El proyecto de ley de emergencia para terrenos urbanos y vivienda, presentado por el Gobierno para atender la situación causada por las lluvias de las últimas semanas, no será el único que pasará al Poder Ejecutivo gracias a la Ley Habilitante que el presidente Hugo Chávez solicitó el sábado y que la Asamblea Nacional prevé aprobar esta semana.
El diputado Luis Gamargo, presidente de la Comisión de Administración y Servicios del Parlamento, aseguró que las tres legislaciones relacionadas con vivienda, que estaban pendientes en esa instancia, quedarán en manos del primer mandatario. Eso incluye el proyecto de ley de preventa y la reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.
El informe para segunda discusión del proyecto de ley de preventa –aprobado en primera instancia en enero de 2010– recibió el visto bueno de la Comisión de Administración y Servicios Públicos el 10 de noviembre, pero la directiva del Parlamento nunca lo incluyó en la agenda de la plenaria porque estaba a la espera de la propuesta legal que presentaría el Ejecutivo.
Gamargo aclaró que el proyecto de ley de emergencia introducido por el Gobierno, aunque contiene disposiciones relacionadas con las transacciones de inmuebles en construcción, se refiere solamente a viviendas de interés social. Por tanto, el proyecto de ley de preventa que abarca todo el mercado inmobiliario sigue en pie.
La reforma de la Ley de Arrendamientos, en tanto, está pendiente desde 2007, cuando fue aprobada en primera discusión por la plenaria de la Asamblea Nacional. Chávez pidió en varias ocasiones que la modificación incluyese un mecanismo para que los inquilinos con más de 20 años puedan comprar el inmueble donde viven, pero ningún papel de trabajo incorporó la idea.
Agenda por definir. En las otras comisiones vinculadas con el área económica no tienen tan claro si las normas que están en discusión serán aprobadas en lo que queda del período parlamentario actual –los diputados electos en septiembre asumirán el 5 de enero– o pasarán al Poder Ejecutivo para que las sancione dentro de la Ley Habilitante.
El diputado Ricardo Sanguino, presidente de la Comisión de Finanzas, dijo que el objetivo de esa instancia es presentar el informe para segunda discusión en plenaria del proyecto de ley de instituciones del sector bancario –que sustituirá la Ley General de Bancos– en los próximos días, para que la normativa sea sancionada por la Asamblea Nacional.
Sanguino no descartó, sin embargo, que la propuesta legal sea enviada al Ejecutivo en caso de que no se logre el objetivo de aprobarla en el período parlamentario actual. Igual suerte correría el proyecto de ley de banca pública, que está más atrasado porque ni siquiera ha sido aprobado en primera discusión.
El diputado Johnny Milano, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico, desconoce si la reforma de la Ley de Financiamiento y Refinanciamiento Agrícola propuesta por esa instancia –en vista de que la norma se vence el 31 de diciembre– será trabajada en la Asamblea Nacional o pasará a manos del Ejecutivo.
Milano indicó que la reforma busca crear nuevas opciones de refinanciamiento para los productores agrícolas, por los daños que las lluvias recientes causaron al sector primario de la economía.
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martes, 14 de diciembre de 2010
miércoles, 17 de noviembre de 2010
Proponen fideicomiso para las preventas
La Cámara Inmobiliaria de Venezuela planteó la posibilidad de que el mecanismo de preventa funcione a través de fideicomisos –constituidos en bancos privados o públicos– en los que se depositen los recursos que los compradores cancelan como inicial, para que sean usados exclusivamente en la construcción de las viviendas preadquiridas.
"Es una propuesta para salvaguardar los intereses de los compradores, pues garantiza que el dinero recibido será utilizado en las obras y no con otros fines, como pareciera que ha ocurrido en algunos casos", dijo Aquiles Martini, presidente del gremio, luego de una reunión con los diputados de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional.
Martini presentó a los parlamentarios las observaciones del sector inmobiliario acerca del proyecto de ley de preventa, aprobado la semana pasada por la Comisión. Además de la figura del fideicomiso, planteó la agilización de la entrega de permisos vinculados con la construcción y de la protocolización de los documentos de propiedad.
"Estamos solicitando una audiencia con la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional para buscar soluciones a los problemas con los registros públicos para protocolizar. Algunos sólo aceptan entre 5 y 10 documentos por promotor cada semana. Eso quiere decir que un empresario que tenga 500 viviendas se tardará al menos 50 semanas en este proceso", relató.
