Un día después de que el tribunal del Banco Mundial dictaminó que Cemex puede invocar un tratado bilateral con Holanda por la expropiación de su filial en Venezuela, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias informó que está a punto de lograr un pacto con la empresa.
"Se viene trabajando para alcanzar un arreglo amistoso, que debe anunciarse en los próximos días", dijo el despacho en un comunicado, sin dar más detalles. Cemex es la única de las tres cementeras transnacionales expropiadas en 2008 con la que el Gobierno no ha logrado un convenio.
El ministerio negó que el dictamen sea una sentencia a Venezuela. "La decisión del tribunal no implica condena alguna contra nuestro país, ni se pronuncia sobre el fondo del asunto vinculado al ejercicio soberano del Estado sobre la ordenación de las empresas productoras de cemento".
Cemex presentó la demanda en diciembre de 2008, pero en octubre de 2009 dijo que estaba dispuesta a negociar con el Gobierno. Hace algunos meses, además, la Cancillería mexicana aseguró que promovería el diálogo entre las partes.
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sábado, 8 de enero de 2011
viernes, 7 de enero de 2011
Cemex podrá demandar al Gobierno en Holanda
Cemex podrá demandar al Gobierno por el incumplimiento del Convenio para el Estímulo y Protección Recíproca de las Inversiones suscrito en 1991 con Holanda, país donde están residenciadas las compañías a través de las cuales el consorcio mexicano poseía a su filial venezolana expropiada, según un fallo del tribunal de arbitraje del Banco Mundial.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, dependiente del Banco Mundial, reconoció que las subsidiarias de Cemex en Holanda pueden invocar el tratado ante la expropiación ordenada por el presidente Hugo Chávez en junio de 2008. El Gobierno también tomó el control de las filiales en el país de la suiza Holcim y la francesa Lafarge.
Los representantes venezolanos argumentaron ante el tribunal que las reclamaciones de Cemex debían ser rechazadas porque el convenio con Holanda excluye las inversiones indirectas, pero el juez Gilbert Guillaume y los árbitros Georges Abi-Saab y Robert von Mehren determinaron que el tratado sí incluye estas inversiones.
Cemex presentó la demanda en diciembre de 2008, luego de ser la única de las tres empresas expropiadas que no logró un acuerdo amistoso con las autoridades nacionales. La compañía mexicana exigía una compensación de 1,3 millardos por sus activos; mientras que el Gobierno estaba dispuesto a pagar 650 millones de dólares.
El dictamen judicial le permite a Cemex emprender acciones legales contra la expropiación en los tribunales holandeses. Se desconoce, sin embargo, si la compañía presentará una demanda en ese país, pues Chávez anunció hace cinco meses que había logrado un acuerdo.
"Aprobé una cantidad de millones de dólares para cancelar a la empresa trasnacional cementera", dijo el mandatario en septiembre. Chávez no ofreció más detalles del acuerdo con Cemex. Ni el Gobierno ni la compañía han declarado sobre el tema desde entonces.
El Gobierno acordó en 2009 pagar 552 millones de dólares a Holcim y 267 millones de dólares a Lafarge por la mayoría accionaria de sus filiales en Venezuela.
Publicado en El Nacional
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, dependiente del Banco Mundial, reconoció que las subsidiarias de Cemex en Holanda pueden invocar el tratado ante la expropiación ordenada por el presidente Hugo Chávez en junio de 2008. El Gobierno también tomó el control de las filiales en el país de la suiza Holcim y la francesa Lafarge.
Los representantes venezolanos argumentaron ante el tribunal que las reclamaciones de Cemex debían ser rechazadas porque el convenio con Holanda excluye las inversiones indirectas, pero el juez Gilbert Guillaume y los árbitros Georges Abi-Saab y Robert von Mehren determinaron que el tratado sí incluye estas inversiones.
Cemex presentó la demanda en diciembre de 2008, luego de ser la única de las tres empresas expropiadas que no logró un acuerdo amistoso con las autoridades nacionales. La compañía mexicana exigía una compensación de 1,3 millardos por sus activos; mientras que el Gobierno estaba dispuesto a pagar 650 millones de dólares.
El dictamen judicial le permite a Cemex emprender acciones legales contra la expropiación en los tribunales holandeses. Se desconoce, sin embargo, si la compañía presentará una demanda en ese país, pues Chávez anunció hace cinco meses que había logrado un acuerdo.
"Aprobé una cantidad de millones de dólares para cancelar a la empresa trasnacional cementera", dijo el mandatario en septiembre. Chávez no ofreció más detalles del acuerdo con Cemex. Ni el Gobierno ni la compañía han declarado sobre el tema desde entonces.
El Gobierno acordó en 2009 pagar 552 millones de dólares a Holcim y 267 millones de dólares a Lafarge por la mayoría accionaria de sus filiales en Venezuela.
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jueves, 16 de diciembre de 2010
Obreros de El Encantado exigieron pago de pasivos
Obreros del conjunto residencial El Encantado, expropiado por el Gobierno en noviembre, trancaron ayer la avenida Francisco de Miranda frente a la sede del Ministerio de Vivienda y Hábitat en Chacao para protestar contra el retraso en la cancelación de reivindicaciones laborales.
Los trabajadores aseguraron que la junta interventora del conjunto, aunque ha cancelado el salario semanal, incumplió el compromiso de honrar los otros pasivos laborales (ticket alimento, horas extras, prestaciones y utilidades) el 30 de noviembre y también la prórroga que se venció ayer.
Néstor Esparza afirmó que antes de la expropiación nunca tuvieron problemas con el pago. "La constructora privada siempre nos cancelaba a tiempo. Ahora todas las semanas nos pagan con retraso el viernes en la tarde o el sábado y nos deben los beneficios".
Calculó que el monto adeudado a cada obrero varía entre 25.000 y 50.000 bolívares, dependiendo de la antigüedad. "Somos 650 trabajadores afectados. La junta interventora dijo que había 7 millardos en caja para asumir los compromisos laborales, no entendemos por qué no lo han hecho".
Herbin Moreno aseguró que la demora en los pagos es injusto porque ellos han cumplido con sus labores e incluso han trabajado horas extras a petición de la junta interventora para acelerar la construcción del conjunto residencial. "Desde la expropiación se han entregado más de 50 apartamentos".
Moreno denunció que la encargada de la junta interventora ignoró los reclamos de los obreros y amenazó con llamar al Ministerio del Trabajo para aplicarles la cláusula de abandono del puesto si salían a manifestar.
Cambio de mando. El Ministerio de Vivienda y Hábitat designó las juntas administradoras de los conjuntos residenciales El Encantado, El Fortín, Lomas de la Hacienda, Mata Linda y San Antonio mediante resoluciones publicadas en la Gaceta Oficial 39573.
Las juntas se encargarán de los actos administrativos necesarios para mantener la continuidad de las obras incluidos pagos a obreros y proveedores y para otorgar la propiedad de las viviendas culminadas, según las resoluciones. Cada mes deberán presentar un informe de gestión al ministerio.
Publicado en El Nacional
Los trabajadores aseguraron que la junta interventora del conjunto, aunque ha cancelado el salario semanal, incumplió el compromiso de honrar los otros pasivos laborales (ticket alimento, horas extras, prestaciones y utilidades) el 30 de noviembre y también la prórroga que se venció ayer.
Néstor Esparza afirmó que antes de la expropiación nunca tuvieron problemas con el pago. "La constructora privada siempre nos cancelaba a tiempo. Ahora todas las semanas nos pagan con retraso el viernes en la tarde o el sábado y nos deben los beneficios".
Calculó que el monto adeudado a cada obrero varía entre 25.000 y 50.000 bolívares, dependiendo de la antigüedad. "Somos 650 trabajadores afectados. La junta interventora dijo que había 7 millardos en caja para asumir los compromisos laborales, no entendemos por qué no lo han hecho".
Herbin Moreno aseguró que la demora en los pagos es injusto porque ellos han cumplido con sus labores e incluso han trabajado horas extras a petición de la junta interventora para acelerar la construcción del conjunto residencial. "Desde la expropiación se han entregado más de 50 apartamentos".
Moreno denunció que la encargada de la junta interventora ignoró los reclamos de los obreros y amenazó con llamar al Ministerio del Trabajo para aplicarles la cláusula de abandono del puesto si salían a manifestar.
Cambio de mando. El Ministerio de Vivienda y Hábitat designó las juntas administradoras de los conjuntos residenciales El Encantado, El Fortín, Lomas de la Hacienda, Mata Linda y San Antonio mediante resoluciones publicadas en la Gaceta Oficial 39573.
Las juntas se encargarán de los actos administrativos necesarios para mantener la continuidad de las obras incluidos pagos a obreros y proveedores y para otorgar la propiedad de las viviendas culminadas, según las resoluciones. Cada mes deberán presentar un informe de gestión al ministerio.
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viernes, 12 de noviembre de 2010
Nueva ley permitirá al Gobierno tener más control sobre la banca
El proyecto de ley de instituciones del sector bancario, aprobado ayer en primera discusión por la Asamblea Nacional, aumenta el control del Gobierno sobre la banca, al definir la actividad como un servicio público, declarar las empresas de utilidad pública y sugerir que se establecerá un mínimo para la compra de bonos del Estado, entre otras disposiciones.
