La decisión del gobierno de Nicolás Maduro de cerrar la frontera entre el estado Táchira y el departamento Norte de Santander agudiza la caída del comercio entre Venezuela y Colombia.
“Hasta julio el intercambio bilateral acumuló un retroceso de 40%. Con el cierre de la frontera podría caer aún más”, advirtió Víctor Montiel, presidente de la Cámara de Integración Económica Venezolana Colombiana.
El líder gremial afirmó que por las aduanas de San Antonio y Ureña pasa más de 60% del comercio entre ambos países, que se ubicó en casi 2 millardos de dólares el año pasado.
Las cifras del Instituto Nacional de Estadística muestran que las exportaciones e importaciones procesadas por las 2 aduanas del estado Táchira sumaron 794,9 millones de dólares entre enero y octubre de 2014.
Montiel precisó que la mercancía que estaba en las aduanas al momento del cierre de la frontera han sido procesadas en los días posteriores, pero que no hay llegada de nuevos artículos.
Ausentismo. Otra de las consecuencias del cierre de la frontera en el sector empresarial es el ausentismo laboral, ya que en la zona hay muchas compañías venezolanas que tienen colombianos en sus nóminas y viceversa.
“Además de que existe un intercambio comercial muy activo, por la frontera se mueven diariamente miles de ciudadanos de ambos países que van y vienen a trabajar”, recordó el economista José Guerra.
Montiel indicó que el ausentismo afecta principalmente a las industrias, pero repercute en el resto de la economía. “El comercio trabaja a 50%, mientras que los servicios (aduana, banca, transporte) no tienen casi actividad”.
“Esto se traduce en una baja productividad, que generará cierta escasez de algunos productos que se dan en la zona industrial de San Antonio y Ureña”, declaró Daniel Aguilar, presidente de Fedecámaras Táchira, a RCR.
Diálogo. Los gremios empresariales comparten la preocupación del gobierno por el contrabando y otros problemas, pero no están de acuerdo con el cierre de la frontera con Colombia y piden dialogar al respecto.
“Estamos en contra de todo acto ilícito, pero a la vez necesitamos y pedimos que haya un diálogo con la población porque hay muchas personas afectadas por esta situación”, dijo el presidente de Cavecol.
Montiel considera que la mejor forma de buscar soluciones a los problemas de la frontera colombo-venezolana es el trabajo conjunto entre el sector privado y las autoridades gubernamentales.
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martes, 25 de agosto de 2015
lunes, 24 de agosto de 2015
Bogotá pidió a Caracas respetar derechos humanos a deportados
Colombia pidió a Venezuela que respete la integridad y los derechos humanos de los colombianos que sean objeto de detenciones, deportaciones y otras acciones por el estado de excepción.
"Exigimos que antes de aplicar las medidas de deportación se analice en cada caso la situación familiar para garantizar la unión de padres e hijos", dijo la Cancillería de Colombia en un comunicado.
El gobernador del estado Táchira, José Vielma Mora, afirmó que los deportados de Venezuela al país vecino suman 791 personas en dos días y aseguró que fueron entregados al Consulado General de Colombia, "como manda la ley, sin atropellos, sin humillaciones, sin torturas".
Funcionarios de migración de Colombia aseguraron que los deportados eran recibidos en Cúcuta y que 100 de ellos están en un albergue, esperando ayuda para retornar a sus regiones de origen.
El comunicado de la Cancillería reitera la voluntad de Bogotá de cooperar con Caracas en la lucha contra el contrabando, pero también el rechazo al cierre de la frontera entre el departamento Norte de Santander y el estado Táchira.
"Este genera un problema social de gran dimensión debido a la cantidad de personas que viven y transitan en la zona legalmente, además de los daños económicos que sin duda deja para los dos países", indica el texto.
In situ. Una comisión del gobierno de Colombia encabezada por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo se reunió ayer en Cúcuta con autoridades regionales para revisar la situación de la frontera, reseñó Efe.
Cristo estuvo acompañado por el viceministro de Hacienda, Andrés Escobar Arango; el viceministro de Desarrollo Empresarial, Daniel Arango; y el director de la Unidad Nacional de Protección, Diego Mora; entre otros.
Del lado venezolano, el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, llegó ayer a San Antonio del Táchira para supervisar la jornada especial de la Operación de Liberación y Protección del Pueblo que se realiza en la frontera.
"Estamos verificando en el terreno la aplicación de las acciones que ha tomado el presidente Nicolás Maduro para proteger al Táchira y a Venezuela", escribió Arreaza en Twitter.
En la localidad La Invasión, una explanada de 2.000 viviendas levantadas a 300 metros de la frontera y donde más de 2.500 soldados y policías seguían con los allanamientos iniciados la víspera, Arreaza mostró la supuesta cárcel subterránea que los paramilitares usaban para esconder a sus secuestrados.
También exhibió explosivos con sus detonantes, bolívares en efectivo, armas, precursores químicos y vestimentas de grupos paramilitares colombianos, entre ellas unas con insignias que decían "Los Alacranes Rojos" y "Contraguerrilla". En la zona también se descubrió un burdel con más de 500 mujeres de ambas nacionalidades, que dijo el funcionario eran explotadas por paramilitares.
Publicado en El Nacional
"Exigimos que antes de aplicar las medidas de deportación se analice en cada caso la situación familiar para garantizar la unión de padres e hijos", dijo la Cancillería de Colombia en un comunicado.
El gobernador del estado Táchira, José Vielma Mora, afirmó que los deportados de Venezuela al país vecino suman 791 personas en dos días y aseguró que fueron entregados al Consulado General de Colombia, "como manda la ley, sin atropellos, sin humillaciones, sin torturas".
Funcionarios de migración de Colombia aseguraron que los deportados eran recibidos en Cúcuta y que 100 de ellos están en un albergue, esperando ayuda para retornar a sus regiones de origen.
El comunicado de la Cancillería reitera la voluntad de Bogotá de cooperar con Caracas en la lucha contra el contrabando, pero también el rechazo al cierre de la frontera entre el departamento Norte de Santander y el estado Táchira.
"Este genera un problema social de gran dimensión debido a la cantidad de personas que viven y transitan en la zona legalmente, además de los daños económicos que sin duda deja para los dos países", indica el texto.
In situ. Una comisión del gobierno de Colombia encabezada por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo se reunió ayer en Cúcuta con autoridades regionales para revisar la situación de la frontera, reseñó Efe.
Cristo estuvo acompañado por el viceministro de Hacienda, Andrés Escobar Arango; el viceministro de Desarrollo Empresarial, Daniel Arango; y el director de la Unidad Nacional de Protección, Diego Mora; entre otros.
Del lado venezolano, el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, llegó ayer a San Antonio del Táchira para supervisar la jornada especial de la Operación de Liberación y Protección del Pueblo que se realiza en la frontera.
"Estamos verificando en el terreno la aplicación de las acciones que ha tomado el presidente Nicolás Maduro para proteger al Táchira y a Venezuela", escribió Arreaza en Twitter.
En la localidad La Invasión, una explanada de 2.000 viviendas levantadas a 300 metros de la frontera y donde más de 2.500 soldados y policías seguían con los allanamientos iniciados la víspera, Arreaza mostró la supuesta cárcel subterránea que los paramilitares usaban para esconder a sus secuestrados.
También exhibió explosivos con sus detonantes, bolívares en efectivo, armas, precursores químicos y vestimentas de grupos paramilitares colombianos, entre ellas unas con insignias que decían "Los Alacranes Rojos" y "Contraguerrilla". En la zona también se descubrió un burdel con más de 500 mujeres de ambas nacionalidades, que dijo el funcionario eran explotadas por paramilitares.
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domingo, 23 de agosto de 2015
Holguín y Rodríguez adelantaron reunión para el 26 de agosto
La reunión entre las cancilleres de Colombia, María Ángela Holguín, y Venezuela, Delcy Rodríguez, para tratar la situación en la frontera entre ambos países fue adelantada para el 26 de agosto (en vez del 14 de septiembre, como estaba previsto) luego de que el presidente Nicolás Maduro declaró estado de excepción en los municipios limítrofes.
"Acabo de conversar con la canciller Holguín y adelantamos la reunión binacional para el miércoles 26 de agosto", escribió Rodríguez en Twitter. "Venezuela y Colombia vamos a atacar juntos los graves problemas fronterizos generados por la violencia paramilitar y la guerra económica", dijo en otro mensaje.
Maduro también prolongó de manera indefinida el cierre de la frontera entre Venezuela y Colombia, ordenado el miércoles pasado luego de que tres militares resultaron heridos en un enfrentamiento con presuntos contrabandistas.
En el marco del estado de excepción, más de 2.000 soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana revisaron "casa por casa" una zona de la frontera en busca de paramilitares, contrabandistas y acusados de otros delitos, reseñó la agencia Efe.
La Agencia Venezolana de Noticias informó que el rastreo se realiza en un área invadida ilegalmente por 1.900 familias, 90% de origen colombiano. "Aquellos que no estén legales en Venezuela tendrán que retornar a Colombia", publicó.
El general Temístocles Morantes Torres, encargado de los Operativos de Liberación y Protección del Pueblo en Táchira, explicó a AVN que muchas de las personas que habitan en la zona invadida "mantienen acciones delictivas y estructuras paramilitares".
Morantes Torres agregó que Táchira es de gran influencia para el resto del país. "Al tomar el control (del Estado) creemos que se incidirá en la situación que se vive actualmente con los alimentos", opinó, en alusión al severo desabastecimiento de productos.
Gana la delincuencia. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, opinó que el cierre indefinido de la frontera con Venezuela ordenado por Maduro beneficia a la delincuencia y afirmó que tratará de hablar con él para solucionar cuanto antes esa situación.
"Cuando se cierra la frontera y no hay coordinación los que ganan son los delincuentes", dijo Santos, según Efe. Agregó que su gobierno entiende la preocupación de Venezuela por el ataque contra los militares, pero no comparte las medidas aplicadas.
"Si es por cuestiones de seguridad, la respuesta no debería ser cerrar la frontera, debería ser más bien colaborar en forma más eficaz con las autoridades colombianas porque tenemos los mismos objetivos, tenemos los mismos intereses", señaló.
Santos recordó "los muchos inconvenientes, el malestar y el inmenso costo económico que tiene cerrar la frontera" y reiteró la disposición de Colombia a colaborar para encontrar una solución lo más rápido posible. "Nadie está interesado en estimular o permitir el contrabando, que hace un tremendo daño de lado y lado".
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"Acabo de conversar con la canciller Holguín y adelantamos la reunión binacional para el miércoles 26 de agosto", escribió Rodríguez en Twitter. "Venezuela y Colombia vamos a atacar juntos los graves problemas fronterizos generados por la violencia paramilitar y la guerra económica", dijo en otro mensaje.
Maduro también prolongó de manera indefinida el cierre de la frontera entre Venezuela y Colombia, ordenado el miércoles pasado luego de que tres militares resultaron heridos en un enfrentamiento con presuntos contrabandistas.
En el marco del estado de excepción, más de 2.000 soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana revisaron "casa por casa" una zona de la frontera en busca de paramilitares, contrabandistas y acusados de otros delitos, reseñó la agencia Efe.
La Agencia Venezolana de Noticias informó que el rastreo se realiza en un área invadida ilegalmente por 1.900 familias, 90% de origen colombiano. "Aquellos que no estén legales en Venezuela tendrán que retornar a Colombia", publicó.
El general Temístocles Morantes Torres, encargado de los Operativos de Liberación y Protección del Pueblo en Táchira, explicó a AVN que muchas de las personas que habitan en la zona invadida "mantienen acciones delictivas y estructuras paramilitares".
Morantes Torres agregó que Táchira es de gran influencia para el resto del país. "Al tomar el control (del Estado) creemos que se incidirá en la situación que se vive actualmente con los alimentos", opinó, en alusión al severo desabastecimiento de productos.
Gana la delincuencia. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, opinó que el cierre indefinido de la frontera con Venezuela ordenado por Maduro beneficia a la delincuencia y afirmó que tratará de hablar con él para solucionar cuanto antes esa situación.
"Cuando se cierra la frontera y no hay coordinación los que ganan son los delincuentes", dijo Santos, según Efe. Agregó que su gobierno entiende la preocupación de Venezuela por el ataque contra los militares, pero no comparte las medidas aplicadas.
"Si es por cuestiones de seguridad, la respuesta no debería ser cerrar la frontera, debería ser más bien colaborar en forma más eficaz con las autoridades colombianas porque tenemos los mismos objetivos, tenemos los mismos intereses", señaló.
Santos recordó "los muchos inconvenientes, el malestar y el inmenso costo económico que tiene cerrar la frontera" y reiteró la disposición de Colombia a colaborar para encontrar una solución lo más rápido posible. "Nadie está interesado en estimular o permitir el contrabando, que hace un tremendo daño de lado y lado".
