La póliza única de salud individual, creada con la providencia de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora el 16 de diciembre de 2013, entró en vigencia ayer, tras cumplirse el plazo de seis meses que el organismo regulador otorgó a las empresas del sector para hacer los ajustes necesarios.
Una de las condiciones que la Superintendencia de la Actividad Aseguradora estableció para la póliza única es que se deben ofrecer 27 opciones de cobertura (con montos de 20.000 a 150.000 bolívares) y 30 alternativas de deducibles (de 0 a 30.000 bolívares) para permitir al asegurado escoger el plan de su preferencia.
En el caso de pólizas colectivas de salud individual, el organismo fijó los descuentos máximos sobre la prima anual que las empresas pueden hacer en función de la cantidad de asegurados: desde 4% para entre 10 y 50 personas hasta 25% cuando son más de 2.500 personas.
Otras condiciones son que el pago de la indemnización debe hacerse en un plazo de 30 días continuos contados a partir de la recepción del último recaudo, que el rechazo de una solicitud de indemnización deberá ser justificado por escrito al asegurado y que la cobertura máxima se aplica por cada enfermedad o accidente.
En el caso de reembolsos, el asegurado deberá notificar la recepción del producto o servicio en un máximo de 10 días hábiles y consignar los recaudos en los 20 días hábiles siguientes; mientras que para solicitar una carta aval deberá entregar los requisitos por lo menos 7 días hábiles antes de la intervención quirúrgica.
Publicado en El Nacional
Mostrando entradas con la etiqueta Empresas. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Empresas. Mostrar todas las entradas
martes, 17 de junio de 2014
domingo, 2 de febrero de 2014
Dinero gastado en regalos al extranjero supera deuda de Cadivi con empresas
El gobierno del presidente Nicolás Maduro ha restringido la entrega de divisas a las empresas privadas con el argumento de que debe velar para que los dólares que Venezuela recibe, a través de la exportación de crudo y derivados, sean destinados a asuntos prioritarios como la importación de alimentos y medicinas.
Sin embargo, el monto invertido por el fallecido presidente Hugo Chávez en convenios, donaciones y financiamientos a otros países supera con creces la deuda de 10 millardos de dólares que la Comisión de Administración de Divisas tiene con el sector privado por solicitudes aprobadas y no liquidadas, según Fedecámaras.
Cadivi acumula compromisos de 3,5 millardos de dólares con las líneas aéreas; 2,4 millardos de dólares con la industria de alimentos; 1,4 millardos de dólares con los laboratorios farmacéuticos e importadores de equipos médicos; 550 millones de dólares con el sector químico y 500 millones de dólares con la televisión por suscripción.
Casi todos los sectores productivos afrontan situaciones similares. Con la prensa tiene pendiente por liquidar 80 millones de dólares para la importación de papel periódico, lo que ha dejado fuera de circulación a diarios regionales (temporalmente, en algunos casos) y amenaza con paralizar al resto de la industria.
En el libro Concentración de poder: revés del sueño protagónico, Orlando Zamora, exjefe de la división de análisis de riesgo cambiario del Banco Central de Venezuela, recopiló datos sobre los gastos gubernamentales en el extranjero y contó un total de 24,7 millardos de dólares.
Zamora señaló que, al incluir los proyectos cuyo monto no ha sido revelado, se puede calcular que lo gastado para financiar a otros países entre 2000 y 2012 asciende a 35 millardos de dólares, lo que triplica la deuda de Cadivi con el sector privado y casi iguala lo asignado por el organismo en 2013.
El vicepresidente del área económica, Rafael Ramírez, informó en enero que Cadivi aprobó 37,7 millardos de dólares en 2013: 23,2 millardos para importaciones privadas, 5,9 millardos para compras públicas y 8,6 millardos para otros conceptos (incluye viajes, remesas, estudiantes, líneas aéreas).
Más del doble. La Mesa de Unidad Democrática presentó el año pasado un informe sobre los regalos anunciados por Chávez para otros países (incluye desde contribuciones no reembolsables hasta financiamientos en condiciones preferenciales) y calculó que lo destinado para tal fin entre 2005 y 2012 suma más de 70 millardos de dólares.
El monto casi duplica los 37,7 millardos de dólares que Cadivi otorgó durante 2013 y representa 22,8% de lo asignado por el organismo entre 2005 y 2012. En ese período se aprobaron 306,6 millardos de dólares, según la información presentada por Ramírez cuando anunció la reducción del cupo para personas naturales.
La lista de los regalos de Chávez incluye desde donaciones pequeñas, como los 30.000 dólares otorgados en 2007 a una escuela primaria en la India, hasta inversiones cuantiosas, como los 6,6 millardos anunciados en 2012 para la construcción de una refinería, una petroquímica y un oleoducto en Nicaragua.
Entre las contribuciones más sonadas están el millón de dólares entregado en 2006 a la escuela de samba brasileña Unidos de Vila Isabel (que compitió en el Carnaval de Río de Janeiro con una carroza de Simón Bolívar) y los 18 millones de dólares regalados al cineasta estadounidense Danny Glover para financiar una película sobre Haití.
