Los padres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos hace 11 meses en Iguala (Guerrero) recorrieron decenas de embajadas en Ciudad de México en busca de apoyo diplomático para su reclamo de que se castigue a los responsables del crimen.
Los familiares entregaron en cada delegación una carta en la que piden a los gobiernos extranjeros que presionen a las autoridades mexicanas para acelerar la investigación y ratificar al grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
"El objetivo es que se incremente la presión internacional para que el gobierno se vea obligado a actuar", dijo Vidulfo Rosales, abogado de los familiares, al diario Reforma.
La publicación reseñó que los familiares se concentraron frente al Auditorio Nacional y el Metro Polanco antes de iniciar el recorrido por las embajadas, para lo cual se dividieron en dos grupos.
Luego de recorrer las legaciones de países como Alemania, Canadá, China y Vietnam, el punto de llegada de ambos grupos fue la embajada de la Unión Europea, donde realizaron una manifestación, según el diario El Universal. Los familiares culminaron la jornada con una marcha hasta el Zócalo.
Publicado en El Nacional
Mostrando entradas con la etiqueta Protesta. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Protesta. Mostrar todas las entradas
jueves, 27 de agosto de 2015
sábado, 2 de agosto de 2014
Cartagena recibió con protestas reunión entre Maduro y Santos
Cerca de medio centenar de personas manifestaron en Cartagena contra la visita del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que se reunió en esa ciudad con su homólogo de Colombia, Juan Manuel Santos, para repasar la agenda bilateral.
Los manifestantes -en su mayoría pertenecientes al partido Centro Democrático, fundado por el expresidente Álvaro Uribe- desplegaron pancartas con los nombres y las edades de algunos de los jóvenes detenidos en las protestas contra Maduro, reportó Efe.
"En Venezuela tiene que haber democracia y libertad de expresión y eso es los que estamos pidiendo hoy desde aquí", declaró Fernando Araújo, senador de Centro Democrático y organizador de la protesta.
"No estamos de acuerdo con el silencio cómplice de Santos, de permitir que Maduro venga a Colombia después de las violaciones de derechos humanos y de las detenciones injustas", dijo María Beatriz Salcedo, otra de las organizadoras.
Los mandatarios escogieron para la reunión de ayer -la cuarta entre ambos- un hotel rodeado por una plaza, que fue cortada al tráfico desde la mañana en previsión de que manifestantes se acercaran a protestar.
Más acuerdos. Santos y Maduro anunciaron que el encuentro sirvió para lograr acuerdos en la lucha contra el contrabando, comercio, energía, infraestructura y transporte; además de aprobar un plan de asistencia al pueblo wayúu, que vive a ambos lados de la frontera.
Confirmaron que se aplicarán las medidas acordadas en febrero para combatir el comercio ilegal, que incluyen centros de comando binacionales y un sistema de intercambio de información financiera para desarticular a los grupos que participan en el contrabando.
Agregaron que impulsarán el comercio formal con la aplicación de un sistema de pago en moneda nacional, la profundización del acuerdo de alcance parcial y la creación de una mesa de trabajo permanente para revisar mensualmente el cumplimiento de las políticas aprobadas en materia económica.
Publicado en El Nacional
Los manifestantes -en su mayoría pertenecientes al partido Centro Democrático, fundado por el expresidente Álvaro Uribe- desplegaron pancartas con los nombres y las edades de algunos de los jóvenes detenidos en las protestas contra Maduro, reportó Efe.
"En Venezuela tiene que haber democracia y libertad de expresión y eso es los que estamos pidiendo hoy desde aquí", declaró Fernando Araújo, senador de Centro Democrático y organizador de la protesta.
"No estamos de acuerdo con el silencio cómplice de Santos, de permitir que Maduro venga a Colombia después de las violaciones de derechos humanos y de las detenciones injustas", dijo María Beatriz Salcedo, otra de las organizadoras.
Los mandatarios escogieron para la reunión de ayer -la cuarta entre ambos- un hotel rodeado por una plaza, que fue cortada al tráfico desde la mañana en previsión de que manifestantes se acercaran a protestar.
Más acuerdos. Santos y Maduro anunciaron que el encuentro sirvió para lograr acuerdos en la lucha contra el contrabando, comercio, energía, infraestructura y transporte; además de aprobar un plan de asistencia al pueblo wayúu, que vive a ambos lados de la frontera.
Confirmaron que se aplicarán las medidas acordadas en febrero para combatir el comercio ilegal, que incluyen centros de comando binacionales y un sistema de intercambio de información financiera para desarticular a los grupos que participan en el contrabando.
Agregaron que impulsarán el comercio formal con la aplicación de un sistema de pago en moneda nacional, la profundización del acuerdo de alcance parcial y la creación de una mesa de trabajo permanente para revisar mensualmente el cumplimiento de las políticas aprobadas en materia económica.
Publicado en El Nacional
sábado, 12 de julio de 2014
"Pedir renuncia del presidente no es delito"
Abogados rechazaron que pedir la dimisión del presidente Nicolás Maduro constituya el delito estipulado en el artículo 143 del Código Penal, como afirmó la fiscal general, Luisa Ortega Díaz.
"Serán castigados los que se alcen públicamente, en actitud hostil, contra el gobierno legítimamente constituido", dicen las declaraciones. Ortega Díaz afirmó que se puede solicitar la renuncia de un funcionario, pero no amenazar con estar en la calle hasta que dimita.
"Pedir la renuncia del presidente con gente en la calle, con bombas incendiarias, con armas, con barricadas, con guayas para que se decapiten los motorizados que pasen por allí, indudablemente eso es una actitud hostil", declaró la fiscal.
El abogado Alberto Arteaga rechazó la hipótesis: "Los actos hostiles requeridos por la ley equivalen a acciones de guerra". Agregó que no se puede alegar que ha habido violencia en las protestas. "Quienes incurren en esos actos deben responder por sus acciones".
