Cuando recibió el diploma que lo acredita como licenciado en Comunicación Social en la Universidad Monte Ávila, Carlos Torres sabía que no desarrollaría su carrera profesional en Venezuela. Durante un período de siete u ocho meses evaluó posibles destinos para huir de los problemas del país y el 5 de noviembre del año pasado aterrizó en Santiago de Chile.
“Mi objetivo era irme a América Latina porque no hablo inglés. Empecé a averiguar sobre cada país de la región entre mis conocidos. Al final tenía tres opciones: Argentina, Chile y Perú. El primero era complicado por la situación económica y el último por los trámites migratorios”, dice Torres (24 años) para resumir el análisis que hizo antes de viajar.
Su caso está lejos de ser único. El anuario estadístico del Departamento de Migración y Extranjería revela que Chile entregó 7.978 visas de residencia temporal a venezolanos en 2015, un incremento de 209% en comparación con 2014. También otorgó 1.349 visas de permanencia definitiva, un aumento de 97% con respecto al año previo.
En 2016 probablemente habrá un alza de similares proporciones, pues el ingreso de venezolanos no se ha detenido. César Márquez, diseñador de 28 años, llegó al país el 1º de junio, después de intentar hacer vida en Panamá (en donde residía desde octubre de 2014) y evaluar alternativas como México y Ecuador. “Veo que hay muchas oportunidades”, comenta.
Las cifras oficiales, además, no incluyen casos como el de Andreína Dezzeo. La abogada de 29 años aprovechó que su abuelo materno era chileno, tramitó la nacionalidad (con la ayuda de una amiga en Santiago) y viajó en octubre de 2015. “Nunca antes había venido y no tenía idea de nada en profundidad, más que las cosas que mi abuelo me contaba desde niña”, relata.
Lo cierto es que la colonia venezolana se ha convertido en la segunda que más crece, detrás de la haitiana, aunque todavía está muy lejos de ser tan numerosa como la peruana, la boliviana y la colombiana. La presencia de los venezolanos ha sido objeto de varios artículos de prensa y de un reportaje transmitido por Televisora Nacional (TVN, canal estatal) en mayo.
Una visión positiva
Torres se desborda en elogios cuando habla de Chile. “Es un país que los venezolanos admiramos por sus políticas internas (…) Estamos muy agradecidos porque los procesos para gestionar el visado son impecables y eso nos permite regularizar en tiempo récord nuestra situación legal, así como ejercer nuestra profesión sin obstáculo alguno”, afirma.
Márquez no puede evitar la comparación con Panamá: “En Chile el trámite migratorio es más sencillo, el alquiler de vivienda menos complicado y costoso y el mercado sale súper económico”. También destaca la acogida al extranjero, que contrasta con la creciente xenofobia que encontró en el istmo: “Lejos de lo que se puede pensar, los chilenos nos respetan y nos consideran”.
Dezzeo reconoce que “es una sociedad bastante clasista” y que “la educación es muy cara”, pero su opinión general del país también es positiva: “hay muy buena relación entre lo que se gana y lo que se gasta, si te esfuerzas en el trabajo es muy bien valorado, me encanta que se puede andar en bicicleta por todos lados. Realmente me siento súper cómoda. Es mi segundo hogar”.
Estas opiniones favorables son compartidas por la mayoría de sus compatriotas: los venezolanos que residen en Chile lo ven como un país con un sistema político estable, una economía próspera y seguridad ciudadana. La paradoja es que los chilenos no tienen una visión tan positiva si no que, por el contrario, su percepción del país es cada vez más negativa.
En agosto, la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (la más prestigiosa de Chile) reveló que 48% cree que la situación económica es “mala o muy mala” y 68% añade que “no cambiará” en los próximos 12 meses. En materia política los resultados son peores: 68% califica la situación como “mala o muy mala” e igual porcentaje dice que “no cambiará”.
Nelson Betancourt –geógrafo de 33 años que llegó en febrero de 2010, cuando las visas a venezolanos no llegaban a 1.000 por año– entiende la desazón de los chilenos: “Antes el dólar valía 530 pesos y ahora supera los 670, hay un menor dinamismo económico y la vivienda se ha encarecido mucho”. A pesar de eso, tiene una visión positiva del país: “Siento que está bastante bien”.
Sensación de seguridad
La delincuencia es, según el sondeo de la CEP, el problema que más preocupa a los chilenos: 52% cree que es el asunto al que las autoridades deberían dedicar su mayor esfuerzo, por encima de salud (36%), corrupción (36%) y educación (34%). Además, el aspecto peor evaluado del gobierno de Michelle Bachelet es la gestión en materia de seguridad ciudadana.
Las cifras de Carabineros (policía) muestran que en el primer semestre de 2016 hubo 264.363 delitos en todo el país, una disminución de 5% frente a igual período de 2015. Dos tercios fueron “delitos contra la propiedad”, mientras que los restantes fueron “delitos violentos”. Esta categoría incluye los homicidios, que sumaron 211 en la primera mitad del año, 0,1% del total.
Los venezolanos, que vienen de una situación de inseguridad mucho más grave, se sienten seguros en Chile. “Es la antítesis de lo que vivimos en Venezuela”, afirma Torres. “En Panamá la inseguridad ha ido creciendo mucho más”, dice Márquez para reincidir en la comparación. “Conozco una sola persona a la que han robado desde que estoy en Santiago”, agrega Betancourt.
Incluso Dezzeo, que fue víctima de un delito, se siente segura en Chile. “Trabajo en una joyería y nos asaltaron en febrero. Ha sido lo más traumático que me ha pasado, sobre todo por venir huyendo de la inseguridad en Venezuela. De todas maneras, esto no me hace pensar que sea inseguro, simplemente trabajo en un rubro vulnerable en cualquier parte del mundo”, explica.
Mano de obra calificada
Otro problema que preocupa a los chilenos es la desaceleración económica. El cobre (principal producto de exportación del país y fuente de aportes al fisco) ha corrido la misma suerte que el petróleo y su precio ha caído desde máximos históricos de 4 dólares por libra en 2011 hasta un promedio de 2,14 dólares entre enero y julio de 2016, según la Comisión Chilena del Cobre.
La consecuencia ha sido que el crecimiento del producto interno bruto de Chile ha bajado de 6% en 2011 a 1,9% en el primer semestre de este año. Muchos especialistas también responsabilizan del retroceso al impacto de las reformas de Bachelet, pero más allá de eso, lo cierto es que la desaceleración ha llevado el desempleo hasta 6,9%, la tasa más alta en cinco años.
Los venezolanos, sin embargo, no suelen tener mucho problema para conseguir empleo. Torres comenzó a trabajar en una tienda cuando tenía una semana en Chile y aunque ganaba poco más de sueldo mínimo le alcanzaba para cubrir sus gastos. Luego fue contratado como operador de telemarketing y ahora es asesor comercial en una empresa que lo contactó por Linkedin.
Dezzeo, con la ventaja de tener la nacionalidad, obtuvo su empleo el mismo día en que llegó al país y le ha ido tan bien que todavía no ha hecho los trámites para validar su título de abogada. Para Márquez tampoco fue difícil encontrar trabajo: a un mes de su llegada ya tenía un empleo en su área en una empresa de organización de eventos.
El caso de Betancourt es distinto, porque migró a Chile con una oferta de trabajo. Admite, sin embargo, que las cosas no son tan fáciles como antes: “Poco tiempo después de llegar al país (al que se vino recién graduado) intenté cambiar de trabajo, me postulé a varios cargos y me salieron tres entrevistas muy rápidamente”, recuerda.
Un factor que ayuda a los oriundos de la tierra de Simón Bolívar es su alta calificación. De los 15.000 venezolanos que recibieron visas de residencia temporal en Chile entre 2011 y 2015, 35% tiene estudios universitarios y 6% formación técnica profesional, según los datos del Departamento de Extranjería y Migración.
Publicado en El Estímulo
Mostrando entradas con la etiqueta Venezuela. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Venezuela. Mostrar todas las entradas
lunes, 26 de septiembre de 2016
lunes, 8 de febrero de 2016
Venezuela al borde del colapso: la visión de los analistas y las fórmulas que baraja la oposición para sacar a Maduro
Entre las noticias que surgen diariamente sobre la grave situación económica venezolana, hay dos que han llamado mucho la atención fuera de las fronteras de ese país: la importación de petróleo desde Estados Unidos y la compra de toneladas de billetes en el exterior.
No hace falta decir por qué resulta sorprendente que Venezuela, que cuenta con las mayores reservas del mundo, haya sido el primer país de América Latina en recibir un cargamento de crudo proveniente de Estados Unidos que, por otro lado, sigue siendo su principal comprador de hidrocarburos.
Tampoco que la importación de papel moneda en cantidades tan abultadas -The Wall Street Journal habla de 15.000 millones de billetes, casi el doble de lo que emiten anualmente la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo- es una nueva evidencia de que la inflación está fuera de control en Venezuela.
Las cifras oficiales, presentadas parcialmente en enero luego de ser ocultadas durante meses, revelaron una inflación anualizada de 141,5% hasta septiembre de 2015. El Fondo Monetario Internacional calculó que el alza de precios se ubicó en 275% al cierre del año y pronosticó que llegará a 720% en 2016.
Tanto la importación de petróleo como la de papel moneda tienen explicación. La primera obedece a la necesidad de tener crudo liviano para mezclarlo con el pesado que extrae Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y la segunda a la renuencia a emitir billetes de más alta denominación. Pero eso no les quita gravedad, dice el analista Henkel García, director de la consultora Econométrica.
También lo cree así el analista internacional Edmundo González, ex embajador de Venezuela en Argentina. “Las dos cosas no vienen sino a reafirmar la profundidad de la crisis que vivimos. Reconocidas voces nacionales y extranjeras opinan que estamos al borde del colapso. Aunque no soy experto en materia económica, me inclino a compartir esos juicios”, afirma a “El Líbero”.
El historiador Pedro Benítez, profesor de la Universidad Central de Venezuela, considera que el punto álgido de la crisis no es una posibilidad futura sino una realidad vigente. “Venezuela está en medio de un colapso económico. Las cifras que se conocen y la vida cotidiana así lo indican”, sentencia a “El Líbero”.
Henkel García coincide con Benítez y explica que hay otros hechos que muestran de mejor manera la gravedad de la crisis económica. “El colapso se está sintiendo con fuerza en los hogares venezolanos: en las filas de personas para comprar bienes básicos, en las muertes por falta de medicinas”, señala a este medio.
En ese sentido, aporta varios datos: ninguna farmacéutica está llevando medicinas al país aunque la escasez de ese rubro está en 80%, el salario real cayó más de 40% (tomando en cuenta sólo los bienes que se consiguen) y la contracción de la liquidez en términos reales también supera 40% (aunque nominalmente se duplicó).
Sin respuesta
Los análisis dentro y fuera de Venezuela coinciden en que uno de los aspectos más preocupantes de la crisis que padece actualmente ese país es la falta de reacción por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro, sucesor del fallecido Hugo Chávez (1999-2013).
“El colapso también es palpable cuando se revisan las ideas de Alfredo Serrano (asesor español del gobierno venezolano en materia económica) y Luis Salas (ministro de Economía Productiva), quienes seguramente tratarán de resolver la crisis haciendo más de lo mismo”, afirma García.
A todo esto se suma el juicio del Financial Times, que el viernes dijo: “No hay ninguna señal de acciones efectivas para evitar el desastre. Maduro mantiene los severos controles de precios y los subsidios a los combustibles que sirven simplemente para enriquecer a personas cercanas al régimen. Intenta asegurar su control sobre el banco central, dañando su ya desgastada credibilidad”.
La pregunta que se hacen los analistas es si la inacción gubernamental y la renuencia a cambiar de rumbo en medio de una crisis tan aguda pueden ser factores para precipitar un cambio político. “Es muy difícil afirmarlo en esos términos, pero no hay duda de que la situación económica está llevando a un escenario que puede concluir así”, señala González.
Benítez, por su parte, está convencido de que “estamos viendo el final del régimen hegemónico edificado por Chávez”, aunque aclara que no necesariamente del chavismo como movimiento político. En esa línea, recuerda que la oposición ha estado discutiendo las opciones para cambiar de gobierno desde su triunfo en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.
No en vano el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, concluyó su discurso de juramentación en el cargo –el pasado 5 de enero–comprometiéndose a presentar al país durante los próximos seis meses un método “constitucional, pacífico, electoral y democrático” para renovar al Poder Ejecutivo.
Henrique Capriles, gobernador del estado Miranda y ex candidato presidencial, pidió la semana pasada a sus colegas opositores más rapidez para definir la vía para salir del actual mandatario. “Los venezolanos hemos aguantado mucho y debemos evitar que el país termine de hundirse. La velocidad de la crisis obliga”, escribió en su cuenta de Twitter.
