Esta semana comenzaron a aplicarse las primeras medidas anunciadas por el presidente Nicolás Maduro contra Estados Unidos, lo que representa una nueva fractura a las relaciones diplomáticas. En la Gaceta Oficial número 6177 se publicó la resolución en la que le prohíben el ingreso al país a políticos estadounidenses y se exige obtener visa para entrar al territorio nacional.
Las acciones enmarcadas dentro del discurso antiestadounidense, que fue impulsado por el presidente Hugo Chávez durante su mandato y que Maduro ha reforzado, han hecho que el intercambio comercial entre ambas naciones se deteriore. Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial, pero el volumen de transacciones se ha disminuido consecuentemente.
En 1998, un año antes de la llegada de Chávez al poder se despachaban a Estados Unidos más de 1,7 millones de barriles de petróleo por día; en 2005 se llegaron a enviar 1,8 millones de barriles, pero en 2013 se despacharon solo 800.000 barriles por día; es decir, 56% menos que 8 años antes, según las últimas cifras disponibles de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos.
El descenso de los envíos petroleros –combinado con la disminución de los precios del crudo– hizo que las exportaciones venezolanas, que alcanzaron un máximo de 51,4 millardos de dólares en 2008, bajaran casi ininterrumpidamente desde entonces para ubicarse en 29 millardos de dólares en 2014, según la Oficina del Censo de Estados Unidos.
“El discurso del gobierno ha pesado en las relaciones comerciales, ligado a la decisión de Estados Unidos de independizarse del crudo externo aumentando su producción. Cuando tienen que decidir a cuál país van a comprarle menos, ahí pesa el tema de qué nación es menos problemática, entre otras cosas”, explicó el economista y profesor universitario Luis Oliveros.
La producción de crudo y sus derivados en el país del norte ha crecido hasta 70% en los últimos años. En un reporte del Departamento de Energía difundido esta semana se señala que desde enero han producido e importado un promedio diario de un millón de barriles más de lo que consumen. El excedente lo están almacenando en tanques y en total poseen más petróleo que en 80 años.
“La demanda de Estados Unidos de crudo venezolano va a seguir cayendo y podría acercarse a 400.000 barriles diarios, no solo porque dependen menos, sino también por la sustitución de petróleo por gas natural y por un tema de eficiencia en el consumo”, agregó el economista Leonardo Buniak.
El especialista dijo que las nuevas acciones del Ejecutivo contra Estados Unidos son solo para animar al resto de los países con los que comparten ideología. “Yo no creo que vayan a quebrantarse las relaciones comerciales. Las medidas del Ejecutivo venezolano son más útiles como amenazas que como una opción real. Desde el punto de vista de negocios sería suicida para Venezuela interrumpir los envíos. Para la economía de Estado Unidos, por el contrario, el daño sería imperceptible”.
Petróleo por café. Representantes del gobierno han argumentado en varias oportunidades que Petróleos de Venezuela ha estado diversificando sus mercados justamente para reducir la dependencia económica con Estados Unidos.
“La decisión de Venezuela de comenzar a mirar mercados diferentes es correcta, no se critica, lo lamentable es que desafortunadamente no se genera caja. Se redujo la venta con Estados Unidos, que paga en efectivo, para empezar a operar con un esquema de condiciones económicas que al país no le han sido favorables”, detalló Buniak.
Los especialistas no cuestionan las relaciones con China, país al que se le envían alrededor de 600.000 barriles diarios como parte de los pagos de financiamiento que le han dado al país a través del Fondo Conjunto China-Venezuela, pero sí critican los acuerdos de cooperación que tiene, como Petrocaribe con una serie de beneficios para el pago del petróleo entre los que se encuentra financiamiento hasta por 25 años, con 2 años de gracia y una tasa de interés de 1%.
“En 2013 Venezuela registró ingresos petroleros cercanos a 81 millardos de dólares, pero de esa cantidad casi 40% son causados y no realizados. Es decir, el crudo se envió, pero el dinero no entró a caja”, agregó Buniak.
Esta semana la agencia Reuters reportó en su página web que Nicaragua enviaría café como parte del pago de la factura con Petrocaribe. También se han recibido caraotas y azúcar como pago del petróleo.
“En los últimos 5 años la factura con Petrocaribe ha rondado 35 millardos, de los cuales la mitad se ha financiado. Si ese petróleo se hubiera enviado a Estados Unidos, por ejemplo, el dinero ya se habría cobrado”, agregó Oliveros.
Escrito con María Fernanda Sojo. Publicado en El Nacional
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domingo, 8 de marzo de 2015
jueves, 23 de octubre de 2014
Pago de la deuda se comerá 20% del presupuesto
El crecimiento acelerado del endeudamiento público registrado en los últimos años de mandato del fallecido presidente Hugo Chávez (161% entre 2008 y 2013) volverá a pasar factura en 2015, cuando el gobierno de Nicolás Maduro tendrá que reservar una quinta parte de los egresos para el pago de compromisos pendientes.
El proyecto de ley de presupuesto entregado por el Ministerio de Economía y Finanzas a la Asamblea Nacional asigna 149,9 millardos de bolívares al servicio de la deuda pública, lo que representa 20% del gasto del año próximo (741,7 millardos). En 2014, la proporción de los egresos que se utilizó para cancelar pasivos fue 22%.
El monto destinado a pagar el endeudamiento duplica el presupuesto de los ministerios de Educación (73,9 millardos de bolívares) y Trabajo (63,9 millardos), además de cuadruplicar las partidas fijadas a los despachos de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (42,4 millardos), Salud (38,7 millardos) y Defensa (33,1 millardos).
La diferencia es mayor al comparar el servicio de deuda pública con las asignaciones de otras carteras que atienden asuntos considerados prioritarios, como Transporte Terrestre (15,4 millardos de bolívares), Energía Eléctrica (11,5 millardos), Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda (9,9 millardos), Alimentación (8,7 millardos) e Industrias (8,4 millardos).
El presupuesto del Ministerio de Interior, Justicia y Paz es el único que se acerca a la cantidad asignada para la deuda pública, al contar con 136,7 millardos de bolívares. La mayoría de esos recursos (128,3 millardos) son para cancelar el situado constitucional de gobernaciones y alcaldías.
Previsión vulnerable. El economista Pedro Palma indica que el hecho de que la deuda se consuma una quinta parte de los gastos limita la disponibilidad de recursos para otras cuestiones importantes. Más aún cuando se trata de un presupuesto subestimado, porque el monto es inferior a lo que se ha gastado en 2014 (963 millardos de bolívares).
Palma recuerda que los gobiernos de Chávez y Maduro se han acostumbrado a subestimar el presupuesto, para reducir los desembolsos que por ley le corresponden a gobernaciones y alcaldías (20% de los ingresos ordinarios), y complementar los gastos por la vía de los créditos adicionales aprobados por la Asamblea Nacional.
Advierte, sin embargo, que esta vez la práctica puede resultar peligrosa porque la caída de los precios del petróleo en los últimos meses (el valor de la cesta venezolana de crudo y derivados ha perdido 15 dólares desde agosto) limitará los ingresos y, por tanto, la posibilidad de contar con recursos extrapresupuestarios.
El economista precisa que una disminución de 20 dólares en el precio promedio de los hidrocarburos que el país exporta restará 10 millardos de dólares al flujo de caja de Petróleos de Venezuela, lo que restringirá las transferencias de la empresa estatal a los fondos paralelos que el Ejecutivo maneja discrecionalmente.
Aumentos inesperados. El gasto previsto en el proyecto de ley de presupuesto de 2015 presenta un incremento promedio de 34% en comparación con el de 2014. Pero las alzas son mucho más significativas en los ministerios de Planificación (585%), de Petróleo y Minería (263%), de Turismo (150%) y de Comunicación e Información (119%).
El aumento en el Ministerio de Planificación obedece a que Corpomiranda, que tendrá un presupuesto de 2,7 millardos de bolívares (17% más que en 2014), pasó a formar parte de los organismos adscritos a ese despacho. El ente –dirigido por Elías Jaua– reportaba antes a la Vicepresidencia Ejecutiva.
El incremento en la cartera de Petróleo y Minería se debe a un salto en los gastos de personal, que pasarán de 308,3 millones de bolívares en 2014 a 1,1 millardos en 2015. Igual sucede en el Ministerio de Turismo, donde los recursos destinados a pagar la nómina subirán de 139,7 millones a 367,6 millones.
La creación de la Agencia Venezolana de Publicidad, que dispondrá de 220,7 millones de bolívares para sus operaciones, y el alza de las asignaciones anuales para los medios públicos contribuyeron al crecimiento del presupuesto del despacho de Comunicación e Información.
No todos los organismos tendrán más recursos en 2015. La Vicepresidencia contará con 39% menos por el traspaso de Corpomiranda, mientras que las carteras de Comunas y Defensa tendrán que reducir sus gastos en 22% y 5,6%, respectivamente.
También disminuyó el presupuesto del Ministerio de Energía Eléctrica (-9,8%), a pesar de que no se han logrado corregir los problemas de generación y transmisión que han causado apagones frecuentes en los últimos años.
Endeudamiento concentrado. El presupuesto de 2015 indica que 13,5% de los gastos se cubrirán con endeudamiento. El gobierno proyecta pedir prestado un total de 109,1 millones de bolívares: 58,1 millardos irán a proyectos y 50 millardos a la cancelación de pasivos.
Entre los proyectos que serán financiados con deuda pública destaca el programa de modernización de aduanas del Seniat, que necesitará 37,2 millardos de bolívares (64% del endeudamiento anual para proyectos).
Otros entes estatales que recibirán dinero por la vía del endeudamiento son los ministerios de Transporte Terrestre y Energía Eléctrica, Corpomiranda y Conviasa, que tendrá 2,1 millardos de bolívares para comprar aviones
Publicado en El Nacional
El proyecto de ley de presupuesto entregado por el Ministerio de Economía y Finanzas a la Asamblea Nacional asigna 149,9 millardos de bolívares al servicio de la deuda pública, lo que representa 20% del gasto del año próximo (741,7 millardos). En 2014, la proporción de los egresos que se utilizó para cancelar pasivos fue 22%.
El monto destinado a pagar el endeudamiento duplica el presupuesto de los ministerios de Educación (73,9 millardos de bolívares) y Trabajo (63,9 millardos), además de cuadruplicar las partidas fijadas a los despachos de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (42,4 millardos), Salud (38,7 millardos) y Defensa (33,1 millardos).
La diferencia es mayor al comparar el servicio de deuda pública con las asignaciones de otras carteras que atienden asuntos considerados prioritarios, como Transporte Terrestre (15,4 millardos de bolívares), Energía Eléctrica (11,5 millardos), Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda (9,9 millardos), Alimentación (8,7 millardos) e Industrias (8,4 millardos).
El presupuesto del Ministerio de Interior, Justicia y Paz es el único que se acerca a la cantidad asignada para la deuda pública, al contar con 136,7 millardos de bolívares. La mayoría de esos recursos (128,3 millardos) son para cancelar el situado constitucional de gobernaciones y alcaldías.
Previsión vulnerable. El economista Pedro Palma indica que el hecho de que la deuda se consuma una quinta parte de los gastos limita la disponibilidad de recursos para otras cuestiones importantes. Más aún cuando se trata de un presupuesto subestimado, porque el monto es inferior a lo que se ha gastado en 2014 (963 millardos de bolívares).
Palma recuerda que los gobiernos de Chávez y Maduro se han acostumbrado a subestimar el presupuesto, para reducir los desembolsos que por ley le corresponden a gobernaciones y alcaldías (20% de los ingresos ordinarios), y complementar los gastos por la vía de los créditos adicionales aprobados por la Asamblea Nacional.
Advierte, sin embargo, que esta vez la práctica puede resultar peligrosa porque la caída de los precios del petróleo en los últimos meses (el valor de la cesta venezolana de crudo y derivados ha perdido 15 dólares desde agosto) limitará los ingresos y, por tanto, la posibilidad de contar con recursos extrapresupuestarios.
El economista precisa que una disminución de 20 dólares en el precio promedio de los hidrocarburos que el país exporta restará 10 millardos de dólares al flujo de caja de Petróleos de Venezuela, lo que restringirá las transferencias de la empresa estatal a los fondos paralelos que el Ejecutivo maneja discrecionalmente.
Aumentos inesperados. El gasto previsto en el proyecto de ley de presupuesto de 2015 presenta un incremento promedio de 34% en comparación con el de 2014. Pero las alzas son mucho más significativas en los ministerios de Planificación (585%), de Petróleo y Minería (263%), de Turismo (150%) y de Comunicación e Información (119%).
El aumento en el Ministerio de Planificación obedece a que Corpomiranda, que tendrá un presupuesto de 2,7 millardos de bolívares (17% más que en 2014), pasó a formar parte de los organismos adscritos a ese despacho. El ente –dirigido por Elías Jaua– reportaba antes a la Vicepresidencia Ejecutiva.
El incremento en la cartera de Petróleo y Minería se debe a un salto en los gastos de personal, que pasarán de 308,3 millones de bolívares en 2014 a 1,1 millardos en 2015. Igual sucede en el Ministerio de Turismo, donde los recursos destinados a pagar la nómina subirán de 139,7 millones a 367,6 millones.
La creación de la Agencia Venezolana de Publicidad, que dispondrá de 220,7 millones de bolívares para sus operaciones, y el alza de las asignaciones anuales para los medios públicos contribuyeron al crecimiento del presupuesto del despacho de Comunicación e Información.
No todos los organismos tendrán más recursos en 2015. La Vicepresidencia contará con 39% menos por el traspaso de Corpomiranda, mientras que las carteras de Comunas y Defensa tendrán que reducir sus gastos en 22% y 5,6%, respectivamente.
También disminuyó el presupuesto del Ministerio de Energía Eléctrica (-9,8%), a pesar de que no se han logrado corregir los problemas de generación y transmisión que han causado apagones frecuentes en los últimos años.
Endeudamiento concentrado. El presupuesto de 2015 indica que 13,5% de los gastos se cubrirán con endeudamiento. El gobierno proyecta pedir prestado un total de 109,1 millones de bolívares: 58,1 millardos irán a proyectos y 50 millardos a la cancelación de pasivos.
Entre los proyectos que serán financiados con deuda pública destaca el programa de modernización de aduanas del Seniat, que necesitará 37,2 millardos de bolívares (64% del endeudamiento anual para proyectos).
Otros entes estatales que recibirán dinero por la vía del endeudamiento son los ministerios de Transporte Terrestre y Energía Eléctrica, Corpomiranda y Conviasa, que tendrá 2,1 millardos de bolívares para comprar aviones
Publicado en El Nacional
sábado, 27 de septiembre de 2014
Oferta de equipos electrónicos se mantiene limitada
A casi un año del Dakazo, como fue llamada la intervención gubernamental de tiendas de equipos electrónicos y línea blanca para obligarlos a bajar los precios de sus productos, la oferta de este tipo de bienes es muy limitada.
