Así como las bombas atómicas arrasan con todo lo que encuentran a su paso, las denuncias de corrupción en las empresas estatales de Brasil parecen ir por el mismo camino tras la detención esta semana del presidente de Electronuclear, Othon Luiz Pinheido Da Silva.
La Policía Federal acusó a Pinheido Da Silva de recibir sobornos para adjudicar contratos en la construcción de la central atómica Angra 3 a las empresas Andrade Gutiérrez, Camargo Correa, EBE, Odebrecht, Queiroz Galvao y UTC; todas involucradas en el caso Petrobras.
El método usado por las constructoras en Angra 3 habría sido el mismo que utilizaron con la petrolera estatal: inflar el valor para luego repartirse la ganancia con los directivos de las contratantes y los políticos que amparan las transacciones.
"La corrupción se ha extendido a otras áreas de la administración pública, es endémica y está en fase de metástasis", afirmó el fiscal Athayde Ribeiro Costa, responsable de la detención del presidente de Electronuclear. Además, dio a entender que las investigaciones pueden ampliarse a otras firmas públicas del sector eléctrico.
"La corrupción en Brasil es como una hiedra que se ha extendido por todas partes", opinó Edmundo González Urrutia, ex director de Política Internacional en la Cancillería. "Hablamos de una sociedad política completamente enferma", agregó Mario Gugliemeli, ex cónsul de Venezuela en Sao Paulo.
Sospecha general. Los diplomáticos recordaron que las acusaciones incluso han alcanzado al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), que no solo ha sido señalado por el caso Petrobrás, sino también por tráfico de influencias para que Odebrecht consiguiera contratos en varios países, incluida Venezuela.
Dilma Rousseff tampoco escapa al impacto de la corrupción. En junio se supo que el empresario Ricardo Pessoa, enjuiciado por el caso Petrobras, confesó que donó dinero proveniente de prácticas corruptas a la campaña para la reelección de la presidente en 2014.
Pessoa, que es propietario de UTC y colabora con la justicia a cambio de una reducción de la pena, también dijo que entre los beneficiarios de sus donaciones están los ministros de la Presidencia, Aloizio Mercadante, y de Información, Edinho Silva.
Muchos de los políticos investigados por corrupción, además, son del Partido de los Trabajadores de Rousseff y Lula y el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, que lidera el vicepresidente Michel Temer y es el principal aliado del gobierno en el Parlamento.
Pero la corrupción está lejos de ser el único problema de la mandataria. Brasil está en medio de una crisis económica: el producto interno bruto caerá alrededor de 2% en 2015, el desempleo aumentó a 6,9% en junio y la inflación anual puede llegar a dos dígitos por primera vez desde 2002.
¿Destitución posible? El contexto adverso hizo que la popularidad de Roussef cayese por debajo de 10% y el rechazo ascendiera hasta casi 80%, según los estudios más recientes de las principales encuestadoras brasileñas, cuando apenas han transcurrido siete meses de su segundo mandato.
"Cuando la crisis afecta el bolsillo de los ciudadanos el descontento es mayor", justificó Gugliemeli. "Hay un desgaste de la popularidad y un creciente malestar", afirmó González Urrutia. Lo más peligroso en este caso, sin embargo, es la pérdida de apoyo en el Parlamento.
Rousseff está enfrentada con un sector del PMDB, encabezado por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, que atribuye su implicación en el caso Petrobras a una maniobra del gobierno. La bancada de la oposición, además, salió fortalecida de los comicios del año pasado.
Eso ha traído al debate público la posibilidad de la destitución presidencial por parte del Congreso, que ya tiene un precedente con Fernando Collor de Mello en 1992. Y la jefe del Estado lo sabe: "No voy a caer", declaró al diario Folha de Sao Paulo en una entrevista en julio.
Ni González Urrutia ni Gugliemeli se atrevieron a hacer un pronóstico sobre la destitución de Rousseff, pero sí afirmaron que la situación es delicada. "Sin duda se está configurando un cuadro político complicado", dijo el primero. "Un problema de gobernabilidad grave, en medio de una crisis económica, traerá muchas dificultades", añadió el segundo.
