El déficit de vivienda afecta a 45% de la población, según el estudio de caso que la Asociación Venezolana de Ejecutivos y la Cámara Venezolana de la Construcción presentarán el jueves en el Iesa.
La investigación sitúa el déficit acumulado en 1,9 millones de unidades, lo que equivale a 7,6 millones de personas. Eso quiere decir que 1 de cada 4 venezolanos requiere una vivienda nueva.
Adicionalmente hay 1,3 millones de unidades –donde viven 5,2 millones de personas– en condiciones que no son óptimas. Eso arroja que 1 de cada 5 venezolanos requiere una vivienda mejorada.
El crecimiento de la población además obliga a construir 118.572 viviendas nuevas al año, de acuerdo con los datos preliminares del Censo 2011 realizado por el Instituto Nacional de Estadística.
El tamaño del problema obliga a hacer un esfuerzo de gran magnitud para superarlo. El estudio calcula que hay que construir anualmente 275.000 viviendas nuevas para llevar el déficit a cero en 15 años.
Para lograr el objetivo se requiere un ajuste en las políticas públicas, señalaron los responsables de la investigación.
El estudio toma el ejemplo de Chile, que triplica a Venezuela en la edificación de viviendas per cápita.
"Chile ha construido en las 2 últimas décadas 171 viviendas por cada 1.000 habitantes, mientras que Venezuela sólo ha construido 49 por cada 1.000", indica el estudio.
Claves del éxito. Entre las características que han hecho exitoso el modelo chileno destaca que el Estado se concentra en financiar la construcción de viviendas para las clases más necesitadas y subsidiar la demanda.
El proceso de asignación de las viviendas o de los subsidios es transparente porque depende de un sistema de puntos que toma en cuenta las características de cada familia y premia el ahorro.
La escogencia de la vivienda, incluso cuando son entregadas por el Gobierno, queda en manos del beneficiario.
Eso genera una dinámica competitiva entre las empresas privadas encargadas de la construcción para captar al ciudadano.
Otra clave del éxito ha sido la estrategia de financiamiento, que se caracteriza por expresar el precio de la vivienda en un valor que se ajusta por inflación (unidad de fomento) y levantar recursos en el sector privado.
Los fondos de pensiones, las aseguradoras y las sociedades inmobiliarias, entre otros actores, invierten en títulos hipotecarios y permiten que la banca tenga disponibilidad para otorgar créditos.
Todos esos factores, combinados con un entorno macroeconómico de baja inflación y crecimiento sostenido, han permitido a Chile construir desde hace 20 años al ritmo necesario para satisfacer la demanda de vivienda.
Publicado en El Nacional
Mostrando entradas con la etiqueta Construcción. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Construcción. Mostrar todas las entradas
martes, 17 de julio de 2012
lunes, 9 de julio de 2012
Los constructores apadrinan al hospital San Juan de Dios
El Valle Arriba Golf Club recibirá mañana a 104 golfistas que disputarán el primer torneo Copa CVC, patrocinado por la Cámara Venezolana de la Construcción para recoger fondos a beneficio del Hospital San Juan de Dios.
Gilbert Dao, presidente del gremio, informó que la colaboración con el centro de salud comenzó el año pasado gracias a dos asociados, el arquitecto Pedro Mendoza y el ingeniero Fernando Bolinaga.
"Ellos participaban, a título personal con sus empresas, en un plan maestro de ayuda y reconstrucción. El gremio empezó a apoyar en las áreas vinculadas con nuestra especialidad: planos, electricidad, plomería", dijo Dao.
El patrocinio de la competencia de golf también se concretó gracias a un asociado de la CVC, el ingeniero Roberto Cavalín, que hizo el aporte inicial para la realización del torneo.
"El gremio complementó ese capital semilla y se convirtió en el patrocinante principal. La idea es continuar apadrinando la competencia, que esperamos repetir anualmente para fortalecer el presupuesto del hospital", señaló.
Dao indicó que, además del torneo de golf, habrá una serie de actividades sociales organizadas por la Fundación Amigos del Hospital San Juan de Dios, como rifas, para conseguir recursos.
Educación y salud. El año pasado fue creada la Fundación CVC para hacerse cargo de la responsabilidad social del gremio, que por ahora está enfocada en dos líneas de acción: educación y salud.
Dao aclaró que los constructores siempre han hecho labor social en los alrededores de sus obras, a través de proyectos como reconstrucción de plazas y embaulamiento de quebradas.
Agregó que también cuentan con iniciativas propias. "El primer paso en materia de responsabilidad social se dio en la presidencia de Fouad Sayegh, que ahora dirige la fundación, con la creación de la cátedra CVC".
La cátedra, que empezó como materia electiva y ahora es obligatoria al cursar Ingeniería Civil en la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Metropolitana, consiste en una serie de charlas de expertos sobre las diferentes facetas de la construcción.
Más reciente que la vertiente basada en educación es la línea de acción en salud, que comenzó con el apoyo al Hospital San Juan de Dios.
Publicado en El Nacional
Gilbert Dao, presidente del gremio, informó que la colaboración con el centro de salud comenzó el año pasado gracias a dos asociados, el arquitecto Pedro Mendoza y el ingeniero Fernando Bolinaga.
"Ellos participaban, a título personal con sus empresas, en un plan maestro de ayuda y reconstrucción. El gremio empezó a apoyar en las áreas vinculadas con nuestra especialidad: planos, electricidad, plomería", dijo Dao.
El patrocinio de la competencia de golf también se concretó gracias a un asociado de la CVC, el ingeniero Roberto Cavalín, que hizo el aporte inicial para la realización del torneo.
"El gremio complementó ese capital semilla y se convirtió en el patrocinante principal. La idea es continuar apadrinando la competencia, que esperamos repetir anualmente para fortalecer el presupuesto del hospital", señaló.
Dao indicó que, además del torneo de golf, habrá una serie de actividades sociales organizadas por la Fundación Amigos del Hospital San Juan de Dios, como rifas, para conseguir recursos.
Educación y salud. El año pasado fue creada la Fundación CVC para hacerse cargo de la responsabilidad social del gremio, que por ahora está enfocada en dos líneas de acción: educación y salud.
Dao aclaró que los constructores siempre han hecho labor social en los alrededores de sus obras, a través de proyectos como reconstrucción de plazas y embaulamiento de quebradas.
Agregó que también cuentan con iniciativas propias. "El primer paso en materia de responsabilidad social se dio en la presidencia de Fouad Sayegh, que ahora dirige la fundación, con la creación de la cátedra CVC".
La cátedra, que empezó como materia electiva y ahora es obligatoria al cursar Ingeniería Civil en la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Metropolitana, consiste en una serie de charlas de expertos sobre las diferentes facetas de la construcción.
Más reciente que la vertiente basada en educación es la línea de acción en salud, que comenzó con el apoyo al Hospital San Juan de Dios.
Publicado en El Nacional
miércoles, 4 de julio de 2012
Sector privado edificó 18% menos en el primer trimestre
El sector privado edificó 8.200 viviendas durante el primer trimestre de 2012, lo que representa una caída de 18% en comparación con el mismo período de 2011, de acuerdo con los datos de la Cámara Venezolana de la Construcción.
Las unidades en desarrollo, que eran 75.000 en marzo del año pasado, también bajaron 18% para llegar a 61.000. Los descensos en las viviendas terminadas y en construcción explican la caída del sector privado entre enero y marzo.
El Banco Central de Venezuela informó que la expansión de 29,6% de la construcción en el primer trimestre fue impulsada por el sector público, que creció 56% porque la actividad privada se contrajo 10,6%.
El desempeño de las empresas ha sido afectado por la escasez de insumos y la incertidumbre legal, dijo Gilbert Dao, presidente de la CVC, en el segundo foro de indicadores del sector.
Dao indicó que los problemas con el suministro de cabillas y cemento son los principales responsables de que el sector privado tuviera 38.000 viviendas paralizadas al cierre del primer trimestre.
Señaló que las 107.000 unidades sin iniciar están relacionadas con la incertidumbre generada por normas como la Ley contra la Estafa Inmobiliaria y la Ley de Regularización de los Arrendamientos de Viviendas.
"Es importante recalcarlo porque hay casi 150.000 unidades que el sector privado puede desarrollar en el corto plazo si se toman medidas para mejorar el suministro de insumos y reducir la incertidumbre", dijo Dao.
Más vialidad. La población también considera que la escasez de insumos es el problema principal que enfrenta el sector construcción, según el sondeo de opinión realizado por Datanálisis a petición del gremio.
Luis Vicente León, director de Datanálisis, dijo que 23,9% de los consultados responsabilizaron a los problemas con las cabillas y el cemento por la falta de vivienda, mientras que 12,4% culpó al Gobierno por no ocuparse del tema.
León indicó que el ciudadano común está al tanto de esta situación que afecta a los empresarios porque también demanda insumos de construcción y tiene problemas para conseguirlos.
El sondeo también mostró que la principal demanda de los venezolanos es la edificación de vialidad, con 41,8%. La gente también considera prioritario construir hospitales (40,4%) y viviendas (34,5%).
León afirmó que el hecho de que la vialidad esté por encima de la vivienda no resulta sorpresivo, al tomar en cuenta que la infraestructura es el servicio peor evaluado por la población.
El director de Datanálisis señaló que 47,4% responsabiliza a los gobiernos regionales (alcaldías y gobernaciones) por los problemas en las vías, mientras que 35,7% culpa al Ejecutivo.
Otro hallazgo es que 55% de los consultados está de acuerdo con el regreso de los peajes, es decir, con contribuir al mantenimiento de la vialidad en el país.
Publicado en El Nacional
Las unidades en desarrollo, que eran 75.000 en marzo del año pasado, también bajaron 18% para llegar a 61.000. Los descensos en las viviendas terminadas y en construcción explican la caída del sector privado entre enero y marzo.
El Banco Central de Venezuela informó que la expansión de 29,6% de la construcción en el primer trimestre fue impulsada por el sector público, que creció 56% porque la actividad privada se contrajo 10,6%.