Tiendas como Venelca, Mundo Samira y Max Center –que están ubicadas en Boleíta– tienen poco que ofrecer a sus clientes. En la primera, los estantes están prácticamente vacíos y un puñado de aires acondicionados es lo único que se puede comprar.
En Mundo Samira hay unos pocos televisores, lavadoras y congeladores. El resto de la oferta –en la que antes abundaban equipos electrónicos y línea blanca– está compuesto por electrodomésticos (licuadoras, planchas), artículos para el hogar y juguetes.
En Max Center no hay ningún tipo de equipo electrónico ni de línea blanca disponible. La falta de acceso a divisas al tipo de cambio oficial ha impedido que la tienda renueve los inventarios y ha limitado su oferta a artículos para el hogar.
Las tiendas de Samsung y Sony en el centro comercial Líder tampoco tienen muchas opciones para los consumidores. En la primera sólo exhiben televisores que no están disponibles para la venta y en la segunda no hay ningún producto de la marca.
Fuentes del sector informaron que Samsung espera recibir mercancía en los próximos meses, mientras que Sony tiene restringidas sus operaciones en Venezuela a labores de representación de la firma.
La iStore del Líder está llena de accesorios Apple, pero la oferta de equipos es limitada e impagable para muchos. El único teléfono disponible es el Iphone 5S, que se vende en 79.900 bolívares.
En los comercios de electrónicos situados en la avenida Francisco de Miranda, a la altura de Chacao, la oferta es más amplia; pero también a precios poco asequibles para la mayoría de los consumidores.
Un televisor LG de 32 pulgadas se vende en 53.000 bolívares, mientras que un reproductor bluray Panasonic cuesta 10.000 bolívares. Para adquirir un teléfono Samsung Galaxy S5 hay que desembolsar hasta 85.000 bolívares.
Solo 10 empresas de electrodomésticos y equipos electrónicos aparecen en la lista de compañías que recibieron divisas al tipo de cambio oficial de 6,3 bolívares por dólar entre enero y julio de 2014.
El documento, publicado en la página web del Centro Nacional de Comercio Exterior en agosto, muestra que el organismo liquidó 9,3 millones de dólares a 5 empresas de electrodomésticos y 5,2 millones de dólares a 5 de electrónicos.
Los 14,5 millones de dólares asignados a estas compañías en los primeros 7 meses del año representan 0,15% del total desembolsado por Cencoex, que asciende a 9,57 millardos de dólares.
La otra alternativa que tienen las firmas del sector para adquirir divisas oficiales es el Sistema Complementario de Administración de Divisas I y II, con tasas de 12 y 50 bolívares por dólar. Pero empresarios y especialistas han dicho que ambos mecanismos resultan insuficientes para satisfacer las necesidades de la economía.
Publicado en El Nacional
Tiendas como Venelca, Mundo Samira y Max Center –que están ubicadas en Boleíta– tienen poco que ofrecer a sus clientes. En la primera, los estantes están prácticamente vacíos y un puñado de aires acondicionados es lo único que se puede comprar.
En Mundo Samira hay unos pocos televisores, lavadoras y congeladores. El resto de la oferta –en la que antes abundaban equipos electrónicos y línea blanca– está compuesto por electrodomésticos (licuadoras, planchas), artículos para el hogar y juguetes.
En Max Center no hay ningún tipo de equipo electrónico ni de línea blanca disponible. La falta de acceso a divisas al tipo de cambio oficial ha impedido que la tienda renueve los inventarios y ha limitado su oferta a artículos para el hogar.
Las tiendas de Samsung y Sony en el centro comercial Líder tampoco tienen muchas opciones para los consumidores. En la primera sólo exhiben televisores que no están disponibles para la venta y en la segunda no hay ningún producto de la marca.
Fuentes del sector informaron que Samsung espera recibir mercancía en los próximos meses, mientras que Sony tiene restringidas sus operaciones en Venezuela a labores de representación de la firma.
La iStore del Líder está llena de accesorios Apple, pero la oferta de equipos es limitada e impagable para muchos. El único teléfono disponible es el Iphone 5S, que se vende en 79.900 bolívares.
En los comercios de electrónicos situados en la avenida Francisco de Miranda, a la altura de Chacao, la oferta es más amplia; pero también a precios poco asequibles para la mayoría de los consumidores.
Un televisor LG de 32 pulgadas se vende en 53.000 bolívares, mientras que un reproductor bluray Panasonic cuesta 10.000 bolívares. Para adquirir un teléfono Samsung Galaxy S5 hay que desembolsar hasta 85.000 bolívares.
Solo 10 empresas de electrodomésticos y equipos electrónicos aparecen en la lista de compañías que recibieron divisas al tipo de cambio oficial de 6,3 bolívares por dólar entre enero y julio de 2014.
El documento, publicado en la página web del Centro Nacional de Comercio Exterior en agosto, muestra que el organismo liquidó 9,3 millones de dólares a 5 empresas de electrodomésticos y 5,2 millones de dólares a 5 de electrónicos.
Los 14,5 millones de dólares asignados a estas compañías en los primeros 7 meses del año representan 0,15% del total desembolsado por Cencoex, que asciende a 9,57 millardos de dólares.
La otra alternativa que tienen las firmas del sector para adquirir divisas oficiales es el Sistema Complementario de Administración de Divisas I y II, con tasas de 12 y 50 bolívares por dólar. Pero empresarios y especialistas han dicho que ambos mecanismos resultan insuficientes para satisfacer las necesidades de la economía.
Publicado en El Nacional
martes, 23 de septiembre de 2014
La escasez de bienes continúa en aumento
El Banco Central de Ve-nezuela dejó de publicar cifras oficiales de escasez en enero, cuando el indicador alcanzó un récord de 28%. Pero los anaqueles vacíos que los venezolanos encuentran cada vez que salen de compras son suficientes para mostrar que continúan las fallas en el suministro de bienes.
En su informe mensual sobre la canasta básica familiar, el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros reportó que en agosto hubo 36 productos de primera necesidad con problemas de abastecimiento, incluidos alimentos y artículos de higiene personal y limpieza del hogar.
Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, indicó que durante los últimos meses ha habido un crecimiento importante de la escasez. Los estudios que hace la firma, que se limitan a los alimentos con precio regulado en Caracas, indican que el porcentaje de estos que no se consiguen subió de 60% en marzo a 70% en agosto.
La escasez va mucho más allá de los productos básicos. La más reciente Encuesta de Coyuntura de la Conindustria muestra que todos los sectores manufactureros reportaron una caída de la producción y de los inventarios durante el segundo trimestre de 2014.
El porcentaje de industrias que fabricaron menos entre abril y junio fue 50% en el caso de metales básicos, 53% en alimentos, bebidas y tabaco; 55% en textiles, confección, cuero y calzado; 60% en químicos; 71% en madera y muebles; 74% en papel y cartón y 75% en productos metálicos.
El sondeo de Conindustria también reveló que el aparato productivo está usando apenas la mitad de su capacidad instalada y que las posibilidades de mejora son prácticamente nulas: 86% de los industriales tiene expectativas regulares o malas sobre el desempeño en el tercer trimestre del año.
La falta de divisas para adquirir materias primas e insumos es señalada por empresarios y especialistas como la razón principal de la escasez.
Henkel García, director de Econométrica, dijo que el problema cambiario ha llegado a un momento crítico. "Para que haya una mejora significativa no solo tendría que haber una devaluación, sino un desmontaje del control. Porque los desajustes son tales que el régimen no se podría sostener incluso si hubiera dólares".
León y García coinciden en que los ajustes de precios aprobados por el gobierno en los últimos meses pueden ayudar a una recuperación en el suministro de los productos regulados, pero no serán una solución permanente ni resolverán el problema de la escasez en general, que está más vinculado a la falta de divisas.
Publicado en El Nacional
En su informe mensual sobre la canasta básica familiar, el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros reportó que en agosto hubo 36 productos de primera necesidad con problemas de abastecimiento, incluidos alimentos y artículos de higiene personal y limpieza del hogar.
Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, indicó que durante los últimos meses ha habido un crecimiento importante de la escasez. Los estudios que hace la firma, que se limitan a los alimentos con precio regulado en Caracas, indican que el porcentaje de estos que no se consiguen subió de 60% en marzo a 70% en agosto.
La escasez va mucho más allá de los productos básicos. La más reciente Encuesta de Coyuntura de la Conindustria muestra que todos los sectores manufactureros reportaron una caída de la producción y de los inventarios durante el segundo trimestre de 2014.
El porcentaje de industrias que fabricaron menos entre abril y junio fue 50% en el caso de metales básicos, 53% en alimentos, bebidas y tabaco; 55% en textiles, confección, cuero y calzado; 60% en químicos; 71% en madera y muebles; 74% en papel y cartón y 75% en productos metálicos.
El sondeo de Conindustria también reveló que el aparato productivo está usando apenas la mitad de su capacidad instalada y que las posibilidades de mejora son prácticamente nulas: 86% de los industriales tiene expectativas regulares o malas sobre el desempeño en el tercer trimestre del año.
La falta de divisas para adquirir materias primas e insumos es señalada por empresarios y especialistas como la razón principal de la escasez.
Henkel García, director de Econométrica, dijo que el problema cambiario ha llegado a un momento crítico. "Para que haya una mejora significativa no solo tendría que haber una devaluación, sino un desmontaje del control. Porque los desajustes son tales que el régimen no se podría sostener incluso si hubiera dólares".
León y García coinciden en que los ajustes de precios aprobados por el gobierno en los últimos meses pueden ayudar a una recuperación en el suministro de los productos regulados, pero no serán una solución permanente ni resolverán el problema de la escasez en general, que está más vinculado a la falta de divisas.
Publicado en El Nacional
miércoles, 27 de agosto de 2014
El mercado de vivienda está paralizado
El objetivo de conseguir una vivienda, propia o alquilada, resulta cada vez más difícil para la población venezolana. El mercado inmobiliario se encuentra prácticamente paralizado por factores como la oferta escasa, la distorsión de precios y las regulaciones legales.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini, aseguró que las operaciones de compra-venta se han reducido de manera significativa durante 2014, en el mercado primario (viviendas nuevas) y en el secundario.
Entre las razones de la caída está la distorsión de precios generada por la inflación alta y la devaluación del bolívar. "El valor de los inmuebles ha subido a un nivel inaccesible para la capacidad de compra del venezolano, que cada vez es menor", dijo Martini.
Otro motivo es que los montos de los créditos hipotecarios están rezagados con respecto a los precios de las viviendas, lo cual dificulta que las personas puedan comprar, agregó el presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, Roberto Orta.
Los financiamientos con subsidio, dirigidos a quienes ganan hasta 5 salarios mínimos al mes (21.000 bolívares), tienen un tope de 500.000 bolívares, que resultan insuficientes para adquirir inmuebles en las principales ciudades del país.
Aquiles Martini recordó, además, que la oferta cada vez es más reducida. Este año la Gran Misión Vivienda Venezuela ha construido poco más de 50.000 unidades, según cifras oficiales, y el sector privado ni siquiera llegará a 15.000.
La falta de insumos básicos, como el cemento y la cabilla, es uno de los obstáculos que afrontan los constructores privados para desarrollar sus proyectos y una de las causas de que el sector haya retrocedido durante 17 trimestres consecutivos.
Regulación negativa. En cuán-to al mercado de alquiler, Orta indicó que la oferta es ínfima desde la aprobación de la ley de arrendamiento de viviendas en 2011, por la inseguridad jurídica que ofrece la norma y los procesos complicados que establece.
La abogada Cora Farías, especialista en Derecho Inmobiliario, precisó que cada día es más complicado arrendar una vivienda porque los trámites, en vez de agilizarse, se han vuelto más burocráticos y lentos.
Recordó que la desocupación de un inmueble requiere un procedimiento previo en la Superintendencia de Alquiler de Vivienda, un proceso judicial y un trámite final ante el Ministerio de Vivienda para conseguir el oficio sobre la reubicación del inquilino.
Martini agregó que la imposibilidad de que los propietarios recuperen sus viviendas hasta que el gobierno otorgue un refugio temporal o una vivienda nueva a los inquilinos ha tenido como consecuencia que la oferta de arrendamiento sea nula.
"Nadie quiere alquilar vivienda. Nadie quiere correr ese riesgo. La ley fue consecuencia de una visión equivocada del problema y resultó totalmente desequilibrada", concluyó el presidente de la Cámara Inmobiliaria.
Publicado en El Nacional
El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini, aseguró que las operaciones de compra-venta se han reducido de manera significativa durante 2014, en el mercado primario (viviendas nuevas) y en el secundario.
Entre las razones de la caída está la distorsión de precios generada por la inflación alta y la devaluación del bolívar. "El valor de los inmuebles ha subido a un nivel inaccesible para la capacidad de compra del venezolano, que cada vez es menor", dijo Martini.
Otro motivo es que los montos de los créditos hipotecarios están rezagados con respecto a los precios de las viviendas, lo cual dificulta que las personas puedan comprar, agregó el presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, Roberto Orta.
Los financiamientos con subsidio, dirigidos a quienes ganan hasta 5 salarios mínimos al mes (21.000 bolívares), tienen un tope de 500.000 bolívares, que resultan insuficientes para adquirir inmuebles en las principales ciudades del país.
Aquiles Martini recordó, además, que la oferta cada vez es más reducida. Este año la Gran Misión Vivienda Venezuela ha construido poco más de 50.000 unidades, según cifras oficiales, y el sector privado ni siquiera llegará a 15.000.
La falta de insumos básicos, como el cemento y la cabilla, es uno de los obstáculos que afrontan los constructores privados para desarrollar sus proyectos y una de las causas de que el sector haya retrocedido durante 17 trimestres consecutivos.
Regulación negativa. En cuán-to al mercado de alquiler, Orta indicó que la oferta es ínfima desde la aprobación de la ley de arrendamiento de viviendas en 2011, por la inseguridad jurídica que ofrece la norma y los procesos complicados que establece.
La abogada Cora Farías, especialista en Derecho Inmobiliario, precisó que cada día es más complicado arrendar una vivienda porque los trámites, en vez de agilizarse, se han vuelto más burocráticos y lentos.
Recordó que la desocupación de un inmueble requiere un procedimiento previo en la Superintendencia de Alquiler de Vivienda, un proceso judicial y un trámite final ante el Ministerio de Vivienda para conseguir el oficio sobre la reubicación del inquilino.
Martini agregó que la imposibilidad de que los propietarios recuperen sus viviendas hasta que el gobierno otorgue un refugio temporal o una vivienda nueva a los inquilinos ha tenido como consecuencia que la oferta de arrendamiento sea nula.