"Las actividades reguladas en la presente ley constituyen un servicio público y deben desarrollarse en estricto cumplimiento de la Constitución y demás normativas aplicables. Las personas jurídicas de derecho privado y los bienes de cualquier naturaleza, que permitan o sean usados para el desarrollo de tales actividades, serán considerados de utilidad pública", dice el artículo 8.
El abogado Luis Alfonso Herrera, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Central de Venezuela, aseguró que la declaratoria de utilidad pública claramente tiene el propósito de facilitar la expropiación de bancos. Igual opinión manifestó el diputado Juan José Molina, de Podemos, durante el debate en la Asamblea Nacional.
Herrera también criticó la calificación de servicio público, puesto que en la práctica ha sido una herramienta del Gobierno para ejercer un dominio total sobre las empresas. "En los bancos pasará lo que sucede actualmente en las empresas de alimentos, que prácticamente no tienen ninguna autonomía porque todas sus operaciones están controladas por el Ejecutivo".
Conversión bancaria. El proyecto de ley reduce los tipos de bancos a dos: universales y microfinancieros. Esto suprime las entidades comerciales, hipotecarios, de inversión y de ahorro y préstamo. Las instituciones que operan con estas denominaciones tendrán 90 días, a partir de la entrada en vigencia de la norma, para presentar un plan de transformación.
Una fuente del sector dijo que la conversión perjudicará de manera particular a los bancos comerciales y de inversión, al obligarlos a hacer un aumento de capital –a estas entidades se les exigía menos que a las universales– y abrir una cartera hipotecaria, de la cual estaban exentos hasta ahora.
El texto legal indica que el capital mínimo para los bancos universales será de 170 millones de bolívares si son nacionales y 85 millones de bolívares si son regionales, mientras que para los microfinancieros será 35 millones de bolívares. Los montos se actualizarán cada dos años.
Auditor electo. En materia de protección de los ahorristas, además de prohibir débitos en cuentas para el cobro de créditos sin la autorización del titular y la capitalización de intereses, se otorga participación en la escogencia del auditor externo de las instituciones financieras.
El artículo 84 precisa que la asamblea de accionistas de los bancos presentará una terna de candidatos a la Superintendencia, que escogerá al auditor externo mediante "un proceso de selección que contará con la participación de por lo menos 20% de los usuarios activos con antigüedad no menor de un año".
Otra novedad del proyecto de ley es la obligatoriedad de crear un fondo social de contingencias, para garantizar las prestaciones sociales de los trabajadores, y de aportar 5% de las utilidades semestrales a financiar proyectos de los consejos comunales.
Publicado en El Nacional
"Las actividades reguladas en la presente ley constituyen un servicio público y deben desarrollarse en estricto cumplimiento de la Constitución y demás normativas aplicables. Las personas jurídicas de derecho privado y los bienes de cualquier naturaleza, que permitan o sean usados para el desarrollo de tales actividades, serán considerados de utilidad pública", dice el artículo 8.
El abogado Luis Alfonso Herrera, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Central de Venezuela, aseguró que la declaratoria de utilidad pública claramente tiene el propósito de facilitar la expropiación de bancos. Igual opinión manifestó el diputado Juan José Molina, de Podemos, durante el debate en la Asamblea Nacional.
Herrera también criticó la calificación de servicio público, puesto que en la práctica ha sido una herramienta del Gobierno para ejercer un dominio total sobre las empresas. "En los bancos pasará lo que sucede actualmente en las empresas de alimentos, que prácticamente no tienen ninguna autonomía porque todas sus operaciones están controladas por el Ejecutivo".
Conversión bancaria. El proyecto de ley reduce los tipos de bancos a dos: universales y microfinancieros. Esto suprime las entidades comerciales, hipotecarios, de inversión y de ahorro y préstamo. Las instituciones que operan con estas denominaciones tendrán 90 días, a partir de la entrada en vigencia de la norma, para presentar un plan de transformación.
Una fuente del sector dijo que la conversión perjudicará de manera particular a los bancos comerciales y de inversión, al obligarlos a hacer un aumento de capital –a estas entidades se les exigía menos que a las universales– y abrir una cartera hipotecaria, de la cual estaban exentos hasta ahora.
El texto legal indica que el capital mínimo para los bancos universales será de 170 millones de bolívares si son nacionales y 85 millones de bolívares si son regionales, mientras que para los microfinancieros será 35 millones de bolívares. Los montos se actualizarán cada dos años.
Auditor electo. En materia de protección de los ahorristas, además de prohibir débitos en cuentas para el cobro de créditos sin la autorización del titular y la capitalización de intereses, se otorga participación en la escogencia del auditor externo de las instituciones financieras.
El artículo 84 precisa que la asamblea de accionistas de los bancos presentará una terna de candidatos a la Superintendencia, que escogerá al auditor externo mediante "un proceso de selección que contará con la participación de por lo menos 20% de los usuarios activos con antigüedad no menor de un año".
Otra novedad del proyecto de ley es la obligatoriedad de crear un fondo social de contingencias, para garantizar las prestaciones sociales de los trabajadores, y de aportar 5% de las utilidades semestrales a financiar proyectos de los consejos comunales.
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martes, 9 de noviembre de 2010
Reanudan construcción en El Encantado-Humboldt
Mientras voceros oficiales anuncian medidas como aseguramiento de bienes contra constructoras y promotoras que cometieron irregularidades, en varios de los desarrollos residenciales intervenidos intentan retomar el ritmo de construcción y de entrega bajo la supervisión del Indepabis.
En el conjunto residencial El Encantado Humboldt, en Macaracuay, ya se reanudaron las obras luego de paralizarse durante el primer día de ocupación gubernamental de los edificios que faltan por construir, informó Alfonso Ávila, representante de la Promotora Yuruari.
El desarrollo cuenta con 13 edificios y 1.300 apartamentos. Al momento de la intervención había 3 edificios listos y 87 apartamentos protocolizados, precisó Ávila. Los cálculos de la empresa apuntaban a que la totalidad del conjunto iba a concluirse en el último trimestre de 2011.
En Terrazas de Guaicoco todos los edificios están listos y la gran mayoría de los apartamentos ha sido entregado a sus dueños. Sólo quedaba pendiente la protocolización de 200 inmuebles pertenecientes a la última etapa, informó una fuente vinculada a los constructores del urbanismo.
En el conjunto residencial El Fortín, en la urbanización Casarapa de Guarenas, se han entregado 14 de 20 torres, dijeron fuentes del sector. Hay 2 más que están listas para ser habitadas, mientras que a las otras 4 les faltan elementos como ascensores y ventanas.
En ambos casos las fuentes admitieron que hubo retrasos en la construcción de los edificios, debido a problemas con el suministro de insumos como cemento, pero aseguraron que nunca se paralizaron las obras.
A protocolizar. Ávila señaló que la relación con los funcionarios del Indepabis encargados de supervisar El Encantado Humboldt ha sido cordial. "Le hemos proporcionado toda la información que han solicitado sobre cuentas bancarias, contratos y nómina. Estamos aquí dando la cara".
El promotor no mete las manos en el fuego por el resto de los desarrollos intervenidos, pero espera que el Gobierno rectifique en su caso. "No tenemos retrasos y no hemos especulado contra nadie. 99% de los propietarios rechaza la medida".
Lo más importante, según Ávila, es que el Indepabis autorice la reanudación de las firmas –suspendida por las intervenciones– para que los propietarios de los 200 apartamentos que faltan por entregar en los edificios terminados puedan recibir su llave.
Las fuentes de Terrazas de Guaicoco y El Fortín coinciden en la necesidad de que se permita a los compradores protocolizar. El vicepresidente ejecutivo Elías Jaua dijo el domingo que los apartamentos listos para habitar serán entregados en los próximos días.
Publicado en El Nacional
En el conjunto residencial El Encantado Humboldt, en Macaracuay, ya se reanudaron las obras luego de paralizarse durante el primer día de ocupación gubernamental de los edificios que faltan por construir, informó Alfonso Ávila, representante de la Promotora Yuruari.
El desarrollo cuenta con 13 edificios y 1.300 apartamentos. Al momento de la intervención había 3 edificios listos y 87 apartamentos protocolizados, precisó Ávila. Los cálculos de la empresa apuntaban a que la totalidad del conjunto iba a concluirse en el último trimestre de 2011.
En Terrazas de Guaicoco todos los edificios están listos y la gran mayoría de los apartamentos ha sido entregado a sus dueños. Sólo quedaba pendiente la protocolización de 200 inmuebles pertenecientes a la última etapa, informó una fuente vinculada a los constructores del urbanismo.
En el conjunto residencial El Fortín, en la urbanización Casarapa de Guarenas, se han entregado 14 de 20 torres, dijeron fuentes del sector. Hay 2 más que están listas para ser habitadas, mientras que a las otras 4 les faltan elementos como ascensores y ventanas.
En ambos casos las fuentes admitieron que hubo retrasos en la construcción de los edificios, debido a problemas con el suministro de insumos como cemento, pero aseguraron que nunca se paralizaron las obras.
