Argentina celebra hoy las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que definirán cuáles son los partidos que competirán en las elecciones de octubre y quiénes serán los postulados a los cargos en disputa, que incluyen la Presidencia de la República.
La carrera por suceder a Cristina Fernández de Kirchner, que gobierna desde 2007 y no puede aspirar a un tercer mandato consecutivo, cuenta con 13 precandidatos, pero solo 3 tienen posibilidades reales de llegar a la primera magistratura, según las encuestas.
El gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, lidera los sondeos con 38% de intención de voto. Al ser el único precandidato de la coalición oficialista, el Frente para la Victoria, las primarias serán para él tan solo una prueba de fuerza.
“No cabe duda de que será la primera minoría: cuánto más se acerque a 40% y mayor sea su diferencia sobre la alianza que lidera Mauricio Macri, más fuerte será su triunfo electoral”, opina el politólogo Rosendo Fraga, del centro de estudios Nueva Mayoría.
Macri, alcalde de Buenos Aires y líder de Propuesta Republicana, es segundo en las encuestas con 31%, por lo que no debería tener problemas para superar al senador Ernesto Sanz y la diputada Elisa Carrió en las primarias de la alianza Cambiemos (centro).
“Si la suma de (los precandidatos de) Cambiemos queda a cinco puntos o menos de Scioli, Macri logrará hacer creíble que en octubre puede haber segunda vuelta. Si la diferencia es mayor, le será más difícil imponer esta perspectiva”, señala Fraga.
El tercero en disputa con 15% de intención de voto es el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, que competirá con el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, para ser el postulado de Una Alianza Alternativa (peronismo disidente).
“Para hacer creíble que pueden competir con Macri por el segundo lugar deberían quedar a no más de cinco puntos de él. Si no es así, este espacio corre el riesgo de sufrir el efecto de la polarización, que en las últimas semanas ha logrado contener”, advierte Fraga.
Guía de campaña. Adolfo Salgueiro, profesor de Derecho Internacional, señala que la ventaja de los tres principales candidatos en los sondeos hace que las primarias sirvan, más que para definir postulados, para medir fuerzas y ajustar estrategias.
“En el oficialismo no hay competencia. Los resultados de hoy servirán a Scioli para saber si puede ganar en primera vuelta o necesitará balotaje. Eso definirá cómo será la campaña para las elecciones de octubre”, indica Salgueiro.
En el caso de la oposición, agrega el internacionalista, lo que se busca es determinar si hay posibilidades reales de forzar una segunda vuelta en octubre, lo cual dependerá de algo más que la suma de los votos de Macri y Massa.
Salgueiro explica que en Argentina solo hay balotaje cuando se cumplen dos condiciones: que el ganador de la primera vuelta obtenga menos de 40% de los votos y que la ventaja sobre su competidor más inmediato sea inferior a 10 puntos porcentuales.
Eso hace que una división paritaria de los votos opositores resulte perjudicial. “Si el que salga segundo en las primarias está en condiciones de disputar un balotaje, el que llegue tercero tendrá que definir si le transferirá su voto”, indica el internacionalista.
En busca de espacio. Además de la media docena de precandidatos de las tres grandes alianzas, hay siete postulados por partidos minoritarios, cuyo objetivo principal es superar el mínimo necesario (1,5% de los votos) para participar en las elecciones de octubre.
“Estos grupos no cuentan para la elección presidencial, pero las primarias les sirven para medir cuánta simpatía tienen entre la población porque, como no es la elección definitiva, no hay economía del voto”, apunta Salgueiro.
La lista incluye a la diputada Margarita Stolbizer, precandidata de Progresistas, un frente integrado por el Partido Socialista, Generación para un Encuentro Nacional y Libres del Sur, entre otros.
El ex presidente interino y ex gobernador de la provincia de San Luis Adolfo Rodríguez Saá es el postulado de Compromiso Federal; mientras que el diputado Víctor de Gennaro es el precandidato del Frente Popular.
El sector más izquierdista del espectro político cuenta con aspirantes como Alejandro Bodart (alianza Movimiento Socialista de los Trabajadores y Nueva Izquierda) y Manuela Castiñeira (Movimiento al Socialismo).
También tiene la única alianza minoritaria que definirá su candidato presidencial entre dos opciones: Jorge Altamira (Partido Obrero) y Nicolás Del Caño (Partido Socialista de los Trabajadores) competirán por ser el postulado del Frente de Izquierda.
Publicado en El Nacional
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domingo, 9 de agosto de 2015
jueves, 13 de noviembre de 2014
Daniel Rafecas: “La clave del prestigio del Poder Judicial son jueces libres de presión”
La Confederación de Asociaciones Israelítas de Venezuela invitó a los actos en el país para conmemorar el aniversario de la Noche de los Cristales Rotos, ocurrida el 9 de noviembre de 1938, al abogado y juez argentino Daniel Rafecas, que desde hace 15 años se ha dedicado a estudiar el tema del Holocausto. Afirma que la indignación frente a injusticias suele disminuir cuando se hace algo para reparar o cambiar la situación. "No ha sido el caso del Holocausto. Me generó una indignación que nunca se ha ido y que me impulsa a seguir el camino de investigar, estudiar y extraer las enseñanzas que esos acontecimientos dejaron".
–¿Qué se puede hacer, ahora que quedan menos sobrevivientes, para preservar la memoria del Holocausto?
–Efectivamente nos estamos quedando sin sobrevivientes. Lo que queda es apostar en dos sentidos. Primero comprometer a los países en introducir en los contenidos formales de todos los niveles educativos la historia del Holocausto y del fascismo. Ese debería ser el siguiente paso en Venezuela, donde la Asamblea Nacional sancionó por unanimidad un acuerdo para instaurar la Conmemoración Anual de la Memoria de las Víctimas del Holocausto (27 de enero). Lo segundo es crear conciencia y los medios de comunicación cumplen un papel fundamental porque tienen penetración en todos los niveles sociales y en todas las regiones.
–Ante amenazas como el Estado Islámico, ¿qué importancia tiene recordar el Holocausto?
–Lo que ocurre con el Estado Islámico es un ejemplo de las falencias que tenemos en el mundo: la humanidad no ha recogido todavía las enseñanzas del Holocausto y de otros genocidios (Camboya, Balcanes, Ruanda). Hay una preocupación de la comunidad internacional y destaco la posición del papa Francisco sobre los cristianos que son masacrados y expulsados de sus territorios por una minoría fanática, intolerante y criminal. Eso debería generar un repudio mucho mayor en nuestras sociedades.
–En el caso de América Latina, ¿cómo evalúa la situación de los derechos humanos?
–En líneas generales ha habido una mejora sustancial. Especialmente porque ya no tenemos dictaduras militares, lo que es un gran avance. Por supuesto que tenemos déficits. Pero en el caso de Argentina nos sentimos orgullosos y satisfechos por los logros en las investigaciones judiciales independientes y con respeto al debido proceso de los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura. Un proceso en el cual participo y que ha permitido llevar al banquillo a 1.000 personas y dar reconocimiento a 10.000 víctimas. Argentina lidera un modelo de verdad, justicia y memoria con respecto al pasado de violencia de Estado que es reconocido a nivel mundial.
–¿Qué importancia tienen organismos regionales como Mercosur en la lucha por los derechos humanos?
–En la región tenemos varias instancias para abordar estos asuntos. Históricamente la vía para presionar por el respeto a derechos fundamentales ha sido la OEA, la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Corte. El Mercosur es un ámbito importante, pero limitado a velar o reforzar el cumplimiento de derechos económicos y sociales.
–Los protocolos del Mercosur hablan de reforzar el sistema interamericano de derechos humanos.
–Claro. Es como una confirmación de que la vía institucional que hay en la región para procurar una mejora en los niveles de dignidad y libertad es la CIDH.
–Venezuela decidió abandonar esa instancia. ¿Qué consecuencias tiene eso?
–Es un retroceso porque la CIDH lo que hace es velar por el cumplimiento de cláusulas que están contenidas en las convenciones de derechos humanos firmadas. Prescindir de un tribunal que vela por el cumplimiento de este tipo de derechos en los países miembros, tiene que ser visto como algo lamentable.
–¿Qué pueden hacer las víctimas de abusos que ya no cuentan con la CIDH para lograr justicia?
–Hay un Comité de Derechos Humanos y otras instancias en la ONU. Hay un relator especial contra la tortura, que es el argentino Juan Méndez. También hay un comité contra la desaparición forzada. Hay mecanismos que no dependen de la OEA y que pueden suplir ese vacío al que usted se refiere.
–Ha estado involucrado en casos polémicos como el juicio al actual vicepresidente de Argentina, que tienden a politizarse. ¿Cómo evitarlo?
–Es una buena pregunta y me gustaría tener la respuesta. Haría mucho más llevadera la labor de un juez federal que, le guste o no, tiene que lidiar con cuestiones de la vida política del país. Allí hay una tensión inevitable entre un Poder Judicial independiente y el poder político. Y eso genera muchas veces un intento de politización de los fallos judiciales, que son decisiones técnicas tomadas en un proceso penal a partir de las pruebas que se presentan. La manera de evitarlo es que la clase política tenga un gran respeto por la labor del Poder Judicial, como hay en países desarrollados.
–Eso requiere un sistema judicial con credibilidad. ¿Qué se necesita para lograrlo?
–Hay dos cuestiones fundamentales. Una es la independencia del poder político, garantizada por las reglas de la Constitución. La otra es la autonomía presupuestaria. También se debe contar con un modelo transparente, profesional y serio de designación y remoción de magistrados. Esto es decisivo. La clave del prestigio del Poder Judicial son jueces libres de todo tipo de presión, no solamente del poder político sino también económico y mediático. Esa tranquilidad de espíritu que necesita el juez para hacer su trabajo redunda en un correcto funcionamiento, y hace al sistema judicial predecible y prestigioso.