Elenis Rodríguez considera que las declaraciones de la fiscal anuncian que continuará la persecución a los ciudadanos que piensan distinto. "No es un delito que los venezolanos salgan a decir que las cosas no funcionan".
Repudio. Primero Justicia rechazó la intención del gobierno de denunciar al alcalde Ramón Muchacho y al dirigente Julio Borges por ir a cursos de la Fundación para el Análisis y Estudios Sociales, dirigida por el ex presidente de España José María Aznar. Aseguró que se sigue criminalizando a la disidencia y acosando a la dirigencia opositora.
Publicado en El Nacional
"Serán castigados los que se alcen públicamente, en actitud hostil, contra el gobierno legítimamente constituido", dicen las declaraciones. Ortega Díaz afirmó que se puede solicitar la renuncia de un funcionario, pero no amenazar con estar en la calle hasta que dimita.
"Pedir la renuncia del presidente con gente en la calle, con bombas incendiarias, con armas, con barricadas, con guayas para que se decapiten los motorizados que pasen por allí, indudablemente eso es una actitud hostil", declaró la fiscal.
El abogado Alberto Arteaga rechazó la hipótesis: "Los actos hostiles requeridos por la ley equivalen a acciones de guerra". Agregó que no se puede alegar que ha habido violencia en las protestas. "Quienes incurren en esos actos deben responder por sus acciones".
Elenis Rodríguez considera que las declaraciones de la fiscal anuncian que continuará la persecución a los ciudadanos que piensan distinto. "No es un delito que los venezolanos salgan a decir que las cosas no funcionan".
Repudio. Primero Justicia rechazó la intención del gobierno de denunciar al alcalde Ramón Muchacho y al dirigente Julio Borges por ir a cursos de la Fundación para el Análisis y Estudios Sociales, dirigida por el ex presidente de España José María Aznar. Aseguró que se sigue criminalizando a la disidencia y acosando a la dirigencia opositora.
Publicado en El Nacional
sábado, 5 de julio de 2014
Familia de Geraldine Moreno rechaza libertad a acusados de su muerte
Rosa Orozco y Saúl Moreno, padres de la estudiante Geraldine Moreno, rechazaron la medida cautelar sustitutiva de libertad con régimen de presentación a los sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana Paola Barroso y Franklin García, investigados por el asesinato de su hija durante una manifestación en el sector Tazajal de Valencia.
El Tribunal Sexto de Control del circuito judicial penal del estado Carabobo, a cargo de la juez Yoibeth Escalona, aprobó el beneficio procesal que permite a los funcionarios salir de la cárcel, aunque los obliga a presentarse cada siete días en el juzgado a petición de los fiscales del Ministerio Público que investigan el caso.
La Fiscalía solicitó la medida con el argumento de que la investigación de la muerte de Moreno, que falleció como consecuencia de un disparo de perdigones en la cara, no ha terminado. Pero los padres de Moreno rechazan la decisión porque consideran que se trata de una violación de los derechos humanos.
Orozco explicó que no comprenden por qué la justicia venezolana les otorga beneficios procesales a los acusados por el asesinato de su hija, cuando en otros casos muy sonados los tribunales han rechazado este tipo de medidas alegando que los detenidos estaban incursos en crímenes de lesa humanidad.
La madre cree que tantos los 2 GNB liberados, como los otros 23 que participaron en la represión de la manifestación del 19 de febrero en Tazajal, son cómplices del crimen de su hija. También señala al jefe del destacamento 24, Frank Díaz Osuna, por no haber presentado a los funcionarios a su cargo ante la Fiscalía.
Respuesta. El abogado Luis Armando Betancourt –integrante de la ONG Foro Penal Venezolano, que representa a los padres de Moreno– criticó el cambio de criterio del Ministerio Público, que al solicitar la orden de aprehensión consignó elementos que hacían presumir que los funcionarios eran responsables.
Betancourt también cuestionó la rapidez del tribunal en aprobar la medida cautelar, sin tomar en cuenta el recurso de oposición que los padres de Moreno interpusieron contra la solicitud de la Fiscalía. "Es extraño que el juez de control se haya pronunciado el mismo día".
El abogado precisó que el FPV estudia el expediente para evaluar las próximas acciones a tomar. La primera opción sería introducir un recurso de apelación ante la decisión del tribunal, pero no descartan otras opciones. "Vamos a ejercer todos los recursos posibles para que se haga justicia".
Betancourt agregó que, en el caso de que se agoten las vías dentro del sistema judicial venezolano, los padres de Moreno están dispuestos a acudir a instancias internacionales.
Escrito con Tibisay Romero. Publicado en El Nacional
El Tribunal Sexto de Control del circuito judicial penal del estado Carabobo, a cargo de la juez Yoibeth Escalona, aprobó el beneficio procesal que permite a los funcionarios salir de la cárcel, aunque los obliga a presentarse cada siete días en el juzgado a petición de los fiscales del Ministerio Público que investigan el caso.
La Fiscalía solicitó la medida con el argumento de que la investigación de la muerte de Moreno, que falleció como consecuencia de un disparo de perdigones en la cara, no ha terminado. Pero los padres de Moreno rechazan la decisión porque consideran que se trata de una violación de los derechos humanos.
Orozco explicó que no comprenden por qué la justicia venezolana les otorga beneficios procesales a los acusados por el asesinato de su hija, cuando en otros casos muy sonados los tribunales han rechazado este tipo de medidas alegando que los detenidos estaban incursos en crímenes de lesa humanidad.
La madre cree que tantos los 2 GNB liberados, como los otros 23 que participaron en la represión de la manifestación del 19 de febrero en Tazajal, son cómplices del crimen de su hija. También señala al jefe del destacamento 24, Frank Díaz Osuna, por no haber presentado a los funcionarios a su cargo ante la Fiscalía.
Respuesta. El abogado Luis Armando Betancourt –integrante de la ONG Foro Penal Venezolano, que representa a los padres de Moreno– criticó el cambio de criterio del Ministerio Público, que al solicitar la orden de aprehensión consignó elementos que hacían presumir que los funcionarios eran responsables.
