Las multas y sanciones de diferente índole a medios de comunicación críticos no sólo han sido una característica de los mandatos presidenciales de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Los países aliados de ambos gobernantes también han utilizado mecanismos similares para presionar a la prensa independiente.
El caso más reciente ocurrió en Bolivia, gobernada por Evo Morales desde 2006. En junio de este año el Servicio de Impuestos Nacionales embargó la sede de El Diario –el periódico más antiguo del país, con 109 años en circulación– por una deuda tributaria de 18,4 millones de dólares.
"En cumplimiento de la ley y resguardando los intereses del Estado se adoptó la medida de la hipoteca legal sobre los derechos propietarios del inmueble", informó el departamento en un comunicado. Fuentes de la institución dijeron que, aunque el embargo no impide que el periódico siga funcionando, es el paso inicial para el remate de sus bienes.
El Diario considera excesivo el monto reclamado por concepto de impuestos. "Nuestra posición ha sido bien clara. Vamos a honrar todas las deudas tributarias, pero no vamos a pagarlas dos veces", aseguró el director Jorge Carrasco, cuya familia ha dirigido la empresa desde su fundación en 1904.
Carrasco calificó el embargo como un show político para amedrentar. El periódico se comprometió en un comunicado a seguir informando. "El Diario se mantiene firme en su trabajo bajo principios periodísticos de independencia y de defensa de las libertades constitucionales", reza el texto.
El jefe de Estado de Ecuador desde 2006, Rafael Correa, también ha tenido casos similares. El más grave fue la demanda por injuria contra el diario El Universo en 2010, por un artículo que criticaba la actuación del mandatario durante la insurrección de policías ocurrida en septiembre de ese año.
En 2011 el tribunal sentenció al autor del texto el periodista Emilio Palacio y a los tres directivos de El Universo –los hermanos Carlos, César y Nicolás Pérez– a una pena de 3 años de prisión e impuso multas de 10 millones de dólares para cada uno de ellos y para el periódico.
La condena, que significaba la quiebra de la empresa, provocó el rechazo inmediato. La Sociedad Interamericana de Prensa calificó el fallo como un grave zarpazo a la libertad de información y Reporteros Sin Fronteros advirtió sobre el acoso judicial como una estrategia para acallar a los medios.
En 2012, luego de que la Corte Nacional de Justicia rechazara la apelación del diario y confirmara la sentencia de primera instancia, Correa perdonó a los acusados y pidió suspender las penas y las multas, aunque enfatizó que la condena fue merecida y que demostraba que se puede vencer el abuso del poder mediático.
Otros métodos. El gobierno de Cristina Fernández, en Argentina, ha usado mecanismos diferentes aunque con intenciones similares: presionar a la prensa crítica. La Ley de Medios aprobada en 2009 incluye una cláusula antimonopólica que obliga a varias empresas mediáticas a liquidar activos.
El grupo Clarín –el más afectado, aunque no el único– pidió la anulación de esa cláusula y otras tres que considera inconstitucionales e inició una batalla judicial que todavía continúa. En abril de este año un tribunal de apelaciones dictaminó contra la Ley de Medios. El Ejecutivo recurrió ante la Corte Suprema, que aún no ha respondido.
El Gobierno también intenta desde 2009 anular la compra de la empresa Papel Prensa –única fabricante de papel periódico en Argentina– efectuada en 1976 por Clarín, La Nación y La Razón, con el argumento de que la transacción fue hecha de forma irregular.
El proceso está bloqueado en los tribunales. Por eso en mayo de 2013 el oficialismo presentó en el Congreso –donde tiene mayoría– un anteproyecto de ley para declarar de utilidad pública 24% de las acciones de Papel Prensa. Eso daría al Estado, que ya tiene 27%, una participación mayoritaria de 51%.
Mala imagen. Los Gobiernos de Cuba y Nicaragua, socios de Venezuela en la Alianza Bolivariana para las Américas, también figuran entre los que restringen la difusión de información y contribuyen a que la libertad de expresión se deteriore en la región, según organizaciones no gubernamentales.
