El caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre ha puesto otra vez en evidencia cómo un Estado (el de México, en esta ocasión) puede ser debilitado por la amenaza que suponen el narcotráfico, la insurgencia, el terrorismo y otros modos de violencia interna.
"Dos conjuntos de instituciones muestran claros déficit de eficacia: los de impartición de justicia y los de seguridad pública. Ambos han sido rebasados o sometidos por la delincuencia organizada", afirmó José Luis Reyna, investigador del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México, en un artículo para el periódico Milenio.
Reyna escribió que incluso el presidente Enrique Peña Nieto hizo alusión a la figura de la debilidad institucional al referirse a la desaparición de los estudiantes. Por eso el investigador considera que Iguala, un municipio con apenas 120.000 habitantes, puso en jaque a todo el Estado mexicano.
"No es el único caso que demuestra la debilidad institucional imperante: Michoacán, Tamaulipas. Todos estos casos hacen imperativa la idea de que es urgente una reforma integral de las instituciones del Estado y, en particular, una redefinición de la estrategia de combate a la delincuencia organizada", agregó Reyna.
El problema no es nuevo. Soledad Loaeza, otra investigadora de El Colegio, lo advirtió hace seis años: "La patente incapacidad del gobierno de frenar la ola de asesinatos y secuestros que ha desatado el crimen organizado es un asunto que va mucho más allá de la competencia personal de los funcionarios", escribió en el diario La Jornada.
Dijo que lo que está en juego es la tremenda debilidad del Estado que, a todas luces, no posee el monopolio de la violencia. Se ha visto rebasado por militares que se han pasado a las filas del enemigo, y narcotraficantes y delincuentes que parecen contar con pertrechos y entrenamiento superiores a los que poseen las policías y el Ejército.
Inclusión. Angelina Jaffé, directora del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Metropolitana, afirmó que el problema que hay en América Latina desde hace varias décadas es que para muchas personas resulta más rentable lograr ascender en el crimen organizado que estudiar y trabajar.
"El narcotráfico, por ejemplo, concentra una cantidad de dinero contra la que el Estado no puede competir. Eso se refleja, entre otras cosas, en las universidades en las que hay un balance excesivamente favorable hacia la presencia femenina contra la masculina", expresó Jaffé.
La internacionalista señaló que aunque el problema es más agudo en países pequeños, como los de América Central, el caso de Iguala y otros similares revela que también está en México. Advirtió que Venezuela debe estar muy atenta: "Hay elementos que indican que estamos ya dentro de este fenómeno".
La solución del problema no es sencilla, añadió Jaffé, porque el lucro fácil resulta muy atractivo. "Lo que se puede hacer es generar redes de inclusión de la población y fortalecer la presencia del Estado. No de una manera redistributiva, repartiendo miseria, sino darle a la población acceso a infraestructura, servicios, educación".
Jaffé recordó que en América Central hay experiencias interesantes de negociación con bandas criminales -las llamadas maras- con la participación del gobierno y la Iglesia. "Ha habido casos exitosos en los que las maras dejan su actitud violenta porque el crimen genera ganancia rápida, pero acorta la vida. Allí hay un punto para negociar".
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domingo, 16 de noviembre de 2014
martes, 17 de junio de 2014
En vigencia póliza única de salud individual
La póliza única de salud individual, creada con la providencia de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora el 16 de diciembre de 2013, entró en vigencia ayer, tras cumplirse el plazo de seis meses que el organismo regulador otorgó a las empresas del sector para hacer los ajustes necesarios.
Una de las condiciones que la Superintendencia de la Actividad Aseguradora estableció para la póliza única es que se deben ofrecer 27 opciones de cobertura (con montos de 20.000 a 150.000 bolívares) y 30 alternativas de deducibles (de 0 a 30.000 bolívares) para permitir al asegurado escoger el plan de su preferencia.
En el caso de pólizas colectivas de salud individual, el organismo fijó los descuentos máximos sobre la prima anual que las empresas pueden hacer en función de la cantidad de asegurados: desde 4% para entre 10 y 50 personas hasta 25% cuando son más de 2.500 personas.
Otras condiciones son que el pago de la indemnización debe hacerse en un plazo de 30 días continuos contados a partir de la recepción del último recaudo, que el rechazo de una solicitud de indemnización deberá ser justificado por escrito al asegurado y que la cobertura máxima se aplica por cada enfermedad o accidente.
En el caso de reembolsos, el asegurado deberá notificar la recepción del producto o servicio en un máximo de 10 días hábiles y consignar los recaudos en los 20 días hábiles siguientes; mientras que para solicitar una carta aval deberá entregar los requisitos por lo menos 7 días hábiles antes de la intervención quirúrgica.
Publicado en El Nacional
Una de las condiciones que la Superintendencia de la Actividad Aseguradora estableció para la póliza única es que se deben ofrecer 27 opciones de cobertura (con montos de 20.000 a 150.000 bolívares) y 30 alternativas de deducibles (de 0 a 30.000 bolívares) para permitir al asegurado escoger el plan de su preferencia.
En el caso de pólizas colectivas de salud individual, el organismo fijó los descuentos máximos sobre la prima anual que las empresas pueden hacer en función de la cantidad de asegurados: desde 4% para entre 10 y 50 personas hasta 25% cuando son más de 2.500 personas.
Otras condiciones son que el pago de la indemnización debe hacerse en un plazo de 30 días continuos contados a partir de la recepción del último recaudo, que el rechazo de una solicitud de indemnización deberá ser justificado por escrito al asegurado y que la cobertura máxima se aplica por cada enfermedad o accidente.
En el caso de reembolsos, el asegurado deberá notificar la recepción del producto o servicio en un máximo de 10 días hábiles y consignar los recaudos en los 20 días hábiles siguientes; mientras que para solicitar una carta aval deberá entregar los requisitos por lo menos 7 días hábiles antes de la intervención quirúrgica.
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domingo, 1 de diciembre de 2013
Reformas han marcado primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto
El presidente Enrique Peña Nieto cumple hoy su primer año de mandato concentrado en sacar adelante el programa de reformas prometido durante su campaña electoral, que algunos sectores consideran indispensable para el futuro de México, pero otros rechazan abiertamente.
El triunfo de Peña Nieto en las elecciones de 2012 significó el regreso al poder del Partido Revolucionario Institucional (centro), que gobernó México entre 1929 y 2000, tras los mandatos consecutivos de Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012), ambos del Partido de Acción Nacional (derecha).
El PRI también logró volver a ser la primera fuerza política en el Congreso, al obtener 213 de los 500 diputados y 52 de los 128 senadores. Pero las reformas prometidas por el mandatario requerían un apoyo más amplio y por eso su primer acto de gobierno fue la firma del Pacto por México.
El texto suscrito por el PRI, el PAN y el Partido de la Revolución Democrática (izquierda) incluye acuerdos en cinco áreas: sociedad de derechos y libertades; crecimiento económico, empleo y competitividad; seguridad y justicia; transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción; y gobernabilidad democrática.
El primer fruto del Pacto por México fue la reforma educativa, promulgada en febrero de 2013. En la práctica, sin embargo, es poco lo que se ha aplicado por la oposición de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a iniciativas como el sistema de evaluación de los maestros y la autogestión de las escuelas.
Este mes, el Congreso dio el visto bueno a los cambios en materia financiera, que buscan impulsar el crédito bancario, y tributaria, que crean nuevos impuestos (incluido uno a los refrescos). Sigue pendiente la reforma más difícil: la energética, que prevé abrir la industria petrolera al capital privado, algo a lo que se opone el PRD.
Se esperaba que las modificaciones en materia energética fuesen discutidas tras la aprobación de la reforma política, que entre otras cosas permitirá la reelección de parlamentarios y alcaldes, pero el PRD abandonó esta semana el Pacto por México luego de acusar a los otros partidos de excluirlo de las decisiones.
Etapa decisiva. El PRI y el PAN restaron importancia a la decisión del PRD, quizás porque tienen los votos suficientes para sacar adelante en el Parlamento las modificaciones en materia energética y política, pero la salida de la izquierda representa un golpe duro para el proceso de reformas.
Antes del anuncio, el periodista Ricardo Alemán -de la plataforma La Otra Opinión, que produce contenidos para prensa, radio y televisión- advirtió en su página web que el mes de diciembre será crucial para el gobierno de Peña Nieto, sobre todo por la discusión de la reforma energética.
"La aprobación de esta reforma no sólo enfrentará el rechazo del PRD sino que podría enfrentar la oposición política y social más feroz, violenta y hasta armada -porque los radicales guerrilleros están listos para sacar la cabeza- que se haya conocido en décadas", dijo.
Alemán alertó que la protesta convocada para hoy por Andrés Manuel López Obrador, ex candidato presidencial del PRD, puede ser aprovechada por los grupos radicales, anarquistas y violentos para iniciar una guerra, que sería más contra el PRI que contra la privatización petrolera y el resto de las reformas.
Al abogado Alfonso Zárate, director del Grupo Consultor Interdisciplinario, le preocupa el estancamiento del gobierno de Peña Nieto en los últimos meses. "A los anuncios contundentes de la primera hora (el Pacto por México, la reforma educativa) ha seguido un segundo momento de indecisiones", escribió en el diario El Universal.
Agrega que, concentrado en las reformas, el mandatario muestra resultados adversos en economía y seguridad. "El pronóstico de crecimiento para este año bajó hasta llegar a un duro 1% y los habitantes de muchos poblados siguen siendo víctimas de extorsiones, secuestros y asesinatos que no sólo no disminuyen sino que van en aumento".
El economista y periodista Oscar Mario Beteta, en su más reciente columna en El Universal, comparó el rechazo al proceso de reformas de 2013 con el que enfrentó la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994.
Beteta explica que así como la apertura de los mercados era indispensable en aquel entonces para que México no quedase rezagado, los cambios de este año son necesarios para el progreso y el bienestar social. "La reforma en materia de energía será la última pieza del entramado que colocará el gobierno para dar a la república y a la sociedad la proyección que merecen y necesitan".
Publicado en El Nacional
El triunfo de Peña Nieto en las elecciones de 2012 significó el regreso al poder del Partido Revolucionario Institucional (centro), que gobernó México entre 1929 y 2000, tras los mandatos consecutivos de Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012), ambos del Partido de Acción Nacional (derecha).
El PRI también logró volver a ser la primera fuerza política en el Congreso, al obtener 213 de los 500 diputados y 52 de los 128 senadores. Pero las reformas prometidas por el mandatario requerían un apoyo más amplio y por eso su primer acto de gobierno fue la firma del Pacto por México.
El texto suscrito por el PRI, el PAN y el Partido de la Revolución Democrática (izquierda) incluye acuerdos en cinco áreas: sociedad de derechos y libertades; crecimiento económico, empleo y competitividad; seguridad y justicia; transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción; y gobernabilidad democrática.
El primer fruto del Pacto por México fue la reforma educativa, promulgada en febrero de 2013. En la práctica, sin embargo, es poco lo que se ha aplicado por la oposición de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a iniciativas como el sistema de evaluación de los maestros y la autogestión de las escuelas.
Este mes, el Congreso dio el visto bueno a los cambios en materia financiera, que buscan impulsar el crédito bancario, y tributaria, que crean nuevos impuestos (incluido uno a los refrescos). Sigue pendiente la reforma más difícil: la energética, que prevé abrir la industria petrolera al capital privado, algo a lo que se opone el PRD.
Se esperaba que las modificaciones en materia energética fuesen discutidas tras la aprobación de la reforma política, que entre otras cosas permitirá la reelección de parlamentarios y alcaldes, pero el PRD abandonó esta semana el Pacto por México luego de acusar a los otros partidos de excluirlo de las decisiones.
Etapa decisiva. El PRI y el PAN restaron importancia a la decisión del PRD, quizás porque tienen los votos suficientes para sacar adelante en el Parlamento las modificaciones en materia energética y política, pero la salida de la izquierda representa un golpe duro para el proceso de reformas.
Antes del anuncio, el periodista Ricardo Alemán -de la plataforma La Otra Opinión, que produce contenidos para prensa, radio y televisión- advirtió en su página web que el mes de diciembre será crucial para el gobierno de Peña Nieto, sobre todo por la discusión de la reforma energética.
"La aprobación de esta reforma no sólo enfrentará el rechazo del PRD sino que podría enfrentar la oposición política y social más feroz, violenta y hasta armada -porque los radicales guerrilleros están listos para sacar la cabeza- que se haya conocido en décadas", dijo.
Alemán alertó que la protesta convocada para hoy por Andrés Manuel López Obrador, ex candidato presidencial del PRD, puede ser aprovechada por los grupos radicales, anarquistas y violentos para iniciar una guerra, que sería más contra el PRI que contra la privatización petrolera y el resto de las reformas.
Al abogado Alfonso Zárate, director del Grupo Consultor Interdisciplinario, le preocupa el estancamiento del gobierno de Peña Nieto en los últimos meses. "A los anuncios contundentes de la primera hora (el Pacto por México, la reforma educativa) ha seguido un segundo momento de indecisiones", escribió en el diario El Universal.
