La Movida Parlamentaria –formada por diputados de oposición– presentará la próxima semana en la Asamblea Nacional un proyecto de ley para la defensa y fortalecimiento de la soberanía en la fachada atlántica de Delta Amacuro y el territorio Esequibo.
El objetivo es contrarrestar el silencio que ha caracterizado al gobierno durante los últimos años ante las concesiones otorgadas por Guyana en aguas venezolanas, dijo el diputado Leomagno Flores en un foro en la sede de El Nacional, organizado por Analítica.com y el Frente Institucional Militar.
El grupo también pidió el reemplazo del buen oficiante de la ONU, Norman Girvan, por alguien más neutral y del facilitador por Venezuela, Roy Chaderton, por una persona que pueda dedicarse a tiempo completo a las negociaciones con Guyana.
Sadio Garavini, ex embajador de Caracas en Georgetown, recordó que Venezuela es la más interesada en acelerar la negociación y sugirió aprovechar el interés de Guyana por explotar los recursos marítimos para lograrlo.
El ex facilitador Emilio Figueredo destacó que la fachada atlántica es la única salida directa a altamar. El contralmirante José Velasco Collazo, ex director de fronteras de la Cancillería, recordó que la mayoría del comercio exterior se realiza por vía marítima.
Ambos señalaron que las concesiones en aguas venezolanas se apoyan en una línea que se trazó de manera unilateral y que viola el derecho del mar. El geólogo Aníbal Martínez, presidente del Frente Pro-Defensa del Petróleo, agregó que esa delimitación se hizo ante el fracaso de las prospecciones realizadas en aguas de Guyana.
El capitán Pablo Cohen, presidente de la Fundación Amigos del Esequibo, recordó que Barbados también ha otorgado concesiones en aguas nacionales, desconociendo el tratado de delimitación firmado por Venezuela y Trinidad en 1990.
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miércoles, 27 de noviembre de 2013
miércoles, 25 de septiembre de 2013
Formación socialista para diplomáticos
Los integrantes del cuerpo diplomático de Venezuela recibirán formación política y deberán tener la ética socialista como uno de sus valores, de acuerdo con el proyecto de ley especial del estatuto del personal del servicio exterior aprobado en primera discusión por la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional.
El instrumento legal pretende adaptar la estructura de la cancillería a la Ley Orgánica de Servicio Exterior promulgada en julio y a la política adoptada por Hugo Chávez, según la exposición de motivos.
Las observaciones de la oposición sobre lo inconveniente que resulta atar una ley a un proyecto político no fueron tomadas en cuenta. "Tenemos el derecho de reflejar nuestra visión", afirmó la diputada Carmen Bohórquez (Psuv).
La instancia también aprobó un acuerdo de reconocimiento a la Armada por la defensa y resguardo de la soberanía nacional en Isla de Aves, donde el viernes habrá una sesión conjunta de las comisiones de Defensa y Política Exterior. Tanto el proyecto de ley como el acuerdo fueron presentados ayer ante la plenaria.
Publicado en El Nacional
El instrumento legal pretende adaptar la estructura de la cancillería a la Ley Orgánica de Servicio Exterior promulgada en julio y a la política adoptada por Hugo Chávez, según la exposición de motivos.
Las observaciones de la oposición sobre lo inconveniente que resulta atar una ley a un proyecto político no fueron tomadas en cuenta. "Tenemos el derecho de reflejar nuestra visión", afirmó la diputada Carmen Bohórquez (Psuv).
La instancia también aprobó un acuerdo de reconocimiento a la Armada por la defensa y resguardo de la soberanía nacional en Isla de Aves, donde el viernes habrá una sesión conjunta de las comisiones de Defensa y Política Exterior. Tanto el proyecto de ley como el acuerdo fueron presentados ayer ante la plenaria.
Publicado en El Nacional
miércoles, 18 de julio de 2012
Gasto acordado para 2012 supera Bs 350 millardos
La Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional aprobó 7 solicitudes de crédito adicional presentadas por el Ejecutivo por un total de 4,7 millardos de bolívares, para llevar los recursos asignados por esa vía durante este año hasta 52,7 millardos de bolívares.
Los créditos adicionales han permitido al Gobierno incrementar el gasto acordado para 2012 a 350,5 millardos de bolívares, lo cual supera en 18% los egresos de 297,8 millardos de bolívares establecidos por el Ministerio de Planificación y Finanzas en la Ley de Presupuesto.
El monto continuará en alza en los próximos meses porque la subvaloración del petróleo –el precio promedio de la cesta venezolana (106 dólares) duplica al valor referencial utilizado para elaborar el presupuesto (50 dólares)– genera ingresos adicionales al fisco.
Casi un tercio del dinero aprobado por la Comisión de Finanzas ayer será para el Ministerio de Servicio Penitenciario, que recibirá 1,49 millardos de bolívares para construir nuevos centros de reclusión en Barinas, Distrito Capital, Táchira y otras entidades.
El Ministerio de Interior y Justicia obtendrá 1,33 millardos de bolívares para darle al gobierno del Distrito Capital y a las alcaldías del área metropolitana de Caracas un segundo anticipo del situado constitucional que les corresponde por los ingresos adicionales de 2012.
Al Consejo Federal de Gobierno le autorizaron 967 millones de bolívares provenientes de los excedentes fiscales para el financiamiento de proyectos presentados por gobernaciones, alcaldías y consejos comunales a través del Fondo de Compensación Interterritorial.
La Asamblea Nacional recibirá 540 millones de bolívares para cubrir gastos de funcionamiento y de personal, mientras que el Ministerio de Comunicación e Información obtendrá 227 millones de bolívares para sufragar la operación de Telesur.
Al Ministerio de Agricultura y Tierras le aprobaron 87 millones de bolívares destinados a la empresa de producción social Valle de los Tacariguas, creada el año pasado y formada por unidades productivas de Aragua y Carabobo.
Al Ministerio de Comunas y Protección Social le asignaron 50 millones de bolívares para el financiamiento de los programas vacacionales comunitarios que organiza el Consejo Nacional de Derechos del Niño y el Adolescente.
Publicado en El Nacional
Los créditos adicionales han permitido al Gobierno incrementar el gasto acordado para 2012 a 350,5 millardos de bolívares, lo cual supera en 18% los egresos de 297,8 millardos de bolívares establecidos por el Ministerio de Planificación y Finanzas en la Ley de Presupuesto.
El monto continuará en alza en los próximos meses porque la subvaloración del petróleo –el precio promedio de la cesta venezolana (106 dólares) duplica al valor referencial utilizado para elaborar el presupuesto (50 dólares)– genera ingresos adicionales al fisco.
Casi un tercio del dinero aprobado por la Comisión de Finanzas ayer será para el Ministerio de Servicio Penitenciario, que recibirá 1,49 millardos de bolívares para construir nuevos centros de reclusión en Barinas, Distrito Capital, Táchira y otras entidades.
El Ministerio de Interior y Justicia obtendrá 1,33 millardos de bolívares para darle al gobierno del Distrito Capital y a las alcaldías del área metropolitana de Caracas un segundo anticipo del situado constitucional que les corresponde por los ingresos adicionales de 2012.
Al Consejo Federal de Gobierno le autorizaron 967 millones de bolívares provenientes de los excedentes fiscales para el financiamiento de proyectos presentados por gobernaciones, alcaldías y consejos comunales a través del Fondo de Compensación Interterritorial.
La Asamblea Nacional recibirá 540 millones de bolívares para cubrir gastos de funcionamiento y de personal, mientras que el Ministerio de Comunicación e Información obtendrá 227 millones de bolívares para sufragar la operación de Telesur.
Al Ministerio de Agricultura y Tierras le aprobaron 87 millones de bolívares destinados a la empresa de producción social Valle de los Tacariguas, creada el año pasado y formada por unidades productivas de Aragua y Carabobo.
Al Ministerio de Comunas y Protección Social le asignaron 50 millones de bolívares para el financiamiento de los programas vacacionales comunitarios que organiza el Consejo Nacional de Derechos del Niño y el Adolescente.
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domingo, 19 de diciembre de 2010
Gobierno obligará a las empresas familiares a impulsar el socialismo
Para rechazar las acusaciones de los sectores empresariales y opositores sobre la intención gubernamental de suprimir la propiedad privada garantizada por la Constitución, los voceros oficialistas suelen argumentar que las medidas del presidente Chávez están dirigidas contra las grandes empresas capitalistas y no contra las pequeñas compañías comunitarias o familiares.
La subsistencia de estas empresas, sin embargo, está condicionada. La Ley Orgánica para el Fomento y Desarrollo del Sistema Económico Comunal –aprobada por la Asamblea Nacional esta semana– consagra la existencia de unidades productivas familiares, pero exige que contribuyan con los esfuerzos gubernamentales por sustituir el modelo de producción capitalista.
Las organizaciones socioproductivas permitidas en el sistema económico comunal son las empresas de propiedad social directa (pertenecientes a la comunidad) o indirecta (adscritas al Estado), las unidades productivas familiares y los grupos de intercambio solidario, según el artículo 9 de la legislación.
El artículo 11 dice que todas las organizaciones socioproductivas deben orientar sus proyectos a satisfacer las necesidades colectivas de la comunidad, reinvertir socialmente los excedentes, participar activamente en las brigadas de trabajo socialistas y garantizar un modelo de gestión regido por los principios de la democracia revolucionaria.
El artículo 15 establece la ética socialista y la participación en los programas de formación ideológica del Gobierno como requisitos para participar en una organización socioproductiva. El 17 indica que el primer deber de los integrantes de estas unidades es el de "contribuir con la transformación del modelo de producción tradicional hacia uno con orientación socialista".
"Esta ley, así como las otras normativas del llamado poder popular, se caracteriza por ser muy ideológica", advierte Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas. Agrega que el sistema económico comunal es un eufemismo para dejar de lado la empresa privada.
Maldonado acusa al Gobierno de querer ejecutar un modelo comunista que contraviene la Constitución. "El sistema comunal genera mecanismos de intromisión en la vida privada de la gente y en el funcionamiento de las comunidades. No es posible que haya instancia con atribuciones para decidir el tipo de unidades productivas que pueden surgir".