Opciones a mano
La renuncia de Maduro sería la alternativa más rápida e incluso la más ventajosa para el chavismo, señalan las fuentes consultadas. “Por razones de sobrevivencia política, les convendría hacerse a un lado y dejar que otros manejen la crisis”, opina Benítez. Pero obviamente esta opción no depende de la oposición, si no del gobierno.
Cualquier proceso que implique la destitución del Presidente por parte de la Asamblea Nacional, sea por la doble nacionalidad que se le atribuye –se dice que nació en Colombia– o por la declaratoria de incapacidad (física o mental), sería “muy tremendista”, en opinión de González, y pudiera ser bloqueado por el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el régimen chavista.
Quizás por eso los opositores han concentrado sus discusiones en tres mecanismos: una Constituyente (que disolvería a todos los poderes, incluyendo el Ejecutivo), un Referendo Revocatorio (para poner fin al mandato de Maduro antes de tiempo) y una Enmienda Constitucional (para recortar el período presidencial).
La Constituyente tiene la desventaja de requerir mayoría de dos tercios en el Parlamento, algo que la oposición logró con votos pero el TSJ le arrebató al anular los comicios en Amazonas. También de necesitar varios procesos electorales, para seleccionar a los constituyentes, para aprobar la nueva Constitución y para escoger a los nuevos poderes.
Para convocar un Revocatorio, mecanismo que el chavismo incluyó en la Constitución de 1999, hay que recolectar las firmas de al menos 20% del electorado. Y para que tenga efecto, los votos a favor de revocar a Maduro no sólo deben superar a los sufragios en contra de hacerlo, sino también a los que logró cuando fue electo presidente (más de 7,7 millones).
Otra desventaja es que el Consejo Nacional Electoral puede obstaculizar su realización, como ya lo hizo en 2004 cuando se intentó revocar a Chávez, y que las personas pueden inhibirse de firmar por temor a una persecución política, como también sucedió en el pasado, cuando cientos de empleados públicos fueron despedidos por solicitar la revocatoria del ex mandatario.
La Enmienda, aunque no está libre de riesgos, se ha puesto en la mesa como la opción más viable durante los últimos días: puede ser promovida por 30% de los diputados, aprobada con mayoría simple y sometida a votación popular de manera más o menos expedita. “Es muy difícil ponerle un tiempo, pero pocos creen que este gobierno dure mucho”, apunta González.
Publicado en El Líbero
No hace falta decir por qué resulta sorprendente que Venezuela, que cuenta con las mayores reservas del mundo, haya sido el primer país de América Latina en recibir un cargamento de crudo proveniente de Estados Unidos que, por otro lado, sigue siendo su principal comprador de hidrocarburos.
Tampoco que la importación de papel moneda en cantidades tan abultadas -The Wall Street Journal habla de 15.000 millones de billetes, casi el doble de lo que emiten anualmente la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo- es una nueva evidencia de que la inflación está fuera de control en Venezuela.
Las cifras oficiales, presentadas parcialmente en enero luego de ser ocultadas durante meses, revelaron una inflación anualizada de 141,5% hasta septiembre de 2015. El Fondo Monetario Internacional calculó que el alza de precios se ubicó en 275% al cierre del año y pronosticó que llegará a 720% en 2016.
Tanto la importación de petróleo como la de papel moneda tienen explicación. La primera obedece a la necesidad de tener crudo liviano para mezclarlo con el pesado que extrae Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y la segunda a la renuencia a emitir billetes de más alta denominación. Pero eso no les quita gravedad, dice el analista Henkel García, director de la consultora Econométrica.
También lo cree así el analista internacional Edmundo González, ex embajador de Venezuela en Argentina. “Las dos cosas no vienen sino a reafirmar la profundidad de la crisis que vivimos. Reconocidas voces nacionales y extranjeras opinan que estamos al borde del colapso. Aunque no soy experto en materia económica, me inclino a compartir esos juicios”, afirma a “El Líbero”.
El historiador Pedro Benítez, profesor de la Universidad Central de Venezuela, considera que el punto álgido de la crisis no es una posibilidad futura sino una realidad vigente. “Venezuela está en medio de un colapso económico. Las cifras que se conocen y la vida cotidiana así lo indican”, sentencia a “El Líbero”.
Henkel García coincide con Benítez y explica que hay otros hechos que muestran de mejor manera la gravedad de la crisis económica. “El colapso se está sintiendo con fuerza en los hogares venezolanos: en las filas de personas para comprar bienes básicos, en las muertes por falta de medicinas”, señala a este medio.
En ese sentido, aporta varios datos: ninguna farmacéutica está llevando medicinas al país aunque la escasez de ese rubro está en 80%, el salario real cayó más de 40% (tomando en cuenta sólo los bienes que se consiguen) y la contracción de la liquidez en términos reales también supera 40% (aunque nominalmente se duplicó).
Sin respuesta
Los análisis dentro y fuera de Venezuela coinciden en que uno de los aspectos más preocupantes de la crisis que padece actualmente ese país es la falta de reacción por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro, sucesor del fallecido Hugo Chávez (1999-2013).
“El colapso también es palpable cuando se revisan las ideas de Alfredo Serrano (asesor español del gobierno venezolano en materia económica) y Luis Salas (ministro de Economía Productiva), quienes seguramente tratarán de resolver la crisis haciendo más de lo mismo”, afirma García.
A todo esto se suma el juicio del Financial Times, que el viernes dijo: “No hay ninguna señal de acciones efectivas para evitar el desastre. Maduro mantiene los severos controles de precios y los subsidios a los combustibles que sirven simplemente para enriquecer a personas cercanas al régimen. Intenta asegurar su control sobre el banco central, dañando su ya desgastada credibilidad”.
La pregunta que se hacen los analistas es si la inacción gubernamental y la renuencia a cambiar de rumbo en medio de una crisis tan aguda pueden ser factores para precipitar un cambio político. “Es muy difícil afirmarlo en esos términos, pero no hay duda de que la situación económica está llevando a un escenario que puede concluir así”, señala González.
Benítez, por su parte, está convencido de que “estamos viendo el final del régimen hegemónico edificado por Chávez”, aunque aclara que no necesariamente del chavismo como movimiento político. En esa línea, recuerda que la oposición ha estado discutiendo las opciones para cambiar de gobierno desde su triunfo en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.
No en vano el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, concluyó su discurso de juramentación en el cargo –el pasado 5 de enero–comprometiéndose a presentar al país durante los próximos seis meses un método “constitucional, pacífico, electoral y democrático” para renovar al Poder Ejecutivo.
Henrique Capriles, gobernador del estado Miranda y ex candidato presidencial, pidió la semana pasada a sus colegas opositores más rapidez para definir la vía para salir del actual mandatario. “Los venezolanos hemos aguantado mucho y debemos evitar que el país termine de hundirse. La velocidad de la crisis obliga”, escribió en su cuenta de Twitter.
Opciones a mano
La renuncia de Maduro sería la alternativa más rápida e incluso la más ventajosa para el chavismo, señalan las fuentes consultadas. “Por razones de sobrevivencia política, les convendría hacerse a un lado y dejar que otros manejen la crisis”, opina Benítez. Pero obviamente esta opción no depende de la oposición, si no del gobierno.
Cualquier proceso que implique la destitución del Presidente por parte de la Asamblea Nacional, sea por la doble nacionalidad que se le atribuye –se dice que nació en Colombia– o por la declaratoria de incapacidad (física o mental), sería “muy tremendista”, en opinión de González, y pudiera ser bloqueado por el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el régimen chavista.
Quizás por eso los opositores han concentrado sus discusiones en tres mecanismos: una Constituyente (que disolvería a todos los poderes, incluyendo el Ejecutivo), un Referendo Revocatorio (para poner fin al mandato de Maduro antes de tiempo) y una Enmienda Constitucional (para recortar el período presidencial).
La Constituyente tiene la desventaja de requerir mayoría de dos tercios en el Parlamento, algo que la oposición logró con votos pero el TSJ le arrebató al anular los comicios en Amazonas. También de necesitar varios procesos electorales, para seleccionar a los constituyentes, para aprobar la nueva Constitución y para escoger a los nuevos poderes.
Para convocar un Revocatorio, mecanismo que el chavismo incluyó en la Constitución de 1999, hay que recolectar las firmas de al menos 20% del electorado. Y para que tenga efecto, los votos a favor de revocar a Maduro no sólo deben superar a los sufragios en contra de hacerlo, sino también a los que logró cuando fue electo presidente (más de 7,7 millones).
Otra desventaja es que el Consejo Nacional Electoral puede obstaculizar su realización, como ya lo hizo en 2004 cuando se intentó revocar a Chávez, y que las personas pueden inhibirse de firmar por temor a una persecución política, como también sucedió en el pasado, cuando cientos de empleados públicos fueron despedidos por solicitar la revocatoria del ex mandatario.
La Enmienda, aunque no está libre de riesgos, se ha puesto en la mesa como la opción más viable durante los últimos días: puede ser promovida por 30% de los diputados, aprobada con mayoría simple y sometida a votación popular de manera más o menos expedita. “Es muy difícil ponerle un tiempo, pero pocos creen que este gobierno dure mucho”, apunta González.
Publicado en El Líbero
martes, 25 de agosto de 2015
Cierre de frontera agudiza caída del comercio bilateral
La decisión del gobierno de Nicolás Maduro de cerrar la frontera entre el estado Táchira y el departamento Norte de Santander agudiza la caída del comercio entre Venezuela y Colombia.
“Hasta julio el intercambio bilateral acumuló un retroceso de 40%. Con el cierre de la frontera podría caer aún más”, advirtió Víctor Montiel, presidente de la Cámara de Integración Económica Venezolana Colombiana.
El líder gremial afirmó que por las aduanas de San Antonio y Ureña pasa más de 60% del comercio entre ambos países, que se ubicó en casi 2 millardos de dólares el año pasado.
Las cifras del Instituto Nacional de Estadística muestran que las exportaciones e importaciones procesadas por las 2 aduanas del estado Táchira sumaron 794,9 millones de dólares entre enero y octubre de 2014.
Montiel precisó que la mercancía que estaba en las aduanas al momento del cierre de la frontera han sido procesadas en los días posteriores, pero que no hay llegada de nuevos artículos.
Ausentismo. Otra de las consecuencias del cierre de la frontera en el sector empresarial es el ausentismo laboral, ya que en la zona hay muchas compañías venezolanas que tienen colombianos en sus nóminas y viceversa.
“Además de que existe un intercambio comercial muy activo, por la frontera se mueven diariamente miles de ciudadanos de ambos países que van y vienen a trabajar”, recordó el economista José Guerra.
Montiel indicó que el ausentismo afecta principalmente a las industrias, pero repercute en el resto de la economía. “El comercio trabaja a 50%, mientras que los servicios (aduana, banca, transporte) no tienen casi actividad”.
“Esto se traduce en una baja productividad, que generará cierta escasez de algunos productos que se dan en la zona industrial de San Antonio y Ureña”, declaró Daniel Aguilar, presidente de Fedecámaras Táchira, a RCR.
Diálogo. Los gremios empresariales comparten la preocupación del gobierno por el contrabando y otros problemas, pero no están de acuerdo con el cierre de la frontera con Colombia y piden dialogar al respecto.
“Estamos en contra de todo acto ilícito, pero a la vez necesitamos y pedimos que haya un diálogo con la población porque hay muchas personas afectadas por esta situación”, dijo el presidente de Cavecol.
Montiel considera que la mejor forma de buscar soluciones a los problemas de la frontera colombo-venezolana es el trabajo conjunto entre el sector privado y las autoridades gubernamentales.
Publicado en El Nacional
“Hasta julio el intercambio bilateral acumuló un retroceso de 40%. Con el cierre de la frontera podría caer aún más”, advirtió Víctor Montiel, presidente de la Cámara de Integración Económica Venezolana Colombiana.
El líder gremial afirmó que por las aduanas de San Antonio y Ureña pasa más de 60% del comercio entre ambos países, que se ubicó en casi 2 millardos de dólares el año pasado.
Las cifras del Instituto Nacional de Estadística muestran que las exportaciones e importaciones procesadas por las 2 aduanas del estado Táchira sumaron 794,9 millones de dólares entre enero y octubre de 2014.
Montiel precisó que la mercancía que estaba en las aduanas al momento del cierre de la frontera han sido procesadas en los días posteriores, pero que no hay llegada de nuevos artículos.
Ausentismo. Otra de las consecuencias del cierre de la frontera en el sector empresarial es el ausentismo laboral, ya que en la zona hay muchas compañías venezolanas que tienen colombianos en sus nóminas y viceversa.
“Además de que existe un intercambio comercial muy activo, por la frontera se mueven diariamente miles de ciudadanos de ambos países que van y vienen a trabajar”, recordó el economista José Guerra.
Montiel indicó que el ausentismo afecta principalmente a las industrias, pero repercute en el resto de la economía. “El comercio trabaja a 50%, mientras que los servicios (aduana, banca, transporte) no tienen casi actividad”.