Betancourt también cuestionó la rapidez del tribunal en aprobar la medida cautelar, sin tomar en cuenta el recurso de oposición que los padres de Moreno interpusieron contra la solicitud de la Fiscalía. "Es extraño que el juez de control se haya pronunciado el mismo día".
El abogado precisó que el FPV estudia el expediente para evaluar las próximas acciones a tomar. La primera opción sería introducir un recurso de apelación ante la decisión del tribunal, pero no descartan otras opciones. "Vamos a ejercer todos los recursos posibles para que se haga justicia".
Betancourt agregó que, en el caso de que se agoten las vías dentro del sistema judicial venezolano, los padres de Moreno están dispuestos a acudir a instancias internacionales.
Escrito con Tibisay Romero. Publicado en El Nacional
Comunidad rechaza cierre del colegio Alí Primera
Representantes de la Unidad Educativa Nacional Bolivariana Alí Primera y habitantes de la comunidad El Progreso protestaron en la avenida Victoria para rechazar el plan de convertir el colegio, ubicado en El Helicoide, en un centro de reclusión.
Los manifestantes trancaron el paso y mostraron pancartas con mensajes que recordaban al presidente Nicolás Maduro que el fallecido mandatario Hugo Chávez quería que El Helicoide se destinase a instituciones educativas.
Los letreros también tenían llamados al ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, quien estuvo a cargo del colegio durante su gestión como director del Sebin.
Los manifestantes subieron luego hasta El Helicoide para reunirse con delegados de los ministerios de Educación e Interior, Justicia y Paz. "No es justo que nos saquen a nuestros hijos para meter presos", dijo Erika Acevedo.
En el colegio Alí Primera, que tiene desde maternal hasta sexto grado, estudian 700 niños de las comunidades que están alrededor de la sede del Sebin.
Publicado en El Nacional
Los manifestantes trancaron el paso y mostraron pancartas con mensajes que recordaban al presidente Nicolás Maduro que el fallecido mandatario Hugo Chávez quería que El Helicoide se destinase a instituciones educativas.
Los letreros también tenían llamados al ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, quien estuvo a cargo del colegio durante su gestión como director del Sebin.
Los manifestantes subieron luego hasta El Helicoide para reunirse con delegados de los ministerios de Educación e Interior, Justicia y Paz. "No es justo que nos saquen a nuestros hijos para meter presos", dijo Erika Acevedo.
En el colegio Alí Primera, que tiene desde maternal hasta sexto grado, estudian 700 niños de las comunidades que están alrededor de la sede del Sebin.
Publicado en El Nacional
lunes, 23 de junio de 2014
Madre de Bassil Da Costa confía en que habrá justicia
El sistema judicial no le inspira confianza a Jeneth Frías, madre de Bassil Da Costa, el joven asesinado tras la marcha estudiantil del 12 de febrero. Pero ella se aferra a sus creencias religiosas para afirmar que el culpable será condenado. "Mi fe en Dios me dice que la justicia llegará".
Esta semana se conocerá el tribunal que llevará el juicio, luego de que el juez 48 de control admitiera la acusación presentada por la Fiscalía contra el comisario del Sebin José Perdomo, presunto autor del disparo que mató a Da Costa, y otros 7 funcionarios de los cuerpos de seguridad que también usaron indebidamente sus armas ese día.
Perdomo es el único que sigue detenido, porque los demás serán juzgados en libertad, otra razón para que Frías desconfíe del sistema judicial. "¿Por qué les dan beneficios a ellos, cuando hay evidencias de que cometieron delito, y mantienen presos a estudiantes sin pruebas?", pregunta.
Pero la madre insiste en que la justicia llegará. "No sólo para mi hijo sino para muchos jóvenes que están presos sin tener culpa de nada, simplemente porque el gobierno se antoja en mantenerlos allí. Me da tristeza como nuestro país se está cayendo a pedazos por la rabia y el odio", expresa.
A los acusados en el caso les dio un mensaje durante la audiencia preliminar. "Les dije que mi hijo tendrá un descanso eterno, pero lastimosamente ellos no, porque la conciencia no los iba a dejar en paz y estar preso es una muerte lenta".
Publicado en El Nacional
Esta semana se conocerá el tribunal que llevará el juicio, luego de que el juez 48 de control admitiera la acusación presentada por la Fiscalía contra el comisario del Sebin José Perdomo, presunto autor del disparo que mató a Da Costa, y otros 7 funcionarios de los cuerpos de seguridad que también usaron indebidamente sus armas ese día.
Perdomo es el único que sigue detenido, porque los demás serán juzgados en libertad, otra razón para que Frías desconfíe del sistema judicial. "¿Por qué les dan beneficios a ellos, cuando hay evidencias de que cometieron delito, y mantienen presos a estudiantes sin pruebas?", pregunta.
Pero la madre insiste en que la justicia llegará. "No sólo para mi hijo sino para muchos jóvenes que están presos sin tener culpa de nada, simplemente porque el gobierno se antoja en mantenerlos allí. Me da tristeza como nuestro país se está cayendo a pedazos por la rabia y el odio", expresa.
A los acusados en el caso les dio un mensaje durante la audiencia preliminar. "Les dije que mi hijo tendrá un descanso eterno, pero lastimosamente ellos no, porque la conciencia no los iba a dejar en paz y estar preso es una muerte lenta".
Publicado en El Nacional
jueves, 19 de junio de 2014
Critican beneficios a acusados en caso Da Costa
Abogados criticaron que el Poder Judicial otorgue beneficios procesales a presuntos violadores de derechos humanos, como los acusados como coautores por el crimen de Bassil Da Costa, mientras que mantiene privados de libertad a ciudadanos cuyo delito es ejercer el derecho de protestar.
El Tribunal 48 de Control decidió que el comisario del Sebin José Perdomo, presunto autor material del asesinato, seguirá en prisión durante el juicio; pero otorgó medida cautelar que permitirá a los otros siete involucrados en el caso ser juzgados en libertad.
