Venezuela envió una nota de protesta a Guyana por el reglamento sobre zonas marítimas promulgado el 23 de julio por el presidente David Granger y presentado ayer por el canciller Carl Greenidge ante la Asamblea Nacional, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
"Dicho reglamento ubica el Punto 1, que pretende establecer el extremo occidental de la línea de base correspondiente a la desembocadura del río Esequibo, en territorio venezolano sujeto a controversia conforme al Acuerdo de Ginebra de 1966", afirma la Cancillería en la misiva.
Caracas denunció, además, "las recurrentes provocaciones y agresiones" de Georgetown. "Persiguen avivar un conflicto entre países hermanos con fines desintegradores de la unidad latinoamericana y caribeña, y legitimadores de las pretensiones imperialistas en contra de la paz de la región", dijo.
En la presentación ante el Parlamento, Greenidge señaló que la norma permite a Guyana proteger su territorio contra actos de agresión como el del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en alusión al decreto que creó las Zonas Operativas de Defensa Integral Marítima e Insular.
El canciller guyanés no descartó una reunión entre Granger y Maduro como parte de los esfuerzos del secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para mediar en la controversia territorial.
"Hay oportunidad de discutir este asunto en un foro apropiado y dentro de los márgenes de la ONU u otro organismo", dijo Greenidge, reseñó Efe. Pero aclaró que por el momento no hay un acuerdo formal de diálogo.
La oficina del secretario general de la ONU informó que Ban habló con Maduro (en persona) y con Granger (por teléfono) sobre el envío de una misión a ambos países.
Greenidge reiteró que Georgetown rechaza la reactivación de la figura del buen oficiante, como propuso Caracas, e insiste en llevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia.
Diálogo parlamentario. La bancada oficialista en el Grupo Venezolano del Parlamento Latinoamericano promueve la creación de un grupo de trabajo binacional con legisladores de Guyana para tratar el reclamo del Esequibo.
Los diputados viajaron a Panamá para conversar la propuesta con representantes de la junta directiva del Parlatino, integrado por las instancias legislativas de 22 países del continente.
El presidente del Parlatino, Ángel Rodríguez, dijo que el gobierno venezolano celebra que Exxon Mobil haya retirado su buque taladro, plataforma petrolera, de las aguas del Territorio del Esequibo.
Señaló que la plataforma de Exxon Mobil se retiró desde hace varios días de las aguas del campo Stabroek en el Esequibo y que actualmente está estacionada en el Golfo de México.
Rodríguez criticó la terquedad y soberbia del presidente de Guyana, David Granger, que tras su viaje a Estados Unidos, "regresó envalentonado". "Es un peón del imperio", agregó.
Publicado en El Nacional
Mi nombre es Alejandro Hinds Rodríguez. Nací en Caracas, Venezuela, el 20 de octubre de 1979. Me gradué de Licenciado en Comunicación Social, mención Periodismo, en la Universidad Católica Andrés Bello en 2002. Este blog recopila los artículos escritos durante mi carrera
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sábado, 1 de agosto de 2015
miércoles, 15 de julio de 2015
La Corte Internacional de Justicia no es una opción para Venezuela
Las diferencias recientes entre Guyana y Venezuela han hecho que Georgetown vuelva a plantear (como hizo en la década de 1980) que la reclamación por el territorio Esequibo se resuelva en la Corte Internacional de Justicia, pero el arreglo judicial no es una opción para Caracas.
"Venezuela se ha negado siempre porque no tiene todas las de ganar. Es poco factible que una reclamación sobre dos tercios del territorio de otro país tenga éxito", dice Angelina Jaffe, directora del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Metropolitana.
Kenneth Ramírez, presidente del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, coincide con este argumento. "La CIJ privilegia soluciones de equidad. En este caso, tomará en consideración que Guyana es el país pequeño. Venezuela siempre ha entendido que eso es una desventaja".
Emilio Figueredo, exfacilitador de las negociaciones bilaterales, recuerda que Georgetown tiene montado un expediente con las muestras de reconocimiento que Caracas ha dado en algunos momentos de su historia al Laudo Arbitral de París (1899), que la despojó del Esequibo.
Agrega que las inconsistencias en la política exterior venezolana tampoco ayudarán a lograr una sentencia favorable para el país y cita como ejemplo las declaraciones del fallecido presidente Hugo Chávez en 2004, que llamaban a dejar de lado la reclamación.
Los tres especialistas aclaran que Guyana no puede llevar el caso a la CIJ sin la autorización de Venezuela, porque los asuntos limítrofes son de jurisdicción voluntaria y porque el Acuerdo de Ginebra (1966) obliga a que el mecanismo de solución sea acordado por ambas partes.
Caracas entregó la semana pasada una solicitud al secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para que reactive el mecanismo del buen oficiante, paralizado desde la muerte de Norman Girvan en 2014. Pero Georgetown ha dicho que no quiere seguir con este método.
Ramírez considera que para lograr la aprobación de Guyana son necesarias medidas de presión. "Venezuela tiene que usar todos los medios disponibles para bloquear la explotación petrolera en aguas del Esequibo. Incluso, suspender el acuerdo de Petrocaribe".
¿Encuentro en Mercosur? El presidente de Guyana, David Granger, irá a la cumbre semestral de Mercosur que se realizará esta semana en Brasilia. Allí coincidirá con Nicolás Maduro, mandatario de Venezuela, uno de los cinco miembros plenos del bloque regional. De manera que en la agenda del evento se puede colar el conflicto bilateral por el territorio Esequibo, recrudecido luego de que un consorcio liderado por Exxon Mobil anunció en mayo que descubrió petróleo en aguas que Georgetown considera suyas y Caracas asegura que están en disputa.
Ejemplos cercanos. La Corte Internacional de Justicia ha sentenciado en los últimos años dos casos de delimitación marítima en América Latina. El primero fue el de Nicaragua contra Colombia por las islas San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y las aguas adyacentes. La CIJ reconoció la soberanía de Bogotá sobre las islas en 2007, pero concedió amplios espacios a Nicaragua al trazar los límites marítimos en 2012. El segundo fue Perú contra Chile. En 2014, la corte adjudicó a Lima un área de más de 50.000 kilómetros cuadrados que Santiago consideraba parte de su zona económica exclusiva.
Publicado en El Nacional
"Venezuela se ha negado siempre porque no tiene todas las de ganar. Es poco factible que una reclamación sobre dos tercios del territorio de otro país tenga éxito", dice Angelina Jaffe, directora del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Metropolitana.
Kenneth Ramírez, presidente del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, coincide con este argumento. "La CIJ privilegia soluciones de equidad. En este caso, tomará en consideración que Guyana es el país pequeño. Venezuela siempre ha entendido que eso es una desventaja".
Emilio Figueredo, exfacilitador de las negociaciones bilaterales, recuerda que Georgetown tiene montado un expediente con las muestras de reconocimiento que Caracas ha dado en algunos momentos de su historia al Laudo Arbitral de París (1899), que la despojó del Esequibo.
Agrega que las inconsistencias en la política exterior venezolana tampoco ayudarán a lograr una sentencia favorable para el país y cita como ejemplo las declaraciones del fallecido presidente Hugo Chávez en 2004, que llamaban a dejar de lado la reclamación.
Los tres especialistas aclaran que Guyana no puede llevar el caso a la CIJ sin la autorización de Venezuela, porque los asuntos limítrofes son de jurisdicción voluntaria y porque el Acuerdo de Ginebra (1966) obliga a que el mecanismo de solución sea acordado por ambas partes.
Caracas entregó la semana pasada una solicitud al secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para que reactive el mecanismo del buen oficiante, paralizado desde la muerte de Norman Girvan en 2014. Pero Georgetown ha dicho que no quiere seguir con este método.
Ramírez considera que para lograr la aprobación de Guyana son necesarias medidas de presión. "Venezuela tiene que usar todos los medios disponibles para bloquear la explotación petrolera en aguas del Esequibo. Incluso, suspender el acuerdo de Petrocaribe".
¿Encuentro en Mercosur? El presidente de Guyana, David Granger, irá a la cumbre semestral de Mercosur que se realizará esta semana en Brasilia. Allí coincidirá con Nicolás Maduro, mandatario de Venezuela, uno de los cinco miembros plenos del bloque regional. De manera que en la agenda del evento se puede colar el conflicto bilateral por el territorio Esequibo, recrudecido luego de que un consorcio liderado por Exxon Mobil anunció en mayo que descubrió petróleo en aguas que Georgetown considera suyas y Caracas asegura que están en disputa.
Ejemplos cercanos. La Corte Internacional de Justicia ha sentenciado en los últimos años dos casos de delimitación marítima en América Latina. El primero fue el de Nicaragua contra Colombia por las islas San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y las aguas adyacentes. La CIJ reconoció la soberanía de Bogotá sobre las islas en 2007, pero concedió amplios espacios a Nicaragua al trazar los límites marítimos en 2012. El segundo fue Perú contra Chile. En 2014, la corte adjudicó a Lima un área de más de 50.000 kilómetros cuadrados que Santiago consideraba parte de su zona económica exclusiva.
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domingo, 12 de julio de 2015
Venezuela también tiene que defender salida al Atlántico
El gobierno del presidente Nicolás Maduro, en su reclamo del territorio Esequibo, no debe obviar la solicitud que Guyana hizo en 2011 a la Organización de Naciones Unidas para ampliar su plataforma continental, que deja a Venezuela sin conexión directa con el océano Atlántico, única salida libre a mar abierto que tiene el país.