El gobierno también utilizó las divisas del país para reformar una refinería en Jamaica, recuperar empresas en Uruguay, construir viviendas en Benin y Mali, ayudar a pagar la deuda de Argentina con el Fondo Monetario Internacional, subsidiar la calefacción en Estados Unidos y rehabilitar la red eléctrica en Gambia, entre otros proyectos.
Los mayores beneficiarios de la ayuda gubernamental han sido los países de la Alianza Bolivariana para las Américas. Según el informe de la MUD, Cuba ha recibido 23,2 millardos de dólares y Nicaragua 12,9 millardos a través de subsidios petroleros, financiamiento de proyectos y acuerdos de cooperación.
También en armas. El gobierno también ha destinado a la compra de armas y equipos militares una cantidad de divisas que supera con creces lo adeudado por Cadivi al sector privado para la importación de bienes y el pago de servicios.
Anatoli Isaikin, director de la exportadora estatal de armas de Rusia (Rosoboronexport), informó el año pasado que los contratos con el gobierno venezolano estaban valorados en 11 millardos de dólares.
Las compras de armamento de Venezuela superan 16 millardos de dólares, al tomar en cuenta que 68% de lo importado por el país proviene de Rusia, según el Stockholm International Peace Research Institute.
El Sipri asegura que las importaciones venezolanas de armas y equipos militares se incrementaron 555% en el período comprendido entre 2007 y 2011, en comparación con el lapso 2002-2006. El aumento convirtió a Venezuela en el mayor importador de armamento de América Latina e hizo que el país subiera del puesto 46 al 13 en el ranking mundial de los principales compradores.
Publicado en El Nacional
Sin embargo, el monto invertido por el fallecido presidente Hugo Chávez en convenios, donaciones y financiamientos a otros países supera con creces la deuda de 10 millardos de dólares que la Comisión de Administración de Divisas tiene con el sector privado por solicitudes aprobadas y no liquidadas, según Fedecámaras.
Cadivi acumula compromisos de 3,5 millardos de dólares con las líneas aéreas; 2,4 millardos de dólares con la industria de alimentos; 1,4 millardos de dólares con los laboratorios farmacéuticos e importadores de equipos médicos; 550 millones de dólares con el sector químico y 500 millones de dólares con la televisión por suscripción.
Casi todos los sectores productivos afrontan situaciones similares. Con la prensa tiene pendiente por liquidar 80 millones de dólares para la importación de papel periódico, lo que ha dejado fuera de circulación a diarios regionales (temporalmente, en algunos casos) y amenaza con paralizar al resto de la industria.
En el libro Concentración de poder: revés del sueño protagónico, Orlando Zamora, exjefe de la división de análisis de riesgo cambiario del Banco Central de Venezuela, recopiló datos sobre los gastos gubernamentales en el extranjero y contó un total de 24,7 millardos de dólares.
Zamora señaló que, al incluir los proyectos cuyo monto no ha sido revelado, se puede calcular que lo gastado para financiar a otros países entre 2000 y 2012 asciende a 35 millardos de dólares, lo que triplica la deuda de Cadivi con el sector privado y casi iguala lo asignado por el organismo en 2013.
El vicepresidente del área económica, Rafael Ramírez, informó en enero que Cadivi aprobó 37,7 millardos de dólares en 2013: 23,2 millardos para importaciones privadas, 5,9 millardos para compras públicas y 8,6 millardos para otros conceptos (incluye viajes, remesas, estudiantes, líneas aéreas).
Más del doble. La Mesa de Unidad Democrática presentó el año pasado un informe sobre los regalos anunciados por Chávez para otros países (incluye desde contribuciones no reembolsables hasta financiamientos en condiciones preferenciales) y calculó que lo destinado para tal fin entre 2005 y 2012 suma más de 70 millardos de dólares.
El monto casi duplica los 37,7 millardos de dólares que Cadivi otorgó durante 2013 y representa 22,8% de lo asignado por el organismo entre 2005 y 2012. En ese período se aprobaron 306,6 millardos de dólares, según la información presentada por Ramírez cuando anunció la reducción del cupo para personas naturales.
La lista de los regalos de Chávez incluye desde donaciones pequeñas, como los 30.000 dólares otorgados en 2007 a una escuela primaria en la India, hasta inversiones cuantiosas, como los 6,6 millardos anunciados en 2012 para la construcción de una refinería, una petroquímica y un oleoducto en Nicaragua.
Entre las contribuciones más sonadas están el millón de dólares entregado en 2006 a la escuela de samba brasileña Unidos de Vila Isabel (que compitió en el Carnaval de Río de Janeiro con una carroza de Simón Bolívar) y los 18 millones de dólares regalados al cineasta estadounidense Danny Glover para financiar una película sobre Haití.
El gobierno también utilizó las divisas del país para reformar una refinería en Jamaica, recuperar empresas en Uruguay, construir viviendas en Benin y Mali, ayudar a pagar la deuda de Argentina con el Fondo Monetario Internacional, subsidiar la calefacción en Estados Unidos y rehabilitar la red eléctrica en Gambia, entre otros proyectos.
Los mayores beneficiarios de la ayuda gubernamental han sido los países de la Alianza Bolivariana para las Américas. Según el informe de la MUD, Cuba ha recibido 23,2 millardos de dólares y Nicaragua 12,9 millardos a través de subsidios petroleros, financiamiento de proyectos y acuerdos de cooperación.