El desempeño de las empresas ha sido afectado por la escasez de insumos y la incertidumbre legal, dijo Gilbert Dao, presidente de la CVC, en el segundo foro de indicadores del sector.
Dao indicó que los problemas con el suministro de cabillas y cemento son los principales responsables de que el sector privado tuviera 38.000 viviendas paralizadas al cierre del primer trimestre.
Señaló que las 107.000 unidades sin iniciar están relacionadas con la incertidumbre generada por normas como la Ley contra la Estafa Inmobiliaria y la Ley de Regularización de los Arrendamientos de Viviendas.
"Es importante recalcarlo porque hay casi 150.000 unidades que el sector privado puede desarrollar en el corto plazo si se toman medidas para mejorar el suministro de insumos y reducir la incertidumbre", dijo Dao.
Más vialidad. La población también considera que la escasez de insumos es el problema principal que enfrenta el sector construcción, según el sondeo de opinión realizado por Datanálisis a petición del gremio.
Luis Vicente León, director de Datanálisis, dijo que 23,9% de los consultados responsabilizaron a los problemas con las cabillas y el cemento por la falta de vivienda, mientras que 12,4% culpó al Gobierno por no ocuparse del tema.
León indicó que el ciudadano común está al tanto de esta situación que afecta a los empresarios porque también demanda insumos de construcción y tiene problemas para conseguirlos.
El sondeo también mostró que la principal demanda de los venezolanos es la edificación de vialidad, con 41,8%. La gente también considera prioritario construir hospitales (40,4%) y viviendas (34,5%).
León afirmó que el hecho de que la vialidad esté por encima de la vivienda no resulta sorpresivo, al tomar en cuenta que la infraestructura es el servicio peor evaluado por la población.
El director de Datanálisis señaló que 47,4% responsabiliza a los gobiernos regionales (alcaldías y gobernaciones) por los problemas en las vías, mientras que 35,7% culpa al Ejecutivo.
Otro hallazgo es que 55% de los consultados está de acuerdo con el regreso de los peajes, es decir, con contribuir al mantenimiento de la vialidad en el país.
Publicado en El Nacional
jueves, 16 de diciembre de 2010
Obreros de El Encantado exigieron pago de pasivos
Obreros del conjunto residencial El Encantado, expropiado por el Gobierno en noviembre, trancaron ayer la avenida Francisco de Miranda frente a la sede del Ministerio de Vivienda y Hábitat en Chacao para protestar contra el retraso en la cancelación de reivindicaciones laborales.
Los trabajadores aseguraron que la junta interventora del conjunto, aunque ha cancelado el salario semanal, incumplió el compromiso de honrar los otros pasivos laborales (ticket alimento, horas extras, prestaciones y utilidades) el 30 de noviembre y también la prórroga que se venció ayer.
Néstor Esparza afirmó que antes de la expropiación nunca tuvieron problemas con el pago. "La constructora privada siempre nos cancelaba a tiempo. Ahora todas las semanas nos pagan con retraso el viernes en la tarde o el sábado y nos deben los beneficios".
Calculó que el monto adeudado a cada obrero varía entre 25.000 y 50.000 bolívares, dependiendo de la antigüedad. "Somos 650 trabajadores afectados. La junta interventora dijo que había 7 millardos en caja para asumir los compromisos laborales, no entendemos por qué no lo han hecho".
Herbin Moreno aseguró que la demora en los pagos es injusto porque ellos han cumplido con sus labores e incluso han trabajado horas extras a petición de la junta interventora para acelerar la construcción del conjunto residencial. "Desde la expropiación se han entregado más de 50 apartamentos".
Moreno denunció que la encargada de la junta interventora ignoró los reclamos de los obreros y amenazó con llamar al Ministerio del Trabajo para aplicarles la cláusula de abandono del puesto si salían a manifestar.
Cambio de mando. El Ministerio de Vivienda y Hábitat designó las juntas administradoras de los conjuntos residenciales El Encantado, El Fortín, Lomas de la Hacienda, Mata Linda y San Antonio mediante resoluciones publicadas en la Gaceta Oficial 39573.
Las juntas se encargarán de los actos administrativos necesarios para mantener la continuidad de las obras incluidos pagos a obreros y proveedores y para otorgar la propiedad de las viviendas culminadas, según las resoluciones. Cada mes deberán presentar un informe de gestión al ministerio.
Publicado en El Nacional
Los trabajadores aseguraron que la junta interventora del conjunto, aunque ha cancelado el salario semanal, incumplió el compromiso de honrar los otros pasivos laborales (ticket alimento, horas extras, prestaciones y utilidades) el 30 de noviembre y también la prórroga que se venció ayer.
Néstor Esparza afirmó que antes de la expropiación nunca tuvieron problemas con el pago. "La constructora privada siempre nos cancelaba a tiempo. Ahora todas las semanas nos pagan con retraso el viernes en la tarde o el sábado y nos deben los beneficios".
Calculó que el monto adeudado a cada obrero varía entre 25.000 y 50.000 bolívares, dependiendo de la antigüedad. "Somos 650 trabajadores afectados. La junta interventora dijo que había 7 millardos en caja para asumir los compromisos laborales, no entendemos por qué no lo han hecho".
Herbin Moreno aseguró que la demora en los pagos es injusto porque ellos han cumplido con sus labores e incluso han trabajado horas extras a petición de la junta interventora para acelerar la construcción del conjunto residencial. "Desde la expropiación se han entregado más de 50 apartamentos".
Moreno denunció que la encargada de la junta interventora ignoró los reclamos de los obreros y amenazó con llamar al Ministerio del Trabajo para aplicarles la cláusula de abandono del puesto si salían a manifestar.
Cambio de mando. El Ministerio de Vivienda y Hábitat designó las juntas administradoras de los conjuntos residenciales El Encantado, El Fortín, Lomas de la Hacienda, Mata Linda y San Antonio mediante resoluciones publicadas en la Gaceta Oficial 39573.
Las juntas se encargarán de los actos administrativos necesarios para mantener la continuidad de las obras incluidos pagos a obreros y proveedores y para otorgar la propiedad de las viviendas culminadas, según las resoluciones. Cada mes deberán presentar un informe de gestión al ministerio.
Publicado en El Nacional
lunes, 6 de diciembre de 2010
El Gobierno tardaría 160 años en resolver déficit
de vivienda
El Gobierno necesita de la empresa privada para resolver el déficit de vivienda que hay en Venezuela, porque el sector público tardaría 160 años en construir 2 millones de unidades residenciales si mantiene el ritmo registrado desde que el presidente Hugo Chávez asumió el poder en 1999.
Las cifras oficiales del Banco Central de Venezuela revelan que durante los últimos 12 años se construyeron cerca de 500.000 viviendas. Si los especialistas de la Cámara Inmobiliaria calculan que 70% corresponde al sector privado y 30% al público, eso quiere decir que los organismos gubernamentales edificaron 150.000 unidades en total y 12.500 anuales.
El promedio de construcción de la administración actual representa 12,5% de las 100.000 viviendas que el país necesita cada año para cubrir el crecimiento poblacional –según los expertos– y 6,25% de las 200.000 unidades anuales requeridas para disipar el déficit en un plazo de 2 décadas.
Si bien el ritmo que ha mantenido el sector privado en los últimos 12 años –350.000 viviendas en total, para un promedio de 29.167 anuales– tampoco es suficiente para resolver el problema, empresarios y especialistas han dicho que con los incentivos adecuados esa cifra pudiera multiplicarse.
Entre 2006 y 2009, el promedio de construcción de viviendas se ubicó en 85.000 por año gracias a los estímulos ofrecidos por la aprobación de la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat en 2005 y la creación de una cartera hipotecaria obligatoria para la banca, entre otros factores.
Viraje oficial. El llamado del presidente Chávez al sector privado la semana pasada, luego de varios meses de ataques por las acusaciones de cobro ilegal de índice de precios al consumidor y otras presuntas irregularidades en la preventa de inmuebles, parece ser un reconocimiento a la necesidad de trabajo conjunto.
El proyecto de ley de emergencia para terrenos urbanos y vivienda, que fue presentado por el Ejecutivo la semana pasada y que el Parlamento prevé sancionar el jueves, también apunta en esa dirección al plantear la constitución de consorcios mixtos y ofrecer estímulos tributarios al sector privado.
Los artículos 20 y 21 exoneran del impuesto al valor agregado y del pago de cualquier arancel, tasa o contribución en las oficinas del servicio de notarias y registros públicos "a todas las operaciones de adquisición de viviendas principales de interés social".
El artículo 22 establece que las cantidades pagadas por materiales e insumos generarán crédito fiscal para los constructores residenciales, siempre que hayan protocolizado más de 90% de las unidades y que presenten copia de las certificaciones de inscripción como vivienda principal de las mismas.
El artículo 48 plantea incrementar los montos de los créditos del Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda a una escala que se ubicará entre 100 y 600 salarios mínimos (de 122.300 a 733.800 bolívares), lo cual pudiera incentivar la demanda. El aumento debe hacerse en no más de 6 meses.
Contradicciones. El presidente de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana, Francisco Grullón, admite que el proyecto de ley de emergencia para terrenos urbanos y vivienda contiene una serie de disposiciones positivas para el sector, pero advierte que tiene otras que son muy preocupantes.
"Es una legislación que centraliza las decisiones en la Presidencia y contempla mucho intervencionismo del Estado. Por ejemplo, faculta al Gobierno para ocupar terrenos que considere están subutilizados u ociosos, sin definir cuáles son los criterios para que sean calificados como tales", señala.
Raimudo Orta Poleo, coordinador nacional de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, alerta que la discrecionalidad para decidir lo que está subutilizado pone en riesgo cualquier terreno: "desde fincas productivas en los suburbios hasta parques y clubes deportivos dentro de las ciudades".
Ninguno de los dos está de acuerdo con la creación de una moneda de la construcción para las operaciones inmobiliarias. "Creo que es un mecanismo disfrazado de regulación de precios", dijo Grullón. "No puede haber varias unidades monetarias en el país", agregó Orta Poleo.
