La disputa diplomática actual con Guyana, luego del descubrimiento de petróleo en aguas del Esequibo, pone en evidencia la carencia de mecanismos de diálogo entre el gobierno y los actores fundamentales de la sociedad venezolana para tratar asuntos de política exterior que requieren una visión de Estado.
El fallecido presidente Hugo Chávez, a su llegada al poder en 1999, desactivó instancias como la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, cuya misión era "prestar colaboración al gobierno en todos los ramos de la política internacional", de acuerdo con el decreto que la creó en junio de 1974.
La CARE tenía como miembros permanentes a los ex cancilleres y al jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada Nacional. Además, contaba con seis integrantes por tiempo determinado: dos seleccionados por el Senado, dos por la Cámara de Diputados y dos por la Presidencia de la República.
Los ex mandatarios elegidos por votación popular eran considerados miembros permanentes, aunque su presencia no era necesaria a los efectos del quórum (según el decreto) y en la práctica nunca participaron en las reuniones de esta instancia, dice Oscar Hernández Bernalette, embajador de carrera.
"La principal característica de la CARE era que reunía a los cancilleres de todos los gobiernos, pero Chávez nunca los convocó porque inicialmente la mayoría de ellos estaba en una posición política contraria", afirma Milos Alcalay, ex representante de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas.
Hernández Bernalette y Alcalay recuerdan que los mecanismos de consulta son necesarios porque los asuntos exteriores requieren políticas de Estado y estas se elaboran tomando en cuenta a la mayor cantidad posible de actores: académicos, empresarios, medios, militares, organizaciones de la sociedad civil, políticos, sindicatos, universidades.
"Este tipo de instancias es una herramienta extraordinaria porque contribuye a que la toma de decisiones del Ejecutivo, en temas que son de máximo interés para el país, sea lo más amplia posible. De esta forma las acciones del gobierno en estos asuntos tienen más reconocimiento de la sociedad", afirma Hernández Bernalette.
Sin voluntad. La creación de la Comisión Presidencial de Estado para la Garantía de la Integridad Territorial y Asuntos Limítrofes parece un intento del gobierno de Nicolás Maduro por llenar el vacío de mecanismos de diálogo con la sociedad para tratar temas de política exterior.
Los integrantes de la instancia son el vicepresidente, Jorge Arreaza; la canciller, Delcy Rodríguez; el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; la ministra del Despacho de la Presidencia, Carmen Meléndez; la presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez; y el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez.
Además, cuenta con tres representantes designados por la Asamblea Nacional, que son los diputados Yul Jabour (PCV), William Fariñas (PSUV) y William Dávila (AD). Hernández Bernalette considera positiva la incorporación de un parlamentario de la bancada opositora: "Es un paso hacia adelante".
El embajador de carrera afirma, sin embargo, que sería útil incluir a más personas con opiniones distintas: "No tienen que ser ex cancilleres. Pueden ser académicos, diplomáticos, historiadores, investigadores reconocidos por su conocimiento del tema. Es la única manera de garantizar que haya una visión heterogénea".
Alcalay reitera la necesidad de dialogar con todos los actores fundamentales de la sociedad, pero duda que haya voluntad gubernamental para hacer esto. "Una comisión como la creada por Maduro, en la que básicamente están los mismos actores del gobierno, no es la forma de crear una política de Estado. Lo que piden es apoyo a su posición, pero no escuchan".
El ex representante de Venezuela ante la ONU recordó que hay una serie de personas e instituciones que ha estudiado el tema del Esequibo, que será lo primero que atienda la comisión. "Si hay voluntad de incorporarlos, se puede hacer. En el país siempre hubo mecanismos de consulta para fijar una política de Estado. No hay que reinventar la pólvora".
Publicado en El Nacional
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domingo, 19 de julio de 2015
jueves, 22 de enero de 2015
Gobiernos de la Alba dieron a dirigente de Podemos €425.000 en 2013
Los pagos por 425.150 euros que el cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, recibió de los gobiernos de Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela en 2013 revivieron la polémica sobre el financiamiento externo del partido político; que se ha convertido en el segundo con más intención de voto en España, de acuerdo con las encuestas.
El diario El País informó ayer que Monedero facturó esa cantidad a través de la empresa Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL, por la asesoría prestada en 2010 para implantar una moneda común y desarrollar la unidad financiera en América Latina.
El diario digital El Plural había reseñado el fin de semana que la empresa de Monedero –que carece de empleados y estructura– registró en 2013 un beneficio de impuestos de 365.442 euros, a pesar de que su actividad se limitó a dos meses y una semana.
Monedero –que declinó mostrar a El País los documentos de sus servicios por cláusulas de confidencialidad– atribuyó la ganancia obtenida en 2013 “a la coincidencia de que todos los gobiernos le abonaron los trabajos de asesoría prestados tres años antes”.
El dirigente dijo que las acusaciones de que usa su empresa para ocultar el financiamiento que el gobierno venezolano da a Podemos para difundir el modelo ideológico del fallecido presidente Hugo Chávez en España son parte de una campaña de desprestigio.
No es la primera vez que el partido político es señalado por sus nexos con Venezuela. El País denunció en junio que la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales, vinculada a Podemos, recibió 3,7 millones de euros del gobierno venezolano entre 2002 y 2012.
“En esa década el gobierno de Hugo Chávez fue siempre su mejor y, a veces, casi su único cliente; buena parte de los pagos (1,6 millones de euros) fueron por asesorar directamente al mandatario”, reseñó el diario.
En ese momento, Podemos negó cualquier financiamiento de Venezuela y dijo que sus únicas fuentes de recursos son los aportes voluntarios de quienes los apoyan y las subvenciones que les corresponden por sus resultados electorales.
Publicado en El Nacional
El diario El País informó ayer que Monedero facturó esa cantidad a través de la empresa Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL, por la asesoría prestada en 2010 para implantar una moneda común y desarrollar la unidad financiera en América Latina.
El diario digital El Plural había reseñado el fin de semana que la empresa de Monedero –que carece de empleados y estructura– registró en 2013 un beneficio de impuestos de 365.442 euros, a pesar de que su actividad se limitó a dos meses y una semana.
Monedero –que declinó mostrar a El País los documentos de sus servicios por cláusulas de confidencialidad– atribuyó la ganancia obtenida en 2013 “a la coincidencia de que todos los gobiernos le abonaron los trabajos de asesoría prestados tres años antes”.
El dirigente dijo que las acusaciones de que usa su empresa para ocultar el financiamiento que el gobierno venezolano da a Podemos para difundir el modelo ideológico del fallecido presidente Hugo Chávez en España son parte de una campaña de desprestigio.
No es la primera vez que el partido político es señalado por sus nexos con Venezuela. El País denunció en junio que la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales, vinculada a Podemos, recibió 3,7 millones de euros del gobierno venezolano entre 2002 y 2012.
“En esa década el gobierno de Hugo Chávez fue siempre su mejor y, a veces, casi su único cliente; buena parte de los pagos (1,6 millones de euros) fueron por asesorar directamente al mandatario”, reseñó el diario.
En ese momento, Podemos negó cualquier financiamiento de Venezuela y dijo que sus únicas fuentes de recursos son los aportes voluntarios de quienes los apoyan y las subvenciones que les corresponden por sus resultados electorales.
Publicado en El Nacional
domingo, 24 de agosto de 2014
Solo hay un puñado de funcionarios de carrera en el servicio exterior
La designación de María Gabriela Chávez como embajadora alterna de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas puso otra vez en evidencia la desprofesionalización del servicio diplomático durante los gobiernos del fallecido presidente Hugo Chávez y el actual mandatario, Nicolás Maduro.
Entre los casi 100 embajadores que tiene el país en el mundo, apenas un puñado son diplomáticos de carrera, entre ellos Carlos Pérez en Antigua y Barbuda; Zoed Karam en Líbano; Víctor Carazo en Rumania; Milena Santana en Suecia; Jorge Rondón en Vietnam y Roy Chaderton en la Organización de Estados Americanos.
La mayoría de los embajadores son ex funcionarios, como el ex vicepresidente y ex fiscal Isaías Rodríguez en Italia; el ex presidente del Tribunal Supremo de Justicia Iván Rincón en Colombia o el ex defensor del pueblo Germán Mundaraín en el Vaticano, por citar algunos casos emblemáticos.
La lista de funcionarios que ahora son jefes de las misiones diplomáticas de Venezuela también incluye a ex ministros como Alí Rodríguez Araque en Cuba; María Lourdes Urbaneja en Ecuador; Nora Uribe en El Salvador y Samuel Moncada en la ONU.
Los militares también figuran, incluidos compañeros de promoción de Chávez: Carlos Eduardo Martínez en Argentina y Arévalo Méndez en Chile. Otros embajadores de origen castrense son Alí Uzcátegui en Austria; Diego Molero en Brasil; Orlando Torrealba en Guatemala; Hugo García en México, Lucas Rincón en Portugal y Juan Paredes en Rusia.
El envío a las misiones diplomáticas de familiares de figuras del oficialismo, como María Gabriela Chávez, también es recurrente. El hijo del gobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas, es el representante de Venezuela en Costa Rica y la hermana del gobernador de Aragua, Tareck el Aissami, es la embajadora en Holanda.
Sin oportunidad. La ausencia de funcionarios de carrera en las embajadas es producto de una política que el gobierno ha aplicado desde 2002 para excluir a quienes responden a criterios institucionales y promover a quienes son leales al oficialismo, denunció el diplomático jubilado Oscar Hernández.
“Incluyeron en el servicio diplomático a una cantidad de gente que no está preparada, lo cual es un perjuicio para la nación. A un funcionario del Estado no se le tiene por qué exigir militancia política. Antes no se le preguntaba a uno si era adeco, copeyano o de otro partido”, dijo Hernández.
El presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela, Juan Francisco Contreras, afirmó que la politización del servicio exterior ha dejado sin oportunidades de trabajo a los profesionales de la carrera, que está básicamente diseñada para servir en la administración pública.
La Universidad Central de Venezuela gradúa semestralmente a 100 internacionalistas y la Universidad Santa María aporta otros tantos desde 2009, cuando salió la primera promoción. “Cada vez estas personas tienen más restringido el acceso a las fuentes de trabajo, por la politización de la Cancillería y de otros organismos”.
En un comunicado publicado esta semana para rechazar la designación de la hija de Chávez en la ONU, el Centro de Estudiantes de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCV también denunció que la desprofesionalización del servicio exterior ha hecho prácticamente imposible su ingreso.
“La desmejora del servicio exterior ha devenido no solamente en la reducción de oportunidades de trabajo para nuestro gremio, sino aún más importante en el decaimiento de aquella diplomacia que debe velar por los intereses del país y ser instrumento para el desarrollo nacional”, dice el texto.
Al margen de la ley. La Cancillería no hace concursos para el ingreso de diplomáticos desde 2005, a pesar de que es una obligación establecida en la Ley de Servicio Exterior. Además, ha mantenido sin ascensos a quienes ingresaron en los últimos concursos y ha jubilado de manera forzada a gran parte del personal de carrera.
El Colegio de Internacionalistas señaló en febrero, con motivo de su 56 aniversario, que la politización de la diplomacia comenzó con la reforma de la Ley de Servicio Exterior de 2001, que modificó la integración del jurado calificador y abrió la posibilidad de que cualquier profesional aspirara al concurso para entrar a la carrera diplomática.
La ex funcionaria Guillermina Da Silva considera, sin embargo, que la modificación clave fue la realizada en 2005, mediante la cual se amplió a 100% el número de jefes de misión que pueden ser designados por el presidente de la República y se suprimió la limitación de 30% para el resto de los cargos, entre otros cambios.
La situación pudiera empeorar con el proyecto de reforma de la Ley de Servicio Exterior que se encuentra pendiente de aprobación en la Asamblea Nacional desde 2011 y que establece que la totalidad del personal de la Cancillería será de libre nombramiento y remoción por el Ejecutivo.
“Las sucesivas modificaciones de la ley que rige el servicio exterior no son otra cosa que el camino transitado hacia la desaparición de los últimos vestigios de la carrera diplomática profesional, lo que para este momento se presenta ya como un hecho”, escribió Da Silva en un artículo incluido en el libro Democracia, paz y desarrollo.
Da Silva precisa que, a pesar de las críticas que puedan hacerse al servicio exterior del período 1958-1998, es un hecho cierto e irrefutable que para mediados de la década de los noventa el porcentaje de funcionarios de carrera en la Cancillería superaba 70%. La proporción actual se desconoce, pero se calcula que es mínima.
25 años para ascender. La carrera diplomática tiene seis escalafones. La ley vigente, aprobada en 2005, indica que el ingreso será por concurso de oposición y que los ganadores de éstos deben cumplir un programa de formación especializada antes de entrar en forma definitiva al servicio exterior con el rango de tercer secretario.
La norma agrega que para optar a las categorías siguientes (segundo secretario, primer secretario, consejero, ministro consejero y embajador) el funcionario debe estar cinco años en el rango previo y pasar la evaluación del jurado calificador, que toma en cuenta aspectos como desempeño, estudios e idiomas.
De manera que hay que estar un mínimo de 25 años en el servicio exterior para llegar hasta el último escalafón. Excepcionalmente un funcionario puede ascender en un tiempo menor por razones de servicio o necesidades de cubrir un cargo vacante, pero siempre presentando la evaluación respectiva.
Publicado en El Nacional
Entre los casi 100 embajadores que tiene el país en el mundo, apenas un puñado son diplomáticos de carrera, entre ellos Carlos Pérez en Antigua y Barbuda; Zoed Karam en Líbano; Víctor Carazo en Rumania; Milena Santana en Suecia; Jorge Rondón en Vietnam y Roy Chaderton en la Organización de Estados Americanos.