Especialistas recordaron que esa solicitud se basó en un trazado unilateral realizado por Georgetown que incluye las aguas de la zona en reclamación (que están en disputa, como la parte terrestre) y la fachada atlántica del estado Delta Amacuro, cuya soberanía no está en discusión.
"Es una línea que nos cercena miles de kilómetros cuadrados de áreas marinas, nos encierra en un triángulo con la delimitación acordada con Trinidad y Tobago en 1990 y nos elimina la salida libre al océano Atlántico", precisó Sadio Garavini, ex embajador de Venezuela en Guyana.
El diplomático afirmó que la conexión directa con mar abierto es importante porque, de lo contrario, todas las exportaciones que salen del río Orinoco (básicamente los minerales que se producen en Guayana) deberán pasar por la zona económica exclusiva de otro país para llegar al Atlántico y seguir hasta su destino.
Recordó, además, que es conocida la riqueza de la fachada atlántica de Delta Amacuro y de la zona en reclamación en petróleo y gas natural: "Los descubrimientos recientes del consorcio liderado por Exxon Mobil lo que hicieron fue confirmarlo". Agregó que en el área también hay abundantes recursos pesqueros.
Silencio perjudicial. La solicitud a la ONU para ampliar su plataforma continental fue una de las acciones relacionadas con el territorio Esequibo que Georgetown emprendió en los últimos años gracias al silencio de Caracas durante el mandato del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).
La influencia del régimen cubano y la intención de ganarse el respaldo de la Caricom llevaron a Chávez a cambiar la posición histórica del país sobre la zona en reclamación en 2004. "Venezuela no será un obstáculo para cualquier proyecto en el Esequibo", declaró el mandatario en una reunión con su homólogo de Guyana, Bharrett Jagdeo.
Caracas renunció así a la potestad que le otorga el Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966, para objetar la explotación de recursos naturales en el territorio disputado, lo cual fue aprovechado por Georgetown para entregar decenas de concesiones mineras y reactivar las actividades de exploración petrolera costa afuera.
El silencio gubernamental se mantuvo incluso cuando especialistas denunciaron que los bloques donde Guyana autorizó la búsqueda de hidrocarburos incluían aguas de la fachada atlántica de Delta Amacuro (más de 90.000 kilómetros cuadrados, según Aníbal Martínez, presidente del Frente Prodefensa del Petróleo).
La inacción terminó en octubre de 2013, cuando la Armada capturó en aguas venezolanas al buque Teknik Perdana, que hacía exploraciones petroleras en un bloque concedido a la empresa Anadarko Petroleum. Tras el incidente se acordó crear una comisión bilateral de delimitación marítima que hasta ahora no ha dado resultados.
Vuelve la polémica. El anuncio guyanés de que un consorcio formado por las compañías Exxon Mobil, Hess y China National Offshore Oil Corporation descubrió petróleo en el bloque Starbroek y el decreto venezolano que creó Zonas Operativas de Defensa Integral Marítima e Insular reavivaron la reclamación territorial en mayo.
Luego de meses de intercambio de acusaciones, Georgetown y Caracas coincidieron esta semana en la necesidad de apegarse al Acuerdo de Ginebra y la facilitación del secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para hallar una solución definitiva.
Angelina Jaffe, directora del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Metropolitana, considera que utilizar estos mecanismos es lo adecuado pero teme que la discusión pierda fuerza tras la modificación del decreto presidencial.
Garavini reiteró que el reclamo venezolano debe incluir la solicitud unilateral de Guyana para ampliar su plataforma continental. "Es absolutamente inaceptable que se cercene la salida al Atlántico. No es solo la proyección marítima de la zona en reclamación, que también tenemos que defender".
Emilio Figueredo, ex negociador de Venezuela con Guyana, recordó que el Acuerdo de Ginebra es válido para la reclamación del Esequibo pero no tiene nada que ver con la fachada atlántica de Delta Amacuro: "De Punta Playa para acá no hay discusión".
Publicado en El Nacional
Especialistas recordaron que esa solicitud se basó en un trazado unilateral realizado por Georgetown que incluye las aguas de la zona en reclamación (que están en disputa, como la parte terrestre) y la fachada atlántica del estado Delta Amacuro, cuya soberanía no está en discusión.
"Es una línea que nos cercena miles de kilómetros cuadrados de áreas marinas, nos encierra en un triángulo con la delimitación acordada con Trinidad y Tobago en 1990 y nos elimina la salida libre al océano Atlántico", precisó Sadio Garavini, ex embajador de Venezuela en Guyana.
El diplomático afirmó que la conexión directa con mar abierto es importante porque, de lo contrario, todas las exportaciones que salen del río Orinoco (básicamente los minerales que se producen en Guayana) deberán pasar por la zona económica exclusiva de otro país para llegar al Atlántico y seguir hasta su destino.
Recordó, además, que es conocida la riqueza de la fachada atlántica de Delta Amacuro y de la zona en reclamación en petróleo y gas natural: "Los descubrimientos recientes del consorcio liderado por Exxon Mobil lo que hicieron fue confirmarlo". Agregó que en el área también hay abundantes recursos pesqueros.
Silencio perjudicial. La solicitud a la ONU para ampliar su plataforma continental fue una de las acciones relacionadas con el territorio Esequibo que Georgetown emprendió en los últimos años gracias al silencio de Caracas durante el mandato del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).
La influencia del régimen cubano y la intención de ganarse el respaldo de la Caricom llevaron a Chávez a cambiar la posición histórica del país sobre la zona en reclamación en 2004. "Venezuela no será un obstáculo para cualquier proyecto en el Esequibo", declaró el mandatario en una reunión con su homólogo de Guyana, Bharrett Jagdeo.
Caracas renunció así a la potestad que le otorga el Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966, para objetar la explotación de recursos naturales en el territorio disputado, lo cual fue aprovechado por Georgetown para entregar decenas de concesiones mineras y reactivar las actividades de exploración petrolera costa afuera.
El silencio gubernamental se mantuvo incluso cuando especialistas denunciaron que los bloques donde Guyana autorizó la búsqueda de hidrocarburos incluían aguas de la fachada atlántica de Delta Amacuro (más de 90.000 kilómetros cuadrados, según Aníbal Martínez, presidente del Frente Prodefensa del Petróleo).
La inacción terminó en octubre de 2013, cuando la Armada capturó en aguas venezolanas al buque Teknik Perdana, que hacía exploraciones petroleras en un bloque concedido a la empresa Anadarko Petroleum. Tras el incidente se acordó crear una comisión bilateral de delimitación marítima que hasta ahora no ha dado resultados.
Vuelve la polémica. El anuncio guyanés de que un consorcio formado por las compañías Exxon Mobil, Hess y China National Offshore Oil Corporation descubrió petróleo en el bloque Starbroek y el decreto venezolano que creó Zonas Operativas de Defensa Integral Marítima e Insular reavivaron la reclamación territorial en mayo.
Luego de meses de intercambio de acusaciones, Georgetown y Caracas coincidieron esta semana en la necesidad de apegarse al Acuerdo de Ginebra y la facilitación del secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para hallar una solución definitiva.
Angelina Jaffe, directora del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Metropolitana, considera que utilizar estos mecanismos es lo adecuado pero teme que la discusión pierda fuerza tras la modificación del decreto presidencial.
Garavini reiteró que el reclamo venezolano debe incluir la solicitud unilateral de Guyana para ampliar su plataforma continental. "Es absolutamente inaceptable que se cercene la salida al Atlántico. No es solo la proyección marítima de la zona en reclamación, que también tenemos que defender".
Emilio Figueredo, ex negociador de Venezuela con Guyana, recordó que el Acuerdo de Ginebra es válido para la reclamación del Esequibo pero no tiene nada que ver con la fachada atlántica de Delta Amacuro: "De Punta Playa para acá no hay discusión".
Publicado en El Nacional
sábado, 11 de julio de 2015
Gobierno pidió a Ban designar a buen oficiante
Venezuela pidió al secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que designe al sustituto de Norman Girvan (fallecido en abril de 2014) y reactive el mecanismo del buen oficiante para la solución del diferendo territorial con Guyana.
La canciller Delcy Rodríguez viajó a Nueva York para entregarle la solicitud a Ban. "Esperamos que se active este mecanismo para que de una forma amistosa, práctica y legal se pueda resolver esta histórica reclamación sobre el territorio Esequibo", declaró antes de partir.
El presidente Nicolás Maduro informó que se comunicaría telefónicamente con el máximo responsable de la ONU para conversar sobre la tensión bilateral en los últimos meses. Reiteró que mantendrá la lucha por la zona en reclamación en todas las instancias internacionales.
Las relaciones entre Venezuela y Guyana se tensaron tras el descubrimiento de un yacimiento petrolífero en un área marítima en disputa entregada en concesión por Georgetown y el decreto de zonas militares que incluyen aguas por delimitar por parte de Caracas.
El presidente de Guyana, David Granger, dijo el jueves en un discurso ante el Parlamento de su país que las zonas militares decretadas por Venezuela continúan siendo una amenaza a pesar de la modificación que el gobierno de Maduro hizo al decreto esta semana.
