La Asamblea Nacional y el Indepabis acordaron instalar una sala situacional en Valencia para recibir denuncias por el cobro del índice de precios al consumidor y otras irregularidades en la preventa de viviendas, luego de una reunión con las personas afectadas.
El diputado Augusto Montiel dijo que en el encuentro participaron habitantes de Aragua, Carabobo, Falcón, Lara y Yaracuy; que denunciaron situaciones como aumento injustificado de precio, presión para firmar nuevos contratos, reventa de las viviendas y tardanza en la construcción.
Montiel afirmó que sólo en los municipios San Diego y Naguanagua, de Carabobo, hay 15.000 familias perjudicadas por "la estafa de empresas que se hacen llamar constructoras y en realidad no tienen nada o de promotoras que actúan como instituciones financieras".
Aseguró que el trabajo de los organismos gubernamentales ha permitido hacer un inventario de las irregularidades y de las empresas que las cometen. Muchas de las compañías, agregó, ya han sido sancionadas por el Indepabis.
Publicado en El Nacional
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sábado, 9 de octubre de 2010
miércoles, 22 de septiembre de 2010
"Firmas que cobraron IPC deben responder ante
los tribunales"
La Cámara Inmobiliaria de Venezuela calificó de positiva la creación de una mesa de trabajo en la Vicepresidencia Ejecutiva de la República para tratar las denuncias sobre el cobro de cuotas relacionadas con el índice de precios al consumidor en los contratos de preventa de viviendas, práctica prohibida por el Gobierno en julio de 2009.
Aquiles Martini, presidente de la CIV, aseguró que el gremio está dispuesto a participar en la instancia, aunque todavía no ha sido invitado formalmente. Señaló que es necesario escuchar la opinión de todos los actores involucrados en el problema antes de emitir juicios de valor. "Las acusaciones hechas hasta ahora se basan en las denuncias de un grupo de personas".
Sobre las 31 compañías promotoras que –según las denuncias recibidas por el Gobierno– han incumplido la prohibición de cobrar cuotas vinculadas al IPC, Martini está de acuerdo con que sean investigadas para determinar si en verdad incurrieron en faltas. "Cada empresa es responsable por sus actos. Si alguna hizo algo ilegal, tiene que responder ante los tribunales".
Pero el dirigente gremial advirtió que hay muchas inconsistencias en los datos proporcionados por las autoridades. Dijo que es imposible que haya más de 150.000 afectados por 31 empresas, pues implica que cada una construye casi 5.000 viviendas; y en tan poco tiempo, porque la prohibición de cobrar IPC está vigente desde hace 15 meses y no puede aplicarse de manera retroactiva.
Buscar alternativas. Roberto Orta, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, dijo que la prohibición de cobrar IPC debe ser respetada aunque se esté en desacuerdo con ella. "Nosotros nos oponemos a esta medida, porque creemos que es contraria a la realidad económica del país, pero mientras esté vigente debe cumplirse".
Orta señaló que la decisión gubernamental es negativa porque a tan sólo un año de comenzar a aplicarse, la construcción de viviendas se redujo a la mitad. "Es una solución demasiado radical. El cobro del IPC siempre ha existido, así como el Gobierno ajusta todos los años la unidad tributaria. Si el objetivo es abaratar los costos, lo que debe es crear las condiciones necesarias".
Aseguró que lo ideal es buscar un mecanismo alterno que permita a los constructores subir los precios en función del aumento de los materiales de construcción y de los otros costos (como mano de obra) para desarrollar un proyecto de vivienda.
Publicado en El Nacional
Aquiles Martini, presidente de la CIV, aseguró que el gremio está dispuesto a participar en la instancia, aunque todavía no ha sido invitado formalmente. Señaló que es necesario escuchar la opinión de todos los actores involucrados en el problema antes de emitir juicios de valor. "Las acusaciones hechas hasta ahora se basan en las denuncias de un grupo de personas".