“Esto se traduce en una baja productividad, que generará cierta escasez de algunos productos que se dan en la zona industrial de San Antonio y Ureña”, declaró Daniel Aguilar, presidente de Fedecámaras Táchira, a RCR.
Diálogo. Los gremios empresariales comparten la preocupación del gobierno por el contrabando y otros problemas, pero no están de acuerdo con el cierre de la frontera con Colombia y piden dialogar al respecto.
“Estamos en contra de todo acto ilícito, pero a la vez necesitamos y pedimos que haya un diálogo con la población porque hay muchas personas afectadas por esta situación”, dijo el presidente de Cavecol.
Montiel considera que la mejor forma de buscar soluciones a los problemas de la frontera colombo-venezolana es el trabajo conjunto entre el sector privado y las autoridades gubernamentales.
Publicado en El Nacional
lunes, 24 de agosto de 2015
Bogotá pidió a Caracas respetar derechos humanos a deportados
Colombia pidió a Venezuela que respete la integridad y los derechos humanos de los colombianos que sean objeto de detenciones, deportaciones y otras acciones por el estado de excepción.
"Exigimos que antes de aplicar las medidas de deportación se analice en cada caso la situación familiar para garantizar la unión de padres e hijos", dijo la Cancillería de Colombia en un comunicado.
El gobernador del estado Táchira, José Vielma Mora, afirmó que los deportados de Venezuela al país vecino suman 791 personas en dos días y aseguró que fueron entregados al Consulado General de Colombia, "como manda la ley, sin atropellos, sin humillaciones, sin torturas".
Funcionarios de migración de Colombia aseguraron que los deportados eran recibidos en Cúcuta y que 100 de ellos están en un albergue, esperando ayuda para retornar a sus regiones de origen.
El comunicado de la Cancillería reitera la voluntad de Bogotá de cooperar con Caracas en la lucha contra el contrabando, pero también el rechazo al cierre de la frontera entre el departamento Norte de Santander y el estado Táchira.
"Este genera un problema social de gran dimensión debido a la cantidad de personas que viven y transitan en la zona legalmente, además de los daños económicos que sin duda deja para los dos países", indica el texto.
In situ. Una comisión del gobierno de Colombia encabezada por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo se reunió ayer en Cúcuta con autoridades regionales para revisar la situación de la frontera, reseñó Efe.
Cristo estuvo acompañado por el viceministro de Hacienda, Andrés Escobar Arango; el viceministro de Desarrollo Empresarial, Daniel Arango; y el director de la Unidad Nacional de Protección, Diego Mora; entre otros.
Del lado venezolano, el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, llegó ayer a San Antonio del Táchira para supervisar la jornada especial de la Operación de Liberación y Protección del Pueblo que se realiza en la frontera.
"Estamos verificando en el terreno la aplicación de las acciones que ha tomado el presidente Nicolás Maduro para proteger al Táchira y a Venezuela", escribió Arreaza en Twitter.
En la localidad La Invasión, una explanada de 2.000 viviendas levantadas a 300 metros de la frontera y donde más de 2.500 soldados y policías seguían con los allanamientos iniciados la víspera, Arreaza mostró la supuesta cárcel subterránea que los paramilitares usaban para esconder a sus secuestrados.
También exhibió explosivos con sus detonantes, bolívares en efectivo, armas, precursores químicos y vestimentas de grupos paramilitares colombianos, entre ellas unas con insignias que decían "Los Alacranes Rojos" y "Contraguerrilla". En la zona también se descubrió un burdel con más de 500 mujeres de ambas nacionalidades, que dijo el funcionario eran explotadas por paramilitares.
Publicado en El Nacional
"Exigimos que antes de aplicar las medidas de deportación se analice en cada caso la situación familiar para garantizar la unión de padres e hijos", dijo la Cancillería de Colombia en un comunicado.
El gobernador del estado Táchira, José Vielma Mora, afirmó que los deportados de Venezuela al país vecino suman 791 personas en dos días y aseguró que fueron entregados al Consulado General de Colombia, "como manda la ley, sin atropellos, sin humillaciones, sin torturas".
Funcionarios de migración de Colombia aseguraron que los deportados eran recibidos en Cúcuta y que 100 de ellos están en un albergue, esperando ayuda para retornar a sus regiones de origen.
El comunicado de la Cancillería reitera la voluntad de Bogotá de cooperar con Caracas en la lucha contra el contrabando, pero también el rechazo al cierre de la frontera entre el departamento Norte de Santander y el estado Táchira.
"Este genera un problema social de gran dimensión debido a la cantidad de personas que viven y transitan en la zona legalmente, además de los daños económicos que sin duda deja para los dos países", indica el texto.
In situ. Una comisión del gobierno de Colombia encabezada por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo se reunió ayer en Cúcuta con autoridades regionales para revisar la situación de la frontera, reseñó Efe.
Cristo estuvo acompañado por el viceministro de Hacienda, Andrés Escobar Arango; el viceministro de Desarrollo Empresarial, Daniel Arango; y el director de la Unidad Nacional de Protección, Diego Mora; entre otros.
Del lado venezolano, el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, llegó ayer a San Antonio del Táchira para supervisar la jornada especial de la Operación de Liberación y Protección del Pueblo que se realiza en la frontera.
"Estamos verificando en el terreno la aplicación de las acciones que ha tomado el presidente Nicolás Maduro para proteger al Táchira y a Venezuela", escribió Arreaza en Twitter.
En la localidad La Invasión, una explanada de 2.000 viviendas levantadas a 300 metros de la frontera y donde más de 2.500 soldados y policías seguían con los allanamientos iniciados la víspera, Arreaza mostró la supuesta cárcel subterránea que los paramilitares usaban para esconder a sus secuestrados.
También exhibió explosivos con sus detonantes, bolívares en efectivo, armas, precursores químicos y vestimentas de grupos paramilitares colombianos, entre ellas unas con insignias que decían "Los Alacranes Rojos" y "Contraguerrilla". En la zona también se descubrió un burdel con más de 500 mujeres de ambas nacionalidades, que dijo el funcionario eran explotadas por paramilitares.
Publicado en El Nacional
domingo, 23 de agosto de 2015
Holguín y Rodríguez adelantaron reunión para el 26 de agosto
La reunión entre las cancilleres de Colombia, María Ángela Holguín, y Venezuela, Delcy Rodríguez, para tratar la situación en la frontera entre ambos países fue adelantada para el 26 de agosto (en vez del 14 de septiembre, como estaba previsto) luego de que el presidente Nicolás Maduro declaró estado de excepción en los municipios limítrofes.
"Acabo de conversar con la canciller Holguín y adelantamos la reunión binacional para el miércoles 26 de agosto", escribió Rodríguez en Twitter. "Venezuela y Colombia vamos a atacar juntos los graves problemas fronterizos generados por la violencia paramilitar y la guerra económica", dijo en otro mensaje.
Maduro también prolongó de manera indefinida el cierre de la frontera entre Venezuela y Colombia, ordenado el miércoles pasado luego de que tres militares resultaron heridos en un enfrentamiento con presuntos contrabandistas.
En el marco del estado de excepción, más de 2.000 soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana revisaron "casa por casa" una zona de la frontera en busca de paramilitares, contrabandistas y acusados de otros delitos, reseñó la agencia Efe.
La Agencia Venezolana de Noticias informó que el rastreo se realiza en un área invadida ilegalmente por 1.900 familias, 90% de origen colombiano. "Aquellos que no estén legales en Venezuela tendrán que retornar a Colombia", publicó.
El general Temístocles Morantes Torres, encargado de los Operativos de Liberación y Protección del Pueblo en Táchira, explicó a AVN que muchas de las personas que habitan en la zona invadida "mantienen acciones delictivas y estructuras paramilitares".
Morantes Torres agregó que Táchira es de gran influencia para el resto del país. "Al tomar el control (del Estado) creemos que se incidirá en la situación que se vive actualmente con los alimentos", opinó, en alusión al severo desabastecimiento de productos.
Gana la delincuencia. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, opinó que el cierre indefinido de la frontera con Venezuela ordenado por Maduro beneficia a la delincuencia y afirmó que tratará de hablar con él para solucionar cuanto antes esa situación.
"Cuando se cierra la frontera y no hay coordinación los que ganan son los delincuentes", dijo Santos, según Efe. Agregó que su gobierno entiende la preocupación de Venezuela por el ataque contra los militares, pero no comparte las medidas aplicadas.
"Si es por cuestiones de seguridad, la respuesta no debería ser cerrar la frontera, debería ser más bien colaborar en forma más eficaz con las autoridades colombianas porque tenemos los mismos objetivos, tenemos los mismos intereses", señaló.
Santos recordó "los muchos inconvenientes, el malestar y el inmenso costo económico que tiene cerrar la frontera" y reiteró la disposición de Colombia a colaborar para encontrar una solución lo más rápido posible. "Nadie está interesado en estimular o permitir el contrabando, que hace un tremendo daño de lado y lado".
Publicado en El Nacional
"Acabo de conversar con la canciller Holguín y adelantamos la reunión binacional para el miércoles 26 de agosto", escribió Rodríguez en Twitter. "Venezuela y Colombia vamos a atacar juntos los graves problemas fronterizos generados por la violencia paramilitar y la guerra económica", dijo en otro mensaje.
Maduro también prolongó de manera indefinida el cierre de la frontera entre Venezuela y Colombia, ordenado el miércoles pasado luego de que tres militares resultaron heridos en un enfrentamiento con presuntos contrabandistas.
En el marco del estado de excepción, más de 2.000 soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana revisaron "casa por casa" una zona de la frontera en busca de paramilitares, contrabandistas y acusados de otros delitos, reseñó la agencia Efe.
La Agencia Venezolana de Noticias informó que el rastreo se realiza en un área invadida ilegalmente por 1.900 familias, 90% de origen colombiano. "Aquellos que no estén legales en Venezuela tendrán que retornar a Colombia", publicó.
El general Temístocles Morantes Torres, encargado de los Operativos de Liberación y Protección del Pueblo en Táchira, explicó a AVN que muchas de las personas que habitan en la zona invadida "mantienen acciones delictivas y estructuras paramilitares".
Morantes Torres agregó que Táchira es de gran influencia para el resto del país. "Al tomar el control (del Estado) creemos que se incidirá en la situación que se vive actualmente con los alimentos", opinó, en alusión al severo desabastecimiento de productos.
Gana la delincuencia. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, opinó que el cierre indefinido de la frontera con Venezuela ordenado por Maduro beneficia a la delincuencia y afirmó que tratará de hablar con él para solucionar cuanto antes esa situación.
"Cuando se cierra la frontera y no hay coordinación los que ganan son los delincuentes", dijo Santos, según Efe. Agregó que su gobierno entiende la preocupación de Venezuela por el ataque contra los militares, pero no comparte las medidas aplicadas.
"Si es por cuestiones de seguridad, la respuesta no debería ser cerrar la frontera, debería ser más bien colaborar en forma más eficaz con las autoridades colombianas porque tenemos los mismos objetivos, tenemos los mismos intereses", señaló.
Santos recordó "los muchos inconvenientes, el malestar y el inmenso costo económico que tiene cerrar la frontera" y reiteró la disposición de Colombia a colaborar para encontrar una solución lo más rápido posible. "Nadie está interesado en estimular o permitir el contrabando, que hace un tremendo daño de lado y lado".
Publicado en El Nacional
jueves, 20 de agosto de 2015
"El Esequibo es una herida colonial"
La disputa del Esequibo es una de las "heridas coloniales que dejó la expansión del imperio británico" en América, afirmó Delcy Rodríguez, ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, en San Vicente y las Granadinas, a donde viajó para reunirse con el primer ministro Ralph Gonsalves y el canciller Camilo Gonsalves.
La visita forma parte de la gira que Rodríguez realiza por los países del Caribe –Trinidad y Tobago, Santa Lucía, Antigua y Barbuda y República Dominicana, están entre los países visitados– para explicar las razones históricas y legales que tiene Venezuela para reclamar a Guyana el territorio Esequibo, un área de 159.000 kilómetros cuadrados rica en recursos naturales.
En República Dominicana, la canciller se reunió el martes con el presidente Danilo Medina. "El mandatario atendió con mucha receptividad las explicaciones históricas, políticas y jurídicas de cómo Venezuela tiene su soberanía legítima del territorio de la Guayana Esequiba, que está en disputa con Guyana", dijo.
Rodríguez reiteró que la polémica reciente con Guyana obedece a una agenda de desintegración de la unidad latinoamericana y caribeña desplegada por Exxon Mobil, empresa estadounidense que en mayo descubrió un yacimiento petrolero en las aguas que se disputan Caracas y Georgetown.
"Frente a esta posición de desunión, de búsqueda de situaciones inamistosas entre nuestros países, se impone la diplomacia bolivariana de paz", señaló.
Publicado en El Nacional
La visita forma parte de la gira que Rodríguez realiza por los países del Caribe –Trinidad y Tobago, Santa Lucía, Antigua y Barbuda y República Dominicana, están entre los países visitados– para explicar las razones históricas y legales que tiene Venezuela para reclamar a Guyana el territorio Esequibo, un área de 159.000 kilómetros cuadrados rica en recursos naturales.
