La Ley Orgánica de Precios Justos será modificada, específicamente en su artículo 59 que se refiere al contrabando, señaló Andrés Eloy Méndez, superintendente de precios justos. "Seremos más severos y se incorporará la confiscación de todos los activos vinculados a este ilícito (bienes inmuebles, muebles, etc.)", explicó en una nota de prensa.
El artículo 56 ya establece la confiscación como medida a aplicar cuando el boicot, acaparamiento, especulación, contrabando de extracción, usura, cartelización u otros delitos conexos procuren la desestabilización de la economía, la alteración de la paz y atenten contra la seguridad de la nación.
La legislación no detalla qué tipo de bienes serán confiscados. No obstante, el presidente Nicolás Maduro señaló el jueves en la noche que la sanción no buscará solamente incautar lo que se les consiga a los contrabandistas en flagrancia, sino "ir más allá, por las cuentas de estos grupos económicos, por todas sus propiedades, por todo".
La posibilidad de incluir estas sanciones ya había sido asomada a finales de agosto por José Gregorio Vielma Mora, gobernador de Táchira, y Darío Vivas, vicepresidente de la Asamblea Nacional. Expertos advirtieron en aquel momento que la medida constituye una restricción ilegítima al derecho de propiedad privada.
Por los momentos hay que esperar para saber cómo será aplicada la nueva sanción. "Se debe respetar el ordenamiento jurídico, la ley no puede por encima del derecho a la defensa", señaló Eduardo Garmendia, presidente de Conindustria, quien considera que en los cambios planteados a la ley deben incluirse las cláusulas que correspondan a los tribunales. "No puede ser una sanción administrativa", expresó.
El abogado Juan Raffalli considera innecesaria la reforma de la Ley de Precios Justos para incluir otras sanciones contra el contrabando, pues este ya está tipificado como un delito penal en otros instrumentos legales.
Agrega que incluir la confiscación de bienes como sanción confirma lo que ocurre en la práctica: "Ya hay confiscaciones de hecho, lo que es inconstitucional". Señala, además, que la medida será poco efectiva para reducir el contrabando. "No es un problema de tratamiento legislativo, sino de vigilancia fronteriza y de corrección de las distorsiones económicas".
Escrito con Nicolle Yapur. Publicado en El Nacional
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sábado, 13 de septiembre de 2014
martes, 3 de junio de 2014
Abdicación de Juan Carlos obliga a legislar sobre la sucesión real
España es una monarquía parlamentaria desde 1978, sin embargo, carece de leyes que regulen el procedimiento para la sucesión de la corona. Por eso la abdicación del rey Juan Carlos, anunciada ayer, obligará a aprobar una legislación que establezca los pasos para que el príncipe Felipe asuma el cargo de su padre.
Al momento de comunicar al país la decisión del monarca, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, convocó una reunión extraordinaria del consejo de ministros para hoy con el fin de aprobar el proyecto de ley y enviarlo al Parlamento, que lo tramitará con carácter de urgencia.
Rajoy destacó la importancia histórica del reinado de Juan Carlos y garantizó que la sucesión no supondrá un problema para España. "Este proceso se va a desarrollar con plena normalidad, en un contexto de estabilidad institucional. Espero que en un plazo muy breve las cortes generales proclamen como rey a Felipe de Borbón", dijo.
La normativa, además de precisar cómo será el trámite sucesorio, debería aclarar otros aspectos relacionados con la abdicación que tampoco están reglamentados, entre ellos el estatus jurídico y los derechos que tendrán Juan Carlos y la reina Sofía al dejar de ser monarcas.
Sin obstáculos. La Constitución de España obliga a que la sucesión real sea regulada por una ley orgánica, por lo cual se requerirá mayoría absoluta tanto en el Congreso de Diputados como en el Senado para sacar adelante la normativa. Pero no se espera que eso represente un obstáculo.
El Partido Popular (en el gobierno) y el Partido Socialista Obrero Español (principal de la oposición) siempre han respaldado a la monarquía –forma de gobierno establecida en la Constitución de 1978, aprobada en referendo por los españoles– y cuentan con los votos suficientes para aprobar la ley.
Algunos partidos políticos, sin embargo, han aprovechado la abdicación del rey para exigir que se debata sobre la continuidad de la monarquía –una institución cuya imagen se ha deteriorado en los últimos años– e incluso lograron reunir a miles de personas en varias ciudades del país para apoyar la causa republicana.
"Es el momento de dar la palabra al pueblo", dijo Cayo Lara, coordinador general de Izquierda Unida, en la concentración en la Puerta del Sol de Madrid. "La democracia del siglo XXI exige que se convoque un referendo vinculante para decidir si se quiere república o monarquía", agregó Willy Meyer, eurodiputado de IU.
"Lo que toca es dejar que la gente vote, que los españoles tengan el derecho a decidir su futuro. Hay que dar pasos y si las élites políticas no tienen ese valor que se quiten del medio porque algunos estamos dispuestos a darlos", afirmó Pablo Iglesias, del partido Podemos, el cuarto más votado en las últimas elecciones europeas.
En Cataluña y País Vasco las reacciones se enfocaron en las causas soberanistas. El presidente de la generalidad catalana, Artur Mas, aclaró que la decisión del rey no tendrá consecuencias en la consulta prevista para noviembre. El lehendakari, Iñigo Urkullu, aseguró que abre una posibilidad de resolver la cuestión vasca.
Publicado en El Nacional
Al momento de comunicar al país la decisión del monarca, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, convocó una reunión extraordinaria del consejo de ministros para hoy con el fin de aprobar el proyecto de ley y enviarlo al Parlamento, que lo tramitará con carácter de urgencia.
Rajoy destacó la importancia histórica del reinado de Juan Carlos y garantizó que la sucesión no supondrá un problema para España. "Este proceso se va a desarrollar con plena normalidad, en un contexto de estabilidad institucional. Espero que en un plazo muy breve las cortes generales proclamen como rey a Felipe de Borbón", dijo.
La normativa, además de precisar cómo será el trámite sucesorio, debería aclarar otros aspectos relacionados con la abdicación que tampoco están reglamentados, entre ellos el estatus jurídico y los derechos que tendrán Juan Carlos y la reina Sofía al dejar de ser monarcas.
Sin obstáculos. La Constitución de España obliga a que la sucesión real sea regulada por una ley orgánica, por lo cual se requerirá mayoría absoluta tanto en el Congreso de Diputados como en el Senado para sacar adelante la normativa. Pero no se espera que eso represente un obstáculo.
El Partido Popular (en el gobierno) y el Partido Socialista Obrero Español (principal de la oposición) siempre han respaldado a la monarquía –forma de gobierno establecida en la Constitución de 1978, aprobada en referendo por los españoles– y cuentan con los votos suficientes para aprobar la ley.
Algunos partidos políticos, sin embargo, han aprovechado la abdicación del rey para exigir que se debata sobre la continuidad de la monarquía –una institución cuya imagen se ha deteriorado en los últimos años– e incluso lograron reunir a miles de personas en varias ciudades del país para apoyar la causa republicana.
"Es el momento de dar la palabra al pueblo", dijo Cayo Lara, coordinador general de Izquierda Unida, en la concentración en la Puerta del Sol de Madrid. "La democracia del siglo XXI exige que se convoque un referendo vinculante para decidir si se quiere república o monarquía", agregó Willy Meyer, eurodiputado de IU.
"Lo que toca es dejar que la gente vote, que los españoles tengan el derecho a decidir su futuro. Hay que dar pasos y si las élites políticas no tienen ese valor que se quiten del medio porque algunos estamos dispuestos a darlos", afirmó Pablo Iglesias, del partido Podemos, el cuarto más votado en las últimas elecciones europeas.
En Cataluña y País Vasco las reacciones se enfocaron en las causas soberanistas. El presidente de la generalidad catalana, Artur Mas, aclaró que la decisión del rey no tendrá consecuencias en la consulta prevista para noviembre. El lehendakari, Iñigo Urkullu, aseguró que abre una posibilidad de resolver la cuestión vasca.
Publicado en El Nacional
lunes, 2 de julio de 2012
Habilitante completó el cerco sobre la actividad productiva
Las leyes para regular al sector empresarial aprobadas directamente por el presidente Hugo Chávez gracias al último poder habilitante que le entregó la Asamblea Nacional, que estuvo vigente entre diciembre de 2010 y junio de 2012, completaron el cerco al aparato productivo del país.
Empresarios y especialistas no tienen dudas al respecto. Normas como la Ley de Costos y Precios Justos y la Ley Orgánica del Trabajo, por mencionar sólo las dos más importantes aprobadas vía habilitante, se suman al conjunto de regulaciones implementadas por el Gobierno desde 2003.
En la lista también está la Ley que Promueve las Nuevas Formas Asociativas Conjuntas entre el Estado, la Iniciativa Comunitaria y Privada publicada el 15 de junio –último día de vigencia de la Ley Habilitante– que obliga a asociarse con el Gobierno para ser proveedor o beneficiario de programas.
"Son leyes que han afectado la actividad del sector privado y han limitado la capacidad productiva de las empresas. Se le ha puesto un candado a la poca economía de mercado que existe en el país", aseguró Jorge Botti, presidente de Fedecámaras.
"La iniciativa empresarial ha quedado completamente sujeta a las reglas que establece el Estado. Ya el régimen económico que tuvimos no existe, porque se basaba en la propiedad privada, que ahora está en condiciones precarias", agregó el economista Alexander Guerrero.
Ambos coinciden en que Chávez aprovechó la Habilitante para implementar la propuesta de reforma constitucional rechazada por el voto popular en diciembre de 2007. "Como perdió el referéndum tuvo que armarse de paciencia y hacer los cambios poco a poco", dijo Guerrero.
Contraproducentes. El economista Richard Obuchi identificó dos problemas en las regulaciones aplicadas por el gobierno de Chávez sobre la actividad económica: obvian las consecuencias que generan los cambios y atacan los síntomas en vez de las enfermedades.
Lo primero queda claro, según Obuchi, desde el proceso de aprobación de las leyes. "La ausencia de deliberación y discusión ha sido una característica. La incertidumbre que se genera cuando los cambios no se conocen sino hasta que se publica la norma tiene un impacto muy negativo".
Lo segundo se concluye al analizar las legislaciones aprobadas. "El combate de la inflación requiere mucho más que una regulación de las ganancias como la planteada en la Ley de Costos y Precios Justos. El problema del empleo tampoco se resuelve con la nueva Ley Orgánica del Trabajo", añadió Obuchi.
Botti indicó que, aunque el planteamiento gubernamental apunta a beneficiar al consumidor, en realidad logra lo contrario. "Se han puesto tantas trabas al sector empresarial que al final los efectos son contraproducentes. Una prueba es que la inflación no ha disminuido".
La ley laboral también atenta contra su objetivo, señaló Obuchi. "La norma genera algunos beneficios para quienes están empleados, pero las consecuencias negativas que tiene sobre la actividad privada causarán que, a largo plazo, haya menos empleo".
Más dependencia. El presidente de Fedecámaras destacó que las empresas pequeñas y medianas son las más perjudicadas por las legislaciones que limitan la actividad privada, porque tienen menos capacidad que las grandes para asumir los costos que implican las regulaciones.
"El Gobierno ha hecho más difícil las barreras de entrada y las condiciones de operación de las pymes. Ha inhibido la inversión privada y ha fomentado indirectamente la concentración económica que ahora quiere castigar con la ley antimonopolio que se discute en la Asamblea Nacional", expresó Botti.
Guerrero aseguró que la regulación de la economía ha tenido consecuencias muy duras para toda la sociedad. "Hay una descapitalización del sector privado, un empobrecimiento del capital humano y una mayor dependencia del petróleo".
Publicado en El Nacional
Empresarios y especialistas no tienen dudas al respecto. Normas como la Ley de Costos y Precios Justos y la Ley Orgánica del Trabajo, por mencionar sólo las dos más importantes aprobadas vía habilitante, se suman al conjunto de regulaciones implementadas por el Gobierno desde 2003.
En la lista también está la Ley que Promueve las Nuevas Formas Asociativas Conjuntas entre el Estado, la Iniciativa Comunitaria y Privada publicada el 15 de junio –último día de vigencia de la Ley Habilitante– que obliga a asociarse con el Gobierno para ser proveedor o beneficiario de programas.
"Son leyes que han afectado la actividad del sector privado y han limitado la capacidad productiva de las empresas. Se le ha puesto un candado a la poca economía de mercado que existe en el país", aseguró Jorge Botti, presidente de Fedecámaras.
"La iniciativa empresarial ha quedado completamente sujeta a las reglas que establece el Estado. Ya el régimen económico que tuvimos no existe, porque se basaba en la propiedad privada, que ahora está en condiciones precarias", agregó el economista Alexander Guerrero.
Ambos coinciden en que Chávez aprovechó la Habilitante para implementar la propuesta de reforma constitucional rechazada por el voto popular en diciembre de 2007. "Como perdió el referéndum tuvo que armarse de paciencia y hacer los cambios poco a poco", dijo Guerrero.
Contraproducentes. El economista Richard Obuchi identificó dos problemas en las regulaciones aplicadas por el gobierno de Chávez sobre la actividad económica: obvian las consecuencias que generan los cambios y atacan los síntomas en vez de las enfermedades.