"Nadie quiere alquilar vivienda. Nadie quiere correr ese riesgo. La ley fue consecuencia de una visión equivocada del problema y resultó totalmente desequilibrada", concluyó el presidente de la Cámara Inmobiliaria.
Publicado en El Nacional
viernes, 17 de enero de 2014
La desigualdad y el desempleo amenazan la economía mundial
La disparidad de ingresos, tanto entre los diferentes países como entre los habitantes de cada nación, es el principal peligro que enfrenta el planeta, según el informe Riesgos Globales 2014 del Foro Económico Mundial de Davos.
"Las crecientes diferencias entre los más ricos y los más pobres amenazan la estabilidad política y social, así como el desarrollo económico", advierte el documento, divulgado ayer.
Precisa que la recesión ha tenido un efecto muy negativo en las clases medias de los países industrializados, mientras que la globalización ha dado lugar a una polarización de los ingresos en las economías emergentes y en desarrollo.
El informe está basado en la encuesta de percepción de riesgos globales, que se realizó a finales de 2013 y consultó la opinión de líderes de empresas, gobiernos, academias, organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales.
Otros de los principales riesgos -en términos de probabilidad- son los fenómenos meteorológicos extremos, el desempleo y el subempleo, el cambio climático y los ataques cibernéticos.
La lista cambia cuando se pregunta por los riesgos que pueden tener más impacto. En este caso aparecen los problemas fiscales, el cambio climático, la crisis del agua, el desempleo y el subempleo, y el colapso de la infraestructura informática.
Preocupa más. En cuánto a los riesgos globales que generarán más preocupación en 2014, los problemas fiscales están en el tope de la lista, a pesar de los esfuerzos de muchos países -sobre todo en Europa- por controlar el déficit y el endeudamiento.
El problema es que muchos gobiernos siguen gastando más de lo que reciben y cubriendo el déficit con la venta de bonos, es decir, pidiendo prestado a los inversionistas privados con la promesa de pagarlo en el futuro con intereses.
En algún momento los inversionistas comienzan a dudar de la capacidad del gobierno para pagar la deuda, entonces éste ofrece mayores intereses para compensar el aumento del riesgo y comienza un círculo vicioso.
"Los intereses se suman a la deuda e incrementan las dudas, obligando a subir las tasas aún más. Eso puede convertirse en una espiral mortal, en la que el temor de que un país caiga en impago se convierta en una profecía autocumplida", señala el documento.
Las crisis fiscales son más probables en las economías desarrolladas, dado que la deuda pública supera 100% del producto interno bruto en Estados Unidos y 230% en Japón. Pero los países emergentes tampoco están libres de riesgo.
"Una crisis fiscal en cualquier economía importante pudiera tener fácilmente un efecto cascada global. Encontrar maneras de hacer frente con eficacia a los riesgos actuales es, por lo tanto, importante", concluye el reporte.
Drama social. El alto y persistente desempleo combinado con el elevado subempleo (puestos de trabajo de baja calidad) aparece como el segundo riesgo que generará más preocupación este año.
El informe precisa que cada vez hay más personas que lucha por encontrar trabajo, tanto en las economías avanzadas como en las emergentes, y que los jóvenes y las minorías son los más vulnerables. Agrega que el subempleo sigue siendo frecuente en los países emergentes y en desarrollo.
En la lista de problemas más preocupantes para la economía siguen la crisis del suministro de agua, la disparidad de ingresos y los problemas para adaptarse al cambio climático y mitigar sus efectos.
También aparecen la creciente incidencia de sucesos meteorológicos extremos, las fallas en la gobernabilidad global, la crisis de la comida, la ausencia de mecanismos financieros más fuertes y la inestabilidad política y social.
Publicado en El Nacional
"Las crecientes diferencias entre los más ricos y los más pobres amenazan la estabilidad política y social, así como el desarrollo económico", advierte el documento, divulgado ayer.
Precisa que la recesión ha tenido un efecto muy negativo en las clases medias de los países industrializados, mientras que la globalización ha dado lugar a una polarización de los ingresos en las economías emergentes y en desarrollo.
El informe está basado en la encuesta de percepción de riesgos globales, que se realizó a finales de 2013 y consultó la opinión de líderes de empresas, gobiernos, academias, organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales.
Otros de los principales riesgos -en términos de probabilidad- son los fenómenos meteorológicos extremos, el desempleo y el subempleo, el cambio climático y los ataques cibernéticos.
La lista cambia cuando se pregunta por los riesgos que pueden tener más impacto. En este caso aparecen los problemas fiscales, el cambio climático, la crisis del agua, el desempleo y el subempleo, y el colapso de la infraestructura informática.
Preocupa más. En cuánto a los riesgos globales que generarán más preocupación en 2014, los problemas fiscales están en el tope de la lista, a pesar de los esfuerzos de muchos países -sobre todo en Europa- por controlar el déficit y el endeudamiento.
El problema es que muchos gobiernos siguen gastando más de lo que reciben y cubriendo el déficit con la venta de bonos, es decir, pidiendo prestado a los inversionistas privados con la promesa de pagarlo en el futuro con intereses.
En algún momento los inversionistas comienzan a dudar de la capacidad del gobierno para pagar la deuda, entonces éste ofrece mayores intereses para compensar el aumento del riesgo y comienza un círculo vicioso.
"Los intereses se suman a la deuda e incrementan las dudas, obligando a subir las tasas aún más. Eso puede convertirse en una espiral mortal, en la que el temor de que un país caiga en impago se convierta en una profecía autocumplida", señala el documento.
Las crisis fiscales son más probables en las economías desarrolladas, dado que la deuda pública supera 100% del producto interno bruto en Estados Unidos y 230% en Japón. Pero los países emergentes tampoco están libres de riesgo.
"Una crisis fiscal en cualquier economía importante pudiera tener fácilmente un efecto cascada global. Encontrar maneras de hacer frente con eficacia a los riesgos actuales es, por lo tanto, importante", concluye el reporte.
Drama social. El alto y persistente desempleo combinado con el elevado subempleo (puestos de trabajo de baja calidad) aparece como el segundo riesgo que generará más preocupación este año.
El informe precisa que cada vez hay más personas que lucha por encontrar trabajo, tanto en las economías avanzadas como en las emergentes, y que los jóvenes y las minorías son los más vulnerables. Agrega que el subempleo sigue siendo frecuente en los países emergentes y en desarrollo.
En la lista de problemas más preocupantes para la economía siguen la crisis del suministro de agua, la disparidad de ingresos y los problemas para adaptarse al cambio climático y mitigar sus efectos.
También aparecen la creciente incidencia de sucesos meteorológicos extremos, las fallas en la gobernabilidad global, la crisis de la comida, la ausencia de mecanismos financieros más fuertes y la inestabilidad política y social.
Publicado en El Nacional
jueves, 21 de noviembre de 2013
Comprar antes para garantizar los precios
La inflación de 45,8% acumulada hasta octubre y la errada política gubernamental para afrontarla hacen que la mayoría de los economistas coincidan en una proyección para 2014: los precios seguirán aumentando de manera sostenida. Por eso, aprovechar los ingresos de fin de año para comprar productos que se necesitarán en el futuro puede resultar acertado.
La alternativa es obvia para quienes tienen planes definidos para 2014, como las parejas que van a casarse o esperan un hijo. Hay bienes asociados a esos acontecimientos que pueden ser adquiridos con antelación. Incluso es posible pagar por cuotas algunos servicios, aunque siempre se corre el riesgo de que el precio final se incremente.
Los jóvenes que se graduarán el próximo año también pueden aprovechar para comprar lo que necesitarán y que pueden encarecerse en los próximos meses. La idea de adquirir bienes por adelantado igualmente puede resultar útil para quienes quieren remodelar su hogar (baño, cocina) o equiparlo (electrodomésticos, muebles).
El economista Domingo Sifontes, profesor de la Universidad de Carabobo, cree que anticipar algunas compras es buena idea, aunque aclara que la prioridad siempre debe ser invertir en algo productivo. "Si bien es cierto que en Venezuela no se puede ahorrar porque las tasas de interés están por debajo de la inflación, la idea no es gastar en cualquier cosa".
El primer criterio que se debe tomar en cuenta para adquirir productos por adelantado es que realmente sea algo que necesitará en el futuro. El segundo es la disponibilidad de dinero. "Hay que calcular los ingresos, determinar cuánto se puede destinar a esos gastos y establecer una lista de prioridades", agrega Sifontes.
También es recomendable comparar precios, si las circunstancias lo permiten. "Lo ideal es visitar varios establecimientos para ver donde puede salir más barato lo que se busca, pero sin que pase mucho tiempo entre la comparación y la compra, porque entonces se sufrirán las consecuencias de la inflación", advierte el economista.
Agrega que el uso de tarjetas de crédito para adelantar estas compras puede ser una buena estrategia, pero siempre que se esté seguro de que tendrá la capacidad de pago suficiente para asumir las cuotas mensuales. "De nada sirve usarla si después no podrás pagarla".
Publicado en El Nacional
La alternativa es obvia para quienes tienen planes definidos para 2014, como las parejas que van a casarse o esperan un hijo. Hay bienes asociados a esos acontecimientos que pueden ser adquiridos con antelación. Incluso es posible pagar por cuotas algunos servicios, aunque siempre se corre el riesgo de que el precio final se incremente.
Los jóvenes que se graduarán el próximo año también pueden aprovechar para comprar lo que necesitarán y que pueden encarecerse en los próximos meses. La idea de adquirir bienes por adelantado igualmente puede resultar útil para quienes quieren remodelar su hogar (baño, cocina) o equiparlo (electrodomésticos, muebles).
El economista Domingo Sifontes, profesor de la Universidad de Carabobo, cree que anticipar algunas compras es buena idea, aunque aclara que la prioridad siempre debe ser invertir en algo productivo. "Si bien es cierto que en Venezuela no se puede ahorrar porque las tasas de interés están por debajo de la inflación, la idea no es gastar en cualquier cosa".
El primer criterio que se debe tomar en cuenta para adquirir productos por adelantado es que realmente sea algo que necesitará en el futuro. El segundo es la disponibilidad de dinero. "Hay que calcular los ingresos, determinar cuánto se puede destinar a esos gastos y establecer una lista de prioridades", agrega Sifontes.
También es recomendable comparar precios, si las circunstancias lo permiten. "Lo ideal es visitar varios establecimientos para ver donde puede salir más barato lo que se busca, pero sin que pase mucho tiempo entre la comparación y la compra, porque entonces se sufrirán las consecuencias de la inflación", advierte el economista.
Agrega que el uso de tarjetas de crédito para adelantar estas compras puede ser una buena estrategia, pero siempre que se esté seguro de que tendrá la capacidad de pago suficiente para asumir las cuotas mensuales. "De nada sirve usarla si después no podrás pagarla".
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miércoles, 11 de julio de 2012
Calculan que crecimiento económico se desacelerará en segundo semestre
El producto interno bruto mostrará en el primer semestre un resultado similar al registrado en el primer trimestre, cuando se expandió 5,6% según el Banco Central de Venezuela. El crecimiento económico, sin embargo, se desacelerará en la segunda mitad del año.
Los economistas Ángel García Banchs y Maxim Ross coinciden en que no hay razones para que los resultados semestrales difieran de lo ocurrido entre enero y marzo. Sobre todo porque el Gobierno mantuvo el ritmo acelerado de gasto público con la mira puesta en las elecciones presidenciales del 7 de octubre.
Algunos indicadores lo confirman. La producción de vehículos, por ejemplo, se incrementó 12,9% durante el primer semestre, según la Cámara Automotriz de Venezuela. La liquidez monetaria y el crédito bancario, en tanto, muestran alzas interanuales de 50,6% y 57,9%.
"Lo más probable es que el crecimiento económico impulsado por gasto público se mantenga hasta el momento de las elecciones, pero en el último trimestre habrá una reducción. El producto interno bruto cerrará el año con una expansión de entre 4% y 4,5%", dijo Ross.
La firma Econométrica, dirigida por García Banchs, también calcula que el crecimiento de 2012 estará alrededor de 4%. Eso significa una desaceleración de la actividad económica en el segundo semestre y especialmente en el cuarto trimestre.
Ross agregó que los tres últimos meses del año estarán marcados por una fuerte incógnita: el resultado electoral. "No tanto por quién sea el ganador, sino por lo que pueda suceder en el período entre los comicios y la toma de posesión".
Sin impacto. Los economistas descartan que la caída de 22 dólares que ha experimentado la cotización del petróleo venezolano –desde 114 dólares por barril a principios de mayo hasta 92 dólares por barril a comienzos de julio– incida de manera significativa en el crecimiento de 2012.
"El descenso de precios del petróleo es coyuntural. El promedio de la cesta nacional de crudo y derivados muy probablemente termine alrededor de 100 dólares, que fue el valor utilizado por el Gobierno y por la mayoría de los analistas al elaborar las perspectivas del año", indicó Ross.
Incluso, en el peor de los casos, García Banchs no ve un promedio del petróleo venezolano por debajo de 90 dólares por barril, porque la política monetaria expansiva de los bancos centrales de Estados Unidos y Europa coloca un piso alto a los precios y evita que se desplomen.
El director de Econométrica recordó que las variaciones del precio petrolero tienen un impacto rezagado. "Los barriles que se venden hoy a 86 dólares serán cobrados por Pdvsa en 3 meses y llegarán al Fisco después, de manera que la caída se sentirá a inicios de 2013".
Añadió que el crecimiento económico no se desacelerará en la segunda mitad del año por el descenso del crudo sino porque es insostenible. "La inversión privada sigue desplomándose, el consumo se basa en transferencias porque el salario (promedio) real no está creciendo".
Presiones al alza. Los pronósticos de los economistas para el segundo semestre también apuntan hacia una aceleración del índice nacional de precios al consumidor, que cerró la primera mitad del año con un incremento acumulado de 7,5% y un aumento anualizado de 21,3%, según el BCV.
Ross calculó que la inflación pudiera ascender hasta 25% al final del año, lo cual significará un alza con respecto al primer semestre, pero una reducción en comparación con 27,6% de 2011. "Eso se debe básicamente a la aplicación de la Ley de Costos y Precios Justos".
García Banchs proyectó que en 2012 el encarecimiento de los bienes y servicios llegará a 26% debido a las presiones inflacionarias que generará la segunda porción del incremento de sueldo mínimo decretado en abril por el presidente Hugo Chávez.
A partir del 1° de septiembre el salario base, que aumentó 15% en mayo, subirá 15% más para situarse en 2.040 bolívares. García Banchs recordó que este segundo aumento supera en 5 puntos porcentuales el otorgado el año pasado, lo cual hace que tenga una incidencia mayor en la inflación.