A protocolizar. Ávila señaló que la relación con los funcionarios del Indepabis encargados de supervisar El Encantado Humboldt ha sido cordial. "Le hemos proporcionado toda la información que han solicitado sobre cuentas bancarias, contratos y nómina. Estamos aquí dando la cara".
El promotor no mete las manos en el fuego por el resto de los desarrollos intervenidos, pero espera que el Gobierno rectifique en su caso. "No tenemos retrasos y no hemos especulado contra nadie. 99% de los propietarios rechaza la medida".
Lo más importante, según Ávila, es que el Indepabis autorice la reanudación de las firmas –suspendida por las intervenciones– para que los propietarios de los 200 apartamentos que faltan por entregar en los edificios terminados puedan recibir su llave.
Las fuentes de Terrazas de Guaicoco y El Fortín coinciden en la necesidad de que se permita a los compradores protocolizar. El vicepresidente ejecutivo Elías Jaua dijo el domingo que los apartamentos listos para habitar serán entregados en los próximos días.
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domingo, 7 de noviembre de 2010
Leyes facilitan intervención estatal en el sector vivienda
Luego de que el Gobierno tomó medidas contra 33 conjuntos residenciales privados en construcción –expropió 6, ocupó 8 y multó 19– el domingo pasado, la Asamblea Nacional anunció que acelerará la discusión de proyectos pendientes como la ley de preventa y la reforma de la Ley de Arrendamientos para atender el problema de la vivienda.
Pero los cambios propuestos hasta ahora en ambos instrumentos legales distan de ser un estímulo para la reactivación del sector, han advertido empresarios y especialistas. Por el contrario, pueden agudizar la caída experimentada desde 2008 al reafirmar las posibilidades del Ejecutivo de intervenir desarrollos en construcción e inmuebles en alquiler.
El proyecto de Ley de Preventa –aprobado por el Parlamento en primera discusión en enero de 2010 y actualmente en manos de la Comisión de Administración y Servicios, que espera devolverlo a la plenaria la semana próxima– refuerza la facultad del Gobierno para ocupar las obras residenciales cuya edificación esté paralizada.
"Los organismos competentes, en caso de interrupción de la obra contratada en preventa por incapacidad gerencial, técnica o financiera del productor de vivienda, podrán declarar intervenida la obra y ocupar su administración, desarrollo y culminación, para preservar los intereses de los compradores y del ente financista", establece el artículo 20.
La acción oficial podrá ser requerida al Ministerio de Vivienda y Hábitat por los compradores que consideren que la constructora incumplió sus obligaciones. "Podrán denunciar todo lo que tenga que ver con la violación de la presente ley, pudiendo, de considerarlo necesario, solicitar la intervención de las construcciones y obras", estipula el artículo 19.
Luis Alfonso Herrera, profesor de Derecho Administrativo de la UCV, considera que el poder de intervención que otorga la ley de preventa es muy amplio: "El Estado podrá disponer tanto de los bienes en construcción como de las maquinarias que se usan para tal fin, sin trámite de expropiación ni otra figura legítima de adquisición de la propiedad".
A su juicio, la normativa atenta contra el derecho al debido proceso y a la defensa, pues no ordena una investigación previa para determinar las causas del retraso en la construcción. "Creo que se le puede hacer la misma crítica que a la reforma de la Ley de Contrataciones", dijo.
Agregó que la legislación coloca toda la responsabilidad en el sector privado, cuando los permisos y buena parte de los materiales que necesitan los constructores dependen de organismos gubernamentales. "¿Cómo se determinará si el retraso es culpa del empresario o del Estado como proveedor y regulador?".
Juicios justos. Pero la facultad que otorga al Estado para intervenir obras en construcción no es, según Herrera, lo más grave de la ley de preventa. Después de todo, la Ley de Defensa a las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios ya permite ejecutar ese tipo de medidas.
Herrera afirmó que lo peor de la normativa es que suprime la libertad de contratación, al menos en materia de viviendas en construcción. "La mayor parte de los artículos se refieren a los términos del contrato de una manera bastante exhaustiva y reguladora. Básicamente no hay nada que quede sujeto a la posibilidad de negociación entre las partes".
Agregó que en sectores como la vivienda se justifican regulaciones especiales para evitar abusos contra los más débiles desde el punto de vista jurídico, que en este caso son los compradores, pero considera que la legislación propuesta por el Gobierno decide por los ciudadanos. "La empresa ni siquiera puede establecer el monto de su ganancia".
Algo similar sucede con la reforma de la Ley de Arrendamientos. Aunque el proyecto aprobado en primera discusión en 2007 se centra en hacer más justos los juicios inmobiliarios, al establecer audiencias orales con la presencia de los involucrados, los anuncios de funcionarios en los últimos meses apuntan a reducir el poder de decisión de las personas.
El presidente Hugo Chávez y diputados de la Asamblea Nacional han hablado de medidas como suspender los juicios inmobiliarios, prohibir los desalojos de inquilinos y forzar la venta de las viviendas alquiladas desde hace muchos años. La Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos denunció que eso atentaría contra el artículo 115 de la Constitución.
Roberto Orta, presidente de Apiur, expresó que la carta magna garantiza el derecho a disponer de la propiedad, algo que sería imposible para los dueños de viviendas arrendadas al eliminarse los mecanismos establecidos en la legislación para recuperar sus inmuebles cuando los necesiten.
Publicado en El Nacional
Pero los cambios propuestos hasta ahora en ambos instrumentos legales distan de ser un estímulo para la reactivación del sector, han advertido empresarios y especialistas. Por el contrario, pueden agudizar la caída experimentada desde 2008 al reafirmar las posibilidades del Ejecutivo de intervenir desarrollos en construcción e inmuebles en alquiler.
El proyecto de Ley de Preventa –aprobado por el Parlamento en primera discusión en enero de 2010 y actualmente en manos de la Comisión de Administración y Servicios, que espera devolverlo a la plenaria la semana próxima– refuerza la facultad del Gobierno para ocupar las obras residenciales cuya edificación esté paralizada.
"Los organismos competentes, en caso de interrupción de la obra contratada en preventa por incapacidad gerencial, técnica o financiera del productor de vivienda, podrán declarar intervenida la obra y ocupar su administración, desarrollo y culminación, para preservar los intereses de los compradores y del ente financista", establece el artículo 20.
La acción oficial podrá ser requerida al Ministerio de Vivienda y Hábitat por los compradores que consideren que la constructora incumplió sus obligaciones. "Podrán denunciar todo lo que tenga que ver con la violación de la presente ley, pudiendo, de considerarlo necesario, solicitar la intervención de las construcciones y obras", estipula el artículo 19.
Luis Alfonso Herrera, profesor de Derecho Administrativo de la UCV, considera que el poder de intervención que otorga la ley de preventa es muy amplio: "El Estado podrá disponer tanto de los bienes en construcción como de las maquinarias que se usan para tal fin, sin trámite de expropiación ni otra figura legítima de adquisición de la propiedad".
A su juicio, la normativa atenta contra el derecho al debido proceso y a la defensa, pues no ordena una investigación previa para determinar las causas del retraso en la construcción. "Creo que se le puede hacer la misma crítica que a la reforma de la Ley de Contrataciones", dijo.
Agregó que la legislación coloca toda la responsabilidad en el sector privado, cuando los permisos y buena parte de los materiales que necesitan los constructores dependen de organismos gubernamentales. "¿Cómo se determinará si el retraso es culpa del empresario o del Estado como proveedor y regulador?".
Juicios justos. Pero la facultad que otorga al Estado para intervenir obras en construcción no es, según Herrera, lo más grave de la ley de preventa. Después de todo, la Ley de Defensa a las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios ya permite ejecutar ese tipo de medidas.
Herrera afirmó que lo peor de la normativa es que suprime la libertad de contratación, al menos en materia de viviendas en construcción. "La mayor parte de los artículos se refieren a los términos del contrato de una manera bastante exhaustiva y reguladora. Básicamente no hay nada que quede sujeto a la posibilidad de negociación entre las partes".
Agregó que en sectores como la vivienda se justifican regulaciones especiales para evitar abusos contra los más débiles desde el punto de vista jurídico, que en este caso son los compradores, pero considera que la legislación propuesta por el Gobierno decide por los ciudadanos. "La empresa ni siquiera puede establecer el monto de su ganancia".
Algo similar sucede con la reforma de la Ley de Arrendamientos. Aunque el proyecto aprobado en primera discusión en 2007 se centra en hacer más justos los juicios inmobiliarios, al establecer audiencias orales con la presencia de los involucrados, los anuncios de funcionarios en los últimos meses apuntan a reducir el poder de decisión de las personas.
El presidente Hugo Chávez y diputados de la Asamblea Nacional han hablado de medidas como suspender los juicios inmobiliarios, prohibir los desalojos de inquilinos y forzar la venta de las viviendas alquiladas desde hace muchos años. La Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos denunció que eso atentaría contra el artículo 115 de la Constitución.
Roberto Orta, presidente de Apiur, expresó que la carta magna garantiza el derecho a disponer de la propiedad, algo que sería imposible para los dueños de viviendas arrendadas al eliminarse los mecanismos establecidos en la legislación para recuperar sus inmuebles cuando los necesiten.