Lo primero queda claro, según Obuchi, desde el proceso de aprobación de las leyes. "La ausencia de deliberación y discusión ha sido una característica. La incertidumbre que se genera cuando los cambios no se conocen sino hasta que se publica la norma tiene un impacto muy negativo".
Lo segundo se concluye al analizar las legislaciones aprobadas. "El combate de la inflación requiere mucho más que una regulación de las ganancias como la planteada en la Ley de Costos y Precios Justos. El problema del empleo tampoco se resuelve con la nueva Ley Orgánica del Trabajo", añadió Obuchi.
Botti indicó que, aunque el planteamiento gubernamental apunta a beneficiar al consumidor, en realidad logra lo contrario. "Se han puesto tantas trabas al sector empresarial que al final los efectos son contraproducentes. Una prueba es que la inflación no ha disminuido".
La ley laboral también atenta contra su objetivo, señaló Obuchi. "La norma genera algunos beneficios para quienes están empleados, pero las consecuencias negativas que tiene sobre la actividad privada causarán que, a largo plazo, haya menos empleo".
Más dependencia. El presidente de Fedecámaras destacó que las empresas pequeñas y medianas son las más perjudicadas por las legislaciones que limitan la actividad privada, porque tienen menos capacidad que las grandes para asumir los costos que implican las regulaciones.
"El Gobierno ha hecho más difícil las barreras de entrada y las condiciones de operación de las pymes. Ha inhibido la inversión privada y ha fomentado indirectamente la concentración económica que ahora quiere castigar con la ley antimonopolio que se discute en la Asamblea Nacional", expresó Botti.
Guerrero aseguró que la regulación de la economía ha tenido consecuencias muy duras para toda la sociedad. "Hay una descapitalización del sector privado, un empobrecimiento del capital humano y una mayor dependencia del petróleo".
Publicado en El Nacional
miércoles, 22 de diciembre de 2010
Gobierno usará multas para regular Internet
La reforma de la Ley Orgánica de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y ahora también Medios Electrónicos, según el proyecto aprobado por la Asamblea Nacional obligará a los proveedores de servicios de Internet y difusión por suscripción a restringir el acceso a sitios web, emisoras o canales que transmitan mensajes prohibidos por la normativa, so pena de multas de hasta 10% de los ingresos brutos del año anterior.
"Los proveedores de medios electrónicos deberán establecer mecanismos que permitan restringir, sin dilaciones, la difusión de mensajes divulgados que se subsuman en las prohibiciones contenidas en el presente artículo, cuando ello sea solicitado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones en ejercicio de sus competencias", dice el artículo 28.
El primer numeral del artículo 29 castiga con multas de 10% de los ingresos brutos o suspensión por 72 horas continuas la difusión de mensajes que promuevan la alteración del orden público, el delito, la discriminación, la intolerancia y el odio o que usen el anonimato, hagan propaganda de guerra, fomenten la zozobra y desconozcan las autoridades legítimas.
De esta manera, el Gobierno apela al factor económico-financiero para regular indirectamente los contenidos difundidos en el ciberespacio y transmitidos a través de canales pagos. "Prácticamente delega la responsabilidad de controlar los mensajes a los proveedores del servicio, que se exponen a sanciones severas si no lo hacen", expresa el abogado constitucionalista Ricardo Antela.
Una multa de 10% de los ingresos brutos representa una cuarta parte de la ganancia de una empresa grande como Movistar, que provee telefonía móvil, Internet y TV por suscripción. De acuerdo con los resultados de las operaciones de Telefónica, casa matriz de Movistar, la filial de la compañía española tuvo un margen de utilidad de 46,8% entre enero y septiembre de 2010. El impacto es aún mayor para compañías más pequeñas.
Corresponsabilidad. Antela señala que al castigar al proveedor del servicio por los mensajes con contenidos prohibidos que circulen por Internet u otros medios electrónicos se quita la responsabilidad al autor ya sea twitero, forista de algún portal web o cualquier persona que escriba un correo electrónico para hacerla recaer en un tercero.
"La reforma de la legislación que aprobó la Asamblea Nacional permitirá que los proveedores de medios electrónicos sean castigados por algo de lo que no son responsables. Será algo así como sancionar al concesionario que le vendió a alguien el vehículo con el que posteriormente atropelló a una persona", argumenta.
La disposición llevará a que los proveedores, para evitar multas, establezcan mecanismos tecnológicos que les permitan revisar, moderar y censurar aquellos mensajes que pudieran ser interpretados como violatorios de la ley. "Estarían ejerciendo la censura previa que explícitamente prohíbe el artículo 57 de la Constitución", advierte.
Gilbert Minionis, presidente de Net Uno –empresa que ofrece televisión paga, Internet y telefonía fija–, califica de exabrupto que los proveedores de servicios tengan la responsabilidad de regular los contenidos. "Esa es una de las cosas que creo deben modificarse", agrega.
Minionis afirma que luego de la reforma de la ley, Net Uno no censurará contenidos porque es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones el órgano regulador establecido en la legislación venezolana y, por ende, el que debe ejercer el papel de censor.
"Cuando Conatel ve algo fuera del margen de la ley nos lo comunica (incluso hasta de manera informal porque tenemos buenas relaciones) y nosotros cumplimos las instrucciones.Conatel es el organismo que tiene los recursos para seguir regulando los mensajes", refiere el presidente de Net Uno.
Además de aclarar que a la empresa no es a la que le toca vigilar los mensajes, Minionis afirma que la compañía no tiene la capacidad para hacerlo. "Nosotros no podemos tener a alguien ahí mirando todos los días 100 canales, para ver quién dice qué cosa".
Apunta que ejercer esa función se traduciría en un aumento de tarifas. "Para cumplir esa medida deberé contratar una pila de gente en todas las ciudades en las que estamos presentes para que estén mirando las emisoras todo el tiempo. La consecuencia de esta disposición la pagará el suscriptor", alega el presidente de Net Uno, empresa que presta servicios en Barquisimeto, Caracas, Guarenas, Guatire, Maracaibo, Maracay, Mérida, Puerto Cabello, San Cristóbal y Valencia; ciudades que concentran 70% del mercado de telecomunicaciones nacional.
La Cámara de Comercio Electrónico, en un comunicado, expresó su más profundo rechazo a la aprobación de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión por parte de la Asamblea Nacional. El gremio advierte que responsabilizar al proveedor de servicio por los contenidos que emita, "causará inevitablemente el establecimiento de la autocensura, de la censura previa por parte de los medios y del bloqueo de numerosas páginas y servicios de información y opinión de usuarios al no poder los proveedores controlar el tipo de mensajes".
Multas in crescendo. Un informe del bufete Raffali, De Lemos, Halvorssen, Ortega y Ortiz advierte que la reforma de la Ley Orgánica de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos también incluye un aumento de los supuestos castigados y de los montos de las sanciones.
Hay multas de entre 1% y 2% de los ingresos brutos por incumplimiento de las disposiciones en materia de publicidad, de la obligación de publicar guías de programación y del deber de anunciar el tipo de programa y de elementos clasificados al inicio de cada espacio, entre otros.
El monto de las sanciones se incrementa hasta entre 3% y 4% de los ingresos brutos cuando las faltas de los prestadores de servicio estén vinculadas con difusión en horario todo usuario o en horario supervisado de mensajes que no se correspondan.
Eso incluye imágenes de violencia real en programas informativos, mensajes en los que niños y adolescentes actúen utilizando lenguaje y actitudes sexuales o violentas inadecuadas para su edad; y publicidad de loterías y juegos de envite y azar.
También serán penados con una multa de entre 3% y 4% de los ingresos brutos los proveedores que difundan publicidad anónima o que no identifiquen claramente el bien o servicio y que ocupen más de 50% del tiempo publicitario con anuncias de grandes empresas o compañías del Estado.
Otros supuestos castigados con esta sanción son los incumplimientos en la presentación de los informes mensuales exigidos, el suministro al suscriptor de facilidades tecnológicas que permitan el bloqueo de canales y la aplicación de mecanismos que permitan restringir la difusión de mensajes.
Para todas las multas se establece un recargo de 50% del monto por pagar en los casos de reincidencia. La excepción es la sanción equivalente a 10% de los ingresos brutos o suspensión por 72 horas, reservada para las faltas más graves. En ese caso, la pena por incurrir más de una vez en el supuesto prohibido puede ser la revocatoria de la concesión.
Escrito junto con Carmen Sofía Alfonzo
Publicado en El Nacional
"Los proveedores de medios electrónicos deberán establecer mecanismos que permitan restringir, sin dilaciones, la difusión de mensajes divulgados que se subsuman en las prohibiciones contenidas en el presente artículo, cuando ello sea solicitado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones en ejercicio de sus competencias", dice el artículo 28.
El primer numeral del artículo 29 castiga con multas de 10% de los ingresos brutos o suspensión por 72 horas continuas la difusión de mensajes que promuevan la alteración del orden público, el delito, la discriminación, la intolerancia y el odio o que usen el anonimato, hagan propaganda de guerra, fomenten la zozobra y desconozcan las autoridades legítimas.
De esta manera, el Gobierno apela al factor económico-financiero para regular indirectamente los contenidos difundidos en el ciberespacio y transmitidos a través de canales pagos. "Prácticamente delega la responsabilidad de controlar los mensajes a los proveedores del servicio, que se exponen a sanciones severas si no lo hacen", expresa el abogado constitucionalista Ricardo Antela.
Una multa de 10% de los ingresos brutos representa una cuarta parte de la ganancia de una empresa grande como Movistar, que provee telefonía móvil, Internet y TV por suscripción. De acuerdo con los resultados de las operaciones de Telefónica, casa matriz de Movistar, la filial de la compañía española tuvo un margen de utilidad de 46,8% entre enero y septiembre de 2010. El impacto es aún mayor para compañías más pequeñas.
Corresponsabilidad. Antela señala que al castigar al proveedor del servicio por los mensajes con contenidos prohibidos que circulen por Internet u otros medios electrónicos se quita la responsabilidad al autor ya sea twitero, forista de algún portal web o cualquier persona que escriba un correo electrónico para hacerla recaer en un tercero.
"La reforma de la legislación que aprobó la Asamblea Nacional permitirá que los proveedores de medios electrónicos sean castigados por algo de lo que no son responsables. Será algo así como sancionar al concesionario que le vendió a alguien el vehículo con el que posteriormente atropelló a una persona", argumenta.
La disposición llevará a que los proveedores, para evitar multas, establezcan mecanismos tecnológicos que les permitan revisar, moderar y censurar aquellos mensajes que pudieran ser interpretados como violatorios de la ley. "Estarían ejerciendo la censura previa que explícitamente prohíbe el artículo 57 de la Constitución", advierte.
Gilbert Minionis, presidente de Net Uno –empresa que ofrece televisión paga, Internet y telefonía fija–, califica de exabrupto que los proveedores de servicios tengan la responsabilidad de regular los contenidos. "Esa es una de las cosas que creo deben modificarse", agrega.
Minionis afirma que luego de la reforma de la ley, Net Uno no censurará contenidos porque es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones el órgano regulador establecido en la legislación venezolana y, por ende, el que debe ejercer el papel de censor.
"Cuando Conatel ve algo fuera del margen de la ley nos lo comunica (incluso hasta de manera informal porque tenemos buenas relaciones) y nosotros cumplimos las instrucciones.Conatel es el organismo que tiene los recursos para seguir regulando los mensajes", refiere el presidente de Net Uno.
Además de aclarar que a la empresa no es a la que le toca vigilar los mensajes, Minionis afirma que la compañía no tiene la capacidad para hacerlo. "Nosotros no podemos tener a alguien ahí mirando todos los días 100 canales, para ver quién dice qué cosa".
Apunta que ejercer esa función se traduciría en un aumento de tarifas. "Para cumplir esa medida deberé contratar una pila de gente en todas las ciudades en las que estamos presentes para que estén mirando las emisoras todo el tiempo. La consecuencia de esta disposición la pagará el suscriptor", alega el presidente de Net Uno, empresa que presta servicios en Barquisimeto, Caracas, Guarenas, Guatire, Maracaibo, Maracay, Mérida, Puerto Cabello, San Cristóbal y Valencia; ciudades que concentran 70% del mercado de telecomunicaciones nacional.
La Cámara de Comercio Electrónico, en un comunicado, expresó su más profundo rechazo a la aprobación de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión por parte de la Asamblea Nacional. El gremio advierte que responsabilizar al proveedor de servicio por los contenidos que emita, "causará inevitablemente el establecimiento de la autocensura, de la censura previa por parte de los medios y del bloqueo de numerosas páginas y servicios de información y opinión de usuarios al no poder los proveedores controlar el tipo de mensajes".
Multas in crescendo. Un informe del bufete Raffali, De Lemos, Halvorssen, Ortega y Ortiz advierte que la reforma de la Ley Orgánica de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos también incluye un aumento de los supuestos castigados y de los montos de las sanciones.
Hay multas de entre 1% y 2% de los ingresos brutos por incumplimiento de las disposiciones en materia de publicidad, de la obligación de publicar guías de programación y del deber de anunciar el tipo de programa y de elementos clasificados al inicio de cada espacio, entre otros.