Rodríguez criticó que Granger siga refiriéndose a Venezuela como un país agresor, pero celebró que manifestara disposición a buscar una solución jurídica permanente dentro de los principios del Acuerdo de Ginebra, firmado por ambos países en 1966.
"Asumió una posición con muchas falsedades, pero creo que dio un paso significativo que es el reconocimiento del Acuerdo de Ginebra y hemos visto que ha abandonado las ofensas y los insultos hacia el pueblo y hacia nuestra patria", dijo la funcionaria.
Publicado en El Nacional
La canciller Delcy Rodríguez viajó a Nueva York para entregarle la solicitud a Ban. "Esperamos que se active este mecanismo para que de una forma amistosa, práctica y legal se pueda resolver esta histórica reclamación sobre el territorio Esequibo", declaró antes de partir.
El presidente Nicolás Maduro informó que se comunicaría telefónicamente con el máximo responsable de la ONU para conversar sobre la tensión bilateral en los últimos meses. Reiteró que mantendrá la lucha por la zona en reclamación en todas las instancias internacionales.
Las relaciones entre Venezuela y Guyana se tensaron tras el descubrimiento de un yacimiento petrolífero en un área marítima en disputa entregada en concesión por Georgetown y el decreto de zonas militares que incluyen aguas por delimitar por parte de Caracas.
El presidente de Guyana, David Granger, dijo el jueves en un discurso ante el Parlamento de su país que las zonas militares decretadas por Venezuela continúan siendo una amenaza a pesar de la modificación que el gobierno de Maduro hizo al decreto esta semana.
Rodríguez criticó que Granger siga refiriéndose a Venezuela como un país agresor, pero celebró que manifestara disposición a buscar una solución jurídica permanente dentro de los principios del Acuerdo de Ginebra, firmado por ambos países en 1966.
"Asumió una posición con muchas falsedades, pero creo que dio un paso significativo que es el reconocimiento del Acuerdo de Ginebra y hemos visto que ha abandonado las ofensas y los insultos hacia el pueblo y hacia nuestra patria", dijo la funcionaria.
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jueves, 7 de mayo de 2015
70 años del final de una confrontación que marcó al mundo
El 7 de mayo se cumplirán 70 años de la rendición de la Alemania nazi, lo que acabó con 6 años de combates en Europa y supuso el primer paso hacia el fin de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), un conflicto que causó la muerte a 70 millones de personas y que definió el orden global que, con algunos cambios, permanece vigente actualmente.
Fue una rápida sucesión de hechos. El 30 de abril se suicidó Adolfo Hitler, el 2 de mayo el Ejército de la Unión Soviética entró en Berlín y las tropas nazis en Italia se rindieron. El 4 de mayo hicieron lo propio las fuerzas en el norte de Alemania, Dinamarca y Holanda.
Tras la capitulación final del régimen nazi, el 7 de mayo, algunos soldados en el centro de Europa continuaron luchando durante varias jornadas más. A pesar de ello, los aliados occidentales (Estados Unidos, Francia y Reino Unido) festejaron el Día de la Victoria el 8 de mayo y la Unión Soviética lo hizo al día siguiente.
La celebración separada fue, quizás, la primera señal del mundo bipolar que despuntaba. El planeta se dividió en dos grandes bloques con sistemas económicos y políticos diferentes, el capitalista liderado por Estados Unidos y el comunista dominado por la Unión Soviética, que vivieron enfrentados durante la Guerra Fría.
Adolfo Salgueiro, profesor de Derecho Internacional, explicó que esa división es la principal característica del orden mundial derivado de la Segunda Guerra: "Eso fue lo que hizo que el conflicto trajera un cambio tan profundo, porque mientras los otros países vencedores se contentaron con la victoria, Moscú impuso un sistema económico y político".
Las consecuencias del conflicto que desangró a la humanidad entre 1939 y 1945 van más allá. "Fue la primera vez que la historia mundial se juntó. La Segunda Guerra fue interactiva entre distintos escenarios", dijo el historiador británico Antony Beevor, al diario La Tercera de Chile.
Beevor, autor de varios libros sobre la confrontación, señaló que la Segunda Guerra no puede mirarse como un gran choque entre Estados sino como una combinación de distintos conflictos. Y cree que por eso una de sus consecuencias fue acelerar el fin del colonialismo en África y Asia.
El internacionalista Demetrio Boersner agregó que otra consecuencia fue que el mundo dominado por los nacionalismos, existente antes del conflicto, fue sustituido por uno donde la supranacionalidad se impuso, como muestra el surgimiento de la ONU.
"La gente empezó a ver el mundo en una dimensión global. Soy un defensor de la ONU porque, a pesar de todas las imperfecciones que tiene, es una organización que ha moderado las tensiones internacionales y que ha hecho prevalecer el principio de la multilateralidad en la solución de los conflictos mundiales", precisó Boersner.
¿Orden vigente? Una pregunta que divide a los analistas es si el hecho de que los países triunfadores de la Segunda Guerra Mundial sigan como los únicos miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU supone que el orden heredado del conflicto se mantiene vigente.
Salgueiro expresó sus dudas. "En lo jurídico se mantiene el dominio, pero no en lo fáctico. El Consejo de Seguridad tiene cada vez menor rango de maniobra. No es el mismo que decretó la guerra a Corea del Norte o armó tropas para luchar en el Congo. El orden mundial establecido después de la Segunda Guerra murió con la caída de la Unión Soviética en 1991".
Boersner sí considera que sigue vigente, pero admite que el desmoronamiento del bloque comunista supuso un quiebre. "Occidente creyó que la historia había llegado a su fin, como afirmó Francis Fukuyama, y que su sistema económico neoliberal se impondría en un mundo globalizado. Esa ilusión se acabó en una década".
Añadió que el renacimiento de los nacionalismos europeos, el fanatismo religioso de los islamistas y otros radicalismos son muestras de que predomina cierta anarquía: "Un mundo unido y pacífico necesita valores comunes. En la Guerra Fría ambos bandos estuvieron alineados por la ideología, ahora no".
Escrito con Manuel Tovar. Publicado en El Nacional
Fue una rápida sucesión de hechos. El 30 de abril se suicidó Adolfo Hitler, el 2 de mayo el Ejército de la Unión Soviética entró en Berlín y las tropas nazis en Italia se rindieron. El 4 de mayo hicieron lo propio las fuerzas en el norte de Alemania, Dinamarca y Holanda.
Tras la capitulación final del régimen nazi, el 7 de mayo, algunos soldados en el centro de Europa continuaron luchando durante varias jornadas más. A pesar de ello, los aliados occidentales (Estados Unidos, Francia y Reino Unido) festejaron el Día de la Victoria el 8 de mayo y la Unión Soviética lo hizo al día siguiente.
La celebración separada fue, quizás, la primera señal del mundo bipolar que despuntaba. El planeta se dividió en dos grandes bloques con sistemas económicos y políticos diferentes, el capitalista liderado por Estados Unidos y el comunista dominado por la Unión Soviética, que vivieron enfrentados durante la Guerra Fría.
Adolfo Salgueiro, profesor de Derecho Internacional, explicó que esa división es la principal característica del orden mundial derivado de la Segunda Guerra: "Eso fue lo que hizo que el conflicto trajera un cambio tan profundo, porque mientras los otros países vencedores se contentaron con la victoria, Moscú impuso un sistema económico y político".
Las consecuencias del conflicto que desangró a la humanidad entre 1939 y 1945 van más allá. "Fue la primera vez que la historia mundial se juntó. La Segunda Guerra fue interactiva entre distintos escenarios", dijo el historiador británico Antony Beevor, al diario La Tercera de Chile.
Beevor, autor de varios libros sobre la confrontación, señaló que la Segunda Guerra no puede mirarse como un gran choque entre Estados sino como una combinación de distintos conflictos. Y cree que por eso una de sus consecuencias fue acelerar el fin del colonialismo en África y Asia.
El internacionalista Demetrio Boersner agregó que otra consecuencia fue que el mundo dominado por los nacionalismos, existente antes del conflicto, fue sustituido por uno donde la supranacionalidad se impuso, como muestra el surgimiento de la ONU.
"La gente empezó a ver el mundo en una dimensión global. Soy un defensor de la ONU porque, a pesar de todas las imperfecciones que tiene, es una organización que ha moderado las tensiones internacionales y que ha hecho prevalecer el principio de la multilateralidad en la solución de los conflictos mundiales", precisó Boersner.
¿Orden vigente? Una pregunta que divide a los analistas es si el hecho de que los países triunfadores de la Segunda Guerra Mundial sigan como los únicos miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU supone que el orden heredado del conflicto se mantiene vigente.
Salgueiro expresó sus dudas. "En lo jurídico se mantiene el dominio, pero no en lo fáctico. El Consejo de Seguridad tiene cada vez menor rango de maniobra. No es el mismo que decretó la guerra a Corea del Norte o armó tropas para luchar en el Congo. El orden mundial establecido después de la Segunda Guerra murió con la caída de la Unión Soviética en 1991".
Boersner sí considera que sigue vigente, pero admite que el desmoronamiento del bloque comunista supuso un quiebre. "Occidente creyó que la historia había llegado a su fin, como afirmó Francis Fukuyama, y que su sistema económico neoliberal se impondría en un mundo globalizado. Esa ilusión se acabó en una década".