Señala que a diferencia de las compañías privadas, que deben invertir capital para desarrollar su actividad, las unidades productivas que formarán el sistema comunal dependerán del dinero del Gobierno. "Son expresiones de la renta petrolera, empresas que serán subsidiadas por el presupuesto nacional y que perderán sentido cuando dejen de recibir recursos del Estado".
El economista Humberto García Larralde también considera que las unidades productivas del sistema económico comunal son inviables sin el subsidio gubernamental. "La única manera de que una empresa pequeña se sostenga es que esté guiada por el principio de rentabilidad. Esa concepción basada en valores socialistas no tiene ningún sentido".
Precisamente por el carácter inviable de las iniciativas promovidas por el Gobierno, García Larralde no cree que éstas sean una amenaza para las pequeñas empresas –familiares o no– que existen actualmente. "A menos que las autoridades establezcan mecanismos de discriminación en materia de acceso al financiamiento, contratación con el Estado y otras facilidades".
La legislación establece esos mecanismos. Las unidades socioproductivas de las comunas estarán exoneradas del pago de todo tipo de tributos nacionales, tendrán preferencia en las contrataciones públicas y podrán acceder a programas de reestructuración de deuda "en caso de situaciones sobrevenidas no imputables" a su actividad.
La subsistencia de estas empresas, sin embargo, está condicionada. La Ley Orgánica para el Fomento y Desarrollo del Sistema Económico Comunal –aprobada por la Asamblea Nacional esta semana– consagra la existencia de unidades productivas familiares, pero exige que contribuyan con los esfuerzos gubernamentales por sustituir el modelo de producción capitalista.
Las organizaciones socioproductivas permitidas en el sistema económico comunal son las empresas de propiedad social directa (pertenecientes a la comunidad) o indirecta (adscritas al Estado), las unidades productivas familiares y los grupos de intercambio solidario, según el artículo 9 de la legislación.
El artículo 11 dice que todas las organizaciones socioproductivas deben orientar sus proyectos a satisfacer las necesidades colectivas de la comunidad, reinvertir socialmente los excedentes, participar activamente en las brigadas de trabajo socialistas y garantizar un modelo de gestión regido por los principios de la democracia revolucionaria.
El artículo 15 establece la ética socialista y la participación en los programas de formación ideológica del Gobierno como requisitos para participar en una organización socioproductiva. El 17 indica que el primer deber de los integrantes de estas unidades es el de "contribuir con la transformación del modelo de producción tradicional hacia uno con orientación socialista".
"Esta ley, así como las otras normativas del llamado poder popular, se caracteriza por ser muy ideológica", advierte Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas. Agrega que el sistema económico comunal es un eufemismo para dejar de lado la empresa privada.
Maldonado acusa al Gobierno de querer ejecutar un modelo comunista que contraviene la Constitución. "El sistema comunal genera mecanismos de intromisión en la vida privada de la gente y en el funcionamiento de las comunidades. No es posible que haya instancia con atribuciones para decidir el tipo de unidades productivas que pueden surgir".
Señala que a diferencia de las compañías privadas, que deben invertir capital para desarrollar su actividad, las unidades productivas que formarán el sistema comunal dependerán del dinero del Gobierno. "Son expresiones de la renta petrolera, empresas que serán subsidiadas por el presupuesto nacional y que perderán sentido cuando dejen de recibir recursos del Estado".
El economista Humberto García Larralde también considera que las unidades productivas del sistema económico comunal son inviables sin el subsidio gubernamental. "La única manera de que una empresa pequeña se sostenga es que esté guiada por el principio de rentabilidad. Esa concepción basada en valores socialistas no tiene ningún sentido".
Precisamente por el carácter inviable de las iniciativas promovidas por el Gobierno, García Larralde no cree que éstas sean una amenaza para las pequeñas empresas –familiares o no– que existen actualmente. "A menos que las autoridades establezcan mecanismos de discriminación en materia de acceso al financiamiento, contratación con el Estado y otras facilidades".
La legislación establece esos mecanismos. Las unidades socioproductivas de las comunas estarán exoneradas del pago de todo tipo de tributos nacionales, tendrán preferencia en las contrataciones públicas y podrán acceder a programas de reestructuración de deuda "en caso de situaciones sobrevenidas no imputables" a su actividad.
domingo, 12 de diciembre de 2010
Gasto público de 2010 creció 47% por créditos adicionales
Los créditos adicionales aprobados durante 2010 confirman lo que la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela advirtió en un documento difundido esta semana: el presupuesto de la nación ha perdido importancia como instrumento de política fiscal porque el Gobierno incurre todos los años en desembolsos extraordinarios que superan en por lo menos 30% el gasto establecido en la ley.
La Asamblea Nacional ha autorizado en lo que va de año 137 solicitudes de créditos adicionales presentadas por el Ejecutivo, por un monto global de 74,7 millardos de bolívares. La cantidad de recursos otorgada por esta vía duplica lo entregado en los años anteriores: entre 2006 y 2009 se aprobaron 141 millardos de bolívares, para un promedio anual de 35 millardos de bolívares.
Los fondos provenientes de los créditos adicionales han llevado el gasto público de 2010 –fijado en 159,4 millardos de bolívares en la Ley de Presupuesto– hasta 234,1 millardos de bolívares, un alza de 47%. Es muy posible que el monto crezca más, porque el Gobierno solicitó al Parlamento recursos para atender la emergencia causada por las lluvias de las últimas semanas.
Práctica común. El crecimiento del gasto público mediante los créditos adicionales ha sido una constante durante la presidencia de Hugo Chávez. La clave está en otro aspecto señalado por la Escuela de Economía de la UCV: la subestimación de los precios del petróleo. "Ello abre un amplio margen para la constitución de fondos manejados al margen del presupuesto nacional", dice el documento.
Entre 2005 y 2008 la cotización de la cesta venezolana de crudo y derivados superó en un promedio de 121% el valor fijado por las autoridades para cada año. Incluso en 2009, pese a la caída del precio petrolero, hubo subestimación: el presupuesto modificado en marzo fijó el precio del barril en 40 dólares y el promedio anual se ubicó en 57,08, según el Ministerio de Energía y Petróleo.
Aunque parte del diferencial entre el valor real y el calculado por las autoridades es anulado por la sobreestimación que se hace de la producción petrolera, que siempre se calcula alrededor de 3,5 millones de barriles diarios cuando las cifras de agencias internacionales mencionan 2,5 millones, igual queda un monto importante de recursos disponibles para el Fisco.
Contracción real. El economista Ángel García Banchs, director de la firma Econométrica, señala que a pesar del incremento significativo del presupuesto de 2010, el gasto público de 234,1 millardos de bolívares acordado hasta ahora apenas supera en 18% al ejecutado en 2009. Eso refleja una disminución de 7% al descontar los efectos de la inflación.
García Banchs considera que la contracción del gasto público en términos reales forma parte de una estrategia de las autoridades para frenar la economía y reducir la demanda de divisas. "El crecimiento del producto interno bruto implica mayores necesidades de moneda extranjera, un bien escaso para el Gobierno en el momento actual".
Agrega que el objetivo de reducir las solicitudes de divisas no se ha logrado por el carácter petropopulista y revolucionario de quienes gobiernan. "Lo primero genera inflación y lo segundo genera riesgo. Ambos llevan a una aversión por el bolívar que incrementa la demanda de moneda dura".
Publicado en El Nacional
La Asamblea Nacional ha autorizado en lo que va de año 137 solicitudes de créditos adicionales presentadas por el Ejecutivo, por un monto global de 74,7 millardos de bolívares. La cantidad de recursos otorgada por esta vía duplica lo entregado en los años anteriores: entre 2006 y 2009 se aprobaron 141 millardos de bolívares, para un promedio anual de 35 millardos de bolívares.
Los fondos provenientes de los créditos adicionales han llevado el gasto público de 2010 –fijado en 159,4 millardos de bolívares en la Ley de Presupuesto– hasta 234,1 millardos de bolívares, un alza de 47%. Es muy posible que el monto crezca más, porque el Gobierno solicitó al Parlamento recursos para atender la emergencia causada por las lluvias de las últimas semanas.
Práctica común. El crecimiento del gasto público mediante los créditos adicionales ha sido una constante durante la presidencia de Hugo Chávez. La clave está en otro aspecto señalado por la Escuela de Economía de la UCV: la subestimación de los precios del petróleo. "Ello abre un amplio margen para la constitución de fondos manejados al margen del presupuesto nacional", dice el documento.
Entre 2005 y 2008 la cotización de la cesta venezolana de crudo y derivados superó en un promedio de 121% el valor fijado por las autoridades para cada año. Incluso en 2009, pese a la caída del precio petrolero, hubo subestimación: el presupuesto modificado en marzo fijó el precio del barril en 40 dólares y el promedio anual se ubicó en 57,08, según el Ministerio de Energía y Petróleo.
Aunque parte del diferencial entre el valor real y el calculado por las autoridades es anulado por la sobreestimación que se hace de la producción petrolera, que siempre se calcula alrededor de 3,5 millones de barriles diarios cuando las cifras de agencias internacionales mencionan 2,5 millones, igual queda un monto importante de recursos disponibles para el Fisco.
Contracción real. El economista Ángel García Banchs, director de la firma Econométrica, señala que a pesar del incremento significativo del presupuesto de 2010, el gasto público de 234,1 millardos de bolívares acordado hasta ahora apenas supera en 18% al ejecutado en 2009. Eso refleja una disminución de 7% al descontar los efectos de la inflación.
García Banchs considera que la contracción del gasto público en términos reales forma parte de una estrategia de las autoridades para frenar la economía y reducir la demanda de divisas. "El crecimiento del producto interno bruto implica mayores necesidades de moneda extranjera, un bien escaso para el Gobierno en el momento actual".
Agrega que el objetivo de reducir las solicitudes de divisas no se ha logrado por el carácter petropopulista y revolucionario de quienes gobiernan. "Lo primero genera inflación y lo segundo genera riesgo. Ambos llevan a una aversión por el bolívar que incrementa la demanda de moneda dura".