La diputada Laura Valls informó que, aunque el proyecto de ley de preventa fue aprobado por la Comisión, tomarán en cuenta las observaciones de la Cámara Inmobiliaria. "La idea es fortalecer este instrumento, que busca evitar las desviaciones que existen en la preventa y proteger a los compradores, sin detener la construcción de inmuebles".
Agregó que también esperan por el proyecto de ley para regular el sector inmobiliario, para saber si el asunto de la preventa será incluido allí o se tratará por separado. En todo caso, espera que antes de que finalice el año haya un marco legal sobre la materia.
Publicado en El Nacional
"Es una propuesta para salvaguardar los intereses de los compradores, pues garantiza que el dinero recibido será utilizado en las obras y no con otros fines, como pareciera que ha ocurrido en algunos casos", dijo Aquiles Martini, presidente del gremio, luego de una reunión con los diputados de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional.
Martini presentó a los parlamentarios las observaciones del sector inmobiliario acerca del proyecto de ley de preventa, aprobado la semana pasada por la Comisión. Además de la figura del fideicomiso, planteó la agilización de la entrega de permisos vinculados con la construcción y de la protocolización de los documentos de propiedad.
"Estamos solicitando una audiencia con la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional para buscar soluciones a los problemas con los registros públicos para protocolizar. Algunos sólo aceptan entre 5 y 10 documentos por promotor cada semana. Eso quiere decir que un empresario que tenga 500 viviendas se tardará al menos 50 semanas en este proceso", relató.
La diputada Laura Valls informó que, aunque el proyecto de ley de preventa fue aprobado por la Comisión, tomarán en cuenta las observaciones de la Cámara Inmobiliaria. "La idea es fortalecer este instrumento, que busca evitar las desviaciones que existen en la preventa y proteger a los compradores, sin detener la construcción de inmuebles".
Agregó que también esperan por el proyecto de ley para regular el sector inmobiliario, para saber si el asunto de la preventa será incluido allí o se tratará por separado. En todo caso, espera que antes de que finalice el año haya un marco legal sobre la materia.
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sábado, 13 de noviembre de 2010
"Las irregularidades son casos aislados"
El presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, Juan Francisco Jiménez, aseguró que las irregularidades que pudieran haber en algunos desarrollos residenciales son casos aislados. "Es un error meter a todos los constructores en el mismo saco. Se habla de 2.000 denuncias, una cifra baja con respecto a las casi 100.000 viviendas que se edifican actualmente".
Jiménez afirmó que el gremio no avala conductas indebidas de las empresas, sean afiliadas o no, sino que más bien apoya las investigaciones de las autoridades –siempre que se respete el derecho al debido proceso– para determinar quiénes actuaron de manera irregular. "El que cometió un ilícito tiene que asumir su responsabilidad".
Sobre los 33 conjuntos residenciales que el presidente Hugo Chávez ordenó expropiar o intervenir hace dos semanas, indicó que es necesario hacer un análisis exhaustivo de cada uno para precisar en cuáles hubo actuaciones irregulares o ilegales por parte de las empresas y en cuáles se presentaron inconvenientes propios de la construcción.
Recordó que los retrasos en las obras –una de las razones esgrimidas por las autoridades para intervenir los desarrollos– pueden deberse a factores ajenos al constructor, como los problemas con el suministro de insumos como acero y cemento o las limitaciones en el flujo de caja por la prohibición de cobrar el índice de precios al consumidor.
La venta de una misma vivienda a varias personas puede ser una estafa –como dicen las autoridades– o un procedimiento legítimo, en el supuesto de que el constructor rescindiera un contrato por falta de pago y ofreciera el inmueble a otro comprador. "Es injusto dar el mismo tratamiento a todos los casos".
Trabajo conjunto. Jiménez hizo un llamado al Gobierno para que evite las acusaciones generalizadas contra el gremio, pues crean un clima de incertidumbre que atenta contra la posibilidad de reducir el déficit de vivienda que existe en el país, calculado en 2 millones de unidades.
Aseguró que la única manera de resolver el problema es concretar una alianza entre el sector público y privado, como recientemente se hizo en Brasil con resultados muy positivos, y reiteró la disposición del gremio a sentarse a una mesa técnica con las autoridades.