Publicado en El Nacional
viernes, 5 de noviembre de 2010
"La firma de nuevos contratos fue avalada
por el Indepabis"
El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini, reiteró el rechazo del gremio a la decisión gubernamental de intervenir 33 conjuntos residenciales privados en construcción. "Este tipo de decisiones son muy distorsionantes", dijo.
Martini no descartó que haya empresas que actuaron de manera irregular, pero aseguró que la firma de nuevos contratos que tomaban en cuenta el aumento de los costos durante el período de edificación de la vivienda no representa una práctica indebida o ilegal.
"En las leyes venezolanas existe el llamado derecho del príncipe, que permite renegociar un contrato cuando los términos cambian por razones ajenas a las partes que lo firmaron. Eso fue lo que se hizo con los suscritos antes de julio de 2009, cuando se prohibió el cobro del índice de precios al consumidor".
Recordó que, según la información proporcionada por los constructores afectados, la mayoría de los compradores aceptó la renegociación del contrato. Agregó que la firma de los nuevos documentos contó con la aprobación del Indepabis, organismo que intermedió en buena parte de los casos.
Martini aclaró que el gremio no avala el cobro de IPC después de la resolución 110. "Estemos o no de acuerdo con la medida, tenemos que cumplirla porque es la ley". Pero insistió en que la renegociación entre las partes para cambiar el contrato original es válida.
Sobre el retraso en la construcción de los desarrollos o en la entrega de los apartamentos, otra de las razones esgrimidas por el Gobierno para intervenir los conjuntos residenciales, el presidente de la Cámara Inmobiliaria indicó que no siempre es responsabilidad de la constructora.
Mencionó que durante los últimos años se han alargado los tiempos de espera por razones como el retraso en la entrega de permisos, los problemas con el suministro de insumos (cabillas y cementos), la tardanza en la aprobación de los créditos bancarios y las limitaciones en los registros.
Menos viviendas. A la Cámara Inmobiliaria lo que más le preocupa es el efecto negativo que tendrán las medidas en la construcción residencial, pues dificultará reducir el déficit de 2 millones de viviendas.
Martini señaló que incluso en el caso de que el Gobierno entregue los apartamentos a los compradores, el daño hecho por la medida será difícil de revertir. "Quizás resolveremos el problema de un porcentaje minúsculo, pero también habremos inoculado mayor desconfianza en nuestro país".
Agregó que la única forma de resolver el déficit de es con un pacto nacional que reúna a todos los actores involucrados. "Una vez más, la Cámara Inmobiliaria pone a disposición del país sus ideas y su deseo inquebrantable de ser parte activa de la solución a los problemas que nos aquejan".
Publicado en El Nacional
Martini no descartó que haya empresas que actuaron de manera irregular, pero aseguró que la firma de nuevos contratos que tomaban en cuenta el aumento de los costos durante el período de edificación de la vivienda no representa una práctica indebida o ilegal.
"En las leyes venezolanas existe el llamado derecho del príncipe, que permite renegociar un contrato cuando los términos cambian por razones ajenas a las partes que lo firmaron. Eso fue lo que se hizo con los suscritos antes de julio de 2009, cuando se prohibió el cobro del índice de precios al consumidor".
Recordó que, según la información proporcionada por los constructores afectados, la mayoría de los compradores aceptó la renegociación del contrato. Agregó que la firma de los nuevos documentos contó con la aprobación del Indepabis, organismo que intermedió en buena parte de los casos.
Martini aclaró que el gremio no avala el cobro de IPC después de la resolución 110. "Estemos o no de acuerdo con la medida, tenemos que cumplirla porque es la ley". Pero insistió en que la renegociación entre las partes para cambiar el contrato original es válida.
Sobre el retraso en la construcción de los desarrollos o en la entrega de los apartamentos, otra de las razones esgrimidas por el Gobierno para intervenir los conjuntos residenciales, el presidente de la Cámara Inmobiliaria indicó que no siempre es responsabilidad de la constructora.
Mencionó que durante los últimos años se han alargado los tiempos de espera por razones como el retraso en la entrega de permisos, los problemas con el suministro de insumos (cabillas y cementos), la tardanza en la aprobación de los créditos bancarios y las limitaciones en los registros.
Menos viviendas. A la Cámara Inmobiliaria lo que más le preocupa es el efecto negativo que tendrán las medidas en la construcción residencial, pues dificultará reducir el déficit de 2 millones de viviendas.
Martini señaló que incluso en el caso de que el Gobierno entregue los apartamentos a los compradores, el daño hecho por la medida será difícil de revertir. "Quizás resolveremos el problema de un porcentaje minúsculo, pero también habremos inoculado mayor desconfianza en nuestro país".
Agregó que la única forma de resolver el déficit de es con un pacto nacional que reúna a todos los actores involucrados. "Una vez más, la Cámara Inmobiliaria pone a disposición del país sus ideas y su deseo inquebrantable de ser parte activa de la solución a los problemas que nos aquejan".
Publicado en El Nacional
Gobierno comenzará a entregar viviendas
En los conjuntos residenciales intervenidos por el Gobierno desde el domingo hay 460 apartamentos concluidos que serán entregados a sus propietarios en los próximos días, informó el ministro de Comercio, Richard Canán.
El funcionario agregó que el Ministerio de Vivienda y Hábitat continúa en la labor de determinación del estatus de cada uno de los urbanismos, con el fin de emprender las acciones necesarias para culminarlos.
El vicepresidente ejecutivo, Elías Jaua, afirmó que las intervenciones no tienen vuelta atrás. "La medida es irreversible. Era nuestro deber proteger a centenares de familias estafadas por las constructoras".
Jaua ratificó que los apartamentos serán entregados a sus propietarios, para los que exigió respeto. "Es lamentable ver a dirigentes de la oposición que llaman lambucios a estas personas que tienen hasta diez años esperando".
El Indepabis y la Fiscalía, en tanto, instalaron una mesa de trabajo para recibir denuncias y garantizar que las personas que firmaron opciones de compra-venta puedan obtener el documento de propiedad.
Nelson Mejías, representante de la Fiscalía, explicó que para la protocolización es necesario obtener una certificación que emite el Indepabis y verificar que el crédito bancario corresponda al monto por pagar y no a cuotas por índice de precios al consumidor.
Publicado en El Nacional
El funcionario agregó que el Ministerio de Vivienda y Hábitat continúa en la labor de determinación del estatus de cada uno de los urbanismos, con el fin de emprender las acciones necesarias para culminarlos.
El vicepresidente ejecutivo, Elías Jaua, afirmó que las intervenciones no tienen vuelta atrás. "La medida es irreversible. Era nuestro deber proteger a centenares de familias estafadas por las constructoras".
Jaua ratificó que los apartamentos serán entregados a sus propietarios, para los que exigió respeto. "Es lamentable ver a dirigentes de la oposición que llaman lambucios a estas personas que tienen hasta diez años esperando".
El Indepabis y la Fiscalía, en tanto, instalaron una mesa de trabajo para recibir denuncias y garantizar que las personas que firmaron opciones de compra-venta puedan obtener el documento de propiedad.
Nelson Mejías, representante de la Fiscalía, explicó que para la protocolización es necesario obtener una certificación que emite el Indepabis y verificar que el crédito bancario corresponda al monto por pagar y no a cuotas por índice de precios al consumidor.
Publicado en El Nacional
jueves, 4 de noviembre de 2010
Expropiaciones ponen en riesgo culminación
de 52.500 viviendas
De las 70.000 viviendas en construcción que hay actualmente en el país, unas previstas para culminar este año y otras en 2011, se calcula que 75% (52.500) está en manos del sector privado y corren el riesgo de medidas similares a las que dictó el presidente Chávez el domingo sobre 33 conjuntos residenciales, dijo el titular de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini.
"Nada hace pensar que estas viviendas no correrán la misma suerte que los desarrollos habitacionales afectados el domingo". Agregó que para sancionar el supuesto cobro ilegal de cuotas atadas al índice de precios al consumidor, en el marco jurídico hay soluciones distintas a las que tomó el Gobierno.
Martini señaló que las medidas, además de incidir directamente en los inmuebles afectados, perjudicarán todo el sector inmobiliario. "La actividad se contraerá. ¿Quién va a querer construir o invertir en un proyecto habitacional con este panorama?", se preguntó.
Promesa incumplida. Los voceros oficiales han dicho que los compradores de los conjuntos residenciales afectados por las medidas gubernamentales deben estar tranquilos porque el Ejecutivo se encargará de terminar los desarrollos y entregar los inmuebles.
La pregunta que se hacen muchos compradores es cuándo se concretará esa promesa. Sobre todo por el antecedente del conjunto residencial La Avileña, tomado por el Gobierno en agosto porque la constructora pertenecía al Banco Federal, intervenido en junio.
"Les aseguro que le vamos a cumplir a todas las familias afectadas", prometió Chávez en el Aló, Presidente del 8 de agosto. "Ya instruí al ministro de Vivienda y Hábitat para terminar lo más rápido que se pueda. Él dice que en dos o tres meses".
El 24 de septiembre la Asamblea Nacional aprobó un crédito adicional de 5 millones de bolívares para que el Ministerio de Vivienda y Hábitat culminara la obra. Ese día se informó que los apartamentos de las torres 3 y 4 con 97% de avance al ser intervenidos comenzarían a entregarse el 19 de octubre.