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jueves, 9 de diciembre de 2010
Presupuesto de 2011 subestima ingresos
La Ley de Presupuesto de 2011, sancionada por la Asamblea Nacional ayer, deja un amplio margen para que el Gobierno maneje fondos extrapresupuestarios al subestimar los ingresos petroleros y tributarios, advierte la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela en un documento.
En el escrito cuestiona que el presupuesto se haga sobre la base de un precio petrolero de 40 dólares por barril, cuando la cotización de la cesta venezolana de crudo y derivados en 2010 promedia más de 70 dólares, y cuando todas las proyecciones apuntan a que el valor del hidrocarburo mantendrá una tendencia moderadamente alcista en 2011.
Agrega que las metas de recaudación tributaria tampoco se corresponden con la realidad, porque arrojan una relación de 5,62% entre el impuesto al valor agregado principal fuente de ingresos no petroleros y el producto interno bruto. "La proporción es inverosímil, habida cuenta de que está por debajo del promedio histórico de 6,62%".
La subestimación de los ingresos lleva a menospreciar los gastos. El presupuesto autoriza al Gobierno erogaciones por 204,2 millardos de bolívares. El monto es inferior al egreso real de 2010, que aumentó hasta 219 milllardos –desde los 159 millardos calculados inicialmente– gracias a los créditos adicionales.
La Escuela de Economía considera que la práctica gubernamental ha hecho que el presupuesto pierda importancia como instrumento de política fiscal. "El Gobierno incurre en un conjunto de gastos que se traducen en erogaciones al menos 30% superiores a las establecidas en la ley. El gasto acordado es una referencia imperfecta".
Señala que al no tomarse en cuenta a Fonden y Pdvsa, que son dos organismos fundamentales en la asignación de recursos y la ejecución del gasto, el presupuesto se convierte en "una mera referencia legal, sin ningún tipo de obligación que haga efectivo su cumplimiento".
La Ley de Presupuesto de 2011 fue aprobada sólo por los parlamentarios del PSUV. Los diputados de Podemos, Patria Para Todos y el Bloque Humanista salvaron el voto porque consideran que el documento no se corresponde con la realidad económica del país.
La Asamblea Nacional también aprobó ayer la Ley Especial de Endeudamiento de 2011, que permite al Gobierno adquirir compromisos por un máximo de 52,2 millardos de bolívares y desembolsar recursos provenientes de deuda hasta 40,4 millardos de bolívares.
Publicado en El Nacional
En el escrito cuestiona que el presupuesto se haga sobre la base de un precio petrolero de 40 dólares por barril, cuando la cotización de la cesta venezolana de crudo y derivados en 2010 promedia más de 70 dólares, y cuando todas las proyecciones apuntan a que el valor del hidrocarburo mantendrá una tendencia moderadamente alcista en 2011.
Agrega que las metas de recaudación tributaria tampoco se corresponden con la realidad, porque arrojan una relación de 5,62% entre el impuesto al valor agregado principal fuente de ingresos no petroleros y el producto interno bruto. "La proporción es inverosímil, habida cuenta de que está por debajo del promedio histórico de 6,62%".
La subestimación de los ingresos lleva a menospreciar los gastos. El presupuesto autoriza al Gobierno erogaciones por 204,2 millardos de bolívares. El monto es inferior al egreso real de 2010, que aumentó hasta 219 milllardos –desde los 159 millardos calculados inicialmente– gracias a los créditos adicionales.
La Escuela de Economía considera que la práctica gubernamental ha hecho que el presupuesto pierda importancia como instrumento de política fiscal. "El Gobierno incurre en un conjunto de gastos que se traducen en erogaciones al menos 30% superiores a las establecidas en la ley. El gasto acordado es una referencia imperfecta".
Señala que al no tomarse en cuenta a Fonden y Pdvsa, que son dos organismos fundamentales en la asignación de recursos y la ejecución del gasto, el presupuesto se convierte en "una mera referencia legal, sin ningún tipo de obligación que haga efectivo su cumplimiento".
La Ley de Presupuesto de 2011 fue aprobada sólo por los parlamentarios del PSUV. Los diputados de Podemos, Patria Para Todos y el Bloque Humanista salvaron el voto porque consideran que el documento no se corresponde con la realidad económica del país.
La Asamblea Nacional también aprobó ayer la Ley Especial de Endeudamiento de 2011, que permite al Gobierno adquirir compromisos por un máximo de 52,2 millardos de bolívares y desembolsar recursos provenientes de deuda hasta 40,4 millardos de bolívares.
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miércoles, 8 de diciembre de 2010
Industria preocupada por reforma de la Locti
Conindustria se unió a los sectores académicos, empresariales y políticos que cuestionan el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, que se discute en la Asamblea Nacional, e hizo un llamado a los poderes Ejecutivo y Legislativo para que reconsideren la modificación.
"El sector industrial venezolano quiere hacer pública su preocupación por los efectos que la reforma tendrá sobre la actividad productiva, los trabajadores y las organizaciones no gubernamentales que se benefician de los aportes de la empresa privada", dijo el gremio en un comunicado.
A los industriales les preocupa que la modificación suprima la posibilidad de destinar los recursos correspondientes al aporte obligatorio establecido en la Locti a proyectos específicos de cada empresa, incluidos programas de capacitación de personal y modernización de procedimientos.
"Estos cambios en la ley se convertirán en un duro golpe para la innovación, el desarrollo tecnológico, la investigación científica y la actividad educativa, por cuanto las empresas tendrán que entregar el aporte al gobierno y después solicitarlo para ejecutar sus planes de inversión en la materia".
También les inquieta que la reforma impida a las compañías financiar de manera directa los programas de instituciones educativas y organizaciones no gubernamentales. "Esto significa que los aportes de la empresa privada a la investigación en este tipo de instituciones quedarían suspendidos".
Conindustria lamentó que la modificación de la normativa, en vez de incluir nuevos incentivos para el desarrollo tecnológico, imponga "restricciones que tendrán un significativo impacto económico y social". Por eso insistió en la necesidad de reconsiderar los cambios propuestos.
La segunda discusión del proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación figuraba como el octavo punto en la agenda de la plenaria de ayer en la Asamblea Nacional. Al cierre de esta edición, sin embargo, no se había realizado el debate.
El lunes Enrique Rubio, en nombre de un grupo de organizaciones y personas vinculadas con el quehacer científico, entregó una carta a la directiva del Parlamento para solicitar un derecho de palabra que no fue concedido durante la segunda discusión del proyecto.
El grupo pide posponer el debate y reabrir la consulta pública de la reforma. "Las políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación, antes de ser legales, administrativos y operativos, deben tener la más amplia aceptación por todos los sectores vinculados a dicha materia", señala el documento.
Publicado en El Nacional
"El sector industrial venezolano quiere hacer pública su preocupación por los efectos que la reforma tendrá sobre la actividad productiva, los trabajadores y las organizaciones no gubernamentales que se benefician de los aportes de la empresa privada", dijo el gremio en un comunicado.
A los industriales les preocupa que la modificación suprima la posibilidad de destinar los recursos correspondientes al aporte obligatorio establecido en la Locti a proyectos específicos de cada empresa, incluidos programas de capacitación de personal y modernización de procedimientos.
"Estos cambios en la ley se convertirán en un duro golpe para la innovación, el desarrollo tecnológico, la investigación científica y la actividad educativa, por cuanto las empresas tendrán que entregar el aporte al gobierno y después solicitarlo para ejecutar sus planes de inversión en la materia".
También les inquieta que la reforma impida a las compañías financiar de manera directa los programas de instituciones educativas y organizaciones no gubernamentales. "Esto significa que los aportes de la empresa privada a la investigación en este tipo de instituciones quedarían suspendidos".
Conindustria lamentó que la modificación de la normativa, en vez de incluir nuevos incentivos para el desarrollo tecnológico, imponga "restricciones que tendrán un significativo impacto económico y social". Por eso insistió en la necesidad de reconsiderar los cambios propuestos.
La segunda discusión del proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación figuraba como el octavo punto en la agenda de la plenaria de ayer en la Asamblea Nacional. Al cierre de esta edición, sin embargo, no se había realizado el debate.
El lunes Enrique Rubio, en nombre de un grupo de organizaciones y personas vinculadas con el quehacer científico, entregó una carta a la directiva del Parlamento para solicitar un derecho de palabra que no fue concedido durante la segunda discusión del proyecto.
El grupo pide posponer el debate y reabrir la consulta pública de la reforma. "Las políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación, antes de ser legales, administrativos y operativos, deben tener la más amplia aceptación por todos los sectores vinculados a dicha materia", señala el documento.
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martes, 7 de diciembre de 2010
Piden consulta sobre reforma de la Locti
Un grupo de organizaciones y actores vinculados al quehacer científico entregó una carta a la Asamblea Nacional, para solicitar un derecho de palabra durante la segunda discusión en plenaria del proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, pautada para hoy.
La misiva, entregada por Enrique Rubio, también pide posponer la discusión y reabrir el proceso de consulta pública sobre el proyecto de reforma, para escuchar las objeciones que los sectores involucrados con la investigación científica y tecnológica en el país tienen ante los cambios propuestos.
Voceros empresariales, universitarios y opositores han criticado la reforma de la Locti porque obligará a entregar todos los recursos al Fonacit, aumentará los porcentajes de aporte de algunas compañías privadas y condicionará el financiamiento para investigación a criterios políticos, entre otras cosas.
"Es una reforma que afectará por completo el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, del cual forman parte una enorme diversidad de actores, tales como instituciones, empresas, fundaciones, organizaciones de desarrollo social, universidades, investigadores", dice el documento.
La principal crítica que se le hace a la Asamblea Nacional es la falta de consulta sobre el proyecto de reforma presentado para segunda discusión, que es muy diferente al aprobado en primera instancia.
El documento destaca que la consulta pública además de ser un mecanismo consagrado en la Constitución es un paso indispensable para la aprobación de leyes relacionadas con el quehacer científico y tecnológico.