Agrega que, concentrado en las reformas, el mandatario muestra resultados adversos en economía y seguridad. "El pronóstico de crecimiento para este año bajó hasta llegar a un duro 1% y los habitantes de muchos poblados siguen siendo víctimas de extorsiones, secuestros y asesinatos que no sólo no disminuyen sino que van en aumento".
El economista y periodista Oscar Mario Beteta, en su más reciente columna en El Universal, comparó el rechazo al proceso de reformas de 2013 con el que enfrentó la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994.
Beteta explica que así como la apertura de los mercados era indispensable en aquel entonces para que México no quedase rezagado, los cambios de este año son necesarios para el progreso y el bienestar social. "La reforma en materia de energía será la última pieza del entramado que colocará el gobierno para dar a la república y a la sociedad la proyección que merecen y necesitan".
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domingo, 21 de abril de 2013
Gobierno ha limitado el voto de venezolanos en el exterior
Las trabas que el Gobierno ha colocado durante los últimos años para que voten los venezolanos que residen en otros países, cada vez más numerosos, no sólo representan una forma de limitar el derecho al sufragio. También pueden incidir en los resultados electorales, sobre todo si son tan cerrados como el 14 de abril.
Según los resultados anunciados por el CNE, en los comicios presidenciales el mandatario encargado y candidato oficialista Nicolás Maduro aventajó al aspirante opositor Henrique Capriles por 273.000 votos, sin contar los votos en el exterior. El número de venezolanos que viven en el exterior supera con creces esa cifra, pero sólo 100.000 están registrados para sufragar.
Los países con más electores son un ejemplo. En Estados Unidos hay 37.000 inscritos, pero más de 200.000 venezolanos están residenciados legalmente, de acuerdo con datos oficiales, y más de un millón viven allí, según otras fuentes. En España hay 20.000 votantes, aunque el censo de 2011 contabilizó a 60.000 venezolanos.
La baja proporción de inscritos no necesariamente responde a la falta de interés de quienes residen en otros países. Algunos suelen regresar a Venezuela para participar en los comicios, pero muchos no pueden hacerlo y tampoco han podido registrarse para votar en las naciones donde viven.
El obstáculo más importante surgió en julio de 2009, cuando se promulgó la Ley Orgánica de Procesos Electorales. "Sólo podrán sufragar en el exterior las personas que posean residencia o cualquier otro régimen que denote legalidad de permanencia fuera de Venezuela", dice el artículo 124.
La exigencia de papeles que demuestren la estadía legal en otro país no sólo contradice el artículo 19 de la LOPE, que indica que el único documento requerido para inscribirse en el registro electoral es la cédula de identidad, sino que también vulnera el artículo 19 de la Constitución, que obliga al Estado a garantizar los derechos sin discriminación.
Ese requisito, además, contraria la tradición jurídica venezolana, porque no existía en la derogada Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, e internacional, pues la mayoría de los países permiten que sus ciudadanos residenciados en el exterior voten sin importar su condición migratoria.
Registro limitado. Otro impedimento es que los procesos de inscripción y actualización de datos en los consulados suelen tener irregularidades como límites a la cantidad diaria de personas que pueden realizar el trámite, horarios restringidos y cierre días antes de lo previsto, denuncia la organización Venmundo.
Muchos consulados, además, no han procesado nuevas solicitudes desde abril de 2012, cuando se realizó el último corte del registro electoral, a pesar de que el artículo 28 de la Lope establece su carácter continuo: "Todas las personas pueden inscribirse o actualizar sus datos en cualquier momento".
Andreína Montero, que vive y vota en Bolivia desde hace 10 años, no pudo sufragar ni el 7 de octubre ni el 14 de abril porque en el último corte del registro electoral sale con una dirección de Brasil. "En febrero fui al consulado de La Paz a solventar el problema, pero me dijeron que no podía realizar el trámite en ese momento".
El problema que tienen los venezolanos que viven en Alberta, Canadá, es que deben viajar más de 1.000 kilómetros hasta Vancouver, donde está el consulado más cercano. El año pasado recogieron 1.244 firmas para solicitar que se hiciera una jornada especial de inscripción en esa provincia, pero no fueron escuchados.
Un trayecto aún más largo (1.400 kilómetros) tienen que hacer quienes residen en Miami, donde está la comunidad venezolana más numerosa. La decisión del Gobierno de cerrar el consulado de esa ciudad, en enero de 2012, los obliga a viajar hasta Nueva Orleáns.
Condiciones adversas. Las trabas para registrarse no son las únicas. También hay dificultades para sufragar. La primera es el recorrido de cientos o miles de kilómetros que muchos deben hacer para participar en los comicios, porque el número de centros de votación es limitado y el voto es presencial.
Los casos de Nueva Orleans y Vancouver no son los únicos. En países como Argentina, Australia, Francia, México, Perú y Reino Unido con centenares de electores inscritos sólo se puede sufragar en la capital, lo que dificulta la participación de los venezolanos que viven en la provincia.
"Las condiciones son adversas. Otros países permiten el voto adelantado, por correo y otras facilidades", dice Iván González, jefe del Comando Simón Bolívar en Chicago, donde sufragan los venezolanos que viven en Dakota del Norte, Dakota del Sur, Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, Minnesota, Nebraska y Wisconsin.
González considera, además, que las legaciones diplomáticas hacen poco para promover la participación en los comicios. "El teléfono del consulado de Chicago para atender a los venezolanos que solicitaban información del proceso electoral dejo de funcionar por un mes, cuando en Estados Unidos ese tipo de fallas se resuelve en horas".
Publicado en El Nacional
Según los resultados anunciados por el CNE, en los comicios presidenciales el mandatario encargado y candidato oficialista Nicolás Maduro aventajó al aspirante opositor Henrique Capriles por 273.000 votos, sin contar los votos en el exterior. El número de venezolanos que viven en el exterior supera con creces esa cifra, pero sólo 100.000 están registrados para sufragar.
Los países con más electores son un ejemplo. En Estados Unidos hay 37.000 inscritos, pero más de 200.000 venezolanos están residenciados legalmente, de acuerdo con datos oficiales, y más de un millón viven allí, según otras fuentes. En España hay 20.000 votantes, aunque el censo de 2011 contabilizó a 60.000 venezolanos.
La baja proporción de inscritos no necesariamente responde a la falta de interés de quienes residen en otros países. Algunos suelen regresar a Venezuela para participar en los comicios, pero muchos no pueden hacerlo y tampoco han podido registrarse para votar en las naciones donde viven.
El obstáculo más importante surgió en julio de 2009, cuando se promulgó la Ley Orgánica de Procesos Electorales. "Sólo podrán sufragar en el exterior las personas que posean residencia o cualquier otro régimen que denote legalidad de permanencia fuera de Venezuela", dice el artículo 124.
La exigencia de papeles que demuestren la estadía legal en otro país no sólo contradice el artículo 19 de la LOPE, que indica que el único documento requerido para inscribirse en el registro electoral es la cédula de identidad, sino que también vulnera el artículo 19 de la Constitución, que obliga al Estado a garantizar los derechos sin discriminación.
Ese requisito, además, contraria la tradición jurídica venezolana, porque no existía en la derogada Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, e internacional, pues la mayoría de los países permiten que sus ciudadanos residenciados en el exterior voten sin importar su condición migratoria.
Registro limitado. Otro impedimento es que los procesos de inscripción y actualización de datos en los consulados suelen tener irregularidades como límites a la cantidad diaria de personas que pueden realizar el trámite, horarios restringidos y cierre días antes de lo previsto, denuncia la organización Venmundo.
Muchos consulados, además, no han procesado nuevas solicitudes desde abril de 2012, cuando se realizó el último corte del registro electoral, a pesar de que el artículo 28 de la Lope establece su carácter continuo: "Todas las personas pueden inscribirse o actualizar sus datos en cualquier momento".
Andreína Montero, que vive y vota en Bolivia desde hace 10 años, no pudo sufragar ni el 7 de octubre ni el 14 de abril porque en el último corte del registro electoral sale con una dirección de Brasil. "En febrero fui al consulado de La Paz a solventar el problema, pero me dijeron que no podía realizar el trámite en ese momento".
El problema que tienen los venezolanos que viven en Alberta, Canadá, es que deben viajar más de 1.000 kilómetros hasta Vancouver, donde está el consulado más cercano. El año pasado recogieron 1.244 firmas para solicitar que se hiciera una jornada especial de inscripción en esa provincia, pero no fueron escuchados.
Un trayecto aún más largo (1.400 kilómetros) tienen que hacer quienes residen en Miami, donde está la comunidad venezolana más numerosa. La decisión del Gobierno de cerrar el consulado de esa ciudad, en enero de 2012, los obliga a viajar hasta Nueva Orleáns.
Condiciones adversas. Las trabas para registrarse no son las únicas. También hay dificultades para sufragar. La primera es el recorrido de cientos o miles de kilómetros que muchos deben hacer para participar en los comicios, porque el número de centros de votación es limitado y el voto es presencial.
Los casos de Nueva Orleans y Vancouver no son los únicos. En países como Argentina, Australia, Francia, México, Perú y Reino Unido con centenares de electores inscritos sólo se puede sufragar en la capital, lo que dificulta la participación de los venezolanos que viven en la provincia.
"Las condiciones son adversas. Otros países permiten el voto adelantado, por correo y otras facilidades", dice Iván González, jefe del Comando Simón Bolívar en Chicago, donde sufragan los venezolanos que viven en Dakota del Norte, Dakota del Sur, Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, Minnesota, Nebraska y Wisconsin.
González considera, además, que las legaciones diplomáticas hacen poco para promover la participación en los comicios. "El teléfono del consulado de Chicago para atender a los venezolanos que solicitaban información del proceso electoral dejo de funcionar por un mes, cuando en Estados Unidos ese tipo de fallas se resuelve en horas".
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viernes, 13 de julio de 2012
Saldo de la deuda pública aumentó 96% desde 2009
El saldo de la deuda pública aumentó 96% desde 2009, según el Ministerio de Planificación y Finanzas, a pesar de que el precio promedio de la cesta venezolana de crudo y derivados en la actualidad supera en 88% al registrado ese año.
El Gobierno anunció esta semana que pedirá a la Asamblea Nacional que le apruebe una ley de endeudamiento complementario por 30 millardos de bolívares para cubrir gastos de las misiones sociales y cancelar pasivos a los empleados públicos.
La solicitud se produce en momentos en que el barril venezolano se mantiene por encima de 100 dólares, más del doble del valor referencial de 50 dólares utilizado por el Ejecutivo para el presupuesto.
En marzo de 2009, cuando el Gobierno pidió por primera vez autorización para adquirir compromisos adicionales a los establecidos en la Ley de Endeudamiento, había razones para hacerlo: el crudo se cotizaba a poco más de 30 dólares, la mitad de lo presupuestado.
Al cierre de 2009 el precio se situó en 57 dólares, una caída de 34% con respecto a 2008. Pero en 2010 subió 25% para llegar a 71 dólares y en 2011 aumentó 42% para colocarse en 101 dólares. En 2012, a pesar de la caída de mayo y junio, promedia 107 dólares.
El alza de los precios del petróleo no se ha reflejado en una caída del endeudamiento, como sucedió entre 2005 y 2008. Por el contrario, los pasivos de la República han subido a un ritmo más acelerado que el de la cotización del crudo.
El saldo de la deuda, que estaba en 44 millardos de dólares al cierre de 2008, terminó el primer trimestre de 2012 en 86,5 millardos de dólares: 43,5 millardos corresponden a compromisos externos y 42,9 millardos de bolívares a pasivos internos.
El monto de las leyes de endeudamiento –incluidas las complementarias– ha aumentado 200%: 39 millardos de bolívares en 2009, 45 millardos de bolívares en 2010, 97 millardos de bolívares en 2011 y 117 millardos de bolívares en 2012.
En el período, además, la deuda adquirida con China repuntó 800% –de 4 millardos de dólares a 36 millardos de dólares– debido a la renovación del Fondo Conjunto por 12 millardos de dólares y el préstamo de largo plazo por 20 millardos.
Francisco Ibarra, director de Econométrica, dijo que el endeudamiento adicional responde al aumento del gasto público con fines electorales, pero advirtió que el problema de fondo es que no hay precio petrolero que aguante el desorden fiscal del Gobierno.
"Si la cotización del crudo sube a 150 dólares y se estabiliza allí, en 18 meses se repetirán las dificultades financieras porque el modelo gubernamental depende de un precio petrolero que crezca todos los años", señaló Ibarra.
Publicado en El Nacional
El Gobierno anunció esta semana que pedirá a la Asamblea Nacional que le apruebe una ley de endeudamiento complementario por 30 millardos de bolívares para cubrir gastos de las misiones sociales y cancelar pasivos a los empleados públicos.
La solicitud se produce en momentos en que el barril venezolano se mantiene por encima de 100 dólares, más del doble del valor referencial de 50 dólares utilizado por el Ejecutivo para el presupuesto.