Publicado en El Nacional
Las cifras oficiales del Banco Central de Venezuela revelan que durante los últimos 12 años se construyeron cerca de 500.000 viviendas. Si los especialistas de la Cámara Inmobiliaria calculan que 70% corresponde al sector privado y 30% al público, eso quiere decir que los organismos gubernamentales edificaron 150.000 unidades en total y 12.500 anuales.
El promedio de construcción de la administración actual representa 12,5% de las 100.000 viviendas que el país necesita cada año para cubrir el crecimiento poblacional –según los expertos– y 6,25% de las 200.000 unidades anuales requeridas para disipar el déficit en un plazo de 2 décadas.
Si bien el ritmo que ha mantenido el sector privado en los últimos 12 años –350.000 viviendas en total, para un promedio de 29.167 anuales– tampoco es suficiente para resolver el problema, empresarios y especialistas han dicho que con los incentivos adecuados esa cifra pudiera multiplicarse.
Entre 2006 y 2009, el promedio de construcción de viviendas se ubicó en 85.000 por año gracias a los estímulos ofrecidos por la aprobación de la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat en 2005 y la creación de una cartera hipotecaria obligatoria para la banca, entre otros factores.
Viraje oficial. El llamado del presidente Chávez al sector privado la semana pasada, luego de varios meses de ataques por las acusaciones de cobro ilegal de índice de precios al consumidor y otras presuntas irregularidades en la preventa de inmuebles, parece ser un reconocimiento a la necesidad de trabajo conjunto.
El proyecto de ley de emergencia para terrenos urbanos y vivienda, que fue presentado por el Ejecutivo la semana pasada y que el Parlamento prevé sancionar el jueves, también apunta en esa dirección al plantear la constitución de consorcios mixtos y ofrecer estímulos tributarios al sector privado.
Los artículos 20 y 21 exoneran del impuesto al valor agregado y del pago de cualquier arancel, tasa o contribución en las oficinas del servicio de notarias y registros públicos "a todas las operaciones de adquisición de viviendas principales de interés social".
El artículo 22 establece que las cantidades pagadas por materiales e insumos generarán crédito fiscal para los constructores residenciales, siempre que hayan protocolizado más de 90% de las unidades y que presenten copia de las certificaciones de inscripción como vivienda principal de las mismas.
El artículo 48 plantea incrementar los montos de los créditos del Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda a una escala que se ubicará entre 100 y 600 salarios mínimos (de 122.300 a 733.800 bolívares), lo cual pudiera incentivar la demanda. El aumento debe hacerse en no más de 6 meses.
Contradicciones. El presidente de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana, Francisco Grullón, admite que el proyecto de ley de emergencia para terrenos urbanos y vivienda contiene una serie de disposiciones positivas para el sector, pero advierte que tiene otras que son muy preocupantes.
"Es una legislación que centraliza las decisiones en la Presidencia y contempla mucho intervencionismo del Estado. Por ejemplo, faculta al Gobierno para ocupar terrenos que considere están subutilizados u ociosos, sin definir cuáles son los criterios para que sean calificados como tales", señala.
Raimudo Orta Poleo, coordinador nacional de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, alerta que la discrecionalidad para decidir lo que está subutilizado pone en riesgo cualquier terreno: "desde fincas productivas en los suburbios hasta parques y clubes deportivos dentro de las ciudades".
Ninguno de los dos está de acuerdo con la creación de una moneda de la construcción para las operaciones inmobiliarias. "Creo que es un mecanismo disfrazado de regulación de precios", dijo Grullón. "No puede haber varias unidades monetarias en el país", agregó Orta Poleo.
Publicado en El Nacional
sábado, 4 de diciembre de 2010
Proponen que BCV rija moneda de construcción
Las dudas sobre la creación de una "moneda de la construcción" figuran entre las principales observaciones que hizo la Cámara Inmobiliaria de Venezuela al proyecto de ley de emergencia para terrenos urbanos y vivienda, aprobado esta semana en primera discusión por la plenaria de la Asamblea Nacional.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria, Aquiles Martini, se reunió con el diputado Luis Gamargo, jefe de la Comisión de Administración y Servicios Públicos e integrante de la comisión mixta que evalúa la propuesta legal, para expresarle los aspectos que preocupan al sector privado.
Martini indicó que la unidad monetaria propuesta debería llevar otro nombre, porque el término moneda está reservado por la ley al bolívar. Agregó que el valor tendría que ser determinado por el Banco Central de Venezuela, por ser la autoridad en materia de variación de precios, y no por otro organismo.
Al sector inmobiliario también le preocupa la discrecionalidad que tendrán los funcionarios del instituto nacional de tierras urbanas y vivienda –que sería creado de aprobarse el proyecto de ley– para decidir cuando un terreno urbano está ocioso o subutilizado.
La Cámara Inmobiliaria considera que deben respetarse las zonificaciones de cada municipio. "Si en un terreno funciona un estacionamiento, porque así fue establecido en el plan de desarrollo urbano, no puede ser que el nuevo organismo considere que está subutilizado", argumentó Martini.
Otra observación del gremio está relacionada con el plazo que se otorgaría a los dueños de terrenos urbanos aptos para vivienda, ya que el artículo 3 del proyecto de ley afirma que el derecho de propiedad "implica un deber de proceder" a construir las edificaciones que se encuentren permitidas.
Gamargo dijo que los planteamientos de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela serán sometidos a consideración de la comisión mixta que evalúa el proyecto de ley. Afirmó que no está previsto realizar encuentros con otros gremios o empresas del sector privado para debatir la normativa.
El equipo parlamentario integrado por diputados de las comisiones de Administración y Servicios Públicos y Participación Ciudadana también se ha reunido con consejos comunales y organizaciones sociales para conocer las observaciones al proyecto.
Darío Vivas, primer vicepresidente de la Asamblea y presidente de la comisión mixta, informó que la consulta pública se realizará el fin de semana. Añadió que el objetivo es llevar la norma a segunda discusión el jueves 9 de diciembre.
Publicado en El Nacional
El presidente de la Cámara Inmobiliaria, Aquiles Martini, se reunió con el diputado Luis Gamargo, jefe de la Comisión de Administración y Servicios Públicos e integrante de la comisión mixta que evalúa la propuesta legal, para expresarle los aspectos que preocupan al sector privado.
Martini indicó que la unidad monetaria propuesta debería llevar otro nombre, porque el término moneda está reservado por la ley al bolívar. Agregó que el valor tendría que ser determinado por el Banco Central de Venezuela, por ser la autoridad en materia de variación de precios, y no por otro organismo.
Al sector inmobiliario también le preocupa la discrecionalidad que tendrán los funcionarios del instituto nacional de tierras urbanas y vivienda –que sería creado de aprobarse el proyecto de ley– para decidir cuando un terreno urbano está ocioso o subutilizado.
La Cámara Inmobiliaria considera que deben respetarse las zonificaciones de cada municipio. "Si en un terreno funciona un estacionamiento, porque así fue establecido en el plan de desarrollo urbano, no puede ser que el nuevo organismo considere que está subutilizado", argumentó Martini.
Otra observación del gremio está relacionada con el plazo que se otorgaría a los dueños de terrenos urbanos aptos para vivienda, ya que el artículo 3 del proyecto de ley afirma que el derecho de propiedad "implica un deber de proceder" a construir las edificaciones que se encuentren permitidas.
Gamargo dijo que los planteamientos de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela serán sometidos a consideración de la comisión mixta que evalúa el proyecto de ley. Afirmó que no está previsto realizar encuentros con otros gremios o empresas del sector privado para debatir la normativa.
El equipo parlamentario integrado por diputados de las comisiones de Administración y Servicios Públicos y Participación Ciudadana también se ha reunido con consejos comunales y organizaciones sociales para conocer las observaciones al proyecto.
Darío Vivas, primer vicepresidente de la Asamblea y presidente de la comisión mixta, informó que la consulta pública se realizará el fin de semana. Añadió que el objetivo es llevar la norma a segunda discusión el jueves 9 de diciembre.
Publicado en El Nacional
jueves, 2 de diciembre de 2010
"Aprovechan lluvias para regular mercado"
El proyecto de ley de emergencia para terrenos urbanos y vivienda contiene una serie de disposiciones que serán perjudiciales para el sector inmobiliario, advirtió el abogado Raimundo Orta Poleo, coordinador nacional de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos.
Orta Poleo cuestionó que la normativa incluya la posibilidad de establecer una banda de precios para tierras e inmuebles. "Eso atenta contra la libertad económica y no es un mecanismo adecuado para el mercado inmobiliario. Además, el Gobierno nunca ha sido un buen regulador de precios".
También criticó que se declare de utilidad pública los terrenos urbanos ociosos o subutilizados, especialmente porque la determinación de tales condiciones será discrecional. "El Estado puede decir que las tierras de una finca o una industria son aptas para vivienda y ordenar la expropiación".
Tampoco está de acuerdo con la creación de una moneda de la construcción. Agregó que el Gobierno aprovecha la emergencia causada por las lluvias para regular todos los aspectos del mercado inmobiliario y dictar medidas que atentan contra derechos como la propiedad privada.
El proyecto de ley de emergencia para terrenos urbanos y vivienda, aprobado el martes en primera discusión, será revisado por un equipo mixto presidido por el diputado Darío Vivas e integrado por parlamentarios de las comisiones de Administración y Servicios Públicos y Participación Ciudadana.
La junta directiva de la Asamblea Nacional espera que la evaluación sea rápida para que la segunda discusión en plenaria se realice la próxima semana.
Publicado en El Nacional
Orta Poleo cuestionó que la normativa incluya la posibilidad de establecer una banda de precios para tierras e inmuebles. "Eso atenta contra la libertad económica y no es un mecanismo adecuado para el mercado inmobiliario. Además, el Gobierno nunca ha sido un buen regulador de precios".
También criticó que se declare de utilidad pública los terrenos urbanos ociosos o subutilizados, especialmente porque la determinación de tales condiciones será discrecional. "El Estado puede decir que las tierras de una finca o una industria son aptas para vivienda y ordenar la expropiación".