El vicepresidente Temer, que dirige al sector del PMDB que todavía apoya al gobierno, intentó calmar las aguas hace unos días. "La presidente Dilma continuará hasta el final con mucha tranquilidad, no es necesario que nadie la mantenga porque tiene una capacidad extraordinaria de trabajo y conoce Brasil como pocos", expresó.
Publicado en El Nacional
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lunes, 3 de agosto de 2015
viernes, 8 de mayo de 2015
Casos de corrupción desatan crisis política en Chile
La corrupción ha sido el detonante de la crisis política que vive Chile, donde la presidente Michelle Bachelet solicitó la renuncia, el miércoles, de todos sus ministros y pidió un plazo de 72 horas para decidir quiénes seguirán en el gobierno.
La última encuesta del Centro de Estudios Públicos muestra que 69% de los chilenos piensa que el país debiera descender en el ranking de corrupción por los casos revelados en los últimos meses, uno de los cuales involucra al hijo mayor de Bachelet.
El sondeo del CEP agrega que 52% de la población piensa que ahora los casos de corrupción son más frecuentes que hace 10 años y 48% considera que la reacción de los actores involucrados ante las denuncias ha sido mala.
La consecuencia ha sido una caída estrepitosa en la popularidad de Bachelet cuando apenas van 14 meses de su segundo mandato: 56% desaprueba su gestión y 55% asevera que está gobernando peor de lo que esperaban, informó El Mercurio.
"Si tomamos en cuenta el primer periodo presidencial y el segundo, este es el peor registro en términos de aprobación de la presidente", declaró Ricardo González, coordinador del área de opinión pública del CEP.
La valoración de los atributos personales de Bachelet también ha descendido: 60% cree que no tiene liderazgo para enfrentar situaciones de crisis, 62% no confía en ella, 66% la considera lejana y 72% señala que ha actuado con debilidad ante las presiones.
Cambio necesario. La renovación del gabinete, anunciada en una entrevista con el popular presentador de televisión Mario Kreutzberger (Don Francisco), llega en ese contexto y pretende recuperar la confianza de la población en el gobierno.
Para lograrla, el cambio "debería ser de alta envergadura" e implicar la salida de figuras claves como "parte del equipo político y de hacienda", declaró Pablo Lira, analista político de la Escuela de Periodismo de la Universidad Mayor, al diario La Tercera.
Gloria de la Fuente no tiene dudas de que el cambio traerá la salida del ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, cuestionado por el manejo de un caso de corrupción. "Esto es un golpe de timón a la conducción del gobierno", añadió.
Hasta ahora, sin embargo, lo único cierto es que el canciller Hernando Muñoz seguirá en el puesto. "La presidente tiene una muy buena evaluación de su desempeño, por tanto está ratificado en el cargo", dijo el ministro portavoz Álvaro Elizalde.
Muñoz encabeza el equipo jurídico que impugnó la competencia de la Corte Internacional de Justicia para tratar la demanda de Bolivia por una salida al mar, y actualmente se encuentra en La Haya, sede de la Corte, para presentar los alegatos orales.
Publicado en El Nacional
La última encuesta del Centro de Estudios Públicos muestra que 69% de los chilenos piensa que el país debiera descender en el ranking de corrupción por los casos revelados en los últimos meses, uno de los cuales involucra al hijo mayor de Bachelet.
El sondeo del CEP agrega que 52% de la población piensa que ahora los casos de corrupción son más frecuentes que hace 10 años y 48% considera que la reacción de los actores involucrados ante las denuncias ha sido mala.
La consecuencia ha sido una caída estrepitosa en la popularidad de Bachelet cuando apenas van 14 meses de su segundo mandato: 56% desaprueba su gestión y 55% asevera que está gobernando peor de lo que esperaban, informó El Mercurio.
"Si tomamos en cuenta el primer periodo presidencial y el segundo, este es el peor registro en términos de aprobación de la presidente", declaró Ricardo González, coordinador del área de opinión pública del CEP.