Añadió que el renacimiento de los nacionalismos europeos, el fanatismo religioso de los islamistas y otros radicalismos son muestras de que predomina cierta anarquía: "Un mundo unido y pacífico necesita valores comunes. En la Guerra Fría ambos bandos estuvieron alineados por la ideología, ahora no".
Escrito con Manuel Tovar. Publicado en El Nacional
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lunes, 8 de diciembre de 2014
En América Latina hay 1,2 millones de personas esclavizadas
La esclavitud está lejos de ser un problema del pasado: 35,8 millones de personas están sometidas a trabajo forzado en todo el mundo, incluidas 1,2 millones en América Latina y el Caribe, según un informe elaborado por la Fundación Walk Free y presentado con motivo del Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud.
La actividad se celebra el 2 de diciembre de cada año para recordar que en esa fecha, de 1949, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas aprobó el convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, dos de los mecanismos considerados como esclavitud moderna.
Otras formas de sometimiento son el matrimonio obligado, el reclutamiento de niños para utilizarlos en conflictos armados y el trabajo infantil, del que sobran ejemplos: los niños congoleses que buscan diamantes en las minas, los uzbekos que recogen la cosecha de algodón, las niñas indias que cosen balones de fútbol.
“La esclavitud moderna contribuye a la producción de por lo menos 122 bienes de 58 países en todo el mundo”, afirma la Fundación Walk Free en la introducción del Índice Global de Esclavitud 2014. “Reconocer el problema y luchar contra él no es filantropía, es nuestra responsabilidad”, agrega.
Precisa que 61% de las personas esclavizadas en el planeta se concentran en la India, China, Pakistán, Uzbekistán y Rusia, que son los países con más trabajadores en esa condición. Los porcentajes más altos de población sometida a trabajo esclavo se encuentran en Mauritania, Uzbekistán, Haití, Qatar y la India.
Agrega que Holanda, Suecia, Estados Unidos, Australia y Suiza son los países que actúan más para acabar con la esclavitud moderna. También destaca los esfuerzos de Georgia, Filipinas, Macedonia y Jamaica, considerados meritorios al tomar en cuenta su capacidad económica limitada.
Del otro lado de la moneda están Corea del Norte, Irán, Siria, Eritrea y la República Centroafricana, como las naciones que hacen menos contra el trabajo esclavo. Hong Kong, Kuwait, Brunei, Singapur y Qatar deberían esforzarse más considerando su riqueza, de acuerdo con la Fundación Walk Free.
Venezuela también. Aunque la mayoría de las personas esclavizadas están en África y Asia, ningún país está libre del problema. “Irlanda e Islandia (que presentan los porcentajes más bajos entre los 167 territorios evaluados) se calcula que tienen 300 y 100 personas en esclavitud moderna”, dice el índice.
En América Latina y el Caribe hay 1,2 millones de personas sometidas a trabajo forzado. Más de la mitad se encuentra en México, Haití y Brasil, que encabezan la región en número de trabajadores en condición de esclavitud. Haití, Surinam y Guyana son los que presentan mayores porcentajes de personas esclavizadas.
El documento calcula que en Venezuela hay 60.900 trabajadores esclavos (0,2% de la población), lo que la coloca en la posición 18 de América Latina y 125 del mundo. El país, sin embargo, se encuentra entre los que menos esfuerzos hacen en la región para acabar con el problema, solo por detrás de Haití, Cuba y Surinam.
Venezuela, además, está entre los más vulnerables de la región a la esclavitud moderna. Para determinar la vulnerabilidad, la Fundación Walk Free toma en cuenta las políticas nacionales para combatir el problema, la protección de los derechos humanos, el nivel de desarrollo socioeconómico, la estabilidad del Estado y los niveles de discriminación.
Prohibición internacional. El trabajo forzoso, el tráfico de seres humanos, el matrimonio obligado y la explotación infantil son algunas de las formas que la ONG Walk Free analiza como esclavitud moderna, es decir, “cuando una persona posee el control de otra de tal manera que le priva de su libertad individual con la intención de sacar un beneficio”.
El concepto de Walk Free no está lejos del de la Organización de las Naciones Unidas, la cual indica que la esclavitud es “el estado o condición de un individuo sobre quien se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o algunos de ellos”.
La definición aunque no ha sufrido modificaciones, se ha ampliado a través de los años, tras su primera aparición en 1926, en un convenio internacional aprobado por la Asamblea General de la antigua Sociedad de Naciones que promovía la represión de la trata de blancas.
Actualmente se encuentran en vigor más de 20 instrumentos de la ONU que prohíben la esclavitud, entre los que están los asociados al Convenio sobre la Esclavitud, en sus modificaciones de 1953 y 1956; además de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 5 convenios de la Organización Internacional del Trabajo, 4 convenciones interamericanos y un inciso en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que define la esclavitud como un crimen de lesa humanidad.
Entre las prácticas que adoptó la esclavitud moderna y que persisten hoy están la trata de personas, la explotación, la prostitución y esclavitud sexual, la utilización de niños para trabajos forzosos, el uso de esclavos en granjas o plantaciones para la producción agrícola, la servidumbre por deudas, el matrimonio obligado y la venta de esposas. Esta última es un negocio de gran magnitud en Rusia y Ucrania, donde algunas empresas ofrecen mujeres por catálogo.
De acuerdo con la ONU, todas estas prácticas suponen la violación de múltiples derechos individuales, de libertad y seguridad de la persona. Por lo general, la esclavitud moderna va acompañada de amenazas de violencia, secuestro o captación mediante promesas falsas u otras formas de engaño, privación de la identidad, privación de la libertad de circulación y de escoger libremente su residencia.
Escrito con Patrizia Aymerich. Publicado en El Nacional
La actividad se celebra el 2 de diciembre de cada año para recordar que en esa fecha, de 1949, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas aprobó el convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, dos de los mecanismos considerados como esclavitud moderna.
Otras formas de sometimiento son el matrimonio obligado, el reclutamiento de niños para utilizarlos en conflictos armados y el trabajo infantil, del que sobran ejemplos: los niños congoleses que buscan diamantes en las minas, los uzbekos que recogen la cosecha de algodón, las niñas indias que cosen balones de fútbol.
“La esclavitud moderna contribuye a la producción de por lo menos 122 bienes de 58 países en todo el mundo”, afirma la Fundación Walk Free en la introducción del Índice Global de Esclavitud 2014. “Reconocer el problema y luchar contra él no es filantropía, es nuestra responsabilidad”, agrega.
Precisa que 61% de las personas esclavizadas en el planeta se concentran en la India, China, Pakistán, Uzbekistán y Rusia, que son los países con más trabajadores en esa condición. Los porcentajes más altos de población sometida a trabajo esclavo se encuentran en Mauritania, Uzbekistán, Haití, Qatar y la India.
Agrega que Holanda, Suecia, Estados Unidos, Australia y Suiza son los países que actúan más para acabar con la esclavitud moderna. También destaca los esfuerzos de Georgia, Filipinas, Macedonia y Jamaica, considerados meritorios al tomar en cuenta su capacidad económica limitada.
Del otro lado de la moneda están Corea del Norte, Irán, Siria, Eritrea y la República Centroafricana, como las naciones que hacen menos contra el trabajo esclavo. Hong Kong, Kuwait, Brunei, Singapur y Qatar deberían esforzarse más considerando su riqueza, de acuerdo con la Fundación Walk Free.
Venezuela también. Aunque la mayoría de las personas esclavizadas están en África y Asia, ningún país está libre del problema. “Irlanda e Islandia (que presentan los porcentajes más bajos entre los 167 territorios evaluados) se calcula que tienen 300 y 100 personas en esclavitud moderna”, dice el índice.
En América Latina y el Caribe hay 1,2 millones de personas sometidas a trabajo forzado. Más de la mitad se encuentra en México, Haití y Brasil, que encabezan la región en número de trabajadores en condición de esclavitud. Haití, Surinam y Guyana son los que presentan mayores porcentajes de personas esclavizadas.
El documento calcula que en Venezuela hay 60.900 trabajadores esclavos (0,2% de la población), lo que la coloca en la posición 18 de América Latina y 125 del mundo. El país, sin embargo, se encuentra entre los que menos esfuerzos hacen en la región para acabar con el problema, solo por detrás de Haití, Cuba y Surinam.
Venezuela, además, está entre los más vulnerables de la región a la esclavitud moderna. Para determinar la vulnerabilidad, la Fundación Walk Free toma en cuenta las políticas nacionales para combatir el problema, la protección de los derechos humanos, el nivel de desarrollo socioeconómico, la estabilidad del Estado y los niveles de discriminación.
Prohibición internacional. El trabajo forzoso, el tráfico de seres humanos, el matrimonio obligado y la explotación infantil son algunas de las formas que la ONG Walk Free analiza como esclavitud moderna, es decir, “cuando una persona posee el control de otra de tal manera que le priva de su libertad individual con la intención de sacar un beneficio”.
El concepto de Walk Free no está lejos del de la Organización de las Naciones Unidas, la cual indica que la esclavitud es “el estado o condición de un individuo sobre quien se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o algunos de ellos”.
La definición aunque no ha sufrido modificaciones, se ha ampliado a través de los años, tras su primera aparición en 1926, en un convenio internacional aprobado por la Asamblea General de la antigua Sociedad de Naciones que promovía la represión de la trata de blancas.