El monto de las sanciones se incrementa hasta entre 3% y 4% de los ingresos brutos cuando las faltas de los prestadores de servicio estén vinculadas con difusión en horario todo usuario o en horario supervisado de mensajes que no se correspondan.
Eso incluye imágenes de violencia real en programas informativos, mensajes en los que niños y adolescentes actúen utilizando lenguaje y actitudes sexuales o violentas inadecuadas para su edad; y publicidad de loterías y juegos de envite y azar.
También serán penados con una multa de entre 3% y 4% de los ingresos brutos los proveedores que difundan publicidad anónima o que no identifiquen claramente el bien o servicio y que ocupen más de 50% del tiempo publicitario con anuncias de grandes empresas o compañías del Estado.
Otros supuestos castigados con esta sanción son los incumplimientos en la presentación de los informes mensuales exigidos, el suministro al suscriptor de facilidades tecnológicas que permitan el bloqueo de canales y la aplicación de mecanismos que permitan restringir la difusión de mensajes.
Para todas las multas se establece un recargo de 50% del monto por pagar en los casos de reincidencia. La excepción es la sanción equivalente a 10% de los ingresos brutos o suspensión por 72 horas, reservada para las faltas más graves. En ese caso, la pena por incurrir más de una vez en el supuesto prohibido puede ser la revocatoria de la concesión.
Escrito junto con Carmen Sofía Alfonzo
Publicado en El Nacional
domingo, 19 de diciembre de 2010
Gobierno obligará a las empresas familiares a impulsar el socialismo
Para rechazar las acusaciones de los sectores empresariales y opositores sobre la intención gubernamental de suprimir la propiedad privada garantizada por la Constitución, los voceros oficialistas suelen argumentar que las medidas del presidente Chávez están dirigidas contra las grandes empresas capitalistas y no contra las pequeñas compañías comunitarias o familiares.
La subsistencia de estas empresas, sin embargo, está condicionada. La Ley Orgánica para el Fomento y Desarrollo del Sistema Económico Comunal –aprobada por la Asamblea Nacional esta semana– consagra la existencia de unidades productivas familiares, pero exige que contribuyan con los esfuerzos gubernamentales por sustituir el modelo de producción capitalista.
Las organizaciones socioproductivas permitidas en el sistema económico comunal son las empresas de propiedad social directa (pertenecientes a la comunidad) o indirecta (adscritas al Estado), las unidades productivas familiares y los grupos de intercambio solidario, según el artículo 9 de la legislación.
El artículo 11 dice que todas las organizaciones socioproductivas deben orientar sus proyectos a satisfacer las necesidades colectivas de la comunidad, reinvertir socialmente los excedentes, participar activamente en las brigadas de trabajo socialistas y garantizar un modelo de gestión regido por los principios de la democracia revolucionaria.
El artículo 15 establece la ética socialista y la participación en los programas de formación ideológica del Gobierno como requisitos para participar en una organización socioproductiva. El 17 indica que el primer deber de los integrantes de estas unidades es el de "contribuir con la transformación del modelo de producción tradicional hacia uno con orientación socialista".
"Esta ley, así como las otras normativas del llamado poder popular, se caracteriza por ser muy ideológica", advierte Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas. Agrega que el sistema económico comunal es un eufemismo para dejar de lado la empresa privada.
Maldonado acusa al Gobierno de querer ejecutar un modelo comunista que contraviene la Constitución. "El sistema comunal genera mecanismos de intromisión en la vida privada de la gente y en el funcionamiento de las comunidades. No es posible que haya instancia con atribuciones para decidir el tipo de unidades productivas que pueden surgir".
Señala que a diferencia de las compañías privadas, que deben invertir capital para desarrollar su actividad, las unidades productivas que formarán el sistema comunal dependerán del dinero del Gobierno. "Son expresiones de la renta petrolera, empresas que serán subsidiadas por el presupuesto nacional y que perderán sentido cuando dejen de recibir recursos del Estado".
El economista Humberto García Larralde también considera que las unidades productivas del sistema económico comunal son inviables sin el subsidio gubernamental. "La única manera de que una empresa pequeña se sostenga es que esté guiada por el principio de rentabilidad. Esa concepción basada en valores socialistas no tiene ningún sentido".
Precisamente por el carácter inviable de las iniciativas promovidas por el Gobierno, García Larralde no cree que éstas sean una amenaza para las pequeñas empresas –familiares o no– que existen actualmente. "A menos que las autoridades establezcan mecanismos de discriminación en materia de acceso al financiamiento, contratación con el Estado y otras facilidades".
La legislación establece esos mecanismos. Las unidades socioproductivas de las comunas estarán exoneradas del pago de todo tipo de tributos nacionales, tendrán preferencia en las contrataciones públicas y podrán acceder a programas de reestructuración de deuda "en caso de situaciones sobrevenidas no imputables" a su actividad.
La subsistencia de estas empresas, sin embargo, está condicionada. La Ley Orgánica para el Fomento y Desarrollo del Sistema Económico Comunal –aprobada por la Asamblea Nacional esta semana– consagra la existencia de unidades productivas familiares, pero exige que contribuyan con los esfuerzos gubernamentales por sustituir el modelo de producción capitalista.
Las organizaciones socioproductivas permitidas en el sistema económico comunal son las empresas de propiedad social directa (pertenecientes a la comunidad) o indirecta (adscritas al Estado), las unidades productivas familiares y los grupos de intercambio solidario, según el artículo 9 de la legislación.
El artículo 11 dice que todas las organizaciones socioproductivas deben orientar sus proyectos a satisfacer las necesidades colectivas de la comunidad, reinvertir socialmente los excedentes, participar activamente en las brigadas de trabajo socialistas y garantizar un modelo de gestión regido por los principios de la democracia revolucionaria.
El artículo 15 establece la ética socialista y la participación en los programas de formación ideológica del Gobierno como requisitos para participar en una organización socioproductiva. El 17 indica que el primer deber de los integrantes de estas unidades es el de "contribuir con la transformación del modelo de producción tradicional hacia uno con orientación socialista".
"Esta ley, así como las otras normativas del llamado poder popular, se caracteriza por ser muy ideológica", advierte Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas. Agrega que el sistema económico comunal es un eufemismo para dejar de lado la empresa privada.
Maldonado acusa al Gobierno de querer ejecutar un modelo comunista que contraviene la Constitución. "El sistema comunal genera mecanismos de intromisión en la vida privada de la gente y en el funcionamiento de las comunidades. No es posible que haya instancia con atribuciones para decidir el tipo de unidades productivas que pueden surgir".
Señala que a diferencia de las compañías privadas, que deben invertir capital para desarrollar su actividad, las unidades productivas que formarán el sistema comunal dependerán del dinero del Gobierno. "Son expresiones de la renta petrolera, empresas que serán subsidiadas por el presupuesto nacional y que perderán sentido cuando dejen de recibir recursos del Estado".
El economista Humberto García Larralde también considera que las unidades productivas del sistema económico comunal son inviables sin el subsidio gubernamental. "La única manera de que una empresa pequeña se sostenga es que esté guiada por el principio de rentabilidad. Esa concepción basada en valores socialistas no tiene ningún sentido".
Precisamente por el carácter inviable de las iniciativas promovidas por el Gobierno, García Larralde no cree que éstas sean una amenaza para las pequeñas empresas –familiares o no– que existen actualmente. "A menos que las autoridades establezcan mecanismos de discriminación en materia de acceso al financiamiento, contratación con el Estado y otras facilidades".
La legislación establece esos mecanismos. Las unidades socioproductivas de las comunas estarán exoneradas del pago de todo tipo de tributos nacionales, tendrán preferencia en las contrataciones públicas y podrán acceder a programas de reestructuración de deuda "en caso de situaciones sobrevenidas no imputables" a su actividad.
martes, 14 de diciembre de 2010
El Presidente legislará sobre alquiler y preventa de vivienda
El proyecto de ley de emergencia para terrenos urbanos y vivienda, presentado por el Gobierno para atender la situación causada por las lluvias de las últimas semanas, no será el único que pasará al Poder Ejecutivo gracias a la Ley Habilitante que el presidente Hugo Chávez solicitó el sábado y que la Asamblea Nacional prevé aprobar esta semana.
El diputado Luis Gamargo, presidente de la Comisión de Administración y Servicios del Parlamento, aseguró que las tres legislaciones relacionadas con vivienda, que estaban pendientes en esa instancia, quedarán en manos del primer mandatario. Eso incluye el proyecto de ley de preventa y la reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.
El informe para segunda discusión del proyecto de ley de preventa –aprobado en primera instancia en enero de 2010– recibió el visto bueno de la Comisión de Administración y Servicios Públicos el 10 de noviembre, pero la directiva del Parlamento nunca lo incluyó en la agenda de la plenaria porque estaba a la espera de la propuesta legal que presentaría el Ejecutivo.
Gamargo aclaró que el proyecto de ley de emergencia introducido por el Gobierno, aunque contiene disposiciones relacionadas con las transacciones de inmuebles en construcción, se refiere solamente a viviendas de interés social. Por tanto, el proyecto de ley de preventa que abarca todo el mercado inmobiliario sigue en pie.
La reforma de la Ley de Arrendamientos, en tanto, está pendiente desde 2007, cuando fue aprobada en primera discusión por la plenaria de la Asamblea Nacional. Chávez pidió en varias ocasiones que la modificación incluyese un mecanismo para que los inquilinos con más de 20 años puedan comprar el inmueble donde viven, pero ningún papel de trabajo incorporó la idea.
Agenda por definir. En las otras comisiones vinculadas con el área económica no tienen tan claro si las normas que están en discusión serán aprobadas en lo que queda del período parlamentario actual –los diputados electos en septiembre asumirán el 5 de enero– o pasarán al Poder Ejecutivo para que las sancione dentro de la Ley Habilitante.
El diputado Ricardo Sanguino, presidente de la Comisión de Finanzas, dijo que el objetivo de esa instancia es presentar el informe para segunda discusión en plenaria del proyecto de ley de instituciones del sector bancario –que sustituirá la Ley General de Bancos– en los próximos días, para que la normativa sea sancionada por la Asamblea Nacional.
Sanguino no descartó, sin embargo, que la propuesta legal sea enviada al Ejecutivo en caso de que no se logre el objetivo de aprobarla en el período parlamentario actual. Igual suerte correría el proyecto de ley de banca pública, que está más atrasado porque ni siquiera ha sido aprobado en primera discusión.
El diputado Johnny Milano, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico, desconoce si la reforma de la Ley de Financiamiento y Refinanciamiento Agrícola propuesta por esa instancia –en vista de que la norma se vence el 31 de diciembre– será trabajada en la Asamblea Nacional o pasará a manos del Ejecutivo.
Milano indicó que la reforma busca crear nuevas opciones de refinanciamiento para los productores agrícolas, por los daños que las lluvias recientes causaron al sector primario de la economía.
Publicado en El Nacional
El diputado Luis Gamargo, presidente de la Comisión de Administración y Servicios del Parlamento, aseguró que las tres legislaciones relacionadas con vivienda, que estaban pendientes en esa instancia, quedarán en manos del primer mandatario. Eso incluye el proyecto de ley de preventa y la reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.
El informe para segunda discusión del proyecto de ley de preventa –aprobado en primera instancia en enero de 2010– recibió el visto bueno de la Comisión de Administración y Servicios Públicos el 10 de noviembre, pero la directiva del Parlamento nunca lo incluyó en la agenda de la plenaria porque estaba a la espera de la propuesta legal que presentaría el Ejecutivo.
Gamargo aclaró que el proyecto de ley de emergencia introducido por el Gobierno, aunque contiene disposiciones relacionadas con las transacciones de inmuebles en construcción, se refiere solamente a viviendas de interés social. Por tanto, el proyecto de ley de preventa que abarca todo el mercado inmobiliario sigue en pie.
La reforma de la Ley de Arrendamientos, en tanto, está pendiente desde 2007, cuando fue aprobada en primera discusión por la plenaria de la Asamblea Nacional. Chávez pidió en varias ocasiones que la modificación incluyese un mecanismo para que los inquilinos con más de 20 años puedan comprar el inmueble donde viven, pero ningún papel de trabajo incorporó la idea.
Agenda por definir. En las otras comisiones vinculadas con el área económica no tienen tan claro si las normas que están en discusión serán aprobadas en lo que queda del período parlamentario actual –los diputados electos en septiembre asumirán el 5 de enero– o pasarán al Poder Ejecutivo para que las sancione dentro de la Ley Habilitante.
El diputado Ricardo Sanguino, presidente de la Comisión de Finanzas, dijo que el objetivo de esa instancia es presentar el informe para segunda discusión en plenaria del proyecto de ley de instituciones del sector bancario –que sustituirá la Ley General de Bancos– en los próximos días, para que la normativa sea sancionada por la Asamblea Nacional.
Sanguino no descartó, sin embargo, que la propuesta legal sea enviada al Ejecutivo en caso de que no se logre el objetivo de aprobarla en el período parlamentario actual. Igual suerte correría el proyecto de ley de banca pública, que está más atrasado porque ni siquiera ha sido aprobado en primera discusión.
El diputado Johnny Milano, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico, desconoce si la reforma de la Ley de Financiamiento y Refinanciamiento Agrícola propuesta por esa instancia –en vista de que la norma se vence el 31 de diciembre– será trabajada en la Asamblea Nacional o pasará a manos del Ejecutivo.