La decisión beneficia a los funcionarios del Sebin Manuel Pérez, Edgardo Lara, Héctor Rodríguez, Jimmy Sáez y Josner Márquez; al sargento del Ejército Jonathan Rodríguez y al oficial de la PNB Andri Jaspe, acusados por uso indebido de arma orgánica y quebrantamiento de pactos internacionales.
"Siete funcionarios van a juicio en libertad. Sin embargo, Marco Coello, Christian Holdack y Leopoldo López serán juzgados en prisión", señaló Elenis Rodríguez, abogada de la Fundación por los Derechos y Equidad Ciudadana, que lleva el caso Da Costa.
"La pregunta que hacemos es por qué a presuntos violadores de los derechos humanos se les otorgan beneficios de este tipo y a otras personas no; es discriminatorio", dijo Jakeline Sandoval, de la Fundación por el Debido Proceso.
Sandoval agregó que aunque las medidas cautelares otorgadas están ajustadas a derecho, porque los delitos imputados así lo permiten, no son las más apropiadas para mostrar el interés del Estado en respetar los derechos humanos.
El movimiento estudiantil también criticó los beneficios para los funcionarios. "Han recibido un trato excesivamente benigno en comparación con la dureza aplicada a los 3.200 detenidos a lo largo de estos meses de protesta", afirmó Delibeth Briceño.
Publicado en El Nacional
El Tribunal 48 de Control decidió que el comisario del Sebin José Perdomo, presunto autor material del asesinato, seguirá en prisión durante el juicio; pero otorgó medida cautelar que permitirá a los otros siete involucrados en el caso ser juzgados en libertad.
La decisión beneficia a los funcionarios del Sebin Manuel Pérez, Edgardo Lara, Héctor Rodríguez, Jimmy Sáez y Josner Márquez; al sargento del Ejército Jonathan Rodríguez y al oficial de la PNB Andri Jaspe, acusados por uso indebido de arma orgánica y quebrantamiento de pactos internacionales.
"Siete funcionarios van a juicio en libertad. Sin embargo, Marco Coello, Christian Holdack y Leopoldo López serán juzgados en prisión", señaló Elenis Rodríguez, abogada de la Fundación por los Derechos y Equidad Ciudadana, que lleva el caso Da Costa.
"La pregunta que hacemos es por qué a presuntos violadores de los derechos humanos se les otorgan beneficios de este tipo y a otras personas no; es discriminatorio", dijo Jakeline Sandoval, de la Fundación por el Debido Proceso.
Sandoval agregó que aunque las medidas cautelares otorgadas están ajustadas a derecho, porque los delitos imputados así lo permiten, no son las más apropiadas para mostrar el interés del Estado en respetar los derechos humanos.
El movimiento estudiantil también criticó los beneficios para los funcionarios. "Han recibido un trato excesivamente benigno en comparación con la dureza aplicada a los 3.200 detenidos a lo largo de estos meses de protesta", afirmó Delibeth Briceño.
Publicado en El Nacional
miércoles, 18 de junio de 2014
A juicio acusados por asesinato de Da Costa
En la continuación de la audiencia preliminar contra los ocho funcionarios de seguridad imputados por el asesinato del joven Bassil Alejandro Da Costa Frías, que recibió un tiro en la cabeza tras la manifestación estudiantil del 12 de febrero, el juez Nelson Moncada, del Tribunal 48° de Control, decidió que las pruebas promovidas por el Ministerio Público son suficientes para admitir la acusación y enjuiciar a los funcionarios. Además declaró sin lugar las excepciones de la defensa.
El abogado Joel García, de la Fundación por los Derechos y Equidad Ciudadana, informó que ratificaron la privativa de libertad al funcionario del Sebin José Ramón Perdomo, presunto autor material de la muerte de Da Costa, por los delitos de homicidio intencional calificado con alevosía y por motivos innobles en grado de autor, uso indebido de arma orgánica, y quebrantamiento de pactos internacionales.
Señaló que además pasan a juicio en libertad con cautelar y régimen de presentación cada ocho días los funcionarios del Sebin Manuel Pérez, Edgardo Lara, Héctor Rodríguez, Yeimy Sáez y Jonfer Márquez; al sargento del Ejército Jonathan Rodríguez, y al oficial de la Policía Nacional Bolivariana Andri Jaspe. Todos fueron acusados de homicidio calificado, asociación para delinquir y obstaculización de la justicia, uso indebido de arma orgánica, y quebrantamiento de pactos internacionales.
El abogado relató que el Ministerio Público se vio obligado a cambiar de criterio y solicitar medida cautelar para estos funcionarios debido a que sus abogados exigieron el mismo trato que le dieron al también imputado José Miguel Domínguez, quien se encontraba prófugo de la justicia y en fecha 13 de mayo se puso a derecho, y de manera inexplicable, le fue otorgada libertad sin restricciones.
Destacó que José Ramón Perdomo fue sobreseído en cuanto al delito de homicidio calificado de Juan Montoya, conocido como "Guancho".
La madre de Da Costa, Jeneth Frías, declaró antes de la audiencia de ayer que su única aspiración es que los culpables de la muerte de su hijo sean condenados.
Escrito con Dulce María Rodríguez. Publicado en El Nacional
El abogado Joel García, de la Fundación por los Derechos y Equidad Ciudadana, informó que ratificaron la privativa de libertad al funcionario del Sebin José Ramón Perdomo, presunto autor material de la muerte de Da Costa, por los delitos de homicidio intencional calificado con alevosía y por motivos innobles en grado de autor, uso indebido de arma orgánica, y quebrantamiento de pactos internacionales.
Señaló que además pasan a juicio en libertad con cautelar y régimen de presentación cada ocho días los funcionarios del Sebin Manuel Pérez, Edgardo Lara, Héctor Rodríguez, Yeimy Sáez y Jonfer Márquez; al sargento del Ejército Jonathan Rodríguez, y al oficial de la Policía Nacional Bolivariana Andri Jaspe. Todos fueron acusados de homicidio calificado, asociación para delinquir y obstaculización de la justicia, uso indebido de arma orgánica, y quebrantamiento de pactos internacionales.