Publicado en El Nacional
–¿Qué se puede hacer, ahora que quedan menos sobrevivientes, para preservar la memoria del Holocausto?
–Efectivamente nos estamos quedando sin sobrevivientes. Lo que queda es apostar en dos sentidos. Primero comprometer a los países en introducir en los contenidos formales de todos los niveles educativos la historia del Holocausto y del fascismo. Ese debería ser el siguiente paso en Venezuela, donde la Asamblea Nacional sancionó por unanimidad un acuerdo para instaurar la Conmemoración Anual de la Memoria de las Víctimas del Holocausto (27 de enero). Lo segundo es crear conciencia y los medios de comunicación cumplen un papel fundamental porque tienen penetración en todos los niveles sociales y en todas las regiones.
–Ante amenazas como el Estado Islámico, ¿qué importancia tiene recordar el Holocausto?
–Lo que ocurre con el Estado Islámico es un ejemplo de las falencias que tenemos en el mundo: la humanidad no ha recogido todavía las enseñanzas del Holocausto y de otros genocidios (Camboya, Balcanes, Ruanda). Hay una preocupación de la comunidad internacional y destaco la posición del papa Francisco sobre los cristianos que son masacrados y expulsados de sus territorios por una minoría fanática, intolerante y criminal. Eso debería generar un repudio mucho mayor en nuestras sociedades.
–En el caso de América Latina, ¿cómo evalúa la situación de los derechos humanos?
–En líneas generales ha habido una mejora sustancial. Especialmente porque ya no tenemos dictaduras militares, lo que es un gran avance. Por supuesto que tenemos déficits. Pero en el caso de Argentina nos sentimos orgullosos y satisfechos por los logros en las investigaciones judiciales independientes y con respeto al debido proceso de los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura. Un proceso en el cual participo y que ha permitido llevar al banquillo a 1.000 personas y dar reconocimiento a 10.000 víctimas. Argentina lidera un modelo de verdad, justicia y memoria con respecto al pasado de violencia de Estado que es reconocido a nivel mundial.
–¿Qué importancia tienen organismos regionales como Mercosur en la lucha por los derechos humanos?
–En la región tenemos varias instancias para abordar estos asuntos. Históricamente la vía para presionar por el respeto a derechos fundamentales ha sido la OEA, la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Corte. El Mercosur es un ámbito importante, pero limitado a velar o reforzar el cumplimiento de derechos económicos y sociales.
–Los protocolos del Mercosur hablan de reforzar el sistema interamericano de derechos humanos.
–Claro. Es como una confirmación de que la vía institucional que hay en la región para procurar una mejora en los niveles de dignidad y libertad es la CIDH.
–Venezuela decidió abandonar esa instancia. ¿Qué consecuencias tiene eso?
–Es un retroceso porque la CIDH lo que hace es velar por el cumplimiento de cláusulas que están contenidas en las convenciones de derechos humanos firmadas. Prescindir de un tribunal que vela por el cumplimiento de este tipo de derechos en los países miembros, tiene que ser visto como algo lamentable.
–¿Qué pueden hacer las víctimas de abusos que ya no cuentan con la CIDH para lograr justicia?
–Hay un Comité de Derechos Humanos y otras instancias en la ONU. Hay un relator especial contra la tortura, que es el argentino Juan Méndez. También hay un comité contra la desaparición forzada. Hay mecanismos que no dependen de la OEA y que pueden suplir ese vacío al que usted se refiere.
–Ha estado involucrado en casos polémicos como el juicio al actual vicepresidente de Argentina, que tienden a politizarse. ¿Cómo evitarlo?
–Es una buena pregunta y me gustaría tener la respuesta. Haría mucho más llevadera la labor de un juez federal que, le guste o no, tiene que lidiar con cuestiones de la vida política del país. Allí hay una tensión inevitable entre un Poder Judicial independiente y el poder político. Y eso genera muchas veces un intento de politización de los fallos judiciales, que son decisiones técnicas tomadas en un proceso penal a partir de las pruebas que se presentan. La manera de evitarlo es que la clase política tenga un gran respeto por la labor del Poder Judicial, como hay en países desarrollados.
–Eso requiere un sistema judicial con credibilidad. ¿Qué se necesita para lograrlo?
–Hay dos cuestiones fundamentales. Una es la independencia del poder político, garantizada por las reglas de la Constitución. La otra es la autonomía presupuestaria. También se debe contar con un modelo transparente, profesional y serio de designación y remoción de magistrados. Esto es decisivo. La clave del prestigio del Poder Judicial son jueces libres de todo tipo de presión, no solamente del poder político sino también económico y mediático. Esa tranquilidad de espíritu que necesita el juez para hacer su trabajo redunda en un correcto funcionamiento, y hace al sistema judicial predecible y prestigioso.
Publicado en El Nacional
miércoles, 1 de octubre de 2014
Argentina desestima estar en desacato por impago de deuda
Argentina depositó en Buenos Aires 161 millones de dólares para cumplir con otro vencimiento de pago con acreedores que aceptaron el canje de deuda en desafío a la justicia de Estados Unidos, que considera ilegal esta estrategia, informó AFP.
El Ministerio de Economía de Argentina precisó, en un comunicado, que el dinero depositado corresponde a los intereses de los títulos Bonos Par emitidos en los canjes de deuda soberana de los años 2005 y 2010.
"La República Argentina ratifica una vez más su compromiso inquebrantable de cumplir sus obligaciones con respecto a los bonistas y contribuir mediante las medidas que estén a su alcance a preservar su derecho a cobrar", agrega el despacho.
El depósito es el primero que se realiza gracias a una ley aprobada en el Congreso para habilitar una ventanilla local para el cobro, lo que permite eludir el bloqueo judicial de fondos dispuesto por el juez Thomas Griesa en Nueva York.
El juez mantiene bloqueados 539 millones de dólares que Argentina depositó en el Bank of New York, por un vencimiento anterior de bonos reestructurados, para obligar al país a cumplir la sentencia a favor de los fondos especulativos que no aceptaron el canje.
La situación llevó al país a un default parcial el 30 de julio. Otro tramo del vencimiento, que debe pagarse a través del Citibank Argentina, fue autorizado por Griesa luego de un pedido de esa entidad bancaria.
Rechazan medida. En la audiencia del lunes, Griesa declaró a Argentina en desacato civil por tomar lo que calificó de pasos ilegales para eludir la sentencia, que la obliga a pagar 1,33 millardos de dólares por bonos en default desde 2001.
Los fondos NML Capital y Aurelius habían efectuado el pedido con el argumento de que el país "ha violado de manera repetida y descarada las órdenes del tribunal, dejando claro que no tiene respeto por esas órdenes, el tribunal o el sistema judicial de Estados Unidos".
Tras la declaratoria de desacato, la Cancillería de Argentina afirmó que la orden de Griesa es "violatoria del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y de la Carta de la Organización de los Estados Americanos".
El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, restó trascendencia a la decisión por considerar que no tiene fundamento ni impacto alguno. Añadió que eventuales sanciones serían inaplicables porque la ley de inmunidad soberana prohíbe multar a Estados extranjeros.
Impacto simbólico. El economista Alfredo Puerta, socio fundador de la consultora Estrategia Financiera, explicó que la decisión de Griesa no tiene consecuencias directas en la economía argentina ni en las finanzas públicas.
Señaló que el impacto es más simbólico porque afecta la percepción del país en los mercados financieros. "Lo que ven es más posibilidades de que haya problemas en el manejo de la deuda y obviamente eso aumenta el riesgo percibido de los bonos", dijo.
Destacó que la medida también ahuyenta a inversionistas potenciales, pues estos perciben que en algunos casos será necesario llegar a medidas extremas (como un proceso judicial) para que el gobierno argentino cumpla con sus pagos.
El economista Nicolás Dujovne escribió, en el diario La Nación, que Argentina puede ser sancionada con la aplicación de una multa diaria, que sería un castigo simbólico. Agregó que la medida dificulta una posible negociación con los fondos especulativos.
Publicado en El Nacional
El Ministerio de Economía de Argentina precisó, en un comunicado, que el dinero depositado corresponde a los intereses de los títulos Bonos Par emitidos en los canjes de deuda soberana de los años 2005 y 2010.
"La República Argentina ratifica una vez más su compromiso inquebrantable de cumplir sus obligaciones con respecto a los bonistas y contribuir mediante las medidas que estén a su alcance a preservar su derecho a cobrar", agrega el despacho.
El depósito es el primero que se realiza gracias a una ley aprobada en el Congreso para habilitar una ventanilla local para el cobro, lo que permite eludir el bloqueo judicial de fondos dispuesto por el juez Thomas Griesa en Nueva York.
El juez mantiene bloqueados 539 millones de dólares que Argentina depositó en el Bank of New York, por un vencimiento anterior de bonos reestructurados, para obligar al país a cumplir la sentencia a favor de los fondos especulativos que no aceptaron el canje.
La situación llevó al país a un default parcial el 30 de julio. Otro tramo del vencimiento, que debe pagarse a través del Citibank Argentina, fue autorizado por Griesa luego de un pedido de esa entidad bancaria.
Rechazan medida. En la audiencia del lunes, Griesa declaró a Argentina en desacato civil por tomar lo que calificó de pasos ilegales para eludir la sentencia, que la obliga a pagar 1,33 millardos de dólares por bonos en default desde 2001.
Los fondos NML Capital y Aurelius habían efectuado el pedido con el argumento de que el país "ha violado de manera repetida y descarada las órdenes del tribunal, dejando claro que no tiene respeto por esas órdenes, el tribunal o el sistema judicial de Estados Unidos".
Tras la declaratoria de desacato, la Cancillería de Argentina afirmó que la orden de Griesa es "violatoria del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y de la Carta de la Organización de los Estados Americanos".
El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, restó trascendencia a la decisión por considerar que no tiene fundamento ni impacto alguno. Añadió que eventuales sanciones serían inaplicables porque la ley de inmunidad soberana prohíbe multar a Estados extranjeros.