La mayoría de los embajadores son ex funcionarios, como el ex vicepresidente y ex fiscal Isaías Rodríguez en Italia; el ex presidente del Tribunal Supremo de Justicia Iván Rincón en Colombia o el ex defensor del pueblo Germán Mundaraín en el Vaticano, por citar algunos casos emblemáticos.
La lista de funcionarios que ahora son jefes de las misiones diplomáticas de Venezuela también incluye a ex ministros como Alí Rodríguez Araque en Cuba; María Lourdes Urbaneja en Ecuador; Nora Uribe en El Salvador y Samuel Moncada en la ONU.
Los militares también figuran, incluidos compañeros de promoción de Chávez: Carlos Eduardo Martínez en Argentina y Arévalo Méndez en Chile. Otros embajadores de origen castrense son Alí Uzcátegui en Austria; Diego Molero en Brasil; Orlando Torrealba en Guatemala; Hugo García en México, Lucas Rincón en Portugal y Juan Paredes en Rusia.
El envío a las misiones diplomáticas de familiares de figuras del oficialismo, como María Gabriela Chávez, también es recurrente. El hijo del gobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas, es el representante de Venezuela en Costa Rica y la hermana del gobernador de Aragua, Tareck el Aissami, es la embajadora en Holanda.
Sin oportunidad. La ausencia de funcionarios de carrera en las embajadas es producto de una política que el gobierno ha aplicado desde 2002 para excluir a quienes responden a criterios institucionales y promover a quienes son leales al oficialismo, denunció el diplomático jubilado Oscar Hernández.
“Incluyeron en el servicio diplomático a una cantidad de gente que no está preparada, lo cual es un perjuicio para la nación. A un funcionario del Estado no se le tiene por qué exigir militancia política. Antes no se le preguntaba a uno si era adeco, copeyano o de otro partido”, dijo Hernández.
El presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela, Juan Francisco Contreras, afirmó que la politización del servicio exterior ha dejado sin oportunidades de trabajo a los profesionales de la carrera, que está básicamente diseñada para servir en la administración pública.
La Universidad Central de Venezuela gradúa semestralmente a 100 internacionalistas y la Universidad Santa María aporta otros tantos desde 2009, cuando salió la primera promoción. “Cada vez estas personas tienen más restringido el acceso a las fuentes de trabajo, por la politización de la Cancillería y de otros organismos”.
En un comunicado publicado esta semana para rechazar la designación de la hija de Chávez en la ONU, el Centro de Estudiantes de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCV también denunció que la desprofesionalización del servicio exterior ha hecho prácticamente imposible su ingreso.
“La desmejora del servicio exterior ha devenido no solamente en la reducción de oportunidades de trabajo para nuestro gremio, sino aún más importante en el decaimiento de aquella diplomacia que debe velar por los intereses del país y ser instrumento para el desarrollo nacional”, dice el texto.
Al margen de la ley. La Cancillería no hace concursos para el ingreso de diplomáticos desde 2005, a pesar de que es una obligación establecida en la Ley de Servicio Exterior. Además, ha mantenido sin ascensos a quienes ingresaron en los últimos concursos y ha jubilado de manera forzada a gran parte del personal de carrera.
El Colegio de Internacionalistas señaló en febrero, con motivo de su 56 aniversario, que la politización de la diplomacia comenzó con la reforma de la Ley de Servicio Exterior de 2001, que modificó la integración del jurado calificador y abrió la posibilidad de que cualquier profesional aspirara al concurso para entrar a la carrera diplomática.
La ex funcionaria Guillermina Da Silva considera, sin embargo, que la modificación clave fue la realizada en 2005, mediante la cual se amplió a 100% el número de jefes de misión que pueden ser designados por el presidente de la República y se suprimió la limitación de 30% para el resto de los cargos, entre otros cambios.
La situación pudiera empeorar con el proyecto de reforma de la Ley de Servicio Exterior que se encuentra pendiente de aprobación en la Asamblea Nacional desde 2011 y que establece que la totalidad del personal de la Cancillería será de libre nombramiento y remoción por el Ejecutivo.
“Las sucesivas modificaciones de la ley que rige el servicio exterior no son otra cosa que el camino transitado hacia la desaparición de los últimos vestigios de la carrera diplomática profesional, lo que para este momento se presenta ya como un hecho”, escribió Da Silva en un artículo incluido en el libro Democracia, paz y desarrollo.
Da Silva precisa que, a pesar de las críticas que puedan hacerse al servicio exterior del período 1958-1998, es un hecho cierto e irrefutable que para mediados de la década de los noventa el porcentaje de funcionarios de carrera en la Cancillería superaba 70%. La proporción actual se desconoce, pero se calcula que es mínima.
25 años para ascender. La carrera diplomática tiene seis escalafones. La ley vigente, aprobada en 2005, indica que el ingreso será por concurso de oposición y que los ganadores de éstos deben cumplir un programa de formación especializada antes de entrar en forma definitiva al servicio exterior con el rango de tercer secretario.
La norma agrega que para optar a las categorías siguientes (segundo secretario, primer secretario, consejero, ministro consejero y embajador) el funcionario debe estar cinco años en el rango previo y pasar la evaluación del jurado calificador, que toma en cuenta aspectos como desempeño, estudios e idiomas.
De manera que hay que estar un mínimo de 25 años en el servicio exterior para llegar hasta el último escalafón. Excepcionalmente un funcionario puede ascender en un tiempo menor por razones de servicio o necesidades de cubrir un cargo vacante, pero siempre presentando la evaluación respectiva.
Publicado en El Nacional
domingo, 29 de junio de 2014
Pablo Iglesias, de asesor del chavismo a europarlamentario
De asesor del gobierno de Venezuela a candidato a presidir el Parlamento Europeo. La carrera política del español Pablo Iglesias, líder del partido Podemos, parece ser tan ascendente como polémica.
Podemos capitalizó el descontento generado por la crisis económica y el rechazo a los partidos tradicionales de España para sumar 8% de los votos en las elecciones europeas de mayo y colocar a cinco diputados en Estrasburgo, sede de la Eurocámara.
El éxito del partido trascendió las fronteras españolas cuando el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea y la Izquierda Verde Nórdica, el quinto con más escaños (52), escogió a Iglesias como su candidato a dirigir el Parlamento.
El grupo parlamentario que reúne a partidos comunistas, ecologistas y socialistas de 26 países de la Unión Europea espera tener el respaldo de otros movimientos para que el líder de Podemos pueda competir con el alemán Martin Schulz en las elecciones que se realizarán el próximo martes.
Es una misión prácticamente imposible porque Schultz cuenta con el apoyo de los principales grupos de la Eurocámara, el Partido Popular Europeo y la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, que tienen 412 de los 751 escaños.
Pero Podemos destaca la candidatura de Iglesias como un reconocimiento al ascenso rápido del partido y un grito de protesta: "Representa el impulso soberano de Europa del sur contra el austericidio de la troika".
Financiamiento venezolano. La carrera política de Iglesias no ha estado exenta de polémica. La principal tiene que ver con la relación que él y otros líderes de Podemos, como Juan Carlos Monedero, tienen con el gobierno de Venezuela.
Iglesias, que ha visitado el país varias veces en la última década y ha participado como invitado en programas de Venezolana de Televisión, defiende las políticas sociales aplicadas por el fallecido presidente Hugo Chávez.
El apoyo, sin embargo, no sería gratuito. El diario El País de España denunció que la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales, vinculada a Podemos, recibió 3,7 millones de euros del gobierno venezolano entre 2002 y 2012.
"En esa década el gobierno de Hugo Chávez fue siempre su mejor y a veces casi su único cliente; buena parte de los pagos (1,6 millones de euros) fueron por asesorar directamente al mandatario", escribió El País.
El diario agregó que la fundación cobró año tras año por la implantación de un sistema de seguridad social en Venezuela y también facturó a una decena más de organismos gubernamentales.
Podemos negó cualquier financiamiento del gobierno venezolano y dijo que sus únicas fuentes de recursos son los aportes voluntarios de quienes los apoyan y las subvenciones que les corresponden por sus resultados electorales.
Recriminación pública. El último episodio polémico en torno a Iglesias también está relacionado con Venezuela. El lunes pasado un mesonero de la Cafetería Prado, en Madrid, increpó al líder de Podemos por el financiamiento del gobierno venezolano a la fundación vinculada a su partido.
"Mi esposa no puede comprar papel higiénico ni comida ¿Ha asesorado al gobierno de Venezuela en eso?", le gritó Alberto Casillas a Iglesias en una rueda de prensa que se realizaba en el hotel Ritz.
Casillas, famoso en España porque el 25 de septiembre de 2012 impidió que la Policía Nacional entrara al lugar donde trabaja para detener a manifestantes que se refugiaron allí, también ha criticado la represión del gobierno de Nicolás Maduro.
"En Venezuela están matando a los jóvenes", le dijo el lunes al líder de Podemos. "Jamás he asesorado para que repriman ni golpeen a nadie", se limitó a responder Iglesias, sin dejar clara su opinión sobre los acontecimientos de los últimos meses en Venezuela.
Publicado en El Nacional
Podemos capitalizó el descontento generado por la crisis económica y el rechazo a los partidos tradicionales de España para sumar 8% de los votos en las elecciones europeas de mayo y colocar a cinco diputados en Estrasburgo, sede de la Eurocámara.
El éxito del partido trascendió las fronteras españolas cuando el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea y la Izquierda Verde Nórdica, el quinto con más escaños (52), escogió a Iglesias como su candidato a dirigir el Parlamento.
El grupo parlamentario que reúne a partidos comunistas, ecologistas y socialistas de 26 países de la Unión Europea espera tener el respaldo de otros movimientos para que el líder de Podemos pueda competir con el alemán Martin Schulz en las elecciones que se realizarán el próximo martes.
Es una misión prácticamente imposible porque Schultz cuenta con el apoyo de los principales grupos de la Eurocámara, el Partido Popular Europeo y la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, que tienen 412 de los 751 escaños.
Pero Podemos destaca la candidatura de Iglesias como un reconocimiento al ascenso rápido del partido y un grito de protesta: "Representa el impulso soberano de Europa del sur contra el austericidio de la troika".
Financiamiento venezolano. La carrera política de Iglesias no ha estado exenta de polémica. La principal tiene que ver con la relación que él y otros líderes de Podemos, como Juan Carlos Monedero, tienen con el gobierno de Venezuela.
Iglesias, que ha visitado el país varias veces en la última década y ha participado como invitado en programas de Venezolana de Televisión, defiende las políticas sociales aplicadas por el fallecido presidente Hugo Chávez.
El apoyo, sin embargo, no sería gratuito. El diario El País de España denunció que la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales, vinculada a Podemos, recibió 3,7 millones de euros del gobierno venezolano entre 2002 y 2012.
"En esa década el gobierno de Hugo Chávez fue siempre su mejor y a veces casi su único cliente; buena parte de los pagos (1,6 millones de euros) fueron por asesorar directamente al mandatario", escribió El País.
El diario agregó que la fundación cobró año tras año por la implantación de un sistema de seguridad social en Venezuela y también facturó a una decena más de organismos gubernamentales.
Podemos negó cualquier financiamiento del gobierno venezolano y dijo que sus únicas fuentes de recursos son los aportes voluntarios de quienes los apoyan y las subvenciones que les corresponden por sus resultados electorales.
Recriminación pública. El último episodio polémico en torno a Iglesias también está relacionado con Venezuela. El lunes pasado un mesonero de la Cafetería Prado, en Madrid, increpó al líder de Podemos por el financiamiento del gobierno venezolano a la fundación vinculada a su partido.
"Mi esposa no puede comprar papel higiénico ni comida ¿Ha asesorado al gobierno de Venezuela en eso?", le gritó Alberto Casillas a Iglesias en una rueda de prensa que se realizaba en el hotel Ritz.
Casillas, famoso en España porque el 25 de septiembre de 2012 impidió que la Policía Nacional entrara al lugar donde trabaja para detener a manifestantes que se refugiaron allí, también ha criticado la represión del gobierno de Nicolás Maduro.
"En Venezuela están matando a los jóvenes", le dijo el lunes al líder de Podemos. "Jamás he asesorado para que repriman ni golpeen a nadie", se limitó a responder Iglesias, sin dejar clara su opinión sobre los acontecimientos de los últimos meses en Venezuela.
Publicado en El Nacional
viernes, 11 de octubre de 2013
Nicaragua gastó $ 1,1 millones en monumento a Hugo Chávez
El gobierno de Nicaragua gastó 29 millones de córdobas -equivalentes a 1,1 millones de dólares- para construir un monumento al fallecido presidente Hugo Chávez en una redoma de la avenida Simón Bolívar de Managua.
El monumento, una efigie luminosa de más de 10 metros de alto, presenta a Chávez en uniforme militar sobre una imagen del dios azteca Quetzalcoatl (la serpiente emplumada que murió en la hoguera de Teotihuacan, resucitó y emergió con la apariencia del sol).
Chávez aparece escoltado por tres árboles de la vida, estructuras de acero iluminadas que el gobierno del presidente Daniel Ortega ha usado con anterioridad (en el resto de la avenida Bolívar y en la plaza La Fe) para simbolizar evolución y eternidad.
Representantes de la oposición en el Concejo Municipal de la capital nicaragüense han criticado la obra porque no estaba incluida en el presupuesto de 2013 ni en el plan de inversión anual de la alcaldía.
La información oficial es que el financiamiento provino de la Presidencia y la ejecución estuvo a cargo de la Empresa de Transmisión Eléctrica de Nicaragua, mientras que la municipalidad contribuyó con maquinaria y personal.
Alfredo Gutiérrez, concejal del Partido Liberal Independiente y candidato a alcalde en las elecciones de 2012, declaró a El Nacional que el hecho de que los recursos fueran aportados por la Presidencia no borra otras irregularidades de la construcción.
