El Congreso de Estados Unidos debe recibir a más tardar el 18 de enero un informe sobre el acceso a la información en Venezuela, de acuerdo con lo establecido en la ley promulgada el jueves por el presidente Barack Obama para sancionar a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro.
La denominada "ley para imponer sanciones selectivas a personas responsables de violaciones de derechos humanos a manifestantes antigubernamentales en Venezuela" indica que el Consejo de Radiodifusión de Gobernadores presente un reporte sobre radiodifusión y distribución de la información en el país en un plazo de 30 días.
El informe debe incluir "una evaluación meticulosa de los obstáculos gubernamentales, políticos y tecnológicos enfrentados por el pueblo de Venezuela en sus esfuerzos por obtener noticias e información acertada, objetiva y comprensiva sobre asuntos nacionales e internacionales", precisa el capítulo sexto de la ley.
El documento también deberá evaluar los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos en materia de radiodifusión y distribución de la información en Venezuela –incluido fondos destinados para tal fin y alcance del contenido provisto por la Voz de América y otras fuentes– y proponer una estrategia para expandirlos.
Sancionables. El capítulo quinto de la ley dice que las sanciones estarán dirigidas a cualquier persona –incluso funcionarios anteriores o actuales del gobierno de Venezuela– que "haya perpetrado, o sea responsable de ordenar o dirigir, actos significativos de violencia o abusos de los derechos humanos contra personas asociados con las protestas antigubernamentales que comenzaron en febrero de 2014".
También se podrá castigar a quienes hayan ordenado o dirigido el arresto o la persecución de algún ciudadano venezolano por el simple hecho de ejercer el derecho a la libertad de expresión o reunión. Igualmente pueden ser sancionados los que hayan asistido económicamente o provisto apoyo material y tecnológico.
Las sanciones son de dos tipos. Por un lado está el bloqueo de activos y la prohibición de transacciones de propiedades e intereses, siempre que se encuentren en Estados Unidos. Por el otro la exclusión del país a través de la negación y revocación de visas y otros documentos emitidos por las autoridades estadounidenses.
Las excepciones permitidas son las transacciones relacionadas con la importación de bienes y la emisión de visas para cumplir con el acuerdo firmado en 1947 entre Estados Unidos y la Organización de Naciones Unidas (para que ese país albergue la sede de la institución) o con otra obligación internacional.
El capítulo cuarto de la ley define como política de Estados Unidos "apoyar al pueblo de Venezuela en su aspiración de vivir bajo condiciones de paz y democracia representativa como dice la Carta Democrática Interamericana".
También trabajar en conjunto con los otros miembros de la Organización de Estados Americanos y los países de la Unión Europea para garantizar una resolución pacífica de la situación en Venezuela, así como "continuar apoyando el desarrollo de los procesos políticos democráticos y la sociedad civil independiente" en el país.
Publicado en El Nacional
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lunes, 22 de diciembre de 2014
viernes, 2 de mayo de 2014
Venezuela está entre los países de América Latina sin prensa libre
Venezuela es uno de los cinco países de América Latina sin libertad de prensa, según el informe anual de la ONG Freedom House. Cuba, Honduras, Ecuador y México son los otros representantes regionales entre las naciones donde la actividad de los medios está restringida.
Freedom House elabora su informe a partir de 23 preguntas y 132 indicadores divididos en 3 categorías: el entorno jurídico, el político y el económico. El menor puntaje se adjudica a la situación más libre y el mayor a la más limitada.
Los países con puntuaciones inferiores a 30 puntos -en la escala de 0 a 100- son donde los medios operan con libertad; los que registran entre 31 y 60 unidades son parcialmente libres y los que acumulan más de 61 puntos son los que carecen de libertad de prensa.
Venezuela figuraba entre los países con medios libres en 1993, pero ha experimentado un deterioro continuo desde entonces. Entre 1994 y 2001 estuvo en el grupo de naciones con libertad de prensa parcial. Desde 2002 se encuentra entre las que carecen de ella y cada año tiene una evaluación peor.
En 2013, pasó de 76 a 78 puntos, lo que la coloca junto con Suazilandia en el puesto 171 entre 197 países evaluados por Freedom House y la sitúa en el penúltimo lugar de América Latina, por delante de Cuba.
"El presidente Nicolás Maduro continuó los esfuerzos de su predecesor (Hugo Chávez) para controlar la prensa. La puntuación de Venezuela disminuyó debido, en parte, a la adquisición de medios como la televisora Globovisión por empresas privadas vinculadas al gobierno", precisó la ONG.