Milano indicó que la reforma busca crear nuevas opciones de refinanciamiento para los productores agrícolas, por los daños que las lluvias recientes causaron al sector primario de la economía.
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sábado, 11 de diciembre de 2010
Ley de emergencia de vivienda niega atribuciones
a municipios
Cedice denunció que el Gobierno aprovecha la tragedia generada por las lluvias registradas en las últimas semanas para promover normativas que atentan contra la Constitución de 1999, como las cinco legislaciones relacionadas con el poder comunal y el proyecto de ley de emergencia para terrenos urbanos y vivienda.
"Mientras esta tragedia ocurre, el régimen a oscuras, escudándose en su abusiva mayoría en la Asamblea Nacional, continúa expropiando empresas y aprobando leyes comunistas", dijo Rafael Alfonzo, presidente de Cedice. Agregó que la legislación para terrenos urbanos y vivienda, así como otras acciones emprendidas en días recientes, tratan el problema habitacional como si hubiera estado de excepción.
Alfonzo indicó que el proyecto de ley niega las competencias urbanísticas que tienen estados y municipios, además de privarlos de fondos y terrenos para construir viviendas, y concentra todas las decisiones y los recursos en el Presidente.
"Es una ley con visos de inconstitucionalidad", aseguró el abogado Tomás Arias, del Observatorio de Propiedad Privada de Cedice. "Se presenta como una solución al déficit de vivienda, pero no resolverá nada porque parte de las mismas premisas erradas".
Arias cuestionó que la legislación cree un organismo gubernamental análogo al Instituto Nacional de Tierras para llevar a las ciudades –y específicamente al mercado inmobiliario– la política de expropiaciones e intervenciones implementada en las zonas rurales.
También criticó la intención gubernamental de fijar los precios de terrenos e inmuebles a través de la creación de la moneda de la construcción. Agregó que la norma agravará el problema de vivienda, porque ningún empresario edificará en las condiciones impuestas.
Sobre las normativas vinculadas con el poder comunal, Arias señaló que representan un mecanismo del Gobierno para burlar los resultados del referendo realizado en 2007, cuando la población rechazó la reforma constitucional propuesta por el Ejecutivo.
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"Mientras esta tragedia ocurre, el régimen a oscuras, escudándose en su abusiva mayoría en la Asamblea Nacional, continúa expropiando empresas y aprobando leyes comunistas", dijo Rafael Alfonzo, presidente de Cedice. Agregó que la legislación para terrenos urbanos y vivienda, así como otras acciones emprendidas en días recientes, tratan el problema habitacional como si hubiera estado de excepción.
Alfonzo indicó que el proyecto de ley niega las competencias urbanísticas que tienen estados y municipios, además de privarlos de fondos y terrenos para construir viviendas, y concentra todas las decisiones y los recursos en el Presidente.
"Es una ley con visos de inconstitucionalidad", aseguró el abogado Tomás Arias, del Observatorio de Propiedad Privada de Cedice. "Se presenta como una solución al déficit de vivienda, pero no resolverá nada porque parte de las mismas premisas erradas".
Arias cuestionó que la legislación cree un organismo gubernamental análogo al Instituto Nacional de Tierras para llevar a las ciudades –y específicamente al mercado inmobiliario– la política de expropiaciones e intervenciones implementada en las zonas rurales.
También criticó la intención gubernamental de fijar los precios de terrenos e inmuebles a través de la creación de la moneda de la construcción. Agregó que la norma agravará el problema de vivienda, porque ningún empresario edificará en las condiciones impuestas.
Sobre las normativas vinculadas con el poder comunal, Arias señaló que representan un mecanismo del Gobierno para burlar los resultados del referendo realizado en 2007, cuando la población rechazó la reforma constitucional propuesta por el Ejecutivo.
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miércoles, 8 de diciembre de 2010
Gobierno controlará fondos para la innovación
Daniel Rodríguez cursa un programa de especialización que la empresa dónde trabaja financia a los empleados, con el objetivo de modernizar el proceso de producción para reducir los costos. Carolina Ferreira paga un monto mínimo por los estudios de posgrado, pues una compañía transnacional subsidia la universidad, con el propósito de impulsar la investigación en el área en que se desempeña.
Los ejemplos anteriores muestran algunas de las formas que tenían las empresas con ingresos brutos superiores a 100.000 unidades tributarias (6,5 millones de bolívares) para cumplir con el aporte obligatorio que impone la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación desde 2005. El proyecto de reforma que se discute en la Asamblea Nacional, sin embargo, impedirá que las compañías manejen los recursos por su cuenta.
"Todos los aportes deberán ser consignados ante el órgano financiero de los fondos destinados a ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones", dice el artículo 23 de la propuesta. El artículo 40 precisa que se trata del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que luego se encargará de repartir el dinero entre personas e instituciones que soliciten recursos para investigación.
El abogado Edgardo Malavé, corredactor de la Locti vigente, afirma que la modificación planteada por el Ejecutivo convierte el aporte para ciencia y tecnología en una contribución similar a la que debe pagarse al Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista. "El impacto económico para las empresas es muy grande, porque la base de cálculo del monto que se debe pagar son los ingresos brutos", advierte.
Malavé recuerda que hasta la fecha el impacto económico era compensado parcialmente por los beneficios directos que las empresas recibían al invertir en la capacitación de personal, la modernización de procedimientos o la investigación relacionada con su área de negocio. Pero ahora las compañías entregarán el dinero sin saber si los programas y proyectos que le interesan recibirán el financiamiento del Fonacit.
Miguel Mónaco, abogado y profesor universitario de Derecho Público, considera que la reforma limitará la inversión en ciencia y tecnología dentro de las propias empresas. "Por la magnitud del aporte, será muy difícil para algunas compañías cancelar al Fonacit y aparte financiar proyectos internos. No les queda otra que presentar sus proyectos al organismo gubernamental y esperar que les asignen fondos".
Más lento. El problema de esperar los recursos del Fonacit señala Malavé es que el organismo se convertirá en una alcabala por la que tendrán que pasar todas las solicitudes de fondos para la investigación científica y tecnológica. "Operación Sonrisa, por ejemplo, ya no podrá pedirles a las compañías fondos descontables de la obligación por Locti. Ahora tendrá que presentar sus proyectos al Fonacit para que le apruebe recursos", indica.
Agrega que eso introducirá factores como "la tendencia política, la discrecionalidad y el amiguismo" en la decisión de a quién se asignarán los recursos. También ralentizará el proceso de investigación pues el Fonacit no está capacitado para procesar las solicitudes de 6.000 personas e instituciones inscritas en el registro de beneficiarios. "El dinero irá a engrosar cuentas bancarias y se quedará inoperante por mucho tiempo".
Mónaco advierte que lo más grave es que la aprobación de recursos estará condicionada a parámetros políticos. "La autoridad nacional con competencia en ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones evaluará y seleccionará los programas y proyectos que califiquen para su financiamiento en las áreas definidas en el plan de desarrollo económico-social de la nación", dice el artículo 15 de la propuesta de reforma.
Los abogados señalan como otro factor preocupante la modificación del artículo 3 que define los sujetos de la ley para agregar a las comunas que realicen actividades de ciencia, tecnología e innovación. No sólo porque esta forma de organización social promovida por el Gobierno no está establecida en la Constitución, sino porque su inclusión revela que parte de los aportes empresariales serán para financiar proyectos comunales.
También preocupa a los especialistas que se haya suprimido la palabra empresa del artículo. Lo mismo se hizo en la disposición número 27, que describe las actividades "consideradas como factibles de ser llevadas a cabo con los aportes a la ciencia, la tecnología, la innovación y sus aplicaciones". Eso genera temores de que el sector privado sea excluido de la entrega de financiamiento del Fonacit.
Además cuando se incluye la investigación para el desarrollo de nuevos procesos tecnológicos, esquemas organizativos, bienes o procedimientos entre las actividades por financiar con los aportes empresariales, se sustituye el objetivo de mejorar la competitividad y la calidad productiva incluido en la Locti vigente por el de resolver problemas concretos de la población venezolana.
Supervisión posterior. El diputado Manuel Villalba, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Comunicación Social de la Asamblea Nacional, defiende la reforma propuesta para la Locti con el argumento de que la situación actual en que "las empresas manejan a su antojo 95% del aporte previsto en la normativa y sólo entregan al Fonacit 5%" atenta contra la investigación del sector público.
Malavé dice que el Fonacit recibe un porcentaje tan pequeño de los aportes empresariales porque carece de programas y proyectos de investigación suficientes. "Ni siquiera es capaz de ejecutar su propio presupuesto, qué va a hacer con más dinero". Agrega que el objetivo de la norma no es dar recursos a los organismos gubernamentales sino promover que el sector privado invierta en ciencia y tecnología.
Villalba también argumenta que no había un control estatal sobre el aporte. Mónaco replica que el hecho de que las empresas manejarán el dinero por su cuenta, ya sea para invertirlo en proyectos propios o para financiar programas de terceros, no implicaba una ausencia de supervisión de los entes gubernamentales. "Se hace un control posterior, de manera que el elemento burocrático no obstruya el avance científico".
Mónaco destaca que en la Locti vigente se establecen claramente cuáles son las actividades internas y externas que las empresas pueden financiar para cumplir con su obligación de invertir en la ciencia y la tecnología. Además, hay sanciones para las compañías que no realizan ningún aporte y para aquellas que financian actividades distintas a las estipuladas en la ley.
Malavé indica que si el Gobierno era incapaz de supervisar los aportes, como afirma el diputado, también será incompetente para manejar los recursos que las empresas entregarán y distribuirlos entre quienes se dedican a la investigación científica y tecnológica. "El Estado no puede alegar su propia incapacidad. Si el Seniat tiene una estructura para fiscalizar el pago de impuestos, por qué el Fonacit no puede hacer lo mismo".
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Los ejemplos anteriores muestran algunas de las formas que tenían las empresas con ingresos brutos superiores a 100.000 unidades tributarias (6,5 millones de bolívares) para cumplir con el aporte obligatorio que impone la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación desde 2005. El proyecto de reforma que se discute en la Asamblea Nacional, sin embargo, impedirá que las compañías manejen los recursos por su cuenta.
"Todos los aportes deberán ser consignados ante el órgano financiero de los fondos destinados a ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones", dice el artículo 23 de la propuesta. El artículo 40 precisa que se trata del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que luego se encargará de repartir el dinero entre personas e instituciones que soliciten recursos para investigación.
El abogado Edgardo Malavé, corredactor de la Locti vigente, afirma que la modificación planteada por el Ejecutivo convierte el aporte para ciencia y tecnología en una contribución similar a la que debe pagarse al Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista. "El impacto económico para las empresas es muy grande, porque la base de cálculo del monto que se debe pagar son los ingresos brutos", advierte.
Malavé recuerda que hasta la fecha el impacto económico era compensado parcialmente por los beneficios directos que las empresas recibían al invertir en la capacitación de personal, la modernización de procedimientos o la investigación relacionada con su área de negocio. Pero ahora las compañías entregarán el dinero sin saber si los programas y proyectos que le interesan recibirán el financiamiento del Fonacit.
Miguel Mónaco, abogado y profesor universitario de Derecho Público, considera que la reforma limitará la inversión en ciencia y tecnología dentro de las propias empresas. "Por la magnitud del aporte, será muy difícil para algunas compañías cancelar al Fonacit y aparte financiar proyectos internos. No les queda otra que presentar sus proyectos al organismo gubernamental y esperar que les asignen fondos".
Más lento. El problema de esperar los recursos del Fonacit señala Malavé es que el organismo se convertirá en una alcabala por la que tendrán que pasar todas las solicitudes de fondos para la investigación científica y tecnológica. "Operación Sonrisa, por ejemplo, ya no podrá pedirles a las compañías fondos descontables de la obligación por Locti. Ahora tendrá que presentar sus proyectos al Fonacit para que le apruebe recursos", indica.
Agrega que eso introducirá factores como "la tendencia política, la discrecionalidad y el amiguismo" en la decisión de a quién se asignarán los recursos. También ralentizará el proceso de investigación pues el Fonacit no está capacitado para procesar las solicitudes de 6.000 personas e instituciones inscritas en el registro de beneficiarios. "El dinero irá a engrosar cuentas bancarias y se quedará inoperante por mucho tiempo".
Mónaco advierte que lo más grave es que la aprobación de recursos estará condicionada a parámetros políticos. "La autoridad nacional con competencia en ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones evaluará y seleccionará los programas y proyectos que califiquen para su financiamiento en las áreas definidas en el plan de desarrollo económico-social de la nación", dice el artículo 15 de la propuesta de reforma.
Los abogados señalan como otro factor preocupante la modificación del artículo 3 que define los sujetos de la ley para agregar a las comunas que realicen actividades de ciencia, tecnología e innovación. No sólo porque esta forma de organización social promovida por el Gobierno no está establecida en la Constitución, sino porque su inclusión revela que parte de los aportes empresariales serán para financiar proyectos comunales.
También preocupa a los especialistas que se haya suprimido la palabra empresa del artículo. Lo mismo se hizo en la disposición número 27, que describe las actividades "consideradas como factibles de ser llevadas a cabo con los aportes a la ciencia, la tecnología, la innovación y sus aplicaciones". Eso genera temores de que el sector privado sea excluido de la entrega de financiamiento del Fonacit.