Otro factor que presionará los precios es la devaluación encubierta que ha realizado el Gobierno al entregar menos divisas por Cadivi (a la tasa oficial de 4,3 bolívares por dólar) y más por el Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera (a la paridad de 5,3 bolívares por dólar).
Publicado en El Nacional
Los economistas Ángel García Banchs y Maxim Ross coinciden en que no hay razones para que los resultados semestrales difieran de lo ocurrido entre enero y marzo. Sobre todo porque el Gobierno mantuvo el ritmo acelerado de gasto público con la mira puesta en las elecciones presidenciales del 7 de octubre.
Algunos indicadores lo confirman. La producción de vehículos, por ejemplo, se incrementó 12,9% durante el primer semestre, según la Cámara Automotriz de Venezuela. La liquidez monetaria y el crédito bancario, en tanto, muestran alzas interanuales de 50,6% y 57,9%.
"Lo más probable es que el crecimiento económico impulsado por gasto público se mantenga hasta el momento de las elecciones, pero en el último trimestre habrá una reducción. El producto interno bruto cerrará el año con una expansión de entre 4% y 4,5%", dijo Ross.
La firma Econométrica, dirigida por García Banchs, también calcula que el crecimiento de 2012 estará alrededor de 4%. Eso significa una desaceleración de la actividad económica en el segundo semestre y especialmente en el cuarto trimestre.
Ross agregó que los tres últimos meses del año estarán marcados por una fuerte incógnita: el resultado electoral. "No tanto por quién sea el ganador, sino por lo que pueda suceder en el período entre los comicios y la toma de posesión".
Sin impacto. Los economistas descartan que la caída de 22 dólares que ha experimentado la cotización del petróleo venezolano –desde 114 dólares por barril a principios de mayo hasta 92 dólares por barril a comienzos de julio– incida de manera significativa en el crecimiento de 2012.
"El descenso de precios del petróleo es coyuntural. El promedio de la cesta nacional de crudo y derivados muy probablemente termine alrededor de 100 dólares, que fue el valor utilizado por el Gobierno y por la mayoría de los analistas al elaborar las perspectivas del año", indicó Ross.
Incluso, en el peor de los casos, García Banchs no ve un promedio del petróleo venezolano por debajo de 90 dólares por barril, porque la política monetaria expansiva de los bancos centrales de Estados Unidos y Europa coloca un piso alto a los precios y evita que se desplomen.
El director de Econométrica recordó que las variaciones del precio petrolero tienen un impacto rezagado. "Los barriles que se venden hoy a 86 dólares serán cobrados por Pdvsa en 3 meses y llegarán al Fisco después, de manera que la caída se sentirá a inicios de 2013".
Añadió que el crecimiento económico no se desacelerará en la segunda mitad del año por el descenso del crudo sino porque es insostenible. "La inversión privada sigue desplomándose, el consumo se basa en transferencias porque el salario (promedio) real no está creciendo".
Presiones al alza. Los pronósticos de los economistas para el segundo semestre también apuntan hacia una aceleración del índice nacional de precios al consumidor, que cerró la primera mitad del año con un incremento acumulado de 7,5% y un aumento anualizado de 21,3%, según el BCV.
Ross calculó que la inflación pudiera ascender hasta 25% al final del año, lo cual significará un alza con respecto al primer semestre, pero una reducción en comparación con 27,6% de 2011. "Eso se debe básicamente a la aplicación de la Ley de Costos y Precios Justos".
García Banchs proyectó que en 2012 el encarecimiento de los bienes y servicios llegará a 26% debido a las presiones inflacionarias que generará la segunda porción del incremento de sueldo mínimo decretado en abril por el presidente Hugo Chávez.
A partir del 1° de septiembre el salario base, que aumentó 15% en mayo, subirá 15% más para situarse en 2.040 bolívares. García Banchs recordó que este segundo aumento supera en 5 puntos porcentuales el otorgado el año pasado, lo cual hace que tenga una incidencia mayor en la inflación.
Otro factor que presionará los precios es la devaluación encubierta que ha realizado el Gobierno al entregar menos divisas por Cadivi (a la tasa oficial de 4,3 bolívares por dólar) y más por el Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera (a la paridad de 5,3 bolívares por dólar).
Publicado en El Nacional
lunes, 2 de julio de 2012
Habilitante completó el cerco sobre la actividad productiva
Las leyes para regular al sector empresarial aprobadas directamente por el presidente Hugo Chávez gracias al último poder habilitante que le entregó la Asamblea Nacional, que estuvo vigente entre diciembre de 2010 y junio de 2012, completaron el cerco al aparato productivo del país.
Empresarios y especialistas no tienen dudas al respecto. Normas como la Ley de Costos y Precios Justos y la Ley Orgánica del Trabajo, por mencionar sólo las dos más importantes aprobadas vía habilitante, se suman al conjunto de regulaciones implementadas por el Gobierno desde 2003.
En la lista también está la Ley que Promueve las Nuevas Formas Asociativas Conjuntas entre el Estado, la Iniciativa Comunitaria y Privada publicada el 15 de junio –último día de vigencia de la Ley Habilitante– que obliga a asociarse con el Gobierno para ser proveedor o beneficiario de programas.
"Son leyes que han afectado la actividad del sector privado y han limitado la capacidad productiva de las empresas. Se le ha puesto un candado a la poca economía de mercado que existe en el país", aseguró Jorge Botti, presidente de Fedecámaras.
"La iniciativa empresarial ha quedado completamente sujeta a las reglas que establece el Estado. Ya el régimen económico que tuvimos no existe, porque se basaba en la propiedad privada, que ahora está en condiciones precarias", agregó el economista Alexander Guerrero.
Ambos coinciden en que Chávez aprovechó la Habilitante para implementar la propuesta de reforma constitucional rechazada por el voto popular en diciembre de 2007. "Como perdió el referéndum tuvo que armarse de paciencia y hacer los cambios poco a poco", dijo Guerrero.
Contraproducentes. El economista Richard Obuchi identificó dos problemas en las regulaciones aplicadas por el gobierno de Chávez sobre la actividad económica: obvian las consecuencias que generan los cambios y atacan los síntomas en vez de las enfermedades.
Lo primero queda claro, según Obuchi, desde el proceso de aprobación de las leyes. "La ausencia de deliberación y discusión ha sido una característica. La incertidumbre que se genera cuando los cambios no se conocen sino hasta que se publica la norma tiene un impacto muy negativo".
Lo segundo se concluye al analizar las legislaciones aprobadas. "El combate de la inflación requiere mucho más que una regulación de las ganancias como la planteada en la Ley de Costos y Precios Justos. El problema del empleo tampoco se resuelve con la nueva Ley Orgánica del Trabajo", añadió Obuchi.
Botti indicó que, aunque el planteamiento gubernamental apunta a beneficiar al consumidor, en realidad logra lo contrario. "Se han puesto tantas trabas al sector empresarial que al final los efectos son contraproducentes. Una prueba es que la inflación no ha disminuido".
La ley laboral también atenta contra su objetivo, señaló Obuchi. "La norma genera algunos beneficios para quienes están empleados, pero las consecuencias negativas que tiene sobre la actividad privada causarán que, a largo plazo, haya menos empleo".
Más dependencia. El presidente de Fedecámaras destacó que las empresas pequeñas y medianas son las más perjudicadas por las legislaciones que limitan la actividad privada, porque tienen menos capacidad que las grandes para asumir los costos que implican las regulaciones.
"El Gobierno ha hecho más difícil las barreras de entrada y las condiciones de operación de las pymes. Ha inhibido la inversión privada y ha fomentado indirectamente la concentración económica que ahora quiere castigar con la ley antimonopolio que se discute en la Asamblea Nacional", expresó Botti.
Guerrero aseguró que la regulación de la economía ha tenido consecuencias muy duras para toda la sociedad. "Hay una descapitalización del sector privado, un empobrecimiento del capital humano y una mayor dependencia del petróleo".
Publicado en El Nacional
Empresarios y especialistas no tienen dudas al respecto. Normas como la Ley de Costos y Precios Justos y la Ley Orgánica del Trabajo, por mencionar sólo las dos más importantes aprobadas vía habilitante, se suman al conjunto de regulaciones implementadas por el Gobierno desde 2003.
En la lista también está la Ley que Promueve las Nuevas Formas Asociativas Conjuntas entre el Estado, la Iniciativa Comunitaria y Privada publicada el 15 de junio –último día de vigencia de la Ley Habilitante– que obliga a asociarse con el Gobierno para ser proveedor o beneficiario de programas.
"Son leyes que han afectado la actividad del sector privado y han limitado la capacidad productiva de las empresas. Se le ha puesto un candado a la poca economía de mercado que existe en el país", aseguró Jorge Botti, presidente de Fedecámaras.
"La iniciativa empresarial ha quedado completamente sujeta a las reglas que establece el Estado. Ya el régimen económico que tuvimos no existe, porque se basaba en la propiedad privada, que ahora está en condiciones precarias", agregó el economista Alexander Guerrero.
Ambos coinciden en que Chávez aprovechó la Habilitante para implementar la propuesta de reforma constitucional rechazada por el voto popular en diciembre de 2007. "Como perdió el referéndum tuvo que armarse de paciencia y hacer los cambios poco a poco", dijo Guerrero.
Contraproducentes. El economista Richard Obuchi identificó dos problemas en las regulaciones aplicadas por el gobierno de Chávez sobre la actividad económica: obvian las consecuencias que generan los cambios y atacan los síntomas en vez de las enfermedades.
Lo primero queda claro, según Obuchi, desde el proceso de aprobación de las leyes. "La ausencia de deliberación y discusión ha sido una característica. La incertidumbre que se genera cuando los cambios no se conocen sino hasta que se publica la norma tiene un impacto muy negativo".
Lo segundo se concluye al analizar las legislaciones aprobadas. "El combate de la inflación requiere mucho más que una regulación de las ganancias como la planteada en la Ley de Costos y Precios Justos. El problema del empleo tampoco se resuelve con la nueva Ley Orgánica del Trabajo", añadió Obuchi.
Botti indicó que, aunque el planteamiento gubernamental apunta a beneficiar al consumidor, en realidad logra lo contrario. "Se han puesto tantas trabas al sector empresarial que al final los efectos son contraproducentes. Una prueba es que la inflación no ha disminuido".
La ley laboral también atenta contra su objetivo, señaló Obuchi. "La norma genera algunos beneficios para quienes están empleados, pero las consecuencias negativas que tiene sobre la actividad privada causarán que, a largo plazo, haya menos empleo".
Más dependencia. El presidente de Fedecámaras destacó que las empresas pequeñas y medianas son las más perjudicadas por las legislaciones que limitan la actividad privada, porque tienen menos capacidad que las grandes para asumir los costos que implican las regulaciones.
"El Gobierno ha hecho más difícil las barreras de entrada y las condiciones de operación de las pymes. Ha inhibido la inversión privada y ha fomentado indirectamente la concentración económica que ahora quiere castigar con la ley antimonopolio que se discute en la Asamblea Nacional", expresó Botti.
Guerrero aseguró que la regulación de la economía ha tenido consecuencias muy duras para toda la sociedad. "Hay una descapitalización del sector privado, un empobrecimiento del capital humano y una mayor dependencia del petróleo".
Publicado en El Nacional
sábado, 8 de enero de 2011
Colocan a Venezuela como segundo país en riesgo de default
La consultora británica CMA situó a Venezuela como el segundo país con mayor riesgo de entrar en default. La lista de naciones con más posibilidades de dejar de pagar su deuda soberana está encabezada por Grecia. Luego siguen Irlanda, Portugal, Argentina, Ucrania, España, Dubai, Hungría e Irak.
España y Hungría figuraron por primera vez entre los países más riesgosos en materia de pago de obligaciones. "Esto guarda relación con la deuda generada por la burbuja inmobiliaria, que aumentó en 50% el coste de protección frente a un default", según el informe sobre riesgo crediticio de CMA.
La firma agrega que los países más confiables en materia de deuda soberana son Finlandia, Suecia, Suiza, Estados Unidos, Hong Kong, Dinamarca, Australia, Alemania y Arabia Saudita. Letonia, Abu Dhabi y Rumania figuraron entre las naciones que mejoraron más en el cuarto trimestre.
Bélgica, España, Alemania, Holanda y Francia, por el contrario, encabezaron la lista de los países que empeoraron más entre octubre y diciembre de 2010, lo que evidencia que la Unión Europea cerró uno de los años más difíciles para la región desde la introducción del euro en 1999, dijo CMA.
Insuficiente. El banco de inversión Barclays Capital, en tanto, aseguró que la devaluación ejecutada por el Gobierno el 30 de diciembre –que eliminó la tasa preferencial de 2,6 bolívares por dólar– no bastará para mejorar las finanzas públicas. "Creemos que las medidas tomadas hasta ahora no son suficientes y dejan el ajuste fiscal a medio camino".
La firma esperaba que las autoridades venezolanas combinarán la devaluación del bolívar con "una o más de estas tres medidas: aumento en la alícuota del impuesto al valor agregado, aplicación de nuevos tributos financieros y alza significativa en el precio de la gasolina".
El presidente Hugo Chávez descartó el martes el alza del IVA anunciada en diciembre y la posible aplicación de más impuestos. También dijo que no habrá incremento en las tarifas eléctricas.
Barclays calculó que la unificación del tipo de cambio de Cadivi dará al Gobierno ingresos adicionales por 23,5 millardos de bolívares. Una devaluación de la paridad del Sitme a 6,5 bolívares por dólar aportaría 11,6 millardos de bolívares más. Pero incluso en ese caso "no habría cambios en el déficit fiscal previsto para 2011 y 2012", agregó.
Publicado en El Nacional
España y Hungría figuraron por primera vez entre los países más riesgosos en materia de pago de obligaciones. "Esto guarda relación con la deuda generada por la burbuja inmobiliaria, que aumentó en 50% el coste de protección frente a un default", según el informe sobre riesgo crediticio de CMA.
La firma agrega que los países más confiables en materia de deuda soberana son Finlandia, Suecia, Suiza, Estados Unidos, Hong Kong, Dinamarca, Australia, Alemania y Arabia Saudita. Letonia, Abu Dhabi y Rumania figuraron entre las naciones que mejoraron más en el cuarto trimestre.
Bélgica, España, Alemania, Holanda y Francia, por el contrario, encabezaron la lista de los países que empeoraron más entre octubre y diciembre de 2010, lo que evidencia que la Unión Europea cerró uno de los años más difíciles para la región desde la introducción del euro en 1999, dijo CMA.