"Se hizo todo al revés. En principio no buscaron un espacio vacío sino que destruyeron una obra previa (una fuente) para reemplazarla por el rótulo iluminado de Chávez y los llamados árboles de la vida", dijo.
Otra irregularidad fue bautizar la redoma donde está el monumento con el nombre del fallecido presidente (antes se llamaba Colón) sin la autorización previa del Concejo Municipal.
"Obviamente, como el oficialismo es mayoría, terminaron aprobando la medida días después de la inauguración (el 28 de julio, fecha de nacimiento de Chávez) pero eso no quita que se hizo al margen de la ley", señaló Gutiérrez.
Además, la maquinaria y el personal utilizados para la construcción del monumento estaban destinados a otra obra, la remodelación de la redoma Rubén Darío, que sí estaba en el presupuesto municipal y que se retrasó por esa causa.
El diario La Prensa de Nicaragua denunció que la remodelación de la redoma Rubén Darío tardó cuatro meses, mientras que el monumento a Chávez se erigió en una semana para tenerlo listo para el cumpleaños del fallecido mandatario.
Otras prioridades. Lo que más critica Gutiérrez es el gasto de dinero: además del costo de construcción, se calcula que la iluminación de la efigie de Chávez, los 3 árboles que la escoltan y los otros 20 que están en la avenida Bolívar cuesta 200.000 dólares al mes.
"Es un despilfarro. Es chorrear sangre, como decimos aquí. Ese dinero puede ser mucho más útil para otras cosas. Nicaragua y Managua tienen otras necesidades", aseguró el concejal del PLI.
Gutiérrez enumeró lo que se pudo hacer con el monto gastado en el monumento: reparar las vías más transitadas de la capital, financiar parcialmente la construcción de elevados (fue una de las promesas de la alcaldesa Daysi Torres en la campaña de 2012) y apoyar a la gente que ha perdido sus hogares por las lluvias de los últimos meses.
Recordó que el problema de fondo es que la cooperación petrolera de Venezuela -que sumó 2,7 millardos de dólares entre 2007 y 2012, según el Banco Central de Nicaragua- se maneje al margen del presupuesto nacional y quede a discreción de la familia Ortega.
miércoles, 10 de abril de 2013
Electores en el extranjero subieron 861% desde 1998
El número de inscritos para votar en las sedes diplomáticas del país en el extranjero representa una evidencia más de la creciente tendencia de los venezolanos a migrar en busca de mejores condiciones de vida, porque aumentó 861,6% durante los últimos 14 años, según los datos del Consejo Nacional Electoral.
Para los comicios presidenciales de 1998, cuando Hugo Chávez llegó al poder, había 10.431 personas registradas para ejercer su derecho al voto en otras naciones. En 2000 eran 15.269, en 2006 sumaban 57.325 y en 2012 llegaron a 100.309. Esa misma cantidad será la que podrá sufragar en los comicios presidenciales del domingo.
Más de la mitad de los venezolanos que votan en el exterior están concentrados en Estados Unidos (37.681) y España (20.306). Otros países con un importante número de electores son Colombia con 6.060, Canadá con 5.431, México con 2.489 y Gran Bretaña con 2.066.
En Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Francia, Italia, Holanda (incluye Aruba y Bonaire), Panamá y Portugal también hay más de un millar de inscritos en el registro electoral, pero en total hay 88 países donde los venezolanos pueden ejercer su derecho al sufragio.
Más involucrados. Los vene- zolanos que votan en el exterior, además de ser mucho más numerosos que hace 14 años, cada vez participan más en los procesos electorales. La abstención, que sumó 89,3% en 1998, se redujo a 47,9% en 2000, 40,3% en 2006 y 29,3% en 2012.
En las elecciones presidenciales del pasado 7 de octubre, hubo 70.951 venezolanos que sufragaron en el extranjero y 61.229, lo que representa 90,5% del total, respaldaron al candidato de la Mesa de la Unidad Democrática, Henrique Capriles Radonski. Chávez acumuló 5.716 votos (8,5%).
Aunque cada vez se acentuaba más, la preferencia de los votantes que residen en otros países por los contrincantes de Chávez fue una constante desde 1998. El fallecido mandatario obtuvo 31,7% de los sufragios emitidos ese año, mientras que el ex gobernador de Carabobo Henrique Salas Romer logró 61,6%.
En 2000, cuando se relegitimaron los poderes públicos tras la promulgación de la nueva Constitución, Chávez sumó 25,9% de los votos contra 70,3% del candidato opositor Francisco Arias Cárdenas. En 2006 el ex mandatario acumuló 24,5% versus 75,4% del ex gobernador del Zulia Manuel Rosales.
Publicado en El Nacional
Para los comicios presidenciales de 1998, cuando Hugo Chávez llegó al poder, había 10.431 personas registradas para ejercer su derecho al voto en otras naciones. En 2000 eran 15.269, en 2006 sumaban 57.325 y en 2012 llegaron a 100.309. Esa misma cantidad será la que podrá sufragar en los comicios presidenciales del domingo.
Más de la mitad de los venezolanos que votan en el exterior están concentrados en Estados Unidos (37.681) y España (20.306). Otros países con un importante número de electores son Colombia con 6.060, Canadá con 5.431, México con 2.489 y Gran Bretaña con 2.066.
En Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Francia, Italia, Holanda (incluye Aruba y Bonaire), Panamá y Portugal también hay más de un millar de inscritos en el registro electoral, pero en total hay 88 países donde los venezolanos pueden ejercer su derecho al sufragio.
Más involucrados. Los vene- zolanos que votan en el exterior, además de ser mucho más numerosos que hace 14 años, cada vez participan más en los procesos electorales. La abstención, que sumó 89,3% en 1998, se redujo a 47,9% en 2000, 40,3% en 2006 y 29,3% en 2012.
En las elecciones presidenciales del pasado 7 de octubre, hubo 70.951 venezolanos que sufragaron en el extranjero y 61.229, lo que representa 90,5% del total, respaldaron al candidato de la Mesa de la Unidad Democrática, Henrique Capriles Radonski. Chávez acumuló 5.716 votos (8,5%).
Aunque cada vez se acentuaba más, la preferencia de los votantes que residen en otros países por los contrincantes de Chávez fue una constante desde 1998. El fallecido mandatario obtuvo 31,7% de los sufragios emitidos ese año, mientras que el ex gobernador de Carabobo Henrique Salas Romer logró 61,6%.
En 2000, cuando se relegitimaron los poderes públicos tras la promulgación de la nueva Constitución, Chávez sumó 25,9% de los votos contra 70,3% del candidato opositor Francisco Arias Cárdenas. En 2006 el ex mandatario acumuló 24,5% versus 75,4% del ex gobernador del Zulia Manuel Rosales.
Publicado en El Nacional
lunes, 8 de abril de 2013
Socialismo del siglo XXI: una diplomacia de alto costo
La política exterior desplegada por el presidente Hugo Chávez durante los últimos 14 años implicó el gasto de millardos de dólares en donaciones a otros países, la asunción de compromisos financieros y el incremento de la deuda externa del país. Una herencia que deberá gestionar el próximo gobierno.
La falta de transparencia de las cuentas gubernamentales dificulta calcular con precisión el costo que tuvo la diplomacia chavista, pero hay algunos datos disponibles. El candidato presidencial Henrique Capriles Radonski denunció que los regalos de Chávez sumaron 70 millardos de dólares entre 2005 y 2012. Coincidencialmente, el ejecutor de esa política exterior desde 2006 fue su actual rival electoral, Nicolás Maduro, quien fue canciller hasta 2012.
La lista elaborada por el comando del aspirante opositor incluye desde contribuciones pequeñas como 30.000 dólares otorgados en 2007 a una escuela primaria de India hasta inversiones cuantiosas como 6,6 millardos de dólares destinados el año pasado a la construcción de una refinería, una petroquímica y un oleoducto en Nicaragua.
Los mayores beneficiarios de la ayuda gubernamental son Cuba, con 23,2 millardos de dólares, y Nicaragua, con 12,9 millardos de dólares. Entre los principales receptores de fondos figuran Argentina, Bielorrusia, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Irán, Jamaica, Paraguay y Uruguay.
Entre los compromisos adquiridos destaca Petrocaribe, que obliga a enviar hasta 185.000 barriles diarios de crudo a Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, Granada, Guatemala, Guyana, Jamaica, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Surinam.
La desventaja para Venezuela es que deja de percibir el dinero en efectivo (hasta 6,6 millardos de dólares anuales, con el precio actual del petróleo) porque los beneficiados pueden pagar la mitad de la factura con bienes y servicios y la otra mitad es financiada a 25 años con un interés de 1%.
En cuanto a los pasivos contraídos por el gobierno de Chávez, las cifras del Ministerio de Planificación y Finanzas muestran que la deuda pública externa casi se duplicó durante los últimos 14 años, al aumentar de 23,3 millardos de dólares en 1998 a 45,4 millardos de dólares en 2012.
Parte de ese incremento se vincula con acciones de política exterior como la emisión de bonos con Argentina, para ayudar a ese país a regresar a los mercados internacionales, y la compra de armamento a Rusia que ha implicado la concesión de créditos a Venezuela por bancos de ese país.
El Ejecutivo además no contabiliza como deuda pública los compromisos adquiridos con China por los recursos aportados por ese país a los fondos bilaterales creados en los últimos años. El saldo actual de esos pasivos, que deben ser pagados con ventas a futuro de petróleo y derivados, asciende a 22,6 millardos de dólares.
Sin beneficios. La multimillonaria estrategia de política exterior implementada por Chávez durante su gobierno permitió que el mandatario se hiciera un nombre en el ámbito latinoamericano y mundial, pero no sirvió para que Venezuela mejorase su posición en el escenario internacional, opinan especialistas.
"Tuvo un resultado clarísimo: generar un liderazgo personalista y autoritario en la región e incluso más allá. El mundo habla de Chávez porque él invirtió mucho dinero en los últimos 14 años y logró el objetivo de convertirse en un líder, aunque en los últimos años comenzó a debilitarse", dice el internacionalista Félix Gerardo Arellano.
El país, sin embargo, no recibió ningún beneficio, según Arellano. "Venezuela perdió liderazgo y credibilidad en el escenario regional y global, como lo demuestra la reciente actuación en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, cuando se desligó de una resolución por consenso para crear una comisión que evaluara a Corea del Norte".
El internacionalista Edmundo González Urrutia cree que el país enfrenta un creciente aislamiento. "Las inversiones de Chávez sólo ayudaron a comprar lealtades y construir coaliciones costosas para el país, como la Alianza Bolivariana para las Américas, que se fundamenta exclusivamente en la bonanza petrolera de los últimos años".
Entre las razones del aislamiento, según González Urrutia, está la construcción de alianzas con países como Bielorrusia e Irán y la política de debilitamiento sostenido de los organismos internacionales, como lo demuestra el retiro de la Comunidad Andina y la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Agrega que el problema de fondo es que se sustituyó una política exterior de Estado basada en principios universales como integración, democracia y derechos humanos, que mantuvo Venezuela de 1958 a 1998, por una estrategia personalista, ideologizada, pugnaz y excluyente.
Publicado en El Nacional
La falta de transparencia de las cuentas gubernamentales dificulta calcular con precisión el costo que tuvo la diplomacia chavista, pero hay algunos datos disponibles. El candidato presidencial Henrique Capriles Radonski denunció que los regalos de Chávez sumaron 70 millardos de dólares entre 2005 y 2012. Coincidencialmente, el ejecutor de esa política exterior desde 2006 fue su actual rival electoral, Nicolás Maduro, quien fue canciller hasta 2012.
La lista elaborada por el comando del aspirante opositor incluye desde contribuciones pequeñas como 30.000 dólares otorgados en 2007 a una escuela primaria de India hasta inversiones cuantiosas como 6,6 millardos de dólares destinados el año pasado a la construcción de una refinería, una petroquímica y un oleoducto en Nicaragua.
Los mayores beneficiarios de la ayuda gubernamental son Cuba, con 23,2 millardos de dólares, y Nicaragua, con 12,9 millardos de dólares. Entre los principales receptores de fondos figuran Argentina, Bielorrusia, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Irán, Jamaica, Paraguay y Uruguay.
Entre los compromisos adquiridos destaca Petrocaribe, que obliga a enviar hasta 185.000 barriles diarios de crudo a Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, Granada, Guatemala, Guyana, Jamaica, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Surinam.
La desventaja para Venezuela es que deja de percibir el dinero en efectivo (hasta 6,6 millardos de dólares anuales, con el precio actual del petróleo) porque los beneficiados pueden pagar la mitad de la factura con bienes y servicios y la otra mitad es financiada a 25 años con un interés de 1%.
En cuanto a los pasivos contraídos por el gobierno de Chávez, las cifras del Ministerio de Planificación y Finanzas muestran que la deuda pública externa casi se duplicó durante los últimos 14 años, al aumentar de 23,3 millardos de dólares en 1998 a 45,4 millardos de dólares en 2012.
Parte de ese incremento se vincula con acciones de política exterior como la emisión de bonos con Argentina, para ayudar a ese país a regresar a los mercados internacionales, y la compra de armamento a Rusia que ha implicado la concesión de créditos a Venezuela por bancos de ese país.
El Ejecutivo además no contabiliza como deuda pública los compromisos adquiridos con China por los recursos aportados por ese país a los fondos bilaterales creados en los últimos años. El saldo actual de esos pasivos, que deben ser pagados con ventas a futuro de petróleo y derivados, asciende a 22,6 millardos de dólares.
Sin beneficios. La multimillonaria estrategia de política exterior implementada por Chávez durante su gobierno permitió que el mandatario se hiciera un nombre en el ámbito latinoamericano y mundial, pero no sirvió para que Venezuela mejorase su posición en el escenario internacional, opinan especialistas.