En la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2013 de Reporteros Sin Fronteras los principales aliados del Gobierno de Maduro retrocedieron posiciones. Argentina cayó del puesto 47 al 54, Nicaragua del 72 al 78, Bolivia del 108 al 109, Ecuador del 104 al 119 y Cuba del 167 al 171. Venezuela mantuvo el mismo lugar (117).
Amnistía Internacional, en su informe de 2013 sobre el estado de los derechos humanos en el mundo, menciona a Bolivia, Cuba y Ecuador como algunos de los países de América Latina donde se producen violaciones y amenazas a la libertad de expresión.
El informe anual de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también hace referencia a las restricciones en Venezuela y sus aliados. Caracas y Quito, de hecho, criticaron el texto en la asamblea general de la Organización de Estados Americanos realizada en Guatemala en julio.
Escrito con Manuel Tovar. Publicado en El Nacional
Mi nombre es Alejandro Hinds Rodríguez. Nací en Caracas, Venezuela, el 20 de octubre de 1979. Me gradué de Licenciado en Comunicación Social, mención Periodismo, en la Universidad Católica Andrés Bello en 2002. Este blog recopila los artículos escritos durante mi carrera
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lunes, 12 de agosto de 2013
domingo, 4 de agosto de 2013
Libertad de expresión pierde terreno en América Latina
La congelación de cuentas y la prohibición de gravar bienes contra el presidente editor de El Nacional , Miguel Henrique Otero, no sólo constituye un nuevo ataque contra la libertad de expresión en Venezuela sino que se suma a las crecientes restricciones a este derecho humano en América Latina.
En la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2013, elaborada por Reporteros Sin Fronteras, hubo nueve países latinoamericanos que retrocedieron posiciones con respecto al año pasado: Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua y Paraguay.
Venezuela mantuvo el mismo lugar, 117, lo que la ubica entre las naciones con peores resultados en la región. El país, además, obtuvo una puntuación de 34,44 –en una escala de 0 a 100, donde 0 representa la situación ideal– en el Índice Anual de Libertad de Prensa, un indicador creado este año por la ONG.
El informe 2013 de Amnistía Internacional sobre el estado de los derechos humanos en el mundo también alertó sobre violaciones y amenazas a la libertad de expresión en América Latina y citó los casos de Bolivia, Cuba, Ecuador, México, Puerto Rico y República Dominicana.
La región tampoco presenta una situación halagadora en el informe de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El documento molestó particularmente a los gobiernos de Ecuador y Venezuela, que lo criticaron en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en Guatemala.
Toby Mendel, director ejecutivo del Centro para la Ley y la Democracia, ONG con sede en Canadá, advirtió a propósito del caso Otero que aunque la escasa información disponible dificulta decir con exactitud lo que está pasando, parece inusual ordenar la congelación de activos simplemente porque alguien presentó una demanda en su contra.
"Dado el terrible historial del Gobierno de Venezuela en materia de libertad de expresión, el hecho de que se congelen activos del editor de un periódico, sin que haya una orden judicial, plantea inmediatamente la preocupación de que esta es una manera nueva y creativa para acosar a los medios de la oposición", subrayó Mendel.
"Es muy grave que la Fiscalía tome ese tipo de medidas cautelares antes del juicio. Es una señal muy severa y una advertencia para que los medios de comunicación dejen de investigar posibles casos de corrupción", opinó César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, ONG de Ecuador.
Para Andrés D’ Alessandro, director ejecutivo del Foro de Periodismo Argentino (asociación que reúne a los profesionales de la comunicación de ese país), siempre es riesgoso para la libertad de expresión cuando desde la justicia se falla de una manera desmedida contra medios y periodistas.
"Cualquier persona tiene derecho de acudir a la justicia si considera que un medio ha cometido un delito, pero los fallos no deben incluir multas ni restricciones abusivas como las de este caso, que no sólo amenazan al funcionamiento del medio perjudicado sino que además generan una fuerte autocensura en el resto de los medios", dijo.
Historia similar. Ricaurte comentó que el proceso de restricción de la libertad de prensa en Ecuador ha sido muy similar al de Venezuela, aunque considera que en ese país ha sido más acelerado. "En menos años se han logrado procesos de censura y autocensura muy fuertes".