En República Dominicana, la canciller se reunió el martes con el presidente Danilo Medina. "El mandatario atendió con mucha receptividad las explicaciones históricas, políticas y jurídicas de cómo Venezuela tiene su soberanía legítima del territorio de la Guayana Esequiba, que está en disputa con Guyana", dijo.
Rodríguez reiteró que la polémica reciente con Guyana obedece a una agenda de desintegración de la unidad latinoamericana y caribeña desplegada por Exxon Mobil, empresa estadounidense que en mayo descubrió un yacimiento petrolero en las aguas que se disputan Caracas y Georgetown.
"Frente a esta posición de desunión, de búsqueda de situaciones inamistosas entre nuestros países, se impone la diplomacia bolivariana de paz", señaló.
Publicado en El Nacional
miércoles, 19 de agosto de 2015
Venezuela acusó a Guyana de tener una agenda oculta
La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, acusó al gobierno de Guyana de negarse a buscar una solución diplomática a la disputa por el Esequibo, el territorio de 159.000 kilómetros cuadrados que Caracas reclama a Georgetown.
"Sabemos que Guyana tiene una agenda oculta que no le está explicando al Caribe", afirmó Rodríguez en declaraciones al canal Telesur luego de reunirse con el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Brown, y el canciller de ese país, Charles Fernández.
"Hemos dado detalles de cuál ha sido el comportamiento de las nuevas autoridades de Guyana, en consonancia con intereses transnacionales, para crear desestabilización en la región y un papel desintegrador de la unidad latinoamericana y caribeña", agregó.
Rodríguez retomó el lunes, en Antigua y Barbuda, su gira por los países del Caribe para explicar la posición venezolana en la disputa del Esequibo. Ayer se reunió con el presidente de República Dominicana, Danilo Medina.
La canciller y el vicepresidente Jorge Arreaza, integrantes de la Comisión Presidencial de Estado para la Garantía de la Integridad Territorial y Asuntos Limítrofes, han visitado Barbados, Cuba, Dominica, Santa Lucía y Trinidad en las últimas tres semanas.
"Hemos sensibilizado sobre las razones históricas de Venezuela", explicó Rodríguez. Añadió que han hecho énfasis en la búsqueda de una solución pacífica: "Frente a aquellas voces que buscan una escalada con Guyana, la respuesta del gobierno es la paz".
La controversia,que data de 1899, se reactivó luego de que la compañía estadounidense Exxon Mobil anunció en mayo el descubrimiento de un yacimiento petrolífero en aguas que corresponden al territorio en disputa.
Publicado en El Nacional
"Sabemos que Guyana tiene una agenda oculta que no le está explicando al Caribe", afirmó Rodríguez en declaraciones al canal Telesur luego de reunirse con el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Brown, y el canciller de ese país, Charles Fernández.
"Hemos dado detalles de cuál ha sido el comportamiento de las nuevas autoridades de Guyana, en consonancia con intereses transnacionales, para crear desestabilización en la región y un papel desintegrador de la unidad latinoamericana y caribeña", agregó.
Rodríguez retomó el lunes, en Antigua y Barbuda, su gira por los países del Caribe para explicar la posición venezolana en la disputa del Esequibo. Ayer se reunió con el presidente de República Dominicana, Danilo Medina.
La canciller y el vicepresidente Jorge Arreaza, integrantes de la Comisión Presidencial de Estado para la Garantía de la Integridad Territorial y Asuntos Limítrofes, han visitado Barbados, Cuba, Dominica, Santa Lucía y Trinidad en las últimas tres semanas.
"Hemos sensibilizado sobre las razones históricas de Venezuela", explicó Rodríguez. Añadió que han hecho énfasis en la búsqueda de una solución pacífica: "Frente a aquellas voces que buscan una escalada con Guyana, la respuesta del gobierno es la paz".
La controversia,que data de 1899, se reactivó luego de que la compañía estadounidense Exxon Mobil anunció en mayo el descubrimiento de un yacimiento petrolífero en aguas que corresponden al territorio en disputa.
Publicado en El Nacional
sábado, 8 de agosto de 2015
A Venezuela le preocupa que se afecte la integración regional
A Venezuela le inquieta que la disputa con Guyana afecte la integración caribeña, afirmó la ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, en Santa Lucía, donde se reunió con el primer ministro Kenny D. Anthony y el canciller Alva Baptiste.
"Nos preocupa que se afecten los procesos de integración en la región, son los planes del Pentágono. Nosotros no caeremos en las provocaciones de los tambores de la guerra", escribió Rodríguez en Twitter.
La canciller, al igual que el vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza, se encuentra de gira por el Caribe para explicar los argumentos de Caracas para reclamar el territorio Esequibo, un área de 159.000 kilómetros cuadrados rica en recursos naturales.
"Los países amigos deben conocer la verdad histórica, los derechos legítimos de Venezuela sobre el Esequibo", reiteró Rodríguez. Denunció, además, el papel provocador de la Exxon Mobil y del presidente de Guyana, David Granger.
"Tenemos todo el derecho de responder a las agresiones del presidente Granger, de la Exxon Mobil y a reivindicar nuestra soberanía sobre la Guayana Esequiba", dijo Arreaza al canal Telesur tras reunirse con el primer ministro de Dominica, Roosvelt Skerrit.
El vicepresidente lamentó que el mandatario guyanés haya caído en las provocaciones de la petrolera estadounidense y le hizo un llamado para que respete el Derecho Internacional y el Acuerdo de Ginebra.
"Así como lo hicimos con los gobiernos anteriores de Guyana, podemos llevar esto en términos cordiales, civilizados, como hermanos y parte de la familia suramericana y caribeña que somos", dijo.
Publicado en El Nacional
"Nos preocupa que se afecten los procesos de integración en la región, son los planes del Pentágono. Nosotros no caeremos en las provocaciones de los tambores de la guerra", escribió Rodríguez en Twitter.
La canciller, al igual que el vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza, se encuentra de gira por el Caribe para explicar los argumentos de Caracas para reclamar el territorio Esequibo, un área de 159.000 kilómetros cuadrados rica en recursos naturales.
"Los países amigos deben conocer la verdad histórica, los derechos legítimos de Venezuela sobre el Esequibo", reiteró Rodríguez. Denunció, además, el papel provocador de la Exxon Mobil y del presidente de Guyana, David Granger.
"Tenemos todo el derecho de responder a las agresiones del presidente Granger, de la Exxon Mobil y a reivindicar nuestra soberanía sobre la Guayana Esequiba", dijo Arreaza al canal Telesur tras reunirse con el primer ministro de Dominica, Roosvelt Skerrit.
El vicepresidente lamentó que el mandatario guyanés haya caído en las provocaciones de la petrolera estadounidense y le hizo un llamado para que respete el Derecho Internacional y el Acuerdo de Ginebra.
"Así como lo hicimos con los gobiernos anteriores de Guyana, podemos llevar esto en términos cordiales, civilizados, como hermanos y parte de la familia suramericana y caribeña que somos", dijo.
Publicado en El Nacional
viernes, 7 de agosto de 2015
Venezuela inició gira caribeña para explicar crisis con Guyana
El vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, inició en Granada una gira para exponer a los países del Caribe en qué consiste la reclamación de Venezuela a Guyana por el territorio Esequibo, un área de 159.000 kilómetros cuadrados rica en recursos naturales.
Arreaza, que dirige la recién creada Comisión Presidencial de Estado para la Garantía de la Integridad Territorial y Asuntos Limítrofes, se reunió con el primer ministro de Granada, Keith Mitchell, para hablar sobre el diferendo fronterizo.
El objetivo del encuentro, de acuerdo con el vicepresidente venezolano, fue proporcionar información al gobernante granadino para que este "pueda ayudar a los pueblos de Venezuela y Guyana por la vía del Derecho Internacional y de la paz".
Arreaza también irá a Dominica, Barbados y Cuba. La canciller Delcy Rodríguez, por su parte, comenzó una gira similar en Trinidad y Tobago, donde conversó con su homólogo Winston Dookeran.
"Es una estrategia de despliegue diplomático de paz. No buscamos que tomen posición a favor de un conflicto, sino que nos ayuden a que se respete el Derecho Internacional y a que podamos construir las soluciones de manera bilateral", explicó el vicepresidente.
"Queremos que nuestros hermanos sepan que no sucumbiremos ante las provocaciones ni del gobierno de Guyana ni de la Exxon Mobil, que están detrás de esta situación que no habíamos vivido en la historia de esta controversia", agregó.
La reclamación del Esequibo data de 1899, pero se exacerbó luego de que la petrolera estadounidense Exxon Mobil descubrió un yacimiento de petróleo con reservas calculadas en 700 millones de barriles en áreas marítimas pendientes por delimitar.
Caracas defiende reactivar la figura del buen oficiante y solicitó al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, designar al sustituto de Norman Girvan (fallecido en 2014) para el cargo. Georgetown considera que el método de los buenos oficios está agotado y pide llevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia.
Publicado en El Nacional
Arreaza, que dirige la recién creada Comisión Presidencial de Estado para la Garantía de la Integridad Territorial y Asuntos Limítrofes, se reunió con el primer ministro de Granada, Keith Mitchell, para hablar sobre el diferendo fronterizo.
El objetivo del encuentro, de acuerdo con el vicepresidente venezolano, fue proporcionar información al gobernante granadino para que este "pueda ayudar a los pueblos de Venezuela y Guyana por la vía del Derecho Internacional y de la paz".
Arreaza también irá a Dominica, Barbados y Cuba. La canciller Delcy Rodríguez, por su parte, comenzó una gira similar en Trinidad y Tobago, donde conversó con su homólogo Winston Dookeran.
"Es una estrategia de despliegue diplomático de paz. No buscamos que tomen posición a favor de un conflicto, sino que nos ayuden a que se respete el Derecho Internacional y a que podamos construir las soluciones de manera bilateral", explicó el vicepresidente.
"Queremos que nuestros hermanos sepan que no sucumbiremos ante las provocaciones ni del gobierno de Guyana ni de la Exxon Mobil, que están detrás de esta situación que no habíamos vivido en la historia de esta controversia", agregó.
La reclamación del Esequibo data de 1899, pero se exacerbó luego de que la petrolera estadounidense Exxon Mobil descubrió un yacimiento de petróleo con reservas calculadas en 700 millones de barriles en áreas marítimas pendientes por delimitar.
Caracas defiende reactivar la figura del buen oficiante y solicitó al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, designar al sustituto de Norman Girvan (fallecido en 2014) para el cargo. Georgetown considera que el método de los buenos oficios está agotado y pide llevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia.
Publicado en El Nacional
sábado, 1 de agosto de 2015
Venezuela envió nota de protesta a Guyana
Venezuela envió una nota de protesta a Guyana por el reglamento sobre zonas marítimas promulgado el 23 de julio por el presidente David Granger y presentado ayer por el canciller Carl Greenidge ante la Asamblea Nacional, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
"Dicho reglamento ubica el Punto 1, que pretende establecer el extremo occidental de la línea de base correspondiente a la desembocadura del río Esequibo, en territorio venezolano sujeto a controversia conforme al Acuerdo de Ginebra de 1966", afirma la Cancillería en la misiva.
Caracas denunció, además, "las recurrentes provocaciones y agresiones" de Georgetown. "Persiguen avivar un conflicto entre países hermanos con fines desintegradores de la unidad latinoamericana y caribeña, y legitimadores de las pretensiones imperialistas en contra de la paz de la región", dijo.
En la presentación ante el Parlamento, Greenidge señaló que la norma permite a Guyana proteger su territorio contra actos de agresión como el del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en alusión al decreto que creó las Zonas Operativas de Defensa Integral Marítima e Insular.
El canciller guyanés no descartó una reunión entre Granger y Maduro como parte de los esfuerzos del secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para mediar en la controversia territorial.
"Hay oportunidad de discutir este asunto en un foro apropiado y dentro de los márgenes de la ONU u otro organismo", dijo Greenidge, reseñó Efe. Pero aclaró que por el momento no hay un acuerdo formal de diálogo.
La oficina del secretario general de la ONU informó que Ban habló con Maduro (en persona) y con Granger (por teléfono) sobre el envío de una misión a ambos países.
Greenidge reiteró que Georgetown rechaza la reactivación de la figura del buen oficiante, como propuso Caracas, e insiste en llevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia.
Diálogo parlamentario. La bancada oficialista en el Grupo Venezolano del Parlamento Latinoamericano promueve la creación de un grupo de trabajo binacional con legisladores de Guyana para tratar el reclamo del Esequibo.
Los diputados viajaron a Panamá para conversar la propuesta con representantes de la junta directiva del Parlatino, integrado por las instancias legislativas de 22 países del continente.