"Tuvo un resultado clarísimo: generar un liderazgo personalista y autoritario en la región e incluso más allá. El mundo habla de Chávez porque él invirtió mucho dinero en los últimos 14 años y logró el objetivo de convertirse en un líder, aunque en los últimos años comenzó a debilitarse", dice el internacionalista Félix Gerardo Arellano.
El país, sin embargo, no recibió ningún beneficio, según Arellano. "Venezuela perdió liderazgo y credibilidad en el escenario regional y global, como lo demuestra la reciente actuación en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, cuando se desligó de una resolución por consenso para crear una comisión que evaluara a Corea del Norte".
El internacionalista Edmundo González Urrutia cree que el país enfrenta un creciente aislamiento. "Las inversiones de Chávez sólo ayudaron a comprar lealtades y construir coaliciones costosas para el país, como la Alianza Bolivariana para las Américas, que se fundamenta exclusivamente en la bonanza petrolera de los últimos años".
Entre las razones del aislamiento, según González Urrutia, está la construcción de alianzas con países como Bielorrusia e Irán y la política de debilitamiento sostenido de los organismos internacionales, como lo demuestra el retiro de la Comunidad Andina y la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Agrega que el problema de fondo es que se sustituyó una política exterior de Estado basada en principios universales como integración, democracia y derechos humanos, que mantuvo Venezuela de 1958 a 1998, por una estrategia personalista, ideologizada, pugnaz y excluyente.
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miércoles, 25 de julio de 2012
Recaudación tributaria subió 30,8% en el primer semestre
El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria recaudó 88,2 millardos de bolívares durante el primer semestre de 2012, un aumento de 30,8% en comparación con el mismo período de 2011.
Las cifras del Seniat muestran que el cobro de impuestos se ha incrementado en términos nominales y reales, porque la inflación anualizada se ubicó en 21,3% en junio, según el Banco Central de Venezuela.
Las alzas más elevadas se produjeron en el gravamen por sucesiones, que creció 36,9% para llegar a 149,7 millones de bolívares; y el impuesto al valor agregado, que subió 33,5% para ascender a 49,6 millardos de bolívares.
El IVA se mantiene como la principal fuente de ingresos tributarios al aportar 56,2% del total recaudado por el Seniat, un punto porcentual más que en 2011 y 13 puntos más que en 2008, cuando la alícuota era 9%.
En marzo de 2009, en plena crisis económica mundial, el presidente Hugo Chávez aumentó la tasa del IVA a 12% como parte de las medidas para paliar las consecuencias de la caída del precio del petróleo en las finanzas públicas.
El impuesto sobre la renta, en cambio, ha perdido participación en los ingresos tributarios al bajar desde 36,9% en el primer semestre de 2008 hasta 27,8% en el mismo período de 2012.
La cobranza del ISLR totalizó 24,6 millardos de bolívares entre enero y junio, lo que representa un aumento de 28,6% en comparación con los primeros 6 meses del año pasado, de acuerdo con el Seniat.
La renta aduanera –tercera fuente de ingresos impositivos– se incrementó 28,2% para llegar hasta 8,4 millardos de bolívares, desde los 6,6 millardos de bolívares del primer semestre de 2011.
La recaudación de los gravámenes a licores creció 30,2% para sumar 865,3 millones de bolívares, mientras que el cobro de tributos por cigarrillos subió 20,7% para totalizar 3,6 millardos de bolívares.
Los impuestos a juegos de envite y azar fueron los únicos con resultados negativos: bajaron de 89 millones a 41,7 millones, una caída de 53,1%, por la política gubernamental de cierre de bingos y casinos.
Publicado en El Nacional
Las cifras del Seniat muestran que el cobro de impuestos se ha incrementado en términos nominales y reales, porque la inflación anualizada se ubicó en 21,3% en junio, según el Banco Central de Venezuela.
Las alzas más elevadas se produjeron en el gravamen por sucesiones, que creció 36,9% para llegar a 149,7 millones de bolívares; y el impuesto al valor agregado, que subió 33,5% para ascender a 49,6 millardos de bolívares.
El IVA se mantiene como la principal fuente de ingresos tributarios al aportar 56,2% del total recaudado por el Seniat, un punto porcentual más que en 2011 y 13 puntos más que en 2008, cuando la alícuota era 9%.
En marzo de 2009, en plena crisis económica mundial, el presidente Hugo Chávez aumentó la tasa del IVA a 12% como parte de las medidas para paliar las consecuencias de la caída del precio del petróleo en las finanzas públicas.
El impuesto sobre la renta, en cambio, ha perdido participación en los ingresos tributarios al bajar desde 36,9% en el primer semestre de 2008 hasta 27,8% en el mismo período de 2012.
La cobranza del ISLR totalizó 24,6 millardos de bolívares entre enero y junio, lo que representa un aumento de 28,6% en comparación con los primeros 6 meses del año pasado, de acuerdo con el Seniat.
La renta aduanera –tercera fuente de ingresos impositivos– se incrementó 28,2% para llegar hasta 8,4 millardos de bolívares, desde los 6,6 millardos de bolívares del primer semestre de 2011.
La recaudación de los gravámenes a licores creció 30,2% para sumar 865,3 millones de bolívares, mientras que el cobro de tributos por cigarrillos subió 20,7% para totalizar 3,6 millardos de bolívares.
Los impuestos a juegos de envite y azar fueron los únicos con resultados negativos: bajaron de 89 millones a 41,7 millones, una caída de 53,1%, por la política gubernamental de cierre de bingos y casinos.
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Hoy se concreta el retiro de Venezuela del Ciadi
El 25 de enero el gobierno del presidente Hugo Chávez pasó de las palabras a los hechos y denunció el convenio constitutivo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Hoy se cumplen los 6 meses establecidos en el artículo 71 del tratado para que surta efecto la denuncia y se concrete el retiro de Venezuela.
Chávez decidió sacar al país del Ciadi con dos argumentos, recordó la agencia Efe. El primero es que debe proteger "el derecho del pueblo venezolano de decidir las orientaciones estratégicas de la vida económica y social de la nación". El segundo es que el centro de arbitraje "ha fallado 232 veces a favor de los intereses transnacionales en las 234 causas que ha conocido".
La salida del Ciadi, sin embargo, no eximirá al Gobierno de responder por las 22 demandas que están pendientes en el organismo. "Las notificaciones de un Estado contratante no afectarán los derechos y obligaciones nacidos del consentimiento a la jurisdicción del centro dado con anterioridad al recibo de dicha notificación por el depositario", dice el artículo 72.
Juan González Velasco, especialista en comercio exterior e inversiones, considera que el retiro de Venezuela del Ciadi es lamentable. "Este organismo se creó en 1965 para darle un marco jurídico confiable a los inversionistas de todo el mundo y ha permitido que la inversión extranjera crezca hasta niveles históricos durante las últimas décadas".
González Velasco asegura que el Ciadi, más que un tribunal que sentencia, ha sido un organismo que promueve arreglos. "Si las decisiones han favorecido principalmente a las empresas es porque los países cambian las condiciones que ofrecen para atraer a los inversionistas. Venezuela tiene un historial desfavorable, pero también Estados Unidos".
El especialista advierte que la decisión gubernamental limitará todavía más la menguada inversión extranjera. "Los inversionistas pensarán mucho más antes de venir a Venezuela". Agrega que eso tendrá consecuencias negativas para el país. "Si en los últimos años hubiésemos tenido mayor inversión extranjera, produciríamos más e importaríamos menos".
González Velasco destaca que la inversión extranjera ha sido vital para los países desarrollados, para economías emergentes como China e incluso para Venezuela. "La mayoría del aparato productivo petrolero que sostiene al país se creó gracias a la inversión extranjera, porque la industria pasó a manos del Gobierno en 1975".
Publicado en El Nacional
Chávez decidió sacar al país del Ciadi con dos argumentos, recordó la agencia Efe. El primero es que debe proteger "el derecho del pueblo venezolano de decidir las orientaciones estratégicas de la vida económica y social de la nación". El segundo es que el centro de arbitraje "ha fallado 232 veces a favor de los intereses transnacionales en las 234 causas que ha conocido".
La salida del Ciadi, sin embargo, no eximirá al Gobierno de responder por las 22 demandas que están pendientes en el organismo. "Las notificaciones de un Estado contratante no afectarán los derechos y obligaciones nacidos del consentimiento a la jurisdicción del centro dado con anterioridad al recibo de dicha notificación por el depositario", dice el artículo 72.
Juan González Velasco, especialista en comercio exterior e inversiones, considera que el retiro de Venezuela del Ciadi es lamentable. "Este organismo se creó en 1965 para darle un marco jurídico confiable a los inversionistas de todo el mundo y ha permitido que la inversión extranjera crezca hasta niveles históricos durante las últimas décadas".
González Velasco asegura que el Ciadi, más que un tribunal que sentencia, ha sido un organismo que promueve arreglos. "Si las decisiones han favorecido principalmente a las empresas es porque los países cambian las condiciones que ofrecen para atraer a los inversionistas. Venezuela tiene un historial desfavorable, pero también Estados Unidos".
El especialista advierte que la decisión gubernamental limitará todavía más la menguada inversión extranjera. "Los inversionistas pensarán mucho más antes de venir a Venezuela". Agrega que eso tendrá consecuencias negativas para el país. "Si en los últimos años hubiésemos tenido mayor inversión extranjera, produciríamos más e importaríamos menos".
González Velasco destaca que la inversión extranjera ha sido vital para los países desarrollados, para economías emergentes como China e incluso para Venezuela. "La mayoría del aparato productivo petrolero que sostiene al país se creó gracias a la inversión extranjera, porque la industria pasó a manos del Gobierno en 1975".
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lunes, 2 de julio de 2012
Habilitante completó el cerco sobre la actividad productiva
Las leyes para regular al sector empresarial aprobadas directamente por el presidente Hugo Chávez gracias al último poder habilitante que le entregó la Asamblea Nacional, que estuvo vigente entre diciembre de 2010 y junio de 2012, completaron el cerco al aparato productivo del país.
Empresarios y especialistas no tienen dudas al respecto. Normas como la Ley de Costos y Precios Justos y la Ley Orgánica del Trabajo, por mencionar sólo las dos más importantes aprobadas vía habilitante, se suman al conjunto de regulaciones implementadas por el Gobierno desde 2003.
En la lista también está la Ley que Promueve las Nuevas Formas Asociativas Conjuntas entre el Estado, la Iniciativa Comunitaria y Privada publicada el 15 de junio –último día de vigencia de la Ley Habilitante– que obliga a asociarse con el Gobierno para ser proveedor o beneficiario de programas.
"Son leyes que han afectado la actividad del sector privado y han limitado la capacidad productiva de las empresas. Se le ha puesto un candado a la poca economía de mercado que existe en el país", aseguró Jorge Botti, presidente de Fedecámaras.
"La iniciativa empresarial ha quedado completamente sujeta a las reglas que establece el Estado. Ya el régimen económico que tuvimos no existe, porque se basaba en la propiedad privada, que ahora está en condiciones precarias", agregó el economista Alexander Guerrero.
Ambos coinciden en que Chávez aprovechó la Habilitante para implementar la propuesta de reforma constitucional rechazada por el voto popular en diciembre de 2007. "Como perdió el referéndum tuvo que armarse de paciencia y hacer los cambios poco a poco", dijo Guerrero.
Contraproducentes. El economista Richard Obuchi identificó dos problemas en las regulaciones aplicadas por el gobierno de Chávez sobre la actividad económica: obvian las consecuencias que generan los cambios y atacan los síntomas en vez de las enfermedades.
Lo primero queda claro, según Obuchi, desde el proceso de aprobación de las leyes. "La ausencia de deliberación y discusión ha sido una característica. La incertidumbre que se genera cuando los cambios no se conocen sino hasta que se publica la norma tiene un impacto muy negativo".
Lo segundo se concluye al analizar las legislaciones aprobadas. "El combate de la inflación requiere mucho más que una regulación de las ganancias como la planteada en la Ley de Costos y Precios Justos. El problema del empleo tampoco se resuelve con la nueva Ley Orgánica del Trabajo", añadió Obuchi.
Botti indicó que, aunque el planteamiento gubernamental apunta a beneficiar al consumidor, en realidad logra lo contrario. "Se han puesto tantas trabas al sector empresarial que al final los efectos son contraproducentes. Una prueba es que la inflación no ha disminuido".
La ley laboral también atenta contra su objetivo, señaló Obuchi. "La norma genera algunos beneficios para quienes están empleados, pero las consecuencias negativas que tiene sobre la actividad privada causarán que, a largo plazo, haya menos empleo".
Más dependencia. El presidente de Fedecámaras destacó que las empresas pequeñas y medianas son las más perjudicadas por las legislaciones que limitan la actividad privada, porque tienen menos capacidad que las grandes para asumir los costos que implican las regulaciones.
"El Gobierno ha hecho más difícil las barreras de entrada y las condiciones de operación de las pymes. Ha inhibido la inversión privada y ha fomentado indirectamente la concentración económica que ahora quiere castigar con la ley antimonopolio que se discute en la Asamblea Nacional", expresó Botti.
Guerrero aseguró que la regulación de la economía ha tenido consecuencias muy duras para toda la sociedad. "Hay una descapitalización del sector privado, un empobrecimiento del capital humano y una mayor dependencia del petróleo".
Publicado en El Nacional
Empresarios y especialistas no tienen dudas al respecto. Normas como la Ley de Costos y Precios Justos y la Ley Orgánica del Trabajo, por mencionar sólo las dos más importantes aprobadas vía habilitante, se suman al conjunto de regulaciones implementadas por el Gobierno desde 2003.
En la lista también está la Ley que Promueve las Nuevas Formas Asociativas Conjuntas entre el Estado, la Iniciativa Comunitaria y Privada publicada el 15 de junio –último día de vigencia de la Ley Habilitante– que obliga a asociarse con el Gobierno para ser proveedor o beneficiario de programas.