Además cuando se incluye la investigación para el desarrollo de nuevos procesos tecnológicos, esquemas organizativos, bienes o procedimientos entre las actividades por financiar con los aportes empresariales, se sustituye el objetivo de mejorar la competitividad y la calidad productiva incluido en la Locti vigente por el de resolver problemas concretos de la población venezolana.
Supervisión posterior. El diputado Manuel Villalba, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Comunicación Social de la Asamblea Nacional, defiende la reforma propuesta para la Locti con el argumento de que la situación actual en que "las empresas manejan a su antojo 95% del aporte previsto en la normativa y sólo entregan al Fonacit 5%" atenta contra la investigación del sector público.
Malavé dice que el Fonacit recibe un porcentaje tan pequeño de los aportes empresariales porque carece de programas y proyectos de investigación suficientes. "Ni siquiera es capaz de ejecutar su propio presupuesto, qué va a hacer con más dinero". Agrega que el objetivo de la norma no es dar recursos a los organismos gubernamentales sino promover que el sector privado invierta en ciencia y tecnología.
Villalba también argumenta que no había un control estatal sobre el aporte. Mónaco replica que el hecho de que las empresas manejarán el dinero por su cuenta, ya sea para invertirlo en proyectos propios o para financiar programas de terceros, no implicaba una ausencia de supervisión de los entes gubernamentales. "Se hace un control posterior, de manera que el elemento burocrático no obstruya el avance científico".
Mónaco destaca que en la Locti vigente se establecen claramente cuáles son las actividades internas y externas que las empresas pueden financiar para cumplir con su obligación de invertir en la ciencia y la tecnología. Además, hay sanciones para las compañías que no realizan ningún aporte y para aquellas que financian actividades distintas a las estipuladas en la ley.
Malavé indica que si el Gobierno era incapaz de supervisar los aportes, como afirma el diputado, también será incompetente para manejar los recursos que las empresas entregarán y distribuirlos entre quienes se dedican a la investigación científica y tecnológica. "El Estado no puede alegar su propia incapacidad. Si el Seniat tiene una estructura para fiscalizar el pago de impuestos, por qué el Fonacit no puede hacer lo mismo".
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Industria preocupada por reforma de la Locti
Conindustria se unió a los sectores académicos, empresariales y políticos que cuestionan el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, que se discute en la Asamblea Nacional, e hizo un llamado a los poderes Ejecutivo y Legislativo para que reconsideren la modificación.
"El sector industrial venezolano quiere hacer pública su preocupación por los efectos que la reforma tendrá sobre la actividad productiva, los trabajadores y las organizaciones no gubernamentales que se benefician de los aportes de la empresa privada", dijo el gremio en un comunicado.
A los industriales les preocupa que la modificación suprima la posibilidad de destinar los recursos correspondientes al aporte obligatorio establecido en la Locti a proyectos específicos de cada empresa, incluidos programas de capacitación de personal y modernización de procedimientos.
"Estos cambios en la ley se convertirán en un duro golpe para la innovación, el desarrollo tecnológico, la investigación científica y la actividad educativa, por cuanto las empresas tendrán que entregar el aporte al gobierno y después solicitarlo para ejecutar sus planes de inversión en la materia".
También les inquieta que la reforma impida a las compañías financiar de manera directa los programas de instituciones educativas y organizaciones no gubernamentales. "Esto significa que los aportes de la empresa privada a la investigación en este tipo de instituciones quedarían suspendidos".
Conindustria lamentó que la modificación de la normativa, en vez de incluir nuevos incentivos para el desarrollo tecnológico, imponga "restricciones que tendrán un significativo impacto económico y social". Por eso insistió en la necesidad de reconsiderar los cambios propuestos.
La segunda discusión del proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación figuraba como el octavo punto en la agenda de la plenaria de ayer en la Asamblea Nacional. Al cierre de esta edición, sin embargo, no se había realizado el debate.
El lunes Enrique Rubio, en nombre de un grupo de organizaciones y personas vinculadas con el quehacer científico, entregó una carta a la directiva del Parlamento para solicitar un derecho de palabra que no fue concedido durante la segunda discusión del proyecto.
El grupo pide posponer el debate y reabrir la consulta pública de la reforma. "Las políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación, antes de ser legales, administrativos y operativos, deben tener la más amplia aceptación por todos los sectores vinculados a dicha materia", señala el documento.
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"El sector industrial venezolano quiere hacer pública su preocupación por los efectos que la reforma tendrá sobre la actividad productiva, los trabajadores y las organizaciones no gubernamentales que se benefician de los aportes de la empresa privada", dijo el gremio en un comunicado.
A los industriales les preocupa que la modificación suprima la posibilidad de destinar los recursos correspondientes al aporte obligatorio establecido en la Locti a proyectos específicos de cada empresa, incluidos programas de capacitación de personal y modernización de procedimientos.
"Estos cambios en la ley se convertirán en un duro golpe para la innovación, el desarrollo tecnológico, la investigación científica y la actividad educativa, por cuanto las empresas tendrán que entregar el aporte al gobierno y después solicitarlo para ejecutar sus planes de inversión en la materia".
También les inquieta que la reforma impida a las compañías financiar de manera directa los programas de instituciones educativas y organizaciones no gubernamentales. "Esto significa que los aportes de la empresa privada a la investigación en este tipo de instituciones quedarían suspendidos".
Conindustria lamentó que la modificación de la normativa, en vez de incluir nuevos incentivos para el desarrollo tecnológico, imponga "restricciones que tendrán un significativo impacto económico y social". Por eso insistió en la necesidad de reconsiderar los cambios propuestos.
La segunda discusión del proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación figuraba como el octavo punto en la agenda de la plenaria de ayer en la Asamblea Nacional. Al cierre de esta edición, sin embargo, no se había realizado el debate.
El lunes Enrique Rubio, en nombre de un grupo de organizaciones y personas vinculadas con el quehacer científico, entregó una carta a la directiva del Parlamento para solicitar un derecho de palabra que no fue concedido durante la segunda discusión del proyecto.
El grupo pide posponer el debate y reabrir la consulta pública de la reforma. "Las políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación, antes de ser legales, administrativos y operativos, deben tener la más amplia aceptación por todos los sectores vinculados a dicha materia", señala el documento.
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martes, 7 de diciembre de 2010
Piden consulta sobre reforma de la Locti
Un grupo de organizaciones y actores vinculados al quehacer científico entregó una carta a la Asamblea Nacional, para solicitar un derecho de palabra durante la segunda discusión en plenaria del proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, pautada para hoy.
La misiva, entregada por Enrique Rubio, también pide posponer la discusión y reabrir el proceso de consulta pública sobre el proyecto de reforma, para escuchar las objeciones que los sectores involucrados con la investigación científica y tecnológica en el país tienen ante los cambios propuestos.
Voceros empresariales, universitarios y opositores han criticado la reforma de la Locti porque obligará a entregar todos los recursos al Fonacit, aumentará los porcentajes de aporte de algunas compañías privadas y condicionará el financiamiento para investigación a criterios políticos, entre otras cosas.
"Es una reforma que afectará por completo el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, del cual forman parte una enorme diversidad de actores, tales como instituciones, empresas, fundaciones, organizaciones de desarrollo social, universidades, investigadores", dice el documento.
La principal crítica que se le hace a la Asamblea Nacional es la falta de consulta sobre el proyecto de reforma presentado para segunda discusión, que es muy diferente al aprobado en primera instancia.
El documento destaca que la consulta pública además de ser un mecanismo consagrado en la Constitución es un paso indispensable para la aprobación de leyes relacionadas con el quehacer científico y tecnológico.
"Las políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación, antes de ser legales, administrativos y operativos, deben tener la más amplia aceptación por todos los sectores vinculados a dicha materia. De lo contrario, su efecto será parcial e insostenible en el tiempo", señala el texto.
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La misiva, entregada por Enrique Rubio, también pide posponer la discusión y reabrir el proceso de consulta pública sobre el proyecto de reforma, para escuchar las objeciones que los sectores involucrados con la investigación científica y tecnológica en el país tienen ante los cambios propuestos.
Voceros empresariales, universitarios y opositores han criticado la reforma de la Locti porque obligará a entregar todos los recursos al Fonacit, aumentará los porcentajes de aporte de algunas compañías privadas y condicionará el financiamiento para investigación a criterios políticos, entre otras cosas.
"Es una reforma que afectará por completo el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, del cual forman parte una enorme diversidad de actores, tales como instituciones, empresas, fundaciones, organizaciones de desarrollo social, universidades, investigadores", dice el documento.
La principal crítica que se le hace a la Asamblea Nacional es la falta de consulta sobre el proyecto de reforma presentado para segunda discusión, que es muy diferente al aprobado en primera instancia.
El documento destaca que la consulta pública además de ser un mecanismo consagrado en la Constitución es un paso indispensable para la aprobación de leyes relacionadas con el quehacer científico y tecnológico.
"Las políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación, antes de ser legales, administrativos y operativos, deben tener la más amplia aceptación por todos los sectores vinculados a dicha materia. De lo contrario, su efecto será parcial e insostenible en el tiempo", señala el texto.
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sábado, 4 de diciembre de 2010
Defienden centralización de aportes a la ciencia
El diputado Manuel Villalba afirmó que los criticas a la reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación que se discute en la Asamblea Nacional provienen de sectores interesados en que las empresas privadas sigan manejando a su antojo el aporte establecido.
Villalba, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Comunicación Social, dijo que el esquema actual –que permite a empresas descontar del aporte legal las inversiones en capacitación interna e investigación de terceros– ha ocasionado que el Fonacit reciba una cantidad mínima.
"Hasta ahora 95% ha sido administrado por las empresas de acuerdo con sus intereses particulares, sin tomar en consideración las necesidades del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, mientras que 5% ha sido manejado por el Fonacit. Se quieren despachar y dar el vuelto", aseguró.
El parlamentario descartó que el envío de todos los fondos al Fonacit atente contra la producción de conocimiento. Agregó que las empresas privadas podrán financiar, con recursos diferentes, sus programas de capacitación internos y los proyectos de investigación de terceros.
Villalba rechazó las críticas sobre la falta de consulta de la reforma. "El proyecto fue ampliamente debatido con universidades, investigadores e instituciones vinculadas a la ciencia y la tecnología".
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Villalba, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Comunicación Social, dijo que el esquema actual –que permite a empresas descontar del aporte legal las inversiones en capacitación interna e investigación de terceros– ha ocasionado que el Fonacit reciba una cantidad mínima.
"Hasta ahora 95% ha sido administrado por las empresas de acuerdo con sus intereses particulares, sin tomar en consideración las necesidades del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, mientras que 5% ha sido manejado por el Fonacit. Se quieren despachar y dar el vuelto", aseguró.
El parlamentario descartó que el envío de todos los fondos al Fonacit atente contra la producción de conocimiento. Agregó que las empresas privadas podrán financiar, con recursos diferentes, sus programas de capacitación internos y los proyectos de investigación de terceros.
Villalba rechazó las críticas sobre la falta de consulta de la reforma. "El proyecto fue ampliamente debatido con universidades, investigadores e instituciones vinculadas a la ciencia y la tecnología".
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Proponen que BCV rija moneda de construcción
Las dudas sobre la creación de una "moneda de la construcción" figuran entre las principales observaciones que hizo la Cámara Inmobiliaria de Venezuela al proyecto de ley de emergencia para terrenos urbanos y vivienda, aprobado esta semana en primera discusión por la plenaria de la Asamblea Nacional.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria, Aquiles Martini, se reunió con el diputado Luis Gamargo, jefe de la Comisión de Administración y Servicios Públicos e integrante de la comisión mixta que evalúa la propuesta legal, para expresarle los aspectos que preocupan al sector privado.
Martini indicó que la unidad monetaria propuesta debería llevar otro nombre, porque el término moneda está reservado por la ley al bolívar. Agregó que el valor tendría que ser determinado por el Banco Central de Venezuela, por ser la autoridad en materia de variación de precios, y no por otro organismo.
Al sector inmobiliario también le preocupa la discrecionalidad que tendrán los funcionarios del instituto nacional de tierras urbanas y vivienda –que sería creado de aprobarse el proyecto de ley– para decidir cuando un terreno urbano está ocioso o subutilizado.
La Cámara Inmobiliaria considera que deben respetarse las zonificaciones de cada municipio. "Si en un terreno funciona un estacionamiento, porque así fue establecido en el plan de desarrollo urbano, no puede ser que el nuevo organismo considere que está subutilizado", argumentó Martini.
Otra observación del gremio está relacionada con el plazo que se otorgaría a los dueños de terrenos urbanos aptos para vivienda, ya que el artículo 3 del proyecto de ley afirma que el derecho de propiedad "implica un deber de proceder" a construir las edificaciones que se encuentren permitidas.
Gamargo dijo que los planteamientos de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela serán sometidos a consideración de la comisión mixta que evalúa el proyecto de ley. Afirmó que no está previsto realizar encuentros con otros gremios o empresas del sector privado para debatir la normativa.