A dos semanas de la fecha prometida, todavía no se ha entregado el primer inmueble. En La Avileña, los obreros aseguraron que continuaban con las labores de construcción, sin embargo, lo único que se percibió fue movimiento de tierras.
Escrito junto con Carmen Sofía Alfonzo y Luzangelly Medina
Publicado en El Nacional
"Nada hace pensar que estas viviendas no correrán la misma suerte que los desarrollos habitacionales afectados el domingo". Agregó que para sancionar el supuesto cobro ilegal de cuotas atadas al índice de precios al consumidor, en el marco jurídico hay soluciones distintas a las que tomó el Gobierno.
Martini señaló que las medidas, además de incidir directamente en los inmuebles afectados, perjudicarán todo el sector inmobiliario. "La actividad se contraerá. ¿Quién va a querer construir o invertir en un proyecto habitacional con este panorama?", se preguntó.
Promesa incumplida. Los voceros oficiales han dicho que los compradores de los conjuntos residenciales afectados por las medidas gubernamentales deben estar tranquilos porque el Ejecutivo se encargará de terminar los desarrollos y entregar los inmuebles.
La pregunta que se hacen muchos compradores es cuándo se concretará esa promesa. Sobre todo por el antecedente del conjunto residencial La Avileña, tomado por el Gobierno en agosto porque la constructora pertenecía al Banco Federal, intervenido en junio.
"Les aseguro que le vamos a cumplir a todas las familias afectadas", prometió Chávez en el Aló, Presidente del 8 de agosto. "Ya instruí al ministro de Vivienda y Hábitat para terminar lo más rápido que se pueda. Él dice que en dos o tres meses".
El 24 de septiembre la Asamblea Nacional aprobó un crédito adicional de 5 millones de bolívares para que el Ministerio de Vivienda y Hábitat culminara la obra. Ese día se informó que los apartamentos de las torres 3 y 4 con 97% de avance al ser intervenidos comenzarían a entregarse el 19 de octubre.
A dos semanas de la fecha prometida, todavía no se ha entregado el primer inmueble. En La Avileña, los obreros aseguraron que continuaban con las labores de construcción, sin embargo, lo único que se percibió fue movimiento de tierras.
Escrito junto con Carmen Sofía Alfonzo y Luzangelly Medina
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Trabajadores de Sidetur continuarán protestas
Trabajadores de la Siderúrgica del Turbio manifestaron ayer en la planta de Antímano, junto con vecinos de Carapita y La Yaguara, para rechazar la expropiación. "Continuaremos con las protestas contra la medida, porque es arbitraria y absurda", dijo Claudia Tepedino, empleada de Sidetur.
Agregó que no entienden las razones de la expropiación porque el Estado ya controlaba una parte importante del mercado. "Con la compra de Sidor, la planta de más producción, no había necesidad de tomar medidas contra Sidetur".
La planta de Antímano ayer fue sometida a una medida de ocupación temporal e intervención administrativa por parte del Indepabis. Sidetur rechazó en un comunicado la decisión porque carece de fundamentos legales.
La empresa afirma que el Indepabis basó su decisión en un recorrido que hizo 20 minutos antes de que comenzara el turno de trabajo del lunes, mientras los trabajadores estaban reunidos en asamblea con funcionarios del Gobierno para evaluar la expropiación.
Fitch Ratings, en tanto, colocó "en revisión con implicaciones negativas" la calificación de Sidetur. "La decisión refleja la incertidumbre sobre el momento exacto en que será completada la nacionalización y la incidencia del proceso en las operaciones de la empresa", dijo la firma, reseñó Reuters.
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Agregó que no entienden las razones de la expropiación porque el Estado ya controlaba una parte importante del mercado. "Con la compra de Sidor, la planta de más producción, no había necesidad de tomar medidas contra Sidetur".
La planta de Antímano ayer fue sometida a una medida de ocupación temporal e intervención administrativa por parte del Indepabis. Sidetur rechazó en un comunicado la decisión porque carece de fundamentos legales.
La empresa afirma que el Indepabis basó su decisión en un recorrido que hizo 20 minutos antes de que comenzara el turno de trabajo del lunes, mientras los trabajadores estaban reunidos en asamblea con funcionarios del Gobierno para evaluar la expropiación.
Fitch Ratings, en tanto, colocó "en revisión con implicaciones negativas" la calificación de Sidetur. "La decisión refleja la incertidumbre sobre el momento exacto en que será completada la nacionalización y la incidencia del proceso en las operaciones de la empresa", dijo la firma, reseñó Reuters.
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miércoles, 3 de noviembre de 2010
"El Ejecutivo no puede aplicar la ley de manera retroactiva"
La firma de nuevos contratos de preventa no representa una práctica irregular o ilegal, dijo Alfonso Ávila, director de la Constructora Yuruari, que edifica el conjunto residencial El Encantado Humboldt, en El Hatillo: "No estamos haciendo nada indebido. Hay un documento firmado antes de la prohibición de cobrar IPC en el que se convino un ajuste de precios. Entonces debemos llegar a un acuerdo sobre cómo aplicarlo. Y lo hemos hecho con 500 compradores".
Indicó que no existe una ley que prohíba que las personas se pongan de acuerdo, y descartó que el contrato nuevo perjudique a los compradores: "El ajuste no va más allá de 80.000 bolívares, por lo que el costo del apartamento termina en 430.000 bolívares, mientras que el precio actual de un inmueble en la zona oscila entre 800.000 y 900.000 bolívares".
Agregó que lo irregular es que el Gobierno quiera aplicar el veto a cobrar cuotas vinculadas con el índice de precios al consumidor de forma retroactiva. "Lo que está firmado antes del 10 de julio de 2009, cuando se promulgó la Resolución 110, hay que honrarlo. Si hay personas que no tienen cómo pagar un monto adicional, pueden reunirse con nosotros para buscar una salida".
Ávila reiteró que la medida se basa en supuestos falsos y pidió rectificación. "En vez de juzgarnos por lo que pasa en otros desarrollos, debieron llamarnos para conocer la realidad del proyecto. Estamos en capacidad de terminarlo sin ningún inconveniente".
El cobro de cuotas por el IPC es indispensable –dice Ávila– porque construir viviendas tarda entre dos y tres años, y en ese período las empresas afrontan aumentos de sueldos y de costos de materiales. Aquiles Martini, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, respaldó la posición de Ávila: "Cuando se hizo la Resolución 110 advertimos que no era posible que se congelaran los precios de las viviendas en un país con inflación alta".
Martini solicitó que no se satanice el sector privado, responsable de 70% de las viviendas que se construyen. "Cuando hubo el problema de los damnificados por las lluvias recientes, el Gobierno le compró casas a una empresa para atenderlos". Aseguró que las medidas contra más de una docena de empresas no sólo ponen en riesgo las viviendas de un grupo de venezolanos, sino el futuro del sector construcción.
Publicado en El Nacional
Indicó que no existe una ley que prohíba que las personas se pongan de acuerdo, y descartó que el contrato nuevo perjudique a los compradores: "El ajuste no va más allá de 80.000 bolívares, por lo que el costo del apartamento termina en 430.000 bolívares, mientras que el precio actual de un inmueble en la zona oscila entre 800.000 y 900.000 bolívares".
Agregó que lo irregular es que el Gobierno quiera aplicar el veto a cobrar cuotas vinculadas con el índice de precios al consumidor de forma retroactiva. "Lo que está firmado antes del 10 de julio de 2009, cuando se promulgó la Resolución 110, hay que honrarlo. Si hay personas que no tienen cómo pagar un monto adicional, pueden reunirse con nosotros para buscar una salida".
Ávila reiteró que la medida se basa en supuestos falsos y pidió rectificación. "En vez de juzgarnos por lo que pasa en otros desarrollos, debieron llamarnos para conocer la realidad del proyecto. Estamos en capacidad de terminarlo sin ningún inconveniente".
El cobro de cuotas por el IPC es indispensable –dice Ávila– porque construir viviendas tarda entre dos y tres años, y en ese período las empresas afrontan aumentos de sueldos y de costos de materiales. Aquiles Martini, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, respaldó la posición de Ávila: "Cuando se hizo la Resolución 110 advertimos que no era posible que se congelaran los precios de las viviendas en un país con inflación alta".
Martini solicitó que no se satanice el sector privado, responsable de 70% de las viviendas que se construyen. "Cuando hubo el problema de los damnificados por las lluvias recientes, el Gobierno le compró casas a una empresa para atenderlos". Aseguró que las medidas contra más de una docena de empresas no sólo ponen en riesgo las viviendas de un grupo de venezolanos, sino el futuro del sector construcción.
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Trabajadores de Sidetur rechazan expropiación
La decisión del presidente Hugo Chávez de expropiar la Siderúrgica del Turbio no cuenta con el respaldo de la mayoría de los trabajadores, aseguró personal de la compañía mediante un comunicado difundido ayer en la tarde para rechazar la medida gubernamental.
El documento -suscrito por empleados de las plantas de Sidetur en Carabobo, Distrito Capital, Lara y Miranda- señala que la empresa vende sus productos a los precios regulados y que esto ha sido verificado por el Indepabis durante las fiscalizaciones realizadas en los últimos años.