Insuficiente. El banco de inversión Barclays Capital, en tanto, aseguró que la devaluación ejecutada por el Gobierno el 30 de diciembre –que eliminó la tasa preferencial de 2,6 bolívares por dólar– no bastará para mejorar las finanzas públicas. "Creemos que las medidas tomadas hasta ahora no son suficientes y dejan el ajuste fiscal a medio camino".
La firma esperaba que las autoridades venezolanas combinarán la devaluación del bolívar con "una o más de estas tres medidas: aumento en la alícuota del impuesto al valor agregado, aplicación de nuevos tributos financieros y alza significativa en el precio de la gasolina".
El presidente Hugo Chávez descartó el martes el alza del IVA anunciada en diciembre y la posible aplicación de más impuestos. También dijo que no habrá incremento en las tarifas eléctricas.
Barclays calculó que la unificación del tipo de cambio de Cadivi dará al Gobierno ingresos adicionales por 23,5 millardos de bolívares. Una devaluación de la paridad del Sitme a 6,5 bolívares por dólar aportaría 11,6 millardos de bolívares más. Pero incluso en ese caso "no habría cambios en el déficit fiscal previsto para 2011 y 2012", agregó.
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viernes, 7 de enero de 2011
La dependencia petrolera aumentó por octavo año consecutivo
El crecimiento de 1,1% que registraron las exportaciones no petroleras –al pasar de 3,39 millardos de dólares en 2009 a 3,43 millardos de dólares en 2010, según el Banco Central de Venezuela– no impidió que su participación en el total de los envíos al exterior decreciese por octavo año consecutivo.
Los productos distintos al crudo y sus derivados representaron 5,3% de las exportaciones de 2010; mientras que en 2009 significaron 5,9% del total. La participación de las ventas no petroleras en los envíos venezolanos al exterior ha descendido cada año desde 2002, cuando se ubicó en 19,6%.
Hasta 2006 la disminución se debía exclusivamente al boom que mantuvo los precios del petróleo en niveles récord por casi cinco años, pues las también llamadas exportaciones no tradicionales crecieron a un promedio anual de 11% para subir de 5,25 millardos de dólares a 7,61 millardos de dólares.
A partir de 2007 la menor participación también está vinculada a una caída en términos nominales. Las exportaciones no petroleras retrocedieron 16,2% ese año, 5,7% en 2008 y 43,5% en 2009. En 2010 sumaron 3,43 millardos de dólares, menos de la mitad que en 2006.
En la medida en que las exportaciones no petroleras disminuyen su peso relativo aumenta la dependencia del país de las ventas de crudo y derivados. Los envíos de petróleo al exterior, que representaban 80,4% del total en 2002, crecieron hasta significar 94,7% el año pasado.
Contradicción. La mayor dependencia de las exportaciones de crudo y derivados que muestran las cifras del BCV contrasta con los anuncios gubernamentales de que el proceso de diversificación de la economía avanzó durante los últimos años.
Las autoridades resaltan que 70,8% de los ingresos corrientes del presupuesto de 2011 corresponde a la recaudación tributaria y 27,7% a la renta petrolera. Eso representa un avance con respecto a 2010, cuando la primera variable contribuía con 67,5% y la segunda con 31,8%.
Los economistas han advertido, sin embargo, que la proporción está afectada por la subestimación de los precios petroleros. Entre 2005 y 2008 la cotización de la cesta venezolana de crudo y derivados superó en 121% al valor fijado por las autoridades para cada año.
En 2009 y 2010 también hubo subestimación. En los presupuestos de ambos años se fijó el precio del barril en 40 dólares, pero el promedio anual fue 57,08 dólares (42,7% por encima de lo previsto) en el primero y 72,43 dólares (81% más) en el segundo.
Publicado en El Nacional
Los productos distintos al crudo y sus derivados representaron 5,3% de las exportaciones de 2010; mientras que en 2009 significaron 5,9% del total. La participación de las ventas no petroleras en los envíos venezolanos al exterior ha descendido cada año desde 2002, cuando se ubicó en 19,6%.
Hasta 2006 la disminución se debía exclusivamente al boom que mantuvo los precios del petróleo en niveles récord por casi cinco años, pues las también llamadas exportaciones no tradicionales crecieron a un promedio anual de 11% para subir de 5,25 millardos de dólares a 7,61 millardos de dólares.
A partir de 2007 la menor participación también está vinculada a una caída en términos nominales. Las exportaciones no petroleras retrocedieron 16,2% ese año, 5,7% en 2008 y 43,5% en 2009. En 2010 sumaron 3,43 millardos de dólares, menos de la mitad que en 2006.
En la medida en que las exportaciones no petroleras disminuyen su peso relativo aumenta la dependencia del país de las ventas de crudo y derivados. Los envíos de petróleo al exterior, que representaban 80,4% del total en 2002, crecieron hasta significar 94,7% el año pasado.
Contradicción. La mayor dependencia de las exportaciones de crudo y derivados que muestran las cifras del BCV contrasta con los anuncios gubernamentales de que el proceso de diversificación de la economía avanzó durante los últimos años.
Las autoridades resaltan que 70,8% de los ingresos corrientes del presupuesto de 2011 corresponde a la recaudación tributaria y 27,7% a la renta petrolera. Eso representa un avance con respecto a 2010, cuando la primera variable contribuía con 67,5% y la segunda con 31,8%.
Los economistas han advertido, sin embargo, que la proporción está afectada por la subestimación de los precios petroleros. Entre 2005 y 2008 la cotización de la cesta venezolana de crudo y derivados superó en 121% al valor fijado por las autoridades para cada año.
En 2009 y 2010 también hubo subestimación. En los presupuestos de ambos años se fijó el precio del barril en 40 dólares, pero el promedio anual fue 57,08 dólares (42,7% por encima de lo previsto) en el primero y 72,43 dólares (81% más) en el segundo.
Publicado en El Nacional
Cemex podrá demandar al Gobierno en Holanda
Cemex podrá demandar al Gobierno por el incumplimiento del Convenio para el Estímulo y Protección Recíproca de las Inversiones suscrito en 1991 con Holanda, país donde están residenciadas las compañías a través de las cuales el consorcio mexicano poseía a su filial venezolana expropiada, según un fallo del tribunal de arbitraje del Banco Mundial.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, dependiente del Banco Mundial, reconoció que las subsidiarias de Cemex en Holanda pueden invocar el tratado ante la expropiación ordenada por el presidente Hugo Chávez en junio de 2008. El Gobierno también tomó el control de las filiales en el país de la suiza Holcim y la francesa Lafarge.
Los representantes venezolanos argumentaron ante el tribunal que las reclamaciones de Cemex debían ser rechazadas porque el convenio con Holanda excluye las inversiones indirectas, pero el juez Gilbert Guillaume y los árbitros Georges Abi-Saab y Robert von Mehren determinaron que el tratado sí incluye estas inversiones.
Cemex presentó la demanda en diciembre de 2008, luego de ser la única de las tres empresas expropiadas que no logró un acuerdo amistoso con las autoridades nacionales. La compañía mexicana exigía una compensación de 1,3 millardos por sus activos; mientras que el Gobierno estaba dispuesto a pagar 650 millones de dólares.
El dictamen judicial le permite a Cemex emprender acciones legales contra la expropiación en los tribunales holandeses. Se desconoce, sin embargo, si la compañía presentará una demanda en ese país, pues Chávez anunció hace cinco meses que había logrado un acuerdo.
"Aprobé una cantidad de millones de dólares para cancelar a la empresa trasnacional cementera", dijo el mandatario en septiembre. Chávez no ofreció más detalles del acuerdo con Cemex. Ni el Gobierno ni la compañía han declarado sobre el tema desde entonces.
El Gobierno acordó en 2009 pagar 552 millones de dólares a Holcim y 267 millones de dólares a Lafarge por la mayoría accionaria de sus filiales en Venezuela.
Publicado en El Nacional
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, dependiente del Banco Mundial, reconoció que las subsidiarias de Cemex en Holanda pueden invocar el tratado ante la expropiación ordenada por el presidente Hugo Chávez en junio de 2008. El Gobierno también tomó el control de las filiales en el país de la suiza Holcim y la francesa Lafarge.
Los representantes venezolanos argumentaron ante el tribunal que las reclamaciones de Cemex debían ser rechazadas porque el convenio con Holanda excluye las inversiones indirectas, pero el juez Gilbert Guillaume y los árbitros Georges Abi-Saab y Robert von Mehren determinaron que el tratado sí incluye estas inversiones.
Cemex presentó la demanda en diciembre de 2008, luego de ser la única de las tres empresas expropiadas que no logró un acuerdo amistoso con las autoridades nacionales. La compañía mexicana exigía una compensación de 1,3 millardos por sus activos; mientras que el Gobierno estaba dispuesto a pagar 650 millones de dólares.
El dictamen judicial le permite a Cemex emprender acciones legales contra la expropiación en los tribunales holandeses. Se desconoce, sin embargo, si la compañía presentará una demanda en ese país, pues Chávez anunció hace cinco meses que había logrado un acuerdo.
"Aprobé una cantidad de millones de dólares para cancelar a la empresa trasnacional cementera", dijo el mandatario en septiembre. Chávez no ofreció más detalles del acuerdo con Cemex. Ni el Gobierno ni la compañía han declarado sobre el tema desde entonces.
El Gobierno acordó en 2009 pagar 552 millones de dólares a Holcim y 267 millones de dólares a Lafarge por la mayoría accionaria de sus filiales en Venezuela.
Publicado en El Nacional
domingo, 2 de enero de 2011
Los alimentos regulados deberán subir hasta 35% por devaluación
La decisión gubernamental de devaluar en 65% el tipo de cambio de 2,6 bolívares por dólar –que servía para importar alimentos, medicinas y otros productos de primera necesidad– obligará al Gobierno a revisar el control de precios, debido al impacto de la medida en la estructura de costos de las empresas que producen los bienes sometidos a regulación.
El ajuste a realizar en cada rubro depende de la cantidad de materia prima y de insumos importados necesarios para fabricarlo, pero economistas calculan que el precio de los alimentos controlados aumentará entre 20% y 35% como consecuencia de la devaluación, que eliminó la tasa preferencial y unificó el tipo de cambio en 4,3 bolívares por dólar.
El problema está en cuándo las autoridades tomarán la decisión. "Hay que ver la disposición del Gobierno a modificar los precios. Quizás tardará unos meses, como hizo en 2010, pero al final tendrá que autorizar los incrementos cuando la situación sea insostenible para las empresas", dijo una fuente que prefirió mantener su nombre en reserva.
La devaluación y el aumento de los precios controlados añadirán entre 5 y 6 puntos adicionales a la inflación de 2011, calculó la fuente. Eso hará que la variación del índice nacional de precios al consumidor se acelere más de lo previsto –el Gobierno fijó una meta de entre 23% y 25% en el presupuesto de la nación– el próximo año.
Ya en 2010 hubo una aceleración de la inflación. El índice nacional de precios al consumidor registró un incremento de 26,9%, según el mensaje de fin de año del presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes. La cifra supera en 1,8 puntos porcentuales al aumento de 25,1% que registraron los bienes y servicios durante 2009.
El ajuste cambiario ejecutado por el Gobierno en enero de 2010 que sustituyó la cotización única de 2,15 bolívares por dólar por el régimen dual con tasas de 2,6 y 4,3 bolívares por dólar figuró entre las principales causas del alza de la inflación, que se produjo a pesar de que el país continuó en recesión, fenómeno que suele estar asociado con períodos de estabilidad de precios.
Meta incumplida. La recuperación prometida por el Gobierno para este año nunca llegó. Los problemas con el suministro eléctrico, el cierre del mercado paralelo de divisas, los cambios en el marco legal y la continuación de la política de expropiación de empresas e intervención de tierras, entre otros factores, mantuvieron a la economía en recesión durante 2010.
Las cifras del BCV muestran que el producto interno bruto –cantidad de bienes y servicios que produce un país durante un período determinado– cayó 1,9% en el año. El resultado es positivo comparado con la contracción de 3,3% en 2009, pero negativo frente a la meta de crecimiento de 0,5% fijada por el Gobierno en el presupuesto.
El economista Domingo Sifontes, profesor de la Universidad de Carabobo, dijo que lo más grave es que la recesión siguió a pesar del repunte del precio del petróleo. "En 2007, con el crudo venezolano a 64 dólares, la economía creció 8,2%. Ahora, con un valor similar, hay una contracción. El efecto multiplicador de la renta petrolera ha disminuido".
La contracción del PIB está asociada a los retrocesos en el consumo y la inversión. El primero registró una caída de 2,8% en 2010 –apenas mejor que el mostrado el año pasado, cuando retrocedió 3,2%– porque la devaluación y la inflación mermaron el poder adquisitivo de los venezolanos.
La inversión detuvo su racha negativa en el tercer trimestre, pero aun así acumuló una caída de 4,8% en el año. Economistas y empresarios han advertido que la inseguridad jurídica y la inestabilidad política impiden la llegada de recursos frescos.
Un informe de la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe señaló que la caída del PIB en Venezuela colocó al país junto con Haití que sufrió un terremoto, un huracán y una epidemia de cólera como los únicos de la región que no crecieron en 2010.
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El ajuste a realizar en cada rubro depende de la cantidad de materia prima y de insumos importados necesarios para fabricarlo, pero economistas calculan que el precio de los alimentos controlados aumentará entre 20% y 35% como consecuencia de la devaluación, que eliminó la tasa preferencial y unificó el tipo de cambio en 4,3 bolívares por dólar.
El problema está en cuándo las autoridades tomarán la decisión. "Hay que ver la disposición del Gobierno a modificar los precios. Quizás tardará unos meses, como hizo en 2010, pero al final tendrá que autorizar los incrementos cuando la situación sea insostenible para las empresas", dijo una fuente que prefirió mantener su nombre en reserva.
La devaluación y el aumento de los precios controlados añadirán entre 5 y 6 puntos adicionales a la inflación de 2011, calculó la fuente. Eso hará que la variación del índice nacional de precios al consumidor se acelere más de lo previsto –el Gobierno fijó una meta de entre 23% y 25% en el presupuesto de la nación– el próximo año.
Ya en 2010 hubo una aceleración de la inflación. El índice nacional de precios al consumidor registró un incremento de 26,9%, según el mensaje de fin de año del presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes. La cifra supera en 1,8 puntos porcentuales al aumento de 25,1% que registraron los bienes y servicios durante 2009.
El ajuste cambiario ejecutado por el Gobierno en enero de 2010 que sustituyó la cotización única de 2,15 bolívares por dólar por el régimen dual con tasas de 2,6 y 4,3 bolívares por dólar figuró entre las principales causas del alza de la inflación, que se produjo a pesar de que el país continuó en recesión, fenómeno que suele estar asociado con períodos de estabilidad de precios.
