejemplos anteriores muestran algunas de las formas que tenían las empresas con ingresos brutos superiores a 100.000 unidades tributarias (6,5 millones de bolívares) para cumplir con el aporte obligatorio que impone la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación desde 2005. El proyecto de reforma que se discute en la Asamblea Nacional, sin embargo, impedirá que las compañías manejen los recursos por su cuenta.
"Todos los aportes deberán ser consignados ante el órgano financiero de los fondos destinados a ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones", dice el artículo 23 de la propuesta. El artículo 40 precisa que se trata del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que luego se encargará de repartir el dinero entre personas e instituciones que soliciten recursos para investigación.
El abogado Edgardo Malavé, corredactor de la Locti vigente, afirma que la modificación planteada por el Ejecutivo convierte el aporte para ciencia y tecnología en una contribución similar a la que debe pagarse al Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista. "El impacto económico para las empresas es muy grande, porque la base de cálculo del monto que se debe pagar son los ingresos brutos", advierte.
Malavé recuerda que hasta la fecha el impacto económico era compensado parcialmente por los beneficios directos que las empresas recibían al invertir en la capacitación de personal, la modernización de procedimientos o la investigación relacionada con su área de negocio. Pero ahora las compañías entregarán el dinero sin saber si los programas y proyectos que le interesan recibirán el financiamiento del Fonacit.
Miguel Mónaco, abogado y profesor universitario de Derecho Público, considera que la reforma limitará la inversión en ciencia y tecnología dentro de las propias empresas. "Por la magnitud del aporte, será muy difícil para algunas compañías cancelar al Fonacit y aparte financiar proyectos internos. No les queda otra que presentar sus proyectos al organismo gubernamental y esperar que les asignen fondos".
Más lento. El problema de esperar los recursos del Fonacit señala Malavé es que el organismo se convertirá en una alcabala por la que tendrán que pasar todas las solicitudes de fondos para la investigación científica y tecnológica. "Operación Sonrisa, por ejemplo, ya no podrá pedirles a las compañías fondos descontables de la obligación por Locti. Ahora tendrá que presentar sus proyectos al Fonacit para que le apruebe recursos", indica.
Agrega que eso introducirá factores como "la tendencia política, la discrecionalidad y el amiguismo" en la decisión de a quién se asignarán los recursos. También ralentizará el proceso de investigación pues el Fonacit no está capacitado para procesar las solicitudes de 6.000 personas e instituciones inscritas en el registro de beneficiarios. "El dinero irá a engrosar cuentas bancarias y se quedará inoperante por mucho tiempo".
Mónaco advierte que lo más grave es que la aprobación de recursos estará condicionada a parámetros políticos. "La autoridad nacional con competencia en ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones evaluará y seleccionará los programas y proyectos que califiquen para su financiamiento en las áreas definidas en el plan de desarrollo económico-social de la nación", dice el artículo 15 de la propuesta de reforma.
Los abogados señalan como otro factor preocupante la modificación del artículo 3 que define los sujetos de la ley para agregar a las comunas que realicen actividades de ciencia, tecnología e innovación. No sólo porque esta forma de organización social promovida por el Gobierno no está establecida en la Constitución, sino porque su inclusión revela que parte de los aportes empresariales serán para financiar proyectos comunales.
También preocupa a los especialistas que se haya suprimido la palabra empresa del artículo. Lo mismo se hizo en la disposición número 27, que describe las actividades "consideradas como factibles de ser llevadas a cabo con los aportes a la ciencia, la tecnología, la innovación y sus aplicaciones". Eso genera temores de que el sector privado sea excluido de la entrega de financiamiento del Fonacit.
Además cuando se incluye la investigación para el desarrollo de nuevos procesos tecnológicos, esquemas organizativos, bienes o procedimientos entre las actividades por financiar con los aportes empresariales, se sustituye el objetivo de mejorar la competitividad y la calidad productiva incluido en la Locti vigente por el de resolver problemas concretos de la población venezolana.
Supervisión posterior. El diputado Manuel Villalba, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Comunicación Social de la Asamblea Nacional, defiende la reforma propuesta para la Locti con el argumento de que la situación actual en que "las empresas manejan a su antojo 95% del aporte previsto en la normativa y sólo entregan al Fonacit 5%" atenta contra la investigación del sector público.
Malavé dice que el Fonacit recibe un porcentaje tan pequeño de los aportes empresariales porque carece de programas y proyectos de investigación suficientes. "Ni siquiera es capaz de ejecutar su propio presupuesto, qué va a hacer con más dinero". Agrega que el objetivo de la norma no es dar recursos a los organismos gubernamentales sino promover que el sector privado invierta en ciencia y tecnología.
Villalba también argumenta que no había un control estatal sobre el aporte. Mónaco replica que el hecho de que las empresas manejarán el dinero por su cuenta, ya sea para invertirlo en proyectos propios o para financiar programas de terceros, no implicaba una ausencia de supervisión de los entes gubernamentales. "Se hace un control posterior, de manera que el elemento burocrático no obstruya el avance científico".
Mónaco destaca que en la Locti vigente se establecen claramente cuáles son las actividades internas y externas que las empresas pueden financiar para cumplir con su obligación de invertir en la ciencia y la tecnología. Además, hay sanciones para las compañías que no realizan ningún aporte y para aquellas que financian actividades distintas a las estipuladas en la ley.
Malavé indica que si el Gobierno era incapaz de supervisar los aportes, como afirma el diputado, también será incompetente para manejar los recursos que las empresas entregarán y distribuirlos entre quienes se dedican a la investigación científica y tecnológica. "El Estado no puede alegar su propia incapacidad. Si el Seniat tiene una estructura para fiscalizar el pago de impuestos, por qué el Fonacit no puede hacer lo mismo".
Publicado en El Nacional
Los ejemplos anteriores muestran algunas de las formas que tenían las empresas con ingresos brutos superiores a 100.000 unidades tributarias (6,5 millones de bolívares) para cumplir con el aporte obligatorio que impone la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación desde 2005. El proyecto de reforma que se discute en la Asamblea Nacional, sin embargo, impedirá que las compañías manejen los recursos por su cuenta.