Los constructores piensan que una forma de estimular la edificación de viviendas, además de ofrecer seguridad jurídica, es que el Gobierno utilice los recursos anunciados para el sector en garantizar la producción de insumos y aumentar los subsidios al comprador.
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Jiménez afirmó que el gremio no avala conductas indebidas de las empresas, sean afiliadas o no, sino que más bien apoya las investigaciones de las autoridades –siempre que se respete el derecho al debido proceso– para determinar quiénes actuaron de manera irregular. "El que cometió un ilícito tiene que asumir su responsabilidad".
Sobre los 33 conjuntos residenciales que el presidente Hugo Chávez ordenó expropiar o intervenir hace dos semanas, indicó que es necesario hacer un análisis exhaustivo de cada uno para precisar en cuáles hubo actuaciones irregulares o ilegales por parte de las empresas y en cuáles se presentaron inconvenientes propios de la construcción.
Recordó que los retrasos en las obras –una de las razones esgrimidas por las autoridades para intervenir los desarrollos– pueden deberse a factores ajenos al constructor, como los problemas con el suministro de insumos como acero y cemento o las limitaciones en el flujo de caja por la prohibición de cobrar el índice de precios al consumidor.
La venta de una misma vivienda a varias personas puede ser una estafa –como dicen las autoridades– o un procedimiento legítimo, en el supuesto de que el constructor rescindiera un contrato por falta de pago y ofreciera el inmueble a otro comprador. "Es injusto dar el mismo tratamiento a todos los casos".
Trabajo conjunto. Jiménez hizo un llamado al Gobierno para que evite las acusaciones generalizadas contra el gremio, pues crean un clima de incertidumbre que atenta contra la posibilidad de reducir el déficit de vivienda que existe en el país, calculado en 2 millones de unidades.
Aseguró que la única manera de resolver el problema es concretar una alianza entre el sector público y privado, como recientemente se hizo en Brasil con resultados muy positivos, y reiteró la disposición del gremio a sentarse a una mesa técnica con las autoridades.
Los constructores piensan que una forma de estimular la edificación de viviendas, además de ofrecer seguridad jurídica, es que el Gobierno utilice los recursos anunciados para el sector en garantizar la producción de insumos y aumentar los subsidios al comprador.
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jueves, 11 de noviembre de 2010
Intervendrán construcciones paralizadas
más de tres meses
El proyecto de ley de preventa, que ayer recibió el visto bueno definitivo de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, permite a los compradores solicitar la intervención de los desarrollos de vivienda cuya construcción se paralice más de tres meses.
La medida será aplicada por una junta interventora formada por representantes del Ministerio de Vivienda y Hábitat, el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios, el ente financista de la obra y los compradores.
La junta deberá elaborar un plan de acción para terminar y entregar la obra en la brevedad posible. "Será algo similar a lo que sucede, en la práctica, con los 33 conjuntos residenciales en construcción intervenidos por el Gobierno la semana pasada", dijo la parlamentaria Laura Valls, autora del proyecto.
Los compradores también podrán exigir al empresario una indemnización en caso de que se retrase la construcción o la entrega de las viviendas. Además, el contrato tiene que especificar la fecha de la finalización de la obra, que será prorrogable –de mutuo acuerdo y una sola vez– por seis meses.
Otro aspecto que debe quedar claro en el contrato de preventa y que no podrá ser modificado bajo ningún concepto es el precio de la vivienda, que será calculado con base en dos factores: el valor del terreno en el cual se edificará y el costo total de la obra.
El proyecto inicial establecía que se tomaría en cuenta "la utilidad legítima del productor de viviendas por su actividad empresarial" para el cálculo del precio. Valls aclaró que la modificación no suprime la ganancia, sino que la incluye en el costo.
La legislación prohíbe que los constructores exijan a los compradores pagos adicionales por costos asociados al proyecto inmobiliario o motivos fútiles. El promotor tampoco podrá quedarse con la administración del condominio de las viviendas en preventa.
Reglas claras. Valls afirmó que el objetivo de la ley no es perseguir a los empresarios ni paralizar la construcción de viviendas, sino todo lo contrario. "La idea es reactivar el mercado a través de la elaboración de reglas claras que sean conocidas por todas las partes", dijo.
Agregó que una de las causas de los problemas de los últimos años en la preventa de viviendas fue la ausencia de una normativa para regular la relación entre compradores y vendedores. "Aspiramos a que en un máximo de 15 días pueda ser sancionada", manifestó.