También dice que Sidetur cumple plenamente los compromisos contractuales adquiridos con sus trabajadores y está comprometida con el mejoramiento de la calidad de vida de su personal en aspectos como salud, salarios y formación profesional, entre otros.
Los empleados aseguran que la capacidad de producción se mantiene al tope y que la fabricación se ha reducido por el racionamiento eléctrico de principios de año y "la huelga injustificada promovida por el sindicato bolivariano de la planta Casima, en Puerto Ordaz, desde marzo de 2010".
A media máquina. Además de suscribir el comunicado, los trabajadores de Sidetur Valencia se reunieron a las afueras de la planta para rechazar la expropiación. Aseguran que no desean laborar en una empresa socialista, porque en la práctica ninguna ha sido eficiente. Informaron que las actividades se ejecutan a 50% de la capacidad en señal de protesta.
Explicaron que la planta Valencia elabora 60% de las mallas electrosoldadas que se comercializan en el país. "Eso se va a acabar, no va a seguir funcionando. Con qué van a seguir construyendo las viviendas", indicó Carlos León, trabajador con 25 años dentro de la compañía.
Aseguró que existe un gran descontento entre las 260 personas que laboran en la planta de Carabobo. "La medida de tomar la empresa puede dejar a nuestros compañeros sin trabajo. A escala nacional somos 1.800 trabajadores. En Valencia, aproximadamente 80% de la nómina mensual está colocando su renuncia, así como 20% de la nómina diaria, que son los más antiguos de la empresa", aseveró.
Un ejemplo de mala gerencia, dijo, es la empresa Rualca, ubicada enfrente de Sidetur, que desde que la tomó el Gobierno ha estado cerrada. "En principio iban a hacer los rines, luego rines de bicicletas, después cambiaron a ollas y luego a cucharones, pero no están haciendo nada". A su juicio, el Gobierno no tiene la capacidad para manejar la empresa, por esta razón comenzaron a recoger firmas para tratar de revertir la medida de expropiación de Sidetur.
En las dos sedes de la empresa en el estado Lara, la actividad se desarrolló con normalidad, aunque se mantiene la incertidumbre entre los empleados en vista de que no tienen información concreta acerca de lo que sucederá con sus puestos de trabajo, señaló un obrero.
Ayer en la tarde todavía no había custodia militar en el área externa de las sedes, situadas en la Zona Industrial 1 de la capital larense, pero si se observaron guardias nacionales resguardando el patio interno de la planta Barquisimeto.
Alrededor de 17.000 toneladas de palanquillas permanecen en los patios de la planta Casima, en Ciudad Guayana, debido a que los trabajadores la tienen paralizada desde marzo. Ahora, con la expropiación están dispuestos a levantar el paro.
Escrito junto con Equipo de Corresponsales
Publicado en El Nacional
El documento -suscrito por empleados de las plantas de Sidetur en Carabobo, Distrito Capital, Lara y Miranda- señala que la empresa vende sus productos a los precios regulados y que esto ha sido verificado por el Indepabis durante las fiscalizaciones realizadas en los últimos años.
También dice que Sidetur cumple plenamente los compromisos contractuales adquiridos con sus trabajadores y está comprometida con el mejoramiento de la calidad de vida de su personal en aspectos como salud, salarios y formación profesional, entre otros.
Los empleados aseguran que la capacidad de producción se mantiene al tope y que la fabricación se ha reducido por el racionamiento eléctrico de principios de año y "la huelga injustificada promovida por el sindicato bolivariano de la planta Casima, en Puerto Ordaz, desde marzo de 2010".
A media máquina. Además de suscribir el comunicado, los trabajadores de Sidetur Valencia se reunieron a las afueras de la planta para rechazar la expropiación. Aseguran que no desean laborar en una empresa socialista, porque en la práctica ninguna ha sido eficiente. Informaron que las actividades se ejecutan a 50% de la capacidad en señal de protesta.
Explicaron que la planta Valencia elabora 60% de las mallas electrosoldadas que se comercializan en el país. "Eso se va a acabar, no va a seguir funcionando. Con qué van a seguir construyendo las viviendas", indicó Carlos León, trabajador con 25 años dentro de la compañía.
Aseguró que existe un gran descontento entre las 260 personas que laboran en la planta de Carabobo. "La medida de tomar la empresa puede dejar a nuestros compañeros sin trabajo. A escala nacional somos 1.800 trabajadores. En Valencia, aproximadamente 80% de la nómina mensual está colocando su renuncia, así como 20% de la nómina diaria, que son los más antiguos de la empresa", aseveró.
Un ejemplo de mala gerencia, dijo, es la empresa Rualca, ubicada enfrente de Sidetur, que desde que la tomó el Gobierno ha estado cerrada. "En principio iban a hacer los rines, luego rines de bicicletas, después cambiaron a ollas y luego a cucharones, pero no están haciendo nada". A su juicio, el Gobierno no tiene la capacidad para manejar la empresa, por esta razón comenzaron a recoger firmas para tratar de revertir la medida de expropiación de Sidetur.
En las dos sedes de la empresa en el estado Lara, la actividad se desarrolló con normalidad, aunque se mantiene la incertidumbre entre los empleados en vista de que no tienen información concreta acerca de lo que sucederá con sus puestos de trabajo, señaló un obrero.
Ayer en la tarde todavía no había custodia militar en el área externa de las sedes, situadas en la Zona Industrial 1 de la capital larense, pero si se observaron guardias nacionales resguardando el patio interno de la planta Barquisimeto.
Alrededor de 17.000 toneladas de palanquillas permanecen en los patios de la planta Casima, en Ciudad Guayana, debido a que los trabajadores la tienen paralizada desde marzo. Ahora, con la expropiación están dispuestos a levantar el paro.
Escrito junto con Equipo de Corresponsales
Publicado en El Nacional
martes, 2 de noviembre de 2010
La medida retrasará construcción de casas
La Cámara Venezolana de la Construcción advierte que la expropiación de seis conjuntos residenciales y la ocupación temporal de otros ocho no servirá para aligerar la edificación de viviendas sino que la retrasará, lo cual "afectará negativamente a las familias que requieren con urgencia una solución a su problema".
El gremio señala, mediante un comunicado, que las medidas causan incertidumbre tanto en las familias que están actualmente comprando una vivienda a través del mecanismo de preventa como en las empresas constructoras. "Es evidente que estas decisiones desestimulan la inversión privada, pues generan la sensación de una enorme inseguridad jurídica".
Agrega que la expropiación no es la medida más indicada para castigar a las compañías que incumplen con las fechas de entrega de los proyectos o cometen otras faltas durante el proceso de preventa, porque las leyes que rigen al sector habitacional establecen multas y sanciones que el Ejecutivo nacional puede aplicar en esos casos.
La CVC considera, además, que para reducir el déficit de vivienda acumulado en el país es necesario constituir una mesa técnica en la que todos los actores puedan aportar soluciones. "Una vez más, informamos que estamos a disposición del Ejecutivo y de todo el país para lograr una alianza nacional para la construcción y la vivienda".
Sin interrupciones. La promotora que construye el conjunto residencial El EncantadoHumboldt, en El Hatillo, uno de los afectados por la medida gubernamental, asegura que las obras no se han retrasado en ningún momento y que los compradores han sido informados permanentemente del avance de los trabajos.
"Desde hace tres años, cuando iniciamos el proceso de preventa de nuestros apartamentos y el consiguiente proceso de urbanismo y construcción, nunca hemos interrumpido la comunicación cotidiana directa y personalizada con todos y cada uno de nuestros compradores", indica en un comunicado.
Señala que se han reunido con representantes de organismos gubernamentales como la Alcaldía del Municipio El Hatillo, la Asamblea Nacional, el Indepabis y el Ministerio de Vivienda, entre otros, para informar sobre la situación del conjunto residencial.
"Los niveles de avance de nuestras obras pueden ser constatados con una simple visita de inspección. Nuestros compradores pueden dar fe de que hasta el pasado viernes estaban alrededor de 600 obreros, profesionales y técnicos trabajando en la construcción de sus apartamentos".
La empresa manifestó su disposición a escuchar las quejas que pudieran tener algunos compradores, pero solicitó ser excluida de acusaciones genéricas que perjudican su imagen.
El gremio señala, mediante un comunicado, que las medidas causan incertidumbre tanto en las familias que están actualmente comprando una vivienda a través del mecanismo de preventa como en las empresas constructoras. "Es evidente que estas decisiones desestimulan la inversión privada, pues generan la sensación de una enorme inseguridad jurídica".
Agrega que la expropiación no es la medida más indicada para castigar a las compañías que incumplen con las fechas de entrega de los proyectos o cometen otras faltas durante el proceso de preventa, porque las leyes que rigen al sector habitacional establecen multas y sanciones que el Ejecutivo nacional puede aplicar en esos casos.
La CVC considera, además, que para reducir el déficit de vivienda acumulado en el país es necesario constituir una mesa técnica en la que todos los actores puedan aportar soluciones. "Una vez más, informamos que estamos a disposición del Ejecutivo y de todo el país para lograr una alianza nacional para la construcción y la vivienda".