La valoración de los atributos personales de Bachelet también ha descendido: 60% cree que no tiene liderazgo para enfrentar situaciones de crisis, 62% no confía en ella, 66% la considera lejana y 72% señala que ha actuado con debilidad ante las presiones.
Cambio necesario. La renovación del gabinete, anunciada en una entrevista con el popular presentador de televisión Mario Kreutzberger (Don Francisco), llega en ese contexto y pretende recuperar la confianza de la población en el gobierno.
Para lograrla, el cambio "debería ser de alta envergadura" e implicar la salida de figuras claves como "parte del equipo político y de hacienda", declaró Pablo Lira, analista político de la Escuela de Periodismo de la Universidad Mayor, al diario La Tercera.
Gloria de la Fuente no tiene dudas de que el cambio traerá la salida del ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, cuestionado por el manejo de un caso de corrupción. "Esto es un golpe de timón a la conducción del gobierno", añadió.
Hasta ahora, sin embargo, lo único cierto es que el canciller Hernando Muñoz seguirá en el puesto. "La presidente tiene una muy buena evaluación de su desempeño, por tanto está ratificado en el cargo", dijo el ministro portavoz Álvaro Elizalde.
Muñoz encabeza el equipo jurídico que impugnó la competencia de la Corte Internacional de Justicia para tratar la demanda de Bolivia por una salida al mar, y actualmente se encuentra en La Haya, sede de la Corte, para presentar los alegatos orales.
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lunes, 3 de noviembre de 2014
Los escándalos de corrupción abonan el terreno a Podemos
Los escándalos de corrupción siguen enlodando al Partido Popular, que rige España desde 2011, y abonando el terreno para que formaciones políticas emergentes como Podemos, considerado un movimiento de izquierda radical y vinculado al gobierno de Venezuela, avancen en las preferencias de los votantes.
Podemos ya tuvo una primera incursión exitosa en las elecciones al Parlamento Europeo de mayo, al ser el cuarto partido con más sufragios (8%) y obtener 5 diputados. Pero las encuestas más recientes lo igualan con el PP y lo colocan muy por encima del Partido Socialista Obrero Español, hasta ahora la principal fuerza de oposición.
"Se lo estamos dando todo hecho a Podemos", admitió Esperanza Aguirre, presidente del PP en Madrid. La dirigente afirmó que se sentía avergonzada por los casos de corrupción que han surgido y "en gran parte responsable" por haber nombrado a algunos de los involucrados, razón por la cual pidió perdón a los españoles.
El banco de inversión Barclays señaló en su último informe sobre la economía de España -publicado la semana pasada- que la recuperación experimentada en 2014 (prevé un crecimiento de 1,3%) seguirá durante 2015 (alza de 1,8%), pero advirtió que enfrentará riesgos provenientes principalmente de la política.
Barclays hizo referencia a las elecciones catalanas de mayo, donde los movimientos independentistas lideran los sondeos, y a los comicios generales de noviembre. "El sólido comportamiento del partido de extrema izquierda Podemos en las elecciones europeas de este año podría dificultar la formación de un gobierno", advirtió.
Por todas partes. La semana pasada estuvo llena de noticias sobre casos de corrupción que involucran a dirigentes del Partido Popular. El viernes, el juez Eloy Velasco envió a prisión a Francisco Granados, ex consejero de la Comunidad de Madrid (2003-2011) y ex secretario general del PP en la capital española.
Granados y el empresario David Marjaliza -su amigo de juventud- son los principales acusados por la llamada Operación Púnica, una red que facilitó la adjudicación de contratos de servicios públicos (de la Comunidad de Madrid y otras entidades) a un grupo de compañías a cambio de comisiones ilegales.
También el viernes, el Concejo Municipal de Alicante aprobó una moción que impide a los partidos políticos presentar en sus listas a personas investigadas por corrupción. Eso afecta directamente a la alcaldesa Sonia Castedo, imputada de cinco delitos en dos causas judiciales, y otros concejales del Partido Popular.
Estos dos casos están lejos de ser los únicos. Otro escándalo destapado recientemente es el de las "tarjetas negras" que Caja Madrid entregó a funcionarios y políticos de todos los partidos, que cubrieron gastos millonarios. Entre los implicados está Rodrigo Rato, ex vicepresidente del gobierno con el PP.