Tampoco está de acuerdo con la creación de una moneda de la construcción. Agregó que el Gobierno aprovecha la emergencia causada por las lluvias para regular todos los aspectos del mercado inmobiliario y dictar medidas que atentan contra derechos como la propiedad privada.
El proyecto de ley de emergencia para terrenos urbanos y vivienda, aprobado el martes en primera discusión, será revisado por un equipo mixto presidido por el diputado Darío Vivas e integrado por parlamentarios de las comisiones de Administración y Servicios Públicos y Participación Ciudadana.
La junta directiva de la Asamblea Nacional espera que la evaluación sea rápida para que la segunda discusión en plenaria se realice la próxima semana.
Publicado en El Nacional
miércoles, 1 de diciembre de 2010
Crearán moneda de la construcción para operaciones inmobiliarias
El bolívar será sustituido por la moneda de la construcción en los contratos de preventa de inmuebles residenciales, según el proyecto de ley de emergencia para terrenos urbanos y vivienda, aprobado ayer en primera discusión por la plenaria de la Asamblea Nacional.
La nueva moneda será un "índice valor oficial fijado por el instituto nacional de tierras urbanas y vivienda para las operaciones inmobiliarias relativas a los negocios de compraventa de unidades de vivienda familiar principal en construcción", dice el artículo 24 de la propuesta.
Agrega que el instituto nacional de tierras urbanas y vivienda determinará el valor de la moneda de la construcción –en función de elementos técnicos que se fijarán en el reglamento de la ley– el primer mes de cada año, aunque podrá modificarlo en cualquier oportunidad que lo considere necesario.
El artículo 25 señala que los contratos de preventa de viviendas en edificación estipularán el precio en monedas de la construcción, además del lapso definitivo de entrega de la obra y de protocolización del documento de venta ante la oficina de registro público correspondiente.
Una vez fijado el valor del inmueble, éste no podrá modificarse. Los promotores, sin embargo, podrán cobrar "aquellas variaciones experimentadas en la moneda de la construcción causadas antes de la fecha de la culminación de la obra que haya sido expresamente establecida en el contrato".
En el caso de que los compradores del inmueble no puedan asumir el costo de las variaciones, podrán solicitar un subsidio al instituto nacional de tierras urbanas y vivienda. El nuevo organismo propuesto para encargarse del problema habitacional dependerá directamente de la Presidencia.
Expropiaciones express. Además de regular la preventa, el proyecto de ley declara de utilidad pública los terrenos urbanos ociosos o subutilizados que sean aptos para construir viviendas incluidos aquellos pertenecientes a entes del Estado así como los factores y los medios para la construcción.
La declaratoria de utilidad pública es, según el marco legal vigente, uno de los requisitos para proceder a la expropiación de cualquier bien. De manera que la normativa propuesta despeja el camino para que el gobierno del presidente Hugo Chávez ordene más expropiaciones.
El proyecto de ley también faculta al mandatario para que decrete la creación de zonas especiales de emergencia de tierras urbanas y vivienda, en las cuales las autoridades podrán ocupar temporalmente inmuebles abandonados y adquirir construcciones residenciales con permiso de habitabilidad.
En el caso de que el Ejecutivo adquiera inmuebles alquilados para ejecutar planes de vivienda, los inquilinos tendrán un derecho de preferencia para su adquisición.
Los consejos comunales ayudarán al Gobierno a levantar el censo de las familias necesitadas de vivienda, a quienes se adjudicará las unidades gratuitamente o mediante créditos, según sus condiciones socioeconómicas.
Aumentarán los aportes
El proyecto de ley de emergencia para terrenos urbanos y vivienda, presentada ayer por el Ejecutivo ante la Asamblea Nacional, establece que se aumentará el aporte que trabajadores y empresas realizan mensualmente al Fondo de Ahorro Obligatorio.
Los empleados, que hasta ahora contribuyen con 1% del salario mensual, deberán aportar 3% una vez aprobada la propuesta de legislación. Los patronos, que estaban obligados a cooperar con un monto equivalente a 2% del sueldo de cada trabajador, tendrán que colocar 5%.
El aumento del aporte se hace "con la finalidad de ajustar el monto crediticio establecido en la Ley del Subsistema de Vivienda y Política Habitacional", según el artículo 47. El 48 agrega que el Ejecutivo tendrá seis meses para incrementar las cantidades por prestar.
La nueva escala crediticia, que se hará en función de los ingresos de cada grupo familiar, irá de 100 a 600 salarios mínimos es decir, de 122.300 a 733.800 bolívares y deberá ser actualizada cada año en virtud de "la realidad del mercado nacional de vivienda".
La norma también ofrece incentivos para que los patronos ejecuten planes de vivienda en beneficio de los trabajadores. Los recursos destinados por las empresas para este concepto no incidirán en los pasivos laborales y podrán descontarse del impuesto sobre la renta.
Las compañías que concreten planes de vivienda para sus empleados, además, tendrán prioridad para trabajar con el Estado. "Será causal de nulidad absoluta de los procesos de contratación pública la inobservancia de la verificación previa de esta condición preferente", dice el artículo 19.
El sistema financiero tendrá que crear otra cartera obligatoria adicional a la gaveta hipotecaria actual, que equivale a 10% del total de los créditos y está destinada a construcción y compra para financiar los planes de viviendas que desarrollen las empresas.
La banca también deberá atender las solicitudes de crédito a tasa preferencial del Instituto Nacional de Tierras Urbanas y Vivienda, cuando éste requiera dinero para otorgar subsidios a los compradores.
Publicado en El Nacional
La nueva moneda será un "índice valor oficial fijado por el instituto nacional de tierras urbanas y vivienda para las operaciones inmobiliarias relativas a los negocios de compraventa de unidades de vivienda familiar principal en construcción", dice el artículo 24 de la propuesta.
Agrega que el instituto nacional de tierras urbanas y vivienda determinará el valor de la moneda de la construcción –en función de elementos técnicos que se fijarán en el reglamento de la ley– el primer mes de cada año, aunque podrá modificarlo en cualquier oportunidad que lo considere necesario.
El artículo 25 señala que los contratos de preventa de viviendas en edificación estipularán el precio en monedas de la construcción, además del lapso definitivo de entrega de la obra y de protocolización del documento de venta ante la oficina de registro público correspondiente.
Una vez fijado el valor del inmueble, éste no podrá modificarse. Los promotores, sin embargo, podrán cobrar "aquellas variaciones experimentadas en la moneda de la construcción causadas antes de la fecha de la culminación de la obra que haya sido expresamente establecida en el contrato".
En el caso de que los compradores del inmueble no puedan asumir el costo de las variaciones, podrán solicitar un subsidio al instituto nacional de tierras urbanas y vivienda. El nuevo organismo propuesto para encargarse del problema habitacional dependerá directamente de la Presidencia.
Expropiaciones express. Además de regular la preventa, el proyecto de ley declara de utilidad pública los terrenos urbanos ociosos o subutilizados que sean aptos para construir viviendas incluidos aquellos pertenecientes a entes del Estado así como los factores y los medios para la construcción.
La declaratoria de utilidad pública es, según el marco legal vigente, uno de los requisitos para proceder a la expropiación de cualquier bien. De manera que la normativa propuesta despeja el camino para que el gobierno del presidente Hugo Chávez ordene más expropiaciones.
El proyecto de ley también faculta al mandatario para que decrete la creación de zonas especiales de emergencia de tierras urbanas y vivienda, en las cuales las autoridades podrán ocupar temporalmente inmuebles abandonados y adquirir construcciones residenciales con permiso de habitabilidad.
En el caso de que el Ejecutivo adquiera inmuebles alquilados para ejecutar planes de vivienda, los inquilinos tendrán un derecho de preferencia para su adquisición.
Los consejos comunales ayudarán al Gobierno a levantar el censo de las familias necesitadas de vivienda, a quienes se adjudicará las unidades gratuitamente o mediante créditos, según sus condiciones socioeconómicas.
Aumentarán los aportes
El proyecto de ley de emergencia para terrenos urbanos y vivienda, presentada ayer por el Ejecutivo ante la Asamblea Nacional, establece que se aumentará el aporte que trabajadores y empresas realizan mensualmente al Fondo de Ahorro Obligatorio.
Los empleados, que hasta ahora contribuyen con 1% del salario mensual, deberán aportar 3% una vez aprobada la propuesta de legislación. Los patronos, que estaban obligados a cooperar con un monto equivalente a 2% del sueldo de cada trabajador, tendrán que colocar 5%.
El aumento del aporte se hace "con la finalidad de ajustar el monto crediticio establecido en la Ley del Subsistema de Vivienda y Política Habitacional", según el artículo 47. El 48 agrega que el Ejecutivo tendrá seis meses para incrementar las cantidades por prestar.
La nueva escala crediticia, que se hará en función de los ingresos de cada grupo familiar, irá de 100 a 600 salarios mínimos es decir, de 122.300 a 733.800 bolívares y deberá ser actualizada cada año en virtud de "la realidad del mercado nacional de vivienda".
La norma también ofrece incentivos para que los patronos ejecuten planes de vivienda en beneficio de los trabajadores. Los recursos destinados por las empresas para este concepto no incidirán en los pasivos laborales y podrán descontarse del impuesto sobre la renta.
Las compañías que concreten planes de vivienda para sus empleados, además, tendrán prioridad para trabajar con el Estado. "Será causal de nulidad absoluta de los procesos de contratación pública la inobservancia de la verificación previa de esta condición preferente", dice el artículo 19.
El sistema financiero tendrá que crear otra cartera obligatoria adicional a la gaveta hipotecaria actual, que equivale a 10% del total de los créditos y está destinada a construcción y compra para financiar los planes de viviendas que desarrollen las empresas.
La banca también deberá atender las solicitudes de crédito a tasa preferencial del Instituto Nacional de Tierras Urbanas y Vivienda, cuando éste requiera dinero para otorgar subsidios a los compradores.