Sin interrupciones. La promotora que construye el conjunto residencial El EncantadoHumboldt, en El Hatillo, uno de los afectados por la medida gubernamental, asegura que las obras no se han retrasado en ningún momento y que los compradores han sido informados permanentemente del avance de los trabajos.
"Desde hace tres años, cuando iniciamos el proceso de preventa de nuestros apartamentos y el consiguiente proceso de urbanismo y construcción, nunca hemos interrumpido la comunicación cotidiana directa y personalizada con todos y cada uno de nuestros compradores", indica en un comunicado.
Señala que se han reunido con representantes de organismos gubernamentales como la Alcaldía del Municipio El Hatillo, la Asamblea Nacional, el Indepabis y el Ministerio de Vivienda, entre otros, para informar sobre la situación del conjunto residencial.
"Los niveles de avance de nuestras obras pueden ser constatados con una simple visita de inspección. Nuestros compradores pueden dar fe de que hasta el pasado viernes estaban alrededor de 600 obreros, profesionales y técnicos trabajando en la construcción de sus apartamentos".
La empresa manifestó su disposición a escuchar las quejas que pudieran tener algunos compradores, pero solicitó ser excluida de acusaciones genéricas que perjudican su imagen.
Gobierno controlará la totalidad de la producción de cabillas
La expropiación de la Siderúrgica del Turbio –anunciada por el presidente Hugo Chávez el domingo– otorgará al Gobierno el control total de la producción de cabillas, insumo fundamental para la construcción de viviendas y obras de infraestructura.
El Estado ya controlaba más de la mitad de la producción a través de la Siderúrgica del Orinoco, comprada al grupo argentino Techint en 2007, y el Centro Socialista de Producción de Cabillas, expropiado en 2009. Con la adquisición forzosa de Sidetur obtendrá casi 100%.
"La medida viene a acelerar el proceso de destrucción del sector privado y de la economía del país que adelanta desde hace varios años el actual Gobierno y que está generando como consecuencia una fuerte disminución de la producción", señala Conindustria en un comunicado.
Carlos Larrazábal, presidente del gremio, advirtió que pudiera repetirse la historia de las fabricantes de cementos Cemex, Holcim y Lafarge "que están experimentando un fuerte proceso de deterioro, como es el caso de la mayoría de las compañías que son expropiadas".
La Cámara Venezolana de la Construcción teme que la expropiación de Sidetur empeore los problemas con el suministro de cabillas, que ha descendido 45% en lo que va de 2010 por factores como la conflictividad laboral y el racionamiento eléctrico.
"Nos preocupa el impacto de la medida. La incertidumbre en la producción de este insumo fundamental para el sector pudiera representar una importante disminución de la velocidad de construcción de proyectos", señala la CVC en nota de prensa.
El gremio solicitó al Gobierno impulsar la producción de cabillas de las empresas estatales Ceproca y Sidor para que recobre el ritmo que requiere el sector construcción, que "es uno de los principales motores de reactivación económica porque genera empleo en todo el país".
Acciones legales. La junta directiva de Sidetur dijo, mediante un comunicado, que no existen razones objetivas para justificar la expropiación. "Somos una empresa en pleno funcionamiento, socialmente responsable, respetuosa de la legalidad vigente y cumplidora de todas sus obligaciones".
Rechazó las acusaciones de especulación en los precios. "La empresa ha cumplido estrictamente con la regulación decretada por el Ejecutivo, que mantiene los precios congelados desde el 6 de diciembre de 2006, aun cuando la inflación acumulada desde esa fecha es cercana a 100%".
Informó que ejercerá las acciones legales que sean necesarias para resguardar los derechos de trabajadores, proveedores, clientes y accionistas; así como para que se respeten las garantías establecidas en la Constitución.
También recordó que cualquier medida de ocupación previa de las instalaciones debe ser ordenada por un juez y estar precedida por el pago del justiprecio, como lo establece la Ley de Expropiación.
Publicado en El Nacional
El Estado ya controlaba más de la mitad de la producción a través de la Siderúrgica del Orinoco, comprada al grupo argentino Techint en 2007, y el Centro Socialista de Producción de Cabillas, expropiado en 2009. Con la adquisición forzosa de Sidetur obtendrá casi 100%.
"La medida viene a acelerar el proceso de destrucción del sector privado y de la economía del país que adelanta desde hace varios años el actual Gobierno y que está generando como consecuencia una fuerte disminución de la producción", señala Conindustria en un comunicado.
Carlos Larrazábal, presidente del gremio, advirtió que pudiera repetirse la historia de las fabricantes de cementos Cemex, Holcim y Lafarge "que están experimentando un fuerte proceso de deterioro, como es el caso de la mayoría de las compañías que son expropiadas".
La Cámara Venezolana de la Construcción teme que la expropiación de Sidetur empeore los problemas con el suministro de cabillas, que ha descendido 45% en lo que va de 2010 por factores como la conflictividad laboral y el racionamiento eléctrico.
"Nos preocupa el impacto de la medida. La incertidumbre en la producción de este insumo fundamental para el sector pudiera representar una importante disminución de la velocidad de construcción de proyectos", señala la CVC en nota de prensa.
El gremio solicitó al Gobierno impulsar la producción de cabillas de las empresas estatales Ceproca y Sidor para que recobre el ritmo que requiere el sector construcción, que "es uno de los principales motores de reactivación económica porque genera empleo en todo el país".
Acciones legales. La junta directiva de Sidetur dijo, mediante un comunicado, que no existen razones objetivas para justificar la expropiación. "Somos una empresa en pleno funcionamiento, socialmente responsable, respetuosa de la legalidad vigente y cumplidora de todas sus obligaciones".
Rechazó las acusaciones de especulación en los precios. "La empresa ha cumplido estrictamente con la regulación decretada por el Ejecutivo, que mantiene los precios congelados desde el 6 de diciembre de 2006, aun cuando la inflación acumulada desde esa fecha es cercana a 100%".
Informó que ejercerá las acciones legales que sean necesarias para resguardar los derechos de trabajadores, proveedores, clientes y accionistas; así como para que se respeten las garantías establecidas en la Constitución.
También recordó que cualquier medida de ocupación previa de las instalaciones debe ser ordenada por un juez y estar precedida por el pago del justiprecio, como lo establece la Ley de Expropiación.
Publicado en El Nacional
jueves, 7 de octubre de 2010
Decretos de expropiación incumplen garantías constitucionales
El decreto de expropiación de Agroisleña, al igual que los de otras empresas tomadas por el Gobierno en los últimos años, incumple con las garantías que la Constitución de 1999 establece para los casos en que es necesario expropiar, aseguró el abogado Tomás Arias, director del Observatorio de la Propiedad Privada de la organización no gubernamental Liderazgo y Visión.
"Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes", indica el artículo 115 de la carta magna, que garantiza el derecho de toda persona al uso, goce, disfrute y disposición de sus propiedades.
Arias dijo que ninguno de los requisitos señalados en la Constitución han sido cumplidos por el Gobierno en el caso de Agroisleña, principal proveedora de insumos agrícolas del país. En primer lugar, la expropiación se ordenó sin una declaración previa de utilidad pública, que la Asamblea Nacional debió hacer por tratarse de una empresa con presencia en todo el territorio.
La declaración genérica hecha por el Gobierno en la Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria –que es la utilizada en el decreto de expropiación de Agroisleña– es insuficiente, según Arias. "La declaración de utilidad pública tiene que ser específica sobre una actividad, un rubro o una instalación; porque debe estar bien justificada".
La ocupación de las instalaciones de Agroisleña en varias ciudades del país por funcionarios de la Guardia Nacional, además, se produjo sin que hubiera un dictamen judicial que la ordenara. El Gobierno tampoco ha hecho el avalúo para determinar el valor de los bienes expropiados. "Es una medida inconstitucional, es una vía de hecho", afirmó Arias.
Sentencia sin juicio. El abogado Luis Alfonso Herrera, integrante del Observatorio Económico Legislativo de Cedice Libertad, agregó que el decreto de expropiación de Agroisleña no ofrece razones adecuadas para justificar la adquisición forzosa.
"El decreto afirma que la empresa incurrió en especulación y prácticas contrarias a la libre competencia. Mi pregunta es ¿dónde están los actos firmes, del Indepabis y de Procompetencia, en los que se declare que Agroisleña cometió esos ilícitos?", dijo.
Herrera indicó que el Presidente no tiene competencia para determinar si la empresa cometió esas irregularidades, de acuerdo con las leyes para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios y para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia.
Otra irregularidad que contiene el decreto, según Herrera, es que afirma que la expropiación es necesaria para la ejecución de un proyecto socialista, pero no muestra algún estudio para determinar eso.
"El decreto de expropiación se dictó con total arbitrariedad y sin motivos verificables. Estamos ante una nueva expoliación violatoria de la Constitución de 1999", aseguró Herrera.
Escrito junto con Katiuska Hernández
Publicado en El Nacional
Arias dijo que ninguno de los requisitos señalados en la Constitución han sido cumplidos por el Gobierno en el caso de Agroisleña, principal proveedora de insumos agrícolas del país. En primer lugar, la expropiación se ordenó sin una declaración previa de utilidad pública, que la Asamblea Nacional debió hacer por tratarse de una empresa con presencia en todo el territorio.