En 2013 surgió el caso de Luis Bárcenas, ex tesorero del Partido Popular que denunció la existencia en esa organización política de una contabilidad oculta que se alimentaba con donaciones de empresas y servía para pagar sobresueldos a los dirigentes, incluido el presidente Mariano Rajoy.
Más antiguo es el caso Gürtel, una investigación sobre corrupción vinculada al PP que se inició en 2009 y en la cual han sido imputadas 187 personas, entre ellas 74 políticos. El empresario Francisco Correa es señalado como el principal implicado en la trama, que provocó la renuncia de cuatro alcaldes del partido gobernante.
Publicado en El Nacional
Podemos ya tuvo una primera incursión exitosa en las elecciones al Parlamento Europeo de mayo, al ser el cuarto partido con más sufragios (8%) y obtener 5 diputados. Pero las encuestas más recientes lo igualan con el PP y lo colocan muy por encima del Partido Socialista Obrero Español, hasta ahora la principal fuerza de oposición.
"Se lo estamos dando todo hecho a Podemos", admitió Esperanza Aguirre, presidente del PP en Madrid. La dirigente afirmó que se sentía avergonzada por los casos de corrupción que han surgido y "en gran parte responsable" por haber nombrado a algunos de los involucrados, razón por la cual pidió perdón a los españoles.
El banco de inversión Barclays señaló en su último informe sobre la economía de España -publicado la semana pasada- que la recuperación experimentada en 2014 (prevé un crecimiento de 1,3%) seguirá durante 2015 (alza de 1,8%), pero advirtió que enfrentará riesgos provenientes principalmente de la política.
Barclays hizo referencia a las elecciones catalanas de mayo, donde los movimientos independentistas lideran los sondeos, y a los comicios generales de noviembre. "El sólido comportamiento del partido de extrema izquierda Podemos en las elecciones europeas de este año podría dificultar la formación de un gobierno", advirtió.
Por todas partes. La semana pasada estuvo llena de noticias sobre casos de corrupción que involucran a dirigentes del Partido Popular. El viernes, el juez Eloy Velasco envió a prisión a Francisco Granados, ex consejero de la Comunidad de Madrid (2003-2011) y ex secretario general del PP en la capital española.
Granados y el empresario David Marjaliza -su amigo de juventud- son los principales acusados por la llamada Operación Púnica, una red que facilitó la adjudicación de contratos de servicios públicos (de la Comunidad de Madrid y otras entidades) a un grupo de compañías a cambio de comisiones ilegales.
También el viernes, el Concejo Municipal de Alicante aprobó una moción que impide a los partidos políticos presentar en sus listas a personas investigadas por corrupción. Eso afecta directamente a la alcaldesa Sonia Castedo, imputada de cinco delitos en dos causas judiciales, y otros concejales del Partido Popular.
Estos dos casos están lejos de ser los únicos. Otro escándalo destapado recientemente es el de las "tarjetas negras" que Caja Madrid entregó a funcionarios y políticos de todos los partidos, que cubrieron gastos millonarios. Entre los implicados está Rodrigo Rato, ex vicepresidente del gobierno con el PP.
En 2013 surgió el caso de Luis Bárcenas, ex tesorero del Partido Popular que denunció la existencia en esa organización política de una contabilidad oculta que se alimentaba con donaciones de empresas y servía para pagar sobresueldos a los dirigentes, incluido el presidente Mariano Rajoy.
Más antiguo es el caso Gürtel, una investigación sobre corrupción vinculada al PP que se inició en 2009 y en la cual han sido imputadas 187 personas, entre ellas 74 políticos. El empresario Francisco Correa es señalado como el principal implicado en la trama, que provocó la renuncia de cuatro alcaldes del partido gobernante.
Publicado en El Nacional
jueves, 31 de julio de 2014
Señalan a Pdvsa de pagar con sobreprecio buques argentino
Petróleos de Venezuela ha gastado hasta 60% más por los buques encargados al Astillero Río Santiago de Argentina en 2004, como parte de los acuerdos firmados por ambos países durante los mandatos de los presidentes Hugo Chávez y Néstor Kirchner, informó el diario Clarín.