Meta incumplida. La recuperación prometida por el Gobierno para este año nunca llegó. Los problemas con el suministro eléctrico, el cierre del mercado paralelo de divisas, los cambios en el marco legal y la continuación de la política de expropiación de empresas e intervención de tierras, entre otros factores, mantuvieron a la economía en recesión durante 2010.
Las cifras del BCV muestran que el producto interno bruto –cantidad de bienes y servicios que produce un país durante un período determinado– cayó 1,9% en el año. El resultado es positivo comparado con la contracción de 3,3% en 2009, pero negativo frente a la meta de crecimiento de 0,5% fijada por el Gobierno en el presupuesto.
El economista Domingo Sifontes, profesor de la Universidad de Carabobo, dijo que lo más grave es que la recesión siguió a pesar del repunte del precio del petróleo. "En 2007, con el crudo venezolano a 64 dólares, la economía creció 8,2%. Ahora, con un valor similar, hay una contracción. El efecto multiplicador de la renta petrolera ha disminuido".
La contracción del PIB está asociada a los retrocesos en el consumo y la inversión. El primero registró una caída de 2,8% en 2010 –apenas mejor que el mostrado el año pasado, cuando retrocedió 3,2%– porque la devaluación y la inflación mermaron el poder adquisitivo de los venezolanos.
La inversión detuvo su racha negativa en el tercer trimestre, pero aun así acumuló una caída de 4,8% en el año. Economistas y empresarios han advertido que la inseguridad jurídica y la inestabilidad política impiden la llegada de recursos frescos.
Un informe de la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe señaló que la caída del PIB en Venezuela colocó al país junto con Haití que sufrió un terremoto, un huracán y una epidemia de cólera como los únicos de la región que no crecieron en 2010.
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viernes, 31 de diciembre de 2010
Indepabis cerró 3.000 empresas en el año 2010
Las fiscalizaciones del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios provocaron la imposición de medidas de cierre temporal a 3.000 empresas y de multas pecuniarias a más de 14.000 compañías, informó el ministro de Comercio, Richard Canán, al hacer un resumen de la actuación de ese despacho y sus organismos adscritos en 2010.
Canán indicó que la mayoría de los cierres y las multas fueron para empresas que incumplían las regulaciones de precios impuestas por el Gobierno para bienes y servicios considerados de primera necesidad. Agregó que el Indepabis practicó 337 comisos de mercancías, en los que incautó 5.000 toneladas, especialmente de alimentos.
Sobre la resolución publicada en la Gaceta Oficial del miércoles, que obliga a quienes alquilan habitaciones a registrarse ante la Dirección de Inquilinato del Ministerio de Vivienda, Canán dijo que el objetivo es realizar un censo de pensiones y otros establecimientos de hospedaje para identificar las condiciones que ofrecen a quienes habitan.
Canán ofreció sus declaraciones desde la feria navideña socialista realizada en la plaza Andrés Bello de Caracas. El Ministerio de Comercio colocó –a través de 49 establecimientos de este tipo en todo el país– más de 348.000 juguetes a precios entre 60% y 70% más bajos que en las tiendas privadas, según el funcionario.
Consolidación. El ministro de Alimentación, Carlos Osorio, aseguró que durante 2010 el Gobierno logró consolidar la estructura de almacenamiento y distribución de comida. Lo mismo consiguió con la llamada reserva estratégica, formada por 692.500 toneladas de alimentos que se mantienen en constante rotación para garantizar su buen estado, dijo.
Agregó que en los 19.000 establecimientos que integran hoy las redes de comercialización estatales
–Bicentenario, Comerso, Mercal, Pdval– se distribuyeron 2,4 millones de toneladas de alimentos durante 2010, para un promedio de 170.000 toneladas al mes. Recordó que, en el caso de Mercal, los productos se comercializan con entre 40% y 50% de descuento.
Las 4.087 ferias navideñas socialistas realizadas en el país entre noviembre y diciembre, en tanto, sirvieron para distribuir 12.000 toneladas de ingredientes para la elaboración de las hallacas y 7.000 toneladas de pernil.
Publicado en El Nacional
Canán indicó que la mayoría de los cierres y las multas fueron para empresas que incumplían las regulaciones de precios impuestas por el Gobierno para bienes y servicios considerados de primera necesidad. Agregó que el Indepabis practicó 337 comisos de mercancías, en los que incautó 5.000 toneladas, especialmente de alimentos.
Sobre la resolución publicada en la Gaceta Oficial del miércoles, que obliga a quienes alquilan habitaciones a registrarse ante la Dirección de Inquilinato del Ministerio de Vivienda, Canán dijo que el objetivo es realizar un censo de pensiones y otros establecimientos de hospedaje para identificar las condiciones que ofrecen a quienes habitan.
Canán ofreció sus declaraciones desde la feria navideña socialista realizada en la plaza Andrés Bello de Caracas. El Ministerio de Comercio colocó –a través de 49 establecimientos de este tipo en todo el país– más de 348.000 juguetes a precios entre 60% y 70% más bajos que en las tiendas privadas, según el funcionario.
Consolidación. El ministro de Alimentación, Carlos Osorio, aseguró que durante 2010 el Gobierno logró consolidar la estructura de almacenamiento y distribución de comida. Lo mismo consiguió con la llamada reserva estratégica, formada por 692.500 toneladas de alimentos que se mantienen en constante rotación para garantizar su buen estado, dijo.
Agregó que en los 19.000 establecimientos que integran hoy las redes de comercialización estatales
–Bicentenario, Comerso, Mercal, Pdval– se distribuyeron 2,4 millones de toneladas de alimentos durante 2010, para un promedio de 170.000 toneladas al mes. Recordó que, en el caso de Mercal, los productos se comercializan con entre 40% y 50% de descuento.
Las 4.087 ferias navideñas socialistas realizadas en el país entre noviembre y diciembre, en tanto, sirvieron para distribuir 12.000 toneladas de ingredientes para la elaboración de las hallacas y 7.000 toneladas de pernil.
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domingo, 19 de diciembre de 2010
Gobierno obligará a las empresas familiares a impulsar el socialismo
Para rechazar las acusaciones de los sectores empresariales y opositores sobre la intención gubernamental de suprimir la propiedad privada garantizada por la Constitución, los voceros oficialistas suelen argumentar que las medidas del presidente Chávez están dirigidas contra las grandes empresas capitalistas y no contra las pequeñas compañías comunitarias o familiares.
La subsistencia de estas empresas, sin embargo, está condicionada. La Ley Orgánica para el Fomento y Desarrollo del Sistema Económico Comunal –aprobada por la Asamblea Nacional esta semana– consagra la existencia de unidades productivas familiares, pero exige que contribuyan con los esfuerzos gubernamentales por sustituir el modelo de producción capitalista.
Las organizaciones socioproductivas permitidas en el sistema económico comunal son las empresas de propiedad social directa (pertenecientes a la comunidad) o indirecta (adscritas al Estado), las unidades productivas familiares y los grupos de intercambio solidario, según el artículo 9 de la legislación.
El artículo 11 dice que todas las organizaciones socioproductivas deben orientar sus proyectos a satisfacer las necesidades colectivas de la comunidad, reinvertir socialmente los excedentes, participar activamente en las brigadas de trabajo socialistas y garantizar un modelo de gestión regido por los principios de la democracia revolucionaria.
El artículo 15 establece la ética socialista y la participación en los programas de formación ideológica del Gobierno como requisitos para participar en una organización socioproductiva. El 17 indica que el primer deber de los integrantes de estas unidades es el de "contribuir con la transformación del modelo de producción tradicional hacia uno con orientación socialista".
"Esta ley, así como las otras normativas del llamado poder popular, se caracteriza por ser muy ideológica", advierte Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas. Agrega que el sistema económico comunal es un eufemismo para dejar de lado la empresa privada.
Maldonado acusa al Gobierno de querer ejecutar un modelo comunista que contraviene la Constitución. "El sistema comunal genera mecanismos de intromisión en la vida privada de la gente y en el funcionamiento de las comunidades. No es posible que haya instancia con atribuciones para decidir el tipo de unidades productivas que pueden surgir".
Señala que a diferencia de las compañías privadas, que deben invertir capital para desarrollar su actividad, las unidades productivas que formarán el sistema comunal dependerán del dinero del Gobierno. "Son expresiones de la renta petrolera, empresas que serán subsidiadas por el presupuesto nacional y que perderán sentido cuando dejen de recibir recursos del Estado".
El economista Humberto García Larralde también considera que las unidades productivas del sistema económico comunal son inviables sin el subsidio gubernamental. "La única manera de que una empresa pequeña se sostenga es que esté guiada por el principio de rentabilidad. Esa concepción basada en valores socialistas no tiene ningún sentido".
Precisamente por el carácter inviable de las iniciativas promovidas por el Gobierno, García Larralde no cree que éstas sean una amenaza para las pequeñas empresas –familiares o no– que existen actualmente. "A menos que las autoridades establezcan mecanismos de discriminación en materia de acceso al financiamiento, contratación con el Estado y otras facilidades".
La legislación establece esos mecanismos. Las unidades socioproductivas de las comunas estarán exoneradas del pago de todo tipo de tributos nacionales, tendrán preferencia en las contrataciones públicas y podrán acceder a programas de reestructuración de deuda "en caso de situaciones sobrevenidas no imputables" a su actividad.
La subsistencia de estas empresas, sin embargo, está condicionada. La Ley Orgánica para el Fomento y Desarrollo del Sistema Económico Comunal –aprobada por la Asamblea Nacional esta semana– consagra la existencia de unidades productivas familiares, pero exige que contribuyan con los esfuerzos gubernamentales por sustituir el modelo de producción capitalista.
Las organizaciones socioproductivas permitidas en el sistema económico comunal son las empresas de propiedad social directa (pertenecientes a la comunidad) o indirecta (adscritas al Estado), las unidades productivas familiares y los grupos de intercambio solidario, según el artículo 9 de la legislación.
El artículo 11 dice que todas las organizaciones socioproductivas deben orientar sus proyectos a satisfacer las necesidades colectivas de la comunidad, reinvertir socialmente los excedentes, participar activamente en las brigadas de trabajo socialistas y garantizar un modelo de gestión regido por los principios de la democracia revolucionaria.
El artículo 15 establece la ética socialista y la participación en los programas de formación ideológica del Gobierno como requisitos para participar en una organización socioproductiva. El 17 indica que el primer deber de los integrantes de estas unidades es el de "contribuir con la transformación del modelo de producción tradicional hacia uno con orientación socialista".
"Esta ley, así como las otras normativas del llamado poder popular, se caracteriza por ser muy ideológica", advierte Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas. Agrega que el sistema económico comunal es un eufemismo para dejar de lado la empresa privada.
Maldonado acusa al Gobierno de querer ejecutar un modelo comunista que contraviene la Constitución. "El sistema comunal genera mecanismos de intromisión en la vida privada de la gente y en el funcionamiento de las comunidades. No es posible que haya instancia con atribuciones para decidir el tipo de unidades productivas que pueden surgir".
Señala que a diferencia de las compañías privadas, que deben invertir capital para desarrollar su actividad, las unidades productivas que formarán el sistema comunal dependerán del dinero del Gobierno. "Son expresiones de la renta petrolera, empresas que serán subsidiadas por el presupuesto nacional y que perderán sentido cuando dejen de recibir recursos del Estado".
El economista Humberto García Larralde también considera que las unidades productivas del sistema económico comunal son inviables sin el subsidio gubernamental. "La única manera de que una empresa pequeña se sostenga es que esté guiada por el principio de rentabilidad. Esa concepción basada en valores socialistas no tiene ningún sentido".
Precisamente por el carácter inviable de las iniciativas promovidas por el Gobierno, García Larralde no cree que éstas sean una amenaza para las pequeñas empresas –familiares o no– que existen actualmente. "A menos que las autoridades establezcan mecanismos de discriminación en materia de acceso al financiamiento, contratación con el Estado y otras facilidades".
La legislación establece esos mecanismos. Las unidades socioproductivas de las comunas estarán exoneradas del pago de todo tipo de tributos nacionales, tendrán preferencia en las contrataciones públicas y podrán acceder a programas de reestructuración de deuda "en caso de situaciones sobrevenidas no imputables" a su actividad.
jueves, 16 de diciembre de 2010
Ministerio de Finanzas prepara ley del impuesto al débito bancario
El Ministerio de Planificación y Finanzas prepara la ley para la aplicación del impuesto al débito bancario, en el grupo de las normativas que formarán parte de la Ley Habilitante, solicitada por el Ejecutivo el martes y que pudiera ser aprobada hoy por la Asamblea Nacional.
El tributo, que pechará todas las transacciones financieras que se hagan a través de la banca, se une al conjunto de medidas económicas que implementará el Gobierno a causa de la emergencia nacional creada por las lluvias.
Los técnicos del despacho dirigido por el ministro Jorge Giordani calculan la alícuota que deberá ser cobrada por las operaciones; así como cuáles transacciones quedarán exentas del pago del tributo, dijo una fuente ministerial.
Se espera, según se informó, que todo el paquete de leyes económicas que serán aprobadas y promulgadas por el presidente Hugo Chávez, gracias a los poderes especiales que le otorgará el Parlamento, esté listo antes de que se inicie 2011.
La fuente señaló que el Gobierno trata de adelantarse a la caída de los ingresos que se prevé para el próximo año, que llevó a Giordani a mencionar la necesidad de adelantar una reforma tributaria durante la presentación del presupuesto en la Asamblea Nacional. "La emergencia es el escenario perfecto para tener la excusa de aumentar los impuestos", expresó.
El ministerio, junto con el Seniat, ha analizado desde hace varias semanas la posibilidad de imponer el IDB o el impuesto a las transacciones financieras. No obstante, se tomó la decisión de implementar el primero dada la experiencia que existe para su recaudación.
Más recesión. El economista Ricardo Villasmil señaló que es contradictorio aumentar los impuestos para atender la emergencia por las lluvias. "Es difícil justificar la imposición de una mayor carga tributaria a la gente. Es momento de hacer transferencias a las personas afectadas y no de quitarles dinero", dijo.
José Guerra, director de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela, se pregunta por qué el Gobierno no tiene recursos para atender la emergencia. "Me temo que la razón es que la plata se la gastaron en otras cosas: expropiar empresas, transferir recursos al exterior".
Sobre el argumento de que la alícuota actual del impuesto al valor agregado (12%) es muy baja con relación a otros países y por eso se puede aumentar, esgrimido por Chávez para justificar la medida, los economistas dijeron que tampoco es válido.
"Venezuela tiene la renta que genera el crudo y no puede compararse con otros países de la región que no cuentan con una fuente de ingresos como esa", dijo Villasmil. "En todos los países petroleros los impuestos suelen ser más bajos", agregó Guerra.