En marzo de 2009, cuando el Gobierno pidió por primera vez autorización para adquirir compromisos adicionales a los establecidos en la Ley de Endeudamiento, había razones para hacerlo: el crudo se cotizaba a poco más de 30 dólares, la mitad de lo presupuestado.
Al cierre de 2009 el precio se situó en 57 dólares, una caída de 34% con respecto a 2008. Pero en 2010 subió 25% para llegar a 71 dólares y en 2011 aumentó 42% para colocarse en 101 dólares. En 2012, a pesar de la caída de mayo y junio, promedia 107 dólares.
El alza de los precios del petróleo no se ha reflejado en una caída del endeudamiento, como sucedió entre 2005 y 2008. Por el contrario, los pasivos de la República han subido a un ritmo más acelerado que el de la cotización del crudo.
El saldo de la deuda, que estaba en 44 millardos de dólares al cierre de 2008, terminó el primer trimestre de 2012 en 86,5 millardos de dólares: 43,5 millardos corresponden a compromisos externos y 42,9 millardos de bolívares a pasivos internos.
El monto de las leyes de endeudamiento –incluidas las complementarias– ha aumentado 200%: 39 millardos de bolívares en 2009, 45 millardos de bolívares en 2010, 97 millardos de bolívares en 2011 y 117 millardos de bolívares en 2012.
En el período, además, la deuda adquirida con China repuntó 800% –de 4 millardos de dólares a 36 millardos de dólares– debido a la renovación del Fondo Conjunto por 12 millardos de dólares y el préstamo de largo plazo por 20 millardos.
Francisco Ibarra, director de Econométrica, dijo que el endeudamiento adicional responde al aumento del gasto público con fines electorales, pero advirtió que el problema de fondo es que no hay precio petrolero que aguante el desorden fiscal del Gobierno.
"Si la cotización del crudo sube a 150 dólares y se estabiliza allí, en 18 meses se repetirán las dificultades financieras porque el modelo gubernamental depende de un precio petrolero que crezca todos los años", señaló Ibarra.
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jueves, 12 de julio de 2012
Gobierno contraerá 21% más deuda que en 2011
La deuda pública autorizada por la Asamblea Nacional sumará 117 millardos de bolívares en 2012, lo que representa 21% más que en 2011, de aprobarse la ley de endeudamiento complementario que el Ejecutivo solicitará en los próximos días.
El vicepresidente ejecutivo, Elías Jaua, anunció el martes en la noche que el Gobierno pedirá autorización para adquirir compromisos adicionales por 30 millardos de bolívares con el objetivo de cancelar las prestaciones sociales que se adeudan a los empleados públicos y financiar la misión En Amor Mayor.
La Ley de Endeudamiento de 2012, aprobada junto con el presupuesto anual, permite la contratación de compromisos hasta por 87 millardos de bolívares: 41 millardos para proyectos de inversión, 26 millardos para servicio de deuda y 20 millardos para gestión fiscal (gasto corriente).
No será la primera vez que el gobierno del presidente Hugo Chávez solicite permiso para contratar endeudamiento complementario. En 2009 lo hizo para afrontar las consecuencias de la caída del precio del petróleo –que llegó a 30 dólares– en las cuentas fiscales.
En 2011 repitió la solicitud, pero con el argumento de atender la emergencia por las lluvias. La ley del año pasado fue por 45 millardos de bolívares, lo que llevó el endeudamiento –previsto inicialmente en 52 millardos de bolívares– hasta 97 millardos de bolívares.
Poca transparencia. La deuda pública sumó 86,5 millardos de bolívares al cierre del primer trimestre, según el Ministerio de Planificación y Finanzas, un incremento de 9% con respecto al saldo de 79,2 millardos de bolívares que registró al término de 2011.
El alza trimestral obedeció principalmente a los compromisos internos, que subieron 20%: de 35,8 millardos de bolívares a 42,9 millardos de bolívares. Los pasivos externos se mantuvieron prácticamente estables al pasar de 43,4 millardos de bolívares a 43,5 millardos de bolívares.
Economistas han advertido, sin embargo, que las cifras oficiales son poco transparentes porque excluyen los pasivos adquiridos con China en los últimos años: el fondo conjunto creado en 2007 y el préstamo de gran volumen y largo plazo acordado en 2010.
Los aportes del país asiático a través de estos mecanismos llegan a 36 millardos de dólares, admitió Edmée Betancourt, ministra de Comercio y presidenta del Bandes. Una parte ya ha sido cancelada con los envíos de crudo que Pdvsa realiza, pero la mayoría sigue en las cuentas por pagar.
Instituciones como Bank of America calculan que la deuda pública total de Venezuela asciende a 108,3 millardos de dólares. Ese monto se incrementará 6% con el endeudamiento complementario, que equivale a 6,9 millardos de dólares al tipo de cambio oficial.
Publicado en El Nacional
El vicepresidente ejecutivo, Elías Jaua, anunció el martes en la noche que el Gobierno pedirá autorización para adquirir compromisos adicionales por 30 millardos de bolívares con el objetivo de cancelar las prestaciones sociales que se adeudan a los empleados públicos y financiar la misión En Amor Mayor.
La Ley de Endeudamiento de 2012, aprobada junto con el presupuesto anual, permite la contratación de compromisos hasta por 87 millardos de bolívares: 41 millardos para proyectos de inversión, 26 millardos para servicio de deuda y 20 millardos para gestión fiscal (gasto corriente).
No será la primera vez que el gobierno del presidente Hugo Chávez solicite permiso para contratar endeudamiento complementario. En 2009 lo hizo para afrontar las consecuencias de la caída del precio del petróleo –que llegó a 30 dólares– en las cuentas fiscales.
En 2011 repitió la solicitud, pero con el argumento de atender la emergencia por las lluvias. La ley del año pasado fue por 45 millardos de bolívares, lo que llevó el endeudamiento –previsto inicialmente en 52 millardos de bolívares– hasta 97 millardos de bolívares.
Poca transparencia. La deuda pública sumó 86,5 millardos de bolívares al cierre del primer trimestre, según el Ministerio de Planificación y Finanzas, un incremento de 9% con respecto al saldo de 79,2 millardos de bolívares que registró al término de 2011.
El alza trimestral obedeció principalmente a los compromisos internos, que subieron 20%: de 35,8 millardos de bolívares a 42,9 millardos de bolívares. Los pasivos externos se mantuvieron prácticamente estables al pasar de 43,4 millardos de bolívares a 43,5 millardos de bolívares.
Economistas han advertido, sin embargo, que las cifras oficiales son poco transparentes porque excluyen los pasivos adquiridos con China en los últimos años: el fondo conjunto creado en 2007 y el préstamo de gran volumen y largo plazo acordado en 2010.
Los aportes del país asiático a través de estos mecanismos llegan a 36 millardos de dólares, admitió Edmée Betancourt, ministra de Comercio y presidenta del Bandes. Una parte ya ha sido cancelada con los envíos de crudo que Pdvsa realiza, pero la mayoría sigue en las cuentas por pagar.
Instituciones como Bank of America calculan que la deuda pública total de Venezuela asciende a 108,3 millardos de dólares. Ese monto se incrementará 6% con el endeudamiento complementario, que equivale a 6,9 millardos de dólares al tipo de cambio oficial.
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miércoles, 11 de julio de 2012
Destituyeron a superintendente nacional de arrendamientos
La Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda tuvo su primer cambio de mando pocos días antes de cumplir 8 meses. El presidente Hugo Chávez designó a Ana Marina Rodríguez como titular del organismo, de acuerdo con un decreto publicado en la Gaceta Oficial 39960.
La nueva superintendente es abogada y se desempeñaba como defensora pública primera en materia de inquilinato y defensa del derecho de la vivienda. Formó parte de la Red Metropolitana de Inquilinos y promovió la Ley para Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas.
Rodríguez sustituye a Carmen Cecilia Morantes, que estuvo al frente de la Sunavi desde el 12 de noviembre de 2011, cuando Chávez promulgó la ley y creó el organismo. También la reemplazará en la Dirección de Inquilinato, cargo que ocupaba desde septiembre de 2010.
La Unión Bolivariana de Inquilinos pidió la semana pasada la destitución de Morantes por la falta de respuesta ante los reclamos de los arrendatarios, la paralización de 4.800 casos y el cierre del tribunal de compensación, entre otras quejas.
La Red Metropolitana de Inquilinos advirtió en mayo, en un artículo publicado en la web oficialista Aporrea, que la alta gerencia de la Sunavi no estaba capacitada para manejar el organismo y desconocía las normas legales que rigen los entes de la administración pública.
Entre los reclamos de la red figuraban la carencia de un reglamento interno –lo cual fomentaba el desorden administrativo– y la imposibilidad de concretar la compra de 100 edificios para alquiler que comenzaron a negociarse en 2011 a través de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República.
La red también criticó los frecuentes viajes al exterior de Morantes. Los datos de inmigración publicados en Aporrea muestran que la ex superintendente salió siete veces del país (a destinos como Cancún, Miami y San Juan de Puerto Rico) desde que fue designada en el cargo.
El Movimiento de Inquilinos tenía previsto reunirse anoche para fijar posición sobre el cambio de mando en la Sunavi. Rigel Sergent, vocero del grupo, adelantó que están de acuerdo con cualquier medida que sea para mejor y que seguirán apoyando la labor del organismo.
Más retrasos. Los dueños de inmuebles también tienen quejas de Morantes. "Se fue sin resolver un solo caso. Siempre postergaba la respuesta", dijo María Elena Navarro, presidenta de la Red de Propietarios de Viviendas en Alquiler.
Navarro teme que los procedimientos en curso se retrasen debido al reemplazo de la titular de la Sunavi. "Hay arrendadores que cumplieron los requisitos y esperaban que les devolvieran sus inmuebles. Ahora están desesperados".
Por eso, la red de propietarios espera que la nueva superintendente pueda recibirlos en los próximos días e informarles qué pasará. "Vamos a hacer la solicitud formal para tener una reunión con ella", indicó Navarro.
Fuentes del sector inmobiliario advierten que el cambio en la Sunavi puede obligar a empezar desde cero. Sobre todo porque afirman que funcionarios vinculados a Morantes borraron archivos de las computadoras.
Publicado en El Nacional
La nueva superintendente es abogada y se desempeñaba como defensora pública primera en materia de inquilinato y defensa del derecho de la vivienda. Formó parte de la Red Metropolitana de Inquilinos y promovió la Ley para Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas.
Rodríguez sustituye a Carmen Cecilia Morantes, que estuvo al frente de la Sunavi desde el 12 de noviembre de 2011, cuando Chávez promulgó la ley y creó el organismo. También la reemplazará en la Dirección de Inquilinato, cargo que ocupaba desde septiembre de 2010.
La Unión Bolivariana de Inquilinos pidió la semana pasada la destitución de Morantes por la falta de respuesta ante los reclamos de los arrendatarios, la paralización de 4.800 casos y el cierre del tribunal de compensación, entre otras quejas.
La Red Metropolitana de Inquilinos advirtió en mayo, en un artículo publicado en la web oficialista Aporrea, que la alta gerencia de la Sunavi no estaba capacitada para manejar el organismo y desconocía las normas legales que rigen los entes de la administración pública.
Entre los reclamos de la red figuraban la carencia de un reglamento interno –lo cual fomentaba el desorden administrativo– y la imposibilidad de concretar la compra de 100 edificios para alquiler que comenzaron a negociarse en 2011 a través de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República.
La red también criticó los frecuentes viajes al exterior de Morantes. Los datos de inmigración publicados en Aporrea muestran que la ex superintendente salió siete veces del país (a destinos como Cancún, Miami y San Juan de Puerto Rico) desde que fue designada en el cargo.
El Movimiento de Inquilinos tenía previsto reunirse anoche para fijar posición sobre el cambio de mando en la Sunavi. Rigel Sergent, vocero del grupo, adelantó que están de acuerdo con cualquier medida que sea para mejor y que seguirán apoyando la labor del organismo.
Más retrasos. Los dueños de inmuebles también tienen quejas de Morantes. "Se fue sin resolver un solo caso. Siempre postergaba la respuesta", dijo María Elena Navarro, presidenta de la Red de Propietarios de Viviendas en Alquiler.
Navarro teme que los procedimientos en curso se retrasen debido al reemplazo de la titular de la Sunavi. "Hay arrendadores que cumplieron los requisitos y esperaban que les devolvieran sus inmuebles. Ahora están desesperados".
Por eso, la red de propietarios espera que la nueva superintendente pueda recibirlos en los próximos días e informarles qué pasará. "Vamos a hacer la solicitud formal para tener una reunión con ella", indicó Navarro.
Fuentes del sector inmobiliario advierten que el cambio en la Sunavi puede obligar a empezar desde cero. Sobre todo porque afirman que funcionarios vinculados a Morantes borraron archivos de las computadoras.
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sábado, 8 de enero de 2011
Finiquitan acuerdo por expropiación de Cemex
Un día después de que el tribunal del Banco Mundial dictaminó que Cemex puede invocar un tratado bilateral con Holanda por la expropiación de su filial en Venezuela, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias informó que está a punto de lograr un pacto con la empresa.