El abogado relató que el Ministerio Público se vio obligado a cambiar de criterio y solicitar medida cautelar para estos funcionarios debido a que sus abogados exigieron el mismo trato que le dieron al también imputado José Miguel Domínguez, quien se encontraba prófugo de la justicia y en fecha 13 de mayo se puso a derecho, y de manera inexplicable, le fue otorgada libertad sin restricciones.
Destacó que José Ramón Perdomo fue sobreseído en cuanto al delito de homicidio calificado de Juan Montoya, conocido como "Guancho".
La madre de Da Costa, Jeneth Frías, declaró antes de la audiencia de ayer que su única aspiración es que los culpables de la muerte de su hijo sean condenados.
Escrito con Dulce María Rodríguez. Publicado en El Nacional
sábado, 14 de junio de 2014
Fiscalía ha hecho acusaciones en 11 casos de muertes en protestas
El Ministerio Público ha acusado a los presuntos responsables de 11 de las 42 muertes ocurridas durante las protestas que se han registrado en las principales ciudades del país a partir de febrero, de acuerdo con lo expresado por la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, en su programa de radio.
El informe más reciente de la Fiscalía sobre las manifestaciones, publicado ayer, indica que han fallecido 32 civiles y 10 funcionarios, policiales o militares; mientras que 873 personas han resultado lesionadas: 595 civiles y 278 funcionarios.
Más de la mitad de las muertes han ocurrido en el área metropolitana de Caracas (12) y Carabobo (10). También se han registrado fallecidos en otros siete estados: Táchira (7), Mérida (4), Aragua (3), Lara (2), Zulia (2), Miranda (1) y Sucre (1). Estas entidades también concentran el mayor número de heridos durante las protestas.
El informe que hace el Ministerio Público precisa que dos de las muertes ocurridas durante las manifestaciones de los últimos meses son llevadas por la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales, que es la unidad encargada de investigar las violaciones de los derechos humanos.
Esa dirección ha abierto hasta el 11 de junio un total de 189 investigaciones: 185 por tratos crueles, 2 por tortura y 2 por homicidio consumado. Como resultado de sus pesquisas, hay 13 funcionarios detenidos, 5 con medidas cautelares (presentación ante tribunales cada 30 días) y 2 órdenes de captura pendientes por ejecutar.
El informe de la Fiscalía también revela que los cuerpos de seguridad del Estado han detenido a 3.306 personas por las manifestaciones, de las cuales 2.906 son adultos y 400 son menores de edad, lo que representa 12% del total. Casi un tercio de las personas (1.000) han sido capturadas en el área metropolitana de Caracas.
En el interior del país, los estados con más detenidos son Zulia (374), Táchira (303) y Carabobo (300). En Anzoátegui, Aragua, Barinas, Bolívar, Lara y Miranda el número de capturados supera el centenar. Amazonas y Delta Amacuro son las únicas entidades donde no ha habido aprehendidos en relación con las protestas.
El documento precisa que 148 personas siguen en prisión. Ortega Díaz afirmó en su programa de radio que solo 15 de ellas han acreditado su condición de estudiante. Estas últimas cifras de la Fiscalía contrastan con las que maneja el Foro Penal Venezolano, que sitúa el número de personas que aún está detenida en 113, incluidos 50 estudiantes.
Publicado en El Nacional
El informe más reciente de la Fiscalía sobre las manifestaciones, publicado ayer, indica que han fallecido 32 civiles y 10 funcionarios, policiales o militares; mientras que 873 personas han resultado lesionadas: 595 civiles y 278 funcionarios.
Más de la mitad de las muertes han ocurrido en el área metropolitana de Caracas (12) y Carabobo (10). También se han registrado fallecidos en otros siete estados: Táchira (7), Mérida (4), Aragua (3), Lara (2), Zulia (2), Miranda (1) y Sucre (1). Estas entidades también concentran el mayor número de heridos durante las protestas.
El informe que hace el Ministerio Público precisa que dos de las muertes ocurridas durante las manifestaciones de los últimos meses son llevadas por la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales, que es la unidad encargada de investigar las violaciones de los derechos humanos.
Esa dirección ha abierto hasta el 11 de junio un total de 189 investigaciones: 185 por tratos crueles, 2 por tortura y 2 por homicidio consumado. Como resultado de sus pesquisas, hay 13 funcionarios detenidos, 5 con medidas cautelares (presentación ante tribunales cada 30 días) y 2 órdenes de captura pendientes por ejecutar.
El informe de la Fiscalía también revela que los cuerpos de seguridad del Estado han detenido a 3.306 personas por las manifestaciones, de las cuales 2.906 son adultos y 400 son menores de edad, lo que representa 12% del total. Casi un tercio de las personas (1.000) han sido capturadas en el área metropolitana de Caracas.
En el interior del país, los estados con más detenidos son Zulia (374), Táchira (303) y Carabobo (300). En Anzoátegui, Aragua, Barinas, Bolívar, Lara y Miranda el número de capturados supera el centenar. Amazonas y Delta Amacuro son las únicas entidades donde no ha habido aprehendidos en relación con las protestas.
El documento precisa que 148 personas siguen en prisión. Ortega Díaz afirmó en su programa de radio que solo 15 de ellas han acreditado su condición de estudiante. Estas últimas cifras de la Fiscalía contrastan con las que maneja el Foro Penal Venezolano, que sitúa el número de personas que aún está detenida en 113, incluidos 50 estudiantes.
Publicado en El Nacional
jueves, 12 de junio de 2014
Denuncian que Fiscalía trabajó el caso Bassil Da Costa de espaldas a la familia
Ayer comenzó la audiencia preliminar contra los ocho funcionarios de seguridad imputados por el asesinato del joven carpintero Bassil Alejandro Da Costa Frías, de 24 años de edad, que recibió un disparo en la cabeza el 12 de febrero en la esquina de Tracabordo, a escasos metros del Ministerio Público.
