Los padres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos hace 11 meses en Iguala (Guerrero) recorrieron decenas de embajadas en Ciudad de México en busca de apoyo diplomático para su reclamo de que se castigue a los responsables del crimen.
Los familiares entregaron en cada delegación una carta en la que piden a los gobiernos extranjeros que presionen a las autoridades mexicanas para acelerar la investigación y ratificar al grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
"El objetivo es que se incremente la presión internacional para que el gobierno se vea obligado a actuar", dijo Vidulfo Rosales, abogado de los familiares, al diario Reforma.
La publicación reseñó que los familiares se concentraron frente al Auditorio Nacional y el Metro Polanco antes de iniciar el recorrido por las embajadas, para lo cual se dividieron en dos grupos.
Luego de recorrer las legaciones de países como Alemania, Canadá, China y Vietnam, el punto de llegada de ambos grupos fue la embajada de la Unión Europea, donde realizaron una manifestación, según el diario El Universal. Los familiares culminaron la jornada con una marcha hasta el Zócalo.
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jueves, 27 de agosto de 2015
domingo, 16 de noviembre de 2014
Iguala volvió a poner en evidencia la debilidad del Estado
El caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre ha puesto otra vez en evidencia cómo un Estado (el de México, en esta ocasión) puede ser debilitado por la amenaza que suponen el narcotráfico, la insurgencia, el terrorismo y otros modos de violencia interna.
"Dos conjuntos de instituciones muestran claros déficit de eficacia: los de impartición de justicia y los de seguridad pública. Ambos han sido rebasados o sometidos por la delincuencia organizada", afirmó José Luis Reyna, investigador del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México, en un artículo para el periódico Milenio.
Reyna escribió que incluso el presidente Enrique Peña Nieto hizo alusión a la figura de la debilidad institucional al referirse a la desaparición de los estudiantes. Por eso el investigador considera que Iguala, un municipio con apenas 120.000 habitantes, puso en jaque a todo el Estado mexicano.
"No es el único caso que demuestra la debilidad institucional imperante: Michoacán, Tamaulipas. Todos estos casos hacen imperativa la idea de que es urgente una reforma integral de las instituciones del Estado y, en particular, una redefinición de la estrategia de combate a la delincuencia organizada", agregó Reyna.
El problema no es nuevo. Soledad Loaeza, otra investigadora de El Colegio, lo advirtió hace seis años: "La patente incapacidad del gobierno de frenar la ola de asesinatos y secuestros que ha desatado el crimen organizado es un asunto que va mucho más allá de la competencia personal de los funcionarios", escribió en el diario La Jornada.
Dijo que lo que está en juego es la tremenda debilidad del Estado que, a todas luces, no posee el monopolio de la violencia. Se ha visto rebasado por militares que se han pasado a las filas del enemigo, y narcotraficantes y delincuentes que parecen contar con pertrechos y entrenamiento superiores a los que poseen las policías y el Ejército.
Inclusión. Angelina Jaffé, directora del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Metropolitana, afirmó que el problema que hay en América Latina desde hace varias décadas es que para muchas personas resulta más rentable lograr ascender en el crimen organizado que estudiar y trabajar.
"El narcotráfico, por ejemplo, concentra una cantidad de dinero contra la que el Estado no puede competir. Eso se refleja, entre otras cosas, en las universidades en las que hay un balance excesivamente favorable hacia la presencia femenina contra la masculina", expresó Jaffé.
La internacionalista señaló que aunque el problema es más agudo en países pequeños, como los de América Central, el caso de Iguala y otros similares revela que también está en México. Advirtió que Venezuela debe estar muy atenta: "Hay elementos que indican que estamos ya dentro de este fenómeno".
La solución del problema no es sencilla, añadió Jaffé, porque el lucro fácil resulta muy atractivo. "Lo que se puede hacer es generar redes de inclusión de la población y fortalecer la presencia del Estado. No de una manera redistributiva, repartiendo miseria, sino darle a la población acceso a infraestructura, servicios, educación".
Jaffé recordó que en América Central hay experiencias interesantes de negociación con bandas criminales -las llamadas maras- con la participación del gobierno y la Iglesia. "Ha habido casos exitosos en los que las maras dejan su actitud violenta porque el crimen genera ganancia rápida, pero acorta la vida. Allí hay un punto para negociar".
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"Dos conjuntos de instituciones muestran claros déficit de eficacia: los de impartición de justicia y los de seguridad pública. Ambos han sido rebasados o sometidos por la delincuencia organizada", afirmó José Luis Reyna, investigador del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México, en un artículo para el periódico Milenio.
Reyna escribió que incluso el presidente Enrique Peña Nieto hizo alusión a la figura de la debilidad institucional al referirse a la desaparición de los estudiantes. Por eso el investigador considera que Iguala, un municipio con apenas 120.000 habitantes, puso en jaque a todo el Estado mexicano.
"No es el único caso que demuestra la debilidad institucional imperante: Michoacán, Tamaulipas. Todos estos casos hacen imperativa la idea de que es urgente una reforma integral de las instituciones del Estado y, en particular, una redefinición de la estrategia de combate a la delincuencia organizada", agregó Reyna.
El problema no es nuevo. Soledad Loaeza, otra investigadora de El Colegio, lo advirtió hace seis años: "La patente incapacidad del gobierno de frenar la ola de asesinatos y secuestros que ha desatado el crimen organizado es un asunto que va mucho más allá de la competencia personal de los funcionarios", escribió en el diario La Jornada.
Dijo que lo que está en juego es la tremenda debilidad del Estado que, a todas luces, no posee el monopolio de la violencia. Se ha visto rebasado por militares que se han pasado a las filas del enemigo, y narcotraficantes y delincuentes que parecen contar con pertrechos y entrenamiento superiores a los que poseen las policías y el Ejército.
Inclusión. Angelina Jaffé, directora del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Metropolitana, afirmó que el problema que hay en América Latina desde hace varias décadas es que para muchas personas resulta más rentable lograr ascender en el crimen organizado que estudiar y trabajar.
"El narcotráfico, por ejemplo, concentra una cantidad de dinero contra la que el Estado no puede competir. Eso se refleja, entre otras cosas, en las universidades en las que hay un balance excesivamente favorable hacia la presencia femenina contra la masculina", expresó Jaffé.
La internacionalista señaló que aunque el problema es más agudo en países pequeños, como los de América Central, el caso de Iguala y otros similares revela que también está en México. Advirtió que Venezuela debe estar muy atenta: "Hay elementos que indican que estamos ya dentro de este fenómeno".
La solución del problema no es sencilla, añadió Jaffé, porque el lucro fácil resulta muy atractivo. "Lo que se puede hacer es generar redes de inclusión de la población y fortalecer la presencia del Estado. No de una manera redistributiva, repartiendo miseria, sino darle a la población acceso a infraestructura, servicios, educación".
Jaffé recordó que en América Central hay experiencias interesantes de negociación con bandas criminales -las llamadas maras- con la participación del gobierno y la Iglesia. "Ha habido casos exitosos en los que las maras dejan su actitud violenta porque el crimen genera ganancia rápida, pero acorta la vida. Allí hay un punto para negociar".
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