Más allá de cuáles sean las razones para incrementar el IVA, los economistas coinciden en que la medida tendrá un efecto recesivo. Villasmil aseguró que el alza del tributo reducirá aún más el consumo, que acumula seis trimestres consecutivos de contracción.
Guerra afirmó que lo peor que se puede hacer en una economía en recesión es subir los impuestos. Recordó que en el incremento del IVA y la reducción del gasto en marzo de 2009 aceleraron la contracción del producto interno bruto, que desde entonces no ha crecido.
Escrito con Blanca Vera Azaf. Publicado en El Nacional
El tributo, que pechará todas las transacciones financieras que se hagan a través de la banca, se une al conjunto de medidas económicas que implementará el Gobierno a causa de la emergencia nacional creada por las lluvias.
Los técnicos del despacho dirigido por el ministro Jorge Giordani calculan la alícuota que deberá ser cobrada por las operaciones; así como cuáles transacciones quedarán exentas del pago del tributo, dijo una fuente ministerial.
Se espera, según se informó, que todo el paquete de leyes económicas que serán aprobadas y promulgadas por el presidente Hugo Chávez, gracias a los poderes especiales que le otorgará el Parlamento, esté listo antes de que se inicie 2011.
La fuente señaló que el Gobierno trata de adelantarse a la caída de los ingresos que se prevé para el próximo año, que llevó a Giordani a mencionar la necesidad de adelantar una reforma tributaria durante la presentación del presupuesto en la Asamblea Nacional. "La emergencia es el escenario perfecto para tener la excusa de aumentar los impuestos", expresó.
El ministerio, junto con el Seniat, ha analizado desde hace varias semanas la posibilidad de imponer el IDB o el impuesto a las transacciones financieras. No obstante, se tomó la decisión de implementar el primero dada la experiencia que existe para su recaudación.
Más recesión. El economista Ricardo Villasmil señaló que es contradictorio aumentar los impuestos para atender la emergencia por las lluvias. "Es difícil justificar la imposición de una mayor carga tributaria a la gente. Es momento de hacer transferencias a las personas afectadas y no de quitarles dinero", dijo.
José Guerra, director de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela, se pregunta por qué el Gobierno no tiene recursos para atender la emergencia. "Me temo que la razón es que la plata se la gastaron en otras cosas: expropiar empresas, transferir recursos al exterior".
Sobre el argumento de que la alícuota actual del impuesto al valor agregado (12%) es muy baja con relación a otros países y por eso se puede aumentar, esgrimido por Chávez para justificar la medida, los economistas dijeron que tampoco es válido.
"Venezuela tiene la renta que genera el crudo y no puede compararse con otros países de la región que no cuentan con una fuente de ingresos como esa", dijo Villasmil. "En todos los países petroleros los impuestos suelen ser más bajos", agregó Guerra.
Más allá de cuáles sean las razones para incrementar el IVA, los economistas coinciden en que la medida tendrá un efecto recesivo. Villasmil aseguró que el alza del tributo reducirá aún más el consumo, que acumula seis trimestres consecutivos de contracción.
Guerra afirmó que lo peor que se puede hacer en una economía en recesión es subir los impuestos. Recordó que en el incremento del IVA y la reducción del gasto en marzo de 2009 aceleraron la contracción del producto interno bruto, que desde entonces no ha crecido.
Escrito con Blanca Vera Azaf. Publicado en El Nacional
miércoles, 15 de diciembre de 2010
Gobierno evalúa incrementar alícuota del IVA hasta 14%
El aumento del impuesto al valor agregado –anunciado por el presidente Hugo Chávez como parte de las medidas que tomará en la Ley Habilitante que solicitó a la Asamblea Nacional– causará una caída del consumo y puede prolongar la recesión económica, según especialistas.
Fuentes gubernamentales indicaron que la alícuota del IVA se incrementaría en 2 puntos para quedar en 14%. Eso permitiría al Fisco contar con ingresos adicionales por 10 millardos de bolívares, según los cálculos del mandatario, que afirmó que obtendrá 5 millardos de bolívares por cada punto que suba.
Para el consumidor, sin embargo, la medida significará una caída de 1,8% en el poder adquisitivo. Con la cuota actual de 12%, una persona que gana el sueldo mínimo de 1.223 bolívares compra bienes por 1.092 bolívares y paga 131 bolívares de IVA. Con la tasa de 14%, cancelará 1.072,8 bolívares por el consumo y 150,2 bolívares por el impuesto.
"El principal impacto del aumento es que deja menos ingreso disponible para la gente. Eso ocasionará un descenso del consumo", expresó el asesor financiero Henkel García. "La medida limitará la capacidad de compra del consumidor, que destinará un mayor porcentaje de lo que gasta al pago del impuesto", añadió el economista Pedro Palma.
Ambos coinciden en que el efecto del incremento del tributo sobre la inflación es limitado. "Tendrá una consecuencia puntual: un alza en el índice de precios del mes en que comience a aplicarse la nueva alícuota", afirmó Palma. "No provocará un aumento significativo", señaló García.
La consecuencia sobre el desempeño económico es más amplia. Palma indicó que la caída del consumo puede prolongar la contracción del producto interno bruto. García dijo que el efecto dependerá de lo que haga el Gobierno con la recaudación adicional. "Si la devuelve a la economía vía gasto público no pasará nada, pero si no lo hace tendrá un efecto recesivo".
Recursos limitados. Chávez ha modificado la alícuota del IVA 9 veces durante su mandato. Entre 1999 y 2000 la redujo de 16% a 14,5%. Entre 2001 y 2002 la subió a 16,5% por la caída del precio del petróleo y los conflictos políticos. Luego vino la bonanza de 2004-2008 y la bajó a un mínimo de 9%.
El valor del crudo volvió a caer a finales de 2008 como consecuencia de la crisis financiera mundial y el Presidente recurrió otra vez al aumento del IVA –esta vez a 12%– en marzo de 2009. Ahora, con el argumento de que necesita recursos para atender la emergencia por las lluvias, propone incrementarlo otra vez.
Palma considera que el aumento del IVA, sumado al ritmo de crecimiento de la deuda pública en los últimos meses, refleja que los recursos del Gobierno son limitados. "El problema es que nadie sabe a ciencia cierta cuánto hay en los fondos parafiscales como el Fonden".
García recuerda que los economistas plantean dos escenarios. Uno es que el Gobierno se está aprovisionando de recursos para afrontar las elecciones presidenciales de 2012. El otro es que la escasez de divisas necesarias para el funcionamiento de la economía es más profunda de lo que se piensa.
Fuentes gubernamentales indicaron que la alícuota del IVA se incrementaría en 2 puntos para quedar en 14%. Eso permitiría al Fisco contar con ingresos adicionales por 10 millardos de bolívares, según los cálculos del mandatario, que afirmó que obtendrá 5 millardos de bolívares por cada punto que suba.
Para el consumidor, sin embargo, la medida significará una caída de 1,8% en el poder adquisitivo. Con la cuota actual de 12%, una persona que gana el sueldo mínimo de 1.223 bolívares compra bienes por 1.092 bolívares y paga 131 bolívares de IVA. Con la tasa de 14%, cancelará 1.072,8 bolívares por el consumo y 150,2 bolívares por el impuesto.
"El principal impacto del aumento es que deja menos ingreso disponible para la gente. Eso ocasionará un descenso del consumo", expresó el asesor financiero Henkel García. "La medida limitará la capacidad de compra del consumidor, que destinará un mayor porcentaje de lo que gasta al pago del impuesto", añadió el economista Pedro Palma.
Ambos coinciden en que el efecto del incremento del tributo sobre la inflación es limitado. "Tendrá una consecuencia puntual: un alza en el índice de precios del mes en que comience a aplicarse la nueva alícuota", afirmó Palma. "No provocará un aumento significativo", señaló García.
La consecuencia sobre el desempeño económico es más amplia. Palma indicó que la caída del consumo puede prolongar la contracción del producto interno bruto. García dijo que el efecto dependerá de lo que haga el Gobierno con la recaudación adicional. "Si la devuelve a la economía vía gasto público no pasará nada, pero si no lo hace tendrá un efecto recesivo".
Recursos limitados. Chávez ha modificado la alícuota del IVA 9 veces durante su mandato. Entre 1999 y 2000 la redujo de 16% a 14,5%. Entre 2001 y 2002 la subió a 16,5% por la caída del precio del petróleo y los conflictos políticos. Luego vino la bonanza de 2004-2008 y la bajó a un mínimo de 9%.
El valor del crudo volvió a caer a finales de 2008 como consecuencia de la crisis financiera mundial y el Presidente recurrió otra vez al aumento del IVA –esta vez a 12%– en marzo de 2009. Ahora, con el argumento de que necesita recursos para atender la emergencia por las lluvias, propone incrementarlo otra vez.
Palma considera que el aumento del IVA, sumado al ritmo de crecimiento de la deuda pública en los últimos meses, refleja que los recursos del Gobierno son limitados. "El problema es que nadie sabe a ciencia cierta cuánto hay en los fondos parafiscales como el Fonden".
García recuerda que los economistas plantean dos escenarios. Uno es que el Gobierno se está aprovisionando de recursos para afrontar las elecciones presidenciales de 2012. El otro es que la escasez de divisas necesarias para el funcionamiento de la economía es más profunda de lo que se piensa.
jueves, 9 de diciembre de 2010
Presupuesto de 2011 subestima ingresos
La Ley de Presupuesto de 2011, sancionada por la Asamblea Nacional ayer, deja un amplio margen para que el Gobierno maneje fondos extrapresupuestarios al subestimar los ingresos petroleros y tributarios, advierte la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela en un documento.
En el escrito cuestiona que el presupuesto se haga sobre la base de un precio petrolero de 40 dólares por barril, cuando la cotización de la cesta venezolana de crudo y derivados en 2010 promedia más de 70 dólares, y cuando todas las proyecciones apuntan a que el valor del hidrocarburo mantendrá una tendencia moderadamente alcista en 2011.
Agrega que las metas de recaudación tributaria tampoco se corresponden con la realidad, porque arrojan una relación de 5,62% entre el impuesto al valor agregado principal fuente de ingresos no petroleros y el producto interno bruto. "La proporción es inverosímil, habida cuenta de que está por debajo del promedio histórico de 6,62%".
La subestimación de los ingresos lleva a menospreciar los gastos. El presupuesto autoriza al Gobierno erogaciones por 204,2 millardos de bolívares. El monto es inferior al egreso real de 2010, que aumentó hasta 219 milllardos –desde los 159 millardos calculados inicialmente– gracias a los créditos adicionales.
La Escuela de Economía considera que la práctica gubernamental ha hecho que el presupuesto pierda importancia como instrumento de política fiscal. "El Gobierno incurre en un conjunto de gastos que se traducen en erogaciones al menos 30% superiores a las establecidas en la ley. El gasto acordado es una referencia imperfecta".
Señala que al no tomarse en cuenta a Fonden y Pdvsa, que son dos organismos fundamentales en la asignación de recursos y la ejecución del gasto, el presupuesto se convierte en "una mera referencia legal, sin ningún tipo de obligación que haga efectivo su cumplimiento".
La Ley de Presupuesto de 2011 fue aprobada sólo por los parlamentarios del PSUV. Los diputados de Podemos, Patria Para Todos y el Bloque Humanista salvaron el voto porque consideran que el documento no se corresponde con la realidad económica del país.
La Asamblea Nacional también aprobó ayer la Ley Especial de Endeudamiento de 2011, que permite al Gobierno adquirir compromisos por un máximo de 52,2 millardos de bolívares y desembolsar recursos provenientes de deuda hasta 40,4 millardos de bolívares.
Publicado en El Nacional
En el escrito cuestiona que el presupuesto se haga sobre la base de un precio petrolero de 40 dólares por barril, cuando la cotización de la cesta venezolana de crudo y derivados en 2010 promedia más de 70 dólares, y cuando todas las proyecciones apuntan a que el valor del hidrocarburo mantendrá una tendencia moderadamente alcista en 2011.
Agrega que las metas de recaudación tributaria tampoco se corresponden con la realidad, porque arrojan una relación de 5,62% entre el impuesto al valor agregado principal fuente de ingresos no petroleros y el producto interno bruto. "La proporción es inverosímil, habida cuenta de que está por debajo del promedio histórico de 6,62%".
La subestimación de los ingresos lleva a menospreciar los gastos. El presupuesto autoriza al Gobierno erogaciones por 204,2 millardos de bolívares. El monto es inferior al egreso real de 2010, que aumentó hasta 219 milllardos –desde los 159 millardos calculados inicialmente– gracias a los créditos adicionales.
La Escuela de Economía considera que la práctica gubernamental ha hecho que el presupuesto pierda importancia como instrumento de política fiscal. "El Gobierno incurre en un conjunto de gastos que se traducen en erogaciones al menos 30% superiores a las establecidas en la ley. El gasto acordado es una referencia imperfecta".
Señala que al no tomarse en cuenta a Fonden y Pdvsa, que son dos organismos fundamentales en la asignación de recursos y la ejecución del gasto, el presupuesto se convierte en "una mera referencia legal, sin ningún tipo de obligación que haga efectivo su cumplimiento".
La Ley de Presupuesto de 2011 fue aprobada sólo por los parlamentarios del PSUV. Los diputados de Podemos, Patria Para Todos y el Bloque Humanista salvaron el voto porque consideran que el documento no se corresponde con la realidad económica del país.
La Asamblea Nacional también aprobó ayer la Ley Especial de Endeudamiento de 2011, que permite al Gobierno adquirir compromisos por un máximo de 52,2 millardos de bolívares y desembolsar recursos provenientes de deuda hasta 40,4 millardos de bolívares.
Publicado en El Nacional
miércoles, 8 de diciembre de 2010
Gobierno controlará fondos para la innovación
Daniel Rodríguez cursa un programa de especialización que la empresa dónde trabaja financia a los empleados, con el objetivo de modernizar el proceso de producción para reducir los costos. Carolina Ferreira paga un monto mínimo por los estudios de posgrado, pues una compañía transnacional subsidia la universidad, con el propósito de impulsar la investigación en el área en que se desempeña.
Los ejemplos anteriores muestran algunas de las formas que tenían las empresas con ingresos brutos superiores a 100.000 unidades tributarias (6,5 millones de bolívares) para cumplir con el aporte obligatorio que impone la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación desde 2005. El proyecto de reforma que se discute en la Asamblea Nacional, sin embargo, impedirá que las compañías manejen los recursos por su cuenta.
"Todos los aportes deberán ser consignados ante el órgano financiero de los fondos destinados a ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones", dice el artículo 23 de la propuesta. El artículo 40 precisa que se trata del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que luego se encargará de repartir el dinero entre personas e instituciones que soliciten recursos para investigación.