Publicado en El Nacional
miércoles, 24 de noviembre de 2010
Trabajadores de Bolívar exigen pago a Min-Vivienda
Trabajadores de la segunda etapa del conjunto residencial Altos de Cayaurima II, en Ciudad Bolívar, tomaron el edificio del Ministerio de Vivienda y Hábitat en Chacao (antiguo Inavi) para exigir a ese despacho que asuma el pago de sus reivindicaciones laborales.
Carlos Guzmán, vocero de los trabajadores, denunció que la empresa brasileña Consilux contratada por el Gobierno, según un convenio bilateral, para edificar la obra paralizó la construcción y tiene más de un año sin pagarle a 580 empleados.
Aseguró que sus reclamos no han sido escuchados en Ciudad Bolívar ni en Caracas. A la capital llegaron hace tres meses para llevar el caso a la Asamblea Nacional, la Inspectoría del Trabajo y a la oficina de la Presidencia de la República, pero no han logrado una respuesta satisfactoria.
El martes, luego de otra reunión en el Ministerio de Vivienda y Hábitat sin resultados, 30 trabajadores decidieron permanecer en el edificio y declararse en huelga de hambre, relató Guzmán. "No levantaremos la protesta hasta que tengamos una fecha de pago", agregó el vocero de los trabajadores.
Guzmán hizo un llamado a la Defensoría del Pueblo para que garantice los derechos de los manifestantes, pues funcionarios del despacho han amenazado con llamar a fuerzas policiales para desalojarlos del lugar.
Publicado en El Nacional
Carlos Guzmán, vocero de los trabajadores, denunció que la empresa brasileña Consilux contratada por el Gobierno, según un convenio bilateral, para edificar la obra paralizó la construcción y tiene más de un año sin pagarle a 580 empleados.
Aseguró que sus reclamos no han sido escuchados en Ciudad Bolívar ni en Caracas. A la capital llegaron hace tres meses para llevar el caso a la Asamblea Nacional, la Inspectoría del Trabajo y a la oficina de la Presidencia de la República, pero no han logrado una respuesta satisfactoria.
El martes, luego de otra reunión en el Ministerio de Vivienda y Hábitat sin resultados, 30 trabajadores decidieron permanecer en el edificio y declararse en huelga de hambre, relató Guzmán. "No levantaremos la protesta hasta que tengamos una fecha de pago", agregó el vocero de los trabajadores.
Guzmán hizo un llamado a la Defensoría del Pueblo para que garantice los derechos de los manifestantes, pues funcionarios del despacho han amenazado con llamar a fuerzas policiales para desalojarlos del lugar.
Publicado en El Nacional
viernes, 19 de noviembre de 2010
Hay 8 detenidos por caso de urbanismos
La fiscal general Luisa Ortega Díaz informó que actualmente hay 8 personas detenidas, 4 con régimen de presentación en tribunales y 2 con libertad bajo fianza por las investigaciones contra empresas constructoras e inmobiliarias. También hay 39 ciudadanos con prohibición de salida del país.
En el programa radial En sintonía con el Ministerio Público, transmitido por Radio Nacional de Venezuela, Ortega Díaz declaró que un equipo de casi 70 personas investiga 239 casos de "estafa inmobiliaria".
Además de las medidas contra particulares, la Fiscalía ha dictado acciones de aseguramiento –prohibición de enajenar bienes o inmovilización de cuentas bancarias– contra 38 empresas.
La fiscal no mencionó las personas ni las compañías contra las que se dictaron las medidas. Fuentes del sector privado afirman que tampoco conocen quienes son.
El presidente Hugo Chávez, que hace casi 20 días ordenó la intervención de 33 conjuntos residenciales en construcción, solicitó el domingo cárcel para los responsables. "Aquí tiene que haber presos", dijo.
El Gobierno acusa a las promotoras de viviendas de cobrar ilegalmente el índice de precios al consumidor –prohibido desde julio de 2009–, retrasar la construcción de las obras y otras irregularidades.
Los gremios privados han dicho que quienes actuaron de manera ilegal deben ser enjuiciados y castigados, pero también han solicitado que no se satanice al sector con acusaciones generalizadas.
Publicado en El Nacional
En el programa radial En sintonía con el Ministerio Público, transmitido por Radio Nacional de Venezuela, Ortega Díaz declaró que un equipo de casi 70 personas investiga 239 casos de "estafa inmobiliaria".
Además de las medidas contra particulares, la Fiscalía ha dictado acciones de aseguramiento –prohibición de enajenar bienes o inmovilización de cuentas bancarias– contra 38 empresas.
La fiscal no mencionó las personas ni las compañías contra las que se dictaron las medidas. Fuentes del sector privado afirman que tampoco conocen quienes son.
El presidente Hugo Chávez, que hace casi 20 días ordenó la intervención de 33 conjuntos residenciales en construcción, solicitó el domingo cárcel para los responsables. "Aquí tiene que haber presos", dijo.
El Gobierno acusa a las promotoras de viviendas de cobrar ilegalmente el índice de precios al consumidor –prohibido desde julio de 2009–, retrasar la construcción de las obras y otras irregularidades.
Los gremios privados han dicho que quienes actuaron de manera ilegal deben ser enjuiciados y castigados, pero también han solicitado que no se satanice al sector con acusaciones generalizadas.
Publicado en El Nacional
sábado, 13 de noviembre de 2010
"Las irregularidades son casos aislados"
El presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, Juan Francisco Jiménez, aseguró que las irregularidades que pudieran haber en algunos desarrollos residenciales son casos aislados. "Es un error meter a todos los constructores en el mismo saco. Se habla de 2.000 denuncias, una cifra baja con respecto a las casi 100.000 viviendas que se edifican actualmente".
Jiménez afirmó que el gremio no avala conductas indebidas de las empresas, sean afiliadas o no, sino que más bien apoya las investigaciones de las autoridades –siempre que se respete el derecho al debido proceso– para determinar quiénes actuaron de manera irregular. "El que cometió un ilícito tiene que asumir su responsabilidad".
Sobre los 33 conjuntos residenciales que el presidente Hugo Chávez ordenó expropiar o intervenir hace dos semanas, indicó que es necesario hacer un análisis exhaustivo de cada uno para precisar en cuáles hubo actuaciones irregulares o ilegales por parte de las empresas y en cuáles se presentaron inconvenientes propios de la construcción.
Recordó que los retrasos en las obras –una de las razones esgrimidas por las autoridades para intervenir los desarrollos– pueden deberse a factores ajenos al constructor, como los problemas con el suministro de insumos como acero y cemento o las limitaciones en el flujo de caja por la prohibición de cobrar el índice de precios al consumidor.
La venta de una misma vivienda a varias personas puede ser una estafa –como dicen las autoridades– o un procedimiento legítimo, en el supuesto de que el constructor rescindiera un contrato por falta de pago y ofreciera el inmueble a otro comprador. "Es injusto dar el mismo tratamiento a todos los casos".
Trabajo conjunto. Jiménez hizo un llamado al Gobierno para que evite las acusaciones generalizadas contra el gremio, pues crean un clima de incertidumbre que atenta contra la posibilidad de reducir el déficit de vivienda que existe en el país, calculado en 2 millones de unidades.
Aseguró que la única manera de resolver el problema es concretar una alianza entre el sector público y privado, como recientemente se hizo en Brasil con resultados muy positivos, y reiteró la disposición del gremio a sentarse a una mesa técnica con las autoridades.
Los constructores piensan que una forma de estimular la edificación de viviendas, además de ofrecer seguridad jurídica, es que el Gobierno utilice los recursos anunciados para el sector en garantizar la producción de insumos y aumentar los subsidios al comprador.
Publicado en El Nacional
Jiménez afirmó que el gremio no avala conductas indebidas de las empresas, sean afiliadas o no, sino que más bien apoya las investigaciones de las autoridades –siempre que se respete el derecho al debido proceso– para determinar quiénes actuaron de manera irregular. "El que cometió un ilícito tiene que asumir su responsabilidad".
Sobre los 33 conjuntos residenciales que el presidente Hugo Chávez ordenó expropiar o intervenir hace dos semanas, indicó que es necesario hacer un análisis exhaustivo de cada uno para precisar en cuáles hubo actuaciones irregulares o ilegales por parte de las empresas y en cuáles se presentaron inconvenientes propios de la construcción.
Recordó que los retrasos en las obras –una de las razones esgrimidas por las autoridades para intervenir los desarrollos– pueden deberse a factores ajenos al constructor, como los problemas con el suministro de insumos como acero y cemento o las limitaciones en el flujo de caja por la prohibición de cobrar el índice de precios al consumidor.
La venta de una misma vivienda a varias personas puede ser una estafa –como dicen las autoridades– o un procedimiento legítimo, en el supuesto de que el constructor rescindiera un contrato por falta de pago y ofreciera el inmueble a otro comprador. "Es injusto dar el mismo tratamiento a todos los casos".
Trabajo conjunto. Jiménez hizo un llamado al Gobierno para que evite las acusaciones generalizadas contra el gremio, pues crean un clima de incertidumbre que atenta contra la posibilidad de reducir el déficit de vivienda que existe en el país, calculado en 2 millones de unidades.
Aseguró que la única manera de resolver el problema es concretar una alianza entre el sector público y privado, como recientemente se hizo en Brasil con resultados muy positivos, y reiteró la disposición del gremio a sentarse a una mesa técnica con las autoridades.
Los constructores piensan que una forma de estimular la edificación de viviendas, además de ofrecer seguridad jurídica, es que el Gobierno utilice los recursos anunciados para el sector en garantizar la producción de insumos y aumentar los subsidios al comprador.
Publicado en El Nacional
jueves, 11 de noviembre de 2010
Intervendrán construcciones paralizadas
más de tres meses
El proyecto de ley de preventa, que ayer recibió el visto bueno definitivo de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, permite a los compradores solicitar la intervención de los desarrollos de vivienda cuya construcción se paralice más de tres meses.
La medida será aplicada por una junta interventora formada por representantes del Ministerio de Vivienda y Hábitat, el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios, el ente financista de la obra y los compradores.