"Todos los aportes deberán ser consignados ante el órgano financiero de los fondos destinados a ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones", dice el artículo 23 de la propuesta. El artículo 40 precisa que se trata del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que luego se encargará de repartir el dinero entre personas e instituciones que soliciten recursos para investigación.
El abogado Edgardo Malavé, corredactor de la Locti vigente, afirma que la modificación planteada por el Ejecutivo convierte el aporte para ciencia y tecnología en una contribución similar a la que debe pagarse al Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista. "El impacto económico para las empresas es muy grande, porque la base de cálculo del monto que se debe pagar son los ingresos brutos", advierte.
Malavé recuerda que hasta la fecha el impacto económico era compensado parcialmente por los beneficios directos que las empresas recibían al invertir en la capacitación de personal, la modernización de procedimientos o la investigación relacionada con su área de negocio. Pero ahora las compañías entregarán el dinero sin saber si los programas y proyectos que le interesan recibirán el financiamiento del Fonacit.
Miguel Mónaco, abogado y profesor universitario de Derecho Público, considera que la reforma limitará la inversión en ciencia y tecnología dentro de las propias empresas. "Por la magnitud del aporte, será muy difícil para algunas compañías cancelar al Fonacit y aparte financiar proyectos internos. No les queda otra que presentar sus proyectos al organismo gubernamental y esperar que les asignen fondos".
Más lento. El problema de esperar los recursos del Fonacit señala Malavé es que el organismo se convertirá en una alcabala por la que tendrán que pasar todas las solicitudes de fondos para la investigación científica y tecnológica. "Operación Sonrisa, por ejemplo, ya no podrá pedirles a las compañías fondos descontables de la obligación por Locti. Ahora tendrá que presentar sus proyectos al Fonacit para que le apruebe recursos", indica.
Agrega que eso introducirá factores como "la tendencia política, la discrecionalidad y el amiguismo" en la decisión de a quién se asignarán los recursos. También ralentizará el proceso de investigación pues el Fonacit no está capacitado para procesar las solicitudes de 6.000 personas e instituciones inscritas en el registro de beneficiarios. "El dinero irá a engrosar cuentas bancarias y se quedará inoperante por mucho tiempo".
Mónaco advierte que lo más grave es que la aprobación de recursos estará condicionada a parámetros políticos. "La autoridad nacional con competencia en ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones evaluará y seleccionará los programas y proyectos que califiquen para su financiamiento en las áreas definidas en el plan de desarrollo económico-social de la nación", dice el artículo 15 de la propuesta de reforma.
Los abogados señalan como otro factor preocupante la modificación del artículo 3 que define los sujetos de la ley para agregar a las comunas que realicen actividades de ciencia, tecnología e innovación. No sólo porque esta forma de organización social promovida por el Gobierno no está establecida en la Constitución, sino porque su inclusión revela que parte de los aportes empresariales serán para financiar proyectos comunales.
También preocupa a los especialistas que se haya suprimido la palabra empresa del artículo. Lo mismo se hizo en la disposición número 27, que describe las actividades "consideradas como factibles de ser llevadas a cabo con los aportes a la ciencia, la tecnología, la innovación y sus aplicaciones". Eso genera temores de que el sector privado sea excluido de la entrega de financiamiento del Fonacit.
Además cuando se incluye la investigación para el desarrollo de nuevos procesos tecnológicos, esquemas organizativos, bienes o procedimientos entre las actividades por financiar con los aportes empresariales, se sustituye el objetivo de mejorar la competitividad y la calidad productiva incluido en la Locti vigente por el de resolver problemas concretos de la población venezolana.
Supervisión posterior. El diputado Manuel Villalba, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Comunicación Social de la Asamblea Nacional, defiende la reforma propuesta para la Locti con el argumento de que la situación actual en que "las empresas manejan a su antojo 95% del aporte previsto en la normativa y sólo entregan al Fonacit 5%" atenta contra la investigación del sector público.
Malavé dice que el Fonacit recibe un porcentaje tan pequeño de los aportes empresariales porque carece de programas y proyectos de investigación suficientes. "Ni siquiera es capaz de ejecutar su propio presupuesto, qué va a hacer con más dinero". Agrega que el objetivo de la norma no es dar recursos a los organismos gubernamentales sino promover que el sector privado invierta en ciencia y tecnología.
Villalba también argumenta que no había un control estatal sobre el aporte. Mónaco replica que el hecho de que las empresas manejarán el dinero por su cuenta, ya sea para invertirlo en proyectos propios o para financiar programas de terceros, no implicaba una ausencia de supervisión de los entes gubernamentales. "Se hace un control posterior, de manera que el elemento burocrático no obstruya el avance científico".
Mónaco destaca que en la Locti vigente se establecen claramente cuáles son las actividades internas y externas que las empresas pueden financiar para cumplir con su obligación de invertir en la ciencia y la tecnología. Además, hay sanciones para las compañías que no realizan ningún aporte y para aquellas que financian actividades distintas a las estipuladas en la ley.
Malavé indica que si el Gobierno era incapaz de supervisar los aportes, como afirma el diputado, también será incompetente para manejar los recursos que las empresas entregarán y distribuirlos entre quienes se dedican a la investigación científica y tecnológica. "El Estado no puede alegar su propia incapacidad. Si el Seniat tiene una estructura para fiscalizar el pago de impuestos, por qué el Fonacit no puede hacer lo mismo".
Publicado en El Nacional
sábado, 4 de diciembre de 2010
Defienden centralización de aportes a la ciencia
El diputado Manuel Villalba afirmó que los criticas a la reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación que se discute en la Asamblea Nacional provienen de sectores interesados en que las empresas privadas sigan manejando a su antojo el aporte establecido.
Villalba, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Comunicación Social, dijo que el esquema actual –que permite a empresas descontar del aporte legal las inversiones en capacitación interna e investigación de terceros– ha ocasionado que el Fonacit reciba una cantidad mínima.
"Hasta ahora 95% ha sido administrado por las empresas de acuerdo con sus intereses particulares, sin tomar en consideración las necesidades del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, mientras que 5% ha sido manejado por el Fonacit. Se quieren despachar y dar el vuelto", aseguró.