"Son leyes que han afectado la actividad del sector privado y han limitado la capacidad productiva de las empresas. Se le ha puesto un candado a la poca economía de mercado que existe en el país", aseguró Jorge Botti, presidente de Fedecámaras.
"La iniciativa empresarial ha quedado completamente sujeta a las reglas que establece el Estado. Ya el régimen económico que tuvimos no existe, porque se basaba en la propiedad privada, que ahora está en condiciones precarias", agregó el economista Alexander Guerrero.
Ambos coinciden en que Chávez aprovechó la Habilitante para implementar la propuesta de reforma constitucional rechazada por el voto popular en diciembre de 2007. "Como perdió el referéndum tuvo que armarse de paciencia y hacer los cambios poco a poco", dijo Guerrero.
Contraproducentes. El economista Richard Obuchi identificó dos problemas en las regulaciones aplicadas por el gobierno de Chávez sobre la actividad económica: obvian las consecuencias que generan los cambios y atacan los síntomas en vez de las enfermedades.
Lo primero queda claro, según Obuchi, desde el proceso de aprobación de las leyes. "La ausencia de deliberación y discusión ha sido una característica. La incertidumbre que se genera cuando los cambios no se conocen sino hasta que se publica la norma tiene un impacto muy negativo".
Lo segundo se concluye al analizar las legislaciones aprobadas. "El combate de la inflación requiere mucho más que una regulación de las ganancias como la planteada en la Ley de Costos y Precios Justos. El problema del empleo tampoco se resuelve con la nueva Ley Orgánica del Trabajo", añadió Obuchi.
Botti indicó que, aunque el planteamiento gubernamental apunta a beneficiar al consumidor, en realidad logra lo contrario. "Se han puesto tantas trabas al sector empresarial que al final los efectos son contraproducentes. Una prueba es que la inflación no ha disminuido".
La ley laboral también atenta contra su objetivo, señaló Obuchi. "La norma genera algunos beneficios para quienes están empleados, pero las consecuencias negativas que tiene sobre la actividad privada causarán que, a largo plazo, haya menos empleo".
Más dependencia. El presidente de Fedecámaras destacó que las empresas pequeñas y medianas son las más perjudicadas por las legislaciones que limitan la actividad privada, porque tienen menos capacidad que las grandes para asumir los costos que implican las regulaciones.
"El Gobierno ha hecho más difícil las barreras de entrada y las condiciones de operación de las pymes. Ha inhibido la inversión privada y ha fomentado indirectamente la concentración económica que ahora quiere castigar con la ley antimonopolio que se discute en la Asamblea Nacional", expresó Botti.
Guerrero aseguró que la regulación de la economía ha tenido consecuencias muy duras para toda la sociedad. "Hay una descapitalización del sector privado, un empobrecimiento del capital humano y una mayor dependencia del petróleo".
Publicado en El Nacional
sábado, 23 de octubre de 2010
Min-Vivienda recibirá menos de 20% del dinero prometido por Chávez
A pesar de que el discurso del presidente Hugo Chávez durante las últimas semanas ha hecho énfasis en la necesidad de atender el déficit de vivienda que existe en Venezuela, calculado en 2 millones de unidades por los expertos, el proyecto de ley de presupuesto de 2011, presentado por el Ejecutivo ante la Asamblea Nacional, asigna 2,07 millardos de bolívares al ministerio del ramo.
Los recursos que tendrá el despacho de Vivienda y Hábitat para funcionar el próximo año no representan ni 20% de la inversión de 10,75 millardos de bolívares prometida por Chávez recientemente, como parte de un plan de emergencia para el sector que será financiado con dinero proveniente del Fondo ChinoVenezolano y la emisión del petrobono 2017.
El presupuesto del ministerio, además, equivale a 5% de la inversión mínima de 40 millardos de bolívares que se necesita para construir 200.000 viviendas cada año. La edificación de este número de casas, prometida por Chávez hace algún tiempo, permitiría cubrir el crecimiento anual de la población venezolana y comenzar a reducir el déficit acumulado.
Los recursos asignados al despacho encargado del área –en 2010 era el Ministerio de Obras Públicas, creado el año anterior por la fusión de las carteras de Infraestructura y Vivienda– siempre han sido deficitarios. Los créditos adicionales aprobados por la Asamblea han sido utilizados con frecuencia para financiar las construcciones, dijeron fuentes del sector.
Transferencias. De los 2,07 millardos de bolívares asignados al Ministerio de Vivienda y Hábitat en el presupuesto de 2011, 190 millones de bolívares serán para gastos de personal, 48 millones de bolívares para el pago de servicios, 35 millones de bolívares para la compra de materiales y 34 millones de bolívares para la adquisición de activos reales.
El grueso del presupuesto del despacho –1,76 millardos de bolívares– se irá en las transferencias y donaciones para los organismos adscritos, entre los cuales se encuentran el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, el Instituto Nacional de la Vivienda y la Fundación Propatria 2000.
El Banavih recibirá el próximo año 1,05 millardos de bolívares, 520% más que los 169 millones de bolívares de 2010. Al Inavi le asignarán 500 millones de bolívares en 2011, 43% más que los 350 millones presupuestados para este año.
La Fundación Misión Hábitat tendrá 150% más, con 58 millones de bolívares. La Fundación Propatria 2000, en cambio, se manejará con 98% menos recursos: 28,4 millones de bolívares.
Menos cuantiosos son los presupuestos asignados a la Empresa Mixta para la Producción de Insumos para la Construcción (3,5 millones de bolívares), el Centro Rafael Urdaneta y la Promotora del Desarrollo Urbano de la Región Zuliana (750.000 bolívares para cada una).
Publicado en El Nacional
Los recursos que tendrá el despacho de Vivienda y Hábitat para funcionar el próximo año no representan ni 20% de la inversión de 10,75 millardos de bolívares prometida por Chávez recientemente, como parte de un plan de emergencia para el sector que será financiado con dinero proveniente del Fondo ChinoVenezolano y la emisión del petrobono 2017.
El presupuesto del ministerio, además, equivale a 5% de la inversión mínima de 40 millardos de bolívares que se necesita para construir 200.000 viviendas cada año. La edificación de este número de casas, prometida por Chávez hace algún tiempo, permitiría cubrir el crecimiento anual de la población venezolana y comenzar a reducir el déficit acumulado.
Los recursos asignados al despacho encargado del área –en 2010 era el Ministerio de Obras Públicas, creado el año anterior por la fusión de las carteras de Infraestructura y Vivienda– siempre han sido deficitarios. Los créditos adicionales aprobados por la Asamblea han sido utilizados con frecuencia para financiar las construcciones, dijeron fuentes del sector.
Transferencias. De los 2,07 millardos de bolívares asignados al Ministerio de Vivienda y Hábitat en el presupuesto de 2011, 190 millones de bolívares serán para gastos de personal, 48 millones de bolívares para el pago de servicios, 35 millones de bolívares para la compra de materiales y 34 millones de bolívares para la adquisición de activos reales.
El grueso del presupuesto del despacho –1,76 millardos de bolívares– se irá en las transferencias y donaciones para los organismos adscritos, entre los cuales se encuentran el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, el Instituto Nacional de la Vivienda y la Fundación Propatria 2000.
El Banavih recibirá el próximo año 1,05 millardos de bolívares, 520% más que los 169 millones de bolívares de 2010. Al Inavi le asignarán 500 millones de bolívares en 2011, 43% más que los 350 millones presupuestados para este año.
La Fundación Misión Hábitat tendrá 150% más, con 58 millones de bolívares. La Fundación Propatria 2000, en cambio, se manejará con 98% menos recursos: 28,4 millones de bolívares.
Menos cuantiosos son los presupuestos asignados a la Empresa Mixta para la Producción de Insumos para la Construcción (3,5 millones de bolívares), el Centro Rafael Urdaneta y la Promotora del Desarrollo Urbano de la Región Zuliana (750.000 bolívares para cada una).
Publicado en El Nacional
lunes, 18 de octubre de 2010
Plan de emergencia alcanza para cubrir 3%
del déficit de viviendas
Las medidas de emergencia para solventar la crisis en el sector vivienda, anunciadas a cuentagotas por el presidente Hugo Chávez durante las últimas semanas, son insuficientes para que se logre construir las 200.000 unidades que –según expertos– se requieren cada año en Venezuela.
Chávez ha dicho que el plan gubernamental consiste, entre otras cosas, en una inversión extraordinaria de 2,5 millardos de dólares: 1 millardo de dólares del Fondo ChinoVenezolano y 1,5 millardos de dólares de la emisión de bonos que Pdvsa lanzará hoy.
Si el costo de construcción de cada vivienda es de 200.000 bolívares, como reconoció el mandatario recientemente, los 2,5 millardos de dólares que el Gobierno invertirá equivalentes a 10,75 millardos de bolívares alcanzan para edificar 53.750 unidades.
El número de viviendas que se pueden construir con los recursos anunciados representa 27% de la cantidad requerida cada año y 3% del déficit acumulado, que organismos privados y públicos calculan en 2 millones unidades.
Para edificar 200.000 viviendas cada año, la inversión necesaria asciende hasta 40 millardos de bolívares. Es decir, se requiere 272% más que lo anunciado por Chávez. Esa quizás sea una de las razones por las cuales el mandatario invitó al sector privado a contribuir con el Gobierno.
Aquiles Martini, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, indica que las constructoras privadas no sólo pueden aportar recursos financieros, sino también conocimiento y experiencia. "Debemos incluirnos todos. No hay otra forma de resolver el problema", señala.
A paso lento. Chávez afirma que el problema de la vivienda fue heredado de gobiernos anteriores; sin embargo, las cifras oficiales muestran que el déficit ha aumentado durante su gestión.
Entre 1999 y 2009 el Gobierno y la empresa privada construyeron 487.000 viviendas, para un promedio de 44.000 por año. Es decir, ni siquiera la cuarta parte de lo que se necesita: 100.000 unidades para atender el crecimiento poblacional y 100.000 más para empezar a reducir el déficit acumulado.
Los peores resultados se observaron entre 1999 y 2005, cuando el número de casas construidas promedió 24.000. La cifra aumentó hasta 85.000 de 2006 a 2009, impulsada por la aprobación de reglas claras para el sector y la bonanza petrolera.
En el primer semestre de 2010, sin embargo, hubo un retroceso se terminaron 26.000 viviendas, 45% menos que en el mismo período del año pasado por factores como la recesión económica, el racionamiento eléctrico, la falta de insumos y las modificaciones de la normativa legal.
Publicado en El Nacional
Chávez ha dicho que el plan gubernamental consiste, entre otras cosas, en una inversión extraordinaria de 2,5 millardos de dólares: 1 millardo de dólares del Fondo ChinoVenezolano y 1,5 millardos de dólares de la emisión de bonos que Pdvsa lanzará hoy.
Si el costo de construcción de cada vivienda es de 200.000 bolívares, como reconoció el mandatario recientemente, los 2,5 millardos de dólares que el Gobierno invertirá equivalentes a 10,75 millardos de bolívares alcanzan para edificar 53.750 unidades.
El número de viviendas que se pueden construir con los recursos anunciados representa 27% de la cantidad requerida cada año y 3% del déficit acumulado, que organismos privados y públicos calculan en 2 millones unidades.
Para edificar 200.000 viviendas cada año, la inversión necesaria asciende hasta 40 millardos de bolívares. Es decir, se requiere 272% más que lo anunciado por Chávez. Esa quizás sea una de las razones por las cuales el mandatario invitó al sector privado a contribuir con el Gobierno.
Aquiles Martini, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, indica que las constructoras privadas no sólo pueden aportar recursos financieros, sino también conocimiento y experiencia. "Debemos incluirnos todos. No hay otra forma de resolver el problema", señala.
A paso lento. Chávez afirma que el problema de la vivienda fue heredado de gobiernos anteriores; sin embargo, las cifras oficiales muestran que el déficit ha aumentado durante su gestión.
Entre 1999 y 2009 el Gobierno y la empresa privada construyeron 487.000 viviendas, para un promedio de 44.000 por año. Es decir, ni siquiera la cuarta parte de lo que se necesita: 100.000 unidades para atender el crecimiento poblacional y 100.000 más para empezar a reducir el déficit acumulado.
Los peores resultados se observaron entre 1999 y 2005, cuando el número de casas construidas promedió 24.000. La cifra aumentó hasta 85.000 de 2006 a 2009, impulsada por la aprobación de reglas claras para el sector y la bonanza petrolera.
En el primer semestre de 2010, sin embargo, hubo un retroceso se terminaron 26.000 viviendas, 45% menos que en el mismo período del año pasado por factores como la recesión económica, el racionamiento eléctrico, la falta de insumos y las modificaciones de la normativa legal.
Publicado en El Nacional
martes, 12 de octubre de 2010
Ley definirá valor de construcciones
que se expropiarán
La ley de emergencia y regularización de las tierras urbanas, que el presidente Hugo Chávez propuso el domingo para permitir que el Gobierno tome el control de las construcciones de vivienda del sector privado que están paralizadas, fijará los mecanismos para calcular el valor de las obras que se expropiarán y para efectuar el pago a las empresas promotoras.
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"La propuesta del Gobierno es comprar los conjuntos residenciales que están detenidos para terminarlos. Hay que recordar que algunas empresas optaron por dejar de construir después de que se prohibió cobrar cuotas vinculadas al índice de precios al consumidor", argumentó el diputado Luis Gamargo, presidente de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional.
Agregó que el nuevo marco legal es necesario porque las legislaciones vigentes son insuficientes para lograr el objetivo gubernamental: la Ley de Tierras Urbanas es solamente para lotes baldíos dentro de las ciudades, y la reforma de la Ley de Contrataciones es para las construcciones encargadas por el sector público que están paralizadas.