La junta deberá elaborar un plan de acción para terminar y entregar la obra en la brevedad posible. "Será algo similar a lo que sucede, en la práctica, con los 33 conjuntos residenciales en construcción intervenidos por el Gobierno la semana pasada", dijo la parlamentaria Laura Valls, autora del proyecto.
Los compradores también podrán exigir al empresario una indemnización en caso de que se retrase la construcción o la entrega de las viviendas. Además, el contrato tiene que especificar la fecha de la finalización de la obra, que será prorrogable –de mutuo acuerdo y una sola vez– por seis meses.
Otro aspecto que debe quedar claro en el contrato de preventa y que no podrá ser modificado bajo ningún concepto es el precio de la vivienda, que será calculado con base en dos factores: el valor del terreno en el cual se edificará y el costo total de la obra.
El proyecto inicial establecía que se tomaría en cuenta "la utilidad legítima del productor de viviendas por su actividad empresarial" para el cálculo del precio. Valls aclaró que la modificación no suprime la ganancia, sino que la incluye en el costo.
La legislación prohíbe que los constructores exijan a los compradores pagos adicionales por costos asociados al proyecto inmobiliario o motivos fútiles. El promotor tampoco podrá quedarse con la administración del condominio de las viviendas en preventa.
Reglas claras. Valls afirmó que el objetivo de la ley no es perseguir a los empresarios ni paralizar la construcción de viviendas, sino todo lo contrario. "La idea es reactivar el mercado a través de la elaboración de reglas claras que sean conocidas por todas las partes", dijo.
Agregó que una de las causas de los problemas de los últimos años en la preventa de viviendas fue la ausencia de una normativa para regular la relación entre compradores y vendedores. "Aspiramos a que en un máximo de 15 días pueda ser sancionada", manifestó.
Publicado en El Nacional
La medida será aplicada por una junta interventora formada por representantes del Ministerio de Vivienda y Hábitat, el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios, el ente financista de la obra y los compradores.
La junta deberá elaborar un plan de acción para terminar y entregar la obra en la brevedad posible. "Será algo similar a lo que sucede, en la práctica, con los 33 conjuntos residenciales en construcción intervenidos por el Gobierno la semana pasada", dijo la parlamentaria Laura Valls, autora del proyecto.
Los compradores también podrán exigir al empresario una indemnización en caso de que se retrase la construcción o la entrega de las viviendas. Además, el contrato tiene que especificar la fecha de la finalización de la obra, que será prorrogable –de mutuo acuerdo y una sola vez– por seis meses.
Otro aspecto que debe quedar claro en el contrato de preventa y que no podrá ser modificado bajo ningún concepto es el precio de la vivienda, que será calculado con base en dos factores: el valor del terreno en el cual se edificará y el costo total de la obra.
El proyecto inicial establecía que se tomaría en cuenta "la utilidad legítima del productor de viviendas por su actividad empresarial" para el cálculo del precio. Valls aclaró que la modificación no suprime la ganancia, sino que la incluye en el costo.
La legislación prohíbe que los constructores exijan a los compradores pagos adicionales por costos asociados al proyecto inmobiliario o motivos fútiles. El promotor tampoco podrá quedarse con la administración del condominio de las viviendas en preventa.
Reglas claras. Valls afirmó que el objetivo de la ley no es perseguir a los empresarios ni paralizar la construcción de viviendas, sino todo lo contrario. "La idea es reactivar el mercado a través de la elaboración de reglas claras que sean conocidas por todas las partes", dijo.
Agregó que una de las causas de los problemas de los últimos años en la preventa de viviendas fue la ausencia de una normativa para regular la relación entre compradores y vendedores. "Aspiramos a que en un máximo de 15 días pueda ser sancionada", manifestó.
Publicado en El Nacional
martes, 9 de noviembre de 2010
Reanudan construcción en El Encantado-Humboldt
Mientras voceros oficiales anuncian medidas como aseguramiento de bienes contra constructoras y promotoras que cometieron irregularidades, en varios de los desarrollos residenciales intervenidos intentan retomar el ritmo de construcción y de entrega bajo la supervisión del Indepabis.
En el conjunto residencial El Encantado Humboldt, en Macaracuay, ya se reanudaron las obras luego de paralizarse durante el primer día de ocupación gubernamental de los edificios que faltan por construir, informó Alfonso Ávila, representante de la Promotora Yuruari.
El desarrollo cuenta con 13 edificios y 1.300 apartamentos. Al momento de la intervención había 3 edificios listos y 87 apartamentos protocolizados, precisó Ávila. Los cálculos de la empresa apuntaban a que la totalidad del conjunto iba a concluirse en el último trimestre de 2011.
En Terrazas de Guaicoco todos los edificios están listos y la gran mayoría de los apartamentos ha sido entregado a sus dueños. Sólo quedaba pendiente la protocolización de 200 inmuebles pertenecientes a la última etapa, informó una fuente vinculada a los constructores del urbanismo.
En el conjunto residencial El Fortín, en la urbanización Casarapa de Guarenas, se han entregado 14 de 20 torres, dijeron fuentes del sector. Hay 2 más que están listas para ser habitadas, mientras que a las otras 4 les faltan elementos como ascensores y ventanas.
En ambos casos las fuentes admitieron que hubo retrasos en la construcción de los edificios, debido a problemas con el suministro de insumos como cemento, pero aseguraron que nunca se paralizaron las obras.
A protocolizar. Ávila señaló que la relación con los funcionarios del Indepabis encargados de supervisar El Encantado Humboldt ha sido cordial. "Le hemos proporcionado toda la información que han solicitado sobre cuentas bancarias, contratos y nómina. Estamos aquí dando la cara".
El promotor no mete las manos en el fuego por el resto de los desarrollos intervenidos, pero espera que el Gobierno rectifique en su caso. "No tenemos retrasos y no hemos especulado contra nadie. 99% de los propietarios rechaza la medida".
Lo más importante, según Ávila, es que el Indepabis autorice la reanudación de las firmas –suspendida por las intervenciones– para que los propietarios de los 200 apartamentos que faltan por entregar en los edificios terminados puedan recibir su llave.
Las fuentes de Terrazas de Guaicoco y El Fortín coinciden en la necesidad de que se permita a los compradores protocolizar. El vicepresidente ejecutivo Elías Jaua dijo el domingo que los apartamentos listos para habitar serán entregados en los próximos días.
Publicado en El Nacional
En el conjunto residencial El Encantado Humboldt, en Macaracuay, ya se reanudaron las obras luego de paralizarse durante el primer día de ocupación gubernamental de los edificios que faltan por construir, informó Alfonso Ávila, representante de la Promotora Yuruari.
El desarrollo cuenta con 13 edificios y 1.300 apartamentos. Al momento de la intervención había 3 edificios listos y 87 apartamentos protocolizados, precisó Ávila. Los cálculos de la empresa apuntaban a que la totalidad del conjunto iba a concluirse en el último trimestre de 2011.
En Terrazas de Guaicoco todos los edificios están listos y la gran mayoría de los apartamentos ha sido entregado a sus dueños. Sólo quedaba pendiente la protocolización de 200 inmuebles pertenecientes a la última etapa, informó una fuente vinculada a los constructores del urbanismo.
En el conjunto residencial El Fortín, en la urbanización Casarapa de Guarenas, se han entregado 14 de 20 torres, dijeron fuentes del sector. Hay 2 más que están listas para ser habitadas, mientras que a las otras 4 les faltan elementos como ascensores y ventanas.
En ambos casos las fuentes admitieron que hubo retrasos en la construcción de los edificios, debido a problemas con el suministro de insumos como cemento, pero aseguraron que nunca se paralizaron las obras.
A protocolizar. Ávila señaló que la relación con los funcionarios del Indepabis encargados de supervisar El Encantado Humboldt ha sido cordial. "Le hemos proporcionado toda la información que han solicitado sobre cuentas bancarias, contratos y nómina. Estamos aquí dando la cara".
El promotor no mete las manos en el fuego por el resto de los desarrollos intervenidos, pero espera que el Gobierno rectifique en su caso. "No tenemos retrasos y no hemos especulado contra nadie. 99% de los propietarios rechaza la medida".
Lo más importante, según Ávila, es que el Indepabis autorice la reanudación de las firmas –suspendida por las intervenciones– para que los propietarios de los 200 apartamentos que faltan por entregar en los edificios terminados puedan recibir su llave.
Las fuentes de Terrazas de Guaicoco y El Fortín coinciden en la necesidad de que se permita a los compradores protocolizar. El vicepresidente ejecutivo Elías Jaua dijo el domingo que los apartamentos listos para habitar serán entregados en los próximos días.
Publicado en El Nacional
martes, 12 de octubre de 2010
Ley definirá valor de construcciones
que se expropiarán
La ley de emergencia y regularización de las tierras urbanas, que el presidente Hugo Chávez propuso el domingo para permitir que el Gobierno tome el control de las construcciones de vivienda del sector privado que están paralizadas, fijará los mecanismos para calcular el valor de las obras que se expropiarán y para efectuar el pago a las empresas promotoras.
.jpg)
"La propuesta del Gobierno es comprar los conjuntos residenciales que están detenidos para terminarlos. Hay que recordar que algunas empresas optaron por dejar de construir después de que se prohibió cobrar cuotas vinculadas al índice de precios al consumidor", argumentó el diputado Luis Gamargo, presidente de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional.
Agregó que el nuevo marco legal es necesario porque las legislaciones vigentes son insuficientes para lograr el objetivo gubernamental: la Ley de Tierras Urbanas es solamente para lotes baldíos dentro de las ciudades, y la reforma de la Ley de Contrataciones es para las construcciones encargadas por el sector público que están paralizadas.
La propuesta de ley de emergencia y regularización de las tierras urbanas llegará al Parlamento en los próximos días, según Chávez. Gamargo afirmó que los diputados aprobarán la legislación lo más pronto posible, pues es una necesidad básica de la población.