Impacto simbólico. El economista Alfredo Puerta, socio fundador de la consultora Estrategia Financiera, explicó que la decisión de Griesa no tiene consecuencias directas en la economía argentina ni en las finanzas públicas.
Señaló que el impacto es más simbólico porque afecta la percepción del país en los mercados financieros. "Lo que ven es más posibilidades de que haya problemas en el manejo de la deuda y obviamente eso aumenta el riesgo percibido de los bonos", dijo.
Destacó que la medida también ahuyenta a inversionistas potenciales, pues estos perciben que en algunos casos será necesario llegar a medidas extremas (como un proceso judicial) para que el gobierno argentino cumpla con sus pagos.
El economista Nicolás Dujovne escribió, en el diario La Nación, que Argentina puede ser sancionada con la aplicación de una multa diaria, que sería un castigo simbólico. Agregó que la medida dificulta una posible negociación con los fondos especulativos.
Publicado en El Nacional
jueves, 31 de julio de 2014
Señalan a Pdvsa de pagar con sobreprecio buques argentino
Petróleos de Venezuela ha gastado hasta 60% más por los buques encargados al Astillero Río Santiago de Argentina en 2004, como parte de los acuerdos firmados por ambos países durante los mandatos de los presidentes Hugo Chávez y Néstor Kirchner, informó el diario Clarín.
El precio de los barcos está alrededor de 75 millones de dólares, según los trabajadores del astillero, pero fuentes no identificadas por Clarín dijeron que la petrolera venezolana ha pagado 120 millones de dólares (60% más) por las embarcaciones que la naviera argentina le está construyendo.
Además, el presidente de Río Santiago, Héctor Scavuzzo, admitió en una entrevista con la Radio Nacional de Argentina (pública) que el contrato con Pdvsa establece la fabricación de 2 buques con un valor unitario de 112 millones de dólares, es decir, 49% más que el costo de este tipo de barcos.
Clarín recuerda que el anuncio original de Chávez fue la compra de ocho tanqueros, pero que al final Pdvsa solo contrató dos, con opción a dos más. El primero, bautizado Eva Perón, se encuentra a flote en etapa de alistamiento y prueba desde 2012 y el segundo, llamado Juana Azurduy, está en construcción con 68% de avance.
El diario agrega que la fabricación de las embarcaciones ha afrontado dificultades desde el principio. La primera fue la falta de planos, que estuvieron a cargo de una empresa brasileña que los envió en 2010.
Otro problema ha sido la adquisición de los materiales. Pdvsa se encargaba al principio, pero llegaban con meses de retraso. Luego Río Santiago asumió el proceso de compra, pero recibe el dinero a cuentagotas por la escasez de divisas en Venezuela.
El secretario general del sindicato ATE Ensenada, José Omar Juárez, añadió otro factor: el distanciamiento entre los gobiernos, que quedó evidenciado con la ausencia de autoridades venezolanas en la botadura del Eva Perón.
Historia repetida. No es la primera denuncia de sobreprecio relacionada con las transacciones entre Argentina y Venezuela. A principios de julio, Clarín reveló que BioArt vendió arroz a Mercal a un precio que duplica el valor del producto en el mercado internacional.
Reportó que los envíos de la empresa argentina se facturaron a 700 dólares por tonelada, cuando el arroz se cotizaba entre 300 y 350 dólares por tonelada. Agregó que BioArt es proveedor de Venezuela desde 2008.
Publicado en El Nacional
El precio de los barcos está alrededor de 75 millones de dólares, según los trabajadores del astillero, pero fuentes no identificadas por Clarín dijeron que la petrolera venezolana ha pagado 120 millones de dólares (60% más) por las embarcaciones que la naviera argentina le está construyendo.
Además, el presidente de Río Santiago, Héctor Scavuzzo, admitió en una entrevista con la Radio Nacional de Argentina (pública) que el contrato con Pdvsa establece la fabricación de 2 buques con un valor unitario de 112 millones de dólares, es decir, 49% más que el costo de este tipo de barcos.
Clarín recuerda que el anuncio original de Chávez fue la compra de ocho tanqueros, pero que al final Pdvsa solo contrató dos, con opción a dos más. El primero, bautizado Eva Perón, se encuentra a flote en etapa de alistamiento y prueba desde 2012 y el segundo, llamado Juana Azurduy, está en construcción con 68% de avance.
El diario agrega que la fabricación de las embarcaciones ha afrontado dificultades desde el principio. La primera fue la falta de planos, que estuvieron a cargo de una empresa brasileña que los envió en 2010.
Otro problema ha sido la adquisición de los materiales. Pdvsa se encargaba al principio, pero llegaban con meses de retraso. Luego Río Santiago asumió el proceso de compra, pero recibe el dinero a cuentagotas por la escasez de divisas en Venezuela.
El secretario general del sindicato ATE Ensenada, José Omar Juárez, añadió otro factor: el distanciamiento entre los gobiernos, que quedó evidenciado con la ausencia de autoridades venezolanas en la botadura del Eva Perón.
Historia repetida. No es la primera denuncia de sobreprecio relacionada con las transacciones entre Argentina y Venezuela. A principios de julio, Clarín reveló que BioArt vendió arroz a Mercal a un precio que duplica el valor del producto en el mercado internacional.
Reportó que los envíos de la empresa argentina se facturaron a 700 dólares por tonelada, cuando el arroz se cotizaba entre 300 y 350 dólares por tonelada. Agregó que BioArt es proveedor de Venezuela desde 2008.
Publicado en El Nacional
domingo, 6 de julio de 2014
Escándalo Boudou amenaza a Cristina Kirchner
El proceso judicial contra el vicepresidente de Argentina, Amado Boudou, es uno de los escándalos más graves que ha tenido que enfrentar el gobierno de la presidente Cristina Fernández de Kirchner, ya que sus implicaciones podrían afectar la continuidad del oficialismo en el poder. Es además, la primera vez, en la historia de Argentina que un vicepresidente en funciones es procesado por presunta corrupción.
Marcos Novaro, consejero académico del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina de Argentina, explicó que el juicio contra Boudou no es el único caso que ha afectado el kirchnerismo, ni es el más fuerte en cuanto a la malversación de recursos (como el Caso Báez que comprometió el patrimonio del matrimonio Kirchner), pero generará un alto costo político que debilitará directamente al Ejecutivo "en un momento en que se encuentra agobiado por el litigio del caso de los fondos buitres y por los problemas económicos que sufre el país".
Rosendo Fraga, director del Centro de Estudios Nueva Mayoría de Argentina, abundó en este sentido al destacar que, a diferencia de Venezuela, la justicia en Argentina parece estar menos sesgada. "Hay crecientes muestras de independencia del Poder Judicial, que se ha convertido en un campo de batalla para la política", expresó.
Novaro agregó que el caso Boudou refleja que en Argentina fracasó el intento del Ejecutivo de disciplinar a los jueces y someterlos. "El gobierno de Fernández no pudo cambiar tantos jueces como lo hizo el chavismo en Venezuela", comparó.
Otra particularidad de este juicio ha sido que en Argentina los periodistas han tenido responsabilidad directa en la denuncia y en el seguimiento del caso. Los ciudadanos han conocido los pormenores de una trama que salpica a las altas esferas del gobierno porque los medios han tenido acceso a ello.
Ciccone. El proceso contra Boudou es conocido por la opinión pública como el Caso Ciccone. El juez Ariel Lijo imputó al vicepresidente por haberse quedado a través de la empresa fantasma The Old Found y de un testaferro con 70% de la empresa Ciccone Calcográfica, que tiene el monopolio de la impresión del papel moneda en Argentina, a cambio de haber intervenido para evitar la quiebra de esa firma en 2010, mientras estuvo al frente del Ministerio de Economía.
El fiscal federal de Argentina Jorge Di Lello expresó que si no se presentan otros obstáculos, el juicio contra Boudou se realizará después de julio de 2015, durante el último tramo del mandato de Fernández, ya que las elecciones presidenciales se celebrarán en octubre de ese año.
Lijo presentó como prueba decisiva para dictar la acusación, un cruce de reuniones y llamadas telefónicas realizadas entre los principales acusados (la secretaria de Boudou, Agustina Kämpfer; su asistente, Eduardo Romano; su socio José Núñez Carmona; el testaferro, Alejandro Vandenbroele y el empresario Nicolás Ciccone) que revelan los pormenores del delito. Según consta en el expediente judicial, el asistente del vicepresidente se comunicó numerosas veces con un teléfono de The Old Fund, el misterioso fondo que se quedó con la imprenta de valores.
La situación podría complicarse para el funcionario, que se le vincula con otros delitos como enriquecimiento ilícito, presunta intervención en el financiamiento de la provincia de Formosa y la dudosa compra de un vehículo con documentación falsa.
Fernández designó a Boudou como su compañero de fórmula para las elecciones de 2011. Ha sido criticada por el silencio que ha mantenido acerca del proceso contra su vicepresidente. Fraga consideró que la mandataria, aunque no ha hablado explícitamente del caso, defiende al vicepresidente al atacar fuertemente a la justicia y los medios de comunicación.
El jueves pasado la mayoría oficialista del Congreso dio su respaldo al funcionario al rechazar el juicio político solicitado por la oposición.
Los analistas aseguraron que Bodou se mantendrá en el gobierno, aunque Novaro destacó que su permanencia ha producido divisiones dentro del Ejecutivo. "En el gobierno hay muchos actores que creen que es necesario remover al vicepresidente del cargo por las consecuencias que supone para el poder político", concluyó.
Escrito con Anna Carolina Maier. Publicado en El Nacional
Marcos Novaro, consejero académico del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina de Argentina, explicó que el juicio contra Boudou no es el único caso que ha afectado el kirchnerismo, ni es el más fuerte en cuanto a la malversación de recursos (como el Caso Báez que comprometió el patrimonio del matrimonio Kirchner), pero generará un alto costo político que debilitará directamente al Ejecutivo "en un momento en que se encuentra agobiado por el litigio del caso de los fondos buitres y por los problemas económicos que sufre el país".