"Las políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación, antes de ser legales, administrativos y operativos, deben tener la más amplia aceptación por todos los sectores vinculados a dicha materia. De lo contrario, su efecto será parcial e insostenible en el tiempo", señala el texto.
Publicado en El Nacional
La misiva, entregada por Enrique Rubio, también pide posponer la discusión y reabrir el proceso de consulta pública sobre el proyecto de reforma, para escuchar las objeciones que los sectores involucrados con la investigación científica y tecnológica en el país tienen ante los cambios propuestos.
Voceros empresariales, universitarios y opositores han criticado la reforma de la Locti porque obligará a entregar todos los recursos al Fonacit, aumentará los porcentajes de aporte de algunas compañías privadas y condicionará el financiamiento para investigación a criterios políticos, entre otras cosas.
"Es una reforma que afectará por completo el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, del cual forman parte una enorme diversidad de actores, tales como instituciones, empresas, fundaciones, organizaciones de desarrollo social, universidades, investigadores", dice el documento.
La principal crítica que se le hace a la Asamblea Nacional es la falta de consulta sobre el proyecto de reforma presentado para segunda discusión, que es muy diferente al aprobado en primera instancia.
El documento destaca que la consulta pública además de ser un mecanismo consagrado en la Constitución es un paso indispensable para la aprobación de leyes relacionadas con el quehacer científico y tecnológico.
"Las políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación, antes de ser legales, administrativos y operativos, deben tener la más amplia aceptación por todos los sectores vinculados a dicha materia. De lo contrario, su efecto será parcial e insostenible en el tiempo", señala el texto.
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Bs 5,9 millardos darán para los aguinaldos
El Gobierno continúa buscando los recursos para completar el pago de la bonificación navideña de los empleados públicos, que este año decidió cancelar de manera fraccionada que generó malestar en los trabajadores por los problemas de flujo de caja que tiene la Tesorería nacional.
La Asamblea Nacional tiene previsto aprobar hoy un crédito adicional de 5,9 millardos de bolívares para el pago de aguinaldos en los ministerios de Agricultura; Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedia; Defensa; Educación y Trabajo, y en los organismos adscritos a estos despachos.
Fuentes de la Comisión de Finanzas explicaron que se trata de la última fracción de los recursos solicitados por el Ejecutivo para hacer frente al pago de la bonificación navideña. El Parlamento aprobó hace dos semanas un crédito de 9,09 millardos de bolívares para el mismo fin.
El pago de aguinaldos en el sector público ha variado de acuerdo con la disponibilidad financiera de cada organismo. El cronograma de la Oficina Nacional del Tesoro muestra que esta semana se cancelarán 3,5 millardos de bolívares (46,6% del desembolso previsto) por ese concepto.
Además de aprobar más recursos para el pago de la bonificación navideña de los empleados públicos, los diputados también prevén realizar hoy la segunda discusión de los proyectos de ley de presupuesto y ley de endeudamiento para 2011, así como del documento de ingresos y gastos del Poder Legislativo.
Publicado en El Nacional
La Asamblea Nacional tiene previsto aprobar hoy un crédito adicional de 5,9 millardos de bolívares para el pago de aguinaldos en los ministerios de Agricultura; Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedia; Defensa; Educación y Trabajo, y en los organismos adscritos a estos despachos.
Fuentes de la Comisión de Finanzas explicaron que se trata de la última fracción de los recursos solicitados por el Ejecutivo para hacer frente al pago de la bonificación navideña. El Parlamento aprobó hace dos semanas un crédito de 9,09 millardos de bolívares para el mismo fin.
El pago de aguinaldos en el sector público ha variado de acuerdo con la disponibilidad financiera de cada organismo. El cronograma de la Oficina Nacional del Tesoro muestra que esta semana se cancelarán 3,5 millardos de bolívares (46,6% del desembolso previsto) por ese concepto.
Además de aprobar más recursos para el pago de la bonificación navideña de los empleados públicos, los diputados también prevén realizar hoy la segunda discusión de los proyectos de ley de presupuesto y ley de endeudamiento para 2011, así como del documento de ingresos y gastos del Poder Legislativo.
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sábado, 4 de diciembre de 2010
Defienden centralización de aportes a la ciencia
El diputado Manuel Villalba afirmó que los criticas a la reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación que se discute en la Asamblea Nacional provienen de sectores interesados en que las empresas privadas sigan manejando a su antojo el aporte establecido.
Villalba, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Comunicación Social, dijo que el esquema actual –que permite a empresas descontar del aporte legal las inversiones en capacitación interna e investigación de terceros– ha ocasionado que el Fonacit reciba una cantidad mínima.
"Hasta ahora 95% ha sido administrado por las empresas de acuerdo con sus intereses particulares, sin tomar en consideración las necesidades del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, mientras que 5% ha sido manejado por el Fonacit. Se quieren despachar y dar el vuelto", aseguró.
El parlamentario descartó que el envío de todos los fondos al Fonacit atente contra la producción de conocimiento. Agregó que las empresas privadas podrán financiar, con recursos diferentes, sus programas de capacitación internos y los proyectos de investigación de terceros.
Villalba rechazó las críticas sobre la falta de consulta de la reforma. "El proyecto fue ampliamente debatido con universidades, investigadores e instituciones vinculadas a la ciencia y la tecnología".
Publicado en El Nacional
Villalba, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Comunicación Social, dijo que el esquema actual –que permite a empresas descontar del aporte legal las inversiones en capacitación interna e investigación de terceros– ha ocasionado que el Fonacit reciba una cantidad mínima.
"Hasta ahora 95% ha sido administrado por las empresas de acuerdo con sus intereses particulares, sin tomar en consideración las necesidades del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, mientras que 5% ha sido manejado por el Fonacit. Se quieren despachar y dar el vuelto", aseguró.
El parlamentario descartó que el envío de todos los fondos al Fonacit atente contra la producción de conocimiento. Agregó que las empresas privadas podrán financiar, con recursos diferentes, sus programas de capacitación internos y los proyectos de investigación de terceros.
Villalba rechazó las críticas sobre la falta de consulta de la reforma. "El proyecto fue ampliamente debatido con universidades, investigadores e instituciones vinculadas a la ciencia y la tecnología".
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Proponen que BCV rija moneda de construcción
Las dudas sobre la creación de una "moneda de la construcción" figuran entre las principales observaciones que hizo la Cámara Inmobiliaria de Venezuela al proyecto de ley de emergencia para terrenos urbanos y vivienda, aprobado esta semana en primera discusión por la plenaria de la Asamblea Nacional.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria, Aquiles Martini, se reunió con el diputado Luis Gamargo, jefe de la Comisión de Administración y Servicios Públicos e integrante de la comisión mixta que evalúa la propuesta legal, para expresarle los aspectos que preocupan al sector privado.
Martini indicó que la unidad monetaria propuesta debería llevar otro nombre, porque el término moneda está reservado por la ley al bolívar. Agregó que el valor tendría que ser determinado por el Banco Central de Venezuela, por ser la autoridad en materia de variación de precios, y no por otro organismo.
Al sector inmobiliario también le preocupa la discrecionalidad que tendrán los funcionarios del instituto nacional de tierras urbanas y vivienda –que sería creado de aprobarse el proyecto de ley– para decidir cuando un terreno urbano está ocioso o subutilizado.
La Cámara Inmobiliaria considera que deben respetarse las zonificaciones de cada municipio. "Si en un terreno funciona un estacionamiento, porque así fue establecido en el plan de desarrollo urbano, no puede ser que el nuevo organismo considere que está subutilizado", argumentó Martini.
Otra observación del gremio está relacionada con el plazo que se otorgaría a los dueños de terrenos urbanos aptos para vivienda, ya que el artículo 3 del proyecto de ley afirma que el derecho de propiedad "implica un deber de proceder" a construir las edificaciones que se encuentren permitidas.
Gamargo dijo que los planteamientos de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela serán sometidos a consideración de la comisión mixta que evalúa el proyecto de ley. Afirmó que no está previsto realizar encuentros con otros gremios o empresas del sector privado para debatir la normativa.
El equipo parlamentario integrado por diputados de las comisiones de Administración y Servicios Públicos y Participación Ciudadana también se ha reunido con consejos comunales y organizaciones sociales para conocer las observaciones al proyecto.
Darío Vivas, primer vicepresidente de la Asamblea y presidente de la comisión mixta, informó que la consulta pública se realizará el fin de semana. Añadió que el objetivo es llevar la norma a segunda discusión el jueves 9 de diciembre.
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El presidente de la Cámara Inmobiliaria, Aquiles Martini, se reunió con el diputado Luis Gamargo, jefe de la Comisión de Administración y Servicios Públicos e integrante de la comisión mixta que evalúa la propuesta legal, para expresarle los aspectos que preocupan al sector privado.
Martini indicó que la unidad monetaria propuesta debería llevar otro nombre, porque el término moneda está reservado por la ley al bolívar. Agregó que el valor tendría que ser determinado por el Banco Central de Venezuela, por ser la autoridad en materia de variación de precios, y no por otro organismo.
Al sector inmobiliario también le preocupa la discrecionalidad que tendrán los funcionarios del instituto nacional de tierras urbanas y vivienda –que sería creado de aprobarse el proyecto de ley– para decidir cuando un terreno urbano está ocioso o subutilizado.
La Cámara Inmobiliaria considera que deben respetarse las zonificaciones de cada municipio. "Si en un terreno funciona un estacionamiento, porque así fue establecido en el plan de desarrollo urbano, no puede ser que el nuevo organismo considere que está subutilizado", argumentó Martini.
Otra observación del gremio está relacionada con el plazo que se otorgaría a los dueños de terrenos urbanos aptos para vivienda, ya que el artículo 3 del proyecto de ley afirma que el derecho de propiedad "implica un deber de proceder" a construir las edificaciones que se encuentren permitidas.
Gamargo dijo que los planteamientos de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela serán sometidos a consideración de la comisión mixta que evalúa el proyecto de ley. Afirmó que no está previsto realizar encuentros con otros gremios o empresas del sector privado para debatir la normativa.