El parlamentario descartó que el envío de todos los fondos al Fonacit atente contra la producción de conocimiento. Agregó que las empresas privadas podrán financiar, con recursos diferentes, sus programas de capacitación internos y los proyectos de investigación de terceros.
Villalba rechazó las críticas sobre la falta de consulta de la reforma. "El proyecto fue ampliamente debatido con universidades, investigadores e instituciones vinculadas a la ciencia y la tecnología".
Publicado en El Nacional
Villalba, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Comunicación Social, dijo que el esquema actual –que permite a empresas descontar del aporte legal las inversiones en capacitación interna e investigación de terceros– ha ocasionado que el Fonacit reciba una cantidad mínima.
"Hasta ahora 95% ha sido administrado por las empresas de acuerdo con sus intereses particulares, sin tomar en consideración las necesidades del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, mientras que 5% ha sido manejado por el Fonacit. Se quieren despachar y dar el vuelto", aseguró.
El parlamentario descartó que el envío de todos los fondos al Fonacit atente contra la producción de conocimiento. Agregó que las empresas privadas podrán financiar, con recursos diferentes, sus programas de capacitación internos y los proyectos de investigación de terceros.
Villalba rechazó las críticas sobre la falta de consulta de la reforma. "El proyecto fue ampliamente debatido con universidades, investigadores e instituciones vinculadas a la ciencia y la tecnología".
Publicado en El Nacional
lunes, 18 de octubre de 2010
Plan de emergencia alcanza para cubrir 3%
del déficit de viviendas
Las medidas de emergencia para solventar la crisis en el sector vivienda, anunciadas a cuentagotas por el presidente Hugo Chávez durante las últimas semanas, son insuficientes para que se logre construir las 200.000 unidades que –según expertos– se requieren cada año en Venezuela.
Chávez ha dicho que el plan gubernamental consiste, entre otras cosas, en una inversión extraordinaria de 2,5 millardos de dólares: 1 millardo de dólares del Fondo ChinoVenezolano y 1,5 millardos de dólares de la emisión de bonos que Pdvsa lanzará hoy.
Si el costo de construcción de cada vivienda es de 200.000 bolívares, como reconoció el mandatario recientemente, los 2,5 millardos de dólares que el Gobierno invertirá equivalentes a 10,75 millardos de bolívares alcanzan para edificar 53.750 unidades.
El número de viviendas que se pueden construir con los recursos anunciados representa 27% de la cantidad requerida cada año y 3% del déficit acumulado, que organismos privados y públicos calculan en 2 millones unidades.
Para edificar 200.000 viviendas cada año, la inversión necesaria asciende hasta 40 millardos de bolívares. Es decir, se requiere 272% más que lo anunciado por Chávez. Esa quizás sea una de las razones por las cuales el mandatario invitó al sector privado a contribuir con el Gobierno.
Aquiles Martini, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, indica que las constructoras privadas no sólo pueden aportar recursos financieros, sino también conocimiento y experiencia. "Debemos incluirnos todos. No hay otra forma de resolver el problema", señala.
A paso lento. Chávez afirma que el problema de la vivienda fue heredado de gobiernos anteriores; sin embargo, las cifras oficiales muestran que el déficit ha aumentado durante su gestión.
Entre 1999 y 2009 el Gobierno y la empresa privada construyeron 487.000 viviendas, para un promedio de 44.000 por año. Es decir, ni siquiera la cuarta parte de lo que se necesita: 100.000 unidades para atender el crecimiento poblacional y 100.000 más para empezar a reducir el déficit acumulado.
Los peores resultados se observaron entre 1999 y 2005, cuando el número de casas construidas promedió 24.000. La cifra aumentó hasta 85.000 de 2006 a 2009, impulsada por la aprobación de reglas claras para el sector y la bonanza petrolera.
En el primer semestre de 2010, sin embargo, hubo un retroceso se terminaron 26.000 viviendas, 45% menos que en el mismo período del año pasado por factores como la recesión económica, el racionamiento eléctrico, la falta de insumos y las modificaciones de la normativa legal.
Publicado en El Nacional
Chávez ha dicho que el plan gubernamental consiste, entre otras cosas, en una inversión extraordinaria de 2,5 millardos de dólares: 1 millardo de dólares del Fondo ChinoVenezolano y 1,5 millardos de dólares de la emisión de bonos que Pdvsa lanzará hoy.
Si el costo de construcción de cada vivienda es de 200.000 bolívares, como reconoció el mandatario recientemente, los 2,5 millardos de dólares que el Gobierno invertirá equivalentes a 10,75 millardos de bolívares alcanzan para edificar 53.750 unidades.
El número de viviendas que se pueden construir con los recursos anunciados representa 27% de la cantidad requerida cada año y 3% del déficit acumulado, que organismos privados y públicos calculan en 2 millones unidades.
Para edificar 200.000 viviendas cada año, la inversión necesaria asciende hasta 40 millardos de bolívares. Es decir, se requiere 272% más que lo anunciado por Chávez. Esa quizás sea una de las razones por las cuales el mandatario invitó al sector privado a contribuir con el Gobierno.
Aquiles Martini, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, indica que las constructoras privadas no sólo pueden aportar recursos financieros, sino también conocimiento y experiencia. "Debemos incluirnos todos. No hay otra forma de resolver el problema", señala.
A paso lento. Chávez afirma que el problema de la vivienda fue heredado de gobiernos anteriores; sin embargo, las cifras oficiales muestran que el déficit ha aumentado durante su gestión.
Entre 1999 y 2009 el Gobierno y la empresa privada construyeron 487.000 viviendas, para un promedio de 44.000 por año. Es decir, ni siquiera la cuarta parte de lo que se necesita: 100.000 unidades para atender el crecimiento poblacional y 100.000 más para empezar a reducir el déficit acumulado.
Los peores resultados se observaron entre 1999 y 2005, cuando el número de casas construidas promedió 24.000. La cifra aumentó hasta 85.000 de 2006 a 2009, impulsada por la aprobación de reglas claras para el sector y la bonanza petrolera.
En el primer semestre de 2010, sin embargo, hubo un retroceso se terminaron 26.000 viviendas, 45% menos que en el mismo período del año pasado por factores como la recesión económica, el racionamiento eléctrico, la falta de insumos y las modificaciones de la normativa legal.