"Se viene trabajando para alcanzar un arreglo amistoso, que debe anunciarse en los próximos días", dijo el despacho en un comunicado, sin dar más detalles. Cemex es la única de las tres cementeras transnacionales expropiadas en 2008 con la que el Gobierno no ha logrado un convenio.
El ministerio negó que el dictamen sea una sentencia a Venezuela. "La decisión del tribunal no implica condena alguna contra nuestro país, ni se pronuncia sobre el fondo del asunto vinculado al ejercicio soberano del Estado sobre la ordenación de las empresas productoras de cemento".
Cemex presentó la demanda en diciembre de 2008, pero en octubre de 2009 dijo que estaba dispuesta a negociar con el Gobierno. Hace algunos meses, además, la Cancillería mexicana aseguró que promovería el diálogo entre las partes.
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"Se viene trabajando para alcanzar un arreglo amistoso, que debe anunciarse en los próximos días", dijo el despacho en un comunicado, sin dar más detalles. Cemex es la única de las tres cementeras transnacionales expropiadas en 2008 con la que el Gobierno no ha logrado un convenio.
El ministerio negó que el dictamen sea una sentencia a Venezuela. "La decisión del tribunal no implica condena alguna contra nuestro país, ni se pronuncia sobre el fondo del asunto vinculado al ejercicio soberano del Estado sobre la ordenación de las empresas productoras de cemento".
Cemex presentó la demanda en diciembre de 2008, pero en octubre de 2009 dijo que estaba dispuesta a negociar con el Gobierno. Hace algunos meses, además, la Cancillería mexicana aseguró que promovería el diálogo entre las partes.
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viernes, 7 de enero de 2011
Cemex podrá demandar al Gobierno en Holanda
Cemex podrá demandar al Gobierno por el incumplimiento del Convenio para el Estímulo y Protección Recíproca de las Inversiones suscrito en 1991 con Holanda, país donde están residenciadas las compañías a través de las cuales el consorcio mexicano poseía a su filial venezolana expropiada, según un fallo del tribunal de arbitraje del Banco Mundial.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, dependiente del Banco Mundial, reconoció que las subsidiarias de Cemex en Holanda pueden invocar el tratado ante la expropiación ordenada por el presidente Hugo Chávez en junio de 2008. El Gobierno también tomó el control de las filiales en el país de la suiza Holcim y la francesa Lafarge.
Los representantes venezolanos argumentaron ante el tribunal que las reclamaciones de Cemex debían ser rechazadas porque el convenio con Holanda excluye las inversiones indirectas, pero el juez Gilbert Guillaume y los árbitros Georges Abi-Saab y Robert von Mehren determinaron que el tratado sí incluye estas inversiones.
Cemex presentó la demanda en diciembre de 2008, luego de ser la única de las tres empresas expropiadas que no logró un acuerdo amistoso con las autoridades nacionales. La compañía mexicana exigía una compensación de 1,3 millardos por sus activos; mientras que el Gobierno estaba dispuesto a pagar 650 millones de dólares.
El dictamen judicial le permite a Cemex emprender acciones legales contra la expropiación en los tribunales holandeses. Se desconoce, sin embargo, si la compañía presentará una demanda en ese país, pues Chávez anunció hace cinco meses que había logrado un acuerdo.
"Aprobé una cantidad de millones de dólares para cancelar a la empresa trasnacional cementera", dijo el mandatario en septiembre. Chávez no ofreció más detalles del acuerdo con Cemex. Ni el Gobierno ni la compañía han declarado sobre el tema desde entonces.
El Gobierno acordó en 2009 pagar 552 millones de dólares a Holcim y 267 millones de dólares a Lafarge por la mayoría accionaria de sus filiales en Venezuela.
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El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, dependiente del Banco Mundial, reconoció que las subsidiarias de Cemex en Holanda pueden invocar el tratado ante la expropiación ordenada por el presidente Hugo Chávez en junio de 2008. El Gobierno también tomó el control de las filiales en el país de la suiza Holcim y la francesa Lafarge.
Los representantes venezolanos argumentaron ante el tribunal que las reclamaciones de Cemex debían ser rechazadas porque el convenio con Holanda excluye las inversiones indirectas, pero el juez Gilbert Guillaume y los árbitros Georges Abi-Saab y Robert von Mehren determinaron que el tratado sí incluye estas inversiones.
Cemex presentó la demanda en diciembre de 2008, luego de ser la única de las tres empresas expropiadas que no logró un acuerdo amistoso con las autoridades nacionales. La compañía mexicana exigía una compensación de 1,3 millardos por sus activos; mientras que el Gobierno estaba dispuesto a pagar 650 millones de dólares.
El dictamen judicial le permite a Cemex emprender acciones legales contra la expropiación en los tribunales holandeses. Se desconoce, sin embargo, si la compañía presentará una demanda en ese país, pues Chávez anunció hace cinco meses que había logrado un acuerdo.
"Aprobé una cantidad de millones de dólares para cancelar a la empresa trasnacional cementera", dijo el mandatario en septiembre. Chávez no ofreció más detalles del acuerdo con Cemex. Ni el Gobierno ni la compañía han declarado sobre el tema desde entonces.
El Gobierno acordó en 2009 pagar 552 millones de dólares a Holcim y 267 millones de dólares a Lafarge por la mayoría accionaria de sus filiales en Venezuela.
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jueves, 6 de enero de 2011
Reincorporaron a más de 160 despedidos del Ministerio de Finanzas
Las autoridades del Ministerio de Planificación y Finanzas revisan algunos de los despidos ordenados durante las últimas semanas de diciembre, informó Frank Carvallo, integrante del comité ejecutivo de la Federación Nacional de Obreros Dependientes del Estado.
Carvallo precisó que entre 160 y 170 trabajadores despedidos en el proceso de reestructuración de la cartera dirigida por Jorge Giordani podrán reincorporarse a sus puestos de trabajo en los próximos días o recibirán el beneficio de la jubilación especial.
Entre los casos que las autoridades revisaron se encuentran los de mujeres embarazadas y personas que estaban de reposo. También los de empleados que, aunque tenían más de 20 años de servicio en el ministerio, no llegaban a la edad requerida para la jubilación y por eso fueron despedidos.
"Mucha gente fue botada injustamente", dijo Carvallo al recordar que el número de despedidos o jubilados en las últimas semanas se acerca al millar. El sindicalista agradeció las gestiones del tesorero Alejandro Andrade y el viceministro Gustavo Hernández a favor de los trabajadores.
Publican reglas. La revisión de algunos de los despidos realizados no implica que se detenga la reestructuración del Ministerio de Planificación y Finanzas. El despacho dictó el martes, mediante una resolución publicada en la Gaceta Oficial 39585, la normativa mediante la cual se regulará el proceso.
La resolución otorga un período de un mes para que el ministerio reubique a los funcionarios de carrera despedidos durante el proceso de reestructuración. En el caso de que los cesanteados sean contratados u obreros, la normativa dice que no habrá beneficios más allá de los previstos en la Ley del Trabajo.
Carvallo indicó que los trabajadores del ministerio no se oponen al proceso de reestructuración, pero exigen que se haga de manera concertada, como establecen los contratos colectivos del Sindicato Nacional de Obreros Públicos y la Federación Nacional de Obreros Dependientes del Estado.
Los sindicalistas también apelan al decreto de inamovilidad laboral vigente desde 2002 y prorrogado hace poco por el presidente Hugo Chávez hasta diciembre de 2011. "Queremos que se sienten con los trabajadores para llegar a los acuerdos que permitirán que el proceso de reestructuración que se llevará a cabo perjudique lo menos posible al personal".
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Carvallo precisó que entre 160 y 170 trabajadores despedidos en el proceso de reestructuración de la cartera dirigida por Jorge Giordani podrán reincorporarse a sus puestos de trabajo en los próximos días o recibirán el beneficio de la jubilación especial.
Entre los casos que las autoridades revisaron se encuentran los de mujeres embarazadas y personas que estaban de reposo. También los de empleados que, aunque tenían más de 20 años de servicio en el ministerio, no llegaban a la edad requerida para la jubilación y por eso fueron despedidos.
"Mucha gente fue botada injustamente", dijo Carvallo al recordar que el número de despedidos o jubilados en las últimas semanas se acerca al millar. El sindicalista agradeció las gestiones del tesorero Alejandro Andrade y el viceministro Gustavo Hernández a favor de los trabajadores.
Publican reglas. La revisión de algunos de los despidos realizados no implica que se detenga la reestructuración del Ministerio de Planificación y Finanzas. El despacho dictó el martes, mediante una resolución publicada en la Gaceta Oficial 39585, la normativa mediante la cual se regulará el proceso.
La resolución otorga un período de un mes para que el ministerio reubique a los funcionarios de carrera despedidos durante el proceso de reestructuración. En el caso de que los cesanteados sean contratados u obreros, la normativa dice que no habrá beneficios más allá de los previstos en la Ley del Trabajo.
Carvallo indicó que los trabajadores del ministerio no se oponen al proceso de reestructuración, pero exigen que se haga de manera concertada, como establecen los contratos colectivos del Sindicato Nacional de Obreros Públicos y la Federación Nacional de Obreros Dependientes del Estado.
Los sindicalistas también apelan al decreto de inamovilidad laboral vigente desde 2002 y prorrogado hace poco por el presidente Hugo Chávez hasta diciembre de 2011. "Queremos que se sienten con los trabajadores para llegar a los acuerdos que permitirán que el proceso de reestructuración que se llevará a cabo perjudique lo menos posible al personal".
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viernes, 31 de diciembre de 2010
Indepabis cerró 3.000 empresas en el año 2010
Las fiscalizaciones del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios provocaron la imposición de medidas de cierre temporal a 3.000 empresas y de multas pecuniarias a más de 14.000 compañías, informó el ministro de Comercio, Richard Canán, al hacer un resumen de la actuación de ese despacho y sus organismos adscritos en 2010.
Canán indicó que la mayoría de los cierres y las multas fueron para empresas que incumplían las regulaciones de precios impuestas por el Gobierno para bienes y servicios considerados de primera necesidad. Agregó que el Indepabis practicó 337 comisos de mercancías, en los que incautó 5.000 toneladas, especialmente de alimentos.
Sobre la resolución publicada en la Gaceta Oficial del miércoles, que obliga a quienes alquilan habitaciones a registrarse ante la Dirección de Inquilinato del Ministerio de Vivienda, Canán dijo que el objetivo es realizar un censo de pensiones y otros establecimientos de hospedaje para identificar las condiciones que ofrecen a quienes habitan.
Canán ofreció sus declaraciones desde la feria navideña socialista realizada en la plaza Andrés Bello de Caracas. El Ministerio de Comercio colocó –a través de 49 establecimientos de este tipo en todo el país– más de 348.000 juguetes a precios entre 60% y 70% más bajos que en las tiendas privadas, según el funcionario.
Consolidación. El ministro de Alimentación, Carlos Osorio, aseguró que durante 2010 el Gobierno logró consolidar la estructura de almacenamiento y distribución de comida. Lo mismo consiguió con la llamada reserva estratégica, formada por 692.500 toneladas de alimentos que se mantienen en constante rotación para garantizar su buen estado, dijo.
Agregó que en los 19.000 establecimientos que integran hoy las redes de comercialización estatales
–Bicentenario, Comerso, Mercal, Pdval– se distribuyeron 2,4 millones de toneladas de alimentos durante 2010, para un promedio de 170.000 toneladas al mes. Recordó que, en el caso de Mercal, los productos se comercializan con entre 40% y 50% de descuento.
Las 4.087 ferias navideñas socialistas realizadas en el país entre noviembre y diciembre, en tanto, sirvieron para distribuir 12.000 toneladas de ingredientes para la elaboración de las hallacas y 7.000 toneladas de pernil.
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Canán indicó que la mayoría de los cierres y las multas fueron para empresas que incumplían las regulaciones de precios impuestas por el Gobierno para bienes y servicios considerados de primera necesidad. Agregó que el Indepabis practicó 337 comisos de mercancías, en los que incautó 5.000 toneladas, especialmente de alimentos.
Sobre la resolución publicada en la Gaceta Oficial del miércoles, que obliga a quienes alquilan habitaciones a registrarse ante la Dirección de Inquilinato del Ministerio de Vivienda, Canán dijo que el objetivo es realizar un censo de pensiones y otros establecimientos de hospedaje para identificar las condiciones que ofrecen a quienes habitan.
Canán ofreció sus declaraciones desde la feria navideña socialista realizada en la plaza Andrés Bello de Caracas. El Ministerio de Comercio colocó –a través de 49 establecimientos de este tipo en todo el país– más de 348.000 juguetes a precios entre 60% y 70% más bajos que en las tiendas privadas, según el funcionario.
Consolidación. El ministro de Alimentación, Carlos Osorio, aseguró que durante 2010 el Gobierno logró consolidar la estructura de almacenamiento y distribución de comida. Lo mismo consiguió con la llamada reserva estratégica, formada por 692.500 toneladas de alimentos que se mantienen en constante rotación para garantizar su buen estado, dijo.