También en armas. El gobierno también ha destinado a la compra de armas y equipos militares una cantidad de divisas que supera con creces lo adeudado por Cadivi al sector privado para la importación de bienes y el pago de servicios.
Anatoli Isaikin, director de la exportadora estatal de armas de Rusia (Rosoboronexport), informó el año pasado que los contratos con el gobierno venezolano estaban valorados en 11 millardos de dólares.
Las compras de armamento de Venezuela superan 16 millardos de dólares, al tomar en cuenta que 68% de lo importado por el país proviene de Rusia, según el Stockholm International Peace Research Institute.
El Sipri asegura que las importaciones venezolanas de armas y equipos militares se incrementaron 555% en el período comprendido entre 2007 y 2011, en comparación con el lapso 2002-2006. El aumento convirtió a Venezuela en el mayor importador de armamento de América Latina e hizo que el país subiera del puesto 46 al 13 en el ranking mundial de los principales compradores.
Publicado en El Nacional
lunes, 2 de julio de 2012
Habilitante completó el cerco sobre la actividad productiva
Las leyes para regular al sector empresarial aprobadas directamente por el presidente Hugo Chávez gracias al último poder habilitante que le entregó la Asamblea Nacional, que estuvo vigente entre diciembre de 2010 y junio de 2012, completaron el cerco al aparato productivo del país.
Empresarios y especialistas no tienen dudas al respecto. Normas como la Ley de Costos y Precios Justos y la Ley Orgánica del Trabajo, por mencionar sólo las dos más importantes aprobadas vía habilitante, se suman al conjunto de regulaciones implementadas por el Gobierno desde 2003.
En la lista también está la Ley que Promueve las Nuevas Formas Asociativas Conjuntas entre el Estado, la Iniciativa Comunitaria y Privada publicada el 15 de junio –último día de vigencia de la Ley Habilitante– que obliga a asociarse con el Gobierno para ser proveedor o beneficiario de programas.
"Son leyes que han afectado la actividad del sector privado y han limitado la capacidad productiva de las empresas. Se le ha puesto un candado a la poca economía de mercado que existe en el país", aseguró Jorge Botti, presidente de Fedecámaras.
"La iniciativa empresarial ha quedado completamente sujeta a las reglas que establece el Estado. Ya el régimen económico que tuvimos no existe, porque se basaba en la propiedad privada, que ahora está en condiciones precarias", agregó el economista Alexander Guerrero.
Ambos coinciden en que Chávez aprovechó la Habilitante para implementar la propuesta de reforma constitucional rechazada por el voto popular en diciembre de 2007. "Como perdió el referéndum tuvo que armarse de paciencia y hacer los cambios poco a poco", dijo Guerrero.
Contraproducentes. El economista Richard Obuchi identificó dos problemas en las regulaciones aplicadas por el gobierno de Chávez sobre la actividad económica: obvian las consecuencias que generan los cambios y atacan los síntomas en vez de las enfermedades.
Lo primero queda claro, según Obuchi, desde el proceso de aprobación de las leyes. "La ausencia de deliberación y discusión ha sido una característica. La incertidumbre que se genera cuando los cambios no se conocen sino hasta que se publica la norma tiene un impacto muy negativo".
Lo segundo se concluye al analizar las legislaciones aprobadas. "El combate de la inflación requiere mucho más que una regulación de las ganancias como la planteada en la Ley de Costos y Precios Justos. El problema del empleo tampoco se resuelve con la nueva Ley Orgánica del Trabajo", añadió Obuchi.
Botti indicó que, aunque el planteamiento gubernamental apunta a beneficiar al consumidor, en realidad logra lo contrario. "Se han puesto tantas trabas al sector empresarial que al final los efectos son contraproducentes. Una prueba es que la inflación no ha disminuido".
La ley laboral también atenta contra su objetivo, señaló Obuchi. "La norma genera algunos beneficios para quienes están empleados, pero las consecuencias negativas que tiene sobre la actividad privada causarán que, a largo plazo, haya menos empleo".
Más dependencia. El presidente de Fedecámaras destacó que las empresas pequeñas y medianas son las más perjudicadas por las legislaciones que limitan la actividad privada, porque tienen menos capacidad que las grandes para asumir los costos que implican las regulaciones.
"El Gobierno ha hecho más difícil las barreras de entrada y las condiciones de operación de las pymes. Ha inhibido la inversión privada y ha fomentado indirectamente la concentración económica que ahora quiere castigar con la ley antimonopolio que se discute en la Asamblea Nacional", expresó Botti.
Guerrero aseguró que la regulación de la economía ha tenido consecuencias muy duras para toda la sociedad. "Hay una descapitalización del sector privado, un empobrecimiento del capital humano y una mayor dependencia del petróleo".
Publicado en El Nacional
Empresarios y especialistas no tienen dudas al respecto. Normas como la Ley de Costos y Precios Justos y la Ley Orgánica del Trabajo, por mencionar sólo las dos más importantes aprobadas vía habilitante, se suman al conjunto de regulaciones implementadas por el Gobierno desde 2003.