Al final de la tarde el Tribunal 48° de Control solicitó diferir la audiencia para el martes 17 de junio, a las 10:00 am.
Abogados de Fundeci que representan a la madre de Bassil Da Costa, Jeneth Frías, denunciaron que la Fiscalía no la notificó de la investigación. "Ella se enteró de que había detenidos e imputados a través de los medios de comunicación. Ni el Ministerio Público ni los cuerpos policiales la contactaron. Eso es irregular porque ella es una víctima indirecta en ese homicidio y además es la madre. La investigación se hizo a espaldas de la víctima", denunció Joel García, de Fundeci.
Precisó que Frías entró en contacto con la ONG el 14 de abril, tres días después de que la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, anunció la presentación del acto conclusivo, en el que acusó al comisario del Sebin José Perdomo como presunto autor material bajo los cargos de homicidio intencional calificado con alevosía, uso indebido de arma orgánica y quebrantamiento de pacto internacional.
Además de Perdomo, el MP acusó a otros cinco Sebin (Manuel Pérez, Edgardo Lara, Héctor Rodríguez, Jimmy Sáez y Josner Márquez), al sargento del Ejército Jonathan Rodríguez y al oficial de la PNB Andri Jaspe por uso indebido de arma orgánica y quebrantamiento de pactos internacionales en grado de coautores.
La Fiscalía solicitó que se mantenga la privativa de libertad de los funcionarios imputados mientras se reanuda la audiencia preliminar.
Dolor de madre. "Mi hijo era sano, deportista, con principios y valores, y por alzar su voz ustedes lo asesinaron, él tenía derecho de vivir. ¿No estamos en un gobierno democrático?", dijo durante la audiencia la madre de Bassil Da Costa a los ocho funcionarios, en especial a Perdomo Camacho.
"Dejemos los odios, ese que usaron el Día de la Juventud cuando me arrancaron a mi Bassil y hasta la esperanza de ser abuela", recalcó Jeneth Frías.
El abogado Joel García precisó que Fundeci se plegó a la acusación fiscal porque las dificultades de acceso al expediente les impidieron promover elementos probatorios propios. "La Fiscalía pidió el pase a juicio de todos los imputados privados de libertad porque se trata de un delito contra los derechos humanos. Estamos de acuerdo con los elementos promovidos por el MP", indicó antes de entrar a la audiencia que comenzó pasadas las 3:00 pm.
Detalló que el tribunal impuso horarios para sacar copias al expediente y que el documento solo podía salir con un funcionario del tribunal.
Tercer imputado. En la segunda audiencia por el homicidio de Geraldine Moreno, que falleció el 22 de febrero a consecuencia de los disparos de perdigón que recibió en la cara durante una protesta antigubernamental realizada tres días antes, la Fiscalía imputó a otro funcionario de la GNB.
Por este caso ya estaban acusados dos funcionarios de la GNB, Paola Barroso y Franklin García, privados de libertad en el Comando Regional número 2, en Valencia, desde principios de mayo, cuando fueron puestos a la orden del Ministerio Público por el comandante general de ese cuerpo, mayor general Justo Noguera Pietri.
"El tribunal ordenó detener al tercer imputado, de apellido Bonilla, que será enviado al Comando Regional número 25, en Puerto Cabello", informó Rosa Orozco, madre de Moreno, al salir de la audiencia.
Orozco agregó que todavía no se ha establecido una fecha para la próxima audiencia, pero aclaró que debería realizarse alrededor del 22 de junio, cuando los 2 primeros imputados cumplen 45 días detenidos.
Escrito con Maru Morales. Publicado en El Nacional
Al final de la tarde el Tribunal 48° de Control solicitó diferir la audiencia para el martes 17 de junio, a las 10:00 am.
Abogados de Fundeci que representan a la madre de Bassil Da Costa, Jeneth Frías, denunciaron que la Fiscalía no la notificó de la investigación. "Ella se enteró de que había detenidos e imputados a través de los medios de comunicación. Ni el Ministerio Público ni los cuerpos policiales la contactaron. Eso es irregular porque ella es una víctima indirecta en ese homicidio y además es la madre. La investigación se hizo a espaldas de la víctima", denunció Joel García, de Fundeci.
Precisó que Frías entró en contacto con la ONG el 14 de abril, tres días después de que la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, anunció la presentación del acto conclusivo, en el que acusó al comisario del Sebin José Perdomo como presunto autor material bajo los cargos de homicidio intencional calificado con alevosía, uso indebido de arma orgánica y quebrantamiento de pacto internacional.
Además de Perdomo, el MP acusó a otros cinco Sebin (Manuel Pérez, Edgardo Lara, Héctor Rodríguez, Jimmy Sáez y Josner Márquez), al sargento del Ejército Jonathan Rodríguez y al oficial de la PNB Andri Jaspe por uso indebido de arma orgánica y quebrantamiento de pactos internacionales en grado de coautores.
La Fiscalía solicitó que se mantenga la privativa de libertad de los funcionarios imputados mientras se reanuda la audiencia preliminar.
Dolor de madre. "Mi hijo era sano, deportista, con principios y valores, y por alzar su voz ustedes lo asesinaron, él tenía derecho de vivir. ¿No estamos en un gobierno democrático?", dijo durante la audiencia la madre de Bassil Da Costa a los ocho funcionarios, en especial a Perdomo Camacho.
"Dejemos los odios, ese que usaron el Día de la Juventud cuando me arrancaron a mi Bassil y hasta la esperanza de ser abuela", recalcó Jeneth Frías.
El abogado Joel García precisó que Fundeci se plegó a la acusación fiscal porque las dificultades de acceso al expediente les impidieron promover elementos probatorios propios. "La Fiscalía pidió el pase a juicio de todos los imputados privados de libertad porque se trata de un delito contra los derechos humanos. Estamos de acuerdo con los elementos promovidos por el MP", indicó antes de entrar a la audiencia que comenzó pasadas las 3:00 pm.