El equipo parlamentario integrado por diputados de las comisiones de Administración y Servicios Públicos y Participación Ciudadana también se ha reunido con consejos comunales y organizaciones sociales para conocer las observaciones al proyecto.
Darío Vivas, primer vicepresidente de la Asamblea y presidente de la comisión mixta, informó que la consulta pública se realizará el fin de semana. Añadió que el objetivo es llevar la norma a segunda discusión el jueves 9 de diciembre.
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El presidente de la Cámara Inmobiliaria, Aquiles Martini, se reunió con el diputado Luis Gamargo, jefe de la Comisión de Administración y Servicios Públicos e integrante de la comisión mixta que evalúa la propuesta legal, para expresarle los aspectos que preocupan al sector privado.
Martini indicó que la unidad monetaria propuesta debería llevar otro nombre, porque el término moneda está reservado por la ley al bolívar. Agregó que el valor tendría que ser determinado por el Banco Central de Venezuela, por ser la autoridad en materia de variación de precios, y no por otro organismo.
Al sector inmobiliario también le preocupa la discrecionalidad que tendrán los funcionarios del instituto nacional de tierras urbanas y vivienda –que sería creado de aprobarse el proyecto de ley– para decidir cuando un terreno urbano está ocioso o subutilizado.
La Cámara Inmobiliaria considera que deben respetarse las zonificaciones de cada municipio. "Si en un terreno funciona un estacionamiento, porque así fue establecido en el plan de desarrollo urbano, no puede ser que el nuevo organismo considere que está subutilizado", argumentó Martini.
Otra observación del gremio está relacionada con el plazo que se otorgaría a los dueños de terrenos urbanos aptos para vivienda, ya que el artículo 3 del proyecto de ley afirma que el derecho de propiedad "implica un deber de proceder" a construir las edificaciones que se encuentren permitidas.
Gamargo dijo que los planteamientos de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela serán sometidos a consideración de la comisión mixta que evalúa el proyecto de ley. Afirmó que no está previsto realizar encuentros con otros gremios o empresas del sector privado para debatir la normativa.
El equipo parlamentario integrado por diputados de las comisiones de Administración y Servicios Públicos y Participación Ciudadana también se ha reunido con consejos comunales y organizaciones sociales para conocer las observaciones al proyecto.
Darío Vivas, primer vicepresidente de la Asamblea y presidente de la comisión mixta, informó que la consulta pública se realizará el fin de semana. Añadió que el objetivo es llevar la norma a segunda discusión el jueves 9 de diciembre.
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viernes, 3 de diciembre de 2010
Gobierno administrará aportes de empresas
a ciencia y tecnología
La reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación –cuya segunda discusión se realiza en la Asamblea Nacional– establece que el aporte obligatorio de las empresas en esta materia será administrado por el Gobierno.
La legislación vigente indica que las compañías, en vez de darle los recursos al Fondo Nacional para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, pueden usarlos para financiar programas internos de capacitación o proyectos de investigación de terceros (fundaciones, universidades, entre otras).
La modificación legal elimina esa posibilidad, al obligar a las empresas a entregar el dinero al ente gubernamental. "Todos los aportes deberán ser consignados ante el órgano financiero de los fondos destinados a ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones", dice el artículo 23.
El Fonacit, además de recaudar los recursos, se encargará de canalizarlos hacia las actividades científicas y tecnológicas que se correspondan con las prioridades del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología y con los objetivos del Plan de Desarrollo Económico y Social 2007-2013.
"La reforma burocratiza el acceso a los fondos para investigación, porque los sujetos aportantes (empresas) no podrán usar el dinero para capacitar personal o financiar investigaciones sino que se lo darán al Estado", dice Miguel Mónaco, abogado y profesor de Derecho Público.
Agrega que la modificación legal elimina la posibilidad de la investigación libre. "El Fonacit decidirá la asignación del financiamiento de acuerdo con planes que, por naturaleza, son políticos. Eso ata el conocimiento científico a un determinado programa de gobierno".
Enrique Rubio, presidente de la consultora Artes Gerenciales, señala que la reforma cambia la esencia de la ley. "La idea era que las empresas invirtieran en investigaciones científicas relacionadas con su actividad. Ahora el dinero, como será asignado por el Estado, puede utilizarse en otras áreas".
Más aportes. Además de cambiar las condiciones para la recaudación y la distribución de los fondos, la modificación de la Locti que se discute en la Asamblea propone incrementar el monto que deben aportar algunas empresas.
El artículo 26 precisa que las actividades económicas establecidas en la Ley para el Control de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles, así como aquellas vinculadas con la industria y el comercio de licores y tabaco, deberán contribuir al Fonacit con 2% de los ingresos brutos.
Mónaco advierte que el cambio diferencia de manera injustificada a licoreras y tabaqueras. "Estas compañías, por las condiciones de su negocio, ya están sometidas a un régimen tributario diferente al del resto, no tienes porque discriminarlas en esta ley".
Agrega que, al decir todas aquellas vinculadas con la industria y el comercio de licores y tabaco, la tasa de 2% también puede aplicarse a establecimientos como supermercados, que deberían pagar la contribución de 0,5% fijada para el resto de las empresas.
El abogado también cuestionó que se convierta el aporte a ciencia y tecnología en un impuesto y que se pretenda aplicar la modificación de los montos de manera retroactiva. "Las disposiciones finales establecen que las empresas deberán empezar a pagar el nuevo monto en enero, lo cual implica una carga sobre los ingresos brutos de este año (base de cálculo para el aporte al Fonacit)".
"Ley inconstitucional". El equipo técnico que asesora a la Mesa de la Unidad Democrática asegura que el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación es violatorio de la Constitución y de las leyes.
Los académicos alertaron que, de aprobarse la normativa, se causará un "grave daño" a la producción de conocimiento en el país y denuncian que no hubo consulta con las organizaciones científicas y tecnológicas. "El proyecto dista mucho del aprobado en primera discusión en enero".
Entre las objeciones que plantearon al contenido de la reforma están que se señala como beneficiario de los fondos para investigación a la comuna, "figura o forma de agrupación que no está en la Constitución ni en las leyes".
También critican que eliminen los principios de ética, probidad y buena fe, consagrados en el artículo 110 de la Constitución; supriman los principios éticos y ambientales en el desarrollo de la actividad científica y descarten la creación de comisión multidisciplinarias de bioética y biodiversidad.
"Al definir las actividades que podrán ser beneficiarias de aportes se omite el término empresa, cuando la Constitución establece la corresponsabilidad entre el Estado y el sector privado para contribuir en el desarrollo científico, tecnológico, de innovación y sus aplicaciones en el país", agregan.
Escrito junto con Carlos Crespo
Publicado en El Nacional
La legislación vigente indica que las compañías, en vez de darle los recursos al Fondo Nacional para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, pueden usarlos para financiar programas internos de capacitación o proyectos de investigación de terceros (fundaciones, universidades, entre otras).
La modificación legal elimina esa posibilidad, al obligar a las empresas a entregar el dinero al ente gubernamental. "Todos los aportes deberán ser consignados ante el órgano financiero de los fondos destinados a ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones", dice el artículo 23.
El Fonacit, además de recaudar los recursos, se encargará de canalizarlos hacia las actividades científicas y tecnológicas que se correspondan con las prioridades del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología y con los objetivos del Plan de Desarrollo Económico y Social 2007-2013.
"La reforma burocratiza el acceso a los fondos para investigación, porque los sujetos aportantes (empresas) no podrán usar el dinero para capacitar personal o financiar investigaciones sino que se lo darán al Estado", dice Miguel Mónaco, abogado y profesor de Derecho Público.
Agrega que la modificación legal elimina la posibilidad de la investigación libre. "El Fonacit decidirá la asignación del financiamiento de acuerdo con planes que, por naturaleza, son políticos. Eso ata el conocimiento científico a un determinado programa de gobierno".
Enrique Rubio, presidente de la consultora Artes Gerenciales, señala que la reforma cambia la esencia de la ley. "La idea era que las empresas invirtieran en investigaciones científicas relacionadas con su actividad. Ahora el dinero, como será asignado por el Estado, puede utilizarse en otras áreas".
Más aportes. Además de cambiar las condiciones para la recaudación y la distribución de los fondos, la modificación de la Locti que se discute en la Asamblea propone incrementar el monto que deben aportar algunas empresas.
El artículo 26 precisa que las actividades económicas establecidas en la Ley para el Control de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles, así como aquellas vinculadas con la industria y el comercio de licores y tabaco, deberán contribuir al Fonacit con 2% de los ingresos brutos.
Mónaco advierte que el cambio diferencia de manera injustificada a licoreras y tabaqueras. "Estas compañías, por las condiciones de su negocio, ya están sometidas a un régimen tributario diferente al del resto, no tienes porque discriminarlas en esta ley".
Agrega que, al decir todas aquellas vinculadas con la industria y el comercio de licores y tabaco, la tasa de 2% también puede aplicarse a establecimientos como supermercados, que deberían pagar la contribución de 0,5% fijada para el resto de las empresas.
El abogado también cuestionó que se convierta el aporte a ciencia y tecnología en un impuesto y que se pretenda aplicar la modificación de los montos de manera retroactiva. "Las disposiciones finales establecen que las empresas deberán empezar a pagar el nuevo monto en enero, lo cual implica una carga sobre los ingresos brutos de este año (base de cálculo para el aporte al Fonacit)".
"Ley inconstitucional". El equipo técnico que asesora a la Mesa de la Unidad Democrática asegura que el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación es violatorio de la Constitución y de las leyes.
Los académicos alertaron que, de aprobarse la normativa, se causará un "grave daño" a la producción de conocimiento en el país y denuncian que no hubo consulta con las organizaciones científicas y tecnológicas. "El proyecto dista mucho del aprobado en primera discusión en enero".
Entre las objeciones que plantearon al contenido de la reforma están que se señala como beneficiario de los fondos para investigación a la comuna, "figura o forma de agrupación que no está en la Constitución ni en las leyes".
También critican que eliminen los principios de ética, probidad y buena fe, consagrados en el artículo 110 de la Constitución; supriman los principios éticos y ambientales en el desarrollo de la actividad científica y descarten la creación de comisión multidisciplinarias de bioética y biodiversidad.
"Al definir las actividades que podrán ser beneficiarias de aportes se omite el término empresa, cuando la Constitución establece la corresponsabilidad entre el Estado y el sector privado para contribuir en el desarrollo científico, tecnológico, de innovación y sus aplicaciones en el país", agregan.
Escrito junto con Carlos Crespo
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jueves, 2 de diciembre de 2010
"Aprovechan lluvias para regular mercado"
El proyecto de ley de emergencia para terrenos urbanos y vivienda contiene una serie de disposiciones que serán perjudiciales para el sector inmobiliario, advirtió el abogado Raimundo Orta Poleo, coordinador nacional de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos.
Orta Poleo cuestionó que la normativa incluya la posibilidad de establecer una banda de precios para tierras e inmuebles. "Eso atenta contra la libertad económica y no es un mecanismo adecuado para el mercado inmobiliario. Además, el Gobierno nunca ha sido un buen regulador de precios".
También criticó que se declare de utilidad pública los terrenos urbanos ociosos o subutilizados, especialmente porque la determinación de tales condiciones será discrecional. "El Estado puede decir que las tierras de una finca o una industria son aptas para vivienda y ordenar la expropiación".
Tampoco está de acuerdo con la creación de una moneda de la construcción. Agregó que el Gobierno aprovecha la emergencia causada por las lluvias para regular todos los aspectos del mercado inmobiliario y dictar medidas que atentan contra derechos como la propiedad privada.
El proyecto de ley de emergencia para terrenos urbanos y vivienda, aprobado el martes en primera discusión, será revisado por un equipo mixto presidido por el diputado Darío Vivas e integrado por parlamentarios de las comisiones de Administración y Servicios Públicos y Participación Ciudadana.
La junta directiva de la Asamblea Nacional espera que la evaluación sea rápida para que la segunda discusión en plenaria se realice la próxima semana.
Publicado en El Nacional
Orta Poleo cuestionó que la normativa incluya la posibilidad de establecer una banda de precios para tierras e inmuebles. "Eso atenta contra la libertad económica y no es un mecanismo adecuado para el mercado inmobiliario. Además, el Gobierno nunca ha sido un buen regulador de precios".
También criticó que se declare de utilidad pública los terrenos urbanos ociosos o subutilizados, especialmente porque la determinación de tales condiciones será discrecional. "El Estado puede decir que las tierras de una finca o una industria son aptas para vivienda y ordenar la expropiación".
Tampoco está de acuerdo con la creación de una moneda de la construcción. Agregó que el Gobierno aprovecha la emergencia causada por las lluvias para regular todos los aspectos del mercado inmobiliario y dictar medidas que atentan contra derechos como la propiedad privada.
El proyecto de ley de emergencia para terrenos urbanos y vivienda, aprobado el martes en primera discusión, será revisado por un equipo mixto presidido por el diputado Darío Vivas e integrado por parlamentarios de las comisiones de Administración y Servicios Públicos y Participación Ciudadana.
La junta directiva de la Asamblea Nacional espera que la evaluación sea rápida para que la segunda discusión en plenaria se realice la próxima semana.