Publicado en El Nacional
domingo, 10 de octubre de 2010
Inversión extranjera tiene un déficit
de $ 2,4 millardos desde 2006
Las estadísticas del Banco Central de Venezuela sobre inversión extranjera ratifican lo que economistas y empresarios han advertido en reiteradas ocasiones en los últimos años: existe una relación directa entre la decisión del presidente Hugo Chávez de profundizar el modelo socialista y la disminución del flujo de recursos que ingresa en el país.
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Aunque la entrada de capitales foráneos a Venezuela comenzó a retroceder desde el momento en que Chávez asumió la Presidencia, al pasar de 4,99 millardos de dólares en 1998 a 2,89 millardos de dólares en 1999, la inversión directa en el país mantuvo un saldo positivo en los primeros 7 años de gestión del mandatario.
Entre 1999 y 2005 el indicador acumuló un superávit de 18,2 millardos de dólares, para un promedio de 2,6 millardos de dólares cada año. El monto es mínimo comparado con lo recibido por otros países de América Latina durante ese período, pero lo importante para Venezuela era que el dinero que entraba superaba al que salía (vía repatriación de capitales o venta de activos).
La tendencia cambió a partir de 2006, cuando la inversión directa cerró con un déficit de 508 millones de dólares. Desde entonces, el indicador acumula un saldo negativo de 2,4 millardos de dólares un promedio de -480 millones de dólares anuales a pesar de los resultados positivos obtenidos en 2007 (1 millardo de dólares) y 2008 (349 millones de dólares).
El viraje de saldo positivo a negativo en las inversiones extranjeras coincide con el período de radicalización del Gobierno. En 2005 se intensificó la política de intervención de tierras rurales mediante la cual se han ocupado 2,9 millones de hectáreas y se concretó el proceso de migración a empresas mixtas de los convenios operativos del sector petrolero.
En 2007 el Ejecutivo comenzó la estatización de actividades económicas consideradas estratégicas: tomó el control de la Cantv, de las compañías de energía eléctrica y de las asociaciones de la faja petrolífera del Orinoco. El proceso continuó en 2008 con la expropiación de Sidor y las fabricantes de cemento (Cemex, Holcim y Lafarge).
Desconfianza creciente. La formación bruta de capital fijo referida a los recursos invertidos por empresas nacionales y extranjeras también muestra que el sector privado ha sido muy cauteloso desde 2006, aunque la bonanza generada por los altos precios del petróleo permitió que este indicador creciera 2,6% ese año y 9,7% al siguiente, según el BCV.
El incremento de la inversión privada durante esos años, sin embargo, se concentró en bienes inmuebles y unidades de transporte. El desembolso de recursos para adquirir maquinarias y equipos, que incide más directamente en el incremento de la capacidad de producción, retrocedió 20,1% en 2006 y 1,9% en 2007.
Ya en 2008 la formación bruta de capital fijo del sector privado cerró con una caída de 21,2%, mientras que en 2009 hubo una disminución de 2,9%. Carlos Larrazábal, presidente de Conindustria, afirma que estas cifras no responden solamente al deterioro de la actividad productiva, sino que también reflejan la desconfianza creciente de los empresarios nacionales y externos.
"¿Cómo se le puede pedir a un inversionista de cualquier tamaño, porque el señor que usa sus ahorros para comprar un carrito de perro caliente también es un inversionista que deje sus recursos en Venezuela cuando no hay seguridad jurídica y existen documentos oficiales que hablan de la estatización de la economía y la supresión de la propiedad privada?", pregunta.
Larrazábal recuerda que el Plan de Desarrollo Económico y Social 2007-2013 también llamado Proyecto Simón Bolívar o Primer Plan Socialista de la Nación establece que el Estado asumirá gradualmente el control de las actividades estratégicas, un concepto que empezó con la industria petrolera y que cada vez se hace más amplio.
Agrega que las bases programáticas del PSUV, aprobadas en 2010, plantean eliminar al sector privado monopólico término usado a conveniencia por el Gobierno, según Larrazábal , limitar las empresas mixtas a asociaciones con firmas extranjeras y restringir la propiedad al patrimonio personal y familiar, "que no puede usarse para la explotación de trabajo ajeno".
Malas expectativas. La recuperación de la inversión nacional y extranjera parece difícil, por lo menos en el corto plazo, porque las circunstancias que han ahuyentado los capitales se mantienen e incluso se intensifican y la recesión económica limita las posibilidades de crecer de las empresas.
Un sondeo realizado en el foro ¿Cómo presupuestar para 2011?, organizado por Venamcham la semana pasada, indica que 31% de los empresarios que asistió al evento no tiene previsto ejecutar planes de inversión el próximo año.
La encuesta de coyuntura de Conindustria correspondiente al tercer trimestre de 2010 muestra que 58% de las pequeñas industrias no está en capacidad de hacer inversiones en este momento y 40% debe conformarse con hacerlo en el mantenimiento de sus operaciones.
La mayoría de las industrias medianas y grandes, en tanto, sólo desembolsará recursos para garantizar la continuidad de sus actividades. Larrazábal afirma que es preocupante la ausencia de inversiones para aumentar la capacidad de producción, porque son las que sirven para incrementar la oferta de bienes y de empleos estables, lo cual se traduce en más bienestar para la población.
Publicado por El Nacional
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Entre 1999 y 2005 el indicador acumuló un superávit de 18,2 millardos de dólares, para un promedio de 2,6 millardos de dólares cada año. El monto es mínimo comparado con lo recibido por otros países de América Latina durante ese período, pero lo importante para Venezuela era que el dinero que entraba superaba al que salía (vía repatriación de capitales o venta de activos).
La tendencia cambió a partir de 2006, cuando la inversión directa cerró con un déficit de 508 millones de dólares. Desde entonces, el indicador acumula un saldo negativo de 2,4 millardos de dólares un promedio de -480 millones de dólares anuales a pesar de los resultados positivos obtenidos en 2007 (1 millardo de dólares) y 2008 (349 millones de dólares).
El viraje de saldo positivo a negativo en las inversiones extranjeras coincide con el período de radicalización del Gobierno. En 2005 se intensificó la política de intervención de tierras rurales mediante la cual se han ocupado 2,9 millones de hectáreas y se concretó el proceso de migración a empresas mixtas de los convenios operativos del sector petrolero.