La propuesta de ley de emergencia y regularización de las tierras urbanas llegará al Parlamento en los próximos días, según Chávez. Gamargo afirmó que los diputados aprobarán la legislación lo más pronto posible, pues es una necesidad básica de la población.
Falta de insumos. Aquiles Martini, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, rechazó la ley propuesta por el mandatario. "Más que amenazar y expropiar, lo que debe hacerse es implementar una política de inclusión y romper los paradigmas que no permiten avanzar hacia la superación del déficit de 2 millones de viviendas que existe en el país".
También reprochó que se acuse al sector de paralizar las construcciones. Admitió que es posible que haya obras detenidas por "la distorsión que genera la ausencia de un mecanismo como el cobro de IPC para ajustar el precio de la vivienda en función de la inflación", pero señaló que también existen otras razones como la falta de materiales.
Los constructores se han quejado en los últimos meses por los problemas para conseguir acero y cemento, debido a la caída en la producción de ambos rubros, controlada por empresas estatales. También han advertido sobre las dificultades en la obtención de las divisas que necesitan para adquirir insumos importados, como los ascensores.
Publicado en El Nacional
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Agregó que el nuevo marco legal es necesario porque las legislaciones vigentes son insuficientes para lograr el objetivo gubernamental: la Ley de Tierras Urbanas es solamente para lotes baldíos dentro de las ciudades, y la reforma de la Ley de Contrataciones es para las construcciones encargadas por el sector público que están paralizadas.
La propuesta de ley de emergencia y regularización de las tierras urbanas llegará al Parlamento en los próximos días, según Chávez. Gamargo afirmó que los diputados aprobarán la legislación lo más pronto posible, pues es una necesidad básica de la población.
Falta de insumos. Aquiles Martini, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, rechazó la ley propuesta por el mandatario. "Más que amenazar y expropiar, lo que debe hacerse es implementar una política de inclusión y romper los paradigmas que no permiten avanzar hacia la superación del déficit de 2 millones de viviendas que existe en el país".
También reprochó que se acuse al sector de paralizar las construcciones. Admitió que es posible que haya obras detenidas por "la distorsión que genera la ausencia de un mecanismo como el cobro de IPC para ajustar el precio de la vivienda en función de la inflación", pero señaló que también existen otras razones como la falta de materiales.
Los constructores se han quejado en los últimos meses por los problemas para conseguir acero y cemento, debido a la caída en la producción de ambos rubros, controlada por empresas estatales. También han advertido sobre las dificultades en la obtención de las divisas que necesitan para adquirir insumos importados, como los ascensores.
Publicado en El Nacional
martes, 21 de septiembre de 2010
"No habrá recuperación sin cambio de rumbo"
El crecimiento sostenido de Venezuela no será posible sin una modificación de las políticas gubernamentales, advirtieron 26 economistas. "De continuar en el rumbo trazado desde el Gobierno no se puede esperar una recuperación sólida. Por el contrario, es de esperar una alta inestabilidad con aumentos de la producción transitorios, pero cayendo con frecuencia en períodos de estancamiento", dice un documento suscrito por el grupo.
El texto agrega que la recesión que experimenta el país desde el año pasado no se debe a factores coyunturales. "Venezuela vive una crisis económica profunda. Estamos sufriendo una severa contracción, acompañada de alta inflación, en medio de un aumento del precio promedio de la cesta de exportación petrolera, el cual alcanzó 70 dólares por barril en el primer semestre de 2010".
Los economistas recordaron que en 2007, con la cotización del crudo a 64,74 dólares por barril, el producto interno bruto creció 8,2% y el índice de precios al consumidor aumentó 22,5%. "Es evidente que ya no existe la simple relación directa entre un precio del petróleo más alto y una mayor actividad económica, ni tampoco existe un limitado control gubernamental sobre la presión inflacionaria".
Atribuyeron el quiebre de ese vínculo al deterioro del aparato productivo y de las instituciones, como consecuencia de la aplicación del socialismo del siglo XXI. "La ideología del gobierno del presidente Chávez ha sido tremendamente costosa para Venezuela en términos de atraso económico, con clientelismo asociado a gasto público".
Por eso, reiteran que hace falta una modificación de las políticas económicas. "El gran desafío es alcanzar un cambio de rumbo que permita implementar un programa de transformación para toda la nación, capaz de superar la crisis actual y de enrumbar al país por una trayectoria de crecimiento con inclusión social".
Agregaron que el punto inicial de esa modificación es tener una Asamblea Nacional plural y democrática que pueda discutir abiertamente las soluciones de los problemas. "Por ese camino de la participación se pueden seguir diversas vías para ayudar a detener el proceso de deterioro institucional y socioeconómico que padece el país".
Entre los firmantes del documento están Adicea Castillo, Alcides Villalba, Domingo Sifontes, Douglas Ramírez, Edison Morales, Francisco Faraco, Humberto García Larralde, Isaac Mencia, José Guerra, José Manuel Puente, Neuro Villalobos, Orlando Ochoa, Pablo Polo, Patricia Hernández, Pedro Palma, Ronald Balza, Sary Levy y Teodoro Petkoff.
Publicado en El Nacional
Los economistas recordaron que en 2007, con la cotización del crudo a 64,74 dólares por barril, el producto interno bruto creció 8,2% y el índice de precios al consumidor aumentó 22,5%. "Es evidente que ya no existe la simple relación directa entre un precio del petróleo más alto y una mayor actividad económica, ni tampoco existe un limitado control gubernamental sobre la presión inflacionaria".
Atribuyeron el quiebre de ese vínculo al deterioro del aparato productivo y de las instituciones, como consecuencia de la aplicación del socialismo del siglo XXI. "La ideología del gobierno del presidente Chávez ha sido tremendamente costosa para Venezuela en términos de atraso económico, con clientelismo asociado a gasto público".
Por eso, reiteran que hace falta una modificación de las políticas económicas. "El gran desafío es alcanzar un cambio de rumbo que permita implementar un programa de transformación para toda la nación, capaz de superar la crisis actual y de enrumbar al país por una trayectoria de crecimiento con inclusión social".
Agregaron que el punto inicial de esa modificación es tener una Asamblea Nacional plural y democrática que pueda discutir abiertamente las soluciones de los problemas. "Por ese camino de la participación se pueden seguir diversas vías para ayudar a detener el proceso de deterioro institucional y socioeconómico que padece el país".
Entre los firmantes del documento están Adicea Castillo, Alcides Villalba, Domingo Sifontes, Douglas Ramírez, Edison Morales, Francisco Faraco, Humberto García Larralde, Isaac Mencia, José Guerra, José Manuel Puente, Neuro Villalobos, Orlando Ochoa, Pablo Polo, Patricia Hernández, Pedro Palma, Ronald Balza, Sary Levy y Teodoro Petkoff.
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sábado, 18 de septiembre de 2010
Trabajadores de Polar rechazan ataques de Chávez
Los trabajadores de Cervecería Polar y Pepsi-Cola de Venezuela rechazaron la amenaza presidencial de usar las instalaciones de ambas empresas en la zona industrial de Los Cortijos, en el este de Caracas, para desarrollar un proyecto de construcción de viviendas.
"No estamos de acuerdo con que el presidente Chávez quiera sacar la planta de Los Cortijos para hacer casas. No aceptaremos que nos quiten nuestros empleos", afirmó Frank Quijada, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores Refresqueros, Cerveceros, Licoreros y Vinícolas.
Wladimir Camargo, presidente del Sindicato de Trabajadores Bolivarianos de Pepsi, hizo un llamado al mandatario para que reflexione sobre el tema. "No vamos a permitir que se vean afectados nuestros puestos de trabajo. No vamos a permitir que nos quiten nuestra arepa".
Quijada aseguró haber apoyado a Chávez en decisiones como la toma de la planta de arroz en Calabozo el año pasado. "Yo creí que usted tenía la razón y lo dije en el programa Dando y Dando". Pero aclaró que esta vez no puede respaldarlo.
Destacó que la expropiación de las instalaciones de Los Cortijos no perjudica a Lorenzo Mendoza, propietario de Empresas Polar, sino a 4.000 trabajadores que mantienen a sus familias con el fruto de su labor. "Sería quitarle el pan a unos para dárselo a otros".
Agregó que si el Gobierno en realidad quiere construir viviendas en Caracas puede evaluar otros lugares donde hacerlo. "Aquí mismo está La Carlota, ¿Por qué no las hace allí? O mejor aún, ese ícono de la cuarta república y del capitalismo que es La Casona. ¿Por qué no la tumba para hacer casas?".
Negocio lícito. Los dirigentes sindicales de Empresas Polar objetaron la retención ilegal de camiones de cervezas por organismos de seguridad, así como la amenaza presidencial de expropiar estos vehículos para usarlos en la distribución de alimentos.
Quijada informó que 80% de los camiones no son propiedad de Empresas Polar sino de los trabajadores que los manejan. "Cuando las autoridades retienen un vehículo no le hacen daño a Mendoza sino a la familia de ese chofer que se quedará sin el sustento diario".
Agregó que la venta de cerveza es un negocio permitido por las leyes y descartó que el consumo de esta bebida sea la causa de la inseguridad, como ha dicho Chávez en varias ocasiones. "En Cuba se vende cerveza y allí no matan a nadie".
Polar también señaló –en un comunicado– que la producción, distribución, venta y consumo de cerveza son actividades lícitas, que además generan empleo y aportes al Fisco.
Ratificó que, en el caso de esa compañía, el transporte está a cargo de más de 1.500 microempresarios que forman parte de la Red de Franquicias de Distribución Polar.
"Vemos con preocupación las detenciones arbitrarias de los camiones con cerveza. Estas acciones los dejan a todos ellos sin su fuente de sustento, que ha sido obtenida gracias a su esfuerzo legítimo y honesto", indicó.
Publicado en El Nacional
Wladimir Camargo, presidente del Sindicato de Trabajadores Bolivarianos de Pepsi, hizo un llamado al mandatario para que reflexione sobre el tema. "No vamos a permitir que se vean afectados nuestros puestos de trabajo. No vamos a permitir que nos quiten nuestra arepa".
Quijada aseguró haber apoyado a Chávez en decisiones como la toma de la planta de arroz en Calabozo el año pasado. "Yo creí que usted tenía la razón y lo dije en el programa Dando y Dando". Pero aclaró que esta vez no puede respaldarlo.
Destacó que la expropiación de las instalaciones de Los Cortijos no perjudica a Lorenzo Mendoza, propietario de Empresas Polar, sino a 4.000 trabajadores que mantienen a sus familias con el fruto de su labor. "Sería quitarle el pan a unos para dárselo a otros".
Agregó que si el Gobierno en realidad quiere construir viviendas en Caracas puede evaluar otros lugares donde hacerlo. "Aquí mismo está La Carlota, ¿Por qué no las hace allí? O mejor aún, ese ícono de la cuarta república y del capitalismo que es La Casona. ¿Por qué no la tumba para hacer casas?".
Negocio lícito. Los dirigentes sindicales de Empresas Polar objetaron la retención ilegal de camiones de cervezas por organismos de seguridad, así como la amenaza presidencial de expropiar estos vehículos para usarlos en la distribución de alimentos.
Quijada informó que 80% de los camiones no son propiedad de Empresas Polar sino de los trabajadores que los manejan. "Cuando las autoridades retienen un vehículo no le hacen daño a Mendoza sino a la familia de ese chofer que se quedará sin el sustento diario".
Agregó que la venta de cerveza es un negocio permitido por las leyes y descartó que el consumo de esta bebida sea la causa de la inseguridad, como ha dicho Chávez en varias ocasiones. "En Cuba se vende cerveza y allí no matan a nadie".
Polar también señaló –en un comunicado– que la producción, distribución, venta y consumo de cerveza son actividades lícitas, que además generan empleo y aportes al Fisco.
Ratificó que, en el caso de esa compañía, el transporte está a cargo de más de 1.500 microempresarios que forman parte de la Red de Franquicias de Distribución Polar.
"Vemos con preocupación las detenciones arbitrarias de los camiones con cerveza. Estas acciones los dejan a todos ellos sin su fuente de sustento, que ha sido obtenida gracias a su esfuerzo legítimo y honesto", indicó.
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jueves, 9 de septiembre de 2010
Chávez relanzó el Banco del Pueblo
El presidente Hugo Chávez relanzó el Banco del Pueblo, con la inauguración de 10 agencias y la entrega de 539 préstamos a productores. La entidad estatal, creada hace una década, dejó de ser un organismo microfinanciero alimentado por recursos del Gobierno para convertirse en una institución que capta dinero del público y realiza intermediación crediticia.
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En el acto de inicio del "proceso de socialización de la banca pública", Chávez exhortó a los venezolanos a ahorrar en las entidades gubernamentales y acusó al sistema financiero privado de estafar a la población. "No podemos permitir todas esas mafias que se esconden detrás de la banca privada".
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El mandatario aprovechó la ocasión para invitar a los productores que reciben créditos de las entidades públicas a trabajar con el Gobierno. "Juntos en la producción, enlazar un sistema, tenemos que ensamblar los distintos elementos para que den luz, la luz del bienestar, del progreso", dijo.
Las agencias inauguradas por el Banco del Pueblo se encuentran en Caracas, Guacara, Higuerote, Los Teques, Maiquetía, Punto Fijo y San Felipe. Algunas de ellas pertenecían al Banco Canarias, liquidado por las autoridades luego de ser intervenido en noviembre de 2009.
Chávez informó que la entidad estatal adquirirá 19 oficinas del Banco Federal, también en proceso de liquidación. El objetivo es que el número de sucursales del Banco del Pueblo ascienda a 36 en diciembre de 2010 y a 126 a finales de 2011, agregó.
Turismo social. Más temprano, Chávez hizo un recorrido por la Feria Internacional de Turismo Venezuela 2010, inaugurada ayer en el Paseo Los Próceres de Caracas. Abogó porque la actividad tenga un carácter más social y humano. "No se trata de borrachera, droga y prostitución".