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La medida será aplicada por una junta interventora formada por representantes del Ministerio de Vivienda y Hábitat, el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios, el ente financista de la obra y los compradores.
La junta deberá elaborar un plan de acción para terminar y entregar la obra en la brevedad posible. "Será algo similar a lo que sucede, en la práctica, con los 33 conjuntos residenciales en construcción intervenidos por el Gobierno la semana pasada", dijo la parlamentaria Laura Valls, autora del proyecto.
Los compradores también podrán exigir al empresario una indemnización en caso de que se retrase la construcción o la entrega de las viviendas. Además, el contrato tiene que especificar la fecha de la finalización de la obra, que será prorrogable –de mutuo acuerdo y una sola vez– por seis meses.
Otro aspecto que debe quedar claro en el contrato de preventa y que no podrá ser modificado bajo ningún concepto es el precio de la vivienda, que será calculado con base en dos factores: el valor del terreno en el cual se edificará y el costo total de la obra.
El proyecto inicial establecía que se tomaría en cuenta "la utilidad legítima del productor de viviendas por su actividad empresarial" para el cálculo del precio. Valls aclaró que la modificación no suprime la ganancia, sino que la incluye en el costo.
La legislación prohíbe que los constructores exijan a los compradores pagos adicionales por costos asociados al proyecto inmobiliario o motivos fútiles. El promotor tampoco podrá quedarse con la administración del condominio de las viviendas en preventa.
Reglas claras. Valls afirmó que el objetivo de la ley no es perseguir a los empresarios ni paralizar la construcción de viviendas, sino todo lo contrario. "La idea es reactivar el mercado a través de la elaboración de reglas claras que sean conocidas por todas las partes", dijo.
Agregó que una de las causas de los problemas de los últimos años en la preventa de viviendas fue la ausencia de una normativa para regular la relación entre compradores y vendedores. "Aspiramos a que en un máximo de 15 días pueda ser sancionada", manifestó.
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viernes, 5 de noviembre de 2010
"La firma de nuevos contratos fue avalada
por el Indepabis"
El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini, reiteró el rechazo del gremio a la decisión gubernamental de intervenir 33 conjuntos residenciales privados en construcción. "Este tipo de decisiones son muy distorsionantes", dijo.
Martini no descartó que haya empresas que actuaron de manera irregular, pero aseguró que la firma de nuevos contratos que tomaban en cuenta el aumento de los costos durante el período de edificación de la vivienda no representa una práctica indebida o ilegal.
"En las leyes venezolanas existe el llamado derecho del príncipe, que permite renegociar un contrato cuando los términos cambian por razones ajenas a las partes que lo firmaron. Eso fue lo que se hizo con los suscritos antes de julio de 2009, cuando se prohibió el cobro del índice de precios al consumidor".
Recordó que, según la información proporcionada por los constructores afectados, la mayoría de los compradores aceptó la renegociación del contrato. Agregó que la firma de los nuevos documentos contó con la aprobación del Indepabis, organismo que intermedió en buena parte de los casos.
Martini aclaró que el gremio no avala el cobro de IPC después de la resolución 110. "Estemos o no de acuerdo con la medida, tenemos que cumplirla porque es la ley". Pero insistió en que la renegociación entre las partes para cambiar el contrato original es válida.
Sobre el retraso en la construcción de los desarrollos o en la entrega de los apartamentos, otra de las razones esgrimidas por el Gobierno para intervenir los conjuntos residenciales, el presidente de la Cámara Inmobiliaria indicó que no siempre es responsabilidad de la constructora.
Mencionó que durante los últimos años se han alargado los tiempos de espera por razones como el retraso en la entrega de permisos, los problemas con el suministro de insumos (cabillas y cementos), la tardanza en la aprobación de los créditos bancarios y las limitaciones en los registros.
Menos viviendas. A la Cámara Inmobiliaria lo que más le preocupa es el efecto negativo que tendrán las medidas en la construcción residencial, pues dificultará reducir el déficit de 2 millones de viviendas.
Martini señaló que incluso en el caso de que el Gobierno entregue los apartamentos a los compradores, el daño hecho por la medida será difícil de revertir. "Quizás resolveremos el problema de un porcentaje minúsculo, pero también habremos inoculado mayor desconfianza en nuestro país".