En 2007 el Ejecutivo comenzó la estatización de actividades económicas consideradas estratégicas: tomó el control de la Cantv, de las compañías de energía eléctrica y de las asociaciones de la faja petrolífera del Orinoco. El proceso continuó en 2008 con la expropiación de Sidor y las fabricantes de cemento (Cemex, Holcim y Lafarge).
Desconfianza creciente. La formación bruta de capital fijo referida a los recursos invertidos por empresas nacionales y extranjeras también muestra que el sector privado ha sido muy cauteloso desde 2006, aunque la bonanza generada por los altos precios del petróleo permitió que este indicador creciera 2,6% ese año y 9,7% al siguiente, según el BCV.
El incremento de la inversión privada durante esos años, sin embargo, se concentró en bienes inmuebles y unidades de transporte. El desembolso de recursos para adquirir maquinarias y equipos, que incide más directamente en el incremento de la capacidad de producción, retrocedió 20,1% en 2006 y 1,9% en 2007.
Ya en 2008 la formación bruta de capital fijo del sector privado cerró con una caída de 21,2%, mientras que en 2009 hubo una disminución de 2,9%. Carlos Larrazábal, presidente de Conindustria, afirma que estas cifras no responden solamente al deterioro de la actividad productiva, sino que también reflejan la desconfianza creciente de los empresarios nacionales y externos.
"¿Cómo se le puede pedir a un inversionista de cualquier tamaño, porque el señor que usa sus ahorros para comprar un carrito de perro caliente también es un inversionista que deje sus recursos en Venezuela cuando no hay seguridad jurídica y existen documentos oficiales que hablan de la estatización de la economía y la supresión de la propiedad privada?", pregunta.
Larrazábal recuerda que el Plan de Desarrollo Económico y Social 2007-2013 también llamado Proyecto Simón Bolívar o Primer Plan Socialista de la Nación establece que el Estado asumirá gradualmente el control de las actividades estratégicas, un concepto que empezó con la industria petrolera y que cada vez se hace más amplio.
Agrega que las bases programáticas del PSUV, aprobadas en 2010, plantean eliminar al sector privado monopólico término usado a conveniencia por el Gobierno, según Larrazábal , limitar las empresas mixtas a asociaciones con firmas extranjeras y restringir la propiedad al patrimonio personal y familiar, "que no puede usarse para la explotación de trabajo ajeno".
Malas expectativas. La recuperación de la inversión nacional y extranjera parece difícil, por lo menos en el corto plazo, porque las circunstancias que han ahuyentado los capitales se mantienen e incluso se intensifican y la recesión económica limita las posibilidades de crecer de las empresas.
Un sondeo realizado en el foro ¿Cómo presupuestar para 2011?, organizado por Venamcham la semana pasada, indica que 31% de los empresarios que asistió al evento no tiene previsto ejecutar planes de inversión el próximo año.
La encuesta de coyuntura de Conindustria correspondiente al tercer trimestre de 2010 muestra que 58% de las pequeñas industrias no está en capacidad de hacer inversiones en este momento y 40% debe conformarse con hacerlo en el mantenimiento de sus operaciones.
La mayoría de las industrias medianas y grandes, en tanto, sólo desembolsará recursos para garantizar la continuidad de sus actividades. Larrazábal afirma que es preocupante la ausencia de inversiones para aumentar la capacidad de producción, porque son las que sirven para incrementar la oferta de bienes y de empleos estables, lo cual se traduce en más bienestar para la población.
Publicado por El Nacional
miércoles, 6 de octubre de 2010
Tetra Pak fabricará en Mariara 75 millones
de envases al mes
En menos de año y medio Tetra Pak, empresa de origen sueco que fabrica envases de larga duración para leche y jugos pasteurizados, pasó de ser una firma cuestionada por el Gobierno por la validez de sus patentes en Venezuela a ser una compañía elogiada por invertir en aumentar la capacidad de producción de la planta que posee en Mariara, estado Carabobo.
"Quiero agradecerles por haber creído en el país. Por haber apostado por Venezuela, aun en condiciones adversas. Gracias por estar aquí y querer permanecer mucho tiempo", dijo Raiza García, representante de Lácteos Los Andes, durante la puesta en marcha de la cuarta línea de producción de la fábrica de Tetra Pak, efectuada el viernes pasado.
La frase gana importancia al recordar que la polémica registrada en 2009 por las patentes de Tetra Pak –en la cual se involucró el presidente Hugo Chávez, que pidió al entonces ministro de Comercio, Eduardo Samán, reformar las normas de propiedad intelectual– se desató luego de que la empresa estatal comenzó a tener problemas con el suministro de envases.
Pero los inconvenientes entre la transnacional y el Gobierno parecen haber quedado en el pasado. La representante de Lácteos Los Andes colocó, incluso, la firma sueca como ejemplo para el resto del sector privado. "Queremos que todas las empresas apuesten por seguir trabajando en este país, por seguir creciendo. El mercado nos los exige".
La cuarta línea de producción, que es de tecnología rusa y requirió una inversión de 5 millones de dólares, permitirá que la planta de Tetra Pak en Mariara produzca 75 millones de envases al mes, en vez de los 45 millones que fabricaba hasta ahora, lo que representa un aumento de 67%. Eso implica que la empresa suministrará al mercado venezolano 900 millones de envases cada año.
De clase mundial. Directivos internacionales de Tetra Pak, que visitaron el país para presenciar la puesta en marcha de la línea de producción, destacaron que la inversión realizada en la fábrica de Mariara no sólo permitió incrementar la capacidad de producción sino que también convirtió la instalación en una de las más modernas del grupo.
"Hicimos los cambios y las mejoras que necesitaba para convertirla en una planta de clase mundial. Es una demostración de nuestra confianza en las operaciones en Venezuela y de nuestra intención de contribuir a desarrollar el mercado de empaques", dice Aluisio Fonseca, presidente de Tetra Pak Norte Andina.