Sobre las 31 compañías promotoras que –según las denuncias recibidas por el Gobierno– han incumplido la prohibición de cobrar cuotas vinculadas al IPC, Martini está de acuerdo con que sean investigadas para determinar si en verdad incurrieron en faltas. "Cada empresa es responsable por sus actos. Si alguna hizo algo ilegal, tiene que responder ante los tribunales".
Pero el dirigente gremial advirtió que hay muchas inconsistencias en los datos proporcionados por las autoridades. Dijo que es imposible que haya más de 150.000 afectados por 31 empresas, pues implica que cada una construye casi 5.000 viviendas; y en tan poco tiempo, porque la prohibición de cobrar IPC está vigente desde hace 15 meses y no puede aplicarse de manera retroactiva.
Buscar alternativas. Roberto Orta, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, dijo que la prohibición de cobrar IPC debe ser respetada aunque se esté en desacuerdo con ella. "Nosotros nos oponemos a esta medida, porque creemos que es contraria a la realidad económica del país, pero mientras esté vigente debe cumplirse".
Orta señaló que la decisión gubernamental es negativa porque a tan sólo un año de comenzar a aplicarse, la construcción de viviendas se redujo a la mitad. "Es una solución demasiado radical. El cobro del IPC siempre ha existido, así como el Gobierno ajusta todos los años la unidad tributaria. Si el objetivo es abaratar los costos, lo que debe es crear las condiciones necesarias".
Aseguró que lo ideal es buscar un mecanismo alterno que permita a los constructores subir los precios en función del aumento de los materiales de construcción y de los otros costos (como mano de obra) para desarrollar un proyecto de vivienda.
Publicado en El Nacional
jueves, 2 de septiembre de 2010
Fevacu: "Los compradores están indefensos"
El presidente de la Federación Venezolana de Asociaciones de Consumidores y Usuarios, Arnoldo Benítez, afirmó que son más de 60.000 los afectados en el país por la aplicación del índice de precios al consumidor, para ajustar el valor de las viviendas adquiridas en preventa.
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Aunque la resolución 110 del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda prohibió el llamado cobro por IPC, diputados de la Asamblea han denunciado en los últimas días que hay constructoras que siguen exigiendo pagos por este concepto.
Benítez dijo que muchas empresas pretenden obligar a los compradores a cambiar el contrato original –el cual fijaba un valor que luego se ajustaría en función del IPC, algo que ya no se puede hacer– para firmar uno con un precio mucho más elevado que el inicial.
Aseguró que los aumentos por inflación no sólo están prohibidos por la resolución gubernamental sino que también contradicen la legislación vigente. "Los contratos que estipulaban el cobro de IPC son ilegales desde el mismo momento en que se firmaron".
Por eso, no entiende lo permisivo que ha sido el Gobierno con esta práctica. "Eso de que se preocupan por las necesidades de la gente parece ser mentira. La mejor prueba es que no hay institución del Estado que haga cumplir la resolución 110", agregó.
El presidente de Fevacu expresó que el interés de los parlamentarios oficialistas por el tema es sólo una estrategia para sumar votos. "El Indepabis y la Fiscalía implementaron el año pasado un plan para recibir denuncias de los afectados sin mayores resultados. Ahora quieren revivirlo con fines electorales".
Benítez hizo un llamado al TSJ para que emita una sentencia sobre la demanda que introdujeron en 2008, para exigir que los compradores de viviendas en preventa sean resarcidos por los pagos que hicieron por concepto de IPC.
Publicado en El Nacional
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Benítez dijo que muchas empresas pretenden obligar a los compradores a cambiar el contrato original –el cual fijaba un valor que luego se ajustaría en función del IPC, algo que ya no se puede hacer– para firmar uno con un precio mucho más elevado que el inicial.
Aseguró que los aumentos por inflación no sólo están prohibidos por la resolución gubernamental sino que también contradicen la legislación vigente. "Los contratos que estipulaban el cobro de IPC son ilegales desde el mismo momento en que se firmaron".