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domingo, 5 de julio de 2015
Venezuela reavivó al unísono disputas con Guyana y Colombia
La creación de las Zonas Operativas de Defensa Integral Marítima e Insular mediante el decreto 1.787, promulgado por el presidente Nicolás Maduro el 27 de mayo, puso a Venezuela a discutir las disputas territoriales con Guyana y Colombia al mismo tiempo, una situación inédita para el país.
Georgetown protestó por la Zodimain Atlántica, cuyas coordenadas –definidas en el decreto– no sólo incluyen aguas del Océano Atlántico que corresponden al territorio Esequibo (reclamado por Caracas) sino que también abarcan áreas marítimas que pertenecen a Guyana y Surinam.
Eso hizo que el gobierno del presidente David Granger calificara el decreto de Maduro como una violación flagrante del derecho internacional, solicitara la intervención de la Organización de Naciones Unidas y advirtiera que estaba listo para defender la integridad territorial de su país.
Bogotá, por su parte, reclamó por la Zodimain Occidental, que encierra aguas pendientes por delimitar en el Mar Caribe. “No pueden asumirse como venezolanas, por cuanto siguen en controversia o no se ajustan a lo acordado bilateralmente”, dijo en la nota de protesta enviada a Venezuela.
La reacción del gobierno del presidente Juan Manuel Santos se ha limitado hasta ahora a solicitar que se adopten las medidas necesarias para corregir el decreto. “Lo vamos a mantener a nivel diplomático”, declaró la canciller María Ángela Holguín.
El hecho de que las objeciones de Guyana y Colombia a las Zodimain estén relacionadas con aguas en disputa pone en evidencia los pocos avances en la delimitación de las áreas marinas desde la llegada al poder del fallecido presidente Hugo Chávez en 1999.
Mecanismos abandonados. La delimitación marítima con ambos países es tarea de comisiones bilaterales (la de Guyana es producto del Acuerdo de Ginebra –firmado en 1966– y la de Colombia fue creada en 1990 con estatus presidencial) que no se han reunido durante los últimos años.
“La situación en el este y en el oeste son totalmente distintas, pero lo que es igual es la poca atención que se le ha prestado. No puede ser que por años no se haya hecho nada y ahora se quiera arreglar todo con un decreto”, dice Aníbal Martínez, presidente del Frente Pro-Defensa del Petróleo.
Emilio Figueredo, exembajador de Venezuela ante la ONU para la aplicación del Acuerdo de Ginebra, agrega que la situación empeora cuando se trata de un decreto sin fundamento legal: “Ningún Estado puede delimitar de manera unilateral aguas en discusión”.
Figueredo advierte que otros reclamos pueden sumarse a los de Guyana y Colombia porque la llamada Zodimain Oriental puede ser objetada por varias islas del Caribe con los que Venezuela aún no ha logrado delimitar sus áreas marinas y submarinas.
El embajador Oscar Hernández cree que la promulgación de un decreto que ha causado tantos reclamos es consecuencia del abandono de los mecanismos formales. “Si no se reúnen las comisiones bilaterales y no se hace seguimiento a los asuntos en discusión, se abren espacios para las confusiones”.
Los especialistas coinciden, además, en que el decreto 1.787 refleja la forma de tomar decisiones del gobierno: sin consultar a los especialistas ni evaluar las consecuencias a largo plazo. “Los asuntos de cualquier tipo son tratados de manera irregular”, dice Martínez.
“No están funcionando los mecanismos de evaluación ni de diálogo con la sociedad. Tienes dispersos a una cantidad de especialistas que pudieran ser consultados para la toma de decisiones en esta materia, que requiere políticas de Estado”, agrega Hernández.
Figueredo advierte que este tipo de acciones deterioran la imagen del país y afectan los intereses nacionales. “El decreto no sólo unió a naciones como Guyana y Colombia en protestas hacia Venezuela, sino que puede traer efectos legales porque es cuestionable desde el punto de vista del Derecho Internacional”.
¿Política interna? Hay quienes atribuyen la reanimación de las disputas territoriales con Guyana y Colombia a un intento del gobierno de Maduro por generar un sentimiento nacionalista que pueda capitalizar políticamente en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.
La insistencia de Caracas en poner en el centro de la disputa con Georgetown a Exxon Mobil –que descubrió petróleo en un campo ubicado en las aguas por delimitar– parece confirmarlo. Los especialistas consultados no suscriben la tesis, pero tampoco la descartan.
Martínez considera que es contradictorio que solo se acuse a la petrolera de Estados Unidos cuando también hay una empresa de China en el consorcio que hizo el descubrimiento petrolífero.
Figueredo agrega que el gobierno también se contradice al protestar por esa concesión, pero no por las que han sido otorgadas en el territorio Esequibo y en áreas marítimas que no están en discusión (Plataforma Deltana).
Hernández advierte que es peligroso usar estos asuntos para política interna. “Las reclamaciones se mantienen firmes no generando bulla ni conflictos, sino usando los mecanismos establecidos y respetando las leyes internacionales”.
Publicado en El Nacional
Georgetown protestó por la Zodimain Atlántica, cuyas coordenadas –definidas en el decreto– no sólo incluyen aguas del Océano Atlántico que corresponden al territorio Esequibo (reclamado por Caracas) sino que también abarcan áreas marítimas que pertenecen a Guyana y Surinam.
Eso hizo que el gobierno del presidente David Granger calificara el decreto de Maduro como una violación flagrante del derecho internacional, solicitara la intervención de la Organización de Naciones Unidas y advirtiera que estaba listo para defender la integridad territorial de su país.
Bogotá, por su parte, reclamó por la Zodimain Occidental, que encierra aguas pendientes por delimitar en el Mar Caribe. “No pueden asumirse como venezolanas, por cuanto siguen en controversia o no se ajustan a lo acordado bilateralmente”, dijo en la nota de protesta enviada a Venezuela.
La reacción del gobierno del presidente Juan Manuel Santos se ha limitado hasta ahora a solicitar que se adopten las medidas necesarias para corregir el decreto. “Lo vamos a mantener a nivel diplomático”, declaró la canciller María Ángela Holguín.
El hecho de que las objeciones de Guyana y Colombia a las Zodimain estén relacionadas con aguas en disputa pone en evidencia los pocos avances en la delimitación de las áreas marinas desde la llegada al poder del fallecido presidente Hugo Chávez en 1999.
Mecanismos abandonados. La delimitación marítima con ambos países es tarea de comisiones bilaterales (la de Guyana es producto del Acuerdo de Ginebra –firmado en 1966– y la de Colombia fue creada en 1990 con estatus presidencial) que no se han reunido durante los últimos años.
“La situación en el este y en el oeste son totalmente distintas, pero lo que es igual es la poca atención que se le ha prestado. No puede ser que por años no se haya hecho nada y ahora se quiera arreglar todo con un decreto”, dice Aníbal Martínez, presidente del Frente Pro-Defensa del Petróleo.
Emilio Figueredo, exembajador de Venezuela ante la ONU para la aplicación del Acuerdo de Ginebra, agrega que la situación empeora cuando se trata de un decreto sin fundamento legal: “Ningún Estado puede delimitar de manera unilateral aguas en discusión”.
Figueredo advierte que otros reclamos pueden sumarse a los de Guyana y Colombia porque la llamada Zodimain Oriental puede ser objetada por varias islas del Caribe con los que Venezuela aún no ha logrado delimitar sus áreas marinas y submarinas.
El embajador Oscar Hernández cree que la promulgación de un decreto que ha causado tantos reclamos es consecuencia del abandono de los mecanismos formales. “Si no se reúnen las comisiones bilaterales y no se hace seguimiento a los asuntos en discusión, se abren espacios para las confusiones”.
Los especialistas coinciden, además, en que el decreto 1.787 refleja la forma de tomar decisiones del gobierno: sin consultar a los especialistas ni evaluar las consecuencias a largo plazo. “Los asuntos de cualquier tipo son tratados de manera irregular”, dice Martínez.
“No están funcionando los mecanismos de evaluación ni de diálogo con la sociedad. Tienes dispersos a una cantidad de especialistas que pudieran ser consultados para la toma de decisiones en esta materia, que requiere políticas de Estado”, agrega Hernández.
Figueredo advierte que este tipo de acciones deterioran la imagen del país y afectan los intereses nacionales. “El decreto no sólo unió a naciones como Guyana y Colombia en protestas hacia Venezuela, sino que puede traer efectos legales porque es cuestionable desde el punto de vista del Derecho Internacional”.
¿Política interna? Hay quienes atribuyen la reanimación de las disputas territoriales con Guyana y Colombia a un intento del gobierno de Maduro por generar un sentimiento nacionalista que pueda capitalizar políticamente en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.
La insistencia de Caracas en poner en el centro de la disputa con Georgetown a Exxon Mobil –que descubrió petróleo en un campo ubicado en las aguas por delimitar– parece confirmarlo. Los especialistas consultados no suscriben la tesis, pero tampoco la descartan.
Martínez considera que es contradictorio que solo se acuse a la petrolera de Estados Unidos cuando también hay una empresa de China en el consorcio que hizo el descubrimiento petrolífero.
Figueredo agrega que el gobierno también se contradice al protestar por esa concesión, pero no por las que han sido otorgadas en el territorio Esequibo y en áreas marítimas que no están en discusión (Plataforma Deltana).
Hernández advierte que es peligroso usar estos asuntos para política interna. “Las reclamaciones se mantienen firmes no generando bulla ni conflictos, sino usando los mecanismos establecidos y respetando las leyes internacionales”.
Publicado en El Nacional
viernes, 17 de abril de 2015
Aumenta presión internacional contra gobierno de Maduro
La aprobación en los parlamentos de España, Chile y Colombia de resoluciones que critican la situación de los derechos humanos en el país y exigen la liberación de los presos políticos en Venezuela aumenta la presión internacional sobre el presidente Nicolás Maduro.
Los textos, además de confirmar la preocupación que existe en otros países por la situación en Venezuela, demuestran que el rechazo a las acciones recientes del gobierno de Maduro proviene de casi todas las fuerzas políticas, sin importar su tendencia ideológica.
La resolución del Congreso de los Diputados de España, impulsada por el Partido Popular (centroderecha) con el apoyo del Partido Socialista Obrero Español (centroizquierda), fue aprobada con 306 votos a favor, 19 en contra y una abstención.
La del Senado de Chile promovida por su presidente, Patricio Walker, de la Democracia Cristiana también contó con un respaldo mayoritario: 30 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones. En Colombia, solo el Polo Democrático rechazó el texto.
El exdiplomático venezolano Emilio Figueredo señaló que eso demuestra que el gobierno ha perdido apoyo en los sectores de centroizquierda: "Todo lo que había logrado Hugo Chávez lo está perdiendo Maduro. Solo lo respalda la extrema izquierda".
Añadió que es probable que los parlamentos de otras naciones de la región se sumen a estas manifestaciones debido al trabajo hecho por la oposición en los últimos meses en instancias como la Internacional Socialista y la Internacional Demócrata Cristiana.
La Declaración de Panamá, firmada por 31 expresidentes iberoamericanos, también ha ampliado el alcance de los reclamos de la oposición y la sociedad civil venezolana porque cada uno de ellos pertenece a organizaciones políticas en sus países.
Reacción a medias. La respuesta del gobierno a las resoluciones de los legislativos, que también piden garantizar la transparencia de las elecciones de este año, solo ha sido contundente en el caso de España.
Las declaraciones de Maduro hicieron que el gobierno de Mariano Rajoy convocara al embajador en Madrid, Mario Isea. La Cancillería venezolana hizo lo propio con el embajador en Caracas, Antonio Pérez-Hernández y La Torra.
La resolución del Senado de Colombia fue rechazada por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. "Métanse en los asuntos internos, tienen 67 años en guerra, traten de solucionarlo", dijo en su pro grama de televisión.
Sobre el texto aprobado en Chile no ha habido posición oficial alguna.
Publicado en El Nacional
Los textos, además de confirmar la preocupación que existe en otros países por la situación en Venezuela, demuestran que el rechazo a las acciones recientes del gobierno de Maduro proviene de casi todas las fuerzas políticas, sin importar su tendencia ideológica.
La resolución del Congreso de los Diputados de España, impulsada por el Partido Popular (centroderecha) con el apoyo del Partido Socialista Obrero Español (centroizquierda), fue aprobada con 306 votos a favor, 19 en contra y una abstención.
La del Senado de Chile promovida por su presidente, Patricio Walker, de la Democracia Cristiana también contó con un respaldo mayoritario: 30 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones. En Colombia, solo el Polo Democrático rechazó el texto.
El exdiplomático venezolano Emilio Figueredo señaló que eso demuestra que el gobierno ha perdido apoyo en los sectores de centroizquierda: "Todo lo que había logrado Hugo Chávez lo está perdiendo Maduro. Solo lo respalda la extrema izquierda".
Añadió que es probable que los parlamentos de otras naciones de la región se sumen a estas manifestaciones debido al trabajo hecho por la oposición en los últimos meses en instancias como la Internacional Socialista y la Internacional Demócrata Cristiana.