Agregó que la única forma de resolver el déficit de es con un pacto nacional que reúna a todos los actores involucrados. "Una vez más, la Cámara Inmobiliaria pone a disposición del país sus ideas y su deseo inquebrantable de ser parte activa de la solución a los problemas que nos aquejan".
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Martini no descartó que haya empresas que actuaron de manera irregular, pero aseguró que la firma de nuevos contratos que tomaban en cuenta el aumento de los costos durante el período de edificación de la vivienda no representa una práctica indebida o ilegal.
"En las leyes venezolanas existe el llamado derecho del príncipe, que permite renegociar un contrato cuando los términos cambian por razones ajenas a las partes que lo firmaron. Eso fue lo que se hizo con los suscritos antes de julio de 2009, cuando se prohibió el cobro del índice de precios al consumidor".
Recordó que, según la información proporcionada por los constructores afectados, la mayoría de los compradores aceptó la renegociación del contrato. Agregó que la firma de los nuevos documentos contó con la aprobación del Indepabis, organismo que intermedió en buena parte de los casos.
Martini aclaró que el gremio no avala el cobro de IPC después de la resolución 110. "Estemos o no de acuerdo con la medida, tenemos que cumplirla porque es la ley". Pero insistió en que la renegociación entre las partes para cambiar el contrato original es válida.
Sobre el retraso en la construcción de los desarrollos o en la entrega de los apartamentos, otra de las razones esgrimidas por el Gobierno para intervenir los conjuntos residenciales, el presidente de la Cámara Inmobiliaria indicó que no siempre es responsabilidad de la constructora.
Mencionó que durante los últimos años se han alargado los tiempos de espera por razones como el retraso en la entrega de permisos, los problemas con el suministro de insumos (cabillas y cementos), la tardanza en la aprobación de los créditos bancarios y las limitaciones en los registros.
Menos viviendas. A la Cámara Inmobiliaria lo que más le preocupa es el efecto negativo que tendrán las medidas en la construcción residencial, pues dificultará reducir el déficit de 2 millones de viviendas.
Martini señaló que incluso en el caso de que el Gobierno entregue los apartamentos a los compradores, el daño hecho por la medida será difícil de revertir. "Quizás resolveremos el problema de un porcentaje minúsculo, pero también habremos inoculado mayor desconfianza en nuestro país".
Agregó que la única forma de resolver el déficit de es con un pacto nacional que reúna a todos los actores involucrados. "Una vez más, la Cámara Inmobiliaria pone a disposición del país sus ideas y su deseo inquebrantable de ser parte activa de la solución a los problemas que nos aquejan".
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jueves, 2 de septiembre de 2010
Fevacu: "Los compradores están indefensos"
El presidente de la Federación Venezolana de Asociaciones de Consumidores y Usuarios, Arnoldo Benítez, afirmó que son más de 60.000 los afectados en el país por la aplicación del índice de precios al consumidor, para ajustar el valor de las viviendas adquiridas en preventa.
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Aunque la resolución 110 del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda prohibió el llamado cobro por IPC, diputados de la Asamblea han denunciado en los últimas días que hay constructoras que siguen exigiendo pagos por este concepto.
Benítez dijo que muchas empresas pretenden obligar a los compradores a cambiar el contrato original –el cual fijaba un valor que luego se ajustaría en función del IPC, algo que ya no se puede hacer– para firmar uno con un precio mucho más elevado que el inicial.
Aseguró que los aumentos por inflación no sólo están prohibidos por la resolución gubernamental sino que también contradicen la legislación vigente. "Los contratos que estipulaban el cobro de IPC son ilegales desde el mismo momento en que se firmaron".
Por eso, no entiende lo permisivo que ha sido el Gobierno con esta práctica. "Eso de que se preocupan por las necesidades de la gente parece ser mentira. La mejor prueba es que no hay institución del Estado que haga cumplir la resolución 110", agregó.
El presidente de Fevacu expresó que el interés de los parlamentarios oficialistas por el tema es sólo una estrategia para sumar votos. "El Indepabis y la Fiscalía implementaron el año pasado un plan para recibir denuncias de los afectados sin mayores resultados. Ahora quieren revivirlo con fines electorales".
Benítez hizo un llamado al TSJ para que emita una sentencia sobre la demanda que introdujeron en 2008, para exigir que los compradores de viviendas en preventa sean resarcidos por los pagos que hicieron por concepto de IPC.