En la lista también está la Ley que Promueve las Nuevas Formas Asociativas Conjuntas entre el Estado, la Iniciativa Comunitaria y Privada publicada el 15 de junio –último día de vigencia de la Ley Habilitante– que obliga a asociarse con el Gobierno para ser proveedor o beneficiario de programas.
"Son leyes que han afectado la actividad del sector privado y han limitado la capacidad productiva de las empresas. Se le ha puesto un candado a la poca economía de mercado que existe en el país", aseguró Jorge Botti, presidente de Fedecámaras.
"La iniciativa empresarial ha quedado completamente sujeta a las reglas que establece el Estado. Ya el régimen económico que tuvimos no existe, porque se basaba en la propiedad privada, que ahora está en condiciones precarias", agregó el economista Alexander Guerrero.
Ambos coinciden en que Chávez aprovechó la Habilitante para implementar la propuesta de reforma constitucional rechazada por el voto popular en diciembre de 2007. "Como perdió el referéndum tuvo que armarse de paciencia y hacer los cambios poco a poco", dijo Guerrero.
Contraproducentes. El economista Richard Obuchi identificó dos problemas en las regulaciones aplicadas por el gobierno de Chávez sobre la actividad económica: obvian las consecuencias que generan los cambios y atacan los síntomas en vez de las enfermedades.
Lo primero queda claro, según Obuchi, desde el proceso de aprobación de las leyes. "La ausencia de deliberación y discusión ha sido una característica. La incertidumbre que se genera cuando los cambios no se conocen sino hasta que se publica la norma tiene un impacto muy negativo".
Lo segundo se concluye al analizar las legislaciones aprobadas. "El combate de la inflación requiere mucho más que una regulación de las ganancias como la planteada en la Ley de Costos y Precios Justos. El problema del empleo tampoco se resuelve con la nueva Ley Orgánica del Trabajo", añadió Obuchi.
Botti indicó que, aunque el planteamiento gubernamental apunta a beneficiar al consumidor, en realidad logra lo contrario. "Se han puesto tantas trabas al sector empresarial que al final los efectos son contraproducentes. Una prueba es que la inflación no ha disminuido".
La ley laboral también atenta contra su objetivo, señaló Obuchi. "La norma genera algunos beneficios para quienes están empleados, pero las consecuencias negativas que tiene sobre la actividad privada causarán que, a largo plazo, haya menos empleo".
Más dependencia. El presidente de Fedecámaras destacó que las empresas pequeñas y medianas son las más perjudicadas por las legislaciones que limitan la actividad privada, porque tienen menos capacidad que las grandes para asumir los costos que implican las regulaciones.
"El Gobierno ha hecho más difícil las barreras de entrada y las condiciones de operación de las pymes. Ha inhibido la inversión privada y ha fomentado indirectamente la concentración económica que ahora quiere castigar con la ley antimonopolio que se discute en la Asamblea Nacional", expresó Botti.
Guerrero aseguró que la regulación de la economía ha tenido consecuencias muy duras para toda la sociedad. "Hay una descapitalización del sector privado, un empobrecimiento del capital humano y una mayor dependencia del petróleo".
Publicado en El Nacional
viernes, 20 de febrero de 2009
Intervenido y en venta
Un día después de que la Superintendencia de Bancos (Sudeban) y la Asociación Bancaria de Venezuela (Asobanca) defendieran la integridad de la filial local del Stanford Financial Group, acusado en los tribunales de Estados Unidos por un multimillonario fraude, el Ministerio de Economía y Finanzas intervino la entidad.
La decisión fue anunciada ayer por el titular del despacho, Alí Rodríguez Araque. Pero la resolución de Sudeban que ordenó la intervención del Stanford Bank y el cese de sus actividades de intermediación financiera apareció publicada en la Gaceta Oficial 39.123, correspondiente al miércoles 18 de febrero, que circuló ayer.
El Ministerio reiteró, mediante una nota de prensa, que la filial venezolana "evidenciaba un desempeño positivo". Explicó, no obstante, que el proceso judicial contra el grupo financiero internacional y la orden de captura de su accionista Robert Allen Stanford hicieron que los clientes del banco en el país retiraran masivamente sus ahorros.
Estos retiros obligaron a Stanford Bank a utilizar 75 millones de bolívares fuertes de su cuenta de encaje en el Banco Central de Venezuela (BCV) y provocaron "graves problemas de liquidez que ponen en peligro la estabilidad de la institución financiera y por ende los intereses de sus depositantes", explicó la resolución de Sudeban.
SUBASTA INMEDIATA
Para administrar el banco mientras dure la tutela gubernamental, Sudeban designó una junta interventora conformada por José De La Blanca, Rafael Antolinez y Simón Rausseo. La idea, sin embargo, es que éstos presenten "una propuesta para el proceso de venta inmediata de la institución financiera", establece la resolución.
Rodríguez Araque informó ayer que ya han recibido algunas ofertas por Stanford Bank, que cuenta con 15 sucursales en el país. "Se va a hacer una operación de subasta muy pronto (para que) un grupo de bancos u otro banco adquiera tanto el activo como el pasivo", dijo en una entrevista con Venevisión, citada por Reuters.