El mandatario dijo que el turismo es una de las fuerzas integradoras más grandes, pero admitió que es necesario trabajar muy duro para mejorar en áreas como infraestructura y transporte, así como para bajar los costos de los viajes y brindar opciones de financiamiento al pueblo.
La Fitven 2010, que concluirá el 12 de septiembre, se hace simultáneamente con la primera feria turística de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América. Además de la oferta de viajes, habrá una muestra gastronómica.
También habrá conciertos de artistas como Cardenales del Éxito, Chino y Nacho, Cristóbal Jiménez, Desorden Público, Ensamble Gurrufío, Francisco Pacheco, Los Pericos y Servando y Florentino.
Publicado en El Nacional
viernes, 3 de septiembre de 2010
Advierten sobre riesgos por mal uso de la cédula del buen vivir
Analistas financieros y economistas suelen decir que las tarjetas de crédito son un arma de doble filo. La cédula del buen vivir, anunciada por el presidente Chávez el martes, no será la excepción. El instrumento de pago que ofrecerá la banca pública a sus clientes, puede fomentar que la población se endeude más de lo conveniente, advirtieron especialistas.
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"La iniciativa es positiva porque será una alternativa que tendrán algunos consumidores para adquirir bienes de primera necesidad, pero hay que verla con cuidado. El Gobierno debe acompañarla con políticas para incentivar el ahorro y el consumo necesario", señaló Jimmy Laguna, del Centro de Estudios de Economía de la Universidad Bolivariana de Venezuela.
Laguna indicó que el instrumento de pago debe ser utilizado con racionalidad, porque de lo contrario contribuirá a que haya más inflación en el país. "Hay que ver cuál será el límite de crédito y el interés, porque el uso de la cédula del buen vivir podría impactar los patrones de consumo y presionar los precios al alza".
Descartó que la tarjeta sea para controlar o limitar lo que consumen las personas. "Es una opción de pago más. Quienes la poseen también podrán ir a comercios privados". Dijo que la tasa de interés debe ser asequible para la población, pero suficiente para que la banca pública obtenga una utilidad.
Henkel García, analista financiero, señaló que lo negativo de esta iniciativa es que impulsará el endeudamiento para cubrir gasto corriente. "La primera regla de las finanzas personales es que los egresos recurrentes –comida, educación, servicios públicos, vivienda– deben pagarse con ingresos ordinarios".
García indicó que usar la tarjeta de crédito para cubrir estos gastos es pan para hoy y hambre para mañana, porque los ingresos siguen igual y los egresos aumentan. "Empiezas a acumular deuda y mientras más grande sea, más será la cuota que deberás pagar y menos el dinero que tendrás disponible".
El analista recomendó usar estos instrumentos de pago sólo para compras ocasionales y situaciones de emergencia. Expresó que las personas deben elaborar un plan para cancelar las deudas adquiridas por esta vía, de manera que ese gasto no afecte el presupuesto.
Publicado en El Nacional
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Laguna indicó que el instrumento de pago debe ser utilizado con racionalidad, porque de lo contrario contribuirá a que haya más inflación en el país. "Hay que ver cuál será el límite de crédito y el interés, porque el uso de la cédula del buen vivir podría impactar los patrones de consumo y presionar los precios al alza".
Descartó que la tarjeta sea para controlar o limitar lo que consumen las personas. "Es una opción de pago más. Quienes la poseen también podrán ir a comercios privados". Dijo que la tasa de interés debe ser asequible para la población, pero suficiente para que la banca pública obtenga una utilidad.
Henkel García, analista financiero, señaló que lo negativo de esta iniciativa es que impulsará el endeudamiento para cubrir gasto corriente. "La primera regla de las finanzas personales es que los egresos recurrentes –comida, educación, servicios públicos, vivienda– deben pagarse con ingresos ordinarios".
García indicó que usar la tarjeta de crédito para cubrir estos gastos es pan para hoy y hambre para mañana, porque los ingresos siguen igual y los egresos aumentan. "Empiezas a acumular deuda y mientras más grande sea, más será la cuota que deberás pagar y menos el dinero que tendrás disponible".
El analista recomendó usar estos instrumentos de pago sólo para compras ocasionales y situaciones de emergencia. Expresó que las personas deben elaborar un plan para cancelar las deudas adquiridas por esta vía, de manera que ese gasto no afecte el presupuesto.
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miércoles, 17 de febrero de 2010
Por la puerta trasera
La inesperada destitución de Eduardo Samán del Ministerio de Comercio –anunciada por el presidente Hugo Chávez el pasado sábado 13 de febrero, durante la inauguración de la cadena de hipermercados Bicentenario– lleva hasta siete el número de integrantes del Gabinete Ejecutivo que han salido de sus cargos en apenas tres semanas.
Samán es el primero en ser despedido, pues los demás habían renunciado. La desbandada empezó el 25 de enero, cuando el vicepresidente y ministro de Defensa, Ramón Carrizález, dimitió junto con su esposa Yubirí Ortega, ministra del Ambiente. Según el comunicado oficial, la salida de ambos fue por razones “estrictamente personales”.
Ese día también abandonó su cargo, argumentando motivos de salud, otro funcionario vinculado a Carrizález: el presidente del Banco de Venezuela y ministro de Estado para la Banca Pública, Eugenio Vásquez Orellana. En principio se dijo que el mandatario nacional no había aceptado la renuncia, pero luego se confirmó su dimisión.
Una semana más tarde, el 2 de febrero, dejaron sus puestos los ministros de Cultura, Héctor Soto, y Turismo, Pedro Morejón. El primero alegando razones personales y el segundo por motivos hasta ahora desconocidos. Esta vez fue el propio Chávez quién oficializó la noticia, durante el acto realizado para celebrar los once años de su llegada al poder.
Ocho días después, el 10 de febrero, llegó una nueva renuncia. Carlos Rotondaro abandonó su cargo de ministro de Salud, aunque conservó la presidencia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Este caso tiene cierta similitud con el de Samán, quién aparentemente mantendrá la dirección del Indepabis.
La cantidad de cambios ministeriales –la más numerosa desde que Chávez renovó a casi todo su gabinete en enero de 2007, al asumir su segundo período presidencial– se ha prestado para todo tipo de interpretaciones, tanto entre los seguidores del mandatario nacional como entre quienes militan en la oposición.
Entre los detractores del gobierno las hipótesis más sonadas son dos. Por un lado que Chávez –agobiado por los problemas que afronta el país: recesión, inseguridad, sequía– está buscando funcionarios más eficientes. Por el otro, que el Presidente quiere profundizar el socialismo ante la posibilidad de tener una Asamblea Nacional que no sea tan sumisa.
Pero en el lado de los seguidores del mandatario no se inclinan por ninguna de estas hipótesis. Se habla, más bien, de una pugna interna en las esferas más altas del gobierno nacional cuyos primeros resultados han dejado un sabor amargo en los militantes del PSUV.
La mayoría de los ministros salientes eran vistos por el chavismo de base como personas abiertas al diálogo e incluso como dirigentes cercanos al pueblo (esta última característica es atribuida especialmente a Samán, cuya salida ha generado múltiples comentarios negativos y solicitudes de explicaciones en páginas como Aporrea).
Una fuente oficialista vinculada al sector agrario, que pidió no ser citada por su nombre, responsabilizó de los cambios al nuevo vicepresidente Elías Jaua. “Él es quién ha generado todos estos malestares. Cuando estuvo como presidente del Fides formó una ‘tribu’ con la que ha venido avanzando por distintos ministerios”.
El informante acusa a Jaua de formar parte del grupo de ministros que “son un fraude” pues no tienen logros que mostrar y siempre tienen una excusa para no acudir a dar explicaciones en la Asamblea Nacional. Pero lo que más le preocupa es que son estos funcionarios los que tienen la confianza de Chávez. “La revolución está desviada”, dijo.
LOS NUEVOS MINISTROS
Alejandro Fleming, ministro de Turismo: fungió como viceministro de Relaciones Exteriores para Europa antes de ser elegido para sustituir a Morejón.
Alejandro Hitcher, ministro del Ambiente: la designación premia su gestión en Hidrocapital, donde aplicó un plan de racionamiento de agua.
Carlos Mata Figueroa, ministro de Defensa: el general en jefe del Ejército dirigía el Comando Estratégico Operacional (CEO), cargo que conservará.
Elías Jaua, vicepresidente: su carrera en el gobierno incluye los cargos de director del Fides, ministro de Economía Popular y ministro de Agricultura.
“Farruco” Sesto, ministro de Cultura: estuvo en la Oficina Presidencial de Proyectos Especiales antes de volver al despacho que dirigió entre 2005 y 2008.
Humberto Ortega Díaz, ministro de Estado para la Banca Pública: como presidente de Fogade desempeñó un papel importante en la reciente crisis bancaria.
Luis Reyes Reyes, ministro de Salud: el ex gobernador de Lara y ministro de la Secretaría de la Presidencia es considerado uno de los más cercanos a Chávez.
Richard Canan, ministro de Comercio: forma parte del equipo del vicepresidente Elías Jaua, pues se desempeñaba como viceministro de Economía Agrícola.
Publicado en TalCual
Samán es el primero en ser despedido, pues los demás habían renunciado. La desbandada empezó el 25 de enero, cuando el vicepresidente y ministro de Defensa, Ramón Carrizález, dimitió junto con su esposa Yubirí Ortega, ministra del Ambiente. Según el comunicado oficial, la salida de ambos fue por razones “estrictamente personales”.
Ese día también abandonó su cargo, argumentando motivos de salud, otro funcionario vinculado a Carrizález: el presidente del Banco de Venezuela y ministro de Estado para la Banca Pública, Eugenio Vásquez Orellana. En principio se dijo que el mandatario nacional no había aceptado la renuncia, pero luego se confirmó su dimisión.
Una semana más tarde, el 2 de febrero, dejaron sus puestos los ministros de Cultura, Héctor Soto, y Turismo, Pedro Morejón. El primero alegando razones personales y el segundo por motivos hasta ahora desconocidos. Esta vez fue el propio Chávez quién oficializó la noticia, durante el acto realizado para celebrar los once años de su llegada al poder.
Ocho días después, el 10 de febrero, llegó una nueva renuncia. Carlos Rotondaro abandonó su cargo de ministro de Salud, aunque conservó la presidencia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Este caso tiene cierta similitud con el de Samán, quién aparentemente mantendrá la dirección del Indepabis.
La cantidad de cambios ministeriales –la más numerosa desde que Chávez renovó a casi todo su gabinete en enero de 2007, al asumir su segundo período presidencial– se ha prestado para todo tipo de interpretaciones, tanto entre los seguidores del mandatario nacional como entre quienes militan en la oposición.
Entre los detractores del gobierno las hipótesis más sonadas son dos. Por un lado que Chávez –agobiado por los problemas que afronta el país: recesión, inseguridad, sequía– está buscando funcionarios más eficientes. Por el otro, que el Presidente quiere profundizar el socialismo ante la posibilidad de tener una Asamblea Nacional que no sea tan sumisa.
Pero en el lado de los seguidores del mandatario no se inclinan por ninguna de estas hipótesis. Se habla, más bien, de una pugna interna en las esferas más altas del gobierno nacional cuyos primeros resultados han dejado un sabor amargo en los militantes del PSUV.
La mayoría de los ministros salientes eran vistos por el chavismo de base como personas abiertas al diálogo e incluso como dirigentes cercanos al pueblo (esta última característica es atribuida especialmente a Samán, cuya salida ha generado múltiples comentarios negativos y solicitudes de explicaciones en páginas como Aporrea).
Una fuente oficialista vinculada al sector agrario, que pidió no ser citada por su nombre, responsabilizó de los cambios al nuevo vicepresidente Elías Jaua. “Él es quién ha generado todos estos malestares. Cuando estuvo como presidente del Fides formó una ‘tribu’ con la que ha venido avanzando por distintos ministerios”.
El informante acusa a Jaua de formar parte del grupo de ministros que “son un fraude” pues no tienen logros que mostrar y siempre tienen una excusa para no acudir a dar explicaciones en la Asamblea Nacional. Pero lo que más le preocupa es que son estos funcionarios los que tienen la confianza de Chávez. “La revolución está desviada”, dijo.
LOS NUEVOS MINISTROS
Alejandro Fleming, ministro de Turismo: fungió como viceministro de Relaciones Exteriores para Europa antes de ser elegido para sustituir a Morejón.
Alejandro Hitcher, ministro del Ambiente: la designación premia su gestión en Hidrocapital, donde aplicó un plan de racionamiento de agua.
Carlos Mata Figueroa, ministro de Defensa: el general en jefe del Ejército dirigía el Comando Estratégico Operacional (CEO), cargo que conservará.
Elías Jaua, vicepresidente: su carrera en el gobierno incluye los cargos de director del Fides, ministro de Economía Popular y ministro de Agricultura.
“Farruco” Sesto, ministro de Cultura: estuvo en la Oficina Presidencial de Proyectos Especiales antes de volver al despacho que dirigió entre 2005 y 2008.
Humberto Ortega Díaz, ministro de Estado para la Banca Pública: como presidente de Fogade desempeñó un papel importante en la reciente crisis bancaria.
Luis Reyes Reyes, ministro de Salud: el ex gobernador de Lara y ministro de la Secretaría de la Presidencia es considerado uno de los más cercanos a Chávez.
Richard Canan, ministro de Comercio: forma parte del equipo del vicepresidente Elías Jaua, pues se desempeñaba como viceministro de Economía Agrícola.
Publicado en TalCual
jueves, 24 de septiembre de 2009
Hay que generar confianza
La caída del Producto Interno Bruto (PIB) es, según confesó el presidente Hugo Chávez el lunes, uno de los cuatro problemas que serán atacados con las medidas económicas que el Gobierno anunciará en los próximos días. La intención es revertir la contracción de 1% registrada en el primer semestre de 2009, para cerrar el año por lo menos con crecimiento cero.