El abogado Edgardo Malavé, corredactor de la Locti vigente, afirma que la modificación planteada por el Ejecutivo convierte el aporte para ciencia y tecnología en una contribución similar a la que debe pagarse al Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista. "El impacto económico para las empresas es muy grande, porque la base de cálculo del monto que se debe pagar son los ingresos brutos", advierte.
Malavé recuerda que hasta la fecha el impacto económico era compensado parcialmente por los beneficios directos que las empresas recibían al invertir en la capacitación de personal, la modernización de procedimientos o la investigación relacionada con su área de negocio. Pero ahora las compañías entregarán el dinero sin saber si los programas y proyectos que le interesan recibirán el financiamiento del Fonacit.
Miguel Mónaco, abogado y profesor universitario de Derecho Público, considera que la reforma limitará la inversión en ciencia y tecnología dentro de las propias empresas. "Por la magnitud del aporte, será muy difícil para algunas compañías cancelar al Fonacit y aparte financiar proyectos internos. No les queda otra que presentar sus proyectos al organismo gubernamental y esperar que les asignen fondos".
Más lento. El problema de esperar los recursos del Fonacit señala Malavé es que el organismo se convertirá en una alcabala por la que tendrán que pasar todas las solicitudes de fondos para la investigación científica y tecnológica. "Operación Sonrisa, por ejemplo, ya no podrá pedirles a las compañías fondos descontables de la obligación por Locti. Ahora tendrá que presentar sus proyectos al Fonacit para que le apruebe recursos", indica.
Agrega que eso introducirá factores como "la tendencia política, la discrecionalidad y el amiguismo" en la decisión de a quién se asignarán los recursos. También ralentizará el proceso de investigación pues el Fonacit no está capacitado para procesar las solicitudes de 6.000 personas e instituciones inscritas en el registro de beneficiarios. "El dinero irá a engrosar cuentas bancarias y se quedará inoperante por mucho tiempo".
Mónaco advierte que lo más grave es que la aprobación de recursos estará condicionada a parámetros políticos. "La autoridad nacional con competencia en ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones evaluará y seleccionará los programas y proyectos que califiquen para su financiamiento en las áreas definidas en el plan de desarrollo económico-social de la nación", dice el artículo 15 de la propuesta de reforma.
Los abogados señalan como otro factor preocupante la modificación del artículo 3 que define los sujetos de la ley para agregar a las comunas que realicen actividades de ciencia, tecnología e innovación. No sólo porque esta forma de organización social promovida por el Gobierno no está establecida en la Constitución, sino porque su inclusión revela que parte de los aportes empresariales serán para financiar proyectos comunales.
También preocupa a los especialistas que se haya suprimido la palabra empresa del artículo. Lo mismo se hizo en la disposición número 27, que describe las actividades "consideradas como factibles de ser llevadas a cabo con los aportes a la ciencia, la tecnología, la innovación y sus aplicaciones". Eso genera temores de que el sector privado sea excluido de la entrega de financiamiento del Fonacit.
Además cuando se incluye la investigación para el desarrollo de nuevos procesos tecnológicos, esquemas organizativos, bienes o procedimientos entre las actividades por financiar con los aportes empresariales, se sustituye el objetivo de mejorar la competitividad y la calidad productiva incluido en la Locti vigente por el de resolver problemas concretos de la población venezolana.
Supervisión posterior. El diputado Manuel Villalba, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Comunicación Social de la Asamblea Nacional, defiende la reforma propuesta para la Locti con el argumento de que la situación actual en que "las empresas manejan a su antojo 95% del aporte previsto en la normativa y sólo entregan al Fonacit 5%" atenta contra la investigación del sector público.
Malavé dice que el Fonacit recibe un porcentaje tan pequeño de los aportes empresariales porque carece de programas y proyectos de investigación suficientes. "Ni siquiera es capaz de ejecutar su propio presupuesto, qué va a hacer con más dinero". Agrega que el objetivo de la norma no es dar recursos a los organismos gubernamentales sino promover que el sector privado invierta en ciencia y tecnología.
Villalba también argumenta que no había un control estatal sobre el aporte. Mónaco replica que el hecho de que las empresas manejarán el dinero por su cuenta, ya sea para invertirlo en proyectos propios o para financiar programas de terceros, no implicaba una ausencia de supervisión de los entes gubernamentales. "Se hace un control posterior, de manera que el elemento burocrático no obstruya el avance científico".
Mónaco destaca que en la Locti vigente se establecen claramente cuáles son las actividades internas y externas que las empresas pueden financiar para cumplir con su obligación de invertir en la ciencia y la tecnología. Además, hay sanciones para las compañías que no realizan ningún aporte y para aquellas que financian actividades distintas a las estipuladas en la ley.
Malavé indica que si el Gobierno era incapaz de supervisar los aportes, como afirma el diputado, también será incompetente para manejar los recursos que las empresas entregarán y distribuirlos entre quienes se dedican a la investigación científica y tecnológica. "El Estado no puede alegar su propia incapacidad. Si el Seniat tiene una estructura para fiscalizar el pago de impuestos, por qué el Fonacit no puede hacer lo mismo".
Publicado en El Nacional
Los ejemplos anteriores muestran algunas de las formas que tenían las empresas con ingresos brutos superiores a 100.000 unidades tributarias (6,5 millones de bolívares) para cumplir con el aporte obligatorio que impone la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación desde 2005. El proyecto de reforma que se discute en la Asamblea Nacional, sin embargo, impedirá que las compañías manejen los recursos por su cuenta.
"Todos los aportes deberán ser consignados ante el órgano financiero de los fondos destinados a ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones", dice el artículo 23 de la propuesta. El artículo 40 precisa que se trata del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que luego se encargará de repartir el dinero entre personas e instituciones que soliciten recursos para investigación.
El abogado Edgardo Malavé, corredactor de la Locti vigente, afirma que la modificación planteada por el Ejecutivo convierte el aporte para ciencia y tecnología en una contribución similar a la que debe pagarse al Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista. "El impacto económico para las empresas es muy grande, porque la base de cálculo del monto que se debe pagar son los ingresos brutos", advierte.
Malavé recuerda que hasta la fecha el impacto económico era compensado parcialmente por los beneficios directos que las empresas recibían al invertir en la capacitación de personal, la modernización de procedimientos o la investigación relacionada con su área de negocio. Pero ahora las compañías entregarán el dinero sin saber si los programas y proyectos que le interesan recibirán el financiamiento del Fonacit.
Miguel Mónaco, abogado y profesor universitario de Derecho Público, considera que la reforma limitará la inversión en ciencia y tecnología dentro de las propias empresas. "Por la magnitud del aporte, será muy difícil para algunas compañías cancelar al Fonacit y aparte financiar proyectos internos. No les queda otra que presentar sus proyectos al organismo gubernamental y esperar que les asignen fondos".
Más lento. El problema de esperar los recursos del Fonacit señala Malavé es que el organismo se convertirá en una alcabala por la que tendrán que pasar todas las solicitudes de fondos para la investigación científica y tecnológica. "Operación Sonrisa, por ejemplo, ya no podrá pedirles a las compañías fondos descontables de la obligación por Locti. Ahora tendrá que presentar sus proyectos al Fonacit para que le apruebe recursos", indica.
Agrega que eso introducirá factores como "la tendencia política, la discrecionalidad y el amiguismo" en la decisión de a quién se asignarán los recursos. También ralentizará el proceso de investigación pues el Fonacit no está capacitado para procesar las solicitudes de 6.000 personas e instituciones inscritas en el registro de beneficiarios. "El dinero irá a engrosar cuentas bancarias y se quedará inoperante por mucho tiempo".
Mónaco advierte que lo más grave es que la aprobación de recursos estará condicionada a parámetros políticos. "La autoridad nacional con competencia en ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones evaluará y seleccionará los programas y proyectos que califiquen para su financiamiento en las áreas definidas en el plan de desarrollo económico-social de la nación", dice el artículo 15 de la propuesta de reforma.
Los abogados señalan como otro factor preocupante la modificación del artículo 3 que define los sujetos de la ley para agregar a las comunas que realicen actividades de ciencia, tecnología e innovación. No sólo porque esta forma de organización social promovida por el Gobierno no está establecida en la Constitución, sino porque su inclusión revela que parte de los aportes empresariales serán para financiar proyectos comunales.
También preocupa a los especialistas que se haya suprimido la palabra empresa del artículo. Lo mismo se hizo en la disposición número 27, que describe las actividades "consideradas como factibles de ser llevadas a cabo con los aportes a la ciencia, la tecnología, la innovación y sus aplicaciones". Eso genera temores de que el sector privado sea excluido de la entrega de financiamiento del Fonacit.
Además cuando se incluye la investigación para el desarrollo de nuevos procesos tecnológicos, esquemas organizativos, bienes o procedimientos entre las actividades por financiar con los aportes empresariales, se sustituye el objetivo de mejorar la competitividad y la calidad productiva incluido en la Locti vigente por el de resolver problemas concretos de la población venezolana.
Supervisión posterior. El diputado Manuel Villalba, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Comunicación Social de la Asamblea Nacional, defiende la reforma propuesta para la Locti con el argumento de que la situación actual en que "las empresas manejan a su antojo 95% del aporte previsto en la normativa y sólo entregan al Fonacit 5%" atenta contra la investigación del sector público.
Malavé dice que el Fonacit recibe un porcentaje tan pequeño de los aportes empresariales porque carece de programas y proyectos de investigación suficientes. "Ni siquiera es capaz de ejecutar su propio presupuesto, qué va a hacer con más dinero". Agrega que el objetivo de la norma no es dar recursos a los organismos gubernamentales sino promover que el sector privado invierta en ciencia y tecnología.
Villalba también argumenta que no había un control estatal sobre el aporte. Mónaco replica que el hecho de que las empresas manejarán el dinero por su cuenta, ya sea para invertirlo en proyectos propios o para financiar programas de terceros, no implicaba una ausencia de supervisión de los entes gubernamentales. "Se hace un control posterior, de manera que el elemento burocrático no obstruya el avance científico".
Mónaco destaca que en la Locti vigente se establecen claramente cuáles son las actividades internas y externas que las empresas pueden financiar para cumplir con su obligación de invertir en la ciencia y la tecnología. Además, hay sanciones para las compañías que no realizan ningún aporte y para aquellas que financian actividades distintas a las estipuladas en la ley.
Malavé indica que si el Gobierno era incapaz de supervisar los aportes, como afirma el diputado, también será incompetente para manejar los recursos que las empresas entregarán y distribuirlos entre quienes se dedican a la investigación científica y tecnológica. "El Estado no puede alegar su propia incapacidad. Si el Seniat tiene una estructura para fiscalizar el pago de impuestos, por qué el Fonacit no puede hacer lo mismo".
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Industria preocupada por reforma de la Locti
Conindustria se unió a los sectores académicos, empresariales y políticos que cuestionan el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, que se discute en la Asamblea Nacional, e hizo un llamado a los poderes Ejecutivo y Legislativo para que reconsideren la modificación.
"El sector industrial venezolano quiere hacer pública su preocupación por los efectos que la reforma tendrá sobre la actividad productiva, los trabajadores y las organizaciones no gubernamentales que se benefician de los aportes de la empresa privada", dijo el gremio en un comunicado.
A los industriales les preocupa que la modificación suprima la posibilidad de destinar los recursos correspondientes al aporte obligatorio establecido en la Locti a proyectos específicos de cada empresa, incluidos programas de capacitación de personal y modernización de procedimientos.
"Estos cambios en la ley se convertirán en un duro golpe para la innovación, el desarrollo tecnológico, la investigación científica y la actividad educativa, por cuanto las empresas tendrán que entregar el aporte al gobierno y después solicitarlo para ejecutar sus planes de inversión en la materia".
También les inquieta que la reforma impida a las compañías financiar de manera directa los programas de instituciones educativas y organizaciones no gubernamentales. "Esto significa que los aportes de la empresa privada a la investigación en este tipo de instituciones quedarían suspendidos".
Conindustria lamentó que la modificación de la normativa, en vez de incluir nuevos incentivos para el desarrollo tecnológico, imponga "restricciones que tendrán un significativo impacto económico y social". Por eso insistió en la necesidad de reconsiderar los cambios propuestos.
La segunda discusión del proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación figuraba como el octavo punto en la agenda de la plenaria de ayer en la Asamblea Nacional. Al cierre de esta edición, sin embargo, no se había realizado el debate.
El lunes Enrique Rubio, en nombre de un grupo de organizaciones y personas vinculadas con el quehacer científico, entregó una carta a la directiva del Parlamento para solicitar un derecho de palabra que no fue concedido durante la segunda discusión del proyecto.
El grupo pide posponer el debate y reabrir la consulta pública de la reforma. "Las políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación, antes de ser legales, administrativos y operativos, deben tener la más amplia aceptación por todos los sectores vinculados a dicha materia", señala el documento.
Publicado en El Nacional
"El sector industrial venezolano quiere hacer pública su preocupación por los efectos que la reforma tendrá sobre la actividad productiva, los trabajadores y las organizaciones no gubernamentales que se benefician de los aportes de la empresa privada", dijo el gremio en un comunicado.
A los industriales les preocupa que la modificación suprima la posibilidad de destinar los recursos correspondientes al aporte obligatorio establecido en la Locti a proyectos específicos de cada empresa, incluidos programas de capacitación de personal y modernización de procedimientos.
"Estos cambios en la ley se convertirán en un duro golpe para la innovación, el desarrollo tecnológico, la investigación científica y la actividad educativa, por cuanto las empresas tendrán que entregar el aporte al gobierno y después solicitarlo para ejecutar sus planes de inversión en la materia".
También les inquieta que la reforma impida a las compañías financiar de manera directa los programas de instituciones educativas y organizaciones no gubernamentales. "Esto significa que los aportes de la empresa privada a la investigación en este tipo de instituciones quedarían suspendidos".
Conindustria lamentó que la modificación de la normativa, en vez de incluir nuevos incentivos para el desarrollo tecnológico, imponga "restricciones que tendrán un significativo impacto económico y social". Por eso insistió en la necesidad de reconsiderar los cambios propuestos.
La segunda discusión del proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación figuraba como el octavo punto en la agenda de la plenaria de ayer en la Asamblea Nacional. Al cierre de esta edición, sin embargo, no se había realizado el debate.
El lunes Enrique Rubio, en nombre de un grupo de organizaciones y personas vinculadas con el quehacer científico, entregó una carta a la directiva del Parlamento para solicitar un derecho de palabra que no fue concedido durante la segunda discusión del proyecto.
El grupo pide posponer el debate y reabrir la consulta pública de la reforma. "Las políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación, antes de ser legales, administrativos y operativos, deben tener la más amplia aceptación por todos los sectores vinculados a dicha materia", señala el documento.
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