El presidente del Parlatino, Ángel Rodríguez, dijo que el gobierno venezolano celebra que Exxon Mobil haya retirado su buque taladro, plataforma petrolera, de las aguas del Territorio del Esequibo.
Señaló que la plataforma de Exxon Mobil se retiró desde hace varios días de las aguas del campo Stabroek en el Esequibo y que actualmente está estacionada en el Golfo de México.
Rodríguez criticó la terquedad y soberbia del presidente de Guyana, David Granger, que tras su viaje a Estados Unidos, "regresó envalentonado". "Es un peón del imperio", agregó.
Publicado en El Nacional
"Dicho reglamento ubica el Punto 1, que pretende establecer el extremo occidental de la línea de base correspondiente a la desembocadura del río Esequibo, en territorio venezolano sujeto a controversia conforme al Acuerdo de Ginebra de 1966", afirma la Cancillería en la misiva.
Caracas denunció, además, "las recurrentes provocaciones y agresiones" de Georgetown. "Persiguen avivar un conflicto entre países hermanos con fines desintegradores de la unidad latinoamericana y caribeña, y legitimadores de las pretensiones imperialistas en contra de la paz de la región", dijo.
En la presentación ante el Parlamento, Greenidge señaló que la norma permite a Guyana proteger su territorio contra actos de agresión como el del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en alusión al decreto que creó las Zonas Operativas de Defensa Integral Marítima e Insular.
El canciller guyanés no descartó una reunión entre Granger y Maduro como parte de los esfuerzos del secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para mediar en la controversia territorial.
"Hay oportunidad de discutir este asunto en un foro apropiado y dentro de los márgenes de la ONU u otro organismo", dijo Greenidge, reseñó Efe. Pero aclaró que por el momento no hay un acuerdo formal de diálogo.
La oficina del secretario general de la ONU informó que Ban habló con Maduro (en persona) y con Granger (por teléfono) sobre el envío de una misión a ambos países.
Greenidge reiteró que Georgetown rechaza la reactivación de la figura del buen oficiante, como propuso Caracas, e insiste en llevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia.
Diálogo parlamentario. La bancada oficialista en el Grupo Venezolano del Parlamento Latinoamericano promueve la creación de un grupo de trabajo binacional con legisladores de Guyana para tratar el reclamo del Esequibo.
Los diputados viajaron a Panamá para conversar la propuesta con representantes de la junta directiva del Parlatino, integrado por las instancias legislativas de 22 países del continente.
El presidente del Parlatino, Ángel Rodríguez, dijo que el gobierno venezolano celebra que Exxon Mobil haya retirado su buque taladro, plataforma petrolera, de las aguas del Territorio del Esequibo.
Señaló que la plataforma de Exxon Mobil se retiró desde hace varios días de las aguas del campo Stabroek en el Esequibo y que actualmente está estacionada en el Golfo de México.
Rodríguez criticó la terquedad y soberbia del presidente de Guyana, David Granger, que tras su viaje a Estados Unidos, "regresó envalentonado". "Es un peón del imperio", agregó.
Publicado en El Nacional
martes, 28 de julio de 2015
EE UU reprobó a Venezuela en lucha contra la trata de personas
Estados Unidos mantuvo a Venezuela en la lista de países que no hacen lo suficiente para combatir el tráfico de personas, en la que también están Corea del Norte, Irán, Rusia y Siria, entre otros, reseñó la agencia Efe.
"Venezuela es un país de origen y destino para hombres, mujeres y niños sujetos a tráfico sexual y trabajo forzado", dice el informe anual del Departamento de Estado sobre este delito, publicado ayer.
Washington considera que Caracas "no cumple plenamente con las normas mínimas para la eliminación de la trata (el estándar es una ley estadounidense de 2000) y no está haciendo esfuerzos significativos para lograrlo".
El documento indica que la falta de datos oficiales confiables sobre la lucha contra el tráfico de personas hace que los esfuerzos realizados por el gobierno venezolano, que asegura haber identificado y asistido a algunas víctimas, sean difíciles de evaluar.
Entre los casos que existen en Venezuela, según el informe, están los cubanos que trabajan en los programas sociales del gobierno y especialmente los médicos de la misión Barrio Adentro.
"Indicadores de trabajo forzado reportados por algunos cubanos que participan en el programa incluyen pago insuficiente de salarios, largas jornadas obligatorias y amenazas de represalias contra ellos y sus familias si abandonan", señala.
El texto también cita los reportes de mujeres venezolanas sometidas a prostitución en las islas del Caribe –particularmente Aruba, Curazao y Trinidad– y el trabajo forzado en el sector informal y el servicio doméstico de niños y mujeres ecuatorianas residentes en el país.
El Departamento de Estado hace una serie de recomendaciones a cada país. En el caso de Venezuela, destacan fortalecer los esfuerzos por investigar y enjuiciar los hechos de tráfico sexual y trabajo forzado, proporcionar servicios especializados para las víctimas y mejorar la recopilación de datos sobre los esfuerzos del gobierno contra este problema.
Publicado en El Nacional
"Venezuela es un país de origen y destino para hombres, mujeres y niños sujetos a tráfico sexual y trabajo forzado", dice el informe anual del Departamento de Estado sobre este delito, publicado ayer.
Washington considera que Caracas "no cumple plenamente con las normas mínimas para la eliminación de la trata (el estándar es una ley estadounidense de 2000) y no está haciendo esfuerzos significativos para lograrlo".
El documento indica que la falta de datos oficiales confiables sobre la lucha contra el tráfico de personas hace que los esfuerzos realizados por el gobierno venezolano, que asegura haber identificado y asistido a algunas víctimas, sean difíciles de evaluar.
Entre los casos que existen en Venezuela, según el informe, están los cubanos que trabajan en los programas sociales del gobierno y especialmente los médicos de la misión Barrio Adentro.
"Indicadores de trabajo forzado reportados por algunos cubanos que participan en el programa incluyen pago insuficiente de salarios, largas jornadas obligatorias y amenazas de represalias contra ellos y sus familias si abandonan", señala.
El texto también cita los reportes de mujeres venezolanas sometidas a prostitución en las islas del Caribe –particularmente Aruba, Curazao y Trinidad– y el trabajo forzado en el sector informal y el servicio doméstico de niños y mujeres ecuatorianas residentes en el país.
El Departamento de Estado hace una serie de recomendaciones a cada país. En el caso de Venezuela, destacan fortalecer los esfuerzos por investigar y enjuiciar los hechos de tráfico sexual y trabajo forzado, proporcionar servicios especializados para las víctimas y mejorar la recopilación de datos sobre los esfuerzos del gobierno contra este problema.
Publicado en El Nacional
miércoles, 22 de julio de 2015
Guyana no frenará las inversiones en el territorio Esequibo
El canciller de Guyana, Carl Greenidge, aseguró que su país no frenará las inversiones en el Esequibo, un territorio de 159.000 kilómetros cuadrados rico en recursos minerales que es reclamado por Venezuela, reseñó el diario Guyana Chronicle.
En un discurso ante la Asociación de Industria y Servicios de Guyana, Greenidge dijo que el gobierno de su país no dejará de promover las inversiones en esa región porque no puede descuidar ninguna parte de su territorio.
Agregó que Georgetown buscará un arreglo judicial para el reclamo de Caracas porque la figura de los buenos oficios y las demás opciones de solución pacífica de controversias establecidas en la Carta de la Organización de Naciones Unidas han sido agotadas.
Greenidge opina que el Acuerdo de Ginebra no reabrió la disputa, sino que se limitó a crear un mecanismo para definir la validez del Laudo Arbitral de 1899, luego de que Venezuela denunció su nulidad.
Caracas mantiene que el instrumento jurídico firmado en 1966 sí busca dirimir la controversia territorial y acusa a Georgetown de vulnerar lo que suscribió. "Lo que está haciendo Guyana no puede ser sino un vulgar incumplimiento del Acuerdo de Ginebra", dijo la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez.
La ministra de Relaciones Exteriores aseguró, además, que la posición venezolana cuenta con el respaldo pleno y absoluto de los países del Mercosur en la cumbre presidencial de la semana pasada.
"Las nuevas autoridades de Guyana salieron con las tablas en la cabeza porque venían con una estrategia de descrédito contra Venezuela. Esa estrategia fue derrotada en el seno del Mercosur", declaró Rodríguez al volver de Brasilia, donde se celebró el encuentro.
Publicado en El Nacional
En un discurso ante la Asociación de Industria y Servicios de Guyana, Greenidge dijo que el gobierno de su país no dejará de promover las inversiones en esa región porque no puede descuidar ninguna parte de su territorio.
Agregó que Georgetown buscará un arreglo judicial para el reclamo de Caracas porque la figura de los buenos oficios y las demás opciones de solución pacífica de controversias establecidas en la Carta de la Organización de Naciones Unidas han sido agotadas.
Greenidge opina que el Acuerdo de Ginebra no reabrió la disputa, sino que se limitó a crear un mecanismo para definir la validez del Laudo Arbitral de 1899, luego de que Venezuela denunció su nulidad.
Caracas mantiene que el instrumento jurídico firmado en 1966 sí busca dirimir la controversia territorial y acusa a Georgetown de vulnerar lo que suscribió. "Lo que está haciendo Guyana no puede ser sino un vulgar incumplimiento del Acuerdo de Ginebra", dijo la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez.
La ministra de Relaciones Exteriores aseguró, además, que la posición venezolana cuenta con el respaldo pleno y absoluto de los países del Mercosur en la cumbre presidencial de la semana pasada.
"Las nuevas autoridades de Guyana salieron con las tablas en la cabeza porque venían con una estrategia de descrédito contra Venezuela. Esa estrategia fue derrotada en el seno del Mercosur", declaró Rodríguez al volver de Brasilia, donde se celebró el encuentro.
Publicado en El Nacional
viernes, 17 de julio de 2015
Venezuela y Guyana buscan apoyos en Mercosur por disputa
Venezuela ratificó ante el Mercosur la legitimidad de su reclamo del territorio Esequibo e insistió en la necesidad de que Guyana respete el Acuerdo de Ginebra para buscar una solución pacífica.
"No hay duda alguna, ni histórica, ni política, sobre los derechos legítimos que tiene Venezuela sobre el Esequibo", dijo la ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, luego de la cumbre de cancilleres del bloque.
Rodríguez acusó a Georgetown de irrespetar el Acuerdo de Ginebra, firmado por ambos países en 1966, al permitir que la petrolera estadounidense Exxon Mobil explore en aguas en disputa. Denunció que el objetivo de la petrolera es la apropiación ilegítima de los recursos energéticos de Venezuela.
El ministro de Gobernación de Guyana, Raphael Trotman, confirmó que el presidente David Granger irá hoy a la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur para exponer sus argumentos y ganar apoyo en la disputa fronteriza.
"Cada visita, cada expresión, cada aparición tiene que reforzar nuestra posición en cuanto a nuestra integridad territorial y, por supuesto, buscar apoyos y proveer explicaciones porque la gente cree que esta es una noción romántica antigua", declaró Trotman, reportó Efe. Agregó que la cumbre del Mercosur es una oportunidad de oro para presentar el caso a los países suramericanos.
La disputa fronteriza entre Caracas y Georgetown se coló en la agenda de la cumbre, que inicialmente estaba centrada en las negociaciones para un acuerdo comercial con la Unión Europea y el proceso de adhesión de Bolivia.
Entretanto, los ex presidentes Andrés Pastrana (Colombia) y Jorge Quiroga (Bolivia) exigieron al Mercosur que suspenda a Venezuela si no autoriza misiones de observación de la OEA, la Unasur y la Unión Europea para los próximos comicios legislativos, según una carta a la que se tuvo acceso.
Publicado en El Nacional
"No hay duda alguna, ni histórica, ni política, sobre los derechos legítimos que tiene Venezuela sobre el Esequibo", dijo la ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, luego de la cumbre de cancilleres del bloque.
Rodríguez acusó a Georgetown de irrespetar el Acuerdo de Ginebra, firmado por ambos países en 1966, al permitir que la petrolera estadounidense Exxon Mobil explore en aguas en disputa. Denunció que el objetivo de la petrolera es la apropiación ilegítima de los recursos energéticos de Venezuela.
El ministro de Gobernación de Guyana, Raphael Trotman, confirmó que el presidente David Granger irá hoy a la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur para exponer sus argumentos y ganar apoyo en la disputa fronteriza.
"Cada visita, cada expresión, cada aparición tiene que reforzar nuestra posición en cuanto a nuestra integridad territorial y, por supuesto, buscar apoyos y proveer explicaciones porque la gente cree que esta es una noción romántica antigua", declaró Trotman, reportó Efe. Agregó que la cumbre del Mercosur es una oportunidad de oro para presentar el caso a los países suramericanos.
La disputa fronteriza entre Caracas y Georgetown se coló en la agenda de la cumbre, que inicialmente estaba centrada en las negociaciones para un acuerdo comercial con la Unión Europea y el proceso de adhesión de Bolivia.