El equipo parlamentario integrado por diputados de las comisiones de Administración y Servicios Públicos y Participación Ciudadana también se ha reunido con consejos comunales y organizaciones sociales para conocer las observaciones al proyecto.
Darío Vivas, primer vicepresidente de la Asamblea y presidente de la comisión mixta, informó que la consulta pública se realizará el fin de semana. Añadió que el objetivo es llevar la norma a segunda discusión el jueves 9 de diciembre.
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viernes, 3 de diciembre de 2010
Gobierno administrará aportes de empresas
a ciencia y tecnología
La reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación –cuya segunda discusión se realiza en la Asamblea Nacional– establece que el aporte obligatorio de las empresas en esta materia será administrado por el Gobierno.
La legislación vigente indica que las compañías, en vez de darle los recursos al Fondo Nacional para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, pueden usarlos para financiar programas internos de capacitación o proyectos de investigación de terceros (fundaciones, universidades, entre otras).
La modificación legal elimina esa posibilidad, al obligar a las empresas a entregar el dinero al ente gubernamental. "Todos los aportes deberán ser consignados ante el órgano financiero de los fondos destinados a ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones", dice el artículo 23.
El Fonacit, además de recaudar los recursos, se encargará de canalizarlos hacia las actividades científicas y tecnológicas que se correspondan con las prioridades del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología y con los objetivos del Plan de Desarrollo Económico y Social 2007-2013.
"La reforma burocratiza el acceso a los fondos para investigación, porque los sujetos aportantes (empresas) no podrán usar el dinero para capacitar personal o financiar investigaciones sino que se lo darán al Estado", dice Miguel Mónaco, abogado y profesor de Derecho Público.
Agrega que la modificación legal elimina la posibilidad de la investigación libre. "El Fonacit decidirá la asignación del financiamiento de acuerdo con planes que, por naturaleza, son políticos. Eso ata el conocimiento científico a un determinado programa de gobierno".
Enrique Rubio, presidente de la consultora Artes Gerenciales, señala que la reforma cambia la esencia de la ley. "La idea era que las empresas invirtieran en investigaciones científicas relacionadas con su actividad. Ahora el dinero, como será asignado por el Estado, puede utilizarse en otras áreas".
Más aportes. Además de cambiar las condiciones para la recaudación y la distribución de los fondos, la modificación de la Locti que se discute en la Asamblea propone incrementar el monto que deben aportar algunas empresas.
El artículo 26 precisa que las actividades económicas establecidas en la Ley para el Control de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles, así como aquellas vinculadas con la industria y el comercio de licores y tabaco, deberán contribuir al Fonacit con 2% de los ingresos brutos.
Mónaco advierte que el cambio diferencia de manera injustificada a licoreras y tabaqueras. "Estas compañías, por las condiciones de su negocio, ya están sometidas a un régimen tributario diferente al del resto, no tienes porque discriminarlas en esta ley".
Agrega que, al decir todas aquellas vinculadas con la industria y el comercio de licores y tabaco, la tasa de 2% también puede aplicarse a establecimientos como supermercados, que deberían pagar la contribución de 0,5% fijada para el resto de las empresas.
El abogado también cuestionó que se convierta el aporte a ciencia y tecnología en un impuesto y que se pretenda aplicar la modificación de los montos de manera retroactiva. "Las disposiciones finales establecen que las empresas deberán empezar a pagar el nuevo monto en enero, lo cual implica una carga sobre los ingresos brutos de este año (base de cálculo para el aporte al Fonacit)".
"Ley inconstitucional". El equipo técnico que asesora a la Mesa de la Unidad Democrática asegura que el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación es violatorio de la Constitución y de las leyes.
Los académicos alertaron que, de aprobarse la normativa, se causará un "grave daño" a la producción de conocimiento en el país y denuncian que no hubo consulta con las organizaciones científicas y tecnológicas. "El proyecto dista mucho del aprobado en primera discusión en enero".
Entre las objeciones que plantearon al contenido de la reforma están que se señala como beneficiario de los fondos para investigación a la comuna, "figura o forma de agrupación que no está en la Constitución ni en las leyes".
También critican que eliminen los principios de ética, probidad y buena fe, consagrados en el artículo 110 de la Constitución; supriman los principios éticos y ambientales en el desarrollo de la actividad científica y descarten la creación de comisión multidisciplinarias de bioética y biodiversidad.
"Al definir las actividades que podrán ser beneficiarias de aportes se omite el término empresa, cuando la Constitución establece la corresponsabilidad entre el Estado y el sector privado para contribuir en el desarrollo científico, tecnológico, de innovación y sus aplicaciones en el país", agregan.
Escrito junto con Carlos Crespo
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La legislación vigente indica que las compañías, en vez de darle los recursos al Fondo Nacional para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, pueden usarlos para financiar programas internos de capacitación o proyectos de investigación de terceros (fundaciones, universidades, entre otras).
La modificación legal elimina esa posibilidad, al obligar a las empresas a entregar el dinero al ente gubernamental. "Todos los aportes deberán ser consignados ante el órgano financiero de los fondos destinados a ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones", dice el artículo 23.
El Fonacit, además de recaudar los recursos, se encargará de canalizarlos hacia las actividades científicas y tecnológicas que se correspondan con las prioridades del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología y con los objetivos del Plan de Desarrollo Económico y Social 2007-2013.
"La reforma burocratiza el acceso a los fondos para investigación, porque los sujetos aportantes (empresas) no podrán usar el dinero para capacitar personal o financiar investigaciones sino que se lo darán al Estado", dice Miguel Mónaco, abogado y profesor de Derecho Público.
Agrega que la modificación legal elimina la posibilidad de la investigación libre. "El Fonacit decidirá la asignación del financiamiento de acuerdo con planes que, por naturaleza, son políticos. Eso ata el conocimiento científico a un determinado programa de gobierno".
Enrique Rubio, presidente de la consultora Artes Gerenciales, señala que la reforma cambia la esencia de la ley. "La idea era que las empresas invirtieran en investigaciones científicas relacionadas con su actividad. Ahora el dinero, como será asignado por el Estado, puede utilizarse en otras áreas".
Más aportes. Además de cambiar las condiciones para la recaudación y la distribución de los fondos, la modificación de la Locti que se discute en la Asamblea propone incrementar el monto que deben aportar algunas empresas.
El artículo 26 precisa que las actividades económicas establecidas en la Ley para el Control de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles, así como aquellas vinculadas con la industria y el comercio de licores y tabaco, deberán contribuir al Fonacit con 2% de los ingresos brutos.
Mónaco advierte que el cambio diferencia de manera injustificada a licoreras y tabaqueras. "Estas compañías, por las condiciones de su negocio, ya están sometidas a un régimen tributario diferente al del resto, no tienes porque discriminarlas en esta ley".
Agrega que, al decir todas aquellas vinculadas con la industria y el comercio de licores y tabaco, la tasa de 2% también puede aplicarse a establecimientos como supermercados, que deberían pagar la contribución de 0,5% fijada para el resto de las empresas.
El abogado también cuestionó que se convierta el aporte a ciencia y tecnología en un impuesto y que se pretenda aplicar la modificación de los montos de manera retroactiva. "Las disposiciones finales establecen que las empresas deberán empezar a pagar el nuevo monto en enero, lo cual implica una carga sobre los ingresos brutos de este año (base de cálculo para el aporte al Fonacit)".
"Ley inconstitucional". El equipo técnico que asesora a la Mesa de la Unidad Democrática asegura que el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación es violatorio de la Constitución y de las leyes.
Los académicos alertaron que, de aprobarse la normativa, se causará un "grave daño" a la producción de conocimiento en el país y denuncian que no hubo consulta con las organizaciones científicas y tecnológicas. "El proyecto dista mucho del aprobado en primera discusión en enero".
Entre las objeciones que plantearon al contenido de la reforma están que se señala como beneficiario de los fondos para investigación a la comuna, "figura o forma de agrupación que no está en la Constitución ni en las leyes".
También critican que eliminen los principios de ética, probidad y buena fe, consagrados en el artículo 110 de la Constitución; supriman los principios éticos y ambientales en el desarrollo de la actividad científica y descarten la creación de comisión multidisciplinarias de bioética y biodiversidad.
"Al definir las actividades que podrán ser beneficiarias de aportes se omite el término empresa, cuando la Constitución establece la corresponsabilidad entre el Estado y el sector privado para contribuir en el desarrollo científico, tecnológico, de innovación y sus aplicaciones en el país", agregan.
Escrito junto con Carlos Crespo
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jueves, 2 de diciembre de 2010
BID prestará 700 millones de dólares para rehabilitar represa de Guri
El Banco Interamericano de Desarrollo prestará 700 millones de dólares a Venezuela para la recuperación de 6 unidades de la represa de Guri. Las condiciones del crédito que otorgará el organismo multilateral fueron aprobadas ayer por la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional.
La generación de electricidad en Guri, que a principios de 2010 se redujo al mínimo por la sequía y ocasionó una crisis en el suministro energético del país, no ha podido ser reactivada por completo a pesar de que las lluvias registradas durante los últimos meses coparon de agua al embalse.
Especialistas advirtieron desde el comienzo de la crisis que la llegada de las precipitaciones era insuficiente para superar los problemas, porque el deterioro de algunas unidades de Guri impide que la central hidroeléctrica funcione a máxima capacidad. La solicitud del préstamo sugiere que tenían razón.
Además del crédito del BID, el Ministerio de Energía Eléctrica recibirá 568,7 millones de bolívares por una reprogramación –también aprobada ayer– de los desembolsos establecidos en la Ley de Endeudamiento de 2010. Los recursos estaban destinados a proyectos del Ministerio de Agricultura y Tierras.
A segunda discusión. La agenda de la Comisión de Finanzas incluyó la aprobación de los informes para segunda discusión de las leyes de presupuesto y endeudamiento de 2011, que serán llevados a plenaria el próximo jueves para su sanción definitiva.
Como había adelantado el diputado Ricardo Sanguino, presidente de la instancia parlamentaria, el único cambio a la propuesta presentada por el Ejecutivo es la incorporación de la distribución de gastos del Consejo Federal de Gobierno. El proyecto original sólo tenía el total asignado al organismo.