El precio de los barcos está alrededor de 75 millones de dólares, según los trabajadores del astillero, pero fuentes no identificadas por Clarín dijeron que la petrolera venezolana ha pagado 120 millones de dólares (60% más) por las embarcaciones que la naviera argentina le está construyendo.
Además, el presidente de Río Santiago, Héctor Scavuzzo, admitió en una entrevista con la Radio Nacional de Argentina (pública) que el contrato con Pdvsa establece la fabricación de 2 buques con un valor unitario de 112 millones de dólares, es decir, 49% más que el costo de este tipo de barcos.
Clarín recuerda que el anuncio original de Chávez fue la compra de ocho tanqueros, pero que al final Pdvsa solo contrató dos, con opción a dos más. El primero, bautizado Eva Perón, se encuentra a flote en etapa de alistamiento y prueba desde 2012 y el segundo, llamado Juana Azurduy, está en construcción con 68% de avance.
El diario agrega que la fabricación de las embarcaciones ha afrontado dificultades desde el principio. La primera fue la falta de planos, que estuvieron a cargo de una empresa brasileña que los envió en 2010.
Otro problema ha sido la adquisición de los materiales. Pdvsa se encargaba al principio, pero llegaban con meses de retraso. Luego Río Santiago asumió el proceso de compra, pero recibe el dinero a cuentagotas por la escasez de divisas en Venezuela.
El secretario general del sindicato ATE Ensenada, José Omar Juárez, añadió otro factor: el distanciamiento entre los gobiernos, que quedó evidenciado con la ausencia de autoridades venezolanas en la botadura del Eva Perón.
Historia repetida. No es la primera denuncia de sobreprecio relacionada con las transacciones entre Argentina y Venezuela. A principios de julio, Clarín reveló que BioArt vendió arroz a Mercal a un precio que duplica el valor del producto en el mercado internacional.
Reportó que los envíos de la empresa argentina se facturaron a 700 dólares por tonelada, cuando el arroz se cotizaba entre 300 y 350 dólares por tonelada. Agregó que BioArt es proveedor de Venezuela desde 2008.
Publicado en El Nacional
El precio de los barcos está alrededor de 75 millones de dólares, según los trabajadores del astillero, pero fuentes no identificadas por Clarín dijeron que la petrolera venezolana ha pagado 120 millones de dólares (60% más) por las embarcaciones que la naviera argentina le está construyendo.
Además, el presidente de Río Santiago, Héctor Scavuzzo, admitió en una entrevista con la Radio Nacional de Argentina (pública) que el contrato con Pdvsa establece la fabricación de 2 buques con un valor unitario de 112 millones de dólares, es decir, 49% más que el costo de este tipo de barcos.
Clarín recuerda que el anuncio original de Chávez fue la compra de ocho tanqueros, pero que al final Pdvsa solo contrató dos, con opción a dos más. El primero, bautizado Eva Perón, se encuentra a flote en etapa de alistamiento y prueba desde 2012 y el segundo, llamado Juana Azurduy, está en construcción con 68% de avance.
El diario agrega que la fabricación de las embarcaciones ha afrontado dificultades desde el principio. La primera fue la falta de planos, que estuvieron a cargo de una empresa brasileña que los envió en 2010.
Otro problema ha sido la adquisición de los materiales. Pdvsa se encargaba al principio, pero llegaban con meses de retraso. Luego Río Santiago asumió el proceso de compra, pero recibe el dinero a cuentagotas por la escasez de divisas en Venezuela.
El secretario general del sindicato ATE Ensenada, José Omar Juárez, añadió otro factor: el distanciamiento entre los gobiernos, que quedó evidenciado con la ausencia de autoridades venezolanas en la botadura del Eva Perón.
Historia repetida. No es la primera denuncia de sobreprecio relacionada con las transacciones entre Argentina y Venezuela. A principios de julio, Clarín reveló que BioArt vendió arroz a Mercal a un precio que duplica el valor del producto en el mercado internacional.