Entretanto, los ex presidentes Andrés Pastrana (Colombia) y Jorge Quiroga (Bolivia) exigieron al Mercosur que suspenda a Venezuela si no autoriza misiones de observación de la OEA, la Unasur y la Unión Europea para los próximos comicios legislativos, según una carta a la que se tuvo acceso.
Publicado en El Nacional
jueves, 16 de julio de 2015
Critican que reclamo a Guyana no aborde asuntos de ciudadanía
El coronel Pompeyo Torrealba, coordinador del Movimiento Nacional al Rescate del Esequibano y del Esequibo, aseguró que Venezuela no ha aprendido que en las relaciones internacionales no hay amores sino intereses, y criticó la política de cooperación con Guyana implementada por el gobierno en los últimos años.
"Cometemos el error de pensar que por los poquitos barriles de petróleo y las cuatro casitas que le damos, Guyana nos devolverá la zona en reclamación", dijo Torrealba en la Jornada de Reflexión sobre el Esequibo, organizada por la Fiscalía.
El oficial también cuestionó que la reclamación a Guyana siempre se haya enfocado en la recuperación del territorio y no en la inserción de las personas que habitan el Esequibo, que actualmente son 200.000, según sus cálculos.
Explicó que esas personas tienen la nacionalidad venezolana y deberían poder tener cédula de identidad como el resto de los habitantes del país. Exhortó al Servicio Autónomo de Identificación, Migración y Extranjería a hacer lo necesario para que esto sea posible.
La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, dijo que el foro es el inicio de una serie de actividades para apoyar la propuesta del Ejecutivo de recuperar el Esequibo por la vía del derecho internacional.
Agregó que el Ministerio Público comenzó una serie de revisiones relacionadas con el diferendo territorial, como la inclusión de la zona en reclamación en todos los mapas que tiene la institución.
Debate posible. La presencia de los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Guyana, David Granger, en la XLVIII Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, que se realizará mañana en Brasilia, hace pensar que el conflicto bilateral será uno de los asuntos que se tratarán.
Se espera que a la reunión asistan los mandatarios de los países miembros del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela) y los de los asociados (Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam), es decir, la Unión de Naciones Suramericanas en pleno.
Maduro ha dicho que llevará a la Unasur el reclamo por el Esequibo. Entretanto, Granger ha planteado el diferendo en todas las reuniones internacionales a las que ha asistido recientemente, incluida la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, realizada el lunes en Etiopía.
Publicado en El Nacional
"Cometemos el error de pensar que por los poquitos barriles de petróleo y las cuatro casitas que le damos, Guyana nos devolverá la zona en reclamación", dijo Torrealba en la Jornada de Reflexión sobre el Esequibo, organizada por la Fiscalía.
El oficial también cuestionó que la reclamación a Guyana siempre se haya enfocado en la recuperación del territorio y no en la inserción de las personas que habitan el Esequibo, que actualmente son 200.000, según sus cálculos.
Explicó que esas personas tienen la nacionalidad venezolana y deberían poder tener cédula de identidad como el resto de los habitantes del país. Exhortó al Servicio Autónomo de Identificación, Migración y Extranjería a hacer lo necesario para que esto sea posible.
La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, dijo que el foro es el inicio de una serie de actividades para apoyar la propuesta del Ejecutivo de recuperar el Esequibo por la vía del derecho internacional.
Agregó que el Ministerio Público comenzó una serie de revisiones relacionadas con el diferendo territorial, como la inclusión de la zona en reclamación en todos los mapas que tiene la institución.
Debate posible. La presencia de los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Guyana, David Granger, en la XLVIII Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, que se realizará mañana en Brasilia, hace pensar que el conflicto bilateral será uno de los asuntos que se tratarán.
Se espera que a la reunión asistan los mandatarios de los países miembros del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela) y los de los asociados (Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam), es decir, la Unión de Naciones Suramericanas en pleno.
Maduro ha dicho que llevará a la Unasur el reclamo por el Esequibo. Entretanto, Granger ha planteado el diferendo en todas las reuniones internacionales a las que ha asistido recientemente, incluida la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, realizada el lunes en Etiopía.
Publicado en El Nacional
miércoles, 15 de julio de 2015
La Corte Internacional de Justicia no es una opción para Venezuela
Las diferencias recientes entre Guyana y Venezuela han hecho que Georgetown vuelva a plantear (como hizo en la década de 1980) que la reclamación por el territorio Esequibo se resuelva en la Corte Internacional de Justicia, pero el arreglo judicial no es una opción para Caracas.
"Venezuela se ha negado siempre porque no tiene todas las de ganar. Es poco factible que una reclamación sobre dos tercios del territorio de otro país tenga éxito", dice Angelina Jaffe, directora del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Metropolitana.
Kenneth Ramírez, presidente del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, coincide con este argumento. "La CIJ privilegia soluciones de equidad. En este caso, tomará en consideración que Guyana es el país pequeño. Venezuela siempre ha entendido que eso es una desventaja".
Emilio Figueredo, exfacilitador de las negociaciones bilaterales, recuerda que Georgetown tiene montado un expediente con las muestras de reconocimiento que Caracas ha dado en algunos momentos de su historia al Laudo Arbitral de París (1899), que la despojó del Esequibo.
Agrega que las inconsistencias en la política exterior venezolana tampoco ayudarán a lograr una sentencia favorable para el país y cita como ejemplo las declaraciones del fallecido presidente Hugo Chávez en 2004, que llamaban a dejar de lado la reclamación.
Los tres especialistas aclaran que Guyana no puede llevar el caso a la CIJ sin la autorización de Venezuela, porque los asuntos limítrofes son de jurisdicción voluntaria y porque el Acuerdo de Ginebra (1966) obliga a que el mecanismo de solución sea acordado por ambas partes.
Caracas entregó la semana pasada una solicitud al secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para que reactive el mecanismo del buen oficiante, paralizado desde la muerte de Norman Girvan en 2014. Pero Georgetown ha dicho que no quiere seguir con este método.
Ramírez considera que para lograr la aprobación de Guyana son necesarias medidas de presión. "Venezuela tiene que usar todos los medios disponibles para bloquear la explotación petrolera en aguas del Esequibo. Incluso, suspender el acuerdo de Petrocaribe".
¿Encuentro en Mercosur? El presidente de Guyana, David Granger, irá a la cumbre semestral de Mercosur que se realizará esta semana en Brasilia. Allí coincidirá con Nicolás Maduro, mandatario de Venezuela, uno de los cinco miembros plenos del bloque regional. De manera que en la agenda del evento se puede colar el conflicto bilateral por el territorio Esequibo, recrudecido luego de que un consorcio liderado por Exxon Mobil anunció en mayo que descubrió petróleo en aguas que Georgetown considera suyas y Caracas asegura que están en disputa.
Ejemplos cercanos. La Corte Internacional de Justicia ha sentenciado en los últimos años dos casos de delimitación marítima en América Latina. El primero fue el de Nicaragua contra Colombia por las islas San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y las aguas adyacentes. La CIJ reconoció la soberanía de Bogotá sobre las islas en 2007, pero concedió amplios espacios a Nicaragua al trazar los límites marítimos en 2012. El segundo fue Perú contra Chile. En 2014, la corte adjudicó a Lima un área de más de 50.000 kilómetros cuadrados que Santiago consideraba parte de su zona económica exclusiva.
Publicado en El Nacional
"Venezuela se ha negado siempre porque no tiene todas las de ganar. Es poco factible que una reclamación sobre dos tercios del territorio de otro país tenga éxito", dice Angelina Jaffe, directora del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Metropolitana.
Kenneth Ramírez, presidente del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, coincide con este argumento. "La CIJ privilegia soluciones de equidad. En este caso, tomará en consideración que Guyana es el país pequeño. Venezuela siempre ha entendido que eso es una desventaja".
Emilio Figueredo, exfacilitador de las negociaciones bilaterales, recuerda que Georgetown tiene montado un expediente con las muestras de reconocimiento que Caracas ha dado en algunos momentos de su historia al Laudo Arbitral de París (1899), que la despojó del Esequibo.
Agrega que las inconsistencias en la política exterior venezolana tampoco ayudarán a lograr una sentencia favorable para el país y cita como ejemplo las declaraciones del fallecido presidente Hugo Chávez en 2004, que llamaban a dejar de lado la reclamación.
Los tres especialistas aclaran que Guyana no puede llevar el caso a la CIJ sin la autorización de Venezuela, porque los asuntos limítrofes son de jurisdicción voluntaria y porque el Acuerdo de Ginebra (1966) obliga a que el mecanismo de solución sea acordado por ambas partes.
Caracas entregó la semana pasada una solicitud al secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para que reactive el mecanismo del buen oficiante, paralizado desde la muerte de Norman Girvan en 2014. Pero Georgetown ha dicho que no quiere seguir con este método.
Ramírez considera que para lograr la aprobación de Guyana son necesarias medidas de presión. "Venezuela tiene que usar todos los medios disponibles para bloquear la explotación petrolera en aguas del Esequibo. Incluso, suspender el acuerdo de Petrocaribe".
¿Encuentro en Mercosur? El presidente de Guyana, David Granger, irá a la cumbre semestral de Mercosur que se realizará esta semana en Brasilia. Allí coincidirá con Nicolás Maduro, mandatario de Venezuela, uno de los cinco miembros plenos del bloque regional. De manera que en la agenda del evento se puede colar el conflicto bilateral por el territorio Esequibo, recrudecido luego de que un consorcio liderado por Exxon Mobil anunció en mayo que descubrió petróleo en aguas que Georgetown considera suyas y Caracas asegura que están en disputa.
Ejemplos cercanos. La Corte Internacional de Justicia ha sentenciado en los últimos años dos casos de delimitación marítima en América Latina. El primero fue el de Nicaragua contra Colombia por las islas San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y las aguas adyacentes. La CIJ reconoció la soberanía de Bogotá sobre las islas en 2007, pero concedió amplios espacios a Nicaragua al trazar los límites marítimos en 2012. El segundo fue Perú contra Chile. En 2014, la corte adjudicó a Lima un área de más de 50.000 kilómetros cuadrados que Santiago consideraba parte de su zona económica exclusiva.
Publicado en El Nacional
domingo, 12 de julio de 2015
Venezuela también tiene que defender salida al Atlántico
El gobierno del presidente Nicolás Maduro, en su reclamo del territorio Esequibo, no debe obviar la solicitud que Guyana hizo en 2011 a la Organización de Naciones Unidas para ampliar su plataforma continental, que deja a Venezuela sin conexión directa con el océano Atlántico, única salida libre a mar abierto que tiene el país.
Especialistas recordaron que esa solicitud se basó en un trazado unilateral realizado por Georgetown que incluye las aguas de la zona en reclamación (que están en disputa, como la parte terrestre) y la fachada atlántica del estado Delta Amacuro, cuya soberanía no está en discusión.
"Es una línea que nos cercena miles de kilómetros cuadrados de áreas marinas, nos encierra en un triángulo con la delimitación acordada con Trinidad y Tobago en 1990 y nos elimina la salida libre al océano Atlántico", precisó Sadio Garavini, ex embajador de Venezuela en Guyana.
El diplomático afirmó que la conexión directa con mar abierto es importante porque, de lo contrario, todas las exportaciones que salen del río Orinoco (básicamente los minerales que se producen en Guayana) deberán pasar por la zona económica exclusiva de otro país para llegar al Atlántico y seguir hasta su destino.
Recordó, además, que es conocida la riqueza de la fachada atlántica de Delta Amacuro y de la zona en reclamación en petróleo y gas natural: "Los descubrimientos recientes del consorcio liderado por Exxon Mobil lo que hicieron fue confirmarlo". Agregó que en el área también hay abundantes recursos pesqueros.
Silencio perjudicial. La solicitud a la ONU para ampliar su plataforma continental fue una de las acciones relacionadas con el territorio Esequibo que Georgetown emprendió en los últimos años gracias al silencio de Caracas durante el mandato del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).
La influencia del régimen cubano y la intención de ganarse el respaldo de la Caricom llevaron a Chávez a cambiar la posición histórica del país sobre la zona en reclamación en 2004. "Venezuela no será un obstáculo para cualquier proyecto en el Esequibo", declaró el mandatario en una reunión con su homólogo de Guyana, Bharrett Jagdeo.
Caracas renunció así a la potestad que le otorga el Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966, para objetar la explotación de recursos naturales en el territorio disputado, lo cual fue aprovechado por Georgetown para entregar decenas de concesiones mineras y reactivar las actividades de exploración petrolera costa afuera.
El silencio gubernamental se mantuvo incluso cuando especialistas denunciaron que los bloques donde Guyana autorizó la búsqueda de hidrocarburos incluían aguas de la fachada atlántica de Delta Amacuro (más de 90.000 kilómetros cuadrados, según Aníbal Martínez, presidente del Frente Prodefensa del Petróleo).