También se autorizó una emisión de pagarés, por un monto de 1,38 millardos de bolívares, que realizará el Ministerio de Planificación y Finanzas para aprovechar el remanente de la Ley de Endeudamiento de 2010.
Se aprobaron, además, dos traslados de créditos presupuestarios. Uno en el Ministerio del Interior y Justicia, por 51,1 millones de bolívares; y otro en el Parlamento Andino, por 1,7 millones de bolívares.
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La generación de electricidad en Guri, que a principios de 2010 se redujo al mínimo por la sequía y ocasionó una crisis en el suministro energético del país, no ha podido ser reactivada por completo a pesar de que las lluvias registradas durante los últimos meses coparon de agua al embalse.
Especialistas advirtieron desde el comienzo de la crisis que la llegada de las precipitaciones era insuficiente para superar los problemas, porque el deterioro de algunas unidades de Guri impide que la central hidroeléctrica funcione a máxima capacidad. La solicitud del préstamo sugiere que tenían razón.
Además del crédito del BID, el Ministerio de Energía Eléctrica recibirá 568,7 millones de bolívares por una reprogramación –también aprobada ayer– de los desembolsos establecidos en la Ley de Endeudamiento de 2010. Los recursos estaban destinados a proyectos del Ministerio de Agricultura y Tierras.
A segunda discusión. La agenda de la Comisión de Finanzas incluyó la aprobación de los informes para segunda discusión de las leyes de presupuesto y endeudamiento de 2011, que serán llevados a plenaria el próximo jueves para su sanción definitiva.
Como había adelantado el diputado Ricardo Sanguino, presidente de la instancia parlamentaria, el único cambio a la propuesta presentada por el Ejecutivo es la incorporación de la distribución de gastos del Consejo Federal de Gobierno. El proyecto original sólo tenía el total asignado al organismo.
También se autorizó una emisión de pagarés, por un monto de 1,38 millardos de bolívares, que realizará el Ministerio de Planificación y Finanzas para aprovechar el remanente de la Ley de Endeudamiento de 2010.
Se aprobaron, además, dos traslados de créditos presupuestarios. Uno en el Ministerio del Interior y Justicia, por 51,1 millones de bolívares; y otro en el Parlamento Andino, por 1,7 millones de bolívares.
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"Aprovechan lluvias para regular mercado"
El proyecto de ley de emergencia para terrenos urbanos y vivienda contiene una serie de disposiciones que serán perjudiciales para el sector inmobiliario, advirtió el abogado Raimundo Orta Poleo, coordinador nacional de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos.
Orta Poleo cuestionó que la normativa incluya la posibilidad de establecer una banda de precios para tierras e inmuebles. "Eso atenta contra la libertad económica y no es un mecanismo adecuado para el mercado inmobiliario. Además, el Gobierno nunca ha sido un buen regulador de precios".
También criticó que se declare de utilidad pública los terrenos urbanos ociosos o subutilizados, especialmente porque la determinación de tales condiciones será discrecional. "El Estado puede decir que las tierras de una finca o una industria son aptas para vivienda y ordenar la expropiación".
Tampoco está de acuerdo con la creación de una moneda de la construcción. Agregó que el Gobierno aprovecha la emergencia causada por las lluvias para regular todos los aspectos del mercado inmobiliario y dictar medidas que atentan contra derechos como la propiedad privada.
El proyecto de ley de emergencia para terrenos urbanos y vivienda, aprobado el martes en primera discusión, será revisado por un equipo mixto presidido por el diputado Darío Vivas e integrado por parlamentarios de las comisiones de Administración y Servicios Públicos y Participación Ciudadana.
La junta directiva de la Asamblea Nacional espera que la evaluación sea rápida para que la segunda discusión en plenaria se realice la próxima semana.
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Orta Poleo cuestionó que la normativa incluya la posibilidad de establecer una banda de precios para tierras e inmuebles. "Eso atenta contra la libertad económica y no es un mecanismo adecuado para el mercado inmobiliario. Además, el Gobierno nunca ha sido un buen regulador de precios".
También criticó que se declare de utilidad pública los terrenos urbanos ociosos o subutilizados, especialmente porque la determinación de tales condiciones será discrecional. "El Estado puede decir que las tierras de una finca o una industria son aptas para vivienda y ordenar la expropiación".
Tampoco está de acuerdo con la creación de una moneda de la construcción. Agregó que el Gobierno aprovecha la emergencia causada por las lluvias para regular todos los aspectos del mercado inmobiliario y dictar medidas que atentan contra derechos como la propiedad privada.
El proyecto de ley de emergencia para terrenos urbanos y vivienda, aprobado el martes en primera discusión, será revisado por un equipo mixto presidido por el diputado Darío Vivas e integrado por parlamentarios de las comisiones de Administración y Servicios Públicos y Participación Ciudadana.
La junta directiva de la Asamblea Nacional espera que la evaluación sea rápida para que la segunda discusión en plenaria se realice la próxima semana.
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miércoles, 1 de diciembre de 2010
Crearán moneda de la construcción para operaciones inmobiliarias
El bolívar será sustituido por la moneda de la construcción en los contratos de preventa de inmuebles residenciales, según el proyecto de ley de emergencia para terrenos urbanos y vivienda, aprobado ayer en primera discusión por la plenaria de la Asamblea Nacional.
La nueva moneda será un "índice valor oficial fijado por el instituto nacional de tierras urbanas y vivienda para las operaciones inmobiliarias relativas a los negocios de compraventa de unidades de vivienda familiar principal en construcción", dice el artículo 24 de la propuesta.
Agrega que el instituto nacional de tierras urbanas y vivienda determinará el valor de la moneda de la construcción –en función de elementos técnicos que se fijarán en el reglamento de la ley– el primer mes de cada año, aunque podrá modificarlo en cualquier oportunidad que lo considere necesario.
El artículo 25 señala que los contratos de preventa de viviendas en edificación estipularán el precio en monedas de la construcción, además del lapso definitivo de entrega de la obra y de protocolización del documento de venta ante la oficina de registro público correspondiente.
Una vez fijado el valor del inmueble, éste no podrá modificarse. Los promotores, sin embargo, podrán cobrar "aquellas variaciones experimentadas en la moneda de la construcción causadas antes de la fecha de la culminación de la obra que haya sido expresamente establecida en el contrato".
En el caso de que los compradores del inmueble no puedan asumir el costo de las variaciones, podrán solicitar un subsidio al instituto nacional de tierras urbanas y vivienda. El nuevo organismo propuesto para encargarse del problema habitacional dependerá directamente de la Presidencia.
Expropiaciones express. Además de regular la preventa, el proyecto de ley declara de utilidad pública los terrenos urbanos ociosos o subutilizados que sean aptos para construir viviendas incluidos aquellos pertenecientes a entes del Estado así como los factores y los medios para la construcción.
La declaratoria de utilidad pública es, según el marco legal vigente, uno de los requisitos para proceder a la expropiación de cualquier bien. De manera que la normativa propuesta despeja el camino para que el gobierno del presidente Hugo Chávez ordene más expropiaciones.
El proyecto de ley también faculta al mandatario para que decrete la creación de zonas especiales de emergencia de tierras urbanas y vivienda, en las cuales las autoridades podrán ocupar temporalmente inmuebles abandonados y adquirir construcciones residenciales con permiso de habitabilidad.
En el caso de que el Ejecutivo adquiera inmuebles alquilados para ejecutar planes de vivienda, los inquilinos tendrán un derecho de preferencia para su adquisición.
Los consejos comunales ayudarán al Gobierno a levantar el censo de las familias necesitadas de vivienda, a quienes se adjudicará las unidades gratuitamente o mediante créditos, según sus condiciones socioeconómicas.
Aumentarán los aportes
El proyecto de ley de emergencia para terrenos urbanos y vivienda, presentada ayer por el Ejecutivo ante la Asamblea Nacional, establece que se aumentará el aporte que trabajadores y empresas realizan mensualmente al Fondo de Ahorro Obligatorio.
Los empleados, que hasta ahora contribuyen con 1% del salario mensual, deberán aportar 3% una vez aprobada la propuesta de legislación. Los patronos, que estaban obligados a cooperar con un monto equivalente a 2% del sueldo de cada trabajador, tendrán que colocar 5%.
El aumento del aporte se hace "con la finalidad de ajustar el monto crediticio establecido en la Ley del Subsistema de Vivienda y Política Habitacional", según el artículo 47. El 48 agrega que el Ejecutivo tendrá seis meses para incrementar las cantidades por prestar.
La nueva escala crediticia, que se hará en función de los ingresos de cada grupo familiar, irá de 100 a 600 salarios mínimos es decir, de 122.300 a 733.800 bolívares y deberá ser actualizada cada año en virtud de "la realidad del mercado nacional de vivienda".
La norma también ofrece incentivos para que los patronos ejecuten planes de vivienda en beneficio de los trabajadores. Los recursos destinados por las empresas para este concepto no incidirán en los pasivos laborales y podrán descontarse del impuesto sobre la renta.
Las compañías que concreten planes de vivienda para sus empleados, además, tendrán prioridad para trabajar con el Estado. "Será causal de nulidad absoluta de los procesos de contratación pública la inobservancia de la verificación previa de esta condición preferente", dice el artículo 19.
El sistema financiero tendrá que crear otra cartera obligatoria adicional a la gaveta hipotecaria actual, que equivale a 10% del total de los créditos y está destinada a construcción y compra para financiar los planes de viviendas que desarrollen las empresas.
La banca también deberá atender las solicitudes de crédito a tasa preferencial del Instituto Nacional de Tierras Urbanas y Vivienda, cuando éste requiera dinero para otorgar subsidios a los compradores.
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La nueva moneda será un "índice valor oficial fijado por el instituto nacional de tierras urbanas y vivienda para las operaciones inmobiliarias relativas a los negocios de compraventa de unidades de vivienda familiar principal en construcción", dice el artículo 24 de la propuesta.