El aspecto que afectó más la calificación de Venezuela fue el político, en el que tuvo la misma nota (30) que Egipto e Irak. El legal le sumó 26 puntos y el económico 22. En ambos, el país secundó a Cuba en la región.
Entre los indicadores que Freedom House valora del entorno político están el control sobre el contenido de los medios, el acceso a la información y las fuentes, la censura y la autocensura, la diversidad de noticias disponibles y la intimidación a los periodistas (mediante amenazas o agresiones).
La evaluación del entorno legal toma en cuenta las normativas que pueden influir en el contenido de la prensa, la inclinación del gobierno a utilizar mecanismos legales para restringir la operación de los medios y la incidencia de las garantías constitucionales para la libertad de expresión.
El entorno económico incluye la estructura de propiedad de los medios, los costos de operación, la retención selectiva de publicidad por parte del Estado u otros actores, el impacto de la corrupción y el soborno en el contenido y el grado en que la situación económica afecta la sostenibilidad de la prensa.
Preocupación global. El informe de Freedom House muestra que la libertad de prensa se ha deteriorado en todo el mundo. El promedio global, de hecho, es el más bajo de la última década. La ONG explicó que el retroceso se debe a mayores restricciones en los países del Oriente Medio, Turquía y Ucrania.
"En todas las regiones del mundo encontramos que gobiernos y actores privados atacan a los periodistas, impiden su acceso a los acontecimientos noticiosos, censuran el contenido y ordenan despidos de periodistas por motivos políticos", declaró Karin Karlekar, directora del informe.
Publicado en El Nacional
Freedom House elabora su informe a partir de 23 preguntas y 132 indicadores divididos en 3 categorías: el entorno jurídico, el político y el económico. El menor puntaje se adjudica a la situación más libre y el mayor a la más limitada.
Los países con puntuaciones inferiores a 30 puntos -en la escala de 0 a 100- son donde los medios operan con libertad; los que registran entre 31 y 60 unidades son parcialmente libres y los que acumulan más de 61 puntos son los que carecen de libertad de prensa.
Venezuela figuraba entre los países con medios libres en 1993, pero ha experimentado un deterioro continuo desde entonces. Entre 1994 y 2001 estuvo en el grupo de naciones con libertad de prensa parcial. Desde 2002 se encuentra entre las que carecen de ella y cada año tiene una evaluación peor.
En 2013, pasó de 76 a 78 puntos, lo que la coloca junto con Suazilandia en el puesto 171 entre 197 países evaluados por Freedom House y la sitúa en el penúltimo lugar de América Latina, por delante de Cuba.
"El presidente Nicolás Maduro continuó los esfuerzos de su predecesor (Hugo Chávez) para controlar la prensa. La puntuación de Venezuela disminuyó debido, en parte, a la adquisición de medios como la televisora Globovisión por empresas privadas vinculadas al gobierno", precisó la ONG.
El aspecto que afectó más la calificación de Venezuela fue el político, en el que tuvo la misma nota (30) que Egipto e Irak. El legal le sumó 26 puntos y el económico 22. En ambos, el país secundó a Cuba en la región.
Entre los indicadores que Freedom House valora del entorno político están el control sobre el contenido de los medios, el acceso a la información y las fuentes, la censura y la autocensura, la diversidad de noticias disponibles y la intimidación a los periodistas (mediante amenazas o agresiones).
La evaluación del entorno legal toma en cuenta las normativas que pueden influir en el contenido de la prensa, la inclinación del gobierno a utilizar mecanismos legales para restringir la operación de los medios y la incidencia de las garantías constitucionales para la libertad de expresión.
El entorno económico incluye la estructura de propiedad de los medios, los costos de operación, la retención selectiva de publicidad por parte del Estado u otros actores, el impacto de la corrupción y el soborno en el contenido y el grado en que la situación económica afecta la sostenibilidad de la prensa.
Preocupación global. El informe de Freedom House muestra que la libertad de prensa se ha deteriorado en todo el mundo. El promedio global, de hecho, es el más bajo de la última década. La ONG explicó que el retroceso se debe a mayores restricciones en los países del Oriente Medio, Turquía y Ucrania.
"En todas las regiones del mundo encontramos que gobiernos y actores privados atacan a los periodistas, impiden su acceso a los acontecimientos noticiosos, censuran el contenido y ordenan despidos de periodistas por motivos políticos", declaró Karin Karlekar, directora del informe.