La Declaración de Panamá, firmada por 31 expresidentes iberoamericanos, también ha ampliado el alcance de los reclamos de la oposición y la sociedad civil venezolana porque cada uno de ellos pertenece a organizaciones políticas en sus países.
Reacción a medias. La respuesta del gobierno a las resoluciones de los legislativos, que también piden garantizar la transparencia de las elecciones de este año, solo ha sido contundente en el caso de España.
Las declaraciones de Maduro hicieron que el gobierno de Mariano Rajoy convocara al embajador en Madrid, Mario Isea. La Cancillería venezolana hizo lo propio con el embajador en Caracas, Antonio Pérez-Hernández y La Torra.
La resolución del Senado de Colombia fue rechazada por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. "Métanse en los asuntos internos, tienen 67 años en guerra, traten de solucionarlo", dijo en su pro grama de televisión.
Sobre el texto aprobado en Chile no ha habido posición oficial alguna.
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sábado, 17 de enero de 2015
Bogotá reclama a Caracas por deportados
Colombia transmitió a Venezuela las quejas que los ciudadanos deportados en las últimas semanas han expresado por el trato recibido durante el procedimiento, informaron la Cancillería y la Defensoría del Pueblo colombianas en un comunicado conjunto difundido ayer.
Más de 100 personas han sido deportadas de Venezuela a Colombia en 2015 por incumplir las normas migratorias, confirmó el jueves el secretario de gobierno del departamento Norte de Santander, Julio César Silva, a la agencia AP.
Varios de los afectados denunciaron malos tratos en los días que estuvieron retenidos.
El comunicado de las instituciones colombianas reconoce el derecho de cada Estado a "establecer e implementar medidas tendientes a controlar el ingreso y permanencia de ciudadanos extranjeros", pero recuerda que "todas las personas tienen derecho a recibir un trato digno y justo sin importar las condiciones migratorias en que se encuentren".
El documento precisa que Bogotá presentó a Caracas las quejas de los deportados. "Hemos solicitado al gobierno de Venezuela la verificación de los procedimientos que vienen aplicando. Esperamos recibir las explicaciones del caso a través de los canales diplomáticos correspondientes", señala.
La Cancillería colombiana reiteró su apoyo a los ciudadanos que han sido deportados, que reciben atención humanitaria inmediata y ayuda para trasladarse desde la ciudad fronteriza de Cúcuta donde son entregados por las autoridades venezolanas hasta sus lugares de origen.
Publicado en El Nacional
Más de 100 personas han sido deportadas de Venezuela a Colombia en 2015 por incumplir las normas migratorias, confirmó el jueves el secretario de gobierno del departamento Norte de Santander, Julio César Silva, a la agencia AP.
Varios de los afectados denunciaron malos tratos en los días que estuvieron retenidos.
El comunicado de las instituciones colombianas reconoce el derecho de cada Estado a "establecer e implementar medidas tendientes a controlar el ingreso y permanencia de ciudadanos extranjeros", pero recuerda que "todas las personas tienen derecho a recibir un trato digno y justo sin importar las condiciones migratorias en que se encuentren".
El documento precisa que Bogotá presentó a Caracas las quejas de los deportados. "Hemos solicitado al gobierno de Venezuela la verificación de los procedimientos que vienen aplicando. Esperamos recibir las explicaciones del caso a través de los canales diplomáticos correspondientes", señala.
La Cancillería colombiana reiteró su apoyo a los ciudadanos que han sido deportados, que reciben atención humanitaria inmediata y ayuda para trasladarse desde la ciudad fronteriza de Cúcuta donde son entregados por las autoridades venezolanas hasta sus lugares de origen.
Publicado en El Nacional
lunes, 20 de octubre de 2014
Suspendieron reunión en Caracas entre Holguín y Ramírez
La visita que la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, realizaría a su homólogo de Venezuela, Rafael Ramírez, fue suspendida por problemas de agenda.
Los cancilleres tenían previsto reunirse hoy en Caracas para abordar temas como el cierre nocturno de la frontera y las acusaciones de que hay colombianos involucrados en el asesinato del diputado Robert Serra.
La clausura fronteriza fue anunciada por el gobierno de Venezuela como parte de las acciones convenidas para combatir el contrabando, pero las autoridades de Colombia se han desmarcado de la decisión. Sobre el homicidio de Serra, del que el presidente Nicolás Maduro llegó a acusar al ex mandatario colombiano Álvaro Uribe, Holguín criticó lo agresivo de los señalamientos y dijo: "Yo voy el lunes a Venezuela y uno de los temas a tratar es ese".
No se descarta que los cancilleres puedan encontrarse en La Habana, donde los países de la Alianza Bolivariana para las Américas realizan una cumbre -a la que Ramírez irá- para coordinar la lucha contra el ébola.
Publicado en El Nacional
Los cancilleres tenían previsto reunirse hoy en Caracas para abordar temas como el cierre nocturno de la frontera y las acusaciones de que hay colombianos involucrados en el asesinato del diputado Robert Serra.
La clausura fronteriza fue anunciada por el gobierno de Venezuela como parte de las acciones convenidas para combatir el contrabando, pero las autoridades de Colombia se han desmarcado de la decisión. Sobre el homicidio de Serra, del que el presidente Nicolás Maduro llegó a acusar al ex mandatario colombiano Álvaro Uribe, Holguín criticó lo agresivo de los señalamientos y dijo: "Yo voy el lunes a Venezuela y uno de los temas a tratar es ese".
No se descarta que los cancilleres puedan encontrarse en La Habana, donde los países de la Alianza Bolivariana para las Américas realizan una cumbre -a la que Ramírez irá- para coordinar la lucha contra el ébola.
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viernes, 19 de septiembre de 2014
Colombia se desmarcó del cierre de frontera
Las críticas de sectores sociales hicieron que el gobierno de Colombia volviera a desmarcarse de la decisión de Venezuela de cerrar parcialmente la frontera binacional para frenar el contrabando.
"Tengo una reunión con el canciller Rafael Ramírez, vamos a hablar de la frontera. Nosotros hemos dicho de manera diplomática que estamos en desacuerdo con el cierre", declaró María Ángela Holguín, ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, el martes. Aún no se han revelado los detalles de este encentro.
La medida ha sido rechazada duramente en la zona fronteriza, donde empresarios y políticos han alertado sobre las consecuencias negativas que tiene para quienes conviven entre ambos países.
"El cierre no tiene un gran efecto sobre el comercio formal, más allá de retrasar el cruce de la mercancía porque los vehículos se acumulan, pero sí para otras actividades en la frontera, que es muy dinámica", dijo Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior de Colombia.
Grupos afines a la ideología del gobierno de Venezuela, como el Movimiento Comunero Socialista Bolivariano de Colombia, también han criticado la medida porque "es un método inútil para combatir el contrabando y estimula la xenofobia".
Publicado en El Nacional
"Tengo una reunión con el canciller Rafael Ramírez, vamos a hablar de la frontera. Nosotros hemos dicho de manera diplomática que estamos en desacuerdo con el cierre", declaró María Ángela Holguín, ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, el martes. Aún no se han revelado los detalles de este encentro.
La medida ha sido rechazada duramente en la zona fronteriza, donde empresarios y políticos han alertado sobre las consecuencias negativas que tiene para quienes conviven entre ambos países.
"El cierre no tiene un gran efecto sobre el comercio formal, más allá de retrasar el cruce de la mercancía porque los vehículos se acumulan, pero sí para otras actividades en la frontera, que es muy dinámica", dijo Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior de Colombia.
Grupos afines a la ideología del gobierno de Venezuela, como el Movimiento Comunero Socialista Bolivariano de Colombia, también han criticado la medida porque "es un método inútil para combatir el contrabando y estimula la xenofobia".
Publicado en El Nacional
martes, 9 de septiembre de 2014
200.000 colombianos llevan 7 meses sin enviar remesas
El envío de remesas de Colombia a Venezuela se encuentra paralizado desde hace 7 meses, lo cual mantiene en ascuas a más de 200.000 colombianos residentes en el país que acostumbran a mandar dinero a sus familiares.
El gobierno de Venezuela suspendió las remesas a Colombia el 10 de febrero, con el argumento de que algunas personas usaron el mecanismo para obtener divisas al tipo de cambio oficial y luego venderlas en el mercado negro.
Ya en enero, el envío de remesas familiares había sido limitado con la reducción del monto mensual de 900 a 500 dólares (para un máximo de 3 personas, que recibirán 166 dólares cada uno) y la exigencia de requisitos adicionales como la carta de residencia.
La suspensión causó una caída de 80% en las remesas de Venezuela a Colombia, que bajaron de 221,7 millones de dólares en el primer semestre de 2013 a 45,1 millones en el mismo período de 2014, según el Banco de la República.
El diario El Tiempo reseñó que el envío de bolívares no representa una alternativa, pues el tipo de cambio es desfavorable, y la propuesta de que las remesas sean directamente en pesos, planteada por el gobierno venezolano en marzo, no se ha concretado.
Luis Eladio Pérez, embajador de Colombia en Venezuela, declaró a El Nacional que confía en que pronto haya una decisión de las autoridades de ambos países que permita la reactivación del envío de remesas.
Pérez recordó que el asunto fue tratado por los presidentes Juan Manuel Santos, y Nicolás Maduro, Colombia y Venezuela, respectivamente, en el encuentro que tuvieron el 1° de agosto en Cartagena.
El diplomático agregó que quedó pendiente una reunión entre Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda de Colombia, y con el vicepresidente del Área Económica de Venezuela, que en ese momento era Rafael Ramírez y ahora es Rodolfo Marco Torres, para tratar diferentes temas, incluido el de las remesas.
Publicado en El Nacional
El gobierno de Venezuela suspendió las remesas a Colombia el 10 de febrero, con el argumento de que algunas personas usaron el mecanismo para obtener divisas al tipo de cambio oficial y luego venderlas en el mercado negro.
Ya en enero, el envío de remesas familiares había sido limitado con la reducción del monto mensual de 900 a 500 dólares (para un máximo de 3 personas, que recibirán 166 dólares cada uno) y la exigencia de requisitos adicionales como la carta de residencia.
La suspensión causó una caída de 80% en las remesas de Venezuela a Colombia, que bajaron de 221,7 millones de dólares en el primer semestre de 2013 a 45,1 millones en el mismo período de 2014, según el Banco de la República.
El diario El Tiempo reseñó que el envío de bolívares no representa una alternativa, pues el tipo de cambio es desfavorable, y la propuesta de que las remesas sean directamente en pesos, planteada por el gobierno venezolano en marzo, no se ha concretado.
Luis Eladio Pérez, embajador de Colombia en Venezuela, declaró a El Nacional que confía en que pronto haya una decisión de las autoridades de ambos países que permita la reactivación del envío de remesas.
Pérez recordó que el asunto fue tratado por los presidentes Juan Manuel Santos, y Nicolás Maduro, Colombia y Venezuela, respectivamente, en el encuentro que tuvieron el 1° de agosto en Cartagena.
El diplomático agregó que quedó pendiente una reunión entre Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda de Colombia, y con el vicepresidente del Área Económica de Venezuela, que en ese momento era Rafael Ramírez y ahora es Rodolfo Marco Torres, para tratar diferentes temas, incluido el de las remesas.
Publicado en El Nacional
domingo, 3 de agosto de 2014
Diálogo entre Santos y Maduro ha dado pocos resultados
Los mandatarios de Colombia, Juan Manuel Santos, y Venezuela, Nicolás Maduro, tuvieron el viernes en Cartagena su cuarta cumbre presidencial, un diálogo que los especialistas consideran positivo aunque señalan que ha brindado pocos resultados.
"Creo que la relación bilateral está mejor que en los períodos esquizofrénicos de los presidentes Hugo Chávez y Álvaro Uribe. No estamos en esa onda y eso es positivo, pero hay muchas interrogantes", aseguró el internacionalista Félix Gerardo Arellano.
El problema es que las principales dificultades se mantienen y en algunos casos se agravan: el comercio formal entre ambos países sigue estancado, principalmente por la crisis económica en Venezuela, y la actividad ilegal ha crecido por la misma razón.
Arellano precisa que los acuerdos alcanzados para atacar estas dificultades -el viernes se anunció una serie de medidas económicas- resultan poco novedosos y complicados de aplicar.
"El sistema para que las transacciones bilaterales se hagan en moneda local y que los bancos centrales compensen la diferencia ya existía en la Aladi, pero esta última parte también se vería afectada por la falta de divisas", expresó.
Agregó que la medida puede resultar contraproducente, porque las empresas que hayan transado en moneda local después pueden necesitar divisas para comprar a otros países. "No les conviene tener dinero que luego no pueden usar".
Otro problema sin resolver es la asignación de divisas para remesas. "No veo que haya una solución clara para que los colombianos radicados en Venezuela puedan cambiar sus bolívares y enviarlos a sus familias", indica Arellano.