Detalló que el tribunal impuso horarios para sacar copias al expediente y que el documento solo podía salir con un funcionario del tribunal.
Tercer imputado. En la segunda audiencia por el homicidio de Geraldine Moreno, que falleció el 22 de febrero a consecuencia de los disparos de perdigón que recibió en la cara durante una protesta antigubernamental realizada tres días antes, la Fiscalía imputó a otro funcionario de la GNB.
Por este caso ya estaban acusados dos funcionarios de la GNB, Paola Barroso y Franklin García, privados de libertad en el Comando Regional número 2, en Valencia, desde principios de mayo, cuando fueron puestos a la orden del Ministerio Público por el comandante general de ese cuerpo, mayor general Justo Noguera Pietri.
"El tribunal ordenó detener al tercer imputado, de apellido Bonilla, que será enviado al Comando Regional número 25, en Puerto Cabello", informó Rosa Orozco, madre de Moreno, al salir de la audiencia.
Orozco agregó que todavía no se ha establecido una fecha para la próxima audiencia, pero aclaró que debería realizarse alrededor del 22 de junio, cuando los 2 primeros imputados cumplen 45 días detenidos.
Escrito con Maru Morales. Publicado en El Nacional
martes, 27 de mayo de 2014
Reprimieron a militares del 4-F en Miraflores
Un grupo de soldados que participó en el golpe de Estado del 4 de febrero de 1992 fue reprimido con gases lacrimógenos y perdigones cuando protestaba frente al Palacio de Miraflores ayer en la tarde.
"Apenas llegamos comenzaron a arremeter contra nosotros. La Guardia Nacional tuvo una actitud hostil desde el principio", dijo Luis Sequeda, coordinador de los colectivos que agrupan a los soldados.
Los colectivos exigen que se cumpla el decreto firmado por Hugo Chávez en 2012 que permite a los combatientes del 4-F y del 27-N reincorporarse a la FANB con el grado inmediatamente superior y retirarse con los beneficios sociales correspondientes.
Una resolución del Ministerio de la Defensa otorgó 100% de pensión a Diosdado Cabello, Pedro Carreño, Rafael Isea y Jesse Chacón, entre otros. Sin embargo, quienes manifestaron ayer no han recibido los beneficios ofrecidos.
Sequeda explicó que en noviembre el gobierno aprobó a 1.190 soldados una pensión de 3.200 bolívares (sueldo mínimo de entonces), que ni cumple con el decreto ni beneficia a todos los que combatieron el 4-F (más de 3.000).
Los colectivos introdujeron cuatro amparos en el Tribunal Supremo de Justicia, pero ninguno ha sido tomado en cuenta. Ayer a su abogado, Américo Gutiérrez, le impidieron entrar a la corte para informarse sobre el estatus de los recursos.
Sequeda no entiende por qué el presidente Nicolás Maduro no ha aprobado el beneficio para los soldados y afirma que se quedarán en Caracas vienen de 16 estados hasta que logren su objetivo: "Somos revolucionarios. Solo pedimos que se cumpla el decreto".
Fuera de lo habitual. Mientras en Miraflores eran reprimidos los ex compañeros de Chávez, Maduro encabezó la transmisión de mando de la Comandancia General de la Aviación Militar en un acto en Aragua.
Aunque los cambios militares tradicionalmente se realizan en julio, Eutimio José Criollo Villalobos fue ascendido a mayor general y reemplazó al frente de la Aviación al mayor general Giuseppe Ángelo Yoffreda Yorio.
Esta es la segunda sustitución de un alto jefe militar que Maduro realiza en menos de una semana. El jueves pasado cambió al general Miguel Quevedo por el general Fabio Zavarse Pabón como jefe del Comando Regional 5 de la GNB.
Escrito con Sofía Nedder. Publicado en El Nacional
"Apenas llegamos comenzaron a arremeter contra nosotros. La Guardia Nacional tuvo una actitud hostil desde el principio", dijo Luis Sequeda, coordinador de los colectivos que agrupan a los soldados.
Los colectivos exigen que se cumpla el decreto firmado por Hugo Chávez en 2012 que permite a los combatientes del 4-F y del 27-N reincorporarse a la FANB con el grado inmediatamente superior y retirarse con los beneficios sociales correspondientes.
Una resolución del Ministerio de la Defensa otorgó 100% de pensión a Diosdado Cabello, Pedro Carreño, Rafael Isea y Jesse Chacón, entre otros. Sin embargo, quienes manifestaron ayer no han recibido los beneficios ofrecidos.
Sequeda explicó que en noviembre el gobierno aprobó a 1.190 soldados una pensión de 3.200 bolívares (sueldo mínimo de entonces), que ni cumple con el decreto ni beneficia a todos los que combatieron el 4-F (más de 3.000).
Los colectivos introdujeron cuatro amparos en el Tribunal Supremo de Justicia, pero ninguno ha sido tomado en cuenta. Ayer a su abogado, Américo Gutiérrez, le impidieron entrar a la corte para informarse sobre el estatus de los recursos.
Sequeda no entiende por qué el presidente Nicolás Maduro no ha aprobado el beneficio para los soldados y afirma que se quedarán en Caracas vienen de 16 estados hasta que logren su objetivo: "Somos revolucionarios. Solo pedimos que se cumpla el decreto".
Fuera de lo habitual. Mientras en Miraflores eran reprimidos los ex compañeros de Chávez, Maduro encabezó la transmisión de mando de la Comandancia General de la Aviación Militar en un acto en Aragua.
Aunque los cambios militares tradicionalmente se realizan en julio, Eutimio José Criollo Villalobos fue ascendido a mayor general y reemplazó al frente de la Aviación al mayor general Giuseppe Ángelo Yoffreda Yorio.