Rosendo Fraga, director del Centro de Estudios Nueva Mayoría de Argentina, abundó en este sentido al destacar que, a diferencia de Venezuela, la justicia en Argentina parece estar menos sesgada. "Hay crecientes muestras de independencia del Poder Judicial, que se ha convertido en un campo de batalla para la política", expresó.
Novaro agregó que el caso Boudou refleja que en Argentina fracasó el intento del Ejecutivo de disciplinar a los jueces y someterlos. "El gobierno de Fernández no pudo cambiar tantos jueces como lo hizo el chavismo en Venezuela", comparó.
Otra particularidad de este juicio ha sido que en Argentina los periodistas han tenido responsabilidad directa en la denuncia y en el seguimiento del caso. Los ciudadanos han conocido los pormenores de una trama que salpica a las altas esferas del gobierno porque los medios han tenido acceso a ello.
Ciccone. El proceso contra Boudou es conocido por la opinión pública como el Caso Ciccone. El juez Ariel Lijo imputó al vicepresidente por haberse quedado a través de la empresa fantasma The Old Found y de un testaferro con 70% de la empresa Ciccone Calcográfica, que tiene el monopolio de la impresión del papel moneda en Argentina, a cambio de haber intervenido para evitar la quiebra de esa firma en 2010, mientras estuvo al frente del Ministerio de Economía.
El fiscal federal de Argentina Jorge Di Lello expresó que si no se presentan otros obstáculos, el juicio contra Boudou se realizará después de julio de 2015, durante el último tramo del mandato de Fernández, ya que las elecciones presidenciales se celebrarán en octubre de ese año.
Lijo presentó como prueba decisiva para dictar la acusación, un cruce de reuniones y llamadas telefónicas realizadas entre los principales acusados (la secretaria de Boudou, Agustina Kämpfer; su asistente, Eduardo Romano; su socio José Núñez Carmona; el testaferro, Alejandro Vandenbroele y el empresario Nicolás Ciccone) que revelan los pormenores del delito. Según consta en el expediente judicial, el asistente del vicepresidente se comunicó numerosas veces con un teléfono de The Old Fund, el misterioso fondo que se quedó con la imprenta de valores.
La situación podría complicarse para el funcionario, que se le vincula con otros delitos como enriquecimiento ilícito, presunta intervención en el financiamiento de la provincia de Formosa y la dudosa compra de un vehículo con documentación falsa.
Fernández designó a Boudou como su compañero de fórmula para las elecciones de 2011. Ha sido criticada por el silencio que ha mantenido acerca del proceso contra su vicepresidente. Fraga consideró que la mandataria, aunque no ha hablado explícitamente del caso, defiende al vicepresidente al atacar fuertemente a la justicia y los medios de comunicación.
El jueves pasado la mayoría oficialista del Congreso dio su respaldo al funcionario al rechazar el juicio político solicitado por la oposición.
Los analistas aseguraron que Bodou se mantendrá en el gobierno, aunque Novaro destacó que su permanencia ha producido divisiones dentro del Ejecutivo. "En el gobierno hay muchos actores que creen que es necesario remover al vicepresidente del cargo por las consecuencias que supone para el poder político", concluyó.
Escrito con Anna Carolina Maier. Publicado en El Nacional
martes, 13 de agosto de 2013
Primarias fueron peor elección del kirchnerismo desde 2003
Las primarias para las legislativas de octubre fueron la peor elección del kirchnerismo desde 2003. El Frente para la Victoria de la presidente Cristina Fernández de Kirchner no sólo perdió en los cinco distritos más poblados (Buenos Aires, Capital Federal, Córdoba, Mendoza y Santa Fe) sino que también sacó menos votos de lo previsto.
Se esperaba que el FPV obtuviera un tercio de los sufragios, lo que ya era una caída importante con respecto al 54% con que la mandataria fue reelecta en 2011, pero los resultados fueron peores: 27,5% en las listas para el Senado y 26,3% para la Cámara de Diputados. El oficialismo incluso perdió en Santa Cruz, donde los Kirchner iniciaron su carrera política.
Fernández de Kirchner se concentró en destacar que su partido recibió más sufragios que cualquier otro movimiento en todo el país y eso le permite conservar la mayoría en el Congreso, pero analistas dicen que ese argumento resulta insuficiente y afirman que la elección representó una derrota para el gobierno.
"El triunfo del oficialismo en el acumulado nacional es un dato tan cierto como previsible. Sólo el FPV se presentó como tal en los 24 distritos de Argentina. Hasta el radicalismo hizo alianzas en muchas provincias que le impiden sumar los votos de todo el país", escribió el periodista Joaquín Morales Solá en el diario La Nación
"Hubo una ola nacional de votos contra el gobierno de Kirchner. En todas las lecturas hizo una mala elección. Tres de cada cuatro personas han votado a la oposición, aunque ésta se presenta muy dividida", declaró el sociólogo Rosendo Fraga, de la consultora Nueva Mayoría, a la agencia AFP.
Fraga indicó que la votación del FPV no sólo estuvo casi 30 puntos por debajo de las presidenciales de 2011 sino que también fue alrededor de 6 puntos menos que en las legislativas de 2009. "Es la peor elección nacional del kirchnerismo desde su llega al poder en 2003", sentenció.
¿Nuevo líder? La victoria de Sergio Massa, alcalde de la comuna de Tigre y ex jefe de gabinete de Fernández de Kirchner, en la provincia de Buenos Aires -que reúne a 11 de los 30,5 millones de votantes que hay en Argentina- lo colocó como posible líder de la oposición.
Massa sumó 35% de los votos contra 29,6% de la lista kirchnerista encabezada por el alcalde de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, que en varios actos de campaña estuvo acompañado por la mandataria. "Ganó con porcentajes más grandes que los que esperaba él mismo. Es un líder imprevisto", apuntó Morales Solá.
Pero el consultor político Carlos Pagni advirtió que la candidatura de Massa tiene un déficit. "Su divorcio del gobierno es muy reciente. Y él agudizó esta debilidad con su estrategia electoral, que intentó desmarcarse de la polarización ", escribió en La Nación.
Publicado en El Nacional
Se esperaba que el FPV obtuviera un tercio de los sufragios, lo que ya era una caída importante con respecto al 54% con que la mandataria fue reelecta en 2011, pero los resultados fueron peores: 27,5% en las listas para el Senado y 26,3% para la Cámara de Diputados. El oficialismo incluso perdió en Santa Cruz, donde los Kirchner iniciaron su carrera política.
Fernández de Kirchner se concentró en destacar que su partido recibió más sufragios que cualquier otro movimiento en todo el país y eso le permite conservar la mayoría en el Congreso, pero analistas dicen que ese argumento resulta insuficiente y afirman que la elección representó una derrota para el gobierno.
"El triunfo del oficialismo en el acumulado nacional es un dato tan cierto como previsible. Sólo el FPV se presentó como tal en los 24 distritos de Argentina. Hasta el radicalismo hizo alianzas en muchas provincias que le impiden sumar los votos de todo el país", escribió el periodista Joaquín Morales Solá en el diario La Nación
"Hubo una ola nacional de votos contra el gobierno de Kirchner. En todas las lecturas hizo una mala elección. Tres de cada cuatro personas han votado a la oposición, aunque ésta se presenta muy dividida", declaró el sociólogo Rosendo Fraga, de la consultora Nueva Mayoría, a la agencia AFP.
Fraga indicó que la votación del FPV no sólo estuvo casi 30 puntos por debajo de las presidenciales de 2011 sino que también fue alrededor de 6 puntos menos que en las legislativas de 2009. "Es la peor elección nacional del kirchnerismo desde su llega al poder en 2003", sentenció.
¿Nuevo líder? La victoria de Sergio Massa, alcalde de la comuna de Tigre y ex jefe de gabinete de Fernández de Kirchner, en la provincia de Buenos Aires -que reúne a 11 de los 30,5 millones de votantes que hay en Argentina- lo colocó como posible líder de la oposición.
Massa sumó 35% de los votos contra 29,6% de la lista kirchnerista encabezada por el alcalde de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, que en varios actos de campaña estuvo acompañado por la mandataria. "Ganó con porcentajes más grandes que los que esperaba él mismo. Es un líder imprevisto", apuntó Morales Solá.
Pero el consultor político Carlos Pagni advirtió que la candidatura de Massa tiene un déficit. "Su divorcio del gobierno es muy reciente. Y él agudizó esta debilidad con su estrategia electoral, que intentó desmarcarse de la polarización ", escribió en La Nación.
Publicado en El Nacional
lunes, 12 de agosto de 2013
Aliados del Gobierno también sancionan a medios críticos
Las multas y sanciones de diferente índole a medios de comunicación críticos no sólo han sido una característica de los mandatos presidenciales de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Los países aliados de ambos gobernantes también han utilizado mecanismos similares para presionar a la prensa independiente.
El caso más reciente ocurrió en Bolivia, gobernada por Evo Morales desde 2006. En junio de este año el Servicio de Impuestos Nacionales embargó la sede de El Diario –el periódico más antiguo del país, con 109 años en circulación– por una deuda tributaria de 18,4 millones de dólares.
"En cumplimiento de la ley y resguardando los intereses del Estado se adoptó la medida de la hipoteca legal sobre los derechos propietarios del inmueble", informó el departamento en un comunicado. Fuentes de la institución dijeron que, aunque el embargo no impide que el periódico siga funcionando, es el paso inicial para el remate de sus bienes.
El Diario considera excesivo el monto reclamado por concepto de impuestos. "Nuestra posición ha sido bien clara. Vamos a honrar todas las deudas tributarias, pero no vamos a pagarlas dos veces", aseguró el director Jorge Carrasco, cuya familia ha dirigido la empresa desde su fundación en 1904.