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Benítez dijo que muchas empresas pretenden obligar a los compradores a cambiar el contrato original –el cual fijaba un valor que luego se ajustaría en función del IPC, algo que ya no se puede hacer– para firmar uno con un precio mucho más elevado que el inicial.
Aseguró que los aumentos por inflación no sólo están prohibidos por la resolución gubernamental sino que también contradicen la legislación vigente. "Los contratos que estipulaban el cobro de IPC son ilegales desde el mismo momento en que se firmaron".
Por eso, no entiende lo permisivo que ha sido el Gobierno con esta práctica. "Eso de que se preocupan por las necesidades de la gente parece ser mentira. La mejor prueba es que no hay institución del Estado que haga cumplir la resolución 110", agregó.
El presidente de Fevacu expresó que el interés de los parlamentarios oficialistas por el tema es sólo una estrategia para sumar votos. "El Indepabis y la Fiscalía implementaron el año pasado un plan para recibir denuncias de los afectados sin mayores resultados. Ahora quieren revivirlo con fines electorales".
Benítez hizo un llamado al TSJ para que emita una sentencia sobre la demanda que introdujeron en 2008, para exigir que los compradores de viviendas en preventa sean resarcidos por los pagos que hicieron por concepto de IPC.
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miércoles, 1 de septiembre de 2010
Hay 8.000 denuncias por cobro de IPC
El diputado Augusto Montiel, integrante de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, denunció que alrededor de 50 empresas constructoras disfrazan la aplicación del índice de precios al consumidor al valor de las viviendas en preventa –prohibida por el Gobierno en 2009– con cobros por términos como compensación o justiprecio.
Montiel informó que han recibido 8.000 denuncias de compradores que se niegan a realizar pagos adicionales a los establecidos en sus contratos. "Les están cobrando entre 50 millones y 200 millones de bolívares por conceptos que son un IPC disfrazado. Los amenazan con no entregarles el inmueble, además de retrasar la construcción para presionarlos".
El Instituto Nacional para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios creó una sala situacional, según Montiel, para recibir las denuncias de los afectados y emprender las acciones correspondientes. "Hay que aplicar medidas administrativas e incluso abrir procesos judiciales, porque la forma de proceder de estas empresas puede tipificarse como estafa", afirmó.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini, está de acuerdo con que se investiguen las irregularidades que pudieran cometer algunas empresas, pero solicitó que no se juzgue a priori todo el sector. "Si alguien hace algo ilegal, debe responder ante las autoridades. Pero hay que tener cuidado porque sólo se está viendo una cara de la moneda".
Martini recordó que los problemas existentes con el suministro de insumos como acero y cemento pudieran ser la causa del retraso en algunos proyectos residenciales. Por eso, considera que el Gobierno debe escuchar la versión de los constructores y revisar cada caso de manera individual.
Roberto León Parilli, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios y Consumidores, dijo que lo mejor es buscar un equilibrio. "En un país con la inflación que hay en Venezuela debe haber un mecanismo de ajuste de precios. Pero el cálculo del IPC no puede quedar en manos de los constructores sino de los organismos correspondientes".
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El Instituto Nacional para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios creó una sala situacional, según Montiel, para recibir las denuncias de los afectados y emprender las acciones correspondientes. "Hay que aplicar medidas administrativas e incluso abrir procesos judiciales, porque la forma de proceder de estas empresas puede tipificarse como estafa", afirmó.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini, está de acuerdo con que se investiguen las irregularidades que pudieran cometer algunas empresas, pero solicitó que no se juzgue a priori todo el sector. "Si alguien hace algo ilegal, debe responder ante las autoridades. Pero hay que tener cuidado porque sólo se está viendo una cara de la moneda".
Martini recordó que los problemas existentes con el suministro de insumos como acero y cemento pudieran ser la causa del retraso en algunos proyectos residenciales. Por eso, considera que el Gobierno debe escuchar la versión de los constructores y revisar cada caso de manera individual.
Roberto León Parilli, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios y Consumidores, dijo que lo mejor es buscar un equilibrio. "En un país con la inflación que hay en Venezuela debe haber un mecanismo de ajuste de precios. Pero el cálculo del IPC no puede quedar en manos de los constructores sino de los organismos correspondientes".
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