El Ministerio también reiteró que la intervención del Stanford Bank nada tiene que ver con la situación venezolana. "Ha sido provocada por un factor completamente ajeno a nuestro sistema financiero, que se mantiene ajustado a los requisitos establecidos en nuestra normativa legal y las disposiciones de nuestras autoridades", explicó en el comunicado.
El despacho destacó, tal como lo habían hecho el miércoles Asobanca y Sudeban, la fortaleza del sistema financiero local. "No existe en el presente ninguna amenaza que afecte su estabilidad y solidez. Los depositantes pueden mantener la confianza en su sistema financiero como ha venido ocurriendo hasta ahora".
OLLA DESTAPADA
Pero mientras los depositantes de la filial local parecen tener garantizados sus recursos, no sucede lo mismo con el dinero de los venezolanos en el Stanford Bank de Antigua y Barbuda. El país caribeño era punto clave para el grupo financiero, acusado por la venta fraudulenta de US$ 8.000 millones en certificados de depósitos.
El titular de la Sudeban, Edgar Hernández Behrens, reconoció el miércoles que el monto depositado por venezolanos en la filial caribeña de Stanford se ubica entre 2.300 y 3.000 millones de dólares. La oficina local del despacho de abogados Clyde & Co. informó, por su parte, que ha atendido a unas 60 personas afectadas por esta situación.
La firma, que cuenta con oficinas en 22 países, está ofreciendo sus servicios para asistir a los venezolanos en la audiencia que se realizará el próximo 2 de marzo en el Juzgado Federal del Distrito Norte del Estado de Texas, designado para atender el caso.
Publicado en TalCual
La decisión fue anunciada ayer por el titular del despacho, Alí Rodríguez Araque. Pero la resolución de Sudeban que ordenó la intervención del Stanford Bank y el cese de sus actividades de intermediación financiera apareció publicada en la Gaceta Oficial 39.123, correspondiente al miércoles 18 de febrero, que circuló ayer.
El Ministerio reiteró, mediante una nota de prensa, que la filial venezolana "evidenciaba un desempeño positivo". Explicó, no obstante, que el proceso judicial contra el grupo financiero internacional y la orden de captura de su accionista Robert Allen Stanford hicieron que los clientes del banco en el país retiraran masivamente sus ahorros.
Estos retiros obligaron a Stanford Bank a utilizar 75 millones de bolívares fuertes de su cuenta de encaje en el Banco Central de Venezuela (BCV) y provocaron "graves problemas de liquidez que ponen en peligro la estabilidad de la institución financiera y por ende los intereses de sus depositantes", explicó la resolución de Sudeban.
SUBASTA INMEDIATA
Para administrar el banco mientras dure la tutela gubernamental, Sudeban designó una junta interventora conformada por José De La Blanca, Rafael Antolinez y Simón Rausseo. La idea, sin embargo, es que éstos presenten "una propuesta para el proceso de venta inmediata de la institución financiera", establece la resolución.
Rodríguez Araque informó ayer que ya han recibido algunas ofertas por Stanford Bank, que cuenta con 15 sucursales en el país. "Se va a hacer una operación de subasta muy pronto (para que) un grupo de bancos u otro banco adquiera tanto el activo como el pasivo", dijo en una entrevista con Venevisión, citada por Reuters.
El Ministerio también reiteró que la intervención del Stanford Bank nada tiene que ver con la situación venezolana. "Ha sido provocada por un factor completamente ajeno a nuestro sistema financiero, que se mantiene ajustado a los requisitos establecidos en nuestra normativa legal y las disposiciones de nuestras autoridades", explicó en el comunicado.
El despacho destacó, tal como lo habían hecho el miércoles Asobanca y Sudeban, la fortaleza del sistema financiero local. "No existe en el presente ninguna amenaza que afecte su estabilidad y solidez. Los depositantes pueden mantener la confianza en su sistema financiero como ha venido ocurriendo hasta ahora".
OLLA DESTAPADA
Pero mientras los depositantes de la filial local parecen tener garantizados sus recursos, no sucede lo mismo con el dinero de los venezolanos en el Stanford Bank de Antigua y Barbuda. El país caribeño era punto clave para el grupo financiero, acusado por la venta fraudulenta de US$ 8.000 millones en certificados de depósitos.
El titular de la Sudeban, Edgar Hernández Behrens, reconoció el miércoles que el monto depositado por venezolanos en la filial caribeña de Stanford se ubica entre 2.300 y 3.000 millones de dólares. La oficina local del despacho de abogados Clyde & Co. informó, por su parte, que ha atendido a unas 60 personas afectadas por esta situación.
La firma, que cuenta con oficinas en 22 países, está ofreciendo sus servicios para asistir a los venezolanos en la audiencia que se realizará el próximo 2 de marzo en el Juzgado Federal del Distrito Norte del Estado de Texas, designado para atender el caso.
Publicado en TalCual
martes, 19 de agosto de 2008
La estatización se concreta
A pocas horas de vencerse el plazo legal fijado para la estatización de las principales productoras de cemento del país –la mexicana Cemex, la suiza Holcim y la francesa Lafarge–, el Ejecutivo nacional firmó acuerdos de compra-venta con dos de las tres empresas afectadas por la medida.