Carrasco calificó el embargo como un show político para amedrentar. El periódico se comprometió en un comunicado a seguir informando. "El Diario se mantiene firme en su trabajo bajo principios periodísticos de independencia y de defensa de las libertades constitucionales", reza el texto.
El jefe de Estado de Ecuador desde 2006, Rafael Correa, también ha tenido casos similares. El más grave fue la demanda por injuria contra el diario El Universo en 2010, por un artículo que criticaba la actuación del mandatario durante la insurrección de policías ocurrida en septiembre de ese año.
En 2011 el tribunal sentenció al autor del texto el periodista Emilio Palacio y a los tres directivos de El Universo –los hermanos Carlos, César y Nicolás Pérez– a una pena de 3 años de prisión e impuso multas de 10 millones de dólares para cada uno de ellos y para el periódico.
La condena, que significaba la quiebra de la empresa, provocó el rechazo inmediato. La Sociedad Interamericana de Prensa calificó el fallo como un grave zarpazo a la libertad de información y Reporteros Sin Fronteros advirtió sobre el acoso judicial como una estrategia para acallar a los medios.
En 2012, luego de que la Corte Nacional de Justicia rechazara la apelación del diario y confirmara la sentencia de primera instancia, Correa perdonó a los acusados y pidió suspender las penas y las multas, aunque enfatizó que la condena fue merecida y que demostraba que se puede vencer el abuso del poder mediático.
Otros métodos. El gobierno de Cristina Fernández, en Argentina, ha usado mecanismos diferentes aunque con intenciones similares: presionar a la prensa crítica. La Ley de Medios aprobada en 2009 incluye una cláusula antimonopólica que obliga a varias empresas mediáticas a liquidar activos.
El grupo Clarín –el más afectado, aunque no el único– pidió la anulación de esa cláusula y otras tres que considera inconstitucionales e inició una batalla judicial que todavía continúa. En abril de este año un tribunal de apelaciones dictaminó contra la Ley de Medios. El Ejecutivo recurrió ante la Corte Suprema, que aún no ha respondido.
El Gobierno también intenta desde 2009 anular la compra de la empresa Papel Prensa –única fabricante de papel periódico en Argentina– efectuada en 1976 por Clarín, La Nación y La Razón, con el argumento de que la transacción fue hecha de forma irregular.
El proceso está bloqueado en los tribunales. Por eso en mayo de 2013 el oficialismo presentó en el Congreso –donde tiene mayoría– un anteproyecto de ley para declarar de utilidad pública 24% de las acciones de Papel Prensa. Eso daría al Estado, que ya tiene 27%, una participación mayoritaria de 51%.
Mala imagen. Los Gobiernos de Cuba y Nicaragua, socios de Venezuela en la Alianza Bolivariana para las Américas, también figuran entre los que restringen la difusión de información y contribuyen a que la libertad de expresión se deteriore en la región, según organizaciones no gubernamentales.
En la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2013 de Reporteros Sin Fronteras los principales aliados del Gobierno de Maduro retrocedieron posiciones. Argentina cayó del puesto 47 al 54, Nicaragua del 72 al 78, Bolivia del 108 al 109, Ecuador del 104 al 119 y Cuba del 167 al 171. Venezuela mantuvo el mismo lugar (117).
Amnistía Internacional, en su informe de 2013 sobre el estado de los derechos humanos en el mundo, menciona a Bolivia, Cuba y Ecuador como algunos de los países de América Latina donde se producen violaciones y amenazas a la libertad de expresión.
El informe anual de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también hace referencia a las restricciones en Venezuela y sus aliados. Caracas y Quito, de hecho, criticaron el texto en la asamblea general de la Organización de Estados Americanos realizada en Guatemala en julio.
Escrito con Manuel Tovar. Publicado en El Nacional
El caso más reciente ocurrió en Bolivia, gobernada por Evo Morales desde 2006. En junio de este año el Servicio de Impuestos Nacionales embargó la sede de El Diario –el periódico más antiguo del país, con 109 años en circulación– por una deuda tributaria de 18,4 millones de dólares.
"En cumplimiento de la ley y resguardando los intereses del Estado se adoptó la medida de la hipoteca legal sobre los derechos propietarios del inmueble", informó el departamento en un comunicado. Fuentes de la institución dijeron que, aunque el embargo no impide que el periódico siga funcionando, es el paso inicial para el remate de sus bienes.
El Diario considera excesivo el monto reclamado por concepto de impuestos. "Nuestra posición ha sido bien clara. Vamos a honrar todas las deudas tributarias, pero no vamos a pagarlas dos veces", aseguró el director Jorge Carrasco, cuya familia ha dirigido la empresa desde su fundación en 1904.
Carrasco calificó el embargo como un show político para amedrentar. El periódico se comprometió en un comunicado a seguir informando. "El Diario se mantiene firme en su trabajo bajo principios periodísticos de independencia y de defensa de las libertades constitucionales", reza el texto.
El jefe de Estado de Ecuador desde 2006, Rafael Correa, también ha tenido casos similares. El más grave fue la demanda por injuria contra el diario El Universo en 2010, por un artículo que criticaba la actuación del mandatario durante la insurrección de policías ocurrida en septiembre de ese año.
En 2011 el tribunal sentenció al autor del texto el periodista Emilio Palacio y a los tres directivos de El Universo –los hermanos Carlos, César y Nicolás Pérez– a una pena de 3 años de prisión e impuso multas de 10 millones de dólares para cada uno de ellos y para el periódico.
La condena, que significaba la quiebra de la empresa, provocó el rechazo inmediato. La Sociedad Interamericana de Prensa calificó el fallo como un grave zarpazo a la libertad de información y Reporteros Sin Fronteros advirtió sobre el acoso judicial como una estrategia para acallar a los medios.
En 2012, luego de que la Corte Nacional de Justicia rechazara la apelación del diario y confirmara la sentencia de primera instancia, Correa perdonó a los acusados y pidió suspender las penas y las multas, aunque enfatizó que la condena fue merecida y que demostraba que se puede vencer el abuso del poder mediático.
Otros métodos. El gobierno de Cristina Fernández, en Argentina, ha usado mecanismos diferentes aunque con intenciones similares: presionar a la prensa crítica. La Ley de Medios aprobada en 2009 incluye una cláusula antimonopólica que obliga a varias empresas mediáticas a liquidar activos.
El grupo Clarín –el más afectado, aunque no el único– pidió la anulación de esa cláusula y otras tres que considera inconstitucionales e inició una batalla judicial que todavía continúa. En abril de este año un tribunal de apelaciones dictaminó contra la Ley de Medios. El Ejecutivo recurrió ante la Corte Suprema, que aún no ha respondido.
El Gobierno también intenta desde 2009 anular la compra de la empresa Papel Prensa –única fabricante de papel periódico en Argentina– efectuada en 1976 por Clarín, La Nación y La Razón, con el argumento de que la transacción fue hecha de forma irregular.
El proceso está bloqueado en los tribunales. Por eso en mayo de 2013 el oficialismo presentó en el Congreso –donde tiene mayoría– un anteproyecto de ley para declarar de utilidad pública 24% de las acciones de Papel Prensa. Eso daría al Estado, que ya tiene 27%, una participación mayoritaria de 51%.
Mala imagen. Los Gobiernos de Cuba y Nicaragua, socios de Venezuela en la Alianza Bolivariana para las Américas, también figuran entre los que restringen la difusión de información y contribuyen a que la libertad de expresión se deteriore en la región, según organizaciones no gubernamentales.
En la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2013 de Reporteros Sin Fronteras los principales aliados del Gobierno de Maduro retrocedieron posiciones. Argentina cayó del puesto 47 al 54, Nicaragua del 72 al 78, Bolivia del 108 al 109, Ecuador del 104 al 119 y Cuba del 167 al 171. Venezuela mantuvo el mismo lugar (117).
Amnistía Internacional, en su informe de 2013 sobre el estado de los derechos humanos en el mundo, menciona a Bolivia, Cuba y Ecuador como algunos de los países de América Latina donde se producen violaciones y amenazas a la libertad de expresión.
El informe anual de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también hace referencia a las restricciones en Venezuela y sus aliados. Caracas y Quito, de hecho, criticaron el texto en la asamblea general de la Organización de Estados Americanos realizada en Guatemala en julio.
Escrito con Manuel Tovar. Publicado en El Nacional
domingo, 11 de agosto de 2013
Argentina: Elecciones primarias serán un ensayo para las legislativas
Las primarias se han convertido en Argentina más que en un proceso para que cada movimiento político defina a sus candidatos, en un anticipo de lo que sucederá en las elecciones. Por eso, si los resultados de hoy confirman lo que las encuestas anticipan que sucederá, los comicios legislativos del 27 de octubre pudieran dejar insatisfechos tanto al gobierno como a la oposición.
Aunque las primarias deberían servir para definir a los aspirantes de cada partido para esas elecciones, en realidad sólo algunos grupos seleccionarán entre diversas listas de precandidatos. La mayoría presentará postulantes únicos. Eso las convierte en un ensayo de las parlamentarias.
Casi todos los sondeos muestran que en las primarias, el Frente Para La Victoria de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se quedará con poco más de un tercio de los votos aunque ganará la mayoría de los distritos electorales. Las fuerzas opositoras, en tanto, sumarán casi dos tercios de los sufragios porque triunfarán en las principales circunscripciones: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe.
Una votación similar en las parlamentarias representaría para el FPV (formado por el Partido Justicialista y sus aliados) una mejora con respecto al resultado de 2009 y un incremento del número de legisladores que tiene en el Congreso, pero no les alcanzaría para lograr la mayoría necesaria para promover una reforma de la Constitución que permita a la mandataria presentarse a la reelección en las presidenciales de 2015.