Reportó que los envíos de la empresa argentina se facturaron a 700 dólares por tonelada, cuando el arroz se cotizaba entre 300 y 350 dólares por tonelada. Agregó que BioArt es proveedor de Venezuela desde 2008.
Publicado en El Nacional
domingo, 6 de julio de 2014
Escándalo Boudou amenaza a Cristina Kirchner
El proceso judicial contra el vicepresidente de Argentina, Amado Boudou, es uno de los escándalos más graves que ha tenido que enfrentar el gobierno de la presidente Cristina Fernández de Kirchner, ya que sus implicaciones podrían afectar la continuidad del oficialismo en el poder. Es además, la primera vez, en la historia de Argentina que un vicepresidente en funciones es procesado por presunta corrupción.
Marcos Novaro, consejero académico del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina de Argentina, explicó que el juicio contra Boudou no es el único caso que ha afectado el kirchnerismo, ni es el más fuerte en cuanto a la malversación de recursos (como el Caso Báez que comprometió el patrimonio del matrimonio Kirchner), pero generará un alto costo político que debilitará directamente al Ejecutivo "en un momento en que se encuentra agobiado por el litigio del caso de los fondos buitres y por los problemas económicos que sufre el país".
Rosendo Fraga, director del Centro de Estudios Nueva Mayoría de Argentina, abundó en este sentido al destacar que, a diferencia de Venezuela, la justicia en Argentina parece estar menos sesgada. "Hay crecientes muestras de independencia del Poder Judicial, que se ha convertido en un campo de batalla para la política", expresó.
Novaro agregó que el caso Boudou refleja que en Argentina fracasó el intento del Ejecutivo de disciplinar a los jueces y someterlos. "El gobierno de Fernández no pudo cambiar tantos jueces como lo hizo el chavismo en Venezuela", comparó.
Otra particularidad de este juicio ha sido que en Argentina los periodistas han tenido responsabilidad directa en la denuncia y en el seguimiento del caso. Los ciudadanos han conocido los pormenores de una trama que salpica a las altas esferas del gobierno porque los medios han tenido acceso a ello.
Ciccone. El proceso contra Boudou es conocido por la opinión pública como el Caso Ciccone. El juez Ariel Lijo imputó al vicepresidente por haberse quedado a través de la empresa fantasma The Old Found y de un testaferro con 70% de la empresa Ciccone Calcográfica, que tiene el monopolio de la impresión del papel moneda en Argentina, a cambio de haber intervenido para evitar la quiebra de esa firma en 2010, mientras estuvo al frente del Ministerio de Economía.
El fiscal federal de Argentina Jorge Di Lello expresó que si no se presentan otros obstáculos, el juicio contra Boudou se realizará después de julio de 2015, durante el último tramo del mandato de Fernández, ya que las elecciones presidenciales se celebrarán en octubre de ese año.
Lijo presentó como prueba decisiva para dictar la acusación, un cruce de reuniones y llamadas telefónicas realizadas entre los principales acusados (la secretaria de Boudou, Agustina Kämpfer; su asistente, Eduardo Romano; su socio José Núñez Carmona; el testaferro, Alejandro Vandenbroele y el empresario Nicolás Ciccone) que revelan los pormenores del delito. Según consta en el expediente judicial, el asistente del vicepresidente se comunicó numerosas veces con un teléfono de The Old Fund, el misterioso fondo que se quedó con la imprenta de valores.
La situación podría complicarse para el funcionario, que se le vincula con otros delitos como enriquecimiento ilícito, presunta intervención en el financiamiento de la provincia de Formosa y la dudosa compra de un vehículo con documentación falsa.
Fernández designó a Boudou como su compañero de fórmula para las elecciones de 2011. Ha sido criticada por el silencio que ha mantenido acerca del proceso contra su vicepresidente. Fraga consideró que la mandataria, aunque no ha hablado explícitamente del caso, defiende al vicepresidente al atacar fuertemente a la justicia y los medios de comunicación.
El jueves pasado la mayoría oficialista del Congreso dio su respaldo al funcionario al rechazar el juicio político solicitado por la oposición.