Atacar las causas. En el caso del contrabando, los presidentes anunciaron el viernes medidas para combatir este flagelo como la creación de centros de comando binacional, el intercambio de información financiera y la coordinación de acciones jurídicas.
La internacionalista Beatriz De Majo afirma que estas medidas, de carácter policial y judicial, serán insuficientes para reducir el comercio ilegal de productos mientras no se corrijan las causas del problema.
"Cuando existe una disparidad tan grande en el manejo de las economías de los dos países y hay una insinceridad cambiaria como en Venezuela (con cuatro tipos de cambio) es imposible controlar el contrabando", apuntó De Majo.
No hay cifras precisas sobre este flagelo, pero lo que sí está claro es que el subsidio del gobierno de Venezuela a muchos productos básicos convierte la extracción ilegal de esos bienes hacia territorio colombiano en un negocio multimillonario.
El Ministerio de Alimentación admitió que la fuga de artículos hacia Colombia es uno de los principales problemas de Mercal y calcula que 40% de los bienes distribuidos por la red terminan en el país vecino.
"No es difícil explicar el fenómeno. La fijación de una tasa de cambio artificial para abaratar las importaciones de bienes básicos está siendo utilizada para reexportar los productos hacia Colombia a precios más bajos a los que se dan en nuestro país", dijo el diario La República en su editorial del 30 de julio.
Daniel Aguilar, presidente de Fedecámaras Táchira, respalda esta versión. "El problema de la frontera es que el bolívar no tiene valor y el peso está muy alto. Actualmente hay que dar aproximadamente 32 bolívares por cada peso".
Aguilar calcula que con el sueldo mínimo de Colombia (620.000 pesos mensuales) se pueden obtener 19.800 bolívares al tipo de cambio actual, lo cual multiplica por 5 al salario de Venezuela (4.200 bolívares).
Solución interna. Para La República la solución es clara y está en manos del gobierno de Venezuela. "Hay que sincerar el precio de la divisa local, pero esta es una decisión que solo incumbe a las autoridades económicas de ese país y no es conveniente plantearlo por parte de Colombia, para no caer en la discusión de la intromisión".
Arellano considera que tanto el comercio formal como el contrabando son problemas que Venezuela tiene que resolver. "Colombia no puede hacer nada porque son consecuencia de una política económica que ha distorsionado el mercado cambiario y destruido el aparato productivo".
Aguilar está de acuerdo en que la única vía para reducir el contrabando es que se sincere el valor del bolívar. "La solución es tomar una decisión real sobre la situación económica fronteriza equilibrando el precio de la moneda".
"Colombia debe seguir combatiendo el contrabando porque le hace daño a su industria nacional, pero es Venezuela la que debe corregir el rumbo en materia económica y sabemos que estamos lejos de eso", advirtió De Majo.
Publicado en El Nacional
"Creo que la relación bilateral está mejor que en los períodos esquizofrénicos de los presidentes Hugo Chávez y Álvaro Uribe. No estamos en esa onda y eso es positivo, pero hay muchas interrogantes", aseguró el internacionalista Félix Gerardo Arellano.
El problema es que las principales dificultades se mantienen y en algunos casos se agravan: el comercio formal entre ambos países sigue estancado, principalmente por la crisis económica en Venezuela, y la actividad ilegal ha crecido por la misma razón.
Arellano precisa que los acuerdos alcanzados para atacar estas dificultades -el viernes se anunció una serie de medidas económicas- resultan poco novedosos y complicados de aplicar.
"El sistema para que las transacciones bilaterales se hagan en moneda local y que los bancos centrales compensen la diferencia ya existía en la Aladi, pero esta última parte también se vería afectada por la falta de divisas", expresó.
Agregó que la medida puede resultar contraproducente, porque las empresas que hayan transado en moneda local después pueden necesitar divisas para comprar a otros países. "No les conviene tener dinero que luego no pueden usar".
Otro problema sin resolver es la asignación de divisas para remesas. "No veo que haya una solución clara para que los colombianos radicados en Venezuela puedan cambiar sus bolívares y enviarlos a sus familias", indica Arellano.
Atacar las causas. En el caso del contrabando, los presidentes anunciaron el viernes medidas para combatir este flagelo como la creación de centros de comando binacional, el intercambio de información financiera y la coordinación de acciones jurídicas.
La internacionalista Beatriz De Majo afirma que estas medidas, de carácter policial y judicial, serán insuficientes para reducir el comercio ilegal de productos mientras no se corrijan las causas del problema.
"Cuando existe una disparidad tan grande en el manejo de las economías de los dos países y hay una insinceridad cambiaria como en Venezuela (con cuatro tipos de cambio) es imposible controlar el contrabando", apuntó De Majo.
No hay cifras precisas sobre este flagelo, pero lo que sí está claro es que el subsidio del gobierno de Venezuela a muchos productos básicos convierte la extracción ilegal de esos bienes hacia territorio colombiano en un negocio multimillonario.
El Ministerio de Alimentación admitió que la fuga de artículos hacia Colombia es uno de los principales problemas de Mercal y calcula que 40% de los bienes distribuidos por la red terminan en el país vecino.
"No es difícil explicar el fenómeno. La fijación de una tasa de cambio artificial para abaratar las importaciones de bienes básicos está siendo utilizada para reexportar los productos hacia Colombia a precios más bajos a los que se dan en nuestro país", dijo el diario La República en su editorial del 30 de julio.
Daniel Aguilar, presidente de Fedecámaras Táchira, respalda esta versión. "El problema de la frontera es que el bolívar no tiene valor y el peso está muy alto. Actualmente hay que dar aproximadamente 32 bolívares por cada peso".
Aguilar calcula que con el sueldo mínimo de Colombia (620.000 pesos mensuales) se pueden obtener 19.800 bolívares al tipo de cambio actual, lo cual multiplica por 5 al salario de Venezuela (4.200 bolívares).
Solución interna. Para La República la solución es clara y está en manos del gobierno de Venezuela. "Hay que sincerar el precio de la divisa local, pero esta es una decisión que solo incumbe a las autoridades económicas de ese país y no es conveniente plantearlo por parte de Colombia, para no caer en la discusión de la intromisión".
Arellano considera que tanto el comercio formal como el contrabando son problemas que Venezuela tiene que resolver. "Colombia no puede hacer nada porque son consecuencia de una política económica que ha distorsionado el mercado cambiario y destruido el aparato productivo".
Aguilar está de acuerdo en que la única vía para reducir el contrabando es que se sincere el valor del bolívar. "La solución es tomar una decisión real sobre la situación económica fronteriza equilibrando el precio de la moneda".
"Colombia debe seguir combatiendo el contrabando porque le hace daño a su industria nacional, pero es Venezuela la que debe corregir el rumbo en materia económica y sabemos que estamos lejos de eso", advirtió De Majo.
Publicado en El Nacional
sábado, 2 de agosto de 2014
Cartagena recibió con protestas reunión entre Maduro y Santos
Cerca de medio centenar de personas manifestaron en Cartagena contra la visita del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que se reunió en esa ciudad con su homólogo de Colombia, Juan Manuel Santos, para repasar la agenda bilateral.
Los manifestantes -en su mayoría pertenecientes al partido Centro Democrático, fundado por el expresidente Álvaro Uribe- desplegaron pancartas con los nombres y las edades de algunos de los jóvenes detenidos en las protestas contra Maduro, reportó Efe.
"En Venezuela tiene que haber democracia y libertad de expresión y eso es los que estamos pidiendo hoy desde aquí", declaró Fernando Araújo, senador de Centro Democrático y organizador de la protesta.
"No estamos de acuerdo con el silencio cómplice de Santos, de permitir que Maduro venga a Colombia después de las violaciones de derechos humanos y de las detenciones injustas", dijo María Beatriz Salcedo, otra de las organizadoras.
Los mandatarios escogieron para la reunión de ayer -la cuarta entre ambos- un hotel rodeado por una plaza, que fue cortada al tráfico desde la mañana en previsión de que manifestantes se acercaran a protestar.
Más acuerdos. Santos y Maduro anunciaron que el encuentro sirvió para lograr acuerdos en la lucha contra el contrabando, comercio, energía, infraestructura y transporte; además de aprobar un plan de asistencia al pueblo wayúu, que vive a ambos lados de la frontera.
Confirmaron que se aplicarán las medidas acordadas en febrero para combatir el comercio ilegal, que incluyen centros de comando binacionales y un sistema de intercambio de información financiera para desarticular a los grupos que participan en el contrabando.
Agregaron que impulsarán el comercio formal con la aplicación de un sistema de pago en moneda nacional, la profundización del acuerdo de alcance parcial y la creación de una mesa de trabajo permanente para revisar mensualmente el cumplimiento de las políticas aprobadas en materia económica.
Publicado en El Nacional
Los manifestantes -en su mayoría pertenecientes al partido Centro Democrático, fundado por el expresidente Álvaro Uribe- desplegaron pancartas con los nombres y las edades de algunos de los jóvenes detenidos en las protestas contra Maduro, reportó Efe.
"En Venezuela tiene que haber democracia y libertad de expresión y eso es los que estamos pidiendo hoy desde aquí", declaró Fernando Araújo, senador de Centro Democrático y organizador de la protesta.
"No estamos de acuerdo con el silencio cómplice de Santos, de permitir que Maduro venga a Colombia después de las violaciones de derechos humanos y de las detenciones injustas", dijo María Beatriz Salcedo, otra de las organizadoras.
Los mandatarios escogieron para la reunión de ayer -la cuarta entre ambos- un hotel rodeado por una plaza, que fue cortada al tráfico desde la mañana en previsión de que manifestantes se acercaran a protestar.
Más acuerdos. Santos y Maduro anunciaron que el encuentro sirvió para lograr acuerdos en la lucha contra el contrabando, comercio, energía, infraestructura y transporte; además de aprobar un plan de asistencia al pueblo wayúu, que vive a ambos lados de la frontera.
Confirmaron que se aplicarán las medidas acordadas en febrero para combatir el comercio ilegal, que incluyen centros de comando binacionales y un sistema de intercambio de información financiera para desarticular a los grupos que participan en el contrabando.
Agregaron que impulsarán el comercio formal con la aplicación de un sistema de pago en moneda nacional, la profundización del acuerdo de alcance parcial y la creación de una mesa de trabajo permanente para revisar mensualmente el cumplimiento de las políticas aprobadas en materia económica.
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domingo, 22 de junio de 2014
Colombia: El progreso económico no ha resuelto la desigualdad social
Colombia era vista hace 25 años como un país con tantos problemas económicos que había tenido que renunciar a ser la sede del campeonato Mundial de Fútbol de 1986. Con tantas falencias institucionales que era incapaz de garantizar la seguridad ciudadana ante la amenaza que representaban los grupos guerrilleros y los carteles del narcotráfico. La visión actual, sin embargo, difiere mucho de esa imagen.
Las reformas aplicadas tras el Consenso de Washington (1989) y la apertura comercial al mundo en las últimas décadas han permitido estabilizar la situación macroeconómica –la inflación se redujo a un dígito, el desempleo también– y atraer suficiente inversión extranjera –más de 17 millardos de dólares en 2013– para convertir a Colombia en una potencia emergente.
La nación es la cuarta economía de América Latina (detrás de Brasil, México y Argentina), tiene más de una decena de tratados de libre comercio (los más importantes con Estados Unidos y la Unión Europea) y forma parte de los llamados Civets (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Suráfrica), acrónimo usado por The Economist para agrupar a los mercados que se perfilan como más dinámicos en los próximos años.
En materia de seguridad, el Plan Colombia –desarrollado en conjunto con Estados Unidos– permitió detener la expansión de los cultivos de droga y la política de seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) logró desmovilizar a los grupos paramilitares y debilitar a los guerrilleros, que ahora están negociando con el gobierno de Juan Manuel Santos para poner fin a un conflicto armado que comenzó hace 50 años.
Aunque el país sigue teniendo índices delictivos altos (en 2012 hubo 30,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, la séptima peor tasa del mundo), la percepción tanto de los colombianos como de los extranjeros es que ahora es más seguro que hace un cuarto de siglo. Una muestra es que el número de visitantes de otros países aumentó de 500.000 en 2003 a 2,2 millones en 2012, según la Organización Mundial de Turismo.
Desigualdad y desencanto. A pesar de los avances experimentados durante los últimos años, Colombia –como toda potencia emergente– no ha logrado resolver los problemas característicos de los países en desarrollo, empezando por la pobreza. Las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas muestran que 32,2% de la población colombiana es pobre, es decir, casi 14,7 millones de personas.
El alto porcentaje de pobreza en un país cuya economía ha crecido un promedio de 5% anual en la última década y que promete mantener ese ritmo durante los próximos años se debe a que los ingresos generados por ese boom llegan a pocas manos: 1% de la población concentra la quinta parte de la riqueza, según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.