Para las opciones contrarias al gobierno, obtener casi dos tercios de los sufragios en las legislativas significaría que pueden sacarle provecho al creciente descontento con la gestión de la Presidenta. Sin embargo, la división de esa votación antigubernamental entre diversos movimientos –algunos enfrentados entre sí– impide que se pueda hablar de la oposición como un todo.
Cuestión de interpretación. Para el politólogo Rosendo Fraga, director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría, con sede en Buenos Aires, el éxito tanto en las primarias como en las legislativas no estará determinado por los resultados sino por la capacidad que muestre cada tendencia política para que su interpretación de los mismos cale en la opinión pública.
"El FPV será la fuerza más votada con cerca de 35% de los votos en el ámbito nacional. Eso implica 19 puntos menos que en la presidencial de 2011. Pero, al mismo tiempo, ningún otro movimiento político superará 15% dada la desarticulación de la oposición. El kirchnerismo pondrá énfasis en mostrar esta diferencia, para dejar en segundo plano la primera", explica Fraga.
"Los movimientos contrarios al gobierno buscarán mostrar que dos de cada tres votos no son para el oficialismo y que éste ha tenido un fuerte retroceso con respecto a 2011. Ambas argumentaciones son reales y concretas, pero no ocultan las fuertes falencias que ha mostrado la oposición para transformarse en una alternativa de poder en sintonía con el giro que ha dado el electorado", agrega.
Leandro Rodríguez Medina, politólogo argentino que trabaja como profesor asociado en la Universidad de las Américas de Puebla (México), también cree que la interpretación que cada grupo haga del resultado será clave. "Sacar más votos y obtener más diputados puede no ser una victoria para el oficialismo si el objetivo principal es lograr la mayoría necesaria para reformar la Constitución y aprobar la reelección".
"La oposición resaltará que ganará en distritos electorales muy importantes, pero serán triunfos de grupos distintos: el PRO de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, el Frente Renovador de Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires, el peronismo disidente de José Manuel de la Sota en Córdoba, la Unión Cívica Radical de Julio Cobos en Mendoza y el Partido Socialista en Santa Fe".
¿Fin de una era? Más allá de las interpretaciones, los resultados esperados en las elecciones legislativas tendrán una consecuencia directa: impedir que la propuesta de que haya más de una reelección sea aprobada. Los analistas insisten, no obstante, en que eso no significa que la oposición se vaya a imponer en las próximas presidenciales ni que el peronismo vaya a salir del poder.
"La imposibilidad de que la mandataria sea reelegida obligará a una transición, que en el peronismo suelen ser brutales y afectar la gobernabilidad. Pero la idea de un fin de ciclo no me queda clara. La manera en que el FPV hizo campaña ha sido exitosa y, sea quien sea el candidato para 2015, creo que el oficialismo tiene chance", señala Rodríguez Medina.
El profesor de la Udlap agrega que las posibilidades de la oposición dependen de una unión que parece imposible. "Es muy complejo que puedan aglutinarse porque son muy distintos e, incluso si lo hacen, la alianza sería vista con más miedo que expectativa. Los argentinos aún tienen fresco el recuerdo de la coalición que se formó en 1999 para derrotar al peronismo y luego tuvo problemas para gobernar".
Fraga considera que el resultado de las legislativas en la provincia de Buenos Aires, que reúne a 30% de los electores, influirá en la carrera para las presidenciales. "Si Massa gana perderá fuerza el argumento oficialista de que supera por 15 ó 20 puntos al partido siguiente, pero si triunfa Martín Insaurralde la tesis opositora de que tiene 2 de cada 3 votos reducirá su efecto político".
Agrega que una victoria en las legislativas le permitirá a Massa seguir presentándose como el único capaz de ganarle al oficialismo, pero que una derrota, además de debilitar sus posibilidades de ser el aspirante opositor en 2015, beneficiará al ex vicepresidente y actual gobernador de la provincia de Buenos Aires Daniel Scioli, que tendrá más argumentos para reclamar para sí la candidatura del peronismo.
Publicado en El Nacional
Aunque las primarias deberían servir para definir a los aspirantes de cada partido para esas elecciones, en realidad sólo algunos grupos seleccionarán entre diversas listas de precandidatos. La mayoría presentará postulantes únicos. Eso las convierte en un ensayo de las parlamentarias.
Casi todos los sondeos muestran que en las primarias, el Frente Para La Victoria de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se quedará con poco más de un tercio de los votos aunque ganará la mayoría de los distritos electorales. Las fuerzas opositoras, en tanto, sumarán casi dos tercios de los sufragios porque triunfarán en las principales circunscripciones: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe.
Una votación similar en las parlamentarias representaría para el FPV (formado por el Partido Justicialista y sus aliados) una mejora con respecto al resultado de 2009 y un incremento del número de legisladores que tiene en el Congreso, pero no les alcanzaría para lograr la mayoría necesaria para promover una reforma de la Constitución que permita a la mandataria presentarse a la reelección en las presidenciales de 2015.
Para las opciones contrarias al gobierno, obtener casi dos tercios de los sufragios en las legislativas significaría que pueden sacarle provecho al creciente descontento con la gestión de la Presidenta. Sin embargo, la división de esa votación antigubernamental entre diversos movimientos –algunos enfrentados entre sí– impide que se pueda hablar de la oposición como un todo.
Cuestión de interpretación. Para el politólogo Rosendo Fraga, director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría, con sede en Buenos Aires, el éxito tanto en las primarias como en las legislativas no estará determinado por los resultados sino por la capacidad que muestre cada tendencia política para que su interpretación de los mismos cale en la opinión pública.
"El FPV será la fuerza más votada con cerca de 35% de los votos en el ámbito nacional. Eso implica 19 puntos menos que en la presidencial de 2011. Pero, al mismo tiempo, ningún otro movimiento político superará 15% dada la desarticulación de la oposición. El kirchnerismo pondrá énfasis en mostrar esta diferencia, para dejar en segundo plano la primera", explica Fraga.
"Los movimientos contrarios al gobierno buscarán mostrar que dos de cada tres votos no son para el oficialismo y que éste ha tenido un fuerte retroceso con respecto a 2011. Ambas argumentaciones son reales y concretas, pero no ocultan las fuertes falencias que ha mostrado la oposición para transformarse en una alternativa de poder en sintonía con el giro que ha dado el electorado", agrega.
Leandro Rodríguez Medina, politólogo argentino que trabaja como profesor asociado en la Universidad de las Américas de Puebla (México), también cree que la interpretación que cada grupo haga del resultado será clave. "Sacar más votos y obtener más diputados puede no ser una victoria para el oficialismo si el objetivo principal es lograr la mayoría necesaria para reformar la Constitución y aprobar la reelección".
"La oposición resaltará que ganará en distritos electorales muy importantes, pero serán triunfos de grupos distintos: el PRO de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, el Frente Renovador de Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires, el peronismo disidente de José Manuel de la Sota en Córdoba, la Unión Cívica Radical de Julio Cobos en Mendoza y el Partido Socialista en Santa Fe".
¿Fin de una era? Más allá de las interpretaciones, los resultados esperados en las elecciones legislativas tendrán una consecuencia directa: impedir que la propuesta de que haya más de una reelección sea aprobada. Los analistas insisten, no obstante, en que eso no significa que la oposición se vaya a imponer en las próximas presidenciales ni que el peronismo vaya a salir del poder.
"La imposibilidad de que la mandataria sea reelegida obligará a una transición, que en el peronismo suelen ser brutales y afectar la gobernabilidad. Pero la idea de un fin de ciclo no me queda clara. La manera en que el FPV hizo campaña ha sido exitosa y, sea quien sea el candidato para 2015, creo que el oficialismo tiene chance", señala Rodríguez Medina.
El profesor de la Udlap agrega que las posibilidades de la oposición dependen de una unión que parece imposible. "Es muy complejo que puedan aglutinarse porque son muy distintos e, incluso si lo hacen, la alianza sería vista con más miedo que expectativa. Los argentinos aún tienen fresco el recuerdo de la coalición que se formó en 1999 para derrotar al peronismo y luego tuvo problemas para gobernar".
Fraga considera que el resultado de las legislativas en la provincia de Buenos Aires, que reúne a 30% de los electores, influirá en la carrera para las presidenciales. "Si Massa gana perderá fuerza el argumento oficialista de que supera por 15 ó 20 puntos al partido siguiente, pero si triunfa Martín Insaurralde la tesis opositora de que tiene 2 de cada 3 votos reducirá su efecto político".
Agrega que una victoria en las legislativas le permitirá a Massa seguir presentándose como el único capaz de ganarle al oficialismo, pero que una derrota, además de debilitar sus posibilidades de ser el aspirante opositor en 2015, beneficiará al ex vicepresidente y actual gobernador de la provincia de Buenos Aires Daniel Scioli, que tendrá más argumentos para reclamar para sí la candidatura del peronismo.
Publicado en El Nacional
domingo, 4 de agosto de 2013
Libertad de expresión pierde terreno en América Latina
La congelación de cuentas y la prohibición de gravar bienes contra el presidente editor de El Nacional , Miguel Henrique Otero, no sólo constituye un nuevo ataque contra la libertad de expresión en Venezuela sino que se suma a las crecientes restricciones a este derecho humano en América Latina.
En la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2013, elaborada por Reporteros Sin Fronteras, hubo nueve países latinoamericanos que retrocedieron posiciones con respecto al año pasado: Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua y Paraguay.
Venezuela mantuvo el mismo lugar, 117, lo que la ubica entre las naciones con peores resultados en la región. El país, además, obtuvo una puntuación de 34,44 –en una escala de 0 a 100, donde 0 representa la situación ideal– en el Índice Anual de Libertad de Prensa, un indicador creado este año por la ONG.
El informe 2013 de Amnistía Internacional sobre el estado de los derechos humanos en el mundo también alertó sobre violaciones y amenazas a la libertad de expresión en América Latina y citó los casos de Bolivia, Cuba, Ecuador, México, Puerto Rico y República Dominicana.