La inacción terminó en octubre de 2013, cuando la Armada capturó en aguas venezolanas al buque Teknik Perdana, que hacía exploraciones petroleras en un bloque concedido a la empresa Anadarko Petroleum. Tras el incidente se acordó crear una comisión bilateral de delimitación marítima que hasta ahora no ha dado resultados.
Vuelve la polémica. El anuncio guyanés de que un consorcio formado por las compañías Exxon Mobil, Hess y China National Offshore Oil Corporation descubrió petróleo en el bloque Starbroek y el decreto venezolano que creó Zonas Operativas de Defensa Integral Marítima e Insular reavivaron la reclamación territorial en mayo.
Luego de meses de intercambio de acusaciones, Georgetown y Caracas coincidieron esta semana en la necesidad de apegarse al Acuerdo de Ginebra y la facilitación del secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para hallar una solución definitiva.
Angelina Jaffe, directora del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Metropolitana, considera que utilizar estos mecanismos es lo adecuado pero teme que la discusión pierda fuerza tras la modificación del decreto presidencial.
Garavini reiteró que el reclamo venezolano debe incluir la solicitud unilateral de Guyana para ampliar su plataforma continental. "Es absolutamente inaceptable que se cercene la salida al Atlántico. No es solo la proyección marítima de la zona en reclamación, que también tenemos que defender".
Emilio Figueredo, ex negociador de Venezuela con Guyana, recordó que el Acuerdo de Ginebra es válido para la reclamación del Esequibo pero no tiene nada que ver con la fachada atlántica de Delta Amacuro: "De Punta Playa para acá no hay discusión".
Publicado en El Nacional
Especialistas recordaron que esa solicitud se basó en un trazado unilateral realizado por Georgetown que incluye las aguas de la zona en reclamación (que están en disputa, como la parte terrestre) y la fachada atlántica del estado Delta Amacuro, cuya soberanía no está en discusión.
"Es una línea que nos cercena miles de kilómetros cuadrados de áreas marinas, nos encierra en un triángulo con la delimitación acordada con Trinidad y Tobago en 1990 y nos elimina la salida libre al océano Atlántico", precisó Sadio Garavini, ex embajador de Venezuela en Guyana.
El diplomático afirmó que la conexión directa con mar abierto es importante porque, de lo contrario, todas las exportaciones que salen del río Orinoco (básicamente los minerales que se producen en Guayana) deberán pasar por la zona económica exclusiva de otro país para llegar al Atlántico y seguir hasta su destino.
Recordó, además, que es conocida la riqueza de la fachada atlántica de Delta Amacuro y de la zona en reclamación en petróleo y gas natural: "Los descubrimientos recientes del consorcio liderado por Exxon Mobil lo que hicieron fue confirmarlo". Agregó que en el área también hay abundantes recursos pesqueros.
Silencio perjudicial. La solicitud a la ONU para ampliar su plataforma continental fue una de las acciones relacionadas con el territorio Esequibo que Georgetown emprendió en los últimos años gracias al silencio de Caracas durante el mandato del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).
La influencia del régimen cubano y la intención de ganarse el respaldo de la Caricom llevaron a Chávez a cambiar la posición histórica del país sobre la zona en reclamación en 2004. "Venezuela no será un obstáculo para cualquier proyecto en el Esequibo", declaró el mandatario en una reunión con su homólogo de Guyana, Bharrett Jagdeo.
Caracas renunció así a la potestad que le otorga el Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966, para objetar la explotación de recursos naturales en el territorio disputado, lo cual fue aprovechado por Georgetown para entregar decenas de concesiones mineras y reactivar las actividades de exploración petrolera costa afuera.
El silencio gubernamental se mantuvo incluso cuando especialistas denunciaron que los bloques donde Guyana autorizó la búsqueda de hidrocarburos incluían aguas de la fachada atlántica de Delta Amacuro (más de 90.000 kilómetros cuadrados, según Aníbal Martínez, presidente del Frente Prodefensa del Petróleo).
La inacción terminó en octubre de 2013, cuando la Armada capturó en aguas venezolanas al buque Teknik Perdana, que hacía exploraciones petroleras en un bloque concedido a la empresa Anadarko Petroleum. Tras el incidente se acordó crear una comisión bilateral de delimitación marítima que hasta ahora no ha dado resultados.
Vuelve la polémica. El anuncio guyanés de que un consorcio formado por las compañías Exxon Mobil, Hess y China National Offshore Oil Corporation descubrió petróleo en el bloque Starbroek y el decreto venezolano que creó Zonas Operativas de Defensa Integral Marítima e Insular reavivaron la reclamación territorial en mayo.
Luego de meses de intercambio de acusaciones, Georgetown y Caracas coincidieron esta semana en la necesidad de apegarse al Acuerdo de Ginebra y la facilitación del secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para hallar una solución definitiva.
Angelina Jaffe, directora del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Metropolitana, considera que utilizar estos mecanismos es lo adecuado pero teme que la discusión pierda fuerza tras la modificación del decreto presidencial.
Garavini reiteró que el reclamo venezolano debe incluir la solicitud unilateral de Guyana para ampliar su plataforma continental. "Es absolutamente inaceptable que se cercene la salida al Atlántico. No es solo la proyección marítima de la zona en reclamación, que también tenemos que defender".
Emilio Figueredo, ex negociador de Venezuela con Guyana, recordó que el Acuerdo de Ginebra es válido para la reclamación del Esequibo pero no tiene nada que ver con la fachada atlántica de Delta Amacuro: "De Punta Playa para acá no hay discusión".
Publicado en El Nacional
sábado, 11 de julio de 2015
Gobierno pidió a Ban designar a buen oficiante
Venezuela pidió al secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que designe al sustituto de Norman Girvan (fallecido en abril de 2014) y reactive el mecanismo del buen oficiante para la solución del diferendo territorial con Guyana.
La canciller Delcy Rodríguez viajó a Nueva York para entregarle la solicitud a Ban. "Esperamos que se active este mecanismo para que de una forma amistosa, práctica y legal se pueda resolver esta histórica reclamación sobre el territorio Esequibo", declaró antes de partir.
El presidente Nicolás Maduro informó que se comunicaría telefónicamente con el máximo responsable de la ONU para conversar sobre la tensión bilateral en los últimos meses. Reiteró que mantendrá la lucha por la zona en reclamación en todas las instancias internacionales.
Las relaciones entre Venezuela y Guyana se tensaron tras el descubrimiento de un yacimiento petrolífero en un área marítima en disputa entregada en concesión por Georgetown y el decreto de zonas militares que incluyen aguas por delimitar por parte de Caracas.
El presidente de Guyana, David Granger, dijo el jueves en un discurso ante el Parlamento de su país que las zonas militares decretadas por Venezuela continúan siendo una amenaza a pesar de la modificación que el gobierno de Maduro hizo al decreto esta semana.
Rodríguez criticó que Granger siga refiriéndose a Venezuela como un país agresor, pero celebró que manifestara disposición a buscar una solución jurídica permanente dentro de los principios del Acuerdo de Ginebra, firmado por ambos países en 1966.
"Asumió una posición con muchas falsedades, pero creo que dio un paso significativo que es el reconocimiento del Acuerdo de Ginebra y hemos visto que ha abandonado las ofensas y los insultos hacia el pueblo y hacia nuestra patria", dijo la funcionaria.
Publicado en El Nacional
La canciller Delcy Rodríguez viajó a Nueva York para entregarle la solicitud a Ban. "Esperamos que se active este mecanismo para que de una forma amistosa, práctica y legal se pueda resolver esta histórica reclamación sobre el territorio Esequibo", declaró antes de partir.
El presidente Nicolás Maduro informó que se comunicaría telefónicamente con el máximo responsable de la ONU para conversar sobre la tensión bilateral en los últimos meses. Reiteró que mantendrá la lucha por la zona en reclamación en todas las instancias internacionales.
Las relaciones entre Venezuela y Guyana se tensaron tras el descubrimiento de un yacimiento petrolífero en un área marítima en disputa entregada en concesión por Georgetown y el decreto de zonas militares que incluyen aguas por delimitar por parte de Caracas.
El presidente de Guyana, David Granger, dijo el jueves en un discurso ante el Parlamento de su país que las zonas militares decretadas por Venezuela continúan siendo una amenaza a pesar de la modificación que el gobierno de Maduro hizo al decreto esta semana.
Rodríguez criticó que Granger siga refiriéndose a Venezuela como un país agresor, pero celebró que manifestara disposición a buscar una solución jurídica permanente dentro de los principios del Acuerdo de Ginebra, firmado por ambos países en 1966.
"Asumió una posición con muchas falsedades, pero creo que dio un paso significativo que es el reconocimiento del Acuerdo de Ginebra y hemos visto que ha abandonado las ofensas y los insultos hacia el pueblo y hacia nuestra patria", dijo la funcionaria.
Publicado en El Nacional
viernes, 10 de julio de 2015
Guyana teme retaliación económica de Venezuela
El primer ministro de Guyana, Moses Nagamootoo, teme que la no renovación del contrato para suministrar arroz a Venezuela, como pago parcial por los barriles de crudo y derivados enviados mediante el acuerdo de Petrocaribe, sea una retaliación contra su país.
Nagamootoo aclaró que la decisión no es nueva, y acusó al gobierno anterior (que salió en mayo) por no informar a los agricultores al respecto a pesar de ser notificado por Caracas, pero no quiso desligarla de la polémica actual por el reclamo territorial.
"Esta revelación viene de la mano de las acciones de Venezuela para desafiar lo que es legalmente el territorio de Guyana. Habrá que examinar si la no renovación del contrato de permuta es, de hecho, un acto de sanción económica", dijo.
El presidente David Granger defendió que la insistencia del país en la protección de sus tierras y el espacio marítimo no es una agresión contra Venezuela, y consideró que el decreto aprobado en relación con la disputa por el Esequibo es "un acto de agresión".
En una intervención en el Parlamento de su país, Granger insistió en que el último decreto de Venezuela no respeta la integridad territorial de Guyana. En su opinión, no hay diferencia material entre el Decreto 1787 emitido el 26 de mayo y el Decreto 1859 del 6 de julio.
"Esta parte sigue siendo ofensiva a Guyana. Es como un `hueso en la garganta’, ya que el uso de la fuerza en estas áreas sigue siendo una amenaza", dijo el mandatario, quien criticó que se considere parte del territorio marítimo de su país como una "zona de defensa de Venezuela". Según dijo, el decreto pretende bloquear el acceso de Guyana a su zona económica exclusiva.
Sin distinción. Maduro ha centrado sus críticas en Granger, que asumió el cargo hace dos meses, e incluso lo ha acusado de dejarse manipular por la transnacional Exxon Mobil (que descubrió petróleo en las aguas en disputa) para generar un conflicto con Venezuela.
Maduro dijo que la "Exxon Mobil tiene una influencia decisiva en el gobierno de Guyana": "La Exxon Mobil se va metiendo con su lobby. Esta empresa forma parte de un grupo de influencia que, por su poder económico, compra decisiones políticas. Washington es un gran mercado y se impone quien paga más. Compran los congresistas, los que gobiernan. Estados Unidos es una competencia de lobbys. Una cosa es Obama y otra el poder de Estados Unidos".
El discurso del mandatario obvia que la concesión a la petrolera estadounidense fue entregada por el Partido Progresista Popular, que estuvo en el poder desde 1992 hasta mayo de 2015 y fue aliado del chavismo durante muchos años.
Ayer el ex presidente Donald Ramotar (2011-2015) dijo que el PPP apoya al gobierno actual (una coalición entre la Alianza para la Unidad Nacional y la Alianza por el Cambio) en lo que se refiere a la controversia con Venezuela.
"Vamos a apoyar al gobierno en el tema de la soberanía de este país. Estamos en total unidad en este asunto de la reclamación de nuestro territorio", declaró Ramotar. Agregó que respaldan la solicitud de cambiar el mecanismo de los buenos oficios porque no estaba funcionando.
Publicado en El Nacional
Nagamootoo aclaró que la decisión no es nueva, y acusó al gobierno anterior (que salió en mayo) por no informar a los agricultores al respecto a pesar de ser notificado por Caracas, pero no quiso desligarla de la polémica actual por el reclamo territorial.
"Esta revelación viene de la mano de las acciones de Venezuela para desafiar lo que es legalmente el territorio de Guyana. Habrá que examinar si la no renovación del contrato de permuta es, de hecho, un acto de sanción económica", dijo.
El presidente David Granger defendió que la insistencia del país en la protección de sus tierras y el espacio marítimo no es una agresión contra Venezuela, y consideró que el decreto aprobado en relación con la disputa por el Esequibo es "un acto de agresión".
En una intervención en el Parlamento de su país, Granger insistió en que el último decreto de Venezuela no respeta la integridad territorial de Guyana. En su opinión, no hay diferencia material entre el Decreto 1787 emitido el 26 de mayo y el Decreto 1859 del 6 de julio.