La consecuencia obvia de la combinación entre un elevado índice de pobreza y una alta concentración de la riqueza es la desigualdad social. Un estudio elaborado entre 1990 y 2010 por el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, ONU-Hábitat, muestra que Colombia es la tercera nación más desigual de América Latina, por detrás de República Dominicana y Brasil.
"El gran drama del país es que la bonanza económica no ha logrado convertirse en una bonanza social", apunta la internacionalista Beatriz De Majo. Agrega que la persistencia de la desigualdad social ha traído como consecuencia el desencanto político, reflejado en el hecho de que 53% de los votantes colombianos se abstuvo de participar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el 16 de junio.
El internacionalista Luis Daniel Álvarez coincide en que el desencanto político se ha convertido en una regla. "La abstención electoral es un fenómeno recurrente. Por eso la participación de 47% no generó preocupación. Más bien hubo alegría porque subió 7 puntos en comparación con la primera vuelta. Hay una gran indiferencia en muchos sectores, que ven la política como algo alejado".
¿Cambio de rumbo? De Majo señala que el descuido del aspecto social también ha permitido ganar espacios a los grupos políticos de izquierda, cuyo apoyo a Santos en la segunda vuelta electoral resultó vital para que el mandatario lograra la reelección. "El gobierno colombiano se olvidó del país que está al margen del progreso, pensó que la economía iba a halar al resto de la sociedad y no ha sido así", comenta.
Álvarez comparte la preocupación que tienen algunos sectores en Colombia y en el extranjero por el avance de los izquierdistas y el respaldo que le dieron al presidente reelecto. "Creo que el retroceso institucional que hubo durante el primer período de gobierno de Santos se profundizará por toda la mescolanza ideológica que acompaña ahora al mandatario".
El internacionalista recuerda que el acierto de Colombia para llegar hasta donde está fue establecer reglas claras y fortalecer la independencia de poderes. "La reversión de ese proceso no solo es posible, sino que ya se está dando: la actuación polémica del Poder Ejecutivo frente al Judicial, el uso de la mayoría en ambas cámaras del Congreso, el control de instituciones como la Fiscalía y la Procuraduría".
De Majo reconoce que el panorama político es complicado, pero descarta que suponga algún riesgo para el modelo económico. "Colombia tiene un empresariado sumamente sólido, una economía muy diversa, que nunca ha dependido de un solo producto, y Santos hizo una cosa muy inteligente: puso al país a competir con el mundo. Quizás pasarán por malos momentos, pero eso no tiene vuelta de hoja".
Publicado en El Nacional
Las reformas aplicadas tras el Consenso de Washington (1989) y la apertura comercial al mundo en las últimas décadas han permitido estabilizar la situación macroeconómica –la inflación se redujo a un dígito, el desempleo también– y atraer suficiente inversión extranjera –más de 17 millardos de dólares en 2013– para convertir a Colombia en una potencia emergente.
La nación es la cuarta economía de América Latina (detrás de Brasil, México y Argentina), tiene más de una decena de tratados de libre comercio (los más importantes con Estados Unidos y la Unión Europea) y forma parte de los llamados Civets (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Suráfrica), acrónimo usado por The Economist para agrupar a los mercados que se perfilan como más dinámicos en los próximos años.
En materia de seguridad, el Plan Colombia –desarrollado en conjunto con Estados Unidos– permitió detener la expansión de los cultivos de droga y la política de seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) logró desmovilizar a los grupos paramilitares y debilitar a los guerrilleros, que ahora están negociando con el gobierno de Juan Manuel Santos para poner fin a un conflicto armado que comenzó hace 50 años.
Aunque el país sigue teniendo índices delictivos altos (en 2012 hubo 30,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, la séptima peor tasa del mundo), la percepción tanto de los colombianos como de los extranjeros es que ahora es más seguro que hace un cuarto de siglo. Una muestra es que el número de visitantes de otros países aumentó de 500.000 en 2003 a 2,2 millones en 2012, según la Organización Mundial de Turismo.
Desigualdad y desencanto. A pesar de los avances experimentados durante los últimos años, Colombia –como toda potencia emergente– no ha logrado resolver los problemas característicos de los países en desarrollo, empezando por la pobreza. Las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas muestran que 32,2% de la población colombiana es pobre, es decir, casi 14,7 millones de personas.
El alto porcentaje de pobreza en un país cuya economía ha crecido un promedio de 5% anual en la última década y que promete mantener ese ritmo durante los próximos años se debe a que los ingresos generados por ese boom llegan a pocas manos: 1% de la población concentra la quinta parte de la riqueza, según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.
La consecuencia obvia de la combinación entre un elevado índice de pobreza y una alta concentración de la riqueza es la desigualdad social. Un estudio elaborado entre 1990 y 2010 por el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, ONU-Hábitat, muestra que Colombia es la tercera nación más desigual de América Latina, por detrás de República Dominicana y Brasil.
"El gran drama del país es que la bonanza económica no ha logrado convertirse en una bonanza social", apunta la internacionalista Beatriz De Majo. Agrega que la persistencia de la desigualdad social ha traído como consecuencia el desencanto político, reflejado en el hecho de que 53% de los votantes colombianos se abstuvo de participar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el 16 de junio.
El internacionalista Luis Daniel Álvarez coincide en que el desencanto político se ha convertido en una regla. "La abstención electoral es un fenómeno recurrente. Por eso la participación de 47% no generó preocupación. Más bien hubo alegría porque subió 7 puntos en comparación con la primera vuelta. Hay una gran indiferencia en muchos sectores, que ven la política como algo alejado".
¿Cambio de rumbo? De Majo señala que el descuido del aspecto social también ha permitido ganar espacios a los grupos políticos de izquierda, cuyo apoyo a Santos en la segunda vuelta electoral resultó vital para que el mandatario lograra la reelección. "El gobierno colombiano se olvidó del país que está al margen del progreso, pensó que la economía iba a halar al resto de la sociedad y no ha sido así", comenta.
Álvarez comparte la preocupación que tienen algunos sectores en Colombia y en el extranjero por el avance de los izquierdistas y el respaldo que le dieron al presidente reelecto. "Creo que el retroceso institucional que hubo durante el primer período de gobierno de Santos se profundizará por toda la mescolanza ideológica que acompaña ahora al mandatario".
El internacionalista recuerda que el acierto de Colombia para llegar hasta donde está fue establecer reglas claras y fortalecer la independencia de poderes. "La reversión de ese proceso no solo es posible, sino que ya se está dando: la actuación polémica del Poder Ejecutivo frente al Judicial, el uso de la mayoría en ambas cámaras del Congreso, el control de instituciones como la Fiscalía y la Procuraduría".
De Majo reconoce que el panorama político es complicado, pero descarta que suponga algún riesgo para el modelo económico. "Colombia tiene un empresariado sumamente sólido, una economía muy diversa, que nunca ha dependido de un solo producto, y Santos hizo una cosa muy inteligente: puso al país a competir con el mundo. Quizás pasarán por malos momentos, pero eso no tiene vuelta de hoja".
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jueves, 22 de mayo de 2014
Acusan al presidente Santos de copiar estrategias del chavismo
Francisco Santos, vocero de la campaña del candidato opositor Oscar Iván Zuluaga, denunció que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha convertido al Consejo Nacional Electoral y al Poder Judicial en instrumentos para promover su aspiración de reelegirse en los comicios presidenciales.
"Es sorprendente la similitud entre lo que sucede en esta campaña electoral y cómo se manejan las cosas en Venezuela. El mandatario parece ser un alumno aventajado del chavismo porque está utilizando las mismas herramientas", dijo Santos, vicepresidente de Colombia durante el mandato de Álvaro Uribe (2002-2010).
Santos recordó que el CNE ha puesto trabas a candidatos de la oposición. En el caso de Zuluaga, se impidió al partido que lo respalda (Centro Democrático) usar la foto y el nombre de Uribe en el logotipo, a pesar de que esa práctica ha sido permitida en comicios previos.
Agregó que el Poder Judicial ha sido utilizado para hacer guerra sucia contra Zuluaga y citó el ejemplo del video donde el candidato opositor aparece reunido con el experto en informática Andrés Sepúlveda, acusado por la Fiscalía de espiar los correos del gobierno y la guerrilla para sabotear el diálogo de paz en Cuba.
Aunque el equipo de Zuluaga reconoció la autenticidad del video, Santos aseguró que el audio fue modificado y que la escena forma parte de un gran montaje preparado por los asesores del presidente. "Caímos en la trampa. Pero prefiero pecar de ingenuo por caer que de deshonesto por montarla", declaró.
El exvicepresidente dijo que harán una denuncia penal por infiltración de campaña y adulteración de documentos, pero admitió que no cree que prospere dada la parcialidad del fiscal general, que calificó de ultraderechistas a quienes se oponen a las conversaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Santos recordó que Zuluaga ha dejado claro que su posición sobre el diálogo es que debe suspenderse hasta que las FARC asuman un cese al fuego unilateral. "No puede ser bilateral, porque eso solo facilita que la guerrilla recupere espacios".
Encuestas en contra. Otra semejanza con las prácticas del gobierno venezolano, agregó Santos, es el financiamiento millonario de la campaña. "El presidente ha malgastado billones de pesos para conseguir su reelección", dijo.
El exvicepresidente considera que el mandatario ha optado por atacar la campaña de Zuluaga porque sabe que las encuestas muestran que su aspiración de reelegirse no es apoyada por la población.
Los últimos sondeos muestran un empate técnico entre el opositor y el gobernante para la primera vuelta, que se llevará a cabo el domingo, y dan una ventaja sólida a Zuluaga para la segunda ronda, que se realizaría en junio.
Santos resaltó que 68% de los colombianos no está de acuerdo con la reelección del presidente, según las encuestas."Eso representa un techo para él. Por eso necesita recurrir a este tipo de estrategias".
Publicado en El Nacional
"Es sorprendente la similitud entre lo que sucede en esta campaña electoral y cómo se manejan las cosas en Venezuela. El mandatario parece ser un alumno aventajado del chavismo porque está utilizando las mismas herramientas", dijo Santos, vicepresidente de Colombia durante el mandato de Álvaro Uribe (2002-2010).
Santos recordó que el CNE ha puesto trabas a candidatos de la oposición. En el caso de Zuluaga, se impidió al partido que lo respalda (Centro Democrático) usar la foto y el nombre de Uribe en el logotipo, a pesar de que esa práctica ha sido permitida en comicios previos.
Agregó que el Poder Judicial ha sido utilizado para hacer guerra sucia contra Zuluaga y citó el ejemplo del video donde el candidato opositor aparece reunido con el experto en informática Andrés Sepúlveda, acusado por la Fiscalía de espiar los correos del gobierno y la guerrilla para sabotear el diálogo de paz en Cuba.
Aunque el equipo de Zuluaga reconoció la autenticidad del video, Santos aseguró que el audio fue modificado y que la escena forma parte de un gran montaje preparado por los asesores del presidente. "Caímos en la trampa. Pero prefiero pecar de ingenuo por caer que de deshonesto por montarla", declaró.
El exvicepresidente dijo que harán una denuncia penal por infiltración de campaña y adulteración de documentos, pero admitió que no cree que prospere dada la parcialidad del fiscal general, que calificó de ultraderechistas a quienes se oponen a las conversaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Santos recordó que Zuluaga ha dejado claro que su posición sobre el diálogo es que debe suspenderse hasta que las FARC asuman un cese al fuego unilateral. "No puede ser bilateral, porque eso solo facilita que la guerrilla recupere espacios".
Encuestas en contra. Otra semejanza con las prácticas del gobierno venezolano, agregó Santos, es el financiamiento millonario de la campaña. "El presidente ha malgastado billones de pesos para conseguir su reelección", dijo.
El exvicepresidente considera que el mandatario ha optado por atacar la campaña de Zuluaga porque sabe que las encuestas muestran que su aspiración de reelegirse no es apoyada por la población.
Los últimos sondeos muestran un empate técnico entre el opositor y el gobernante para la primera vuelta, que se llevará a cabo el domingo, y dan una ventaja sólida a Zuluaga para la segunda ronda, que se realizaría en junio.
Santos resaltó que 68% de los colombianos no está de acuerdo con la reelección del presidente, según las encuestas."Eso representa un techo para él. Por eso necesita recurrir a este tipo de estrategias".
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miércoles, 24 de julio de 2013
Sin mejora relevante relación con Bogotá
La reunión del presidente Nicolás Maduro con su homólogo Juan Manuel Santos no se traducirá en una mejora sustancial de la relación con Colombia, opinaron especialistas. "Están obligados a entenderse, pero no hay un interés real de impulsar las relaciones. Lo que hacen es lo mínimo necesario", dijo Edmundo González Urrutía.
El ex diplomático valoró como positivo el anuncio de reactivar la comisión binacional de alto nivel a partir de agosto, pero no cree que se avance más allá de eso. "Hablaron de mantener canales de diálogo político, pero es sólo teoría, en realidad no existen. Es lo mismo que pasa con Estados Unidos", agregó.