Agrega que el instituto nacional de tierras urbanas y vivienda determinará el valor de la moneda de la construcción –en función de elementos técnicos que se fijarán en el reglamento de la ley– el primer mes de cada año, aunque podrá modificarlo en cualquier oportunidad que lo considere necesario.
El artículo 25 señala que los contratos de preventa de viviendas en edificación estipularán el precio en monedas de la construcción, además del lapso definitivo de entrega de la obra y de protocolización del documento de venta ante la oficina de registro público correspondiente.
Una vez fijado el valor del inmueble, éste no podrá modificarse. Los promotores, sin embargo, podrán cobrar "aquellas variaciones experimentadas en la moneda de la construcción causadas antes de la fecha de la culminación de la obra que haya sido expresamente establecida en el contrato".
En el caso de que los compradores del inmueble no puedan asumir el costo de las variaciones, podrán solicitar un subsidio al instituto nacional de tierras urbanas y vivienda. El nuevo organismo propuesto para encargarse del problema habitacional dependerá directamente de la Presidencia.
Expropiaciones express. Además de regular la preventa, el proyecto de ley declara de utilidad pública los terrenos urbanos ociosos o subutilizados que sean aptos para construir viviendas incluidos aquellos pertenecientes a entes del Estado así como los factores y los medios para la construcción.
La declaratoria de utilidad pública es, según el marco legal vigente, uno de los requisitos para proceder a la expropiación de cualquier bien. De manera que la normativa propuesta despeja el camino para que el gobierno del presidente Hugo Chávez ordene más expropiaciones.
El proyecto de ley también faculta al mandatario para que decrete la creación de zonas especiales de emergencia de tierras urbanas y vivienda, en las cuales las autoridades podrán ocupar temporalmente inmuebles abandonados y adquirir construcciones residenciales con permiso de habitabilidad.
En el caso de que el Ejecutivo adquiera inmuebles alquilados para ejecutar planes de vivienda, los inquilinos tendrán un derecho de preferencia para su adquisición.
Los consejos comunales ayudarán al Gobierno a levantar el censo de las familias necesitadas de vivienda, a quienes se adjudicará las unidades gratuitamente o mediante créditos, según sus condiciones socioeconómicas.
Aumentarán los aportes
El proyecto de ley de emergencia para terrenos urbanos y vivienda, presentada ayer por el Ejecutivo ante la Asamblea Nacional, establece que se aumentará el aporte que trabajadores y empresas realizan mensualmente al Fondo de Ahorro Obligatorio.
Los empleados, que hasta ahora contribuyen con 1% del salario mensual, deberán aportar 3% una vez aprobada la propuesta de legislación. Los patronos, que estaban obligados a cooperar con un monto equivalente a 2% del sueldo de cada trabajador, tendrán que colocar 5%.
El aumento del aporte se hace "con la finalidad de ajustar el monto crediticio establecido en la Ley del Subsistema de Vivienda y Política Habitacional", según el artículo 47. El 48 agrega que el Ejecutivo tendrá seis meses para incrementar las cantidades por prestar.
La nueva escala crediticia, que se hará en función de los ingresos de cada grupo familiar, irá de 100 a 600 salarios mínimos es decir, de 122.300 a 733.800 bolívares y deberá ser actualizada cada año en virtud de "la realidad del mercado nacional de vivienda".
La norma también ofrece incentivos para que los patronos ejecuten planes de vivienda en beneficio de los trabajadores. Los recursos destinados por las empresas para este concepto no incidirán en los pasivos laborales y podrán descontarse del impuesto sobre la renta.
Las compañías que concreten planes de vivienda para sus empleados, además, tendrán prioridad para trabajar con el Estado. "Será causal de nulidad absoluta de los procesos de contratación pública la inobservancia de la verificación previa de esta condición preferente", dice el artículo 19.
El sistema financiero tendrá que crear otra cartera obligatoria adicional a la gaveta hipotecaria actual, que equivale a 10% del total de los créditos y está destinada a construcción y compra para financiar los planes de viviendas que desarrollen las empresas.
La banca también deberá atender las solicitudes de crédito a tasa preferencial del Instituto Nacional de Tierras Urbanas y Vivienda, cuando éste requiera dinero para otorgar subsidios a los compradores.
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jueves, 25 de noviembre de 2010
Aprueban más recursos para pagar aguinaldos atrasados
La Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional dio el visto bueno a un crédito adicional por 730,8 millones de bolívares para que el Ministerio de Educación Universitaria pague 30% pendiente de la bonificación navideña a los empleados de las 23 casas de estudios superiores adscritas al despacho.
El Parlamento ha acelerado la aprobación de recursos extraordinarios para que la administración pública se ponga al día con el pago de aguinaldos. Trabajadores de organismos gubernamentales protestaron recientemente por la decisión de cancelarles el beneficio de manera fraccionada.
La semana pasada fue autorizado un crédito adicional por 9 millardos de bolívares para varios entes del Estado. El diputado Ricardo Sanguino, presidente de la Comisión de Finanzas, informó que está pendiente otra solicitud, por 6 millardos de bolívares, para el pago de aguinaldos.
Ayer también aprobaron un crédito adicional de 22,8 millones de bolívares para cancelar las prestaciones de 521 trabajadores despedidos de la Alcaldía del municipio Guaicaipuro (Los Teques) en 1991. El Ministerio del Turismo recibió autorización para pagar al personal contratado con 1,1 millones de bolívares que estaban destinados a otros fines en el presupuesto de 2010.
Sólo un cambio. Sanguino aseguró que la Comisión de Finanzas terminó la consulta sobre las leyes de endeudamiento y de presupuesto de 2011, y espera presentar en plenaria los informes acerca de ambas normativas para la segunda discusión el 9 de diciembre.
Agregó que el único cambio que los parlamentarios harán al presupuesto es la incorporación de la distribución de gastos del Consejo Federal de Gobierno, ya se sabe que contará con 10,6 millardos de bolívares, pues la secretaría del organismo aprobó los criterios para asignar los recursos.
Sobre la ley de instituciones del sector bancario, aprobada en primera instancia hace 15 días, Sanguino indicó que la consulta pública finaliza esta semana y que la segunda discusión en plenaria será antes del 15 de diciembre, cuando termina el período de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional.
El parlamentario también espera presentar antes de esa fecha el proyecto de ley de banca pública, para que sea aprobado en primera discusión. El objetivo es que el segundo debate sobre la legislación se haga en sesiones extraordinarias. Aclaró que la convocatoria corresponde a la directiva.
Publicado en El Nacional
El Parlamento ha acelerado la aprobación de recursos extraordinarios para que la administración pública se ponga al día con el pago de aguinaldos. Trabajadores de organismos gubernamentales protestaron recientemente por la decisión de cancelarles el beneficio de manera fraccionada.
La semana pasada fue autorizado un crédito adicional por 9 millardos de bolívares para varios entes del Estado. El diputado Ricardo Sanguino, presidente de la Comisión de Finanzas, informó que está pendiente otra solicitud, por 6 millardos de bolívares, para el pago de aguinaldos.
Ayer también aprobaron un crédito adicional de 22,8 millones de bolívares para cancelar las prestaciones de 521 trabajadores despedidos de la Alcaldía del municipio Guaicaipuro (Los Teques) en 1991. El Ministerio del Turismo recibió autorización para pagar al personal contratado con 1,1 millones de bolívares que estaban destinados a otros fines en el presupuesto de 2010.
Sólo un cambio. Sanguino aseguró que la Comisión de Finanzas terminó la consulta sobre las leyes de endeudamiento y de presupuesto de 2011, y espera presentar en plenaria los informes acerca de ambas normativas para la segunda discusión el 9 de diciembre.
Agregó que el único cambio que los parlamentarios harán al presupuesto es la incorporación de la distribución de gastos del Consejo Federal de Gobierno, ya se sabe que contará con 10,6 millardos de bolívares, pues la secretaría del organismo aprobó los criterios para asignar los recursos.
Sobre la ley de instituciones del sector bancario, aprobada en primera instancia hace 15 días, Sanguino indicó que la consulta pública finaliza esta semana y que la segunda discusión en plenaria será antes del 15 de diciembre, cuando termina el período de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional.
El parlamentario también espera presentar antes de esa fecha el proyecto de ley de banca pública, para que sea aprobado en primera discusión. El objetivo es que el segundo debate sobre la legislación se haga en sesiones extraordinarias. Aclaró que la convocatoria corresponde a la directiva.
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Estancada discusión de leyes de vivienda
Aún no se ha fijado la fecha de la segunda discusión del proyecto de ley de preventa, pese a que la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional lo aprobó hace dos semanas. El instrumento legislativo procura regular el negocio inmobiliario después de la expropiación de cinco conjuntos residenciales y la ocupación de otros.
El diputado Luis Gamargo, presidente de la instancia parlamentaria, afirmó que el proyecto fue remitido a la directiva de la Asamblea Nacional. Pero aclaró que es necesario esperar la propuesta de legislación anunciada por el presidente Hugo Chávez para el mercado inmobiliario, con el fin de saber si incluirá la preventa o si se regulará por separado.
La reforma de la Ley de Arrendamientos, pendiente desde el año 2007, tampoco tiene fecha de aprobación. Las comisiones de Administración y Servicios y Participación Ciudadana siguen evaluando las propuestas.
Gamargo aseguró, sin embargo, que el objetivo es que todas las legislaciones del sector inmobiliario sean aprobadas antes de que asuma el Parlamento escogido el 26 de septiembre.
Publicado en El Nacional
El diputado Luis Gamargo, presidente de la instancia parlamentaria, afirmó que el proyecto fue remitido a la directiva de la Asamblea Nacional. Pero aclaró que es necesario esperar la propuesta de legislación anunciada por el presidente Hugo Chávez para el mercado inmobiliario, con el fin de saber si incluirá la preventa o si se regulará por separado.
La reforma de la Ley de Arrendamientos, pendiente desde el año 2007, tampoco tiene fecha de aprobación. Las comisiones de Administración y Servicios y Participación Ciudadana siguen evaluando las propuestas.
Gamargo aseguró, sin embargo, que el objetivo es que todas las legislaciones del sector inmobiliario sean aprobadas antes de que asuma el Parlamento escogido el 26 de septiembre.