La región tampoco presenta una situación halagadora en el informe de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El documento molestó particularmente a los gobiernos de Ecuador y Venezuela, que lo criticaron en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en Guatemala.
Toby Mendel, director ejecutivo del Centro para la Ley y la Democracia, ONG con sede en Canadá, advirtió a propósito del caso Otero que aunque la escasa información disponible dificulta decir con exactitud lo que está pasando, parece inusual ordenar la congelación de activos simplemente porque alguien presentó una demanda en su contra.
"Dado el terrible historial del Gobierno de Venezuela en materia de libertad de expresión, el hecho de que se congelen activos del editor de un periódico, sin que haya una orden judicial, plantea inmediatamente la preocupación de que esta es una manera nueva y creativa para acosar a los medios de la oposición", subrayó Mendel.
"Es muy grave que la Fiscalía tome ese tipo de medidas cautelares antes del juicio. Es una señal muy severa y una advertencia para que los medios de comunicación dejen de investigar posibles casos de corrupción", opinó César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, ONG de Ecuador.
Para Andrés D’ Alessandro, director ejecutivo del Foro de Periodismo Argentino (asociación que reúne a los profesionales de la comunicación de ese país), siempre es riesgoso para la libertad de expresión cuando desde la justicia se falla de una manera desmedida contra medios y periodistas.
"Cualquier persona tiene derecho de acudir a la justicia si considera que un medio ha cometido un delito, pero los fallos no deben incluir multas ni restricciones abusivas como las de este caso, que no sólo amenazan al funcionamiento del medio perjudicado sino que además generan una fuerte autocensura en el resto de los medios", dijo.
Historia similar. Ricaurte comentó que el proceso de restricción de la libertad de prensa en Ecuador ha sido muy similar al de Venezuela, aunque considera que en ese país ha sido más acelerado. "En menos años se han logrado procesos de censura y autocensura muy fuertes".
El vocero de Fundamedios señaló que la restricción inicia con el discurso estigmatizante del Gobierno, y especialmente del presidente Rafael Correa, contra la prensa: tanto las abundantes cadenas de radio y televisión como el gigantesco aparato de propaganda oficial son utilizados para atacar periodistas, medios y ONG.
Agregó que el discurso luego se transforma en acciones como la asignación discrecional de la publicidad oficial, el cierre de las fuentes de información, el incremento de las agresiones físicas contra periodistas y la realización de procesos judiciales contra directivos de medios.
La última fase del proceso de restricciones ha sido la Ley Orgánica de Comunicación, que básicamente crea un sistema de control estatal de los contenidos de los medios. No en balde la Sociedad Interamericana de Prensa la calificó como el más grave retroceso para la libertad de expresión en la historia reciente de América Latina.
D’ Alessandro señaló que las restricciones en Argentina se han manifestado de una manera un poco más sutil que en Ecuador y Venezuela, aunque no por eso resultan menos peligrosas y riesgosas para la libertad de expresión. "La situación en Argentina está muy lejos de ser la ideal".
El integrante de Fopea identificó cuatro puntos claves: la restricción de la información pública, el manejo discrecional de la publicidad oficial, el cuestionamiento permanente a medios y periodistas críticos desde medios aliados y la falta de compromiso del Poder Ejecutivo cuando hay ataques y hechos violentos contra periodistas.
Sobre la ley de medios, demandada por el diario Clarín ante la justicia, D’ Alessandro resaltó que tiene una diferencia sustancial con las promulgadas en Ecuador y Venezuela: no está dirigida a regular los contenidos. "El problema ha estado en su aplicación porque se ha politizado mucho".
Precisó que, tal como sucede con la publicidad oficial, la regulación se ha utilizado para beneficiar a los medios amigos del Gobierno de la presidente Cristina Fernández de Kirchner y perjudicar a los que son críticos. Agregó que si la ratificación de las licencias se hace bajo el mismo criterio puede haber un gran riesgo para la libertad de prensa.
Publicado en El Nacional
En la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2013, elaborada por Reporteros Sin Fronteras, hubo nueve países latinoamericanos que retrocedieron posiciones con respecto al año pasado: Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua y Paraguay.
Venezuela mantuvo el mismo lugar, 117, lo que la ubica entre las naciones con peores resultados en la región. El país, además, obtuvo una puntuación de 34,44 –en una escala de 0 a 100, donde 0 representa la situación ideal– en el Índice Anual de Libertad de Prensa, un indicador creado este año por la ONG.
El informe 2013 de Amnistía Internacional sobre el estado de los derechos humanos en el mundo también alertó sobre violaciones y amenazas a la libertad de expresión en América Latina y citó los casos de Bolivia, Cuba, Ecuador, México, Puerto Rico y República Dominicana.
La región tampoco presenta una situación halagadora en el informe de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El documento molestó particularmente a los gobiernos de Ecuador y Venezuela, que lo criticaron en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en Guatemala.
Toby Mendel, director ejecutivo del Centro para la Ley y la Democracia, ONG con sede en Canadá, advirtió a propósito del caso Otero que aunque la escasa información disponible dificulta decir con exactitud lo que está pasando, parece inusual ordenar la congelación de activos simplemente porque alguien presentó una demanda en su contra.
"Dado el terrible historial del Gobierno de Venezuela en materia de libertad de expresión, el hecho de que se congelen activos del editor de un periódico, sin que haya una orden judicial, plantea inmediatamente la preocupación de que esta es una manera nueva y creativa para acosar a los medios de la oposición", subrayó Mendel.
"Es muy grave que la Fiscalía tome ese tipo de medidas cautelares antes del juicio. Es una señal muy severa y una advertencia para que los medios de comunicación dejen de investigar posibles casos de corrupción", opinó César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, ONG de Ecuador.
Para Andrés D’ Alessandro, director ejecutivo del Foro de Periodismo Argentino (asociación que reúne a los profesionales de la comunicación de ese país), siempre es riesgoso para la libertad de expresión cuando desde la justicia se falla de una manera desmedida contra medios y periodistas.
"Cualquier persona tiene derecho de acudir a la justicia si considera que un medio ha cometido un delito, pero los fallos no deben incluir multas ni restricciones abusivas como las de este caso, que no sólo amenazan al funcionamiento del medio perjudicado sino que además generan una fuerte autocensura en el resto de los medios", dijo.
Historia similar. Ricaurte comentó que el proceso de restricción de la libertad de prensa en Ecuador ha sido muy similar al de Venezuela, aunque considera que en ese país ha sido más acelerado. "En menos años se han logrado procesos de censura y autocensura muy fuertes".
El vocero de Fundamedios señaló que la restricción inicia con el discurso estigmatizante del Gobierno, y especialmente del presidente Rafael Correa, contra la prensa: tanto las abundantes cadenas de radio y televisión como el gigantesco aparato de propaganda oficial son utilizados para atacar periodistas, medios y ONG.
Agregó que el discurso luego se transforma en acciones como la asignación discrecional de la publicidad oficial, el cierre de las fuentes de información, el incremento de las agresiones físicas contra periodistas y la realización de procesos judiciales contra directivos de medios.
La última fase del proceso de restricciones ha sido la Ley Orgánica de Comunicación, que básicamente crea un sistema de control estatal de los contenidos de los medios. No en balde la Sociedad Interamericana de Prensa la calificó como el más grave retroceso para la libertad de expresión en la historia reciente de América Latina.
D’ Alessandro señaló que las restricciones en Argentina se han manifestado de una manera un poco más sutil que en Ecuador y Venezuela, aunque no por eso resultan menos peligrosas y riesgosas para la libertad de expresión. "La situación en Argentina está muy lejos de ser la ideal".
El integrante de Fopea identificó cuatro puntos claves: la restricción de la información pública, el manejo discrecional de la publicidad oficial, el cuestionamiento permanente a medios y periodistas críticos desde medios aliados y la falta de compromiso del Poder Ejecutivo cuando hay ataques y hechos violentos contra periodistas.
Sobre la ley de medios, demandada por el diario Clarín ante la justicia, D’ Alessandro resaltó que tiene una diferencia sustancial con las promulgadas en Ecuador y Venezuela: no está dirigida a regular los contenidos. "El problema ha estado en su aplicación porque se ha politizado mucho".
Precisó que, tal como sucede con la publicidad oficial, la regulación se ha utilizado para beneficiar a los medios amigos del Gobierno de la presidente Cristina Fernández de Kirchner y perjudicar a los que son críticos. Agregó que si la ratificación de las licencias se hace bajo el mismo criterio puede haber un gran riesgo para la libertad de prensa.
Publicado en El Nacional
domingo, 12 de mayo de 2013
Gira de Maduro no logró disipar preocupación sobre Venezuela
El presidente Nicolás Maduro regresó de su primera gira internacional con varias fotografías junto a los mandatarios de Uruguay, Argentina y Brasil, y 51 acuerdos bilaterales firmados; pero no logró disipar la preocupación que existe en esos países y en toda la región por la crisis política de Venezuela.
Aunque el canciller Elías Jaua haya tildado el viaje por Montevideo, Buenos Aires y Brasilia de exitoso tanto en lo político como en lo económico, internacionalistas consideran que el resultado no es tan positivo como el Gobierno lo presenta.
"Si Maduro quería disipar la preocupación y ganar el respaldo pleno de los socios del Mercosur, tengo la impresión de que fracasó en su empeño", afi rma Demetrio Boersner, ex diplomático y profesor de Relaciones Internacionales en la UCV y la UCAB.
"Fue una gira sin mayores elementos positivos. La información que hemos recibido es que hay muchas interrogantes en esos países sobre la situación venezolana y el viaje dejó más dudas que respuestas", dice Juan Francisco Contreras, presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela.