Publicado en El Nacional
domingo, 19 de enero de 2014
Prensa extranjera refleja escasez de papel
Medios de comunicación de varios países se hicieron eco de la carta abierta al presidente Nicolás Maduro que el presidente editor de El Nacional , Miguel Henrique Otero, publicó en la primera página de la edición del viernes para alertar sobre la carencia de papel para imprimir el periódico.
"La misiva y el hecho inédito de darle semejante difusión no podrían ser más elocuentes. El periódico, fundado en 1943 y abiertamente enfrentado con el gobierno venezolano, no recibe divisas para importar papel periódico desde mayo y se está quedando sin inventarios para imprimir sus informaciones", escribió El País de España.
El diario español agregó que lo de El Nacional no es un caso aislado y recordó que el Instituto Prensa y Sociedad denunció que por lo menos 21 medios impresos de 9 estados de Venezuela han reportado dificultades para adquirir papel periódico y otros insumos necesarios.
El País también reseñó que, según el IPYS, 7 periódicos han dejado de circular y 14 diarios han disminuido su paginación o eliminado suplementos y revistas de fines de semana para ahorrar papel. "La gran cantidad de medios involucrados en esta crisis podría sugerir una nueva limitación a la libertad de informar en Venezuela", indicó.
La Nación de Argentina calificó de impactante la idea de publicar la carta en la portada de El Nacional . Agregó que el retraso del gobierno en aprobar los dólares que los periódicos necesitan para importar papel es "otro ataque del chavismo contra la libertad de información y un ejercicio de maquiavelismo económico".
"Nos dirigimos a usted para informarle que la editora El Nacional ha cumplido con todos los requisitos que la ley exige para obtener divisas’. El primer párrafo de la misiva introduce la situación de asfixia que afecta a casi todos los diarios privados del país: no hay papel porque el gobierno no quiere que lo haya", reseñó.
Otero declaró a La Nación que no había recibido respuesta del gobierno por la carta publicada el viernes y calculó que con 80 millones de dólares se resolvería la crisis del papel. "No es nada en comparación con los 400 millones que el Estado le adeuda a Empresas Polar o los 2,6 millardos que debe a las aerolíneas", dijo.
"La crisis de Venezuela no solo se ve reflejada en los anaqueles de los supermercados, la prensa también ha visto cómo la materia prima de su trabajo escasea", escribió el canal colombiano NTN24 en su página web al reseñar la carta de El Nacional .
NTN24 destacó que Otero dijo en la misiva que cumple con los requisitos que establece la ley para obtener las divisas y recordó a Maduro que debe ser el garante de la legalidad.
Publicado en El Nacional
"La misiva y el hecho inédito de darle semejante difusión no podrían ser más elocuentes. El periódico, fundado en 1943 y abiertamente enfrentado con el gobierno venezolano, no recibe divisas para importar papel periódico desde mayo y se está quedando sin inventarios para imprimir sus informaciones", escribió El País de España.
El diario español agregó que lo de El Nacional no es un caso aislado y recordó que el Instituto Prensa y Sociedad denunció que por lo menos 21 medios impresos de 9 estados de Venezuela han reportado dificultades para adquirir papel periódico y otros insumos necesarios.
El País también reseñó que, según el IPYS, 7 periódicos han dejado de circular y 14 diarios han disminuido su paginación o eliminado suplementos y revistas de fines de semana para ahorrar papel. "La gran cantidad de medios involucrados en esta crisis podría sugerir una nueva limitación a la libertad de informar en Venezuela", indicó.
La Nación de Argentina calificó de impactante la idea de publicar la carta en la portada de El Nacional . Agregó que el retraso del gobierno en aprobar los dólares que los periódicos necesitan para importar papel es "otro ataque del chavismo contra la libertad de información y un ejercicio de maquiavelismo económico".
"Nos dirigimos a usted para informarle que la editora El Nacional ha cumplido con todos los requisitos que la ley exige para obtener divisas’. El primer párrafo de la misiva introduce la situación de asfixia que afecta a casi todos los diarios privados del país: no hay papel porque el gobierno no quiere que lo haya", reseñó.
Otero declaró a La Nación que no había recibido respuesta del gobierno por la carta publicada el viernes y calculó que con 80 millones de dólares se resolvería la crisis del papel. "No es nada en comparación con los 400 millones que el Estado le adeuda a Empresas Polar o los 2,6 millardos que debe a las aerolíneas", dijo.