Agregó que en los 19.000 establecimientos que integran hoy las redes de comercialización estatales
–Bicentenario, Comerso, Mercal, Pdval– se distribuyeron 2,4 millones de toneladas de alimentos durante 2010, para un promedio de 170.000 toneladas al mes. Recordó que, en el caso de Mercal, los productos se comercializan con entre 40% y 50% de descuento.
Las 4.087 ferias navideñas socialistas realizadas en el país entre noviembre y diciembre, en tanto, sirvieron para distribuir 12.000 toneladas de ingredientes para la elaboración de las hallacas y 7.000 toneladas de pernil.
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miércoles, 29 de diciembre de 2010
Los trabajadores de Min-Finanzas siguen protesta
Los trabajadores del Ministerio de Planificación y Finanzas mantienen la protesta en la sede del despacho contra el despido masivo de 600 personas, entre contratados y fijos, como parte del proceso de reestructuración iniciado por la fusión en febrero de 2010 de las antiguas carteras de Economía y Finanzas y Planificación y Desarrollo.
Luis Manuel Zavala, presidente del Sindicato Nacional de Obreros Públicos del Ministerio de Planifi cación y Finanzas, informó que ayer continuaron los despidos y también las jubilaciones especiales, que los movimientos sindicales rechazan porque no son consultadas con los empleados y ofrecen condiciones desfavorables para el retiro.
Zavala agregó que el lunes en la noche se enteraron de la existencia de una mesa de diálogo promovida por las autoridades, pero que fue imposible instalarla porque el jefe de seguridad del despacho dijo que no podía garantizar la protección de los funcionarios debido a que los trabajadores que protestaban contra los despidos tenían una actitud violenta.
Lo que sí lograron los empleados fue reunirse con el viceministro Ricardo Ríos, aunque sin obtener resultados concretos. "Al menos nos dio la cara y conversó con nosotros", indicó Zavala. El dirigente sindical se mostró optimista sobre una posible solución al conflicto. "No será rápido, pero creo que se dará".
Otros representantes de los trabajadores que se mantienen en el edificio anexo son menos optimistas. Aseguran que el Poder Ejecutivo no apoya los despidos realizados en el Ministerio de Planificación y Finanzas, pero que difícilmente revierta la medida porque el presidente Hugo Chávez no quiere desautorizar al ministro Jorge Giordani.
Los cinco sindicatos que hacen vida en el despacho preparan un documento que harán llegar a la Presidencia en los próximos días. Zavala informó que mantendrán reuniones constantes con los trabajadores para definir otras acciones que puedan tomarse para rechazar el despido masivo.
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Luis Manuel Zavala, presidente del Sindicato Nacional de Obreros Públicos del Ministerio de Planifi cación y Finanzas, informó que ayer continuaron los despidos y también las jubilaciones especiales, que los movimientos sindicales rechazan porque no son consultadas con los empleados y ofrecen condiciones desfavorables para el retiro.
Zavala agregó que el lunes en la noche se enteraron de la existencia de una mesa de diálogo promovida por las autoridades, pero que fue imposible instalarla porque el jefe de seguridad del despacho dijo que no podía garantizar la protección de los funcionarios debido a que los trabajadores que protestaban contra los despidos tenían una actitud violenta.
Lo que sí lograron los empleados fue reunirse con el viceministro Ricardo Ríos, aunque sin obtener resultados concretos. "Al menos nos dio la cara y conversó con nosotros", indicó Zavala. El dirigente sindical se mostró optimista sobre una posible solución al conflicto. "No será rápido, pero creo que se dará".
Otros representantes de los trabajadores que se mantienen en el edificio anexo son menos optimistas. Aseguran que el Poder Ejecutivo no apoya los despidos realizados en el Ministerio de Planificación y Finanzas, pero que difícilmente revierta la medida porque el presidente Hugo Chávez no quiere desautorizar al ministro Jorge Giordani.
Los cinco sindicatos que hacen vida en el despacho preparan un documento que harán llegar a la Presidencia en los próximos días. Zavala informó que mantendrán reuniones constantes con los trabajadores para definir otras acciones que puedan tomarse para rechazar el despido masivo.
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Seguros Federal aportará 0,7% del mercado
al sistema público
El Gobierno ordenó la adquisición forzosa de Seguros Federal, mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial 39580 del 23 de diciembre, para "coadyuvar en la prestación del sistema público nacional de salud". No obstante, la empresa –parte del grupo financiero de Nelson Mezerhane, intervenido en julio– aportará poco al entramado asegurador estatal.
Seguros Federal acumuló primas cobradas por 195,8 millones de bolívares durante los primeros 10 meses del año, según la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, lo cual le otorga una participación de mercado de 0,7%. Además, la firma presentaba problemas que ocasionaron pérdidas por 48,3 millones de bolívares entre enero y octubre.
El sistema asegurador público está integrado, hasta ahora, por las compañías Horizonte y La Previsora que, en conjunto, sumaron 5,3 millardos de bolívares en primas cobradas al cierre de 2009. Para ese momento, la cifra representaba 17,7% del mercado y superaba lo obtenido por cualquier otra compañía del sector.
El crecimiento del sistema público durante 2010 es imposible de determinar porque La Previsora no ha publicado balances desde que fue expropiada por el Gobierno. De Horizonte se conoce que hasta octubre ocupa el cuarto lugar del mercado en primas cobradas con 1,9 millardos de bolívares y el noveno puesto en ganancias con 33,7 millones de bolívares.
Analistas han advertido que la incursión gubernamental en el sector puede ser peligrosa. El problema –dicen– es que las compañías oficiales, sin presión por obtener ganancias, pueden ofrecer precios por debajo del costo y competir de manera desleal con las privadas. Otro riesgo es la tradicional ineficiencia estatal en la administración de empresas.
Las autoridades mantienen intervenidas otras tres empresas de seguros: Banvalor, Premier y Universitas.
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Seguros Federal acumuló primas cobradas por 195,8 millones de bolívares durante los primeros 10 meses del año, según la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, lo cual le otorga una participación de mercado de 0,7%. Además, la firma presentaba problemas que ocasionaron pérdidas por 48,3 millones de bolívares entre enero y octubre.
El sistema asegurador público está integrado, hasta ahora, por las compañías Horizonte y La Previsora que, en conjunto, sumaron 5,3 millardos de bolívares en primas cobradas al cierre de 2009. Para ese momento, la cifra representaba 17,7% del mercado y superaba lo obtenido por cualquier otra compañía del sector.
El crecimiento del sistema público durante 2010 es imposible de determinar porque La Previsora no ha publicado balances desde que fue expropiada por el Gobierno. De Horizonte se conoce que hasta octubre ocupa el cuarto lugar del mercado en primas cobradas con 1,9 millardos de bolívares y el noveno puesto en ganancias con 33,7 millones de bolívares.
Analistas han advertido que la incursión gubernamental en el sector puede ser peligrosa. El problema –dicen– es que las compañías oficiales, sin presión por obtener ganancias, pueden ofrecer precios por debajo del costo y competir de manera desleal con las privadas. Otro riesgo es la tradicional ineficiencia estatal en la administración de empresas.
Las autoridades mantienen intervenidas otras tres empresas de seguros: Banvalor, Premier y Universitas.
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martes, 28 de diciembre de 2010
Empleados de Min-Finanzas toman la sede
en protesta por despidos
Los trabajadores del Ministerio de Planificación y Finanzas tomaron la sede del despacho, ubicada en la avenida Urdaneta de Caracas, en protesta por el despido de 600 personas en la víspera de Navidad y la posible desincorporación de 600 más en los próximos días.
Los empleados también rechazan el otorgamiento de jubilaciones obligatorias en condiciones desfavorables. "Pretenden jubilar a las personas con menos de 50% del sueldo. A una señora que ganaba casi 3.000 bolívares le ofrecieron el salario mínimo de pensión", denunció Frank Carvallo, representante sindical.
Los despidos y las jubilaciones forman parte del proceso de reestructuración iniciado por el ministro Jorge Giordani en febrero de este año, tras la decisión presidencial de fusionar los antiguos despachos de Economía y Finanzas, y Planificación y Desarrollo.
Carvallo señaló que al tomar estas medidas las autoridades incumplieron el convenio firmado con el sindicato para informar cualquier decisión relacionada con el proceso de reestructuración del ministerio que pudiese perjudicar a los trabajadores.
Agregó que la decisión se contradice con el decreto de inamovilidad laboral para los empleados privados y públicos, vigente desde 2002, y que el presidente Hugo Chávez prorrogó recientemente por décima ocasión consecutiva hasta el 31 de diciembre de 2011. También dijo que los despidos violan la Ley Orgánica del Trabajo y otras normativas de protección laboral, porque entre los empleados cesanteados en la última semana hay mujeres embarazadas o recién paridas y personas que estaban de reposo médico.
En la lista de trabajadores desincorporados figuran por igual personal contratado y nómina fija con más de 20 años de servicio. Muchos, de hecho, pensaban que recibirían una jubilación especial y en lugar de eso obtuvieron una carta de despido.
Protesta indefinida. Los empleados del Ministerio de Planificación y Finanzas aseguraron que mantendrán la protesta hasta que obtengan una respuesta satisfactoria a sus reclamos laborales. "Aquí no entrará ni saldrá nadie hasta que no haya una decisión por parte del Estado", dijo Carvallo.
Hasta ayer en la tarde el único contacto de los manifestantes fue con el Jefe de Seguridad del despacho, quien les planteó reuniones individuales para que cada trabajador afectado presentará su caso a las autoridades. Pero la propuesta fue rechazada.
La medida de protesta es promovida por la Federación Nacional de Obreros Dependientes del Estado, el Sindicato Nacional de Obreros Públicos y el Sindicato Único de Obreros Dependientes del Estado. También cuenta con el apoyo de la Asociación Sindical de Profesionales, Técnicos y Administrativos del Ministerio de Finanzas.
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Los empleados también rechazan el otorgamiento de jubilaciones obligatorias en condiciones desfavorables. "Pretenden jubilar a las personas con menos de 50% del sueldo. A una señora que ganaba casi 3.000 bolívares le ofrecieron el salario mínimo de pensión", denunció Frank Carvallo, representante sindical.
Los despidos y las jubilaciones forman parte del proceso de reestructuración iniciado por el ministro Jorge Giordani en febrero de este año, tras la decisión presidencial de fusionar los antiguos despachos de Economía y Finanzas, y Planificación y Desarrollo.
Carvallo señaló que al tomar estas medidas las autoridades incumplieron el convenio firmado con el sindicato para informar cualquier decisión relacionada con el proceso de reestructuración del ministerio que pudiese perjudicar a los trabajadores.
Agregó que la decisión se contradice con el decreto de inamovilidad laboral para los empleados privados y públicos, vigente desde 2002, y que el presidente Hugo Chávez prorrogó recientemente por décima ocasión consecutiva hasta el 31 de diciembre de 2011. También dijo que los despidos violan la Ley Orgánica del Trabajo y otras normativas de protección laboral, porque entre los empleados cesanteados en la última semana hay mujeres embarazadas o recién paridas y personas que estaban de reposo médico.
En la lista de trabajadores desincorporados figuran por igual personal contratado y nómina fija con más de 20 años de servicio. Muchos, de hecho, pensaban que recibirían una jubilación especial y en lugar de eso obtuvieron una carta de despido.
Protesta indefinida. Los empleados del Ministerio de Planificación y Finanzas aseguraron que mantendrán la protesta hasta que obtengan una respuesta satisfactoria a sus reclamos laborales. "Aquí no entrará ni saldrá nadie hasta que no haya una decisión por parte del Estado", dijo Carvallo.
Hasta ayer en la tarde el único contacto de los manifestantes fue con el Jefe de Seguridad del despacho, quien les planteó reuniones individuales para que cada trabajador afectado presentará su caso a las autoridades. Pero la propuesta fue rechazada.
La medida de protesta es promovida por la Federación Nacional de Obreros Dependientes del Estado, el Sindicato Nacional de Obreros Públicos y el Sindicato Único de Obreros Dependientes del Estado. También cuenta con el apoyo de la Asociación Sindical de Profesionales, Técnicos y Administrativos del Ministerio de Finanzas.
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miércoles, 22 de diciembre de 2010
Gobierno usará multas para regular Internet
La reforma de la Ley Orgánica de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y ahora también Medios Electrónicos, según el proyecto aprobado por la Asamblea Nacional obligará a los proveedores de servicios de Internet y difusión por suscripción a restringir el acceso a sitios web, emisoras o canales que transmitan mensajes prohibidos por la normativa, so pena de multas de hasta 10% de los ingresos brutos del año anterior.
"Los proveedores de medios electrónicos deberán establecer mecanismos que permitan restringir, sin dilaciones, la difusión de mensajes divulgados que se subsuman en las prohibiciones contenidas en el presente artículo, cuando ello sea solicitado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones en ejercicio de sus competencias", dice el artículo 28.