Falta de insumos. Aquiles Martini, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, rechazó la ley propuesta por el mandatario. "Más que amenazar y expropiar, lo que debe hacerse es implementar una política de inclusión y romper los paradigmas que no permiten avanzar hacia la superación del déficit de 2 millones de viviendas que existe en el país".
También reprochó que se acuse al sector de paralizar las construcciones. Admitió que es posible que haya obras detenidas por "la distorsión que genera la ausencia de un mecanismo como el cobro de IPC para ajustar el precio de la vivienda en función de la inflación", pero señaló que también existen otras razones como la falta de materiales.
Los constructores se han quejado en los últimos meses por los problemas para conseguir acero y cemento, debido a la caída en la producción de ambos rubros, controlada por empresas estatales. También han advertido sobre las dificultades en la obtención de las divisas que necesitan para adquirir insumos importados, como los ascensores.
Publicado en El Nacional
.jpg)
Agregó que el nuevo marco legal es necesario porque las legislaciones vigentes son insuficientes para lograr el objetivo gubernamental: la Ley de Tierras Urbanas es solamente para lotes baldíos dentro de las ciudades, y la reforma de la Ley de Contrataciones es para las construcciones encargadas por el sector público que están paralizadas.
La propuesta de ley de emergencia y regularización de las tierras urbanas llegará al Parlamento en los próximos días, según Chávez. Gamargo afirmó que los diputados aprobarán la legislación lo más pronto posible, pues es una necesidad básica de la población.
Falta de insumos. Aquiles Martini, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, rechazó la ley propuesta por el mandatario. "Más que amenazar y expropiar, lo que debe hacerse es implementar una política de inclusión y romper los paradigmas que no permiten avanzar hacia la superación del déficit de 2 millones de viviendas que existe en el país".
También reprochó que se acuse al sector de paralizar las construcciones. Admitió que es posible que haya obras detenidas por "la distorsión que genera la ausencia de un mecanismo como el cobro de IPC para ajustar el precio de la vivienda en función de la inflación", pero señaló que también existen otras razones como la falta de materiales.
Los constructores se han quejado en los últimos meses por los problemas para conseguir acero y cemento, debido a la caída en la producción de ambos rubros, controlada por empresas estatales. También han advertido sobre las dificultades en la obtención de las divisas que necesitan para adquirir insumos importados, como los ascensores.
Publicado en El Nacional
sábado, 9 de octubre de 2010
Sala situacional en Carabobo recibirá denuncias sobre IPC
La Asamblea Nacional y el Indepabis acordaron instalar una sala situacional en Valencia para recibir denuncias por el cobro del índice de precios al consumidor y otras irregularidades en la preventa de viviendas, luego de una reunión con las personas afectadas.
El diputado Augusto Montiel dijo que en el encuentro participaron habitantes de Aragua, Carabobo, Falcón, Lara y Yaracuy; que denunciaron situaciones como aumento injustificado de precio, presión para firmar nuevos contratos, reventa de las viviendas y tardanza en la construcción.
Montiel afirmó que sólo en los municipios San Diego y Naguanagua, de Carabobo, hay 15.000 familias perjudicadas por "la estafa de empresas que se hacen llamar constructoras y en realidad no tienen nada o de promotoras que actúan como instituciones financieras".
Aseguró que el trabajo de los organismos gubernamentales ha permitido hacer un inventario de las irregularidades y de las empresas que las cometen. Muchas de las compañías, agregó, ya han sido sancionadas por el Indepabis.
Publicado en El Nacional
El diputado Augusto Montiel dijo que en el encuentro participaron habitantes de Aragua, Carabobo, Falcón, Lara y Yaracuy; que denunciaron situaciones como aumento injustificado de precio, presión para firmar nuevos contratos, reventa de las viviendas y tardanza en la construcción.
Montiel afirmó que sólo en los municipios San Diego y Naguanagua, de Carabobo, hay 15.000 familias perjudicadas por "la estafa de empresas que se hacen llamar constructoras y en realidad no tienen nada o de promotoras que actúan como instituciones financieras".
Aseguró que el trabajo de los organismos gubernamentales ha permitido hacer un inventario de las irregularidades y de las empresas que las cometen. Muchas de las compañías, agregó, ya han sido sancionadas por el Indepabis.
Publicado en El Nacional
miércoles, 6 de octubre de 2010
Constructores piden asegurar el suministro
de insumos
La Cámara Venezolana de la Construcción reiteró su disposición a trabajar con el Gobierno para resolver el déficit de vivienda, como ha propuesto el presidente Hugo Chávez en los últimos días, pero indicó que es necesario diseñar una estrategia de largo plazo para enfrentar el problema.
Juan Francisco Jiménez, presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, dijo que se requiere un plan para atacar las dificultades que afrontan los constructores de vivienda, como la caída en el suministro de insumos. En 2010 se ha reducido 45% la oferta de acero y 12% la de cemento.
El sector también tiene problemas con la provisión de materiales importados, como ascensores y repuestos para maquinarias, porque la asignación de divisas vía Cadivi o el Sitme-, es lenta e insuficiente.
Otros aspectos que debe tomar en cuenta la estrategia según Juan Francisco Jiménez son el financiamiento, la seguridad jurídica y las relaciones laborales. "Son temas en los que se deben llegar a acuerdos".
Jiménez aseguró que, con un plan adecuado, se puede alcanzar la meta de construir 200.000 viviendas anuales. La mitad para atender el crecimiento de la población y el resto para reducir el déficit existente.
Publicado en El Nacional
El sector también tiene problemas con la provisión de materiales importados, como ascensores y repuestos para maquinarias, porque la asignación de divisas vía Cadivi o el Sitme-, es lenta e insuficiente.
Otros aspectos que debe tomar en cuenta la estrategia según Juan Francisco Jiménez son el financiamiento, la seguridad jurídica y las relaciones laborales. "Son temas en los que se deben llegar a acuerdos".
Jiménez aseguró que, con un plan adecuado, se puede alcanzar la meta de construir 200.000 viviendas anuales. La mitad para atender el crecimiento de la población y el resto para reducir el déficit existente.
Publicado en El Nacional
martes, 5 de octubre de 2010
1,5 millardos de dólares sirven para 32.250 viviendas
El presidente Hugo Chávez ha dedicado varios de sus recientes discursos al problema de la vivienda: invitó a los constructores privados a trabajar juntos, anunció la expropiación de galpones en el oeste de Caracas para edificar casas e implementó un plan de emergencia a través del cual el Gobierno invertirá 1,5 millardos de dólares en el sector.
La inversión anunciada, sin embargo, no alcanza ni siquiera para construir las 130.000 viviendas que se requieren cada año en Venezuela para compensar el crecimiento de la población. Mucho menos para atender el déficit acumulado en el país en las últimas décadas, que organismos públicos y privados calculan en 2 millones de unidades.
El costo actual de construcción de cada vivienda está alrededor de 200.000 bolívares, reconoció Chávez en la rueda de prensa realizada la semana pasada con corresponsales extranjeros. De manera que la inversión de 1,5 millardos de dólares, equivalentes a 6,45 millardos de bolívares, sólo alcanza para edificar 32.250 unidades.
En el supuesto de que las viviendas costasen 100.000 bolívares, precio que el mandatario considera más justo, el número de unidades que pudieran construirse con los recursos del plan de emergencia se duplica hasta 64.500. Esa cifra también es insuficiente, porque representa menos de la mitad de lo que se necesita construir cada año para que el déficit no crezca.
En el actual gobierno nunca se han alcanzado las metas de construcción. La situación ha empeorado en los últimos años, por factores como la reducción del gasto público, los ataques contra la propiedad privada y la eliminación del cobro de cuotas relacionadas con el índice de precios al consumidor en los contratos de preventa.
En el primer semestre de 2010 se terminaron 26.000 viviendas, según cifras oficiales, lo cual representa una caída de 45% con respecto a igual período del año pasado. También retrocedió el número de unidades en construcción hasta 103.000, un descenso de 11%.
La cantidad de viviendas paralizadas después de haberse empezado o sin iniciar pese a que tienen permiso para hacerlo, en cambio, subió. La primera se ubica en 27.000, un incremento de 11%; mientras que la segunda está en 149.000, un alza de 26%.
Publicado en El Nacional
El costo actual de construcción de cada vivienda está alrededor de 200.000 bolívares, reconoció Chávez en la rueda de prensa realizada la semana pasada con corresponsales extranjeros. De manera que la inversión de 1,5 millardos de dólares, equivalentes a 6,45 millardos de bolívares, sólo alcanza para edificar 32.250 unidades.
En el supuesto de que las viviendas costasen 100.000 bolívares, precio que el mandatario considera más justo, el número de unidades que pudieran construirse con los recursos del plan de emergencia se duplica hasta 64.500. Esa cifra también es insuficiente, porque representa menos de la mitad de lo que se necesita construir cada año para que el déficit no crezca.
En el actual gobierno nunca se han alcanzado las metas de construcción. La situación ha empeorado en los últimos años, por factores como la reducción del gasto público, los ataques contra la propiedad privada y la eliminación del cobro de cuotas relacionadas con el índice de precios al consumidor en los contratos de preventa.
En el primer semestre de 2010 se terminaron 26.000 viviendas, según cifras oficiales, lo cual representa una caída de 45% con respecto a igual período del año pasado. También retrocedió el número de unidades en construcción hasta 103.000, un descenso de 11%.
La cantidad de viviendas paralizadas después de haberse empezado o sin iniciar pese a que tienen permiso para hacerlo, en cambio, subió. La primera se ubica en 27.000, un incremento de 11%; mientras que la segunda está en 149.000, un alza de 26%.
Publicado en El Nacional
miércoles, 22 de septiembre de 2010
"Firmas que cobraron IPC deben responder ante
los tribunales"
La Cámara Inmobiliaria de Venezuela calificó de positiva la creación de una mesa de trabajo en la Vicepresidencia Ejecutiva de la República para tratar las denuncias sobre el cobro de cuotas relacionadas con el índice de precios al consumidor en los contratos de preventa de viviendas, práctica prohibida por el Gobierno en julio de 2009.