Alex Anavi, vicepresidente ejecutivo de Cadenas de Suministro, considera que la modernización de la fábrica era una cuenta pendiente de la empresa con el país. "Siempre sentí como una deuda porque no teníamos una planta como la queríamos. Ahora puedo asegurar que Mariara está a la altura de nuestras mejores operaciones en el mundo".
Dennis Johnsson, presidente mundial de Tetra Pak, agrega que la nueva línea de producción en Venezuela fortalece la presencia del grupo en América Latina. "La idea es aprovechar la calidad y la cantidad para comenzar a exportar. Ya estamos en negociaciones para empezar a hacerlo hacia algunos países centroamericanos, pero queremos ir despacio".
Publicado en El Nacional
La frase gana importancia al recordar que la polémica registrada en 2009 por las patentes de Tetra Pak –en la cual se involucró el presidente Hugo Chávez, que pidió al entonces ministro de Comercio, Eduardo Samán, reformar las normas de propiedad intelectual– se desató luego de que la empresa estatal comenzó a tener problemas con el suministro de envases.
Pero los inconvenientes entre la transnacional y el Gobierno parecen haber quedado en el pasado. La representante de Lácteos Los Andes colocó, incluso, la firma sueca como ejemplo para el resto del sector privado. "Queremos que todas las empresas apuesten por seguir trabajando en este país, por seguir creciendo. El mercado nos los exige".
La cuarta línea de producción, que es de tecnología rusa y requirió una inversión de 5 millones de dólares, permitirá que la planta de Tetra Pak en Mariara produzca 75 millones de envases al mes, en vez de los 45 millones que fabricaba hasta ahora, lo que representa un aumento de 67%. Eso implica que la empresa suministrará al mercado venezolano 900 millones de envases cada año.
De clase mundial. Directivos internacionales de Tetra Pak, que visitaron el país para presenciar la puesta en marcha de la línea de producción, destacaron que la inversión realizada en la fábrica de Mariara no sólo permitió incrementar la capacidad de producción sino que también convirtió la instalación en una de las más modernas del grupo.
"Hicimos los cambios y las mejoras que necesitaba para convertirla en una planta de clase mundial. Es una demostración de nuestra confianza en las operaciones en Venezuela y de nuestra intención de contribuir a desarrollar el mercado de empaques", dice Aluisio Fonseca, presidente de Tetra Pak Norte Andina.
Alex Anavi, vicepresidente ejecutivo de Cadenas de Suministro, considera que la modernización de la fábrica era una cuenta pendiente de la empresa con el país. "Siempre sentí como una deuda porque no teníamos una planta como la queríamos. Ahora puedo asegurar que Mariara está a la altura de nuestras mejores operaciones en el mundo".
Dennis Johnsson, presidente mundial de Tetra Pak, agrega que la nueva línea de producción en Venezuela fortalece la presencia del grupo en América Latina. "La idea es aprovechar la calidad y la cantidad para comenzar a exportar. Ya estamos en negociaciones para empezar a hacerlo hacia algunos países centroamericanos, pero queremos ir despacio".
Publicado en El Nacional
domingo, 26 de septiembre de 2010
Recuperar las empresas básicas cuesta 6 millardos de dólares
La recuperación del nivel de agua del río Caroní permitió al Gobierno suspender el racionamiento eléctrico que impuso en diciembre del año pasado a las empresas básicas de Guayana. Pero el suministro pleno de energía es insuficiente para que las industrias vuelvan a producir a máxima capacidad.
La suspensión de líneas de producción por carencia de insumos, y la paralización de maquinarias por falta de recursos y repuestos para repararlas, impiden que la elaboración de acero y aluminio regrese siquiera al nivel en que estaba antes del recorte del suministro de electricidad.
Leonardo Calderón, director laboral de Venalum, aseguró que el deterioro de las empresas básicas –que se debe no a la crisis financiera global o el racionamiento eléctrico, sino a la mala gestión gubernamental– es tan grande que se requiere invertir alrededor de 6 millardos de dólares para recuperarlas.
Solamente en Venalum, que actualmente produce a 45% de su capacidad, se necesitan más de 300 millones de dólares. Calderón precisó que de sus 905 celdas de producción 261 deben ser reacondicionadas (a un costo de 430.000 bolívares cada una) y 151 reiniciadas (con una inversión de 60.000 bolívares por celda).
La empresa también requiere 145 millones de dólares para la adecuación tecnológica de los rectificadores de alto voltaje, 87 millones de dólares para el reacondicionamiento del horno 48-II y 54 millones de dólares para poner de nuevo en funcionamiento el molino de bola número 1. Todos esos equipos son necesarios para producir a total capacidad.
En Carbonorca, que produce ánodos para la industria del aluminio, también se usa en la actualidad 45% de la capacidad instalada. La inversión para la adecuación tecnológica de la empresa, sin embargo, es menos cuantiosa: 150 millones de bolívares.
Menos favorable es la situación de Alcasa. La obsolescencia tecnológica de la planta hace que su recuperación bien sea para producir aluminio primario, como antes, o para convertirla en una planta de bienes terminados, como pretende el Gobierno requiera una inversión multimillonaria.
Sin cuentas claras. Para los sindicalistas de la Siderúrgica del Orinoco es más difícil calcular cuánto se requiere para llevar la producción al máximo por "la manera anárquica" como se maneja la empresa desde su estatización en 2008. "Sabemos que hay grandes necesidades, pero son incuantificables", aseguró José Jiménez, director laboral de Sidor.
Denunció que a estas alturas del año la alta gerencia de la empresa todavía no ha presentado el balance financiero de 2009 ni el presupuesto de inversiones para 2010. "Su lema parece ser como vaya viniendo, vamos viendo. Se limitan a hacer lo indispensable para que la siderúrgica se mantenga en actividad".
José Luis Alcocer, representante del movimiento sindical Unidad Matancera, afirmó que el principal obstáculo para lograr la reactivación de Sidor es la falta de voluntad de las autoridades designadas por el Ejecutivo. "No hay interés en realizar las inversiones necesarias".
La consecuencia es que la producción de Sidor retrocedió desde un máximo de 4,3 millones de toneladas en 2007 último año en que fue manejada por el consorcio argentino Techint a 3,6 millones de toneladas en 2008 y 3,1 millones de toneladas en 2009.