El primer numeral del artículo 29 castiga con multas de 10% de los ingresos brutos o suspensión por 72 horas continuas la difusión de mensajes que promuevan la alteración del orden público, el delito, la discriminación, la intolerancia y el odio o que usen el anonimato, hagan propaganda de guerra, fomenten la zozobra y desconozcan las autoridades legítimas.
De esta manera, el Gobierno apela al factor económico-financiero para regular indirectamente los contenidos difundidos en el ciberespacio y transmitidos a través de canales pagos. "Prácticamente delega la responsabilidad de controlar los mensajes a los proveedores del servicio, que se exponen a sanciones severas si no lo hacen", expresa el abogado constitucionalista Ricardo Antela.
Una multa de 10% de los ingresos brutos representa una cuarta parte de la ganancia de una empresa grande como Movistar, que provee telefonía móvil, Internet y TV por suscripción. De acuerdo con los resultados de las operaciones de Telefónica, casa matriz de Movistar, la filial de la compañía española tuvo un margen de utilidad de 46,8% entre enero y septiembre de 2010. El impacto es aún mayor para compañías más pequeñas.
Corresponsabilidad. Antela señala que al castigar al proveedor del servicio por los mensajes con contenidos prohibidos que circulen por Internet u otros medios electrónicos se quita la responsabilidad al autor ya sea twitero, forista de algún portal web o cualquier persona que escriba un correo electrónico para hacerla recaer en un tercero.
"La reforma de la legislación que aprobó la Asamblea Nacional permitirá que los proveedores de medios electrónicos sean castigados por algo de lo que no son responsables. Será algo así como sancionar al concesionario que le vendió a alguien el vehículo con el que posteriormente atropelló a una persona", argumenta.
La disposición llevará a que los proveedores, para evitar multas, establezcan mecanismos tecnológicos que les permitan revisar, moderar y censurar aquellos mensajes que pudieran ser interpretados como violatorios de la ley. "Estarían ejerciendo la censura previa que explícitamente prohíbe el artículo 57 de la Constitución", advierte.
Gilbert Minionis, presidente de Net Uno –empresa que ofrece televisión paga, Internet y telefonía fija–, califica de exabrupto que los proveedores de servicios tengan la responsabilidad de regular los contenidos. "Esa es una de las cosas que creo deben modificarse", agrega.
Minionis afirma que luego de la reforma de la ley, Net Uno no censurará contenidos porque es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones el órgano regulador establecido en la legislación venezolana y, por ende, el que debe ejercer el papel de censor.
"Cuando Conatel ve algo fuera del margen de la ley nos lo comunica (incluso hasta de manera informal porque tenemos buenas relaciones) y nosotros cumplimos las instrucciones.Conatel es el organismo que tiene los recursos para seguir regulando los mensajes", refiere el presidente de Net Uno.
Además de aclarar que a la empresa no es a la que le toca vigilar los mensajes, Minionis afirma que la compañía no tiene la capacidad para hacerlo. "Nosotros no podemos tener a alguien ahí mirando todos los días 100 canales, para ver quién dice qué cosa".
Apunta que ejercer esa función se traduciría en un aumento de tarifas. "Para cumplir esa medida deberé contratar una pila de gente en todas las ciudades en las que estamos presentes para que estén mirando las emisoras todo el tiempo. La consecuencia de esta disposición la pagará el suscriptor", alega el presidente de Net Uno, empresa que presta servicios en Barquisimeto, Caracas, Guarenas, Guatire, Maracaibo, Maracay, Mérida, Puerto Cabello, San Cristóbal y Valencia; ciudades que concentran 70% del mercado de telecomunicaciones nacional.
La Cámara de Comercio Electrónico, en un comunicado, expresó su más profundo rechazo a la aprobación de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión por parte de la Asamblea Nacional. El gremio advierte que responsabilizar al proveedor de servicio por los contenidos que emita, "causará inevitablemente el establecimiento de la autocensura, de la censura previa por parte de los medios y del bloqueo de numerosas páginas y servicios de información y opinión de usuarios al no poder los proveedores controlar el tipo de mensajes".
Multas in crescendo. Un informe del bufete Raffali, De Lemos, Halvorssen, Ortega y Ortiz advierte que la reforma de la Ley Orgánica de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos también incluye un aumento de los supuestos castigados y de los montos de las sanciones.
Hay multas de entre 1% y 2% de los ingresos brutos por incumplimiento de las disposiciones en materia de publicidad, de la obligación de publicar guías de programación y del deber de anunciar el tipo de programa y de elementos clasificados al inicio de cada espacio, entre otros.
El monto de las sanciones se incrementa hasta entre 3% y 4% de los ingresos brutos cuando las faltas de los prestadores de servicio estén vinculadas con difusión en horario todo usuario o en horario supervisado de mensajes que no se correspondan.
Eso incluye imágenes de violencia real en programas informativos, mensajes en los que niños y adolescentes actúen utilizando lenguaje y actitudes sexuales o violentas inadecuadas para su edad; y publicidad de loterías y juegos de envite y azar.
También serán penados con una multa de entre 3% y 4% de los ingresos brutos los proveedores que difundan publicidad anónima o que no identifiquen claramente el bien o servicio y que ocupen más de 50% del tiempo publicitario con anuncias de grandes empresas o compañías del Estado.
Otros supuestos castigados con esta sanción son los incumplimientos en la presentación de los informes mensuales exigidos, el suministro al suscriptor de facilidades tecnológicas que permitan el bloqueo de canales y la aplicación de mecanismos que permitan restringir la difusión de mensajes.
Para todas las multas se establece un recargo de 50% del monto por pagar en los casos de reincidencia. La excepción es la sanción equivalente a 10% de los ingresos brutos o suspensión por 72 horas, reservada para las faltas más graves. En ese caso, la pena por incurrir más de una vez en el supuesto prohibido puede ser la revocatoria de la concesión.
Escrito junto con Carmen Sofía Alfonzo
Publicado en El Nacional
"Los proveedores de medios electrónicos deberán establecer mecanismos que permitan restringir, sin dilaciones, la difusión de mensajes divulgados que se subsuman en las prohibiciones contenidas en el presente artículo, cuando ello sea solicitado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones en ejercicio de sus competencias", dice el artículo 28.
El primer numeral del artículo 29 castiga con multas de 10% de los ingresos brutos o suspensión por 72 horas continuas la difusión de mensajes que promuevan la alteración del orden público, el delito, la discriminación, la intolerancia y el odio o que usen el anonimato, hagan propaganda de guerra, fomenten la zozobra y desconozcan las autoridades legítimas.
De esta manera, el Gobierno apela al factor económico-financiero para regular indirectamente los contenidos difundidos en el ciberespacio y transmitidos a través de canales pagos. "Prácticamente delega la responsabilidad de controlar los mensajes a los proveedores del servicio, que se exponen a sanciones severas si no lo hacen", expresa el abogado constitucionalista Ricardo Antela.
Una multa de 10% de los ingresos brutos representa una cuarta parte de la ganancia de una empresa grande como Movistar, que provee telefonía móvil, Internet y TV por suscripción. De acuerdo con los resultados de las operaciones de Telefónica, casa matriz de Movistar, la filial de la compañía española tuvo un margen de utilidad de 46,8% entre enero y septiembre de 2010. El impacto es aún mayor para compañías más pequeñas.
Corresponsabilidad. Antela señala que al castigar al proveedor del servicio por los mensajes con contenidos prohibidos que circulen por Internet u otros medios electrónicos se quita la responsabilidad al autor ya sea twitero, forista de algún portal web o cualquier persona que escriba un correo electrónico para hacerla recaer en un tercero.
"La reforma de la legislación que aprobó la Asamblea Nacional permitirá que los proveedores de medios electrónicos sean castigados por algo de lo que no son responsables. Será algo así como sancionar al concesionario que le vendió a alguien el vehículo con el que posteriormente atropelló a una persona", argumenta.
La disposición llevará a que los proveedores, para evitar multas, establezcan mecanismos tecnológicos que les permitan revisar, moderar y censurar aquellos mensajes que pudieran ser interpretados como violatorios de la ley. "Estarían ejerciendo la censura previa que explícitamente prohíbe el artículo 57 de la Constitución", advierte.
Gilbert Minionis, presidente de Net Uno –empresa que ofrece televisión paga, Internet y telefonía fija–, califica de exabrupto que los proveedores de servicios tengan la responsabilidad de regular los contenidos. "Esa es una de las cosas que creo deben modificarse", agrega.
Minionis afirma que luego de la reforma de la ley, Net Uno no censurará contenidos porque es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones el órgano regulador establecido en la legislación venezolana y, por ende, el que debe ejercer el papel de censor.
"Cuando Conatel ve algo fuera del margen de la ley nos lo comunica (incluso hasta de manera informal porque tenemos buenas relaciones) y nosotros cumplimos las instrucciones.Conatel es el organismo que tiene los recursos para seguir regulando los mensajes", refiere el presidente de Net Uno.
Además de aclarar que a la empresa no es a la que le toca vigilar los mensajes, Minionis afirma que la compañía no tiene la capacidad para hacerlo. "Nosotros no podemos tener a alguien ahí mirando todos los días 100 canales, para ver quién dice qué cosa".
Apunta que ejercer esa función se traduciría en un aumento de tarifas. "Para cumplir esa medida deberé contratar una pila de gente en todas las ciudades en las que estamos presentes para que estén mirando las emisoras todo el tiempo. La consecuencia de esta disposición la pagará el suscriptor", alega el presidente de Net Uno, empresa que presta servicios en Barquisimeto, Caracas, Guarenas, Guatire, Maracaibo, Maracay, Mérida, Puerto Cabello, San Cristóbal y Valencia; ciudades que concentran 70% del mercado de telecomunicaciones nacional.
La Cámara de Comercio Electrónico, en un comunicado, expresó su más profundo rechazo a la aprobación de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión por parte de la Asamblea Nacional. El gremio advierte que responsabilizar al proveedor de servicio por los contenidos que emita, "causará inevitablemente el establecimiento de la autocensura, de la censura previa por parte de los medios y del bloqueo de numerosas páginas y servicios de información y opinión de usuarios al no poder los proveedores controlar el tipo de mensajes".
Multas in crescendo. Un informe del bufete Raffali, De Lemos, Halvorssen, Ortega y Ortiz advierte que la reforma de la Ley Orgánica de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos también incluye un aumento de los supuestos castigados y de los montos de las sanciones.
Hay multas de entre 1% y 2% de los ingresos brutos por incumplimiento de las disposiciones en materia de publicidad, de la obligación de publicar guías de programación y del deber de anunciar el tipo de programa y de elementos clasificados al inicio de cada espacio, entre otros.
El monto de las sanciones se incrementa hasta entre 3% y 4% de los ingresos brutos cuando las faltas de los prestadores de servicio estén vinculadas con difusión en horario todo usuario o en horario supervisado de mensajes que no se correspondan.
Eso incluye imágenes de violencia real en programas informativos, mensajes en los que niños y adolescentes actúen utilizando lenguaje y actitudes sexuales o violentas inadecuadas para su edad; y publicidad de loterías y juegos de envite y azar.
También serán penados con una multa de entre 3% y 4% de los ingresos brutos los proveedores que difundan publicidad anónima o que no identifiquen claramente el bien o servicio y que ocupen más de 50% del tiempo publicitario con anuncias de grandes empresas o compañías del Estado.
Otros supuestos castigados con esta sanción son los incumplimientos en la presentación de los informes mensuales exigidos, el suministro al suscriptor de facilidades tecnológicas que permitan el bloqueo de canales y la aplicación de mecanismos que permitan restringir la difusión de mensajes.
Para todas las multas se establece un recargo de 50% del monto por pagar en los casos de reincidencia. La excepción es la sanción equivalente a 10% de los ingresos brutos o suspensión por 72 horas, reservada para las faltas más graves. En ese caso, la pena por incurrir más de una vez en el supuesto prohibido puede ser la revocatoria de la concesión.
Escrito junto con Carmen Sofía Alfonzo
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viernes, 17 de diciembre de 2010
Gobierno ordena liquidación de Banvalor y Positiva
La Superintendencia Nacional de Valores ordenó la liquidación de la casa de bolsa Banvalor y la sociedad de corretaje Positiva, además de la intervención con cese de operaciones de la compañía bursátil Humboldt, mediante resoluciones publicadas en la Gaceta Oficial 39574.
La liquidación de Banvalor y Positiva –intervenidas desde mayo– se decidió porque el organismo determinó que ambas empresas incumplieron de manera reiterada la Ley de Mercado de Capitales y las demás normas que rigen la actividad de los corredores de títulos valores.
La intervención de Humboldt se produjo por efectuar operaciones de permuta de bonos no registradas en la contabilidad de la casa de bolsa y por el registro de pérdidas por 5,2 millones de bolívares asociadas a venta de títulos valores sin contar con los soportes contables.
La Superintendencia también publicó las normas de funcionamiento del registro nacional de valores y las cajas de valores, así como las reglas sobre la información económica y financiera que deben suministrar las personas sometidas al control del organismo.