La internacionalista Beatriz De Majo aseguró que la reunión contribuyó más a los fines políticos de cada presidente que a los intereses de ambos países. "Santos consiguió un espaldarazo al proceso de paz con la guerrilla y Maduro ganó el reconocimiento de su institucionalidad", señaló.
Agregó que los beneficios del encuentro para la relación bilateral dependerán del trabajo de la comisión, aunque duda que sean muchos. "En lo económico, por ejemplo, Venezuela consiguió otros proveedores en Argentina y Brasil, mientras que Colombia mira hacia el Pacífico".
¿Sabotaje? Maduro acusó al gobernador de Amazonas, Liborio Guarulla, de sabotear la reunión con Santos y ordenó una investigación. "Es algo grave que venga a perturbar una reunión para lograr la paz. Intentó despegar la violencia en las calles de Amazonas", afirmó.
Publicado en El Nacional
El ex diplomático valoró como positivo el anuncio de reactivar la comisión binacional de alto nivel a partir de agosto, pero no cree que se avance más allá de eso. "Hablaron de mantener canales de diálogo político, pero es sólo teoría, en realidad no existen. Es lo mismo que pasa con Estados Unidos", agregó.
La internacionalista Beatriz De Majo aseguró que la reunión contribuyó más a los fines políticos de cada presidente que a los intereses de ambos países. "Santos consiguió un espaldarazo al proceso de paz con la guerrilla y Maduro ganó el reconocimiento de su institucionalidad", señaló.
Agregó que los beneficios del encuentro para la relación bilateral dependerán del trabajo de la comisión, aunque duda que sean muchos. "En lo económico, por ejemplo, Venezuela consiguió otros proveedores en Argentina y Brasil, mientras que Colombia mira hacia el Pacífico".
¿Sabotaje? Maduro acusó al gobernador de Amazonas, Liborio Guarulla, de sabotear la reunión con Santos y ordenó una investigación. "Es algo grave que venga a perturbar una reunión para lograr la paz. Intentó despegar la violencia en las calles de Amazonas", afirmó.
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domingo, 2 de junio de 2013
Maduro sin opciones para presionar a Santos
La situación política y económica de Venezuela limita la posibilidad del presidente Nicolás Maduro de romper las relaciones diplomáticas y comerciales con Colombia, a pesar de las duras críticas que los voceros del Gobierno han hecho contra el mandatario Juan Manuel Santos por reunirse con el líder opositor Henrique Capriles Radonski.
El fallecido presidente Hugo Chávez se caracterizó por reaccionar airadamente ante cualquier cuestionamiento procedente del extranjero y no le tembló el pulso para sacar a Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones o demandar a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, para no estar bajo la supervisión de la Comisión y de la Corte del sistema, por citar sólo dos ejemplos.
En el caso de Colombia, Chávez ordenó congelar las relaciones económicas y sustituir las importaciones provenientes de ese país en julio de 2009, luego de que el ex mandatario Álvaro Uribe pidió explicaciones por un lote de armas vendido por Suecia a Venezuela que fue encontrado en manos de las FARC.
La decisión, sumada a medidas similares aplicadas durante otros impasses diplomáticos ocurridos entre 2008 y 2010, provocó que el comercio bilateral se redujera 78% en ese período (de 7,7 millardos de dólares a 1,7 millardos de dólares) y afectó duramente a Colombia, que tenía a Venezuela como segundo destino de sus exportaciones.
Diferencias. Pero las represalias de Chávez se dieron en un contexto distinto al actual. Políticamente, en julio de 2009 el ex presidente estaba casi en la mitad de su segundo mandato (2007-2013) y acababa de lograr que la enmienda constitucional para permitir la reelección indefinida fuese aprobada en referendo con 55% de los votos.
Maduro, en cambio, está comenzando un período presidencial que obtuvo al imponerse con una diferencia de apenas 1,5 puntos porcentuales, en unos comicios que han sido impugnados por su rival ante el Tribunal Supremo de Justicia debido a más de 3.000 irregularidades cometidas antes y durante los mismos.
Desde el punto de vista económico, hace cuatro años el Gobierno se encontraba en una situación un poco más holgada a pesar de que el precio de la cesta venezolana de crudo y derivados estaba en 60,87 dólares, 39% menos que el promedio de 99,48 dólares que registró esta semana, según el Ministerio de Petróleo y Minería.
Las reservas internacionales ascendían a 31,1 millardos de dólares y la porción de estas consideradas líquidas sumaba 18,7 millardos de dólares, lo cual permitía cubrir cinco meses de importaciones. La deuda pública era de 50 millardos de dólares y el índice de escasez se ubicaba en 13,3%.
Ahora las reservas se redujeron a 26,2 millardos de dólares y sólo 3,1 millardos de dólares están líquidos, lo que equivale a 15 días de importaciones. Los pasivos del país se duplicaron para superar 100 millardos de dólares, mientras que la escasez trepó hasta 21,3% en abril, según el Banco Central de Venezuela.
Sin opciones. Las internacionalistas Beatriz De Majo y Elsa Cardoso consideran que los cambios ocurridos tanto en Venezuela como en Colombia durante los últimos años dejan a Maduro sin las alternativas económicas y políticas que tenía Chávez para presionar al país vecino.
"La situación económica del país es muy frágil y el desabastecimiento es muy grave como para presionar comercialmente", dice Cardoso. "Colombia es el único que puede sacarle las castañas del fuego a Venezuela en materia agroalimentaria de manera expedita", agrega De Majo.
Del otro lado de la frontera, además, ya no hay tanto interés por cobrar las deudas pendientes (uno de los motivos para normalizar las relaciones en agosto de 2010) ni tanta dependencia de las compras venezolanas, porque los empresarios colombianos han encontrado otros mercados para sus productos.
En el ámbito político, la participación de Venezuela -que era clave cuando Santos asumió la presidencia para convencer a los líderes de las FARC de sentarse en la mesa de negociaciones- no resulta imprescindible para continuar las negociaciones entre el Gobierno y la guerrilla.
"Ejercer presión con las conversaciones de paz, además de hacer quedar mal al país ante el resto del mundo, es exagerar el peso que Venezuela tiene en ellas. Las opciones de las FARC son limitadas", explica Cardoso. "La reacción del Gobierno fue visceral. Creo que en una segunda etapa tendrán que pensarlo mejor", señala De Majo.
Publicado en El Nacional
El fallecido presidente Hugo Chávez se caracterizó por reaccionar airadamente ante cualquier cuestionamiento procedente del extranjero y no le tembló el pulso para sacar a Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones o demandar a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, para no estar bajo la supervisión de la Comisión y de la Corte del sistema, por citar sólo dos ejemplos.
En el caso de Colombia, Chávez ordenó congelar las relaciones económicas y sustituir las importaciones provenientes de ese país en julio de 2009, luego de que el ex mandatario Álvaro Uribe pidió explicaciones por un lote de armas vendido por Suecia a Venezuela que fue encontrado en manos de las FARC.
La decisión, sumada a medidas similares aplicadas durante otros impasses diplomáticos ocurridos entre 2008 y 2010, provocó que el comercio bilateral se redujera 78% en ese período (de 7,7 millardos de dólares a 1,7 millardos de dólares) y afectó duramente a Colombia, que tenía a Venezuela como segundo destino de sus exportaciones.
Diferencias. Pero las represalias de Chávez se dieron en un contexto distinto al actual. Políticamente, en julio de 2009 el ex presidente estaba casi en la mitad de su segundo mandato (2007-2013) y acababa de lograr que la enmienda constitucional para permitir la reelección indefinida fuese aprobada en referendo con 55% de los votos.
Maduro, en cambio, está comenzando un período presidencial que obtuvo al imponerse con una diferencia de apenas 1,5 puntos porcentuales, en unos comicios que han sido impugnados por su rival ante el Tribunal Supremo de Justicia debido a más de 3.000 irregularidades cometidas antes y durante los mismos.
Desde el punto de vista económico, hace cuatro años el Gobierno se encontraba en una situación un poco más holgada a pesar de que el precio de la cesta venezolana de crudo y derivados estaba en 60,87 dólares, 39% menos que el promedio de 99,48 dólares que registró esta semana, según el Ministerio de Petróleo y Minería.
Las reservas internacionales ascendían a 31,1 millardos de dólares y la porción de estas consideradas líquidas sumaba 18,7 millardos de dólares, lo cual permitía cubrir cinco meses de importaciones. La deuda pública era de 50 millardos de dólares y el índice de escasez se ubicaba en 13,3%.
Ahora las reservas se redujeron a 26,2 millardos de dólares y sólo 3,1 millardos de dólares están líquidos, lo que equivale a 15 días de importaciones. Los pasivos del país se duplicaron para superar 100 millardos de dólares, mientras que la escasez trepó hasta 21,3% en abril, según el Banco Central de Venezuela.
Sin opciones. Las internacionalistas Beatriz De Majo y Elsa Cardoso consideran que los cambios ocurridos tanto en Venezuela como en Colombia durante los últimos años dejan a Maduro sin las alternativas económicas y políticas que tenía Chávez para presionar al país vecino.
"La situación económica del país es muy frágil y el desabastecimiento es muy grave como para presionar comercialmente", dice Cardoso. "Colombia es el único que puede sacarle las castañas del fuego a Venezuela en materia agroalimentaria de manera expedita", agrega De Majo.
Del otro lado de la frontera, además, ya no hay tanto interés por cobrar las deudas pendientes (uno de los motivos para normalizar las relaciones en agosto de 2010) ni tanta dependencia de las compras venezolanas, porque los empresarios colombianos han encontrado otros mercados para sus productos.
En el ámbito político, la participación de Venezuela -que era clave cuando Santos asumió la presidencia para convencer a los líderes de las FARC de sentarse en la mesa de negociaciones- no resulta imprescindible para continuar las negociaciones entre el Gobierno y la guerrilla.
"Ejercer presión con las conversaciones de paz, además de hacer quedar mal al país ante el resto del mundo, es exagerar el peso que Venezuela tiene en ellas. Las opciones de las FARC son limitadas", explica Cardoso. "La reacción del Gobierno fue visceral. Creo que en una segunda etapa tendrán que pensarlo mejor", señala De Majo.
Publicado en El Nacional
domingo, 19 de mayo de 2013
Juan Mario Laserna: Subordinar el Legislativo al Ejecutivo es un tipo de dictadura
Colombia no es ajena a la incertidumbre política que vive Venezuela tras la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales. El senador Juan Mario Laserna, del Partido Conservador, conoce la situación de primera mano porque el 14 de abril estuvo en el país como acompañante invitado por la Mesa de la Unidad Democrática y porque la semana pasada promovió la intervención de la diputada María Corina Machado en el Congreso de Colombia para explicar la situación venezolana. Laserna considera que las irregularidades en los comicios y los acontecimientos posteriores son razones más que suficientes para que la comunidad internacional esté preocupada por la democracia del país.
–¿Cuál es su opinión sobre la situación en Venezuela?
–Todos en América Latina estamos preocupados por la situación política, económica y social de Venezuela. Por la inestabilidad que se está generando y también por cómo se han coartado las diferentes libertades, tanto políticas y electorales, como económicas y comerciales. Las medidas que el Gobierno ha tomado van a profundizar la crisis. Por ejemplo, es injusto y es un sofisma de distracción acusar a empresarios y comerciantes de generar la escasez y el desabastecimiento. Eso lo ha generado el Gobierno a través de las restricciones a la economía y al mercado cambiario. Ellos han generado el problema y lo que están haciendo es echarle el pato, como decimos en Colombia, a otro. Es decir, echarle la culpa.
–¿Duda de los resultados de las elecciones presidenciales del 14 de abril?
–En esos comicios hubo problemas, pero lo que hay que ver es si lo que se ofreció en Unasur realmente se cumplió. Porque pareciera que el acuerdo del 18 de abril, que el presidente Nicolás Maduro buscó desesperadamente para legitimar su elección, fue después totalmente incumplido. Creo que es importante saber si Unasur responderá ante esa situación o si lo único para lo que sirvió fue como instrumento de validación de las elecciones. Porque ellos tenían 170 observadores. En ese sentido, los presidentes del bloque deberían pedir explicaciones. Nosotros en el Partido Conversador aprobamos la semana pasada una proposición solicitándole al presidente Juan Manuel Santos y a la canciller explicaciones sobre lo de Unasur.
–¿Considera que la posición de Unasur, e incluso de la Organización de Estados Americanos, ha sido complaciente con Maduro?
–La OEA no ha hecho nada, pero Unasur ha sido un valedor de las elecciones. El problema es que después de los comicios vino otro tema que es igual de grave: lo que hizo el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. No permitir que un diputado hable si no reconoce a Maduro lo que hace es subordinar el Poder Legislativo al Ejecutivo y eso es un tipo de dictadura, porque está rompiendo la independencia de los poderes. Creo que todos los latinoamericanos, y especialmente quienes tenemos una herencia bolivariana, debemos pensar que allí se están rompiendo los principios democráticos. Entonces no sólo son las elecciones sino también las medidas que se están tomando para silenciar a la oposición. Eso es quizás más grave.