Actualmente se encuentran en vigor más de 20 instrumentos de la ONU que prohíben la esclavitud, entre los que están los asociados al Convenio sobre la Esclavitud, en sus modificaciones de 1953 y 1956; además de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 5 convenios de la Organización Internacional del Trabajo, 4 convenciones interamericanos y un inciso en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que define la esclavitud como un crimen de lesa humanidad.
Entre las prácticas que adoptó la esclavitud moderna y que persisten hoy están la trata de personas, la explotación, la prostitución y esclavitud sexual, la utilización de niños para trabajos forzosos, el uso de esclavos en granjas o plantaciones para la producción agrícola, la servidumbre por deudas, el matrimonio obligado y la venta de esposas. Esta última es un negocio de gran magnitud en Rusia y Ucrania, donde algunas empresas ofrecen mujeres por catálogo.
De acuerdo con la ONU, todas estas prácticas suponen la violación de múltiples derechos individuales, de libertad y seguridad de la persona. Por lo general, la esclavitud moderna va acompañada de amenazas de violencia, secuestro o captación mediante promesas falsas u otras formas de engaño, privación de la identidad, privación de la libertad de circulación y de escoger libremente su residencia.
Escrito con Patrizia Aymerich. Publicado en El Nacional
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martes, 28 de octubre de 2014
No hay presupuesto para pagar cuotas de la ONU en 2015
Aunque las deudas de Venezuela con la Organización de Naciones Unidas suman 28 millones de dólares, el Ministerio de Relaciones Exteriores apenas recibirá 10 millones de bolívares (casi 1,6 millones de dólares al tipo de cambio oficial de 6,3 bolívares por dólar) para los pagos al ente multilateral en 2015.
Las transferencias a la ONU figuran en el proyecto de ley de presupuesto del año próximo como parte de la iniciativa denominada "Fortalecimiento de la presencia de Venezuela en los organismos multilaterales y en los foros de diálogo y concertación política", que tendrá una asignación de 28,4 millones de bolívares.
La cantidad destinada a cancelar las cuotas del organismo se mantendrá invariable con respecto a 2014 y apenas representará 0,4% de los gastos previstos por la Cancillería, que sumarán 2,27 millardos de bolívares. El presupuesto del despacho crecerá 31,8% en comparación con este año, cuando totalizó 1,72 millardos.
Los recursos que el MRE tendrá en 2015 estarán divididos casi en partes iguales entre los proyectos (1,15 millardos de bolívares) y la gestión administrativa (1,12 millardos). Los gastos de personal, en general, consumirán 59% del presupuesto anual al sumar 1,34 millardos de bolívares.
El proyecto que recibirá más dinero es "reimpulso de la representación diplomática de Venezuela en el mundo", referido al funcionamiento de las embajadas y los consulados del país, con 918,9 millones de bolívares. Eso significa un incremento de 24,4% con respecto a 2014, cuando se destinaron 738,7 millones para tal fin.
El segundo proyecto que contará con más recursos es "modernización y fortalecimiento de las instalaciones del MRE", para lo cual se destinarán 88,1 millones de bolívares, 307% más que este año. La meta es rehabilitar y acondicionar los pisos 4 al 9 de la Torre MRE y culminar la recuperación de la Casa Amarilla.
Publicado en El Nacional
Las transferencias a la ONU figuran en el proyecto de ley de presupuesto del año próximo como parte de la iniciativa denominada "Fortalecimiento de la presencia de Venezuela en los organismos multilaterales y en los foros de diálogo y concertación política", que tendrá una asignación de 28,4 millones de bolívares.
La cantidad destinada a cancelar las cuotas del organismo se mantendrá invariable con respecto a 2014 y apenas representará 0,4% de los gastos previstos por la Cancillería, que sumarán 2,27 millardos de bolívares. El presupuesto del despacho crecerá 31,8% en comparación con este año, cuando totalizó 1,72 millardos.
Los recursos que el MRE tendrá en 2015 estarán divididos casi en partes iguales entre los proyectos (1,15 millardos de bolívares) y la gestión administrativa (1,12 millardos). Los gastos de personal, en general, consumirán 59% del presupuesto anual al sumar 1,34 millardos de bolívares.
El proyecto que recibirá más dinero es "reimpulso de la representación diplomática de Venezuela en el mundo", referido al funcionamiento de las embajadas y los consulados del país, con 918,9 millones de bolívares. Eso significa un incremento de 24,4% con respecto a 2014, cuando se destinaron 738,7 millones para tal fin.
El segundo proyecto que contará con más recursos es "modernización y fortalecimiento de las instalaciones del MRE", para lo cual se destinarán 88,1 millones de bolívares, 307% más que este año. La meta es rehabilitar y acondicionar los pisos 4 al 9 de la Torre MRE y culminar la recuperación de la Casa Amarilla.
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viernes, 17 de octubre de 2014
Venezuela irá por quinta vez al Consejo de Seguridad
Venezuela será miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas por quinta vez en su historia, luego de ser electa ayer para ocupar un asiento durante el período 2015-2016 en representación del Grupo de América Latina y el Caribe.
La primera vez que el país estuvo en la máxima instancia de la ONU fue en 1962-1963, en la presidencia de Rómulo Betancourt. Regresó en 1977-1978, cuando gobernaba Carlos Andrés Pérez; en 1986-1987, durante el mandato de Jaime Lusinchi; y en 1992-1993, en el segundo período de CAP.
Esta vez la elección de Venezuela estaba asegurada porque fue el único candidato que postuló el Grulac para llenar la vacante que dejará Argentina, cuyo período vence el 31 de diciembre de este año. Entre los 193 países que forman parte de la ONU, el país tuvo 181 votos a favor, uno nulo y uno en contra. Hubo 10 abstenciones.
El presidente Nicolás Maduro destacó el trabajo del ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Ramírez; del excanciller Elías Jaua; del embajador ante la ONU, Samuel Moncada; y la embajadora alterna, María Gabriela Chávez; para sumar los votos necesarios.
“Un récord mundial de apoyo, de amor, de confianza”, afirmó el mandatario. Pero Angola y Malasia, que tampoco tenían rivales para ocupar las vacantes de sus regiones, lograron 190 y 187 apoyos, respectivamente.
El único grupo que tenía más candidatos que plazas en disputa fue Europa Occidental y otros. Nueva Zelanda logró entrar en la primera votación, mientras que España tuvo que esperar hasta la tercera ronda para superar a Turquía.
Celebración en cadena. Maduro se dirigió al país en cadena de radio y televisión para celebrar el ingreso de Venezuela al Consejo de Seguridad, que consideró como un reconocimiento de las demás naciones a la política exterior del gobierno.
“Se reconoce la política internacional de Venezuela, la política de independencia, de un mundo de paz sin hegemonismo (sic), de construcción de un mundo pluripolar donde los pueblos del sur sean respetados”, declaró.
El ingreso de un país al Consejo de Seguridad, sin embargo, no implica un respaldo al gobierno. “Esa instancia ha tenido miembros que entran por acuerdos regionales y no representan el cumplimiento de las normas internacionales”, dijo Milos Alcalay, exembajador de Venezuela ante la ONU.
Ruanda estuvo entre 1994 y 1995, cuando se produjo el genocidio de la población tutsi a manos del gobierno hutu. Siria entre 2002 y 2003, cuando ya gobernaba Bashar al Assad, y Libia entre 2008 y 2009, cuando la dictadura de Muamar Gadafi sumaba 40 años.
Los 10 asientos de los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, además, suelen distribuirse de manera rotativa entre los países que integran cada uno de los seis grupos regionales: África, América Latina y el Caribe, Asia y Pacífico, Europa Oriental y Europa Occidental y otros.
Rechazo de Estados Unidos. La embajadora de Estados Unidos ante la Organización de Naciones Unidas, Samantha Power, criticó la elección de Venezuela como miembro no permanente del Consejo de Seguridad y acusó al gobierno de no cumplir las normas internacionales.
“Lamentablemente, la conducta de Venezuela ha ido en contra del espíritu de la Carta de la ONU y las violaciones de los derechos humanos en su territorio están en conflicto con la letra del documento”, señaló Power en un comunicado, reportó la agencia Efe.
La embajadora afirmó que Estados Unidos seguirá exigiendo al gobierno del presidente Nicolás Maduro que respete las libertades fundamentales y los derechos humanos de los venezolanos.
Power recordó que los candidatos a la máxima instancia de la ONU deben contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Subrayó que los grupos regionales deben presentar candidatos que cumplan estos criterios y que apoyen los principios de la Carta de la ONU.
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jueves, 16 de octubre de 2014
Venezuela busca más poder en la ONU con deuda a cuestas
Venezuela se presentará hoy como la única candidata de América Latina para ingresar al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, a pesar de que el país está en deuda con la máxima instancia multilateral porque incumple las resoluciones de los organismos adscritos y no paga sus aportes al presupuesto.
"¿Cómo puede aspirar a ser miembro del Consejo de Seguridad un país que califica de injerencia indebida en sus asuntos internos una opinión adoptada por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU?", se pregunta Analítica.com en su editorial del lunes 13 de octubre.
El portal web se refiere a las resoluciones que piden la liberación inmediata de Leopoldo López, líder del partido Voluntad Popular, y Daniel Ceballos, ex alcalde de San Cristóbal, por considerar que sus detenciones –relacionadas con las protestas, ocurridas a comienzos de 2014– son arbitrarias y violatorias de los derechos humanos.