Multas. La Superintendencia de la Actividad Aseguradora multó cinco compañías de seguros por incumplir disposiciones legales relacionadas con el pago de indemnizaciones a los clientes o la realización de publicidad.
Las multas van entre 20.650 bolívares y 48.800 bolívares, según las resoluciones publicadas en la Gaceta Oficial 39574, y obedecen en su mayoría a indemnizaciones no canceladas o pagadas con retraso.
Las sanciones no se deben a la nueva ley, que entró en vigencia en julio, pues los sucesos ocurrieron antes de esa fecha. Las compañías multadas tendrán un plazo de 15 días hábiles para presentar un recurso de reconsideración.
Publicado en El Nacional
La liquidación de Banvalor y Positiva –intervenidas desde mayo– se decidió porque el organismo determinó que ambas empresas incumplieron de manera reiterada la Ley de Mercado de Capitales y las demás normas que rigen la actividad de los corredores de títulos valores.
La intervención de Humboldt se produjo por efectuar operaciones de permuta de bonos no registradas en la contabilidad de la casa de bolsa y por el registro de pérdidas por 5,2 millones de bolívares asociadas a venta de títulos valores sin contar con los soportes contables.
La Superintendencia también publicó las normas de funcionamiento del registro nacional de valores y las cajas de valores, así como las reglas sobre la información económica y financiera que deben suministrar las personas sometidas al control del organismo.
Multas. La Superintendencia de la Actividad Aseguradora multó cinco compañías de seguros por incumplir disposiciones legales relacionadas con el pago de indemnizaciones a los clientes o la realización de publicidad.
Las multas van entre 20.650 bolívares y 48.800 bolívares, según las resoluciones publicadas en la Gaceta Oficial 39574, y obedecen en su mayoría a indemnizaciones no canceladas o pagadas con retraso.
Las sanciones no se deben a la nueva ley, que entró en vigencia en julio, pues los sucesos ocurrieron antes de esa fecha. Las compañías multadas tendrán un plazo de 15 días hábiles para presentar un recurso de reconsideración.
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martes, 14 de diciembre de 2010
El Presidente legislará sobre alquiler y preventa de vivienda
El proyecto de ley de emergencia para terrenos urbanos y vivienda, presentado por el Gobierno para atender la situación causada por las lluvias de las últimas semanas, no será el único que pasará al Poder Ejecutivo gracias a la Ley Habilitante que el presidente Hugo Chávez solicitó el sábado y que la Asamblea Nacional prevé aprobar esta semana.
El diputado Luis Gamargo, presidente de la Comisión de Administración y Servicios del Parlamento, aseguró que las tres legislaciones relacionadas con vivienda, que estaban pendientes en esa instancia, quedarán en manos del primer mandatario. Eso incluye el proyecto de ley de preventa y la reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.
El informe para segunda discusión del proyecto de ley de preventa –aprobado en primera instancia en enero de 2010– recibió el visto bueno de la Comisión de Administración y Servicios Públicos el 10 de noviembre, pero la directiva del Parlamento nunca lo incluyó en la agenda de la plenaria porque estaba a la espera de la propuesta legal que presentaría el Ejecutivo.
Gamargo aclaró que el proyecto de ley de emergencia introducido por el Gobierno, aunque contiene disposiciones relacionadas con las transacciones de inmuebles en construcción, se refiere solamente a viviendas de interés social. Por tanto, el proyecto de ley de preventa que abarca todo el mercado inmobiliario sigue en pie.
La reforma de la Ley de Arrendamientos, en tanto, está pendiente desde 2007, cuando fue aprobada en primera discusión por la plenaria de la Asamblea Nacional. Chávez pidió en varias ocasiones que la modificación incluyese un mecanismo para que los inquilinos con más de 20 años puedan comprar el inmueble donde viven, pero ningún papel de trabajo incorporó la idea.
Agenda por definir. En las otras comisiones vinculadas con el área económica no tienen tan claro si las normas que están en discusión serán aprobadas en lo que queda del período parlamentario actual –los diputados electos en septiembre asumirán el 5 de enero– o pasarán al Poder Ejecutivo para que las sancione dentro de la Ley Habilitante.
El diputado Ricardo Sanguino, presidente de la Comisión de Finanzas, dijo que el objetivo de esa instancia es presentar el informe para segunda discusión en plenaria del proyecto de ley de instituciones del sector bancario –que sustituirá la Ley General de Bancos– en los próximos días, para que la normativa sea sancionada por la Asamblea Nacional.
Sanguino no descartó, sin embargo, que la propuesta legal sea enviada al Ejecutivo en caso de que no se logre el objetivo de aprobarla en el período parlamentario actual. Igual suerte correría el proyecto de ley de banca pública, que está más atrasado porque ni siquiera ha sido aprobado en primera discusión.
El diputado Johnny Milano, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico, desconoce si la reforma de la Ley de Financiamiento y Refinanciamiento Agrícola propuesta por esa instancia –en vista de que la norma se vence el 31 de diciembre– será trabajada en la Asamblea Nacional o pasará a manos del Ejecutivo.
Milano indicó que la reforma busca crear nuevas opciones de refinanciamiento para los productores agrícolas, por los daños que las lluvias recientes causaron al sector primario de la economía.
Publicado en El Nacional
El diputado Luis Gamargo, presidente de la Comisión de Administración y Servicios del Parlamento, aseguró que las tres legislaciones relacionadas con vivienda, que estaban pendientes en esa instancia, quedarán en manos del primer mandatario. Eso incluye el proyecto de ley de preventa y la reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.
El informe para segunda discusión del proyecto de ley de preventa –aprobado en primera instancia en enero de 2010– recibió el visto bueno de la Comisión de Administración y Servicios Públicos el 10 de noviembre, pero la directiva del Parlamento nunca lo incluyó en la agenda de la plenaria porque estaba a la espera de la propuesta legal que presentaría el Ejecutivo.
Gamargo aclaró que el proyecto de ley de emergencia introducido por el Gobierno, aunque contiene disposiciones relacionadas con las transacciones de inmuebles en construcción, se refiere solamente a viviendas de interés social. Por tanto, el proyecto de ley de preventa que abarca todo el mercado inmobiliario sigue en pie.
La reforma de la Ley de Arrendamientos, en tanto, está pendiente desde 2007, cuando fue aprobada en primera discusión por la plenaria de la Asamblea Nacional. Chávez pidió en varias ocasiones que la modificación incluyese un mecanismo para que los inquilinos con más de 20 años puedan comprar el inmueble donde viven, pero ningún papel de trabajo incorporó la idea.
Agenda por definir. En las otras comisiones vinculadas con el área económica no tienen tan claro si las normas que están en discusión serán aprobadas en lo que queda del período parlamentario actual –los diputados electos en septiembre asumirán el 5 de enero– o pasarán al Poder Ejecutivo para que las sancione dentro de la Ley Habilitante.
El diputado Ricardo Sanguino, presidente de la Comisión de Finanzas, dijo que el objetivo de esa instancia es presentar el informe para segunda discusión en plenaria del proyecto de ley de instituciones del sector bancario –que sustituirá la Ley General de Bancos– en los próximos días, para que la normativa sea sancionada por la Asamblea Nacional.
Sanguino no descartó, sin embargo, que la propuesta legal sea enviada al Ejecutivo en caso de que no se logre el objetivo de aprobarla en el período parlamentario actual. Igual suerte correría el proyecto de ley de banca pública, que está más atrasado porque ni siquiera ha sido aprobado en primera discusión.
El diputado Johnny Milano, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico, desconoce si la reforma de la Ley de Financiamiento y Refinanciamiento Agrícola propuesta por esa instancia –en vista de que la norma se vence el 31 de diciembre– será trabajada en la Asamblea Nacional o pasará a manos del Ejecutivo.
Milano indicó que la reforma busca crear nuevas opciones de refinanciamiento para los productores agrícolas, por los daños que las lluvias recientes causaron al sector primario de la economía.
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sábado, 11 de diciembre de 2010
Gobierno ejecutó 13,5% de inversión para vivienda
El discurso gubernamental de las semanas recientes ha estado lleno de anuncios en materia de vivienda. Pero, a juzgar por lo realizado hasta ahora, pocos llegarán a concretarse: un informe del Cieca, Centro de Investigaciones Económicas, muestra que el Gobierno ejecutó 13,5% de la inversión prometida para viviendas desde 2005.
La institución afirma que en los últimos 5 años las autoridades han anunciado desembolsos por 52,1 millardos de dólares –equivalentes a 10,4% de los ingresos fiscales del período– para proyectos destinados a reducir el déficit de viviendas que existe en Venezuela, calculado en 2 millones de unidades por los especialistas.
La inversión ejecutada desde 2005, sin embargo, sumó 7 millardos de dólares, calcula el Cieca sobre la base de la cantidad de viviendas terminadas por el sector público cada año –que estuvo entre un mínimo de 14.667 en 2010 y un máximo de 48.000 en 2006– y el costo unitario de cada una.
"Si se hubiese ejecutado el monto anunciado, se habrían construido 1.417.849 viviendas. En realidad, en este período se han concluido 182.511 unidades. Es decir, 1.235.338 menos que lo prometido. El monto dejado de ejecutar es de 45,1 millardos de dólares", precisa el informe.
El Cieca destaca que buena parte de las inversiones anunciadas por el Gobierno en los últimos años están vinculadas a convenios bilaterales con países como Bielorrusia, Brasil, China, Cuba, Irán, Portugal, Rusia, Turquía y Uruguay. Hasta ahora se desconoce el número de viviendas edificadas mediante esos acuerdos.
El peor promedio. El informe del Cieca calcula que la cantidad de viviendas construidas por el sector público desde 1999 hasta la fecha asciende a 296.047, lo cual arroja un promedio anual de 29.605 unidades durante la presidencia de Hugo Chávez. La cifra es menos de la mitad de lo edificado por gobiernos anteriores.
Agrega que los mejores resultados se registraron entre 1979 y 1988 –en las gestiones presidenciales de Luis Herrera Campins y Jaime Lusinchi– con un total de 759.632 unidades edificadas. El promedio anual del período fue 75.963, 56,6% más que el Gobierno actual.
En el lapso de 1969 a 1978 –durante los primeros gobiernos de Rafael Caldera y Carlos Andrés Pérez– se construyeron 655.699 viviendas, para una media anual de 65.570. Entre 1989 y 1998, con Pérez y Caldera en la Presidencia por segunda vez, se levantaron 618.150 en total y 61.815 cada año.
Publicado en El Nacional
La institución afirma que en los últimos 5 años las autoridades han anunciado desembolsos por 52,1 millardos de dólares –equivalentes a 10,4% de los ingresos fiscales del período– para proyectos destinados a reducir el déficit de viviendas que existe en Venezuela, calculado en 2 millones de unidades por los especialistas.
La inversión ejecutada desde 2005, sin embargo, sumó 7 millardos de dólares, calcula el Cieca sobre la base de la cantidad de viviendas terminadas por el sector público cada año –que estuvo entre un mínimo de 14.667 en 2010 y un máximo de 48.000 en 2006– y el costo unitario de cada una.
"Si se hubiese ejecutado el monto anunciado, se habrían construido 1.417.849 viviendas. En realidad, en este período se han concluido 182.511 unidades. Es decir, 1.235.338 menos que lo prometido. El monto dejado de ejecutar es de 45,1 millardos de dólares", precisa el informe.
El Cieca destaca que buena parte de las inversiones anunciadas por el Gobierno en los últimos años están vinculadas a convenios bilaterales con países como Bielorrusia, Brasil, China, Cuba, Irán, Portugal, Rusia, Turquía y Uruguay. Hasta ahora se desconoce el número de viviendas edificadas mediante esos acuerdos.
El peor promedio. El informe del Cieca calcula que la cantidad de viviendas construidas por el sector público desde 1999 hasta la fecha asciende a 296.047, lo cual arroja un promedio anual de 29.605 unidades durante la presidencia de Hugo Chávez. La cifra es menos de la mitad de lo edificado por gobiernos anteriores.
Agrega que los mejores resultados se registraron entre 1979 y 1988 –en las gestiones presidenciales de Luis Herrera Campins y Jaime Lusinchi– con un total de 759.632 unidades edificadas. El promedio anual del período fue 75.963, 56,6% más que el Gobierno actual.
En el lapso de 1969 a 1978 –durante los primeros gobiernos de Rafael Caldera y Carlos Andrés Pérez– se construyeron 655.699 viviendas, para una media anual de 65.570. Entre 1989 y 1998, con Pérez y Caldera en la Presidencia por segunda vez, se levantaron 618.150 en total y 61.815 cada año.
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miércoles, 8 de diciembre de 2010
Gobierno controlará fondos para la innovación
Daniel Rodríguez cursa un programa de especialización que la empresa dónde trabaja financia a los empleados, con el objetivo de modernizar el proceso de producción para reducir los costos. Carolina Ferreira paga un monto mínimo por los estudios de posgrado, pues una compañía transnacional subsidia la universidad, con el propósito de impulsar la investigación en el área en que se desempeña.