El vocero de Fundamedios señaló que la restricción inicia con el discurso estigmatizante del Gobierno, y especialmente del presidente Rafael Correa, contra la prensa: tanto las abundantes cadenas de radio y televisión como el gigantesco aparato de propaganda oficial son utilizados para atacar periodistas, medios y ONG.
Agregó que el discurso luego se transforma en acciones como la asignación discrecional de la publicidad oficial, el cierre de las fuentes de información, el incremento de las agresiones físicas contra periodistas y la realización de procesos judiciales contra directivos de medios.
La última fase del proceso de restricciones ha sido la Ley Orgánica de Comunicación, que básicamente crea un sistema de control estatal de los contenidos de los medios. No en balde la Sociedad Interamericana de Prensa la calificó como el más grave retroceso para la libertad de expresión en la historia reciente de América Latina.
D’ Alessandro señaló que las restricciones en Argentina se han manifestado de una manera un poco más sutil que en Ecuador y Venezuela, aunque no por eso resultan menos peligrosas y riesgosas para la libertad de expresión. "La situación en Argentina está muy lejos de ser la ideal".
El integrante de Fopea identificó cuatro puntos claves: la restricción de la información pública, el manejo discrecional de la publicidad oficial, el cuestionamiento permanente a medios y periodistas críticos desde medios aliados y la falta de compromiso del Poder Ejecutivo cuando hay ataques y hechos violentos contra periodistas.
Sobre la ley de medios, demandada por el diario Clarín ante la justicia, D’ Alessandro resaltó que tiene una diferencia sustancial con las promulgadas en Ecuador y Venezuela: no está dirigida a regular los contenidos. "El problema ha estado en su aplicación porque se ha politizado mucho".
Precisó que, tal como sucede con la publicidad oficial, la regulación se ha utilizado para beneficiar a los medios amigos del Gobierno de la presidente Cristina Fernández de Kirchner y perjudicar a los que son críticos. Agregó que si la ratificación de las licencias se hace bajo el mismo criterio puede haber un gran riesgo para la libertad de prensa.
Publicado en El Nacional
En la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2013, elaborada por Reporteros Sin Fronteras, hubo nueve países latinoamericanos que retrocedieron posiciones con respecto al año pasado: Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua y Paraguay.
Venezuela mantuvo el mismo lugar, 117, lo que la ubica entre las naciones con peores resultados en la región. El país, además, obtuvo una puntuación de 34,44 –en una escala de 0 a 100, donde 0 representa la situación ideal– en el Índice Anual de Libertad de Prensa, un indicador creado este año por la ONG.
El informe 2013 de Amnistía Internacional sobre el estado de los derechos humanos en el mundo también alertó sobre violaciones y amenazas a la libertad de expresión en América Latina y citó los casos de Bolivia, Cuba, Ecuador, México, Puerto Rico y República Dominicana.
La región tampoco presenta una situación halagadora en el informe de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El documento molestó particularmente a los gobiernos de Ecuador y Venezuela, que lo criticaron en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en Guatemala.
Toby Mendel, director ejecutivo del Centro para la Ley y la Democracia, ONG con sede en Canadá, advirtió a propósito del caso Otero que aunque la escasa información disponible dificulta decir con exactitud lo que está pasando, parece inusual ordenar la congelación de activos simplemente porque alguien presentó una demanda en su contra.
"Dado el terrible historial del Gobierno de Venezuela en materia de libertad de expresión, el hecho de que se congelen activos del editor de un periódico, sin que haya una orden judicial, plantea inmediatamente la preocupación de que esta es una manera nueva y creativa para acosar a los medios de la oposición", subrayó Mendel.
"Es muy grave que la Fiscalía tome ese tipo de medidas cautelares antes del juicio. Es una señal muy severa y una advertencia para que los medios de comunicación dejen de investigar posibles casos de corrupción", opinó César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, ONG de Ecuador.
Para Andrés D’ Alessandro, director ejecutivo del Foro de Periodismo Argentino (asociación que reúne a los profesionales de la comunicación de ese país), siempre es riesgoso para la libertad de expresión cuando desde la justicia se falla de una manera desmedida contra medios y periodistas.
"Cualquier persona tiene derecho de acudir a la justicia si considera que un medio ha cometido un delito, pero los fallos no deben incluir multas ni restricciones abusivas como las de este caso, que no sólo amenazan al funcionamiento del medio perjudicado sino que además generan una fuerte autocensura en el resto de los medios", dijo.