"Así como le dijimos al Departamento de Estado que no se inmiscuya en nuestros asuntos, se lo decimos a cualquier grupo de trabajo de cualquier institución", fue la respuesta del ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Ramírez, ante las resoluciones.
"Todos los juicios que están en desarrollo en función de los hechos de violencia que se sucedieron a principios de este año tienen su curso en el marco de nuestras leyes", agregó el canciller.
"El Consejo de Seguridad no es un espacio para promover los confl ictos sino para solucionarlos y un país que no respete las recomendaciones de la ONU en materia de derechos humanos mal puede ser una contribución para asegurar los fi nes y propósitos de la organización mundial", concluye Analítica.com.
Cuotas impagadas. Además del incumplimiento de las resoluciones del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, Venezuela debe 28 millones de dólares por los aportes obligatorios a la ONU, de acuerdo con la información divulgada por el jefe de administración del organismo, Yukio Takasu.
Los pasivos de los Estados miembros superan 3,5 millardos de dólares. Takasu precisó que más de 950 millones corresponden a cuotas impagadas para el presupuesto regular. La lista de deudores la encabeza Estados Unidos (800 millones), Brasil (77 millones) y Venezuela.
El jefe de administración agregó que los Estados deben 2,6 millardos de dólares para el presupuesto de operaciones de paz. En este renglón los pasivos más altos corresponden a Francia (356 millones), Estados Unidos (337 millones) e Italia (250 millones). A pesar de las deudas, Takasu aseguró que la situación financiera de la ONU es muy sólida.
Los 193 miembros de la ONU votarán hoy para escoger a los sustitutos de Argentina, Australia, Corea del Sur, Luxemburgo y Ruanda como miembros no permanentes del Consejo de Seguridad durante el período 2015-2016. El grupo de América Latina decidió en julio respaldar por unanimidad la candidatura de Venezuela.
La máxima instancia de la ONU tiene 15 miembros: 5 con carácter permanente (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia) y 10 rotativos. Los otros países que ocupan asientos en el Consejo de Seguridad son Chad, Chile, Jordania, Lituania y Nigeria.
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"¿Cómo puede aspirar a ser miembro del Consejo de Seguridad un país que califica de injerencia indebida en sus asuntos internos una opinión adoptada por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU?", se pregunta Analítica.com en su editorial del lunes 13 de octubre.
El portal web se refiere a las resoluciones que piden la liberación inmediata de Leopoldo López, líder del partido Voluntad Popular, y Daniel Ceballos, ex alcalde de San Cristóbal, por considerar que sus detenciones –relacionadas con las protestas, ocurridas a comienzos de 2014– son arbitrarias y violatorias de los derechos humanos.
"Así como le dijimos al Departamento de Estado que no se inmiscuya en nuestros asuntos, se lo decimos a cualquier grupo de trabajo de cualquier institución", fue la respuesta del ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Ramírez, ante las resoluciones.
"Todos los juicios que están en desarrollo en función de los hechos de violencia que se sucedieron a principios de este año tienen su curso en el marco de nuestras leyes", agregó el canciller.
"El Consejo de Seguridad no es un espacio para promover los confl ictos sino para solucionarlos y un país que no respete las recomendaciones de la ONU en materia de derechos humanos mal puede ser una contribución para asegurar los fi nes y propósitos de la organización mundial", concluye Analítica.com.
Cuotas impagadas. Además del incumplimiento de las resoluciones del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, Venezuela debe 28 millones de dólares por los aportes obligatorios a la ONU, de acuerdo con la información divulgada por el jefe de administración del organismo, Yukio Takasu.
Los pasivos de los Estados miembros superan 3,5 millardos de dólares. Takasu precisó que más de 950 millones corresponden a cuotas impagadas para el presupuesto regular. La lista de deudores la encabeza Estados Unidos (800 millones), Brasil (77 millones) y Venezuela.
El jefe de administración agregó que los Estados deben 2,6 millardos de dólares para el presupuesto de operaciones de paz. En este renglón los pasivos más altos corresponden a Francia (356 millones), Estados Unidos (337 millones) e Italia (250 millones). A pesar de las deudas, Takasu aseguró que la situación financiera de la ONU es muy sólida.
Los 193 miembros de la ONU votarán hoy para escoger a los sustitutos de Argentina, Australia, Corea del Sur, Luxemburgo y Ruanda como miembros no permanentes del Consejo de Seguridad durante el período 2015-2016. El grupo de América Latina decidió en julio respaldar por unanimidad la candidatura de Venezuela.
La máxima instancia de la ONU tiene 15 miembros: 5 con carácter permanente (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia) y 10 rotativos. Los otros países que ocupan asientos en el Consejo de Seguridad son Chad, Chile, Jordania, Lituania y Nigeria.
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viernes, 26 de septiembre de 2014
Maduro se reunió con el Congreso Mundial Judío
El presidente Nicolás Maduro aprovechó su visita a Nueva York, donde participó en la 69 sesión ordinaria de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, para reunirse con representantes del Congreso Mundial Judío.
La ministra de Comunicación e Información, Delcy Rodríguez, anunció el encuentro a través de su cuenta de Twitter. "El presidente sostuvo una reunión con el Congreso Mundial Judío en el marco de la celebración del Año Nuevo (hebreo)", escribió.
El presidente de la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela (CAIV), David Bittan, confirmó el encuentro, que coincidió con la llegada del año 5775 del calendario hebreo.
Bittan precisó que la reunión respondió a una invitación que el presidente del Congreso Mundial Judío, Ronald Lauder, extendió el año pasado al mandatario de Venezuela durante su visita al país.
Agregó que en el encuentro estuvieron presentes, además de Maduro y Lauder, el encargado de negocios de Venezuela en Estados Unidos, Maximilian Arveláez, y el director del Congreso Judío Latinoamericano, Claudio Epelman.
Entre los temas tratados estuvieron el conflicto en Medio Oriente, donde coincidieron que es necesario buscar una paz duradera a través del diálogo, la situación de los judíos en Venezuela y la visita de Lauder al país en noviembre.
Bittan destacó que el mandatario envió una felicitación a la comunidad judía venezolana y mundial con ocasión del Año Nuevo, manifestó su admiración por el pueblo hebreo y recordó su ascendencia sefardí.
El martes, durante su visita al Bronx en Nueva York para reunirse con movimientos sociales, Maduro ya había cruzado algunas palabras con representantes de la comunidad judía ortodoxa.
Felicitación. El expresidente de Cuba Fidel Castro felicitó a Maduro por el discurso que pronunció el martes en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, en una carta divulgada ayer por los medios oficiales, informó Efe.
"Fue un pronunciamiento valiente y brillante, a la altura del heroico presidente Hugo Chávez, quien en ese mismo sitio fue capaz de descubrir la política diabólica del imperio que amenaza la vida de nuestra especie", escribió Castro en la misiva.
El exmandatario afirmó que además del "placer" de escuchar a Maduro en la ONU tuvo el "privilegio" de ver su encuentro en el Bronx con un grupo de niños, jóvenes y adultos. "Las imágenes de los que allí expresaban los sentimientos de lo que un pueblo desea y merece vivir son inolvidables", indicó.
El canciller de Venezuela, Rafael Ramírez, destacó el llamado de Maduro a levantar las banderas de la paz y refundar la ONU. "Necesitamos que Naciones Unidas se adapte a las nuevas situaciones para poder dar soluciones a nuestros pueblos", dijo.
Publicado en El Nacional
La ministra de Comunicación e Información, Delcy Rodríguez, anunció el encuentro a través de su cuenta de Twitter. "El presidente sostuvo una reunión con el Congreso Mundial Judío en el marco de la celebración del Año Nuevo (hebreo)", escribió.
El presidente de la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela (CAIV), David Bittan, confirmó el encuentro, que coincidió con la llegada del año 5775 del calendario hebreo.
Bittan precisó que la reunión respondió a una invitación que el presidente del Congreso Mundial Judío, Ronald Lauder, extendió el año pasado al mandatario de Venezuela durante su visita al país.
Agregó que en el encuentro estuvieron presentes, además de Maduro y Lauder, el encargado de negocios de Venezuela en Estados Unidos, Maximilian Arveláez, y el director del Congreso Judío Latinoamericano, Claudio Epelman.
Entre los temas tratados estuvieron el conflicto en Medio Oriente, donde coincidieron que es necesario buscar una paz duradera a través del diálogo, la situación de los judíos en Venezuela y la visita de Lauder al país en noviembre.
Bittan destacó que el mandatario envió una felicitación a la comunidad judía venezolana y mundial con ocasión del Año Nuevo, manifestó su admiración por el pueblo hebreo y recordó su ascendencia sefardí.
El martes, durante su visita al Bronx en Nueva York para reunirse con movimientos sociales, Maduro ya había cruzado algunas palabras con representantes de la comunidad judía ortodoxa.
Felicitación. El expresidente de Cuba Fidel Castro felicitó a Maduro por el discurso que pronunció el martes en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, en una carta divulgada ayer por los medios oficiales, informó Efe.
"Fue un pronunciamiento valiente y brillante, a la altura del heroico presidente Hugo Chávez, quien en ese mismo sitio fue capaz de descubrir la política diabólica del imperio que amenaza la vida de nuestra especie", escribió Castro en la misiva.