Meta inalcanzable. A pesar de que la producción de Sidor en los primeros 8 meses del año apenas superó 900.000 toneladas, por el racionamiento eléctrico, el ministro de Industrias Básicas, José Khan, ha dicho que la planta producirá 3 millones de toneladas en 2010.
Alcocer señaló que la meta es inalcanzable porque el inventario de insumos es reducido y muchas maquinarias están fuera de servicio. "La reactivación del suministro eléctrico es insuficiente. Reto al ministro Khan a debatir en los portones de Sidor sobre el tema".
Jiménez agregó que, incluso si la empresa operase 100% en lo que resta del año, la producción no superará 2,2 millones de toneladas. Pero aclaró que es imposible funcionar a máxima capacidad porque no hay recursos para comprar insumos y reparar las maquinarias.
La escasez de dinero es tal que la empresa vende productos primarios como pellas y hierro de reducción directa para financiar sus operaciones cotidianas. "Sidor no está para vender eso. Son insumos que utiliza para producir otros bienes de más valor agregado", destacó Jiménez.
Publicado en El Nacional
Leonardo Calderón, director laboral de Venalum, aseguró que el deterioro de las empresas básicas –que se debe no a la crisis financiera global o el racionamiento eléctrico, sino a la mala gestión gubernamental– es tan grande que se requiere invertir alrededor de 6 millardos de dólares para recuperarlas.
Solamente en Venalum, que actualmente produce a 45% de su capacidad, se necesitan más de 300 millones de dólares. Calderón precisó que de sus 905 celdas de producción 261 deben ser reacondicionadas (a un costo de 430.000 bolívares cada una) y 151 reiniciadas (con una inversión de 60.000 bolívares por celda).
La empresa también requiere 145 millones de dólares para la adecuación tecnológica de los rectificadores de alto voltaje, 87 millones de dólares para el reacondicionamiento del horno 48-II y 54 millones de dólares para poner de nuevo en funcionamiento el molino de bola número 1. Todos esos equipos son necesarios para producir a total capacidad.
En Carbonorca, que produce ánodos para la industria del aluminio, también se usa en la actualidad 45% de la capacidad instalada. La inversión para la adecuación tecnológica de la empresa, sin embargo, es menos cuantiosa: 150 millones de bolívares.
Menos favorable es la situación de Alcasa. La obsolescencia tecnológica de la planta hace que su recuperación bien sea para producir aluminio primario, como antes, o para convertirla en una planta de bienes terminados, como pretende el Gobierno requiera una inversión multimillonaria.
Sin cuentas claras. Para los sindicalistas de la Siderúrgica del Orinoco es más difícil calcular cuánto se requiere para llevar la producción al máximo por "la manera anárquica" como se maneja la empresa desde su estatización en 2008. "Sabemos que hay grandes necesidades, pero son incuantificables", aseguró José Jiménez, director laboral de Sidor.
Denunció que a estas alturas del año la alta gerencia de la empresa todavía no ha presentado el balance financiero de 2009 ni el presupuesto de inversiones para 2010. "Su lema parece ser como vaya viniendo, vamos viendo. Se limitan a hacer lo indispensable para que la siderúrgica se mantenga en actividad".
José Luis Alcocer, representante del movimiento sindical Unidad Matancera, afirmó que el principal obstáculo para lograr la reactivación de Sidor es la falta de voluntad de las autoridades designadas por el Ejecutivo. "No hay interés en realizar las inversiones necesarias".
La consecuencia es que la producción de Sidor retrocedió desde un máximo de 4,3 millones de toneladas en 2007 último año en que fue manejada por el consorcio argentino Techint a 3,6 millones de toneladas en 2008 y 3,1 millones de toneladas en 2009.
Meta inalcanzable. A pesar de que la producción de Sidor en los primeros 8 meses del año apenas superó 900.000 toneladas, por el racionamiento eléctrico, el ministro de Industrias Básicas, José Khan, ha dicho que la planta producirá 3 millones de toneladas en 2010.
Alcocer señaló que la meta es inalcanzable porque el inventario de insumos es reducido y muchas maquinarias están fuera de servicio. "La reactivación del suministro eléctrico es insuficiente. Reto al ministro Khan a debatir en los portones de Sidor sobre el tema".
Jiménez agregó que, incluso si la empresa operase 100% en lo que resta del año, la producción no superará 2,2 millones de toneladas. Pero aclaró que es imposible funcionar a máxima capacidad porque no hay recursos para comprar insumos y reparar las maquinarias.
La escasez de dinero es tal que la empresa vende productos primarios como pellas y hierro de reducción directa para financiar sus operaciones cotidianas. "Sidor no está para vender eso. Son insumos que utiliza para producir otros bienes de más valor agregado", destacó Jiménez.
Publicado en El Nacional
domingo, 12 de septiembre de 2010
Piden salvar de la ruina a empresas de Guayana
Ni la crisis financiera global ni los problemas eléctricos. El deterioro de las industrias básicas de Guayana se origina en la mala gestión de quienes han estado a cargo del sector durante la presidencia de Hugo Chávez, afirmó el movimiento Ciudadanos por la Unidad.
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Damián Prat, periodista especializado en las industrias básicas, señaló que los problemas comenzaron antes de que la crisis global provocará una caída en los precios del aluminio y del hierro, así como del recorte del suministro de electricidad ordenado en diciembre de 2009 a causa de la sequía.
Aunque reconoció que las empresas de Guayana siempre han afrontado vicios propios de las compañías estatales, aseguró que hasta 2004 casi todas eran productivas y producían ganancias. Eso cambió cuando el Gobierno decidió aplicar el modelo socialista en esas industrias.
Las cifras son elocuentes. Bauxilum redujo su producción de 5,6 millones a 3 millones de toneladas en 5 años. Venalum, que en 2004 ganó 60 millones de dólares, ha arrojado pérdidas desde entonces. Sidor, en tanto, produjo el año pasado 28% menos que en 2007, cuando era privada.
José Luis Alcocer, coordinador del movimiento sindical Unidad Matancera, dijo que la suspensión del recorte eléctrico será insuficiente para reactivar la producción de Sidor. "No hay insumos, no hay repuestos y no hay interés del Gobierno en realizar las inversiones necesarias". Lo mismo sucede en Venalum, según Leonardo Calderón, dirigente sindical de la compañía.