Historia similar. Ricaurte comentó que el proceso de restricción de la libertad de prensa en Ecuador ha sido muy similar al de Venezuela, aunque considera que en ese país ha sido más acelerado. "En menos años se han logrado procesos de censura y autocensura muy fuertes".
El vocero de Fundamedios señaló que la restricción inicia con el discurso estigmatizante del Gobierno, y especialmente del presidente Rafael Correa, contra la prensa: tanto las abundantes cadenas de radio y televisión como el gigantesco aparato de propaganda oficial son utilizados para atacar periodistas, medios y ONG.
Agregó que el discurso luego se transforma en acciones como la asignación discrecional de la publicidad oficial, el cierre de las fuentes de información, el incremento de las agresiones físicas contra periodistas y la realización de procesos judiciales contra directivos de medios.
La última fase del proceso de restricciones ha sido la Ley Orgánica de Comunicación, que básicamente crea un sistema de control estatal de los contenidos de los medios. No en balde la Sociedad Interamericana de Prensa la calificó como el más grave retroceso para la libertad de expresión en la historia reciente de América Latina.
D’ Alessandro señaló que las restricciones en Argentina se han manifestado de una manera un poco más sutil que en Ecuador y Venezuela, aunque no por eso resultan menos peligrosas y riesgosas para la libertad de expresión. "La situación en Argentina está muy lejos de ser la ideal".
El integrante de Fopea identificó cuatro puntos claves: la restricción de la información pública, el manejo discrecional de la publicidad oficial, el cuestionamiento permanente a medios y periodistas críticos desde medios aliados y la falta de compromiso del Poder Ejecutivo cuando hay ataques y hechos violentos contra periodistas.
Sobre la ley de medios, demandada por el diario Clarín ante la justicia, D’ Alessandro resaltó que tiene una diferencia sustancial con las promulgadas en Ecuador y Venezuela: no está dirigida a regular los contenidos. "El problema ha estado en su aplicación porque se ha politizado mucho".
Precisó que, tal como sucede con la publicidad oficial, la regulación se ha utilizado para beneficiar a los medios amigos del Gobierno de la presidente Cristina Fernández de Kirchner y perjudicar a los que son críticos. Agregó que si la ratificación de las licencias se hace bajo el mismo criterio puede haber un gran riesgo para la libertad de prensa.
Publicado en El Nacional
martes, 31 de agosto de 2010
Compras de Venezuela a Ecuador se duplicaron en el primer semestre
Ecuador fue el único de los principales socios comerciales del país que pudo venderle más productos durante el primer semestre, cuando las importaciones venezolanas retrocedieron 18% –según cifras oficiales– como consecuencia de la recesión y de las dificultades para la obtención de divisas.
Venezuela adquirió mercancías ecuatorianas por 470,1 millones de dólares entre enero y junio, un incremento de 101,8% en comparación con las compras por 232,9 millones de dólares realizadas en similar período de 2009, reportó el Banco Central de Ecuador.
El Instituto Nacional de Estadística difiere en los montos importados, pero también registra un aumento. Según el organismo, las adquisiciones a ese país pasaron de 287 millones de dólares en los primeros 6 meses de 2009 a 364 millones de dólares en igual lapso de 2010, un alza de 26,7%.
El crecimiento de las compras a Ecuador contrasta con las caídas registradas durante el semestre en las importaciones provenientes del resto de los socios principales de Venezuela. Colombia, por ejemplo, redujo 72,3% sus ventas: de 2,9 millardos de dólares a 817 millones de dólares.
Igualmente retrocedió entre enero y junio –según el INE– la adquisición de mercancías a Panamá (-38,5%), Italia (-32,6%), China (-30,9%), Estados Unidos (-21,3%), España (-21,1%), Argentina (-15,6%), Brasil (-14,6%), Alemania (-14,5%) y México (-10,2%).
Compra de petróleo. Las estadísticas del Banco Central de Ecuador señalan que 26,3% de las ventas correspondieron a petróleo. Venezuela importó un total de 123,7 millones de dólares, como parte del acuerdo para procesar crudo ecuatoriano en las refinerías venezolanas.