Aquiles Martini, presidente de la CIV, aseguró que el gremio está dispuesto a participar en la instancia, aunque todavía no ha sido invitado formalmente. Señaló que es necesario escuchar la opinión de todos los actores involucrados en el problema antes de emitir juicios de valor. "Las acusaciones hechas hasta ahora se basan en las denuncias de un grupo de personas".
Sobre las 31 compañías promotoras que –según las denuncias recibidas por el Gobierno– han incumplido la prohibición de cobrar cuotas vinculadas al IPC, Martini está de acuerdo con que sean investigadas para determinar si en verdad incurrieron en faltas. "Cada empresa es responsable por sus actos. Si alguna hizo algo ilegal, tiene que responder ante los tribunales".
Pero el dirigente gremial advirtió que hay muchas inconsistencias en los datos proporcionados por las autoridades. Dijo que es imposible que haya más de 150.000 afectados por 31 empresas, pues implica que cada una construye casi 5.000 viviendas; y en tan poco tiempo, porque la prohibición de cobrar IPC está vigente desde hace 15 meses y no puede aplicarse de manera retroactiva.
Buscar alternativas. Roberto Orta, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, dijo que la prohibición de cobrar IPC debe ser respetada aunque se esté en desacuerdo con ella. "Nosotros nos oponemos a esta medida, porque creemos que es contraria a la realidad económica del país, pero mientras esté vigente debe cumplirse".
Orta señaló que la decisión gubernamental es negativa porque a tan sólo un año de comenzar a aplicarse, la construcción de viviendas se redujo a la mitad. "Es una solución demasiado radical. El cobro del IPC siempre ha existido, así como el Gobierno ajusta todos los años la unidad tributaria. Si el objetivo es abaratar los costos, lo que debe es crear las condiciones necesarias".
Aseguró que lo ideal es buscar un mecanismo alterno que permita a los constructores subir los precios en función del aumento de los materiales de construcción y de los otros costos (como mano de obra) para desarrollar un proyecto de vivienda.
Publicado en El Nacional
Aquiles Martini, presidente de la CIV, aseguró que el gremio está dispuesto a participar en la instancia, aunque todavía no ha sido invitado formalmente. Señaló que es necesario escuchar la opinión de todos los actores involucrados en el problema antes de emitir juicios de valor. "Las acusaciones hechas hasta ahora se basan en las denuncias de un grupo de personas".
Sobre las 31 compañías promotoras que –según las denuncias recibidas por el Gobierno– han incumplido la prohibición de cobrar cuotas vinculadas al IPC, Martini está de acuerdo con que sean investigadas para determinar si en verdad incurrieron en faltas. "Cada empresa es responsable por sus actos. Si alguna hizo algo ilegal, tiene que responder ante los tribunales".
Pero el dirigente gremial advirtió que hay muchas inconsistencias en los datos proporcionados por las autoridades. Dijo que es imposible que haya más de 150.000 afectados por 31 empresas, pues implica que cada una construye casi 5.000 viviendas; y en tan poco tiempo, porque la prohibición de cobrar IPC está vigente desde hace 15 meses y no puede aplicarse de manera retroactiva.
Buscar alternativas. Roberto Orta, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, dijo que la prohibición de cobrar IPC debe ser respetada aunque se esté en desacuerdo con ella. "Nosotros nos oponemos a esta medida, porque creemos que es contraria a la realidad económica del país, pero mientras esté vigente debe cumplirse".
Orta señaló que la decisión gubernamental es negativa porque a tan sólo un año de comenzar a aplicarse, la construcción de viviendas se redujo a la mitad. "Es una solución demasiado radical. El cobro del IPC siempre ha existido, así como el Gobierno ajusta todos los años la unidad tributaria. Si el objetivo es abaratar los costos, lo que debe es crear las condiciones necesarias".
Aseguró que lo ideal es buscar un mecanismo alterno que permita a los constructores subir los precios en función del aumento de los materiales de construcción y de los otros costos (como mano de obra) para desarrollar un proyecto de vivienda.
Publicado en El Nacional
jueves, 2 de septiembre de 2010
Fevacu: "Los compradores están indefensos"
El presidente de la Federación Venezolana de Asociaciones de Consumidores y Usuarios, Arnoldo Benítez, afirmó que son más de 60.000 los afectados en el país por la aplicación del índice de precios al consumidor, para ajustar el valor de las viviendas adquiridas en preventa.
.jpg)
Aunque la resolución 110 del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda prohibió el llamado cobro por IPC, diputados de la Asamblea han denunciado en los últimas días que hay constructoras que siguen exigiendo pagos por este concepto.
Benítez dijo que muchas empresas pretenden obligar a los compradores a cambiar el contrato original –el cual fijaba un valor que luego se ajustaría en función del IPC, algo que ya no se puede hacer– para firmar uno con un precio mucho más elevado que el inicial.
Aseguró que los aumentos por inflación no sólo están prohibidos por la resolución gubernamental sino que también contradicen la legislación vigente. "Los contratos que estipulaban el cobro de IPC son ilegales desde el mismo momento en que se firmaron".
Por eso, no entiende lo permisivo que ha sido el Gobierno con esta práctica. "Eso de que se preocupan por las necesidades de la gente parece ser mentira. La mejor prueba es que no hay institución del Estado que haga cumplir la resolución 110", agregó.
El presidente de Fevacu expresó que el interés de los parlamentarios oficialistas por el tema es sólo una estrategia para sumar votos. "El Indepabis y la Fiscalía implementaron el año pasado un plan para recibir denuncias de los afectados sin mayores resultados. Ahora quieren revivirlo con fines electorales".
Benítez hizo un llamado al TSJ para que emita una sentencia sobre la demanda que introdujeron en 2008, para exigir que los compradores de viviendas en preventa sean resarcidos por los pagos que hicieron por concepto de IPC.
Publicado en El Nacional
.jpg)
Benítez dijo que muchas empresas pretenden obligar a los compradores a cambiar el contrato original –el cual fijaba un valor que luego se ajustaría en función del IPC, algo que ya no se puede hacer– para firmar uno con un precio mucho más elevado que el inicial.
Aseguró que los aumentos por inflación no sólo están prohibidos por la resolución gubernamental sino que también contradicen la legislación vigente. "Los contratos que estipulaban el cobro de IPC son ilegales desde el mismo momento en que se firmaron".
Por eso, no entiende lo permisivo que ha sido el Gobierno con esta práctica. "Eso de que se preocupan por las necesidades de la gente parece ser mentira. La mejor prueba es que no hay institución del Estado que haga cumplir la resolución 110", agregó.
El presidente de Fevacu expresó que el interés de los parlamentarios oficialistas por el tema es sólo una estrategia para sumar votos. "El Indepabis y la Fiscalía implementaron el año pasado un plan para recibir denuncias de los afectados sin mayores resultados. Ahora quieren revivirlo con fines electorales".
Benítez hizo un llamado al TSJ para que emita una sentencia sobre la demanda que introdujeron en 2008, para exigir que los compradores de viviendas en preventa sean resarcidos por los pagos que hicieron por concepto de IPC.
Publicado en El Nacional
miércoles, 1 de septiembre de 2010
Hay 8.000 denuncias por cobro de IPC
El diputado Augusto Montiel, integrante de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, denunció que alrededor de 50 empresas constructoras disfrazan la aplicación del índice de precios al consumidor al valor de las viviendas en preventa –prohibida por el Gobierno en 2009– con cobros por términos como compensación o justiprecio.
Montiel informó que han recibido 8.000 denuncias de compradores que se niegan a realizar pagos adicionales a los establecidos en sus contratos. "Les están cobrando entre 50 millones y 200 millones de bolívares por conceptos que son un IPC disfrazado. Los amenazan con no entregarles el inmueble, además de retrasar la construcción para presionarlos".
El Instituto Nacional para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios creó una sala situacional, según Montiel, para recibir las denuncias de los afectados y emprender las acciones correspondientes. "Hay que aplicar medidas administrativas e incluso abrir procesos judiciales, porque la forma de proceder de estas empresas puede tipificarse como estafa", afirmó.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini, está de acuerdo con que se investiguen las irregularidades que pudieran cometer algunas empresas, pero solicitó que no se juzgue a priori todo el sector. "Si alguien hace algo ilegal, debe responder ante las autoridades. Pero hay que tener cuidado porque sólo se está viendo una cara de la moneda".
Martini recordó que los problemas existentes con el suministro de insumos como acero y cemento pudieran ser la causa del retraso en algunos proyectos residenciales. Por eso, considera que el Gobierno debe escuchar la versión de los constructores y revisar cada caso de manera individual.
Roberto León Parilli, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios y Consumidores, dijo que lo mejor es buscar un equilibrio. "En un país con la inflación que hay en Venezuela debe haber un mecanismo de ajuste de precios. Pero el cálculo del IPC no puede quedar en manos de los constructores sino de los organismos correspondientes".
Publicado en El Nacional
El Instituto Nacional para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios creó una sala situacional, según Montiel, para recibir las denuncias de los afectados y emprender las acciones correspondientes. "Hay que aplicar medidas administrativas e incluso abrir procesos judiciales, porque la forma de proceder de estas empresas puede tipificarse como estafa", afirmó.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini, está de acuerdo con que se investiguen las irregularidades que pudieran cometer algunas empresas, pero solicitó que no se juzgue a priori todo el sector. "Si alguien hace algo ilegal, debe responder ante las autoridades. Pero hay que tener cuidado porque sólo se está viendo una cara de la moneda".
Martini recordó que los problemas existentes con el suministro de insumos como acero y cemento pudieran ser la causa del retraso en algunos proyectos residenciales. Por eso, considera que el Gobierno debe escuchar la versión de los constructores y revisar cada caso de manera individual.
Roberto León Parilli, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios y Consumidores, dijo que lo mejor es buscar un equilibrio. "En un país con la inflación que hay en Venezuela debe haber un mecanismo de ajuste de precios. Pero el cálculo del IPC no puede quedar en manos de los constructores sino de los organismos correspondientes".
Publicado en El Nacional
Suscribirse a:
Entradas (Atom)