Boersner y Contreras admiten que José Mujica, Cristina Fernández de Kirchner y Dilma Rousseff apoyaron de cierta forma a Maduro al recibirlo en sus despachos, pero destacan que se trata de un respaldo poco entusiasta en comparación con el ofrecido al fallecido presidente Hugo Chávez.
"Considerando que esos gobiernos están entre los principales aliados del oficialismo, que siempre han mantenido una línea favorable al régimen, es un apoyo tibio e incluso distante. Creo que en los tres países, sobre todo en Brasil y Uruguay, se notó una fuerte actitud de crítica y preocupación", señala Boersner.
El ex diplomático recuerda que Mujica dio una especie de regaño paternal a Maduro al recomendarle que dejase de pelear con la oposición para dedicarse a gobernar y que Rousseff ofreció un recibimiento poco jubiloso.
Contreras resalta la actitud de Brasil, por ser este país una referencia para el resto del mundo. "No ha sido un respaldo tan abierto. Creo que la situación de Venezuela está siendo evaluada tanto en la Cancillería como en el Parlamento".
Agenda opositora. A pesar del esfuerzo gubernamental para promocionar la gira como una confirmación del compromiso de Venezuela con la integración suramericana y una muestra de la consolidación de las relaciones con los países visitados, el reclamo de la oposición por la violencia en la Asamblea Nacional marcó la agenda.
Ello se debió en parte porque Maduro coincidió en Uruguay y Argentina con una comisión opositora (integrada por el ex alcalde Leopoldo López, la diputada Nora Bracho y el concejal Freddy Guevara) que viajó para denunciar tanto lo ocurrido en el Parlamento como otros hechos irregulares sucedidos luego de las elecciones del 14 de abril.
"Lo ocurrido en la Asamblea Nacional fue lo que encendió las alarmas en la mayoría de los países, porque se supone que el Parlamento es el lugar donde se hacen las normas de convivencia de un país. La gira estuvo marcada, e incluso motivada, por eso", indica Contreras.
"El incidente en la Asamblea Nacional ha sido un factor decisivo para que la opinión mundial se incline más hacia la oposición que hacia el Gobierno. Los opositores han ganado fuerza en el ámbito internacional y la muestra es que ahora le están haciendo mucho más caso que en tiempos pasados", agrega Boersner.
La delegación opositora puede darse por satisfecha con los resultados del viaje, porque consiguió que legisladores de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay solicitaran una sesión especial del Parlamento del Mercosur, para evaluar la situación de Venezuela y el cumplimiento de la cláusula democrática del bloque.
Tema presente. La preocupación por Venezuela no se limitó a los países incluidos en la gira. El canciller de Perú, Rafael Roncagliolo, habló de consultas para convocar una reunión de la Unión Suramericana de Naciones a fin de evaluar la situación del país, aunque dejó claro que para que el encuentro se realice se necesita consenso entre los países miembros.
Los internacionalistas consideran que la inquietud sigue presente. "Las gestiones en Unasur y Mercosur son muy interesantes porque, aunque no llevarán a una condena al gobierno de Maduro ni nada por el estilo, por lo menos muestran que hay preocupación y alerta por lo que ha pasado en Venezuela luego de las elecciones presidenciales", afirma Boersner.
Contreras agrega que la actitud del Gobierno después de las elecciones ha hecho cuesta arriba las relaciones con otros países e insiste en que, más allá de que los mandatarios de Uruguay, Argentina y Brasil hayan cumplido con el formalismo de recibir a Maduro, sigue la preocupación de la comunidad internacional por Venezuela.
Petróleo por alimentos. El Gobierno de Venezuela rechaza que las relaciones con Argentina, Brasil y Uruguay se limiten al suministro de crudo y derivados a cambio de alimentos y otros productos; pero los 51 convenios firmados durante la gira que el presidente Nicolás Maduro realizó esta semana confirman que es así.
Entre los 35 acuerdos que suscribieron Caracas y Buenos Aires, destacan los que prevén que Venezuela mantenga el suministro de petróleo, gas y productos refinados y que Argentina exporte aceite, arroz, carne, leche, margarina, maíz y pollo, además de 10.000 automóviles.
Casi la mitad de los 13 convenios firmados con Montevideo son del área energética y estipulan que Venezuela enviará 5,4 millones de barriles de crudo y 60.000 toneladas de coque entre 2013 y 2014. Uruguay, en tanto, se comprometió a vender carnes, cereales y lácteos.
Los tres acuerdos suscritos en Brasilia se resumen en que Venezuela elevará las ventas de urea y coque, derivados del petróleo cuya producción aumentará gracias a la inversión de Brasil para construir plantas, a cambio de recibir más azúcar y carne.
Publicado en El Nacional
Aunque el canciller Elías Jaua haya tildado el viaje por Montevideo, Buenos Aires y Brasilia de exitoso tanto en lo político como en lo económico, internacionalistas consideran que el resultado no es tan positivo como el Gobierno lo presenta.
"Si Maduro quería disipar la preocupación y ganar el respaldo pleno de los socios del Mercosur, tengo la impresión de que fracasó en su empeño", afi rma Demetrio Boersner, ex diplomático y profesor de Relaciones Internacionales en la UCV y la UCAB.
"Fue una gira sin mayores elementos positivos. La información que hemos recibido es que hay muchas interrogantes en esos países sobre la situación venezolana y el viaje dejó más dudas que respuestas", dice Juan Francisco Contreras, presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela.
Boersner y Contreras admiten que José Mujica, Cristina Fernández de Kirchner y Dilma Rousseff apoyaron de cierta forma a Maduro al recibirlo en sus despachos, pero destacan que se trata de un respaldo poco entusiasta en comparación con el ofrecido al fallecido presidente Hugo Chávez.
"Considerando que esos gobiernos están entre los principales aliados del oficialismo, que siempre han mantenido una línea favorable al régimen, es un apoyo tibio e incluso distante. Creo que en los tres países, sobre todo en Brasil y Uruguay, se notó una fuerte actitud de crítica y preocupación", señala Boersner.
El ex diplomático recuerda que Mujica dio una especie de regaño paternal a Maduro al recomendarle que dejase de pelear con la oposición para dedicarse a gobernar y que Rousseff ofreció un recibimiento poco jubiloso.
Contreras resalta la actitud de Brasil, por ser este país una referencia para el resto del mundo. "No ha sido un respaldo tan abierto. Creo que la situación de Venezuela está siendo evaluada tanto en la Cancillería como en el Parlamento".
Agenda opositora. A pesar del esfuerzo gubernamental para promocionar la gira como una confirmación del compromiso de Venezuela con la integración suramericana y una muestra de la consolidación de las relaciones con los países visitados, el reclamo de la oposición por la violencia en la Asamblea Nacional marcó la agenda.
Ello se debió en parte porque Maduro coincidió en Uruguay y Argentina con una comisión opositora (integrada por el ex alcalde Leopoldo López, la diputada Nora Bracho y el concejal Freddy Guevara) que viajó para denunciar tanto lo ocurrido en el Parlamento como otros hechos irregulares sucedidos luego de las elecciones del 14 de abril.
"Lo ocurrido en la Asamblea Nacional fue lo que encendió las alarmas en la mayoría de los países, porque se supone que el Parlamento es el lugar donde se hacen las normas de convivencia de un país. La gira estuvo marcada, e incluso motivada, por eso", indica Contreras.
"El incidente en la Asamblea Nacional ha sido un factor decisivo para que la opinión mundial se incline más hacia la oposición que hacia el Gobierno. Los opositores han ganado fuerza en el ámbito internacional y la muestra es que ahora le están haciendo mucho más caso que en tiempos pasados", agrega Boersner.
La delegación opositora puede darse por satisfecha con los resultados del viaje, porque consiguió que legisladores de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay solicitaran una sesión especial del Parlamento del Mercosur, para evaluar la situación de Venezuela y el cumplimiento de la cláusula democrática del bloque.
Tema presente. La preocupación por Venezuela no se limitó a los países incluidos en la gira. El canciller de Perú, Rafael Roncagliolo, habló de consultas para convocar una reunión de la Unión Suramericana de Naciones a fin de evaluar la situación del país, aunque dejó claro que para que el encuentro se realice se necesita consenso entre los países miembros.
Los internacionalistas consideran que la inquietud sigue presente. "Las gestiones en Unasur y Mercosur son muy interesantes porque, aunque no llevarán a una condena al gobierno de Maduro ni nada por el estilo, por lo menos muestran que hay preocupación y alerta por lo que ha pasado en Venezuela luego de las elecciones presidenciales", afirma Boersner.
Contreras agrega que la actitud del Gobierno después de las elecciones ha hecho cuesta arriba las relaciones con otros países e insiste en que, más allá de que los mandatarios de Uruguay, Argentina y Brasil hayan cumplido con el formalismo de recibir a Maduro, sigue la preocupación de la comunidad internacional por Venezuela.
Petróleo por alimentos. El Gobierno de Venezuela rechaza que las relaciones con Argentina, Brasil y Uruguay se limiten al suministro de crudo y derivados a cambio de alimentos y otros productos; pero los 51 convenios firmados durante la gira que el presidente Nicolás Maduro realizó esta semana confirman que es así.
Entre los 35 acuerdos que suscribieron Caracas y Buenos Aires, destacan los que prevén que Venezuela mantenga el suministro de petróleo, gas y productos refinados y que Argentina exporte aceite, arroz, carne, leche, margarina, maíz y pollo, además de 10.000 automóviles.
Casi la mitad de los 13 convenios firmados con Montevideo son del área energética y estipulan que Venezuela enviará 5,4 millones de barriles de crudo y 60.000 toneladas de coque entre 2013 y 2014. Uruguay, en tanto, se comprometió a vender carnes, cereales y lácteos.
Los tres acuerdos suscritos en Brasilia se resumen en que Venezuela elevará las ventas de urea y coque, derivados del petróleo cuya producción aumentará gracias a la inversión de Brasil para construir plantas, a cambio de recibir más azúcar y carne.
Publicado en El Nacional
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