Los analistas aseguraron que Bodou se mantendrá en el gobierno, aunque Novaro destacó que su permanencia ha producido divisiones dentro del Ejecutivo. "En el gobierno hay muchos actores que creen que es necesario remover al vicepresidente del cargo por las consecuencias que supone para el poder político", concluyó.
Escrito con Anna Carolina Maier. Publicado en El Nacional
Marcos Novaro, consejero académico del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina de Argentina, explicó que el juicio contra Boudou no es el único caso que ha afectado el kirchnerismo, ni es el más fuerte en cuanto a la malversación de recursos (como el Caso Báez que comprometió el patrimonio del matrimonio Kirchner), pero generará un alto costo político que debilitará directamente al Ejecutivo "en un momento en que se encuentra agobiado por el litigio del caso de los fondos buitres y por los problemas económicos que sufre el país".
Rosendo Fraga, director del Centro de Estudios Nueva Mayoría de Argentina, abundó en este sentido al destacar que, a diferencia de Venezuela, la justicia en Argentina parece estar menos sesgada. "Hay crecientes muestras de independencia del Poder Judicial, que se ha convertido en un campo de batalla para la política", expresó.
Novaro agregó que el caso Boudou refleja que en Argentina fracasó el intento del Ejecutivo de disciplinar a los jueces y someterlos. "El gobierno de Fernández no pudo cambiar tantos jueces como lo hizo el chavismo en Venezuela", comparó.
Otra particularidad de este juicio ha sido que en Argentina los periodistas han tenido responsabilidad directa en la denuncia y en el seguimiento del caso. Los ciudadanos han conocido los pormenores de una trama que salpica a las altas esferas del gobierno porque los medios han tenido acceso a ello.
Ciccone. El proceso contra Boudou es conocido por la opinión pública como el Caso Ciccone. El juez Ariel Lijo imputó al vicepresidente por haberse quedado a través de la empresa fantasma The Old Found y de un testaferro con 70% de la empresa Ciccone Calcográfica, que tiene el monopolio de la impresión del papel moneda en Argentina, a cambio de haber intervenido para evitar la quiebra de esa firma en 2010, mientras estuvo al frente del Ministerio de Economía.
El fiscal federal de Argentina Jorge Di Lello expresó que si no se presentan otros obstáculos, el juicio contra Boudou se realizará después de julio de 2015, durante el último tramo del mandato de Fernández, ya que las elecciones presidenciales se celebrarán en octubre de ese año.
Lijo presentó como prueba decisiva para dictar la acusación, un cruce de reuniones y llamadas telefónicas realizadas entre los principales acusados (la secretaria de Boudou, Agustina Kämpfer; su asistente, Eduardo Romano; su socio José Núñez Carmona; el testaferro, Alejandro Vandenbroele y el empresario Nicolás Ciccone) que revelan los pormenores del delito. Según consta en el expediente judicial, el asistente del vicepresidente se comunicó numerosas veces con un teléfono de The Old Fund, el misterioso fondo que se quedó con la imprenta de valores.
La situación podría complicarse para el funcionario, que se le vincula con otros delitos como enriquecimiento ilícito, presunta intervención en el financiamiento de la provincia de Formosa y la dudosa compra de un vehículo con documentación falsa.
Fernández designó a Boudou como su compañero de fórmula para las elecciones de 2011. Ha sido criticada por el silencio que ha mantenido acerca del proceso contra su vicepresidente. Fraga consideró que la mandataria, aunque no ha hablado explícitamente del caso, defiende al vicepresidente al atacar fuertemente a la justicia y los medios de comunicación.
El jueves pasado la mayoría oficialista del Congreso dio su respaldo al funcionario al rechazar el juicio político solicitado por la oposición.
Los analistas aseguraron que Bodou se mantendrá en el gobierno, aunque Novaro destacó que su permanencia ha producido divisiones dentro del Ejecutivo. "En el gobierno hay muchos actores que creen que es necesario remover al vicepresidente del cargo por las consecuencias que supone para el poder político", concluyó.
Escrito con Anna Carolina Maier. Publicado en El Nacional
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