Por eso, no entiende lo permisivo que ha sido el Gobierno con esta práctica. "Eso de que se preocupan por las necesidades de la gente parece ser mentira. La mejor prueba es que no hay institución del Estado que haga cumplir la resolución 110", agregó.
El presidente de Fevacu expresó que el interés de los parlamentarios oficialistas por el tema es sólo una estrategia para sumar votos. "El Indepabis y la Fiscalía implementaron el año pasado un plan para recibir denuncias de los afectados sin mayores resultados. Ahora quieren revivirlo con fines electorales".
Benítez hizo un llamado al TSJ para que emita una sentencia sobre la demanda que introdujeron en 2008, para exigir que los compradores de viviendas en preventa sean resarcidos por los pagos que hicieron por concepto de IPC.
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miércoles, 1 de septiembre de 2010
Hay 8.000 denuncias por cobro de IPC
El diputado Augusto Montiel, integrante de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, denunció que alrededor de 50 empresas constructoras disfrazan la aplicación del índice de precios al consumidor al valor de las viviendas en preventa –prohibida por el Gobierno en 2009– con cobros por términos como compensación o justiprecio.
Montiel informó que han recibido 8.000 denuncias de compradores que se niegan a realizar pagos adicionales a los establecidos en sus contratos. "Les están cobrando entre 50 millones y 200 millones de bolívares por conceptos que son un IPC disfrazado. Los amenazan con no entregarles el inmueble, además de retrasar la construcción para presionarlos".
El Instituto Nacional para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios creó una sala situacional, según Montiel, para recibir las denuncias de los afectados y emprender las acciones correspondientes. "Hay que aplicar medidas administrativas e incluso abrir procesos judiciales, porque la forma de proceder de estas empresas puede tipificarse como estafa", afirmó.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini, está de acuerdo con que se investiguen las irregularidades que pudieran cometer algunas empresas, pero solicitó que no se juzgue a priori todo el sector. "Si alguien hace algo ilegal, debe responder ante las autoridades. Pero hay que tener cuidado porque sólo se está viendo una cara de la moneda".
Martini recordó que los problemas existentes con el suministro de insumos como acero y cemento pudieran ser la causa del retraso en algunos proyectos residenciales. Por eso, considera que el Gobierno debe escuchar la versión de los constructores y revisar cada caso de manera individual.
Roberto León Parilli, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios y Consumidores, dijo que lo mejor es buscar un equilibrio. "En un país con la inflación que hay en Venezuela debe haber un mecanismo de ajuste de precios. Pero el cálculo del IPC no puede quedar en manos de los constructores sino de los organismos correspondientes".
Publicado en El Nacional
El Instituto Nacional para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios creó una sala situacional, según Montiel, para recibir las denuncias de los afectados y emprender las acciones correspondientes. "Hay que aplicar medidas administrativas e incluso abrir procesos judiciales, porque la forma de proceder de estas empresas puede tipificarse como estafa", afirmó.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini, está de acuerdo con que se investiguen las irregularidades que pudieran cometer algunas empresas, pero solicitó que no se juzgue a priori todo el sector. "Si alguien hace algo ilegal, debe responder ante las autoridades. Pero hay que tener cuidado porque sólo se está viendo una cara de la moneda".
Martini recordó que los problemas existentes con el suministro de insumos como acero y cemento pudieran ser la causa del retraso en algunos proyectos residenciales. Por eso, considera que el Gobierno debe escuchar la versión de los constructores y revisar cada caso de manera individual.
Roberto León Parilli, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios y Consumidores, dijo que lo mejor es buscar un equilibrio. "En un país con la inflación que hay en Venezuela debe haber un mecanismo de ajuste de precios. Pero el cálculo del IPC no puede quedar en manos de los constructores sino de los organismos correspondientes".
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