Alcocer, Calderón y Prat destacaron la necesidad de salvar las industrias básicas de la ruina, por la importancia que tienen para la región y para el país. "Si en algún lugar de Venezuela hubo siembra del petróleo fue en Guayana. El acero de Sidor está en todas las construcciones que se han hecho durante los últimos 40 años, por sólo dar un ejemplo".
Publicado en El Nacional
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Aunque reconoció que las empresas de Guayana siempre han afrontado vicios propios de las compañías estatales, aseguró que hasta 2004 casi todas eran productivas y producían ganancias. Eso cambió cuando el Gobierno decidió aplicar el modelo socialista en esas industrias.
Las cifras son elocuentes. Bauxilum redujo su producción de 5,6 millones a 3 millones de toneladas en 5 años. Venalum, que en 2004 ganó 60 millones de dólares, ha arrojado pérdidas desde entonces. Sidor, en tanto, produjo el año pasado 28% menos que en 2007, cuando era privada.
José Luis Alcocer, coordinador del movimiento sindical Unidad Matancera, dijo que la suspensión del recorte eléctrico será insuficiente para reactivar la producción de Sidor. "No hay insumos, no hay repuestos y no hay interés del Gobierno en realizar las inversiones necesarias". Lo mismo sucede en Venalum, según Leonardo Calderón, dirigente sindical de la compañía.
Alcocer, Calderón y Prat destacaron la necesidad de salvar las industrias básicas de la ruina, por la importancia que tienen para la región y para el país. "Si en algún lugar de Venezuela hubo siembra del petróleo fue en Guayana. El acero de Sidor está en todas las construcciones que se han hecho durante los últimos 40 años, por sólo dar un ejemplo".
Publicado en El Nacional
sábado, 4 de septiembre de 2010
Pdvsa debe invertir más y bajar gastos
El estancamiento de la producción de Pdvsa es uno de los factores que impide que la recuperación del precio del petróleo se traduzca en una reactivación de la economía. Por eso, Ecoanalítica considera necesario que la empresa aumente la inversión y reduzca el gasto.
"En un momento como el que vive Venezuela, Pdvsa debería priorizar las inversiones en exploración y producción por encima de sus negocios no petroleros, y dejar al Estado desempeñar la función que le corresponde", señala la firma en su reporte semanal.
Ecoanalítica indica que la producción de la empresa estatal acumula una caída de 8,7% desde 2005, según el informe de gestión anual correspondiente a 2009. De manera que la bonanza que vivió el país hasta 2008 se debió exclusivamente al alza del valor del crudo en el mercado internacional.
Los resultados de los últimos trimestres, sin embargo, han demostrado que los precios altos ya no son suficientes. "Si Pdvsa mantiene la estrategia que aplicó en los años del boom, cuando dio prioridad a la inversión social por encima de la operativa, la economía crecerá en el futuro a tasas inferiores a su potencial".
La firma considera que las autoridades de la empresa han reconocido la falla y han acelerado el plan de inversiones, como lo sugieren las asignaciones de bloques en la Faja del Orinoco y los proyectos de gas costa fuera. Pero cree que los objetivos trazados son difíciles de alcanzar.
Pdvsa ha informado que invertirá 252 millardos de dólares en el período 2010-2015 para llevar su producción hasta 4,5 millones de barriles diarios. El dinero provendrá de fondos propios (78%), inversiones de terceros (15%) y el Proyecto Socialista Orinoco (7%).
Ecoanalítica calcula que para desembolsar esa cantidad de dinero la empresa tendrá que usar 86,3% de sus ingresos, lo cual representa un cambio significativo con respecto al período 2004-2009, cuando se destinaron 32,1% de los recursos obtenidos a inversión operativa.
Prevé que la porción que se cubrirá con financiamiento no será 15% –como dice Pdvsa– sino 40%. Y aunque el informe de la deuda consolidada de 2009 muestra que la estatal aún tiene margen para endeudarse, la firma piensa que la opción más viable es la apertura.
"En Ecoanalítica creemos que la mejor forma de que Pdvsa pueda hacer frente a estas necesidades sería mediante la estrategia de apertura, pero mejorando el esquema actual de los contratos, para que el negocio sea más atractivo para los potenciales socios".
Publicado en El Nacional
Ecoanalítica indica que la producción de la empresa estatal acumula una caída de 8,7% desde 2005, según el informe de gestión anual correspondiente a 2009. De manera que la bonanza que vivió el país hasta 2008 se debió exclusivamente al alza del valor del crudo en el mercado internacional.
Los resultados de los últimos trimestres, sin embargo, han demostrado que los precios altos ya no son suficientes. "Si Pdvsa mantiene la estrategia que aplicó en los años del boom, cuando dio prioridad a la inversión social por encima de la operativa, la economía crecerá en el futuro a tasas inferiores a su potencial".
La firma considera que las autoridades de la empresa han reconocido la falla y han acelerado el plan de inversiones, como lo sugieren las asignaciones de bloques en la Faja del Orinoco y los proyectos de gas costa fuera. Pero cree que los objetivos trazados son difíciles de alcanzar.
Pdvsa ha informado que invertirá 252 millardos de dólares en el período 2010-2015 para llevar su producción hasta 4,5 millones de barriles diarios. El dinero provendrá de fondos propios (78%), inversiones de terceros (15%) y el Proyecto Socialista Orinoco (7%).
Ecoanalítica calcula que para desembolsar esa cantidad de dinero la empresa tendrá que usar 86,3% de sus ingresos, lo cual representa un cambio significativo con respecto al período 2004-2009, cuando se destinaron 32,1% de los recursos obtenidos a inversión operativa.
Prevé que la porción que se cubrirá con financiamiento no será 15% –como dice Pdvsa– sino 40%. Y aunque el informe de la deuda consolidada de 2009 muestra que la estatal aún tiene margen para endeudarse, la firma piensa que la opción más viable es la apertura.
"En Ecoanalítica creemos que la mejor forma de que Pdvsa pueda hacer frente a estas necesidades sería mediante la estrategia de apertura, pero mejorando el esquema actual de los contratos, para que el negocio sea más atractivo para los potenciales socios".
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