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miércoles, 1 de diciembre de 2010
Crearán moneda de la construcción para operaciones inmobiliarias
El bolívar será sustituido por la moneda de la construcción en los contratos de preventa de inmuebles residenciales, según el proyecto de ley de emergencia para terrenos urbanos y vivienda, aprobado ayer en primera discusión por la plenaria de la Asamblea Nacional.
La nueva moneda será un "índice valor oficial fijado por el instituto nacional de tierras urbanas y vivienda para las operaciones inmobiliarias relativas a los negocios de compraventa de unidades de vivienda familiar principal en construcción", dice el artículo 24 de la propuesta.
Agrega que el instituto nacional de tierras urbanas y vivienda determinará el valor de la moneda de la construcción –en función de elementos técnicos que se fijarán en el reglamento de la ley– el primer mes de cada año, aunque podrá modificarlo en cualquier oportunidad que lo considere necesario.
El artículo 25 señala que los contratos de preventa de viviendas en edificación estipularán el precio en monedas de la construcción, además del lapso definitivo de entrega de la obra y de protocolización del documento de venta ante la oficina de registro público correspondiente.
Una vez fijado el valor del inmueble, éste no podrá modificarse. Los promotores, sin embargo, podrán cobrar "aquellas variaciones experimentadas en la moneda de la construcción causadas antes de la fecha de la culminación de la obra que haya sido expresamente establecida en el contrato".
En el caso de que los compradores del inmueble no puedan asumir el costo de las variaciones, podrán solicitar un subsidio al instituto nacional de tierras urbanas y vivienda. El nuevo organismo propuesto para encargarse del problema habitacional dependerá directamente de la Presidencia.
Expropiaciones express. Además de regular la preventa, el proyecto de ley declara de utilidad pública los terrenos urbanos ociosos o subutilizados que sean aptos para construir viviendas incluidos aquellos pertenecientes a entes del Estado así como los factores y los medios para la construcción.
La declaratoria de utilidad pública es, según el marco legal vigente, uno de los requisitos para proceder a la expropiación de cualquier bien. De manera que la normativa propuesta despeja el camino para que el gobierno del presidente Hugo Chávez ordene más expropiaciones.
El proyecto de ley también faculta al mandatario para que decrete la creación de zonas especiales de emergencia de tierras urbanas y vivienda, en las cuales las autoridades podrán ocupar temporalmente inmuebles abandonados y adquirir construcciones residenciales con permiso de habitabilidad.
En el caso de que el Ejecutivo adquiera inmuebles alquilados para ejecutar planes de vivienda, los inquilinos tendrán un derecho de preferencia para su adquisición.
Los consejos comunales ayudarán al Gobierno a levantar el censo de las familias necesitadas de vivienda, a quienes se adjudicará las unidades gratuitamente o mediante créditos, según sus condiciones socioeconómicas.
Aumentarán los aportes
El proyecto de ley de emergencia para terrenos urbanos y vivienda, presentada ayer por el Ejecutivo ante la Asamblea Nacional, establece que se aumentará el aporte que trabajadores y empresas realizan mensualmente al Fondo de Ahorro Obligatorio.
Los empleados, que hasta ahora contribuyen con 1% del salario mensual, deberán aportar 3% una vez aprobada la propuesta de legislación. Los patronos, que estaban obligados a cooperar con un monto equivalente a 2% del sueldo de cada trabajador, tendrán que colocar 5%.
El aumento del aporte se hace "con la finalidad de ajustar el monto crediticio establecido en la Ley del Subsistema de Vivienda y Política Habitacional", según el artículo 47. El 48 agrega que el Ejecutivo tendrá seis meses para incrementar las cantidades por prestar.
La nueva escala crediticia, que se hará en función de los ingresos de cada grupo familiar, irá de 100 a 600 salarios mínimos es decir, de 122.300 a 733.800 bolívares y deberá ser actualizada cada año en virtud de "la realidad del mercado nacional de vivienda".
La norma también ofrece incentivos para que los patronos ejecuten planes de vivienda en beneficio de los trabajadores. Los recursos destinados por las empresas para este concepto no incidirán en los pasivos laborales y podrán descontarse del impuesto sobre la renta.
Las compañías que concreten planes de vivienda para sus empleados, además, tendrán prioridad para trabajar con el Estado. "Será causal de nulidad absoluta de los procesos de contratación pública la inobservancia de la verificación previa de esta condición preferente", dice el artículo 19.
El sistema financiero tendrá que crear otra cartera obligatoria adicional a la gaveta hipotecaria actual, que equivale a 10% del total de los créditos y está destinada a construcción y compra para financiar los planes de viviendas que desarrollen las empresas.
La banca también deberá atender las solicitudes de crédito a tasa preferencial del Instituto Nacional de Tierras Urbanas y Vivienda, cuando éste requiera dinero para otorgar subsidios a los compradores.
Publicado en El Nacional
La nueva moneda será un "índice valor oficial fijado por el instituto nacional de tierras urbanas y vivienda para las operaciones inmobiliarias relativas a los negocios de compraventa de unidades de vivienda familiar principal en construcción", dice el artículo 24 de la propuesta.
Agrega que el instituto nacional de tierras urbanas y vivienda determinará el valor de la moneda de la construcción –en función de elementos técnicos que se fijarán en el reglamento de la ley– el primer mes de cada año, aunque podrá modificarlo en cualquier oportunidad que lo considere necesario.
El artículo 25 señala que los contratos de preventa de viviendas en edificación estipularán el precio en monedas de la construcción, además del lapso definitivo de entrega de la obra y de protocolización del documento de venta ante la oficina de registro público correspondiente.
Una vez fijado el valor del inmueble, éste no podrá modificarse. Los promotores, sin embargo, podrán cobrar "aquellas variaciones experimentadas en la moneda de la construcción causadas antes de la fecha de la culminación de la obra que haya sido expresamente establecida en el contrato".
En el caso de que los compradores del inmueble no puedan asumir el costo de las variaciones, podrán solicitar un subsidio al instituto nacional de tierras urbanas y vivienda. El nuevo organismo propuesto para encargarse del problema habitacional dependerá directamente de la Presidencia.
Expropiaciones express. Además de regular la preventa, el proyecto de ley declara de utilidad pública los terrenos urbanos ociosos o subutilizados que sean aptos para construir viviendas incluidos aquellos pertenecientes a entes del Estado así como los factores y los medios para la construcción.
La declaratoria de utilidad pública es, según el marco legal vigente, uno de los requisitos para proceder a la expropiación de cualquier bien. De manera que la normativa propuesta despeja el camino para que el gobierno del presidente Hugo Chávez ordene más expropiaciones.
El proyecto de ley también faculta al mandatario para que decrete la creación de zonas especiales de emergencia de tierras urbanas y vivienda, en las cuales las autoridades podrán ocupar temporalmente inmuebles abandonados y adquirir construcciones residenciales con permiso de habitabilidad.
En el caso de que el Ejecutivo adquiera inmuebles alquilados para ejecutar planes de vivienda, los inquilinos tendrán un derecho de preferencia para su adquisición.
Los consejos comunales ayudarán al Gobierno a levantar el censo de las familias necesitadas de vivienda, a quienes se adjudicará las unidades gratuitamente o mediante créditos, según sus condiciones socioeconómicas.
Aumentarán los aportes
El proyecto de ley de emergencia para terrenos urbanos y vivienda, presentada ayer por el Ejecutivo ante la Asamblea Nacional, establece que se aumentará el aporte que trabajadores y empresas realizan mensualmente al Fondo de Ahorro Obligatorio.
Los empleados, que hasta ahora contribuyen con 1% del salario mensual, deberán aportar 3% una vez aprobada la propuesta de legislación. Los patronos, que estaban obligados a cooperar con un monto equivalente a 2% del sueldo de cada trabajador, tendrán que colocar 5%.
El aumento del aporte se hace "con la finalidad de ajustar el monto crediticio establecido en la Ley del Subsistema de Vivienda y Política Habitacional", según el artículo 47. El 48 agrega que el Ejecutivo tendrá seis meses para incrementar las cantidades por prestar.
La nueva escala crediticia, que se hará en función de los ingresos de cada grupo familiar, irá de 100 a 600 salarios mínimos es decir, de 122.300 a 733.800 bolívares y deberá ser actualizada cada año en virtud de "la realidad del mercado nacional de vivienda".
La norma también ofrece incentivos para que los patronos ejecuten planes de vivienda en beneficio de los trabajadores. Los recursos destinados por las empresas para este concepto no incidirán en los pasivos laborales y podrán descontarse del impuesto sobre la renta.
Las compañías que concreten planes de vivienda para sus empleados, además, tendrán prioridad para trabajar con el Estado. "Será causal de nulidad absoluta de los procesos de contratación pública la inobservancia de la verificación previa de esta condición preferente", dice el artículo 19.
El sistema financiero tendrá que crear otra cartera obligatoria adicional a la gaveta hipotecaria actual, que equivale a 10% del total de los créditos y está destinada a construcción y compra para financiar los planes de viviendas que desarrollen las empresas.
La banca también deberá atender las solicitudes de crédito a tasa preferencial del Instituto Nacional de Tierras Urbanas y Vivienda, cuando éste requiera dinero para otorgar subsidios a los compradores.
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martes, 30 de noviembre de 2010
Ganancias de aseguradoras crecieron a menor ritmo
Las empresas de seguros que operan en Venezuela ganaron 1,51 millardos de bolívares en los 3 primeros trimestres de 2010, un alza de 44% con respecto a los 1,05 millardos de bolívares obtenidos durante igual período de 2009, según la Superintendencia de la Actividad Aseguradora.
El balance del organismo supervisor también muestra que las primas cobradas a los asegurados principal fuente de ingresos de las compañías del sector sumaron 23,79 millardos de bolívares entre enero y septiembre de 2010, un incremento de 9,47% en comparación con el año pasado.
Del lado de los egresos, las indemnizaciones por siniestros ascendieron a 20,22 millardos de bolívares, un aumento de 13,21%; las comisiones pagadas a intermediarios a 2,86 millardos, un repunte de 17,28%; y los gastos administrativos a 3,16 millardos de bolívares, un alza de 3,95%.
A pesar de que el sector mantiene un saldo positivo, el ritmo al que crecen las ganancias ha disminuido. Las utilidades subieron 62,7% en el primer trimestre y 48,8% en el segundo. Especialistas temen que la tendencia decreciente se profundice con la Ley de la Actividad Aseguradora.
La Cámara de Aseguradores ha señalado que la legislación, vigente desde julio, tendrá una incidencia negativa en clientes y empresas. La Superintendencia debe aprobar los planes presentados por las compañías para ajustarse a las nuevas normas.
Publicado en El Nacional
El balance del organismo supervisor también muestra que las primas cobradas a los asegurados principal fuente de ingresos de las compañías del sector sumaron 23,79 millardos de bolívares entre enero y septiembre de 2010, un incremento de 9,47% en comparación con el año pasado.
Del lado de los egresos, las indemnizaciones por siniestros ascendieron a 20,22 millardos de bolívares, un aumento de 13,21%; las comisiones pagadas a intermediarios a 2,86 millardos, un repunte de 17,28%; y los gastos administrativos a 3,16 millardos de bolívares, un alza de 3,95%.
A pesar de que el sector mantiene un saldo positivo, el ritmo al que crecen las ganancias ha disminuido. Las utilidades subieron 62,7% en el primer trimestre y 48,8% en el segundo. Especialistas temen que la tendencia decreciente se profundice con la Ley de la Actividad Aseguradora.
La Cámara de Aseguradores ha señalado que la legislación, vigente desde julio, tendrá una incidencia negativa en clientes y empresas. La Superintendencia debe aprobar los planes presentados por las compañías para ajustarse a las nuevas normas.
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sábado, 27 de noviembre de 2010
Pacientes de emergencia se duplicaron
en los últimos 5 años
Las salas de emergencia de los centros de salud privados reciben 100% más pacientes que hace cinco años, aseguró Hipólito García, presidente de la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales. Eso ha causado una saturación del servicio, ya que no cuentan con la estructura necesaria para atender a tantas personas, agregó.
García –que participó en un foro organizado por el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para analizar los proyectos de ley en materia de salud que se discuten en la Asamblea Nacional– señaló que los legisladores deben comprender la realidad de toda la cadena de servicio médico para hacer una mejor regulación.
Lo primero que debe indicar el marco legal del sector salud, según García, es un fortalecimiento del sistema gubernamental. "A pesar del crecimiento de la demanda en los últimos años, las clínicas privadas atienden a 30% de la población, refieren cifras oficiales. El restante 70% es tratado en los hospitales públicos".
El dirigente gremial cree necesario un sistema público único. "El Gobierno ha hecho una gran inversión en salud, pero la dispersión en la prestación del servicio el ministerio, el Seguro Social, el Ipasme, las misiones, entre otros disminuye la eficiencia". Aclaró que no se trata de centralizar, sino de fijar procesos que sean cumplidos por todas las instituciones.
Aplaude iniciativas como Barrio Adentro, pero apuntó que deben corregirse las fallas que ha presentado. "El sistema de atención primaria debe reforzarse, porque eso ayudaría a reducir el número de pacientes que ingresa a las emergencias, de clínicas privadas y de hospitales públicos".
Dificultades. García señaló que la eliminación de la clave de emergencia es positiva, pero afirmó que ha traído dificultades al aumentar la cantidad de pacientes que asiste a los centros de salud privados, ya congestionados.