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sábado, 20 de noviembre de 2010
Garantizan recursos para aguinaldos
A pesar de que la Asamblea Nacional aprobó el jueves un crédito adicional por 9,09 millardos de bolívares para cancelar aguinaldos a los trabajadores de la administración pública, en algunos organismos gubernamentales persiste el malestar por el anuncio de que el pago será fraccionado.
El diputado Simón Escalona, vicepresidente de la Comisión de Finanzas del Parlamento, hizo un llamado a trabajadores y jubilados del sector público para que no se alerten por la medida, que en su opinión no está relacionada con la carencia de recursos sino con el flujo de caja de cada institución del Estado.
Indicó que organismos como el Banco Central de Venezuela y la Gobernación de Vargas ya cancelaron la totalidad de la bonificación de 90 días decretada por el presidente Hugo Chávez. Otros como la Asamblea Nacional decidieron pagarla en 2 partes y algunos han dicho que lo dividirán en 3 porciones.
Agregó que los recursos para cancelar los aguinaldos de todos los empleados y jubilados de la administración pública están garantizados porque, además del dinero autorizado el jueves, el Ministerio de Planificación y Finanzas pedirá un crédito adicional por 8 millardos de bolívares en los próximos días.
La aprobación de los recursos extraordinarios fue necesaria, según Escalona, porque el monto establecido en el presupuesto de 2010 para la bonificación navideña no tomaba en cuenta la incidencia del aumento salarial –10% en marzo y 15% en mayo– en el pago de este beneficio.
Aseguró que la cancelación de los aguinaldos en noviembre ha sido una práctica permanente desde que Chávez asumió la Presidencia en 1999, "mientras que administraciones anteriores hacían esperar a los trabajadores hasta el 15 de diciembre".
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El diputado Simón Escalona, vicepresidente de la Comisión de Finanzas del Parlamento, hizo un llamado a trabajadores y jubilados del sector público para que no se alerten por la medida, que en su opinión no está relacionada con la carencia de recursos sino con el flujo de caja de cada institución del Estado.
Indicó que organismos como el Banco Central de Venezuela y la Gobernación de Vargas ya cancelaron la totalidad de la bonificación de 90 días decretada por el presidente Hugo Chávez. Otros como la Asamblea Nacional decidieron pagarla en 2 partes y algunos han dicho que lo dividirán en 3 porciones.
Agregó que los recursos para cancelar los aguinaldos de todos los empleados y jubilados de la administración pública están garantizados porque, además del dinero autorizado el jueves, el Ministerio de Planificación y Finanzas pedirá un crédito adicional por 8 millardos de bolívares en los próximos días.
La aprobación de los recursos extraordinarios fue necesaria, según Escalona, porque el monto establecido en el presupuesto de 2010 para la bonificación navideña no tomaba en cuenta la incidencia del aumento salarial –10% en marzo y 15% en mayo– en el pago de este beneficio.
Aseguró que la cancelación de los aguinaldos en noviembre ha sido una práctica permanente desde que Chávez asumió la Presidencia en 1999, "mientras que administraciones anteriores hacían esperar a los trabajadores hasta el 15 de diciembre".
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viernes, 19 de noviembre de 2010
Regulación hará más énfasis en tarifas
de las clínicas
El marco legal que prepara la Asamblea Nacional para regular el sistema de salud privado hará más énfasis en las tarifas por servicios de las clínicas que en los honorarios profesionales de los médicos, dijo el diputado Rafael Ríos, presidente de la Comisión de Desarrollo Social.
"Apelamos a la condición ética y deontológica de los médicos que cobran por sus servicios, para que sean más justos. Lo que debe regularse con más fuerza es el cobro de las clínicas privadas por conceptos como insumos, utilización de equipos, medicinas y hotelería", señaló.
Ríos considera que el incremento de las tarifas en los últimos años responde a la especulación. "Cada clínica tiene un precio distinto por el mismo insumo, las medicinas cuestan entre tres y cinco veces más que en las farmacias y las habitaciones son tan caras como en un hotel cinco estrellas".
Aclaró que la regulación de honorarios y tarifas no se incluirá en la ley de salud, que la comisión prevé llevar a segunda discusión en plenaria en diciembre para su aprobación definitiva, sino en otro instrumento legal que está a cargo del diputado Tirso Silva.
Lo que sí determinará la ley de salud es que el órgano rector del sistema público también sea el encargado de regular los centros privados. Igualmente estipulará que la contraloría social llegue hasta las clínicas, a través de los comités de salud de las organizaciones comunitarias.
Ríos recordó, además, que hace un par de semanas la Defensoría del Pueblo, el Indepabis y la Superintendencia de Seguros inauguraron la sala situacional de salud para supervisar al sector. El diputado Germán Ferrer informó ayer que la instancia recibe un promedio de 35 denuncias diarias contra clínicas.
Para después. Aunque la Ley Orgánica del Trabajo es una deuda pendiente desde hace más de una década, porque las disposiciones transitorias de la Constitución de 1999 ordenan una reforma de la normativa para incluir aspectos como la retroactividad de las prestaciones sociales, todavía no hay fecha para su aprobación.
Ríos indicó que la prioridad de la Comisión de Desarrollo Social para lo que queda del actual período legislativo (los diputados electos el 26 de septiembre asumirán el 5 de enero de 2011) es la ley de salud, de la cual afinan los últimos detalles.
Agregó que la decisión de incluir la ley laboral en la agenda legislativa corresponde a la directiva del Parlamento, que todavía no ha dado instrucciones al respecto. El equipo técnico que revisa la normativa, sin embargo, sigue con el trabajo de recepción de propuestas.
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"Apelamos a la condición ética y deontológica de los médicos que cobran por sus servicios, para que sean más justos. Lo que debe regularse con más fuerza es el cobro de las clínicas privadas por conceptos como insumos, utilización de equipos, medicinas y hotelería", señaló.
Ríos considera que el incremento de las tarifas en los últimos años responde a la especulación. "Cada clínica tiene un precio distinto por el mismo insumo, las medicinas cuestan entre tres y cinco veces más que en las farmacias y las habitaciones son tan caras como en un hotel cinco estrellas".
Aclaró que la regulación de honorarios y tarifas no se incluirá en la ley de salud, que la comisión prevé llevar a segunda discusión en plenaria en diciembre para su aprobación definitiva, sino en otro instrumento legal que está a cargo del diputado Tirso Silva.
Lo que sí determinará la ley de salud es que el órgano rector del sistema público también sea el encargado de regular los centros privados. Igualmente estipulará que la contraloría social llegue hasta las clínicas, a través de los comités de salud de las organizaciones comunitarias.
Ríos recordó, además, que hace un par de semanas la Defensoría del Pueblo, el Indepabis y la Superintendencia de Seguros inauguraron la sala situacional de salud para supervisar al sector. El diputado Germán Ferrer informó ayer que la instancia recibe un promedio de 35 denuncias diarias contra clínicas.
Para después. Aunque la Ley Orgánica del Trabajo es una deuda pendiente desde hace más de una década, porque las disposiciones transitorias de la Constitución de 1999 ordenan una reforma de la normativa para incluir aspectos como la retroactividad de las prestaciones sociales, todavía no hay fecha para su aprobación.
Ríos indicó que la prioridad de la Comisión de Desarrollo Social para lo que queda del actual período legislativo (los diputados electos el 26 de septiembre asumirán el 5 de enero de 2011) es la ley de salud, de la cual afinan los últimos detalles.
Agregó que la decisión de incluir la ley laboral en la agenda legislativa corresponde a la directiva del Parlamento, que todavía no ha dado instrucciones al respecto. El equipo técnico que revisa la normativa, sin embargo, sigue con el trabajo de recepción de propuestas.
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jueves, 18 de noviembre de 2010
Aprobaron dinero para cancelar aguinaldos
La Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional aprobó un crédito adicional por 9,09 millardos de bolívares, dirigido a los organismos de la administración pública, para cancelar la primera porción de los 90 días de aguinaldo que decretó el Gobierno para trabajadores y jubilados.
El diputado Andrés Eloy Méndez señaló que el pago de aguinaldos se hará de manera fraccionada por los problemas de flujo de caja que ha afrontado la Tesorería. Agregó que es una erogación muy elevada para el Estado, porque son 2,3 millones de trabajadores y 4 millones de jubilados.
La instancia parlamentaria también autorizó 1,38 millardos de bolívares en recursos extraordinarios para el Ministerio del Interior y Justicia, que usará el dinero para cancelar a gobernaciones y alcaldías parte del aporte legal por Situado Constitucional.
Igualmente dio el visto bueno a un crédito adicional por 1,04 millardos de bolívares para los proyectos de inversión del Ministerio de Energía Eléctrica y otro por 50 millones de bolívares para el fondo de contingencia del Ministerio de Transporte y Comunicaciones.
Sobre el proyecto de ley de instituciones del sector bancario, el diputado Simón Escalona informó que en los próximos días se convocará una mesa técnica para discutir las observaciones presentadas por instituciones como la Asociación Bancaria, Fogade y la Sudeban.
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El diputado Andrés Eloy Méndez señaló que el pago de aguinaldos se hará de manera fraccionada por los problemas de flujo de caja que ha afrontado la Tesorería. Agregó que es una erogación muy elevada para el Estado, porque son 2,3 millones de trabajadores y 4 millones de jubilados.
La instancia parlamentaria también autorizó 1,38 millardos de bolívares en recursos extraordinarios para el Ministerio del Interior y Justicia, que usará el dinero para cancelar a gobernaciones y alcaldías parte del aporte legal por Situado Constitucional.
Igualmente dio el visto bueno a un crédito adicional por 1,04 millardos de bolívares para los proyectos de inversión del Ministerio de Energía Eléctrica y otro por 50 millones de bolívares para el fondo de contingencia del Ministerio de Transporte y Comunicaciones.
Sobre el proyecto de ley de instituciones del sector bancario, el diputado Simón Escalona informó que en los próximos días se convocará una mesa técnica para discutir las observaciones presentadas por instituciones como la Asociación Bancaria, Fogade y la Sudeban.
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