El exmandatario afirmó que además del "placer" de escuchar a Maduro en la ONU tuvo el "privilegio" de ver su encuentro en el Bronx con un grupo de niños, jóvenes y adultos. "Las imágenes de los que allí expresaban los sentimientos de lo que un pueblo desea y merece vivir son inolvidables", indicó.
El canciller de Venezuela, Rafael Ramírez, destacó el llamado de Maduro a levantar las banderas de la paz y refundar la ONU. "Necesitamos que Naciones Unidas se adapte a las nuevas situaciones para poder dar soluciones a nuestros pueblos", dijo.
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lunes, 8 de septiembre de 2014
Amenaza terrorista sigue vigente a trece años del 11 de septiembre
Trece años después de que el grupo yihadista Al Qaeda secuestró aviones comerciales para estrellarlos contra las torres gemelas del World Trade Center en Nueva York y la sede del Pentágono en Washington, lo que provocó la muerte de casi 3.000 personas el 11 de septiembre de 2001, la amenaza terrorista parece mantenerse incólume.
En el último año, hechos como el asalto de un centro comercial en Kenia por parte de la milicia islamista somalí Al Shabab, el secuestro de 200 niñas en Nigeria por parte del grupo Boko Haram y el exterminio de minorías religiosas en Irak por parte del Estado Islámico han servido para recordar al mundo el peligro que representa el terrorismo.
Si bien ninguno de los actos terroristas recientes tiene las dimensiones de lo ocurrido en 2001 en Estados Unidos, no dejan de ser preocupantes. "No son más graves, pero son permanentes. Además muestran que el terrorismo de cierta manera se ha dispersado, lo cual lo hace más peligroso", advierte el internacionalista Carlos Romero.
Por eso la seguridad volvió a colocarse como prioridad de la agenda global, que durante el último quinquenio había estado más centrada en la crisis económica de 2009 y en la Primavera Árabe (como se llamó a los movimientos de protesta pro-democráticos en Medio Oriente que acabaron con las dictaduras de Egipto, Libia y Túnez).
"Si bien el terrorismo internacional es considerado una amenaza desde hace varias décadas, nunca lo ha sido con la intensidad y frecuencia actuales", escribió Antonio Gomariz Pastor, politólogo español con un master en Paz, Seguridad y Defensa en el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de Madrid, en 2005.
Sus palabras siguen vigentes. "Cómo ha evolucionado esta amenaza desde ámbitos estatales o regionales al ámbito global, así como las respuestas sociales, culturales, políticas y de seguridad dadas desde las organizaciones internacionales, es lo que marca una nueva era en el sistema mundial", agregó entonces.
"El terrorismo es una cosa de este mundo, y sus causas, efectos y consecuencias deben ser entendidos dentro de un contexto histórico y político", recalcó Andreas Behnke, profesor de la Universidad de Reading, en un intento por contrarrestar la despolitización del fenómeno y la invocación de una metafísica del bien y del mal para explicarlo.
¿Historia repetida? El 11-S también colocó a la seguridad como prioridad, además de acabar con el optimismo que caracterizó a la década de 1990, consecuencia de la caída del comunismo. "Había esperanza en que los conflictos bélicos iban a desaparecer y la democracia se iba a imponer como modelo político", recuerda Romero.
Luego de los atentados, Estados Unidos con el respaldo de otros países emprendió las campañas militares de Afganistán en 2001 para derrocar al Talibán (acusado de proteger a Al Qaeda) e Irak en 2003 para acabar con la dictadura de Saddam Hussein (señalado de tener armas químicas que podían caer en manos de terroristas).
Ante las amenazas actuales, la respuesta ha sido más puntual. Estados Unidos ha usado drones para atacar las posiciones de integristas radicales en naciones como Yemen y Pakistán y, más recientemente, ha bombardeado objetivos de Al Shabab en Somalia y del Estado Islámico en Irak.
Los países de Europa, y especialmente Francia e Inglaterra, han respaldado varias de las iniciativas de Washington, pero han estado más involucrados en la contención de amenazas como la de Boko Haram. Nigeria, Níger, Chad, Togo y Benín le declararon la guerra a este grupo en mayo con el apoyo de París y Londres.
"Estados Unidos sabe que no puede ser el policía del mundo, pero al mismo tiempo sabe que no puede lavarse las manos ante lo que está pasando. La Unión Europea, por su parte, se ha visto limitada para responder por los problemas económicos y las diferencias de opinión entre sus miembros", señala Romero.
Entes como la Organización de Naciones Unidas también han incluido el combate de la amenaza terrorista entre las prioridades de su agenda, aunque tienen limitaciones para actuar. "El interés primordial de la ONU es la seguridad, para eso fue fundada, pero entonces se refería a los conflictos entre Estados", apunta Romero.
"Las organizaciones internacionales no fueron concebidas para tratar fenómenos como el terrorismo global actual, aspecto que no puede obviarse al analizar las respuestas que las mismas dan para definir, tratar y eliminar esta amenaza a la paz y seguridad internacional", precisó Gomariz Pastor en su texto.
Romero indica que, aunque sea un lugar común, la lucha contra el terrorismo tiene que plantearse como una estrategia de seguridad colectiva. "El desafío está en articular un conjunto de órganos y mecanismos eficaces, rápidos y aceptados por los individuos y las sociedades para enfrentarse al terrorismo de gran escala", anticipó Gomariz Pastor.
Publicado en El Nacional
En el último año, hechos como el asalto de un centro comercial en Kenia por parte de la milicia islamista somalí Al Shabab, el secuestro de 200 niñas en Nigeria por parte del grupo Boko Haram y el exterminio de minorías religiosas en Irak por parte del Estado Islámico han servido para recordar al mundo el peligro que representa el terrorismo.
Si bien ninguno de los actos terroristas recientes tiene las dimensiones de lo ocurrido en 2001 en Estados Unidos, no dejan de ser preocupantes. "No son más graves, pero son permanentes. Además muestran que el terrorismo de cierta manera se ha dispersado, lo cual lo hace más peligroso", advierte el internacionalista Carlos Romero.
Por eso la seguridad volvió a colocarse como prioridad de la agenda global, que durante el último quinquenio había estado más centrada en la crisis económica de 2009 y en la Primavera Árabe (como se llamó a los movimientos de protesta pro-democráticos en Medio Oriente que acabaron con las dictaduras de Egipto, Libia y Túnez).
"Si bien el terrorismo internacional es considerado una amenaza desde hace varias décadas, nunca lo ha sido con la intensidad y frecuencia actuales", escribió Antonio Gomariz Pastor, politólogo español con un master en Paz, Seguridad y Defensa en el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de Madrid, en 2005.
Sus palabras siguen vigentes. "Cómo ha evolucionado esta amenaza desde ámbitos estatales o regionales al ámbito global, así como las respuestas sociales, culturales, políticas y de seguridad dadas desde las organizaciones internacionales, es lo que marca una nueva era en el sistema mundial", agregó entonces.
"El terrorismo es una cosa de este mundo, y sus causas, efectos y consecuencias deben ser entendidos dentro de un contexto histórico y político", recalcó Andreas Behnke, profesor de la Universidad de Reading, en un intento por contrarrestar la despolitización del fenómeno y la invocación de una metafísica del bien y del mal para explicarlo.
¿Historia repetida? El 11-S también colocó a la seguridad como prioridad, además de acabar con el optimismo que caracterizó a la década de 1990, consecuencia de la caída del comunismo. "Había esperanza en que los conflictos bélicos iban a desaparecer y la democracia se iba a imponer como modelo político", recuerda Romero.
Luego de los atentados, Estados Unidos con el respaldo de otros países emprendió las campañas militares de Afganistán en 2001 para derrocar al Talibán (acusado de proteger a Al Qaeda) e Irak en 2003 para acabar con la dictadura de Saddam Hussein (señalado de tener armas químicas que podían caer en manos de terroristas).
Ante las amenazas actuales, la respuesta ha sido más puntual. Estados Unidos ha usado drones para atacar las posiciones de integristas radicales en naciones como Yemen y Pakistán y, más recientemente, ha bombardeado objetivos de Al Shabab en Somalia y del Estado Islámico en Irak.
Los países de Europa, y especialmente Francia e Inglaterra, han respaldado varias de las iniciativas de Washington, pero han estado más involucrados en la contención de amenazas como la de Boko Haram. Nigeria, Níger, Chad, Togo y Benín le declararon la guerra a este grupo en mayo con el apoyo de París y Londres.
"Estados Unidos sabe que no puede ser el policía del mundo, pero al mismo tiempo sabe que no puede lavarse las manos ante lo que está pasando. La Unión Europea, por su parte, se ha visto limitada para responder por los problemas económicos y las diferencias de opinión entre sus miembros", señala Romero.
Entes como la Organización de Naciones Unidas también han incluido el combate de la amenaza terrorista entre las prioridades de su agenda, aunque tienen limitaciones para actuar. "El interés primordial de la ONU es la seguridad, para eso fue fundada, pero entonces se refería a los conflictos entre Estados", apunta Romero.
"Las organizaciones internacionales no fueron concebidas para tratar fenómenos como el terrorismo global actual, aspecto que no puede obviarse al analizar las respuestas que las mismas dan para definir, tratar y eliminar esta amenaza a la paz y seguridad internacional", precisó Gomariz Pastor en su texto.