Al ser consultado sobre las denuncias de que se continúa negando la atención de emergencia, insistió en que el juramento médico y la ley vigente obligan a prestar el servicio. Lo que ha sucedido es que se debe priorizar los casos más graves –heridas de bala, infartos, entre otros– por la saturación, agregó.
Las clínicas también están afectadas por los retrasos de hasta 100 días que han tenido algunas compañías de seguros para cancelar los recibos correspondientes a coberturas.
García precisó que no se trata de una situación generalizada, pero indicó que la deuda supera el millardo de bolívares, incluidos 500 millones de bolívares de La Previsora.
Publicado en El Nacional
García –que participó en un foro organizado por el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para analizar los proyectos de ley en materia de salud que se discuten en la Asamblea Nacional– señaló que los legisladores deben comprender la realidad de toda la cadena de servicio médico para hacer una mejor regulación.
Lo primero que debe indicar el marco legal del sector salud, según García, es un fortalecimiento del sistema gubernamental. "A pesar del crecimiento de la demanda en los últimos años, las clínicas privadas atienden a 30% de la población, refieren cifras oficiales. El restante 70% es tratado en los hospitales públicos".
El dirigente gremial cree necesario un sistema público único. "El Gobierno ha hecho una gran inversión en salud, pero la dispersión en la prestación del servicio el ministerio, el Seguro Social, el Ipasme, las misiones, entre otros disminuye la eficiencia". Aclaró que no se trata de centralizar, sino de fijar procesos que sean cumplidos por todas las instituciones.
Aplaude iniciativas como Barrio Adentro, pero apuntó que deben corregirse las fallas que ha presentado. "El sistema de atención primaria debe reforzarse, porque eso ayudaría a reducir el número de pacientes que ingresa a las emergencias, de clínicas privadas y de hospitales públicos".
Dificultades. García señaló que la eliminación de la clave de emergencia es positiva, pero afirmó que ha traído dificultades al aumentar la cantidad de pacientes que asiste a los centros de salud privados, ya congestionados.
Al ser consultado sobre las denuncias de que se continúa negando la atención de emergencia, insistió en que el juramento médico y la ley vigente obligan a prestar el servicio. Lo que ha sucedido es que se debe priorizar los casos más graves –heridas de bala, infartos, entre otros– por la saturación, agregó.
Las clínicas también están afectadas por los retrasos de hasta 100 días que han tenido algunas compañías de seguros para cancelar los recibos correspondientes a coberturas.
García precisó que no se trata de una situación generalizada, pero indicó que la deuda supera el millardo de bolívares, incluidos 500 millones de bolívares de La Previsora.
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jueves, 25 de noviembre de 2010
Aprueban más recursos para pagar aguinaldos atrasados
La Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional dio el visto bueno a un crédito adicional por 730,8 millones de bolívares para que el Ministerio de Educación Universitaria pague 30% pendiente de la bonificación navideña a los empleados de las 23 casas de estudios superiores adscritas al despacho.
El Parlamento ha acelerado la aprobación de recursos extraordinarios para que la administración pública se ponga al día con el pago de aguinaldos. Trabajadores de organismos gubernamentales protestaron recientemente por la decisión de cancelarles el beneficio de manera fraccionada.
La semana pasada fue autorizado un crédito adicional por 9 millardos de bolívares para varios entes del Estado. El diputado Ricardo Sanguino, presidente de la Comisión de Finanzas, informó que está pendiente otra solicitud, por 6 millardos de bolívares, para el pago de aguinaldos.
Ayer también aprobaron un crédito adicional de 22,8 millones de bolívares para cancelar las prestaciones de 521 trabajadores despedidos de la Alcaldía del municipio Guaicaipuro (Los Teques) en 1991. El Ministerio del Turismo recibió autorización para pagar al personal contratado con 1,1 millones de bolívares que estaban destinados a otros fines en el presupuesto de 2010.
Sólo un cambio. Sanguino aseguró que la Comisión de Finanzas terminó la consulta sobre las leyes de endeudamiento y de presupuesto de 2011, y espera presentar en plenaria los informes acerca de ambas normativas para la segunda discusión el 9 de diciembre.
Agregó que el único cambio que los parlamentarios harán al presupuesto es la incorporación de la distribución de gastos del Consejo Federal de Gobierno, ya se sabe que contará con 10,6 millardos de bolívares, pues la secretaría del organismo aprobó los criterios para asignar los recursos.
Sobre la ley de instituciones del sector bancario, aprobada en primera instancia hace 15 días, Sanguino indicó que la consulta pública finaliza esta semana y que la segunda discusión en plenaria será antes del 15 de diciembre, cuando termina el período de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional.
El parlamentario también espera presentar antes de esa fecha el proyecto de ley de banca pública, para que sea aprobado en primera discusión. El objetivo es que el segundo debate sobre la legislación se haga en sesiones extraordinarias. Aclaró que la convocatoria corresponde a la directiva.
Publicado en El Nacional
El Parlamento ha acelerado la aprobación de recursos extraordinarios para que la administración pública se ponga al día con el pago de aguinaldos. Trabajadores de organismos gubernamentales protestaron recientemente por la decisión de cancelarles el beneficio de manera fraccionada.
La semana pasada fue autorizado un crédito adicional por 9 millardos de bolívares para varios entes del Estado. El diputado Ricardo Sanguino, presidente de la Comisión de Finanzas, informó que está pendiente otra solicitud, por 6 millardos de bolívares, para el pago de aguinaldos.
Ayer también aprobaron un crédito adicional de 22,8 millones de bolívares para cancelar las prestaciones de 521 trabajadores despedidos de la Alcaldía del municipio Guaicaipuro (Los Teques) en 1991. El Ministerio del Turismo recibió autorización para pagar al personal contratado con 1,1 millones de bolívares que estaban destinados a otros fines en el presupuesto de 2010.
Sólo un cambio. Sanguino aseguró que la Comisión de Finanzas terminó la consulta sobre las leyes de endeudamiento y de presupuesto de 2011, y espera presentar en plenaria los informes acerca de ambas normativas para la segunda discusión el 9 de diciembre.
Agregó que el único cambio que los parlamentarios harán al presupuesto es la incorporación de la distribución de gastos del Consejo Federal de Gobierno, ya se sabe que contará con 10,6 millardos de bolívares, pues la secretaría del organismo aprobó los criterios para asignar los recursos.
Sobre la ley de instituciones del sector bancario, aprobada en primera instancia hace 15 días, Sanguino indicó que la consulta pública finaliza esta semana y que la segunda discusión en plenaria será antes del 15 de diciembre, cuando termina el período de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional.
El parlamentario también espera presentar antes de esa fecha el proyecto de ley de banca pública, para que sea aprobado en primera discusión. El objetivo es que el segundo debate sobre la legislación se haga en sesiones extraordinarias. Aclaró que la convocatoria corresponde a la directiva.
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Estancada discusión de leyes de vivienda
Aún no se ha fijado la fecha de la segunda discusión del proyecto de ley de preventa, pese a que la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional lo aprobó hace dos semanas. El instrumento legislativo procura regular el negocio inmobiliario después de la expropiación de cinco conjuntos residenciales y la ocupación de otros.
El diputado Luis Gamargo, presidente de la instancia parlamentaria, afirmó que el proyecto fue remitido a la directiva de la Asamblea Nacional. Pero aclaró que es necesario esperar la propuesta de legislación anunciada por el presidente Hugo Chávez para el mercado inmobiliario, con el fin de saber si incluirá la preventa o si se regulará por separado.
La reforma de la Ley de Arrendamientos, pendiente desde el año 2007, tampoco tiene fecha de aprobación. Las comisiones de Administración y Servicios y Participación Ciudadana siguen evaluando las propuestas.
Gamargo aseguró, sin embargo, que el objetivo es que todas las legislaciones del sector inmobiliario sean aprobadas antes de que asuma el Parlamento escogido el 26 de septiembre.
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El diputado Luis Gamargo, presidente de la instancia parlamentaria, afirmó que el proyecto fue remitido a la directiva de la Asamblea Nacional. Pero aclaró que es necesario esperar la propuesta de legislación anunciada por el presidente Hugo Chávez para el mercado inmobiliario, con el fin de saber si incluirá la preventa o si se regulará por separado.
La reforma de la Ley de Arrendamientos, pendiente desde el año 2007, tampoco tiene fecha de aprobación. Las comisiones de Administración y Servicios y Participación Ciudadana siguen evaluando las propuestas.
Gamargo aseguró, sin embargo, que el objetivo es que todas las legislaciones del sector inmobiliario sean aprobadas antes de que asuma el Parlamento escogido el 26 de septiembre.
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viernes, 19 de noviembre de 2010
Regulación hará más énfasis en tarifas
de las clínicas
El marco legal que prepara la Asamblea Nacional para regular el sistema de salud privado hará más énfasis en las tarifas por servicios de las clínicas que en los honorarios profesionales de los médicos, dijo el diputado Rafael Ríos, presidente de la Comisión de Desarrollo Social.
"Apelamos a la condición ética y deontológica de los médicos que cobran por sus servicios, para que sean más justos. Lo que debe regularse con más fuerza es el cobro de las clínicas privadas por conceptos como insumos, utilización de equipos, medicinas y hotelería", señaló.
Ríos considera que el incremento de las tarifas en los últimos años responde a la especulación. "Cada clínica tiene un precio distinto por el mismo insumo, las medicinas cuestan entre tres y cinco veces más que en las farmacias y las habitaciones son tan caras como en un hotel cinco estrellas".
Aclaró que la regulación de honorarios y tarifas no se incluirá en la ley de salud, que la comisión prevé llevar a segunda discusión en plenaria en diciembre para su aprobación definitiva, sino en otro instrumento legal que está a cargo del diputado Tirso Silva.
Lo que sí determinará la ley de salud es que el órgano rector del sistema público también sea el encargado de regular los centros privados. Igualmente estipulará que la contraloría social llegue hasta las clínicas, a través de los comités de salud de las organizaciones comunitarias.
Ríos recordó, además, que hace un par de semanas la Defensoría del Pueblo, el Indepabis y la Superintendencia de Seguros inauguraron la sala situacional de salud para supervisar al sector. El diputado Germán Ferrer informó ayer que la instancia recibe un promedio de 35 denuncias diarias contra clínicas.
Para después. Aunque la Ley Orgánica del Trabajo es una deuda pendiente desde hace más de una década, porque las disposiciones transitorias de la Constitución de 1999 ordenan una reforma de la normativa para incluir aspectos como la retroactividad de las prestaciones sociales, todavía no hay fecha para su aprobación.
Ríos indicó que la prioridad de la Comisión de Desarrollo Social para lo que queda del actual período legislativo (los diputados electos el 26 de septiembre asumirán el 5 de enero de 2011) es la ley de salud, de la cual afinan los últimos detalles.
Agregó que la decisión de incluir la ley laboral en la agenda legislativa corresponde a la directiva del Parlamento, que todavía no ha dado instrucciones al respecto. El equipo técnico que revisa la normativa, sin embargo, sigue con el trabajo de recepción de propuestas.
Publicado en El Nacional
"Apelamos a la condición ética y deontológica de los médicos que cobran por sus servicios, para que sean más justos. Lo que debe regularse con más fuerza es el cobro de las clínicas privadas por conceptos como insumos, utilización de equipos, medicinas y hotelería", señaló.
Ríos considera que el incremento de las tarifas en los últimos años responde a la especulación. "Cada clínica tiene un precio distinto por el mismo insumo, las medicinas cuestan entre tres y cinco veces más que en las farmacias y las habitaciones son tan caras como en un hotel cinco estrellas".
Aclaró que la regulación de honorarios y tarifas no se incluirá en la ley de salud, que la comisión prevé llevar a segunda discusión en plenaria en diciembre para su aprobación definitiva, sino en otro instrumento legal que está a cargo del diputado Tirso Silva.
Lo que sí determinará la ley de salud es que el órgano rector del sistema público también sea el encargado de regular los centros privados. Igualmente estipulará que la contraloría social llegue hasta las clínicas, a través de los comités de salud de las organizaciones comunitarias.
Ríos recordó, además, que hace un par de semanas la Defensoría del Pueblo, el Indepabis y la Superintendencia de Seguros inauguraron la sala situacional de salud para supervisar al sector. El diputado Germán Ferrer informó ayer que la instancia recibe un promedio de 35 denuncias diarias contra clínicas.
Para después. Aunque la Ley Orgánica del Trabajo es una deuda pendiente desde hace más de una década, porque las disposiciones transitorias de la Constitución de 1999 ordenan una reforma de la normativa para incluir aspectos como la retroactividad de las prestaciones sociales, todavía no hay fecha para su aprobación.
Ríos indicó que la prioridad de la Comisión de Desarrollo Social para lo que queda del actual período legislativo (los diputados electos el 26 de septiembre asumirán el 5 de enero de 2011) es la ley de salud, de la cual afinan los últimos detalles.
Agregó que la decisión de incluir la ley laboral en la agenda legislativa corresponde a la directiva del Parlamento, que todavía no ha dado instrucciones al respecto. El equipo técnico que revisa la normativa, sin embargo, sigue con el trabajo de recepción de propuestas.
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