El vicepresidente de la República, Ramón Carrizalez, indicó que el Estado logró acuerdos amistosos con Holcim y Lafarge. La empresa suiza vendió el 85% de las acciones por 552 millones de dólares, mientras que la francesa cedió el 89% de las acciones por 267 millones de dólares.
Las compañías transnacionales, agregó Carrizalez, se mantendrán como socios minoritarios en las nuevas empresas estatales: Holcim conservará el 15% y Lafarge el 6%. El Estado tiene un plazo de 60 días para cancelar el precio acordado a las empresas.
La mexicana Cemex, en cambio, no logró acordar los términos del traspaso de sus acciones al Estado, por lo que será expropiada. "Estamos obligados por la ley a proceder inmediatamente después de vencido el plazo", indicó el vicepresidente.
PARA LA TRANSICIÓN
Antes de conocerse el acuerdo de compra alcanzado con dos de las tres cementeras, el presidente Hugo Chávez creó –mediante decreto– las comisiones de transición que se encargarán de asumir el control operativo de las empresas estatizadas.
Según la Gaceta Oficial número 38.995, fechada el 15 de agosto pero difundida ayer, cada una de las comisiones estará integrada por cuatro integrantes, deberá instalarse de inmediato y podrá conformar los equipos o grupos técnicos que considere necesarios.
El objetivo de estas comisiones será, según el decreto, "garantizar la transferencia del control de todas las actividades que desarrollan las sociedades mercantiles Cemex Venezuela, Holcim Venezuela y Fábrica Nacional de Cementos (Lafarge) a las empresas estatales".
Las tres comisiones creadas por el Ejecutivo para la transición de la industria cementera están conformadas, en su mayoría, por funcionarios que ocupan –o han ocupado– cargos en la actual administración pública, aunque también hay representantes de otros sectores.
LOS ENCARGADOS
La comisión de transición de Cemex tendrá como coordinador a Elio Francisco Colmenares Goyo, quien se desempeña desde marzo de 2006 como viceministro de Industrias Ligeras. Previamente ocupó varios cargos en el Ministerio del Trabajo.
Otro integrante es Julio César Millán Zambrano, quien renunció a su cargo de diputado del Consejo Legislativo de Anzoátegui después de ser nombrado, el pasado 30 de junio, presidente de la Empresa de Producción Social de Insumos Básicos para la Construcción de Viviendas.
También figuran en este grupo Luis Salvador Velásquez Rosas, aparentemente vinculado a las empresas estatales del sector aluminio, y Reinaldo Getulio Álvarez Cohen, accionista y actual vicepresidente de Interbursa Casa de Bolsa.
En la comisión de Holcim están Ramón Ignacio Trujillo Serrano, ex gerente de finanzas del Fondo de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal y Afines; y William Adolfo Araque Ramírez, ex presidente de la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE).
De los otros dos integrantes del grupo que se encargará de la estatización de la cementera de origen suizo, Natacha Castillo González y Pedro Rogelio González, no se consiguió mayor información en una búsqueda por Internet.
La comisión de Lafarge también será presidida por un viceministro: el de Industrias Básicas, Jesús Enrique Paredes Rosales. Antes de ser nombrado para este cargo, en octubre de 2006, también tuvo posiciones importantes en Cadafe, Venezolana de Televisión y otros organismos.
Los otros integrantes son Luis Eduardo Reyes, Jesús Antonio Calvo y Blas Cuartín Sánchez. Sólo este último, ingeniero de profesión, tendría experiencia previa en la administración pública, específicamente en el extinto Ministerio de Desarrollo Urbano (actual Minfra) y el Seniat.
Publicado en TalCual
El vicepresidente de la República, Ramón Carrizalez, indicó que el Estado logró acuerdos amistosos con Holcim y Lafarge. La empresa suiza vendió el 85% de las acciones por 552 millones de dólares, mientras que la francesa cedió el 89% de las acciones por 267 millones de dólares.
Las compañías transnacionales, agregó Carrizalez, se mantendrán como socios minoritarios en las nuevas empresas estatales: Holcim conservará el 15% y Lafarge el 6%. El Estado tiene un plazo de 60 días para cancelar el precio acordado a las empresas.
La mexicana Cemex, en cambio, no logró acordar los términos del traspaso de sus acciones al Estado, por lo que será expropiada. "Estamos obligados por la ley a proceder inmediatamente después de vencido el plazo", indicó el vicepresidente.
PARA LA TRANSICIÓN
Antes de conocerse el acuerdo de compra alcanzado con dos de las tres cementeras, el presidente Hugo Chávez creó –mediante decreto– las comisiones de transición que se encargarán de asumir el control operativo de las empresas estatizadas.
Según la Gaceta Oficial número 38.995, fechada el 15 de agosto pero difundida ayer, cada una de las comisiones estará integrada por cuatro integrantes, deberá instalarse de inmediato y podrá conformar los equipos o grupos técnicos que considere necesarios.
El objetivo de estas comisiones será, según el decreto, "garantizar la transferencia del control de todas las actividades que desarrollan las sociedades mercantiles Cemex Venezuela, Holcim Venezuela y Fábrica Nacional de Cementos (Lafarge) a las empresas estatales".
Las tres comisiones creadas por el Ejecutivo para la transición de la industria cementera están conformadas, en su mayoría, por funcionarios que ocupan –o han ocupado– cargos en la actual administración pública, aunque también hay representantes de otros sectores.