Los ejemplos anteriores muestran algunas de las formas que tenían las empresas con ingresos brutos superiores a 100.000 unidades tributarias (6,5 millones de bolívares) para cumplir con el aporte obligatorio que impone la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación desde 2005. El proyecto de reforma que se discute en la Asamblea Nacional, sin embargo, impedirá que las compañías manejen los recursos por su cuenta.
"Todos los aportes deberán ser consignados ante el órgano financiero de los fondos destinados a ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones", dice el artículo 23 de la propuesta. El artículo 40 precisa que se trata del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que luego se encargará de repartir el dinero entre personas e instituciones que soliciten recursos para investigación.
El abogado Edgardo Malavé, corredactor de la Locti vigente, afirma que la modificación planteada por el Ejecutivo convierte el aporte para ciencia y tecnología en una contribución similar a la que debe pagarse al Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista. "El impacto económico para las empresas es muy grande, porque la base de cálculo del monto que se debe pagar son los ingresos brutos", advierte.
Malavé recuerda que hasta la fecha el impacto económico era compensado parcialmente por los beneficios directos que las empresas recibían al invertir en la capacitación de personal, la modernización de procedimientos o la investigación relacionada con su área de negocio. Pero ahora las compañías entregarán el dinero sin saber si los programas y proyectos que le interesan recibirán el financiamiento del Fonacit.
Miguel Mónaco, abogado y profesor universitario de Derecho Público, considera que la reforma limitará la inversión en ciencia y tecnología dentro de las propias empresas. "Por la magnitud del aporte, será muy difícil para algunas compañías cancelar al Fonacit y aparte financiar proyectos internos. No les queda otra que presentar sus proyectos al organismo gubernamental y esperar que les asignen fondos".
Más lento. El problema de esperar los recursos del Fonacit señala Malavé es que el organismo se convertirá en una alcabala por la que tendrán que pasar todas las solicitudes de fondos para la investigación científica y tecnológica. "Operación Sonrisa, por ejemplo, ya no podrá pedirles a las compañías fondos descontables de la obligación por Locti. Ahora tendrá que presentar sus proyectos al Fonacit para que le apruebe recursos", indica.
Agrega que eso introducirá factores como "la tendencia política, la discrecionalidad y el amiguismo" en la decisión de a quién se asignarán los recursos. También ralentizará el proceso de investigación pues el Fonacit no está capacitado para procesar las solicitudes de 6.000 personas e instituciones inscritas en el registro de beneficiarios. "El dinero irá a engrosar cuentas bancarias y se quedará inoperante por mucho tiempo".
Mónaco advierte que lo más grave es que la aprobación de recursos estará condicionada a parámetros políticos. "La autoridad nacional con competencia en ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones evaluará y seleccionará los programas y proyectos que califiquen para su financiamiento en las áreas definidas en el plan de desarrollo económico-social de la nación", dice el artículo 15 de la propuesta de reforma.
Los abogados señalan como otro factor preocupante la modificación del artículo 3 que define los sujetos de la ley para agregar a las comunas que realicen actividades de ciencia, tecnología e innovación. No sólo porque esta forma de organización social promovida por el Gobierno no está establecida en la Constitución, sino porque su inclusión revela que parte de los aportes empresariales serán para financiar proyectos comunales.
También preocupa a los especialistas que se haya suprimido la palabra empresa del artículo. Lo mismo se hizo en la disposición número 27, que describe las actividades "consideradas como factibles de ser llevadas a cabo con los aportes a la ciencia, la tecnología, la innovación y sus aplicaciones". Eso genera temores de que el sector privado sea excluido de la entrega de financiamiento del Fonacit.
Además cuando se incluye la investigación para el desarrollo de nuevos procesos tecnológicos, esquemas organizativos, bienes o procedimientos entre las actividades por financiar con los aportes empresariales, se sustituye el objetivo de mejorar la competitividad y la calidad productiva incluido en la Locti vigente por el de resolver problemas concretos de la población venezolana.
Supervisión posterior. El diputado Manuel Villalba, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Comunicación Social de la Asamblea Nacional, defiende la reforma propuesta para la Locti con el argumento de que la situación actual en que "las empresas manejan a su antojo 95% del aporte previsto en la normativa y sólo entregan al Fonacit 5%" atenta contra la investigación del sector público.
Malavé dice que el Fonacit recibe un porcentaje tan pequeño de los aportes empresariales porque carece de programas y proyectos de investigación suficientes. "Ni siquiera es capaz de ejecutar su propio presupuesto, qué va a hacer con más dinero". Agrega que el objetivo de la norma no es dar recursos a los organismos gubernamentales sino promover que el sector privado invierta en ciencia y tecnología.
Villalba también argumenta que no había un control estatal sobre el aporte. Mónaco replica que el hecho de que las empresas manejarán el dinero por su cuenta, ya sea para invertirlo en proyectos propios o para financiar programas de terceros, no implicaba una ausencia de supervisión de los entes gubernamentales. "Se hace un control posterior, de manera que el elemento burocrático no obstruya el avance científico".
Mónaco destaca que en la Locti vigente se establecen claramente cuáles son las actividades internas y externas que las empresas pueden financiar para cumplir con su obligación de invertir en la ciencia y la tecnología. Además, hay sanciones para las compañías que no realizan ningún aporte y para aquellas que financian actividades distintas a las estipuladas en la ley.
Malavé indica que si el Gobierno era incapaz de supervisar los aportes, como afirma el diputado, también será incompetente para manejar los recursos que las empresas entregarán y distribuirlos entre quienes se dedican a la investigación científica y tecnológica. "El Estado no puede alegar su propia incapacidad. Si el Seniat tiene una estructura para fiscalizar el pago de impuestos, por qué el Fonacit no puede hacer lo mismo".
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Los ejemplos anteriores muestran algunas de las formas que tenían las empresas con ingresos brutos superiores a 100.000 unidades tributarias (6,5 millones de bolívares) para cumplir con el aporte obligatorio que impone la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación desde 2005. El proyecto de reforma que se discute en la Asamblea Nacional, sin embargo, impedirá que las compañías manejen los recursos por su cuenta.
"Todos los aportes deberán ser consignados ante el órgano financiero de los fondos destinados a ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones", dice el artículo 23 de la propuesta. El artículo 40 precisa que se trata del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que luego se encargará de repartir el dinero entre personas e instituciones que soliciten recursos para investigación.
El abogado Edgardo Malavé, corredactor de la Locti vigente, afirma que la modificación planteada por el Ejecutivo convierte el aporte para ciencia y tecnología en una contribución similar a la que debe pagarse al Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista. "El impacto económico para las empresas es muy grande, porque la base de cálculo del monto que se debe pagar son los ingresos brutos", advierte.
Malavé recuerda que hasta la fecha el impacto económico era compensado parcialmente por los beneficios directos que las empresas recibían al invertir en la capacitación de personal, la modernización de procedimientos o la investigación relacionada con su área de negocio. Pero ahora las compañías entregarán el dinero sin saber si los programas y proyectos que le interesan recibirán el financiamiento del Fonacit.
Miguel Mónaco, abogado y profesor universitario de Derecho Público, considera que la reforma limitará la inversión en ciencia y tecnología dentro de las propias empresas. "Por la magnitud del aporte, será muy difícil para algunas compañías cancelar al Fonacit y aparte financiar proyectos internos. No les queda otra que presentar sus proyectos al organismo gubernamental y esperar que les asignen fondos".
Más lento. El problema de esperar los recursos del Fonacit señala Malavé es que el organismo se convertirá en una alcabala por la que tendrán que pasar todas las solicitudes de fondos para la investigación científica y tecnológica. "Operación Sonrisa, por ejemplo, ya no podrá pedirles a las compañías fondos descontables de la obligación por Locti. Ahora tendrá que presentar sus proyectos al Fonacit para que le apruebe recursos", indica.
Agrega que eso introducirá factores como "la tendencia política, la discrecionalidad y el amiguismo" en la decisión de a quién se asignarán los recursos. También ralentizará el proceso de investigación pues el Fonacit no está capacitado para procesar las solicitudes de 6.000 personas e instituciones inscritas en el registro de beneficiarios. "El dinero irá a engrosar cuentas bancarias y se quedará inoperante por mucho tiempo".
Mónaco advierte que lo más grave es que la aprobación de recursos estará condicionada a parámetros políticos. "La autoridad nacional con competencia en ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones evaluará y seleccionará los programas y proyectos que califiquen para su financiamiento en las áreas definidas en el plan de desarrollo económico-social de la nación", dice el artículo 15 de la propuesta de reforma.
Los abogados señalan como otro factor preocupante la modificación del artículo 3 que define los sujetos de la ley para agregar a las comunas que realicen actividades de ciencia, tecnología e innovación. No sólo porque esta forma de organización social promovida por el Gobierno no está establecida en la Constitución, sino porque su inclusión revela que parte de los aportes empresariales serán para financiar proyectos comunales.
También preocupa a los especialistas que se haya suprimido la palabra empresa del artículo. Lo mismo se hizo en la disposición número 27, que describe las actividades "consideradas como factibles de ser llevadas a cabo con los aportes a la ciencia, la tecnología, la innovación y sus aplicaciones". Eso genera temores de que el sector privado sea excluido de la entrega de financiamiento del Fonacit.
Además cuando se incluye la investigación para el desarrollo de nuevos procesos tecnológicos, esquemas organizativos, bienes o procedimientos entre las actividades por financiar con los aportes empresariales, se sustituye el objetivo de mejorar la competitividad y la calidad productiva incluido en la Locti vigente por el de resolver problemas concretos de la población venezolana.
Supervisión posterior. El diputado Manuel Villalba, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Comunicación Social de la Asamblea Nacional, defiende la reforma propuesta para la Locti con el argumento de que la situación actual en que "las empresas manejan a su antojo 95% del aporte previsto en la normativa y sólo entregan al Fonacit 5%" atenta contra la investigación del sector público.
Malavé dice que el Fonacit recibe un porcentaje tan pequeño de los aportes empresariales porque carece de programas y proyectos de investigación suficientes. "Ni siquiera es capaz de ejecutar su propio presupuesto, qué va a hacer con más dinero". Agrega que el objetivo de la norma no es dar recursos a los organismos gubernamentales sino promover que el sector privado invierta en ciencia y tecnología.
Villalba también argumenta que no había un control estatal sobre el aporte. Mónaco replica que el hecho de que las empresas manejarán el dinero por su cuenta, ya sea para invertirlo en proyectos propios o para financiar programas de terceros, no implicaba una ausencia de supervisión de los entes gubernamentales. "Se hace un control posterior, de manera que el elemento burocrático no obstruya el avance científico".
Mónaco destaca que en la Locti vigente se establecen claramente cuáles son las actividades internas y externas que las empresas pueden financiar para cumplir con su obligación de invertir en la ciencia y la tecnología. Además, hay sanciones para las compañías que no realizan ningún aporte y para aquellas que financian actividades distintas a las estipuladas en la ley.
Malavé indica que si el Gobierno era incapaz de supervisar los aportes, como afirma el diputado, también será incompetente para manejar los recursos que las empresas entregarán y distribuirlos entre quienes se dedican a la investigación científica y tecnológica. "El Estado no puede alegar su propia incapacidad. Si el Seniat tiene una estructura para fiscalizar el pago de impuestos, por qué el Fonacit no puede hacer lo mismo".
Publicado en El Nacional
Recomiendan protegerse de la devaluación
Empresas y particulares deben aumentar las posiciones en divisas o las deudas en bolívares para protegerse de la devaluación, recomienda la firma Econométrica.
La compañia indica que el Gobierno devaluará en 2011 porque la demanda de divisas supera en 25% la oferta, las reservas internacionales del Banco Central de Venezuela apenas cubren 4,4 meses de las necesidades de moneda extranjera y la capacidad de endeudamiento externo es cada vez más reducida.
Aunque Econométrica plantea 5 escenarios posibles para la devaluación de la moneda, considera que el más probable es que las autoridades mantengan la tasa preferencial de 2,6 bolívares por dólar para alimentos, medicinas y bienes de capital; e incrementen los otros tipos de cambio.
Afirma que el dólar petrolero –que se cotiza a 4,3 bolívares– subirá hasta 5,5 bolívares; la banda del sistema de transacciones con títulos en moneda extranjera –de 4,3 a 5,3 bolívares– pasará a entre 5,5 y 6,75 bolívares; y el cambio implícito de las emisiones de bonos aumentará hasta 8 bolívares.
La firma señala que la devaluación mejorará las finanzas de Pdvsa y el Fisco, aunque tendrá consecuencias negativas para la economía como el incremento de la inflación, la caída del salario real y posiblemente la disminución del consumo, la inversión, el producto y el empleo.
Publicado en El Nacional
La compañia indica que el Gobierno devaluará en 2011 porque la demanda de divisas supera en 25% la oferta, las reservas internacionales del Banco Central de Venezuela apenas cubren 4,4 meses de las necesidades de moneda extranjera y la capacidad de endeudamiento externo es cada vez más reducida.
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