–Durante el Gobierno de Hugo Chávez también hubo medidas contra la oposición y no hubo una reacción tan fuerte en el extranjero. ¿Qué ha cambiado?
–Que ahora es mucho más drástico, que hubo violencia en la Asamblea contra los diputados, que son unas medidas mucho más restrictivas. Creo que esto, combinado con lo que seguramente fue una manipulación de las elecciones y con el incumplimiento ante la comunidad internacional del acuerdo de Unasur, es lo que hace la diferencia. El régimen de Chávez tenía cierta legitimidad, pero ese no es el caso ahora.
–¿Por qué promovió la intervención de María Corina Machado en el Congreso de Colombia?
–Primero porque hay 5 millones de colombo-venezolanos. Tenemos un mismo origen, somos países hermanos cuyos destinos están entrelazados. La democracia en Venezuela y la paz en Colombia son uno solo. Y creo que cada vez vamos a estar más ligados y más unidos en el futuro, entonces el problema de la democracia en Venezuela es un problema que afecta a Colombia. El Partido Conservador, que es mi partido, fue fundado en 1849 por los amigos de Simón Bolívar, entonces es un partido cuyo personaje principal e inspirador es un venezolano. Por eso creemos que esa intervención de la diputada era muy importante, porque también en el Congreso los sentimientos son muy diferentes a los del Ejecutivo. Los parlamentarios tienen más chance y más capacidad de expresar los sentimientos del pueblo colombiano, su afecto, su necesidad de cercanía y su voluntad de apoyo al pueblo venezolano. Eso sólo puede hacerse en un Congreso y por eso la acogida fue muy calurosa, además de mayoritaria y abrumadora. Sólo hubo unas voces que se opusieron, pero como 1 de 10, creo que se mostró un gran apoyo, incluso de los partidos que respaldan a Santos. Y eso es muy importante, sobre todo cuando hay tanta gente en la oposición venezolana que cree que los demócratas colombianos les dimos la espalda. Creo que se evidenció todo lo contrario. Los políticos de varios partidos están siguiendo con interés lo que pasa en Venezuela.
–Se ha dicho que el Ejecutivo presionó para que la intervención de Machado no se produjera. ¿Es cierto?
–Yo no sé. Eso seguramente le tocó al presidente del Congreso. Pero lo importante es que se logró que hablara tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. A mí no me presionaron porque el presidente Enrique Santos sabe que en eso estoy distanciado de él, que no comparto la política del Ejecutivo con respecto a Venezuela. Si hubo presiones, eso muestra que era tanto el apoyo que tenía la visita de María Corina que ni siquiera la intervención de la Cancillería y la Presidencia pudieron detener que ella hablara en la plenaria. Es un síntoma más del apoyo verdadero del pueblo colombiano a la democracia en Venezuela.
–¿Cree que el presidente Santos se equivocó al suscribir la declaración de Unasur y asistir a la juramentación de Maduro?
–Creo que el presidente de Colombia, al menos en este momento, debería pedir que se cumplan los acuerdos de Unasur. Creo que él fue asaltado en su buena fe, que él quería ayudar junto con los países de la región. Por eso el Partido Conservador le exige que pida una explicación.
–¿Cómo se explica que Santos, después de ser tan crítico con el chavismo como ministro de Uribe, ahora sea un valedor de lo que ocurre en Venezuela?
–Por dos cosas. Él cree que Maduro es fundamental para las negociaciones con las FARC en La Habana y valora mucho el intercambio comercial entre los dos países. De algún modo, además, piensa que los intereses de los gobiernos de Colombia y Venezuela son los mismos. Creo que puede tener razón a corto plazo, pero que a largo plazo es una equivocación. Si hay un interés común es algo coyuntural. Obviamente que los intereses de los países sí son comunes: necesitamos relaciones comerciales estables y prósperas, mayor integración, mayor libertad.
–¿Qué llamado le hace al Gobierno de Venezuela?
–Lo primero es restablecer los derechos a la oposición, que sigue sin poder hablar en el Parlamento, que es una palabra que viene de hablar. Eso equivale a haber cerrado el Congreso. El punto es que pueden cerrar la Asamblea, pero no pueden callar a los asambleístas. Sobre todo con la tecnología y los medios de comunicación. Otra cosa es respetar la libertad de expresión.
Ex mandatarios en pie. Ante el silencio del presidente Juan Manuel Santos, han sido los ex mandatarios Andrés Pastrana y Álvaro Uribe quienes se han encargado de cuestionar la victoria electoral de Nicolás Maduro y su accionar al frente del Gobierno de Venezuela.
El senador Juan Mario Laserna destaca que Pastrana ofreció un planteamiento muy serio sobre la situación en Venezuela y respalda el llamado que le hizo a Santos para que se pronuncie al respecto.
Sobre las acusaciones contra Uribe, al que el mandatario venezolano vinculó con una conspiración internacional para asesinarlo, el parlamentario afirma que se trata de una cortina de humo.
“Es una distracción que está ensayando Maduro porque sabe que en este momento, aunque el Gobierno de Santos lo haya apoyado, usar este tipo de argumento y crear un sentimiento anticolombiano lo ayuda políticamente. Es demagogia”.
Publicado en El Nacional
–¿Cuál es su opinión sobre la situación en Venezuela?
–Todos en América Latina estamos preocupados por la situación política, económica y social de Venezuela. Por la inestabilidad que se está generando y también por cómo se han coartado las diferentes libertades, tanto políticas y electorales, como económicas y comerciales. Las medidas que el Gobierno ha tomado van a profundizar la crisis. Por ejemplo, es injusto y es un sofisma de distracción acusar a empresarios y comerciantes de generar la escasez y el desabastecimiento. Eso lo ha generado el Gobierno a través de las restricciones a la economía y al mercado cambiario. Ellos han generado el problema y lo que están haciendo es echarle el pato, como decimos en Colombia, a otro. Es decir, echarle la culpa.
–¿Duda de los resultados de las elecciones presidenciales del 14 de abril?
–En esos comicios hubo problemas, pero lo que hay que ver es si lo que se ofreció en Unasur realmente se cumplió. Porque pareciera que el acuerdo del 18 de abril, que el presidente Nicolás Maduro buscó desesperadamente para legitimar su elección, fue después totalmente incumplido. Creo que es importante saber si Unasur responderá ante esa situación o si lo único para lo que sirvió fue como instrumento de validación de las elecciones. Porque ellos tenían 170 observadores. En ese sentido, los presidentes del bloque deberían pedir explicaciones. Nosotros en el Partido Conversador aprobamos la semana pasada una proposición solicitándole al presidente Juan Manuel Santos y a la canciller explicaciones sobre lo de Unasur.
–¿Considera que la posición de Unasur, e incluso de la Organización de Estados Americanos, ha sido complaciente con Maduro?
–La OEA no ha hecho nada, pero Unasur ha sido un valedor de las elecciones. El problema es que después de los comicios vino otro tema que es igual de grave: lo que hizo el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. No permitir que un diputado hable si no reconoce a Maduro lo que hace es subordinar el Poder Legislativo al Ejecutivo y eso es un tipo de dictadura, porque está rompiendo la independencia de los poderes. Creo que todos los latinoamericanos, y especialmente quienes tenemos una herencia bolivariana, debemos pensar que allí se están rompiendo los principios democráticos. Entonces no sólo son las elecciones sino también las medidas que se están tomando para silenciar a la oposición. Eso es quizás más grave.
–Durante el Gobierno de Hugo Chávez también hubo medidas contra la oposición y no hubo una reacción tan fuerte en el extranjero. ¿Qué ha cambiado?
–Que ahora es mucho más drástico, que hubo violencia en la Asamblea contra los diputados, que son unas medidas mucho más restrictivas. Creo que esto, combinado con lo que seguramente fue una manipulación de las elecciones y con el incumplimiento ante la comunidad internacional del acuerdo de Unasur, es lo que hace la diferencia. El régimen de Chávez tenía cierta legitimidad, pero ese no es el caso ahora.
–¿Por qué promovió la intervención de María Corina Machado en el Congreso de Colombia?
–Primero porque hay 5 millones de colombo-venezolanos. Tenemos un mismo origen, somos países hermanos cuyos destinos están entrelazados. La democracia en Venezuela y la paz en Colombia son uno solo. Y creo que cada vez vamos a estar más ligados y más unidos en el futuro, entonces el problema de la democracia en Venezuela es un problema que afecta a Colombia. El Partido Conservador, que es mi partido, fue fundado en 1849 por los amigos de Simón Bolívar, entonces es un partido cuyo personaje principal e inspirador es un venezolano. Por eso creemos que esa intervención de la diputada era muy importante, porque también en el Congreso los sentimientos son muy diferentes a los del Ejecutivo. Los parlamentarios tienen más chance y más capacidad de expresar los sentimientos del pueblo colombiano, su afecto, su necesidad de cercanía y su voluntad de apoyo al pueblo venezolano. Eso sólo puede hacerse en un Congreso y por eso la acogida fue muy calurosa, además de mayoritaria y abrumadora. Sólo hubo unas voces que se opusieron, pero como 1 de 10, creo que se mostró un gran apoyo, incluso de los partidos que respaldan a Santos. Y eso es muy importante, sobre todo cuando hay tanta gente en la oposición venezolana que cree que los demócratas colombianos les dimos la espalda. Creo que se evidenció todo lo contrario. Los políticos de varios partidos están siguiendo con interés lo que pasa en Venezuela.
–Se ha dicho que el Ejecutivo presionó para que la intervención de Machado no se produjera. ¿Es cierto?
–Yo no sé. Eso seguramente le tocó al presidente del Congreso. Pero lo importante es que se logró que hablara tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. A mí no me presionaron porque el presidente Enrique Santos sabe que en eso estoy distanciado de él, que no comparto la política del Ejecutivo con respecto a Venezuela. Si hubo presiones, eso muestra que era tanto el apoyo que tenía la visita de María Corina que ni siquiera la intervención de la Cancillería y la Presidencia pudieron detener que ella hablara en la plenaria. Es un síntoma más del apoyo verdadero del pueblo colombiano a la democracia en Venezuela.
–¿Cree que el presidente Santos se equivocó al suscribir la declaración de Unasur y asistir a la juramentación de Maduro?
–Creo que el presidente de Colombia, al menos en este momento, debería pedir que se cumplan los acuerdos de Unasur. Creo que él fue asaltado en su buena fe, que él quería ayudar junto con los países de la región. Por eso el Partido Conservador le exige que pida una explicación.
–¿Cómo se explica que Santos, después de ser tan crítico con el chavismo como ministro de Uribe, ahora sea un valedor de lo que ocurre en Venezuela?
–Por dos cosas. Él cree que Maduro es fundamental para las negociaciones con las FARC en La Habana y valora mucho el intercambio comercial entre los dos países. De algún modo, además, piensa que los intereses de los gobiernos de Colombia y Venezuela son los mismos. Creo que puede tener razón a corto plazo, pero que a largo plazo es una equivocación. Si hay un interés común es algo coyuntural. Obviamente que los intereses de los países sí son comunes: necesitamos relaciones comerciales estables y prósperas, mayor integración, mayor libertad.
–¿Qué llamado le hace al Gobierno de Venezuela?
–Lo primero es restablecer los derechos a la oposición, que sigue sin poder hablar en el Parlamento, que es una palabra que viene de hablar. Eso equivale a haber cerrado el Congreso. El punto es que pueden cerrar la Asamblea, pero no pueden callar a los asambleístas. Sobre todo con la tecnología y los medios de comunicación. Otra cosa es respetar la libertad de expresión.
Ex mandatarios en pie. Ante el silencio del presidente Juan Manuel Santos, han sido los ex mandatarios Andrés Pastrana y Álvaro Uribe quienes se han encargado de cuestionar la victoria electoral de Nicolás Maduro y su accionar al frente del Gobierno de Venezuela.
El senador Juan Mario Laserna destaca que Pastrana ofreció un planteamiento muy serio sobre la situación en Venezuela y respalda el llamado que le hizo a Santos para que se pronuncie al respecto.
Sobre las acusaciones contra Uribe, al que el mandatario venezolano vinculó con una conspiración internacional para asesinarlo, el parlamentario afirma que se trata de una cortina de humo.
“Es una distracción que está ensayando Maduro porque sabe que en este momento, aunque el Gobierno de Santos lo haya apoyado, usar este tipo de argumento y crear un sentimiento anticolombiano lo ayuda políticamente. Es demagogia”.
Publicado en El Nacional
domingo, 5 de mayo de 2013
Nicolás Maduro, un ex canciller que incomoda a la diplomacia
El reconocimiento y el mantenimiento de relaciones con el Gobierno de Nicolás Maduro se han vuelto una piedra en el zapato para países como Perú, Colombia, Estados Unidos y España. En los dos primeros casos por el reconocimiento dado al mandatario de Venezuela, a pesar de la solicitud de recuento de votos hecha por la oposición, en los otros, por respaldar esa revisión del proceso electoral.