"Esta parte sigue siendo ofensiva a Guyana. Es como un `hueso en la garganta’, ya que el uso de la fuerza en estas áreas sigue siendo una amenaza", dijo el mandatario, quien criticó que se considere parte del territorio marítimo de su país como una "zona de defensa de Venezuela". Según dijo, el decreto pretende bloquear el acceso de Guyana a su zona económica exclusiva.
Sin distinción. Maduro ha centrado sus críticas en Granger, que asumió el cargo hace dos meses, e incluso lo ha acusado de dejarse manipular por la transnacional Exxon Mobil (que descubrió petróleo en las aguas en disputa) para generar un conflicto con Venezuela.
Maduro dijo que la "Exxon Mobil tiene una influencia decisiva en el gobierno de Guyana": "La Exxon Mobil se va metiendo con su lobby. Esta empresa forma parte de un grupo de influencia que, por su poder económico, compra decisiones políticas. Washington es un gran mercado y se impone quien paga más. Compran los congresistas, los que gobiernan. Estados Unidos es una competencia de lobbys. Una cosa es Obama y otra el poder de Estados Unidos".
El discurso del mandatario obvia que la concesión a la petrolera estadounidense fue entregada por el Partido Progresista Popular, que estuvo en el poder desde 1992 hasta mayo de 2015 y fue aliado del chavismo durante muchos años.
Ayer el ex presidente Donald Ramotar (2011-2015) dijo que el PPP apoya al gobierno actual (una coalición entre la Alianza para la Unidad Nacional y la Alianza por el Cambio) en lo que se refiere a la controversia con Venezuela.
"Vamos a apoyar al gobierno en el tema de la soberanía de este país. Estamos en total unidad en este asunto de la reclamación de nuestro territorio", declaró Ramotar. Agregó que respaldan la solicitud de cambiar el mecanismo de los buenos oficios porque no estaba funcionando.
Publicado en El Nacional
domingo, 5 de julio de 2015
Venezuela reavivó al unísono disputas con Guyana y Colombia
La creación de las Zonas Operativas de Defensa Integral Marítima e Insular mediante el decreto 1.787, promulgado por el presidente Nicolás Maduro el 27 de mayo, puso a Venezuela a discutir las disputas territoriales con Guyana y Colombia al mismo tiempo, una situación inédita para el país.
Georgetown protestó por la Zodimain Atlántica, cuyas coordenadas –definidas en el decreto– no sólo incluyen aguas del Océano Atlántico que corresponden al territorio Esequibo (reclamado por Caracas) sino que también abarcan áreas marítimas que pertenecen a Guyana y Surinam.
Eso hizo que el gobierno del presidente David Granger calificara el decreto de Maduro como una violación flagrante del derecho internacional, solicitara la intervención de la Organización de Naciones Unidas y advirtiera que estaba listo para defender la integridad territorial de su país.
Bogotá, por su parte, reclamó por la Zodimain Occidental, que encierra aguas pendientes por delimitar en el Mar Caribe. “No pueden asumirse como venezolanas, por cuanto siguen en controversia o no se ajustan a lo acordado bilateralmente”, dijo en la nota de protesta enviada a Venezuela.
La reacción del gobierno del presidente Juan Manuel Santos se ha limitado hasta ahora a solicitar que se adopten las medidas necesarias para corregir el decreto. “Lo vamos a mantener a nivel diplomático”, declaró la canciller María Ángela Holguín.
El hecho de que las objeciones de Guyana y Colombia a las Zodimain estén relacionadas con aguas en disputa pone en evidencia los pocos avances en la delimitación de las áreas marinas desde la llegada al poder del fallecido presidente Hugo Chávez en 1999.
Mecanismos abandonados. La delimitación marítima con ambos países es tarea de comisiones bilaterales (la de Guyana es producto del Acuerdo de Ginebra –firmado en 1966– y la de Colombia fue creada en 1990 con estatus presidencial) que no se han reunido durante los últimos años.
“La situación en el este y en el oeste son totalmente distintas, pero lo que es igual es la poca atención que se le ha prestado. No puede ser que por años no se haya hecho nada y ahora se quiera arreglar todo con un decreto”, dice Aníbal Martínez, presidente del Frente Pro-Defensa del Petróleo.
Emilio Figueredo, exembajador de Venezuela ante la ONU para la aplicación del Acuerdo de Ginebra, agrega que la situación empeora cuando se trata de un decreto sin fundamento legal: “Ningún Estado puede delimitar de manera unilateral aguas en discusión”.
Figueredo advierte que otros reclamos pueden sumarse a los de Guyana y Colombia porque la llamada Zodimain Oriental puede ser objetada por varias islas del Caribe con los que Venezuela aún no ha logrado delimitar sus áreas marinas y submarinas.
El embajador Oscar Hernández cree que la promulgación de un decreto que ha causado tantos reclamos es consecuencia del abandono de los mecanismos formales. “Si no se reúnen las comisiones bilaterales y no se hace seguimiento a los asuntos en discusión, se abren espacios para las confusiones”.
Los especialistas coinciden, además, en que el decreto 1.787 refleja la forma de tomar decisiones del gobierno: sin consultar a los especialistas ni evaluar las consecuencias a largo plazo. “Los asuntos de cualquier tipo son tratados de manera irregular”, dice Martínez.
“No están funcionando los mecanismos de evaluación ni de diálogo con la sociedad. Tienes dispersos a una cantidad de especialistas que pudieran ser consultados para la toma de decisiones en esta materia, que requiere políticas de Estado”, agrega Hernández.
Figueredo advierte que este tipo de acciones deterioran la imagen del país y afectan los intereses nacionales. “El decreto no sólo unió a naciones como Guyana y Colombia en protestas hacia Venezuela, sino que puede traer efectos legales porque es cuestionable desde el punto de vista del Derecho Internacional”.
¿Política interna? Hay quienes atribuyen la reanimación de las disputas territoriales con Guyana y Colombia a un intento del gobierno de Maduro por generar un sentimiento nacionalista que pueda capitalizar políticamente en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.
La insistencia de Caracas en poner en el centro de la disputa con Georgetown a Exxon Mobil –que descubrió petróleo en un campo ubicado en las aguas por delimitar– parece confirmarlo. Los especialistas consultados no suscriben la tesis, pero tampoco la descartan.
Martínez considera que es contradictorio que solo se acuse a la petrolera de Estados Unidos cuando también hay una empresa de China en el consorcio que hizo el descubrimiento petrolífero.
Figueredo agrega que el gobierno también se contradice al protestar por esa concesión, pero no por las que han sido otorgadas en el territorio Esequibo y en áreas marítimas que no están en discusión (Plataforma Deltana).
Hernández advierte que es peligroso usar estos asuntos para política interna. “Las reclamaciones se mantienen firmes no generando bulla ni conflictos, sino usando los mecanismos establecidos y respetando las leyes internacionales”.
Publicado en El Nacional
Georgetown protestó por la Zodimain Atlántica, cuyas coordenadas –definidas en el decreto– no sólo incluyen aguas del Océano Atlántico que corresponden al territorio Esequibo (reclamado por Caracas) sino que también abarcan áreas marítimas que pertenecen a Guyana y Surinam.
Eso hizo que el gobierno del presidente David Granger calificara el decreto de Maduro como una violación flagrante del derecho internacional, solicitara la intervención de la Organización de Naciones Unidas y advirtiera que estaba listo para defender la integridad territorial de su país.
Bogotá, por su parte, reclamó por la Zodimain Occidental, que encierra aguas pendientes por delimitar en el Mar Caribe. “No pueden asumirse como venezolanas, por cuanto siguen en controversia o no se ajustan a lo acordado bilateralmente”, dijo en la nota de protesta enviada a Venezuela.
La reacción del gobierno del presidente Juan Manuel Santos se ha limitado hasta ahora a solicitar que se adopten las medidas necesarias para corregir el decreto. “Lo vamos a mantener a nivel diplomático”, declaró la canciller María Ángela Holguín.
El hecho de que las objeciones de Guyana y Colombia a las Zodimain estén relacionadas con aguas en disputa pone en evidencia los pocos avances en la delimitación de las áreas marinas desde la llegada al poder del fallecido presidente Hugo Chávez en 1999.
Mecanismos abandonados. La delimitación marítima con ambos países es tarea de comisiones bilaterales (la de Guyana es producto del Acuerdo de Ginebra –firmado en 1966– y la de Colombia fue creada en 1990 con estatus presidencial) que no se han reunido durante los últimos años.
“La situación en el este y en el oeste son totalmente distintas, pero lo que es igual es la poca atención que se le ha prestado. No puede ser que por años no se haya hecho nada y ahora se quiera arreglar todo con un decreto”, dice Aníbal Martínez, presidente del Frente Pro-Defensa del Petróleo.
Emilio Figueredo, exembajador de Venezuela ante la ONU para la aplicación del Acuerdo de Ginebra, agrega que la situación empeora cuando se trata de un decreto sin fundamento legal: “Ningún Estado puede delimitar de manera unilateral aguas en discusión”.
Figueredo advierte que otros reclamos pueden sumarse a los de Guyana y Colombia porque la llamada Zodimain Oriental puede ser objetada por varias islas del Caribe con los que Venezuela aún no ha logrado delimitar sus áreas marinas y submarinas.
El embajador Oscar Hernández cree que la promulgación de un decreto que ha causado tantos reclamos es consecuencia del abandono de los mecanismos formales. “Si no se reúnen las comisiones bilaterales y no se hace seguimiento a los asuntos en discusión, se abren espacios para las confusiones”.
Los especialistas coinciden, además, en que el decreto 1.787 refleja la forma de tomar decisiones del gobierno: sin consultar a los especialistas ni evaluar las consecuencias a largo plazo. “Los asuntos de cualquier tipo son tratados de manera irregular”, dice Martínez.
“No están funcionando los mecanismos de evaluación ni de diálogo con la sociedad. Tienes dispersos a una cantidad de especialistas que pudieran ser consultados para la toma de decisiones en esta materia, que requiere políticas de Estado”, agrega Hernández.
Figueredo advierte que este tipo de acciones deterioran la imagen del país y afectan los intereses nacionales. “El decreto no sólo unió a naciones como Guyana y Colombia en protestas hacia Venezuela, sino que puede traer efectos legales porque es cuestionable desde el punto de vista del Derecho Internacional”.
¿Política interna? Hay quienes atribuyen la reanimación de las disputas territoriales con Guyana y Colombia a un intento del gobierno de Maduro por generar un sentimiento nacionalista que pueda capitalizar políticamente en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.
La insistencia de Caracas en poner en el centro de la disputa con Georgetown a Exxon Mobil –que descubrió petróleo en un campo ubicado en las aguas por delimitar– parece confirmarlo. Los especialistas consultados no suscriben la tesis, pero tampoco la descartan.
Martínez considera que es contradictorio que solo se acuse a la petrolera de Estados Unidos cuando también hay una empresa de China en el consorcio que hizo el descubrimiento petrolífero.
Figueredo agrega que el gobierno también se contradice al protestar por esa concesión, pero no por las que han sido otorgadas en el territorio Esequibo y en áreas marítimas que no están en discusión (Plataforma Deltana).
Hernández advierte que es peligroso usar estos asuntos para política interna. “Las reclamaciones se mantienen firmes no generando bulla ni conflictos, sino usando los mecanismos establecidos y respetando las leyes internacionales”.
Publicado en El Nacional
miércoles, 1 de julio de 2015
Petrocaribe diversificará intercambio comercial
Los países de Petrocaribe acordaron avanzar hacia la creación de la zona económica del bloque, una propuesta que busca diversificar el intercambio comercial pero lleva años en el tintero, con la creación del Grupo de Trabajo de Comercio e Integración.
En una reunión realizada lunes y martes en Caracas por el décimo aniversario del acuerdo, suscrito en 2005 por iniciativa del fallecido presidente Hugo Chávez, Venezuela presentó un papel de trabajo sobre la zona económica e invitó a los demás países a discutirlo.
El ministro de Energía y Petróleo, Asdrúbal Chávez, informó que los avances en la construcción de la Zona Económica de Petrocaribe se presentarán en la reunión que el grupo realizará en Jamaica.
En el encuentro de esta semana también se habló sobre la integración en materia educativa, con propuestas como el Espacio Común Universitario y el Consejo de Ministros de Educación de Petrocaribe.
Publicado en El Nacional
En una reunión realizada lunes y martes en Caracas por el décimo aniversario del acuerdo, suscrito en 2005 por iniciativa del fallecido presidente Hugo Chávez, Venezuela presentó un papel de trabajo sobre la zona económica e invitó a los demás países a discutirlo.
El ministro de Energía y Petróleo, Asdrúbal Chávez, informó que los avances en la construcción de la Zona Económica de Petrocaribe se presentarán en la reunión que el grupo realizará en Jamaica.
En el encuentro de esta semana también se habló sobre la integración en materia educativa, con propuestas como el Espacio Común Universitario y el Consejo de Ministros de Educación de Petrocaribe.
Publicado en El Nacional
Suscribirse a:
Entradas (Atom)