Las adquisiciones de insumos médicos –prótesis dentales, válvulas cardíacas, sillas de ruedas, guantes quirúrgicos, instrumentos de oftalmología, aparatos de ecografía y agujas, entre otros– sumaron 92,9 millones de dólares, lo que representó 19,8% del total.
El hecho de que el petróleo y los insumos médicos representaran casi la mitad de las compras venezolanas a Ecuador en el primer semestre de 2010 muestra un cambio en la relación comercial, pues alimentos y textiles son los productos que tradicionalmente se importaban de ese país.
La participación de los rubros alimenticios en las adquisiciones, de hecho, se mantiene cerca de 20%. Entre enero y junio, Venezuela compró 36,1 millones de dólares en pescado (-43,4% menos que en 2009) y 34,7 millones de dólares en aceite de palma (245,4% más que el año pasado).
Otros alimentos que se importaron de Ecuador fueron leche y nata, con 4,1 millones de dólares; palmitos preparados y conservados, con 1,5 millones de dólares; gelatinas, con 1,4 millones de dólares; y obleas y barquillas, con 994.000 dólares.
Igualmente fueron significativas las compras de aparatos industriales (52,4 millones de dólares), jabón (14,4 millones de dólares), maquinaria agrícola (13,5 millones de dólares) y electrodomésticos (10,1 millones de dólares).
Publicado en El Nacional
Venezuela adquirió mercancías ecuatorianas por 470,1 millones de dólares entre enero y junio, un incremento de 101,8% en comparación con las compras por 232,9 millones de dólares realizadas en similar período de 2009, reportó el Banco Central de Ecuador.
El Instituto Nacional de Estadística difiere en los montos importados, pero también registra un aumento. Según el organismo, las adquisiciones a ese país pasaron de 287 millones de dólares en los primeros 6 meses de 2009 a 364 millones de dólares en igual lapso de 2010, un alza de 26,7%.
El crecimiento de las compras a Ecuador contrasta con las caídas registradas durante el semestre en las importaciones provenientes del resto de los socios principales de Venezuela. Colombia, por ejemplo, redujo 72,3% sus ventas: de 2,9 millardos de dólares a 817 millones de dólares.
Igualmente retrocedió entre enero y junio –según el INE– la adquisición de mercancías a Panamá (-38,5%), Italia (-32,6%), China (-30,9%), Estados Unidos (-21,3%), España (-21,1%), Argentina (-15,6%), Brasil (-14,6%), Alemania (-14,5%) y México (-10,2%).
Compra de petróleo. Las estadísticas del Banco Central de Ecuador señalan que 26,3% de las ventas correspondieron a petróleo. Venezuela importó un total de 123,7 millones de dólares, como parte del acuerdo para procesar crudo ecuatoriano en las refinerías venezolanas.
Las adquisiciones de insumos médicos –prótesis dentales, válvulas cardíacas, sillas de ruedas, guantes quirúrgicos, instrumentos de oftalmología, aparatos de ecografía y agujas, entre otros– sumaron 92,9 millones de dólares, lo que representó 19,8% del total.
El hecho de que el petróleo y los insumos médicos representaran casi la mitad de las compras venezolanas a Ecuador en el primer semestre de 2010 muestra un cambio en la relación comercial, pues alimentos y textiles son los productos que tradicionalmente se importaban de ese país.
La participación de los rubros alimenticios en las adquisiciones, de hecho, se mantiene cerca de 20%. Entre enero y junio, Venezuela compró 36,1 millones de dólares en pescado (-43,4% menos que en 2009) y 34,7 millones de dólares en aceite de palma (245,4% más que el año pasado).
Otros alimentos que se importaron de Ecuador fueron leche y nata, con 4,1 millones de dólares; palmitos preparados y conservados, con 1,5 millones de dólares; gelatinas, con 1,4 millones de dólares; y obleas y barquillas, con 994.000 dólares.
Igualmente fueron significativas las compras de aparatos industriales (52,4 millones de dólares), jabón (14,4 millones de dólares), maquinaria agrícola (13,5 millones de dólares) y electrodomésticos (10,1 millones de dólares).
Publicado en El Nacional
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