Romero indica que, aunque sea un lugar común, la lucha contra el terrorismo tiene que plantearse como una estrategia de seguridad colectiva. "El desafío está en articular un conjunto de órganos y mecanismos eficaces, rápidos y aceptados por los individuos y las sociedades para enfrentarse al terrorismo de gran escala", anticipó Gomariz Pastor.
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sábado, 28 de junio de 2014
Alta comisionada de derechos humanos insta a Venezuela a investigar violaciones
La imagen internacional del gobierno del presidente Nicolás Maduro sufrió otro revés con el comunicado de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que insta a Venezuela a investigar las denuncias sobre abusos cometidos en las protestas de los últimos meses.
"Un pronunciamiento como ese debería preocupar al gobierno y obligarlo a revisar su conducta. Porque no es cualquier institución sino el máximo organismo de derechos humanos de la comunidad internacional", dijo Oscar Hernández, diplomático.
"El llamado indica que la presión internacional sigue creciendo y eso hace mella en un gobierno que cuida mucho su imagen externa", señaló Angelina Jaffe, directora del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Metropolitana.
La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Navi Pillay, expresó ayer su inquietud por las violaciones cometidas en las protestas y en particular por la vulneración de los principios mínimos de justicia, informó la agencia Efe.
"Nos preocupan las denuncias de una reputada organización de derechos humanos en Venezuela sobre violaciones del debido proceso y la situación de los jóvenes detenidos, que incluyen palizas y falta de información sobre su paradero", declaró la diplomática.
Pillay destacó las denuncias sobre problemas para que los detenidos se reúnan con abogados y familiares, y ataques contra universidades "por fuerzas de seguridad o grupos de civiles armados". Recalcó que la gravedad de las denuncias hace necesario que se investigue y se sancione a los responsables.
Hernández y Jaffe enfatizaron que la posición del organismo reafirma la condena internacional a la represión y afecta las gestiones de Venezuela para postularse como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU en el período 2015-2016.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, en su Memoria y Cuenta de 2013, afirma que logró el apoyo de más de 40 países para la candidatura. Hernández dijo que algunas de esas naciones pudieran repensar su voto tras los hechos de los últimos meses.
El principal obstáculo para la postulación venezolana sería, sin embargo, que surgiera otro nombre dentro del grupo de Latinoamérica. "Ciertos países no permitirán que la única candidatura sea la de Venezuela", afirmó Jaffe.
Ambos coinciden en que, de surgir otro candidato, el gobierno postergará su aspiración para evitar un espectáculo como el de 2006, cuando el país se enfrentó con Guatemala por el asiento en el Consejo de Seguridad.
Publicado en El Nacional
"Un pronunciamiento como ese debería preocupar al gobierno y obligarlo a revisar su conducta. Porque no es cualquier institución sino el máximo organismo de derechos humanos de la comunidad internacional", dijo Oscar Hernández, diplomático.
"El llamado indica que la presión internacional sigue creciendo y eso hace mella en un gobierno que cuida mucho su imagen externa", señaló Angelina Jaffe, directora del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Metropolitana.
La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Navi Pillay, expresó ayer su inquietud por las violaciones cometidas en las protestas y en particular por la vulneración de los principios mínimos de justicia, informó la agencia Efe.
"Nos preocupan las denuncias de una reputada organización de derechos humanos en Venezuela sobre violaciones del debido proceso y la situación de los jóvenes detenidos, que incluyen palizas y falta de información sobre su paradero", declaró la diplomática.
Pillay destacó las denuncias sobre problemas para que los detenidos se reúnan con abogados y familiares, y ataques contra universidades "por fuerzas de seguridad o grupos de civiles armados". Recalcó que la gravedad de las denuncias hace necesario que se investigue y se sancione a los responsables.
Hernández y Jaffe enfatizaron que la posición del organismo reafirma la condena internacional a la represión y afecta las gestiones de Venezuela para postularse como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU en el período 2015-2016.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, en su Memoria y Cuenta de 2013, afirma que logró el apoyo de más de 40 países para la candidatura. Hernández dijo que algunas de esas naciones pudieran repensar su voto tras los hechos de los últimos meses.
El principal obstáculo para la postulación venezolana sería, sin embargo, que surgiera otro nombre dentro del grupo de Latinoamérica. "Ciertos países no permitirán que la única candidatura sea la de Venezuela", afirmó Jaffe.
Ambos coinciden en que, de surgir otro candidato, el gobierno postergará su aspiración para evitar un espectáculo como el de 2006, cuando el país se enfrentó con Guatemala por el asiento en el Consejo de Seguridad.
Publicado en El Nacional
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martes, 24 de junio de 2014
HRW denunció en la ONU violación de los derechos humanos en el país
Miembros de las fuerzas de seguridad recurrieron a un uso ilegítimo de la fuerza en respuesta a protestas contra el gobierno que iniciaron el 12 de febrero, y han golpeado brutalmente y disparado a manifestantes que no estaban armados, señaló Human Rights Watch en un informe que presentó ayer ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y titulado "Castigados por protestar: violaciones de derechos humanos en las calles, centros de detención y el sistema judicial de Venezuela".
La organización manifestó su preocupación ante lo que definió como una "gravísima situación de los derechos humanos. La más alarmante observada en Venezuela en años". El texto evidencia 45 casos de violación de derechos humanos ocurridos en Caracas y otros tres estados del país que afectaron a más de 150 víctimas.
"La magnitud de las violaciones de derechos humanos que documentamos y la participación de miembros de las fuerzas de seguridad y funcionarios judiciales en estos delitos demuestran que no se trata de incidentes aislados ni de excesos de algunos agentes insubordinados", expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch en un artículo publicado en la página web de la organización.
El informe destacó que a partir del inicio de las protestas miembros de la Guardia Nacional, de la Policía Nacional y otros funcionarios de seguridad aplicaron rutinariamente la fuerza ilegítima contra manifestantes y contra transeúntes.
"Ello incluyó brutales golpizas; disparar armas de fuego, perdigones y gases lacrimógenos de manera indiscriminada contra la multitud; y disparar perdigones deliberadamente y a quemarropa contra personas que no estaban armadas y ya se encontraban bajo custodia de las autoridades", destacó el documento.
Human Rights Watch aseguró que las autoridades actuaron también contra periodistas y otras personas que documentaban la represión por parte de los funcionarios, quienes además toleraron que grupos armados, partidarios del gobierno, atacaran impunemente a manifestantes y a veces incluso colaboraron con ellos.
"Constatamos una variedad de abusos graves contra los detenidos, que en muchos casos permanecieron incomunicados en bases militares durante 48 horas o más, antes de ser llevados ante un juez", señaló el texto. El comunicado denunció tratos violentos contra los detenidos, como golpizas, descargas eléctricas y quemaduras. "En algunos casos, los maltratos claramente constituyeron tortura".
HRW exhortó a los Estados del Consejo de Derechos Humanos de la ONU a llevar a cabo investigaciones sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos, disponer la liberación inmediata de quienes fueron detenidos de manera ilegítima por ejercer sus derechos y adoptar medidas para restablecer la independencia del poder judicial, como en el TSJ.
Escrito con Anna Carolina Maier. Publicado en El Nacional
La organización manifestó su preocupación ante lo que definió como una "gravísima situación de los derechos humanos. La más alarmante observada en Venezuela en años". El texto evidencia 45 casos de violación de derechos humanos ocurridos en Caracas y otros tres estados del país que afectaron a más de 150 víctimas.
"La magnitud de las violaciones de derechos humanos que documentamos y la participación de miembros de las fuerzas de seguridad y funcionarios judiciales en estos delitos demuestran que no se trata de incidentes aislados ni de excesos de algunos agentes insubordinados", expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch en un artículo publicado en la página web de la organización.
El informe destacó que a partir del inicio de las protestas miembros de la Guardia Nacional, de la Policía Nacional y otros funcionarios de seguridad aplicaron rutinariamente la fuerza ilegítima contra manifestantes y contra transeúntes.
"Ello incluyó brutales golpizas; disparar armas de fuego, perdigones y gases lacrimógenos de manera indiscriminada contra la multitud; y disparar perdigones deliberadamente y a quemarropa contra personas que no estaban armadas y ya se encontraban bajo custodia de las autoridades", destacó el documento.
Human Rights Watch aseguró que las autoridades actuaron también contra periodistas y otras personas que documentaban la represión por parte de los funcionarios, quienes además toleraron que grupos armados, partidarios del gobierno, atacaran impunemente a manifestantes y a veces incluso colaboraron con ellos.
"Constatamos una variedad de abusos graves contra los detenidos, que en muchos casos permanecieron incomunicados en bases militares durante 48 horas o más, antes de ser llevados ante un juez", señaló el texto. El comunicado denunció tratos violentos contra los detenidos, como golpizas, descargas eléctricas y quemaduras. "En algunos casos, los maltratos claramente constituyeron tortura".
HRW exhortó a los Estados del Consejo de Derechos Humanos de la ONU a llevar a cabo investigaciones sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos, disponer la liberación inmediata de quienes fueron detenidos de manera ilegítima por ejercer sus derechos y adoptar medidas para restablecer la independencia del poder judicial, como en el TSJ.
Escrito con Anna Carolina Maier. Publicado en El Nacional
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