"La crisis de Venezuela no solo se ve reflejada en los anaqueles de los supermercados, la prensa también ha visto cómo la materia prima de su trabajo escasea", escribió el canal colombiano NTN24 en su página web al reseñar la carta de El Nacional .
NTN24 destacó que Otero dijo en la misiva que cumple con los requisitos que establece la ley para obtener las divisas y recordó a Maduro que debe ser el garante de la legalidad.
Publicado en El Nacional
lunes, 12 de agosto de 2013
Aliados del Gobierno también sancionan a medios críticos
Las multas y sanciones de diferente índole a medios de comunicación críticos no sólo han sido una característica de los mandatos presidenciales de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Los países aliados de ambos gobernantes también han utilizado mecanismos similares para presionar a la prensa independiente.
El caso más reciente ocurrió en Bolivia, gobernada por Evo Morales desde 2006. En junio de este año el Servicio de Impuestos Nacionales embargó la sede de El Diario –el periódico más antiguo del país, con 109 años en circulación– por una deuda tributaria de 18,4 millones de dólares.
"En cumplimiento de la ley y resguardando los intereses del Estado se adoptó la medida de la hipoteca legal sobre los derechos propietarios del inmueble", informó el departamento en un comunicado. Fuentes de la institución dijeron que, aunque el embargo no impide que el periódico siga funcionando, es el paso inicial para el remate de sus bienes.
El Diario considera excesivo el monto reclamado por concepto de impuestos. "Nuestra posición ha sido bien clara. Vamos a honrar todas las deudas tributarias, pero no vamos a pagarlas dos veces", aseguró el director Jorge Carrasco, cuya familia ha dirigido la empresa desde su fundación en 1904.
Carrasco calificó el embargo como un show político para amedrentar. El periódico se comprometió en un comunicado a seguir informando. "El Diario se mantiene firme en su trabajo bajo principios periodísticos de independencia y de defensa de las libertades constitucionales", reza el texto.
El jefe de Estado de Ecuador desde 2006, Rafael Correa, también ha tenido casos similares. El más grave fue la demanda por injuria contra el diario El Universo en 2010, por un artículo que criticaba la actuación del mandatario durante la insurrección de policías ocurrida en septiembre de ese año.
En 2011 el tribunal sentenció al autor del texto el periodista Emilio Palacio y a los tres directivos de El Universo –los hermanos Carlos, César y Nicolás Pérez– a una pena de 3 años de prisión e impuso multas de 10 millones de dólares para cada uno de ellos y para el periódico.
La condena, que significaba la quiebra de la empresa, provocó el rechazo inmediato. La Sociedad Interamericana de Prensa calificó el fallo como un grave zarpazo a la libertad de información y Reporteros Sin Fronteros advirtió sobre el acoso judicial como una estrategia para acallar a los medios.
En 2012, luego de que la Corte Nacional de Justicia rechazara la apelación del diario y confirmara la sentencia de primera instancia, Correa perdonó a los acusados y pidió suspender las penas y las multas, aunque enfatizó que la condena fue merecida y que demostraba que se puede vencer el abuso del poder mediático.
Otros métodos. El gobierno de Cristina Fernández, en Argentina, ha usado mecanismos diferentes aunque con intenciones similares: presionar a la prensa crítica. La Ley de Medios aprobada en 2009 incluye una cláusula antimonopólica que obliga a varias empresas mediáticas a liquidar activos.
El grupo Clarín –el más afectado, aunque no el único– pidió la anulación de esa cláusula y otras tres que considera inconstitucionales e inició una batalla judicial que todavía continúa. En abril de este año un tribunal de apelaciones dictaminó contra la Ley de Medios. El Ejecutivo recurrió ante la Corte Suprema, que aún no ha respondido.
El Gobierno también intenta desde 2009 anular la compra de la empresa Papel Prensa –única fabricante de papel periódico en Argentina– efectuada en 1976 por Clarín, La Nación y La Razón, con el argumento de que la transacción fue hecha de forma irregular.
El proceso está bloqueado en los tribunales. Por eso en mayo de 2013 el oficialismo presentó en el Congreso –donde tiene mayoría– un anteproyecto de ley para declarar de utilidad pública 24% de las acciones de Papel Prensa. Eso daría al Estado, que ya tiene 27%, una participación mayoritaria de 51%.