LOS ENCARGADOS
La comisión de transición de Cemex tendrá como coordinador a Elio Francisco Colmenares Goyo, quien se desempeña desde marzo de 2006 como viceministro de Industrias Ligeras. Previamente ocupó varios cargos en el Ministerio del Trabajo.
Otro integrante es Julio César Millán Zambrano, quien renunció a su cargo de diputado del Consejo Legislativo de Anzoátegui después de ser nombrado, el pasado 30 de junio, presidente de la Empresa de Producción Social de Insumos Básicos para la Construcción de Viviendas.
También figuran en este grupo Luis Salvador Velásquez Rosas, aparentemente vinculado a las empresas estatales del sector aluminio, y Reinaldo Getulio Álvarez Cohen, accionista y actual vicepresidente de Interbursa Casa de Bolsa.
En la comisión de Holcim están Ramón Ignacio Trujillo Serrano, ex gerente de finanzas del Fondo de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal y Afines; y William Adolfo Araque Ramírez, ex presidente de la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE).
De los otros dos integrantes del grupo que se encargará de la estatización de la cementera de origen suizo, Natacha Castillo González y Pedro Rogelio González, no se consiguió mayor información en una búsqueda por Internet.
La comisión de Lafarge también será presidida por un viceministro: el de Industrias Básicas, Jesús Enrique Paredes Rosales. Antes de ser nombrado para este cargo, en octubre de 2006, también tuvo posiciones importantes en Cadafe, Venezolana de Televisión y otros organismos.
Los otros integrantes son Luis Eduardo Reyes, Jesús Antonio Calvo y Blas Cuartín Sánchez. Sólo este último, ingeniero de profesión, tendría experiencia previa en la administración pública, específicamente en el extinto Ministerio de Desarrollo Urbano (actual Minfra) y el Seniat.
Publicado en TalCual
lunes, 6 de febrero de 2006
Rebelión en la "Nueva PDVSA"
Las críticas al plan que adelanta el Ministerio de Energía y Petróleo para convertir los convenios operativos en empresas mixtas (de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2001) no sólo vienen de los dirigentes de oposición. Desde las entrañas de la "nueva Pdvsa" ha surgido un grupo que objeta la migración: el Frente Social Energético 21-D.
El grupo se ha dado a conocer mediante comunicados publicados en la prensa nacional en las últimas semanas. En uno de ellos, titulado "Contraloría social bolivariana sobre la conformación de empresas mixtas en la industria petrolera", se esgrimen los argumentos que sustentan su rechazo al modelo de asociación propuesto por el gobierno a las compañías transnacionales.
Lo primero que señalan es que las empresas mixtas violan las disposiciones constitucionales que reservan la propiedad de los hidrocarburos al país. Tal es el caso del artículo 12, en el cual se establece que "los yacimientos mineros y de hidrocarburos (...) existentes en el territorio nacional (...) pertenecen a la República, son bienes del dominio público y, por tanto, inalienables e imprescriptibles".
Ponen como ejemplo las declaraciones que diera Julio De Vido, ministro de Planificación General de Argentina, cuando se firmó el acuerdo entre Pdvsa y Enarsa para la explotación de la Faja del Orinoco: "Argentina tiene la obligación de salir a ampliar reservas aún fuera del país. No es cierto que la única manera de tener reservas es teniendo petróleo en el país, se pueden obtener fuera del territorio".
En el Frente también critican que el procedimiento se esté haciendo "a espaldas del dueño y soberano de estos recursos: el pueblo", tal como sucedió con los convenios operativos. Consideran que, por tener el petróleo un valor estratégico para Venezuela, la constitución de empresas mixtas debería ser consultada por lo menos al Consejo de Estado (establecido en el artículo 251 de la Constitución).
El grupo no se limita a criticar, también propone una alternativa a las empresas mixtas. Su propuesta consiste en que Pdvsa asuma directamente la operación de los campos entregados mediante los convenios operativos. "¿La opción de esfuerzo propio no sería la más adecuada? (...) ¿Acaso esta opción no es una verdadera estrategia de soberanía nacional?", preguntaron en el comunicado.
Crítica clandestina
Más allá de la posición que tienen ante las empresas mixtas, es poco lo que se sabe sobre el Frente Social Energético 21-D. Uno de sus miembros, que pidió mantener su nombre en reserva, explicó que el grupo está conformado por trabajadores –actuales y retirados– de la industria petrolera, así como por miembros de diferentes organizaciones sociales del occidente del país.
Si alguien piensa que el grupo tiene vínculos con la oposición, está equivocado. El nombre 21-D fue escogido por ser esa la fecha en que el gobierno logró movilizar el buque petrolero Pilín León y comenzó a desmontar el paro petrolero de diciembre de 2002. "Somos un grupo con verdadero espíritu revolucionario, que queremos cambiar el modelo rentista por uno productivo", aseguró la fuente.
Las diferencias del Frente con el ministro Rafael Ramírez comenzaron en 2003, cuando éste giró instrucciones para comenzar un proceso de licitación mediante el cual se entregaría el campo de Tomoporo (que posee una de las reservas más importantes del país) a la compañía española Repsol. "Esa decisión nos cayó como un balde de agua fría. Afortunadamente se logró echar para atrás la propuesta".