La declaración genérica hecha por el Gobierno en la Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria –que es la utilizada en el decreto de expropiación de Agroisleña– es insuficiente, según Arias. "La declaración de utilidad pública tiene que ser específica sobre una actividad, un rubro o una instalación; porque debe estar bien justificada".
La ocupación de las instalaciones de Agroisleña en varias ciudades del país por funcionarios de la Guardia Nacional, además, se produjo sin que hubiera un dictamen judicial que la ordenara. El Gobierno tampoco ha hecho el avalúo para determinar el valor de los bienes expropiados. "Es una medida inconstitucional, es una vía de hecho", afirmó Arias.
Sentencia sin juicio. El abogado Luis Alfonso Herrera, integrante del Observatorio Económico Legislativo de Cedice Libertad, agregó que el decreto de expropiación de Agroisleña no ofrece razones adecuadas para justificar la adquisición forzosa.
"El decreto afirma que la empresa incurrió en especulación y prácticas contrarias a la libre competencia. Mi pregunta es ¿dónde están los actos firmes, del Indepabis y de Procompetencia, en los que se declare que Agroisleña cometió esos ilícitos?", dijo.
Herrera indicó que el Presidente no tiene competencia para determinar si la empresa cometió esas irregularidades, de acuerdo con las leyes para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios y para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia.
Otra irregularidad que contiene el decreto, según Herrera, es que afirma que la expropiación es necesaria para la ejecución de un proyecto socialista, pero no muestra algún estudio para determinar eso.
"El decreto de expropiación se dictó con total arbitrariedad y sin motivos verificables. Estamos ante una nueva expoliación violatoria de la Constitución de 1999", aseguró Herrera.
Escrito junto con Katiuska Hernández
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martes, 19 de agosto de 2008
La estatización se concreta
A pocas horas de vencerse el plazo legal fijado para la estatización de las principales productoras de cemento del país –la mexicana Cemex, la suiza Holcim y la francesa Lafarge–, el Ejecutivo nacional firmó acuerdos de compra-venta con dos de las tres empresas afectadas por la medida.
El vicepresidente de la República, Ramón Carrizalez, indicó que el Estado logró acuerdos amistosos con Holcim y Lafarge. La empresa suiza vendió el 85% de las acciones por 552 millones de dólares, mientras que la francesa cedió el 89% de las acciones por 267 millones de dólares.
Las compañías transnacionales, agregó Carrizalez, se mantendrán como socios minoritarios en las nuevas empresas estatales: Holcim conservará el 15% y Lafarge el 6%. El Estado tiene un plazo de 60 días para cancelar el precio acordado a las empresas.
La mexicana Cemex, en cambio, no logró acordar los términos del traspaso de sus acciones al Estado, por lo que será expropiada. "Estamos obligados por la ley a proceder inmediatamente después de vencido el plazo", indicó el vicepresidente.
PARA LA TRANSICIÓN
Antes de conocerse el acuerdo de compra alcanzado con dos de las tres cementeras, el presidente Hugo Chávez creó –mediante decreto– las comisiones de transición que se encargarán de asumir el control operativo de las empresas estatizadas.
Según la Gaceta Oficial número 38.995, fechada el 15 de agosto pero difundida ayer, cada una de las comisiones estará integrada por cuatro integrantes, deberá instalarse de inmediato y podrá conformar los equipos o grupos técnicos que considere necesarios.
El objetivo de estas comisiones será, según el decreto, "garantizar la transferencia del control de todas las actividades que desarrollan las sociedades mercantiles Cemex Venezuela, Holcim Venezuela y Fábrica Nacional de Cementos (Lafarge) a las empresas estatales".
Las tres comisiones creadas por el Ejecutivo para la transición de la industria cementera están conformadas, en su mayoría, por funcionarios que ocupan –o han ocupado– cargos en la actual administración pública, aunque también hay representantes de otros sectores.
LOS ENCARGADOS
La comisión de transición de Cemex tendrá como coordinador a Elio Francisco Colmenares Goyo, quien se desempeña desde marzo de 2006 como viceministro de Industrias Ligeras. Previamente ocupó varios cargos en el Ministerio del Trabajo.
Otro integrante es Julio César Millán Zambrano, quien renunció a su cargo de diputado del Consejo Legislativo de Anzoátegui después de ser nombrado, el pasado 30 de junio, presidente de la Empresa de Producción Social de Insumos Básicos para la Construcción de Viviendas.
También figuran en este grupo Luis Salvador Velásquez Rosas, aparentemente vinculado a las empresas estatales del sector aluminio, y Reinaldo Getulio Álvarez Cohen, accionista y actual vicepresidente de Interbursa Casa de Bolsa.
En la comisión de Holcim están Ramón Ignacio Trujillo Serrano, ex gerente de finanzas del Fondo de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal y Afines; y William Adolfo Araque Ramírez, ex presidente de la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE).
De los otros dos integrantes del grupo que se encargará de la estatización de la cementera de origen suizo, Natacha Castillo González y Pedro Rogelio González, no se consiguió mayor información en una búsqueda por Internet.
La comisión de Lafarge también será presidida por un viceministro: el de Industrias Básicas, Jesús Enrique Paredes Rosales. Antes de ser nombrado para este cargo, en octubre de 2006, también tuvo posiciones importantes en Cadafe, Venezolana de Televisión y otros organismos.
Los otros integrantes son Luis Eduardo Reyes, Jesús Antonio Calvo y Blas Cuartín Sánchez. Sólo este último, ingeniero de profesión, tendría experiencia previa en la administración pública, específicamente en el extinto Ministerio de Desarrollo Urbano (actual Minfra) y el Seniat.
Publicado en TalCual
El vicepresidente de la República, Ramón Carrizalez, indicó que el Estado logró acuerdos amistosos con Holcim y Lafarge. La empresa suiza vendió el 85% de las acciones por 552 millones de dólares, mientras que la francesa cedió el 89% de las acciones por 267 millones de dólares.
Las compañías transnacionales, agregó Carrizalez, se mantendrán como socios minoritarios en las nuevas empresas estatales: Holcim conservará el 15% y Lafarge el 6%. El Estado tiene un plazo de 60 días para cancelar el precio acordado a las empresas.
La mexicana Cemex, en cambio, no logró acordar los términos del traspaso de sus acciones al Estado, por lo que será expropiada. "Estamos obligados por la ley a proceder inmediatamente después de vencido el plazo", indicó el vicepresidente.
PARA LA TRANSICIÓN
Antes de conocerse el acuerdo de compra alcanzado con dos de las tres cementeras, el presidente Hugo Chávez creó –mediante decreto– las comisiones de transición que se encargarán de asumir el control operativo de las empresas estatizadas.
Según la Gaceta Oficial número 38.995, fechada el 15 de agosto pero difundida ayer, cada una de las comisiones estará integrada por cuatro integrantes, deberá instalarse de inmediato y podrá conformar los equipos o grupos técnicos que considere necesarios.
El objetivo de estas comisiones será, según el decreto, "garantizar la transferencia del control de todas las actividades que desarrollan las sociedades mercantiles Cemex Venezuela, Holcim Venezuela y Fábrica Nacional de Cementos (Lafarge) a las empresas estatales".
Las tres comisiones creadas por el Ejecutivo para la transición de la industria cementera están conformadas, en su mayoría, por funcionarios que ocupan –o han ocupado– cargos en la actual administración pública, aunque también hay representantes de otros sectores.
LOS ENCARGADOS
La comisión de transición de Cemex tendrá como coordinador a Elio Francisco Colmenares Goyo, quien se desempeña desde marzo de 2006 como viceministro de Industrias Ligeras. Previamente ocupó varios cargos en el Ministerio del Trabajo.
Otro integrante es Julio César Millán Zambrano, quien renunció a su cargo de diputado del Consejo Legislativo de Anzoátegui después de ser nombrado, el pasado 30 de junio, presidente de la Empresa de Producción Social de Insumos Básicos para la Construcción de Viviendas.
También figuran en este grupo Luis Salvador Velásquez Rosas, aparentemente vinculado a las empresas estatales del sector aluminio, y Reinaldo Getulio Álvarez Cohen, accionista y actual vicepresidente de Interbursa Casa de Bolsa.
En la comisión de Holcim están Ramón Ignacio Trujillo Serrano, ex gerente de finanzas del Fondo de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal y Afines; y William Adolfo Araque Ramírez, ex presidente de la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE).
De los otros dos integrantes del grupo que se encargará de la estatización de la cementera de origen suizo, Natacha Castillo González y Pedro Rogelio González, no se consiguió mayor información en una búsqueda por Internet.
La comisión de Lafarge también será presidida por un viceministro: el de Industrias Básicas, Jesús Enrique Paredes Rosales. Antes de ser nombrado para este cargo, en octubre de 2006, también tuvo posiciones importantes en Cadafe, Venezolana de Televisión y otros organismos.
Los otros integrantes son Luis Eduardo Reyes, Jesús Antonio Calvo y Blas Cuartín Sánchez. Sólo este último, ingeniero de profesión, tendría experiencia previa en la administración pública, específicamente en el extinto Ministerio de Desarrollo Urbano (actual Minfra) y el Seniat.
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