Los presidentes de Perú, Ollanta Humala; y Colombia, Juan Manuel Santos; enfrentan severas críticas en sus países por suscribir la declaración de la Unión Suramericana de Naciones que reconoció al sucesor de Hugo Chávez y asistir a su toma de posesión, a pesar de las dudas sobre la transparencia de las elecciones del 14 de abril.
En Perú, el ex presidente Alan García fue el primero en señalar no sólo a Humala sino también al resto de los mandatarios de Unasur. “La reunión me sabe a un teatro con un libreto preparado para apoyar la continuidad de un régimen que se ha caracterizado por sus abusos”, declaró un día después de la cumbre extraordinaria del bloque.
A la semana siguiente, las bancadas parlamentarias de Alianza por el Gran Cambio y Fuerza Popular, ambas de oposición, pidieron la interpelación del canciller Rafael Roncagliolo. La moción fue apoyada por Perú Posible, partido del ex mandatario Alejandro Toledo que respaldó a Humala en la segunda vuelta de los comicios de 2011.
El periodista Álvaro Vargas Llosa también cuestionó a Humala. “No había razón para convocar a la Unasur en Lima, ni para invitar a Maduro, ni para firmar un documento que lo saludaba como presidente. Desde ese momento, el Perú se convirtió en cómplice directo de lo que pasaba en Venezuela”, afirmó.
Ante los señalamientos, que se han mezclado con críticas internas por la intención de adquirir los activos de la petrolera española Repsol y la aspiración presidencial de la primera dama Nadine Heredia, Humala aclaró que su gobierno y Unasur se limitaron a reconocer los resultados oficiales. “No avalamos ni convalidamos nada en Venezuela”, dijo.
Pupilo cuestionado. En Colombia, las críticas más duras por el respaldo del Gobierno a Maduro provienen de los ex presidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, que durante sus administraciones tuvieron al actual mandatario Juan Manuel Santos como parte de su equipo de ministros.
Los cuestionamientos de Uribe empezaron antes de las elecciones. “Santos indulta a dictadura de Maduro sobre delito de protección de terroristas”, escribió en marzo en su cuenta de Twitter en referencia a la protección del Gobierno venezolano a los cabecillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Luego de los comicios, el movimiento uribista, Centro Democrático, le pidió a Santos no apresurarse a reconocer los resultados ni participar en la toma de posesión. Esta semana le pidió rechazar los hechos de violencia ocurridos en la Asamblea Nacional de Venezuela, que dejaron 11 parlamentarios heridos.
“Exigimos que se pronuncie para rechazar con firmeza el atentado contra la integridad física y la vida de los diputados de la oposición venezolana. Luego del atentado sobreviene el asesinato y el Gobierno de Colombia no puede con su silencio ni avalar ni ser cómplice de un crimen y de un régimen de facto”, dijo el grupo mediante un comunicado.
Pastrana, en una carta hecha pública el 30 de abril, criticó a Santos por reconocer a Maduro, al que calificó como un mandatario en entredicho. “Debo expresar mi total rechazo a la política de complacencia de su gobierno frente a la manipulación de los resultados de la elección presidencial venezolana a favor del régimen imperante”.
Al día siguiente, en declaraciones a RCN Radio, acusó al Gobierno de Venezuela de hacerle conejo (estafar, engañar) a Unasur con la auditoría electoral. “¿Usted cree que no es dictadura callar a periodistas y golpear a congresistas? Como demócratas que somos, nos corresponde exigir a Maduro que se vuelvan a contar los votos”.
Relación frágil. En el caso de España y Estados Unidos, que han respaldado el recuento de votos solicitado por la oposición y han abogado por un diálogo entre las partes en conflicto, el problema no son las críticas internas sino las amenazas recibidas por parte del Gobierno de Maduro.
“Saque sus narices de aquí, impertinente. Vaya a las calles a responderle a la clase obrera porque le han quitado el trabajo, el salario, las pensiones”, declaró el mandatario esta semana en respuesta al ofrecimiento del ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel García-Margallo, para mediar en la crisis política.
El canciller de España aclaró al día siguiente que lo que había ofrecido era su contribución en caso de que el Gobierno de Venezuela la considerase necesaria y la solicitase. Agregó que la relación bilateral se basa en el respeto y “el deseo mutuo de que las cosas nos vayan bien”.
Hace tres semanas, García-Margallo también había que tenido que aclarar que España reconocía a Maduro como presidente, aunque respaldaba el recuento de votos, luego de que el canciller Elías Jaua amenazara con tomar represalias económicas y llamara a consultas al embajador en Madrid, Bernardo Álvarez.
Estados Unidos -al que Jaua amenazó con cortar el suministro de petróleo- admitió esta semana que trabaja con el Gobierno de Maduro pero evita reconocerlo formalmente, condenó la violencia en la Asamblea Nacional y recalcó la importancia de que haya un recuento de votos.
La posición estadounidense no sólo ha sido cuestionada por Maduro sino también por los presidentes de Ecuador y Bolivia. Rafael Correa, que la semana pasada se animó a calificar de golpista al ex candidato opositor Henrique Capriles Radonski, consideró una intromisión el apoyo del gobierno de Barack Obama a un recuento de votos, mientras que Evo Morales acusó a Washington de planificar un golpe de estado en Venezuela.
Prensa crítica. En otros países de la región las críticas han venido desde los medios de comunicación y han estado enfocadas hacia el proceder de Unasur. “Sin mayores elementos de juicio, y sin contar con la auditoría del proceso electoral, los mandatarios suramericanos se apresuraron a validar los resultados mientras Venezuela se hundía en la desesperación y el caos”, escribió el articulista Carlos Larreátegui en El Comercio de Guayaquil.
“Tenemos un juicio político que se desarrolló según el ordenamiento jurídico en Paraguay y un proceso político desprolijo y confuso en Venezuela. En el primer caso, los gobiernos de Mercosur y Unasur no dudaron en suspenderlo de esos organismos. Esos mismos países presenciaron el proceso venezolano con ejemplar discreción”, señaló una editorial de El País de Montevideo.
Apoyo a la mitad. El funeral oficial del presidente Hugo Chávez, a principios de marzo, convocó a 33 jefes de estado y de gobierno. La toma de posesión de Nicolás Maduro, un mes después, sólo logró reunir a 17. Entre las asistentes al primero que faltaron al segundo destacan los mandatarios de Chile, El Salvador, Guatemala, México y Panamá.
Publicado en El Nacional
Los presidentes de Perú, Ollanta Humala; y Colombia, Juan Manuel Santos; enfrentan severas críticas en sus países por suscribir la declaración de la Unión Suramericana de Naciones que reconoció al sucesor de Hugo Chávez y asistir a su toma de posesión, a pesar de las dudas sobre la transparencia de las elecciones del 14 de abril.
En Perú, el ex presidente Alan García fue el primero en señalar no sólo a Humala sino también al resto de los mandatarios de Unasur. “La reunión me sabe a un teatro con un libreto preparado para apoyar la continuidad de un régimen que se ha caracterizado por sus abusos”, declaró un día después de la cumbre extraordinaria del bloque.
A la semana siguiente, las bancadas parlamentarias de Alianza por el Gran Cambio y Fuerza Popular, ambas de oposición, pidieron la interpelación del canciller Rafael Roncagliolo. La moción fue apoyada por Perú Posible, partido del ex mandatario Alejandro Toledo que respaldó a Humala en la segunda vuelta de los comicios de 2011.
El periodista Álvaro Vargas Llosa también cuestionó a Humala. “No había razón para convocar a la Unasur en Lima, ni para invitar a Maduro, ni para firmar un documento que lo saludaba como presidente. Desde ese momento, el Perú se convirtió en cómplice directo de lo que pasaba en Venezuela”, afirmó.
Ante los señalamientos, que se han mezclado con críticas internas por la intención de adquirir los activos de la petrolera española Repsol y la aspiración presidencial de la primera dama Nadine Heredia, Humala aclaró que su gobierno y Unasur se limitaron a reconocer los resultados oficiales. “No avalamos ni convalidamos nada en Venezuela”, dijo.
Pupilo cuestionado. En Colombia, las críticas más duras por el respaldo del Gobierno a Maduro provienen de los ex presidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, que durante sus administraciones tuvieron al actual mandatario Juan Manuel Santos como parte de su equipo de ministros.
Los cuestionamientos de Uribe empezaron antes de las elecciones. “Santos indulta a dictadura de Maduro sobre delito de protección de terroristas”, escribió en marzo en su cuenta de Twitter en referencia a la protección del Gobierno venezolano a los cabecillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Luego de los comicios, el movimiento uribista, Centro Democrático, le pidió a Santos no apresurarse a reconocer los resultados ni participar en la toma de posesión. Esta semana le pidió rechazar los hechos de violencia ocurridos en la Asamblea Nacional de Venezuela, que dejaron 11 parlamentarios heridos.
“Exigimos que se pronuncie para rechazar con firmeza el atentado contra la integridad física y la vida de los diputados de la oposición venezolana. Luego del atentado sobreviene el asesinato y el Gobierno de Colombia no puede con su silencio ni avalar ni ser cómplice de un crimen y de un régimen de facto”, dijo el grupo mediante un comunicado.
Pastrana, en una carta hecha pública el 30 de abril, criticó a Santos por reconocer a Maduro, al que calificó como un mandatario en entredicho. “Debo expresar mi total rechazo a la política de complacencia de su gobierno frente a la manipulación de los resultados de la elección presidencial venezolana a favor del régimen imperante”.
Al día siguiente, en declaraciones a RCN Radio, acusó al Gobierno de Venezuela de hacerle conejo (estafar, engañar) a Unasur con la auditoría electoral. “¿Usted cree que no es dictadura callar a periodistas y golpear a congresistas? Como demócratas que somos, nos corresponde exigir a Maduro que se vuelvan a contar los votos”.
Relación frágil. En el caso de España y Estados Unidos, que han respaldado el recuento de votos solicitado por la oposición y han abogado por un diálogo entre las partes en conflicto, el problema no son las críticas internas sino las amenazas recibidas por parte del Gobierno de Maduro.
“Saque sus narices de aquí, impertinente. Vaya a las calles a responderle a la clase obrera porque le han quitado el trabajo, el salario, las pensiones”, declaró el mandatario esta semana en respuesta al ofrecimiento del ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel García-Margallo, para mediar en la crisis política.
El canciller de España aclaró al día siguiente que lo que había ofrecido era su contribución en caso de que el Gobierno de Venezuela la considerase necesaria y la solicitase. Agregó que la relación bilateral se basa en el respeto y “el deseo mutuo de que las cosas nos vayan bien”.
Hace tres semanas, García-Margallo también había que tenido que aclarar que España reconocía a Maduro como presidente, aunque respaldaba el recuento de votos, luego de que el canciller Elías Jaua amenazara con tomar represalias económicas y llamara a consultas al embajador en Madrid, Bernardo Álvarez.
Estados Unidos -al que Jaua amenazó con cortar el suministro de petróleo- admitió esta semana que trabaja con el Gobierno de Maduro pero evita reconocerlo formalmente, condenó la violencia en la Asamblea Nacional y recalcó la importancia de que haya un recuento de votos.
La posición estadounidense no sólo ha sido cuestionada por Maduro sino también por los presidentes de Ecuador y Bolivia. Rafael Correa, que la semana pasada se animó a calificar de golpista al ex candidato opositor Henrique Capriles Radonski, consideró una intromisión el apoyo del gobierno de Barack Obama a un recuento de votos, mientras que Evo Morales acusó a Washington de planificar un golpe de estado en Venezuela.
Prensa crítica. En otros países de la región las críticas han venido desde los medios de comunicación y han estado enfocadas hacia el proceder de Unasur. “Sin mayores elementos de juicio, y sin contar con la auditoría del proceso electoral, los mandatarios suramericanos se apresuraron a validar los resultados mientras Venezuela se hundía en la desesperación y el caos”, escribió el articulista Carlos Larreátegui en El Comercio de Guayaquil.
“Tenemos un juicio político que se desarrolló según el ordenamiento jurídico en Paraguay y un proceso político desprolijo y confuso en Venezuela. En el primer caso, los gobiernos de Mercosur y Unasur no dudaron en suspenderlo de esos organismos. Esos mismos países presenciaron el proceso venezolano con ejemplar discreción”, señaló una editorial de El País de Montevideo.
Apoyo a la mitad. El funeral oficial del presidente Hugo Chávez, a principios de marzo, convocó a 33 jefes de estado y de gobierno. La toma de posesión de Nicolás Maduro, un mes después, sólo logró reunir a 17. Entre las asistentes al primero que faltaron al segundo destacan los mandatarios de Chile, El Salvador, Guatemala, México y Panamá.
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