Pero las autoridades gubernamentales se equivocan si están pensando que la inyección de gasto público será suficiente para lograr el ansiado objetivo de volver a crecer, advirtieron los economistas Asdrúbal Oliveros y Héctor Valecillos. La expansión sostenida del PIB afirmaron sólo es posible con la participación del sector privado.
"El gobierno nacional busca repetir la fórmula desgastada de inyectar gasto público, pero eso tiene sus limitaciones. En la medida en que ese egreso no se traduce en mayor inversión por parte de las empresas privadas, pierde el efecto dinamizador que pudiera tener en la economía", explicó Oliveros, director de la firma Ecoanalítica.
Valecillos reconoció que el Estado puede intensificar el ritmo de expansión de la economía con una política basada en el incremento del gasto público, como sucedió entre 2004 y 2008. Indicó, sin embargo, que esa estrategia sólo permite "progresos espasmódicos, que se agotan rápidamente, porque falta el impulso del sector privado".
El especialista agregó que para lograr un crecimiento económico sostenido es necesario que las políticas gubernamentales no restrinjan la actividad del sector privado, que genera el grueso del PIB venezolano. "En la medida en que las empresas se vean limitadas, se introduce un elemento estructural que impide el progreso".
REGLAS CLARAS
Oliveros aseguró que el Ejecutivo conoce muy bien lo que se debe hacer para que el PIB del país crezca de manera sólida y permanente, pero le cuesta asumirlo por razones políticas. "La única forma de que Venezuela pueda apuntar hacia un crecimiento sostenido es que se implemente un plan para recuperar la confianza del sector privado".
El director de Ecoanalítica dijo que el ofrecimiento de incentivos fiscales y facilidades crediticias, como han adelantado algunos voceros oficiales, es útil pero insuficiente. "Hace falta poner en marcha un programa integral de estímulo que reconozca la importancia de la empresa privada, que es el principal empleador e inversionista del país".
El programa debería incluir, según Oliveros, acciones como la definición del marco jurídico en el que opera el sector privado y el pago de las deudas (divisas aprobadas pero no liquidadas) de Cadivi. También es importante agregó resolver el problema del anclaje del tipo de cambio oficial, porque hace que los productos venezolanos no sean competitivos.
INVERSIÓN CLAVE
Para Valecillos, el principal objetivo de la política económica del Gobierno debería ser reactivar las inversiones privadas. "Mientras no se produzca una recuperación sólida de la inversión del sector privado, se puede asegurar que la economía crecerá a un ritmo muy inferior al potencial que tienen los factores productivos del país".
El economista admitió que la contracción de la inversión en Venezuela es un fenómeno heredado de gobiernos anteriores, pero acusó al presidente Chávez de haberlo incrementado en los últimos años. La razón fundamental es la implementación de políticas que, en vez de incentivar la producción, han favorecido su estancamiento.
Valecillos insistió que las autoridades, si quieren lograr una recuperación, tienen que hacer un esfuerzo para que los sectores privados vean con buenos ojos la posibilidad de reinvertir sus utilidades. Y también para atraer la inversión extranjera. "Ningún otro problema podrá ser resuelto mientras la inversión privada esté reprimida como está".
Publicado en TalCual
Pero las autoridades gubernamentales se equivocan si están pensando que la inyección de gasto público será suficiente para lograr el ansiado objetivo de volver a crecer, advirtieron los economistas Asdrúbal Oliveros y Héctor Valecillos. La expansión sostenida del PIB afirmaron sólo es posible con la participación del sector privado.
"El gobierno nacional busca repetir la fórmula desgastada de inyectar gasto público, pero eso tiene sus limitaciones. En la medida en que ese egreso no se traduce en mayor inversión por parte de las empresas privadas, pierde el efecto dinamizador que pudiera tener en la economía", explicó Oliveros, director de la firma Ecoanalítica.
Valecillos reconoció que el Estado puede intensificar el ritmo de expansión de la economía con una política basada en el incremento del gasto público, como sucedió entre 2004 y 2008. Indicó, sin embargo, que esa estrategia sólo permite "progresos espasmódicos, que se agotan rápidamente, porque falta el impulso del sector privado".
El especialista agregó que para lograr un crecimiento económico sostenido es necesario que las políticas gubernamentales no restrinjan la actividad del sector privado, que genera el grueso del PIB venezolano. "En la medida en que las empresas se vean limitadas, se introduce un elemento estructural que impide el progreso".
REGLAS CLARAS
Oliveros aseguró que el Ejecutivo conoce muy bien lo que se debe hacer para que el PIB del país crezca de manera sólida y permanente, pero le cuesta asumirlo por razones políticas. "La única forma de que Venezuela pueda apuntar hacia un crecimiento sostenido es que se implemente un plan para recuperar la confianza del sector privado".
El director de Ecoanalítica dijo que el ofrecimiento de incentivos fiscales y facilidades crediticias, como han adelantado algunos voceros oficiales, es útil pero insuficiente. "Hace falta poner en marcha un programa integral de estímulo que reconozca la importancia de la empresa privada, que es el principal empleador e inversionista del país".
El programa debería incluir, según Oliveros, acciones como la definición del marco jurídico en el que opera el sector privado y el pago de las deudas (divisas aprobadas pero no liquidadas) de Cadivi. También es importante agregó resolver el problema del anclaje del tipo de cambio oficial, porque hace que los productos venezolanos no sean competitivos.
INVERSIÓN CLAVE
Para Valecillos, el principal objetivo de la política económica del Gobierno debería ser reactivar las inversiones privadas. "Mientras no se produzca una recuperación sólida de la inversión del sector privado, se puede asegurar que la economía crecerá a un ritmo muy inferior al potencial que tienen los factores productivos del país".
El economista admitió que la contracción de la inversión en Venezuela es un fenómeno heredado de gobiernos anteriores, pero acusó al presidente Chávez de haberlo incrementado en los últimos años. La razón fundamental es la implementación de políticas que, en vez de incentivar la producción, han favorecido su estancamiento.
Valecillos insistió que las autoridades, si quieren lograr una recuperación, tienen que hacer un esfuerzo para que los sectores privados vean con buenos ojos la posibilidad de reinvertir sus utilidades. Y también para atraer la inversión extranjera. "Ningún otro problema podrá ser resuelto mientras la inversión privada esté reprimida como está".
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martes, 19 de agosto de 2008
La estatización se concreta
A pocas horas de vencerse el plazo legal fijado para la estatización de las principales productoras de cemento del país –la mexicana Cemex, la suiza Holcim y la francesa Lafarge–, el Ejecutivo nacional firmó acuerdos de compra-venta con dos de las tres empresas afectadas por la medida.
El vicepresidente de la República, Ramón Carrizalez, indicó que el Estado logró acuerdos amistosos con Holcim y Lafarge. La empresa suiza vendió el 85% de las acciones por 552 millones de dólares, mientras que la francesa cedió el 89% de las acciones por 267 millones de dólares.
Las compañías transnacionales, agregó Carrizalez, se mantendrán como socios minoritarios en las nuevas empresas estatales: Holcim conservará el 15% y Lafarge el 6%. El Estado tiene un plazo de 60 días para cancelar el precio acordado a las empresas.
La mexicana Cemex, en cambio, no logró acordar los términos del traspaso de sus acciones al Estado, por lo que será expropiada. "Estamos obligados por la ley a proceder inmediatamente después de vencido el plazo", indicó el vicepresidente.
PARA LA TRANSICIÓN
Antes de conocerse el acuerdo de compra alcanzado con dos de las tres cementeras, el presidente Hugo Chávez creó –mediante decreto– las comisiones de transición que se encargarán de asumir el control operativo de las empresas estatizadas.
Según la Gaceta Oficial número 38.995, fechada el 15 de agosto pero difundida ayer, cada una de las comisiones estará integrada por cuatro integrantes, deberá instalarse de inmediato y podrá conformar los equipos o grupos técnicos que considere necesarios.
El objetivo de estas comisiones será, según el decreto, "garantizar la transferencia del control de todas las actividades que desarrollan las sociedades mercantiles Cemex Venezuela, Holcim Venezuela y Fábrica Nacional de Cementos (Lafarge) a las empresas estatales".
Las tres comisiones creadas por el Ejecutivo para la transición de la industria cementera están conformadas, en su mayoría, por funcionarios que ocupan –o han ocupado– cargos en la actual administración pública, aunque también hay representantes de otros sectores.
LOS ENCARGADOS
La comisión de transición de Cemex tendrá como coordinador a Elio Francisco Colmenares Goyo, quien se desempeña desde marzo de 2006 como viceministro de Industrias Ligeras. Previamente ocupó varios cargos en el Ministerio del Trabajo.
Otro integrante es Julio César Millán Zambrano, quien renunció a su cargo de diputado del Consejo Legislativo de Anzoátegui después de ser nombrado, el pasado 30 de junio, presidente de la Empresa de Producción Social de Insumos Básicos para la Construcción de Viviendas.
También figuran en este grupo Luis Salvador Velásquez Rosas, aparentemente vinculado a las empresas estatales del sector aluminio, y Reinaldo Getulio Álvarez Cohen, accionista y actual vicepresidente de Interbursa Casa de Bolsa.
En la comisión de Holcim están Ramón Ignacio Trujillo Serrano, ex gerente de finanzas del Fondo de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal y Afines; y William Adolfo Araque Ramírez, ex presidente de la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE).
De los otros dos integrantes del grupo que se encargará de la estatización de la cementera de origen suizo, Natacha Castillo González y Pedro Rogelio González, no se consiguió mayor información en una búsqueda por Internet.
La comisión de Lafarge también será presidida por un viceministro: el de Industrias Básicas, Jesús Enrique Paredes Rosales. Antes de ser nombrado para este cargo, en octubre de 2006, también tuvo posiciones importantes en Cadafe, Venezolana de Televisión y otros organismos.
Los otros integrantes son Luis Eduardo Reyes, Jesús Antonio Calvo y Blas Cuartín Sánchez. Sólo este último, ingeniero de profesión, tendría experiencia previa en la administración pública, específicamente en el extinto Ministerio de Desarrollo Urbano (actual Minfra) y el Seniat.
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El vicepresidente de la República, Ramón Carrizalez, indicó que el Estado logró acuerdos amistosos con Holcim y Lafarge. La empresa suiza vendió el 85% de las acciones por 552 millones de dólares, mientras que la francesa cedió el 89% de las acciones por 267 millones de dólares.
Las compañías transnacionales, agregó Carrizalez, se mantendrán como socios minoritarios en las nuevas empresas estatales: Holcim conservará el 15% y Lafarge el 6%. El Estado tiene un plazo de 60 días para cancelar el precio acordado a las empresas.
La mexicana Cemex, en cambio, no logró acordar los términos del traspaso de sus acciones al Estado, por lo que será expropiada. "Estamos obligados por la ley a proceder inmediatamente después de vencido el plazo", indicó el vicepresidente.
PARA LA TRANSICIÓN
Antes de conocerse el acuerdo de compra alcanzado con dos de las tres cementeras, el presidente Hugo Chávez creó –mediante decreto– las comisiones de transición que se encargarán de asumir el control operativo de las empresas estatizadas.
Según la Gaceta Oficial número 38.995, fechada el 15 de agosto pero difundida ayer, cada una de las comisiones estará integrada por cuatro integrantes, deberá instalarse de inmediato y podrá conformar los equipos o grupos técnicos que considere necesarios.
El objetivo de estas comisiones será, según el decreto, "garantizar la transferencia del control de todas las actividades que desarrollan las sociedades mercantiles Cemex Venezuela, Holcim Venezuela y Fábrica Nacional de Cementos (Lafarge) a las empresas estatales".
Las tres comisiones creadas por el Ejecutivo para la transición de la industria cementera están conformadas, en su mayoría, por funcionarios que ocupan –o han ocupado– cargos en la actual administración pública, aunque también hay representantes de otros sectores.
LOS ENCARGADOS
La comisión de transición de Cemex tendrá como coordinador a Elio Francisco Colmenares Goyo, quien se desempeña desde marzo de 2006 como viceministro de Industrias Ligeras. Previamente ocupó varios cargos en el Ministerio del Trabajo.
Otro integrante es Julio César Millán Zambrano, quien renunció a su cargo de diputado del Consejo Legislativo de Anzoátegui después de ser nombrado, el pasado 30 de junio, presidente de la Empresa de Producción Social de Insumos Básicos para la Construcción de Viviendas.
También figuran en este grupo Luis Salvador Velásquez Rosas, aparentemente vinculado a las empresas estatales del sector aluminio, y Reinaldo Getulio Álvarez Cohen, accionista y actual vicepresidente de Interbursa Casa de Bolsa.
En la comisión de Holcim están Ramón Ignacio Trujillo Serrano, ex gerente de finanzas del Fondo de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal y Afines; y William Adolfo Araque Ramírez, ex presidente de la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE).
De los otros dos integrantes del grupo que se encargará de la estatización de la cementera de origen suizo, Natacha Castillo González y Pedro Rogelio González, no se consiguió mayor información en una búsqueda por Internet.
La comisión de Lafarge también será presidida por un viceministro: el de Industrias Básicas, Jesús Enrique Paredes Rosales. Antes de ser nombrado para este cargo, en octubre de 2006, también tuvo posiciones importantes en Cadafe, Venezolana de Televisión y otros organismos.
Los otros integrantes son Luis Eduardo Reyes, Jesús Antonio Calvo y Blas Cuartín Sánchez. Sólo este último, ingeniero de profesión, tendría experiencia previa en la administración pública, específicamente en el extinto Ministerio de Desarrollo Urbano (actual Minfra) y el Seniat.
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