Esta es la segunda sustitución de un alto jefe militar que Maduro realiza en menos de una semana. El jueves pasado cambió al general Miguel Quevedo por el general Fabio Zavarse Pabón como jefe del Comando Regional 5 de la GNB.
Escrito con Sofía Nedder. Publicado en El Nacional
lunes, 3 de junio de 2013
Venezolanos protestaron contra el fraude electoral
Venezolanos residentes en el extranjero protestaron en 60 ciudades alrededor del mundo para denunciar que el gobierno del presidente Nicolás Maduro cometió fraude en las elecciones del 14 de abril y que ha emprendido posteriormente acciones de represión contra dirigentes opositores, medios de comunicación y funcionarios públicos.
"Por la verdad, Venezuela. Capriles ganó" fue la consigna escogida por la organización Veneverdad, encargada de promover la manifestación internacional a la que se sumaron venezolanos en Alemania, Australia, España, Estados Unidos, Francia, Honduras, Italia, México y Puerto Rico, entre otros países.
En Miami hubo una concentración en la calle 8 encabezada por los diputados a la Asamblea Nacional Miguel Ángel Rodríguez y Julio Montoya, la periodista Nitu Pérez Osuna, la actriz María Conchita Alonso y el consultor político J. J. Rendón, informó José Hernández, vocero del Comando Simón Bolívar.
También estuvo presente el ex embajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos, Guillermo Cochez, quien recordó las críticas que hizo desde su posición al Gobierno de Venezuela. "Si hay algo que me ha dado satisfacción en mi extensa vida pública ha sido lo que dije en la OEA. Me convertí en una especie de vocero de los venezolanos sin voz".
Impugnación. "Los venezolanos residenciados en Francia nos reunimos en asamblea ciudadana en la Plaza de los Derechos Humanos de Trocadero en París para decirle al mundo que Venezuela no se rinde frente al abuso, el ventajismo y el fraude electoral del 14 de abril", dice la proclama de quienes protestaron en la capital francesa.
El documento exige la impugnación de los comicios y denuncia la injerencia del Gobierno de Cuba, el secuestro de Globovisión y el cerco sobre la prensa independiente, entre otros problemas. "No se lo permitiremos. Somos tradición, afirmación y lucha por la libertad y la democracia. Venezuela no se rinde", concluye.
En Madrid 150 venezolanos se concentraron en el Parque El Retiro, según la agencia Efe. William Cárdenas, portavoz de la plataforma democrática de venezolanos en esa ciudad, declaró que el objetivo de la protesta es exigir una solución definitiva porque se está generando un clima de ingobernabilidad en el país.
Efe informó que 100 personas se concentraron en la Plaza de España, en Tenerife, atendiendo el llamado de la Unión Canario Venezolana, organización civil que aglutina a venezolanos en Canarias preocupados por la situación social y política del país.
Un día antes. En Barcelona, España, la protesta fue el sábado -para no coincidir con una importante festividad catalana- y tuvo como consigna "No más golpes ni mordazas. Libertad y democracia", informó Pedro Rodríguez, de la Asamblea de Venezolanos.
Varias decenas de personas se concentraron en la plaza Sant Jaume para informar a quienes pasaban por el lugar sobre la violencia en la Asamblea Nacional, la persecución a funcionarios públicos y el desabastecimiento, entre otros problemas.
Publicado en El Nacional
"Por la verdad, Venezuela. Capriles ganó" fue la consigna escogida por la organización Veneverdad, encargada de promover la manifestación internacional a la que se sumaron venezolanos en Alemania, Australia, España, Estados Unidos, Francia, Honduras, Italia, México y Puerto Rico, entre otros países.
En Miami hubo una concentración en la calle 8 encabezada por los diputados a la Asamblea Nacional Miguel Ángel Rodríguez y Julio Montoya, la periodista Nitu Pérez Osuna, la actriz María Conchita Alonso y el consultor político J. J. Rendón, informó José Hernández, vocero del Comando Simón Bolívar.
También estuvo presente el ex embajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos, Guillermo Cochez, quien recordó las críticas que hizo desde su posición al Gobierno de Venezuela. "Si hay algo que me ha dado satisfacción en mi extensa vida pública ha sido lo que dije en la OEA. Me convertí en una especie de vocero de los venezolanos sin voz".
Impugnación. "Los venezolanos residenciados en Francia nos reunimos en asamblea ciudadana en la Plaza de los Derechos Humanos de Trocadero en París para decirle al mundo que Venezuela no se rinde frente al abuso, el ventajismo y el fraude electoral del 14 de abril", dice la proclama de quienes protestaron en la capital francesa.
El documento exige la impugnación de los comicios y denuncia la injerencia del Gobierno de Cuba, el secuestro de Globovisión y el cerco sobre la prensa independiente, entre otros problemas. "No se lo permitiremos. Somos tradición, afirmación y lucha por la libertad y la democracia. Venezuela no se rinde", concluye.
En Madrid 150 venezolanos se concentraron en el Parque El Retiro, según la agencia Efe. William Cárdenas, portavoz de la plataforma democrática de venezolanos en esa ciudad, declaró que el objetivo de la protesta es exigir una solución definitiva porque se está generando un clima de ingobernabilidad en el país.
Efe informó que 100 personas se concentraron en la Plaza de España, en Tenerife, atendiendo el llamado de la Unión Canario Venezolana, organización civil que aglutina a venezolanos en Canarias preocupados por la situación social y política del país.
Un día antes. En Barcelona, España, la protesta fue el sábado -para no coincidir con una importante festividad catalana- y tuvo como consigna "No más golpes ni mordazas. Libertad y democracia", informó Pedro Rodríguez, de la Asamblea de Venezolanos.
Varias decenas de personas se concentraron en la plaza Sant Jaume para informar a quienes pasaban por el lugar sobre la violencia en la Asamblea Nacional, la persecución a funcionarios públicos y el desabastecimiento, entre otros problemas.
Publicado en El Nacional
Suscribirse a:
Entradas (Atom)