La posición asumida en ese momento trajo consecuencias. "Desde entonces Ramírez ha desatado una cacería de brujas contra aquellos que no están de acuerdo con la forma en que está manejando la industria petrolera", Esa persecución ha imposibilitado una discusión interna sobre el tema de las empresas mixtas y ha llevado al Frente a presentar sus opiniones ante la opinión pública.
La fuente asegura que, en términos económicos, las empresas mixtas son menos perjudiciales para el país que los convenios operativos. "El meollo del asunto está en la propiedad de los yacimientos. No sé cómo harán para que las compañías privadas que se asocien con Pdvsa no mantengan ninguna propiedad sobre los activos, porque la Constitución no lo permite".
Consultados sobre qué podrían hacer para evitar que se concrete la migración que está realizando el gobierno venezolano, indicó que la intención es presentar una demanda contra la formación de las empresas mixtas. "Hay un grupo que está trabajando en la redacción de un documento que será llevado ante la Contraloría General de la República y el Tribunal Supremo de Justicia".
Publicado en TalCual
El grupo se ha dado a conocer mediante comunicados publicados en la prensa nacional en las últimas semanas. En uno de ellos, titulado "Contraloría social bolivariana sobre la conformación de empresas mixtas en la industria petrolera", se esgrimen los argumentos que sustentan su rechazo al modelo de asociación propuesto por el gobierno a las compañías transnacionales.
Lo primero que señalan es que las empresas mixtas violan las disposiciones constitucionales que reservan la propiedad de los hidrocarburos al país. Tal es el caso del artículo 12, en el cual se establece que "los yacimientos mineros y de hidrocarburos (...) existentes en el territorio nacional (...) pertenecen a la República, son bienes del dominio público y, por tanto, inalienables e imprescriptibles".
Ponen como ejemplo las declaraciones que diera Julio De Vido, ministro de Planificación General de Argentina, cuando se firmó el acuerdo entre Pdvsa y Enarsa para la explotación de la Faja del Orinoco: "Argentina tiene la obligación de salir a ampliar reservas aún fuera del país. No es cierto que la única manera de tener reservas es teniendo petróleo en el país, se pueden obtener fuera del territorio".
En el Frente también critican que el procedimiento se esté haciendo "a espaldas del dueño y soberano de estos recursos: el pueblo", tal como sucedió con los convenios operativos. Consideran que, por tener el petróleo un valor estratégico para Venezuela, la constitución de empresas mixtas debería ser consultada por lo menos al Consejo de Estado (establecido en el artículo 251 de la Constitución).
El grupo no se limita a criticar, también propone una alternativa a las empresas mixtas. Su propuesta consiste en que Pdvsa asuma directamente la operación de los campos entregados mediante los convenios operativos. "¿La opción de esfuerzo propio no sería la más adecuada? (...) ¿Acaso esta opción no es una verdadera estrategia de soberanía nacional?", preguntaron en el comunicado.
Crítica clandestina
Más allá de la posición que tienen ante las empresas mixtas, es poco lo que se sabe sobre el Frente Social Energético 21-D. Uno de sus miembros, que pidió mantener su nombre en reserva, explicó que el grupo está conformado por trabajadores –actuales y retirados– de la industria petrolera, así como por miembros de diferentes organizaciones sociales del occidente del país.
Si alguien piensa que el grupo tiene vínculos con la oposición, está equivocado. El nombre 21-D fue escogido por ser esa la fecha en que el gobierno logró movilizar el buque petrolero Pilín León y comenzó a desmontar el paro petrolero de diciembre de 2002. "Somos un grupo con verdadero espíritu revolucionario, que queremos cambiar el modelo rentista por uno productivo", aseguró la fuente.
Las diferencias del Frente con el ministro Rafael Ramírez comenzaron en 2003, cuando éste giró instrucciones para comenzar un proceso de licitación mediante el cual se entregaría el campo de Tomoporo (que posee una de las reservas más importantes del país) a la compañía española Repsol. "Esa decisión nos cayó como un balde de agua fría. Afortunadamente se logró echar para atrás la propuesta".
La posición asumida en ese momento trajo consecuencias. "Desde entonces Ramírez ha desatado una cacería de brujas contra aquellos que no están de acuerdo con la forma en que está manejando la industria petrolera", Esa persecución ha imposibilitado una discusión interna sobre el tema de las empresas mixtas y ha llevado al Frente a presentar sus opiniones ante la opinión pública.
La fuente asegura que, en términos económicos, las empresas mixtas son menos perjudiciales para el país que los convenios operativos. "El meollo del asunto está en la propiedad de los yacimientos. No sé cómo harán para que las compañías privadas que se asocien con Pdvsa no mantengan ninguna propiedad sobre los activos, porque la Constitución no lo permite".
Consultados sobre qué podrían hacer para evitar que se concrete la migración que está realizando el gobierno venezolano, indicó que la intención es presentar una demanda contra la formación de las empresas mixtas. "Hay un grupo que está trabajando en la redacción de un documento que será llevado ante la Contraloría General de la República y el Tribunal Supremo de Justicia".
Publicado en TalCual
Suscribirse a:
Entradas (Atom)