Mala imagen. Los Gobiernos de Cuba y Nicaragua, socios de Venezuela en la Alianza Bolivariana para las Américas, también figuran entre los que restringen la difusión de información y contribuyen a que la libertad de expresión se deteriore en la región, según organizaciones no gubernamentales.
En la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2013 de Reporteros Sin Fronteras los principales aliados del Gobierno de Maduro retrocedieron posiciones. Argentina cayó del puesto 47 al 54, Nicaragua del 72 al 78, Bolivia del 108 al 109, Ecuador del 104 al 119 y Cuba del 167 al 171. Venezuela mantuvo el mismo lugar (117).
Amnistía Internacional, en su informe de 2013 sobre el estado de los derechos humanos en el mundo, menciona a Bolivia, Cuba y Ecuador como algunos de los países de América Latina donde se producen violaciones y amenazas a la libertad de expresión.
El informe anual de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también hace referencia a las restricciones en Venezuela y sus aliados. Caracas y Quito, de hecho, criticaron el texto en la asamblea general de la Organización de Estados Americanos realizada en Guatemala en julio.
Escrito con Manuel Tovar. Publicado en El Nacional
El caso más reciente ocurrió en Bolivia, gobernada por Evo Morales desde 2006. En junio de este año el Servicio de Impuestos Nacionales embargó la sede de El Diario –el periódico más antiguo del país, con 109 años en circulación– por una deuda tributaria de 18,4 millones de dólares.
"En cumplimiento de la ley y resguardando los intereses del Estado se adoptó la medida de la hipoteca legal sobre los derechos propietarios del inmueble", informó el departamento en un comunicado. Fuentes de la institución dijeron que, aunque el embargo no impide que el periódico siga funcionando, es el paso inicial para el remate de sus bienes.
El Diario considera excesivo el monto reclamado por concepto de impuestos. "Nuestra posición ha sido bien clara. Vamos a honrar todas las deudas tributarias, pero no vamos a pagarlas dos veces", aseguró el director Jorge Carrasco, cuya familia ha dirigido la empresa desde su fundación en 1904.
Carrasco calificó el embargo como un show político para amedrentar. El periódico se comprometió en un comunicado a seguir informando. "El Diario se mantiene firme en su trabajo bajo principios periodísticos de independencia y de defensa de las libertades constitucionales", reza el texto.
El jefe de Estado de Ecuador desde 2006, Rafael Correa, también ha tenido casos similares. El más grave fue la demanda por injuria contra el diario El Universo en 2010, por un artículo que criticaba la actuación del mandatario durante la insurrección de policías ocurrida en septiembre de ese año.
En 2011 el tribunal sentenció al autor del texto el periodista Emilio Palacio y a los tres directivos de El Universo –los hermanos Carlos, César y Nicolás Pérez– a una pena de 3 años de prisión e impuso multas de 10 millones de dólares para cada uno de ellos y para el periódico.
La condena, que significaba la quiebra de la empresa, provocó el rechazo inmediato. La Sociedad Interamericana de Prensa calificó el fallo como un grave zarpazo a la libertad de información y Reporteros Sin Fronteros advirtió sobre el acoso judicial como una estrategia para acallar a los medios.
En 2012, luego de que la Corte Nacional de Justicia rechazara la apelación del diario y confirmara la sentencia de primera instancia, Correa perdonó a los acusados y pidió suspender las penas y las multas, aunque enfatizó que la condena fue merecida y que demostraba que se puede vencer el abuso del poder mediático.
Otros métodos. El gobierno de Cristina Fernández, en Argentina, ha usado mecanismos diferentes aunque con intenciones similares: presionar a la prensa crítica. La Ley de Medios aprobada en 2009 incluye una cláusula antimonopólica que obliga a varias empresas mediáticas a liquidar activos.
El grupo Clarín –el más afectado, aunque no el único– pidió la anulación de esa cláusula y otras tres que considera inconstitucionales e inició una batalla judicial que todavía continúa. En abril de este año un tribunal de apelaciones dictaminó contra la Ley de Medios. El Ejecutivo recurrió ante la Corte Suprema, que aún no ha respondido.
El Gobierno también intenta desde 2009 anular la compra de la empresa Papel Prensa –única fabricante de papel periódico en Argentina– efectuada en 1976 por Clarín, La Nación y La Razón, con el argumento de que la transacción fue hecha de forma irregular.
El proceso está bloqueado en los tribunales. Por eso en mayo de 2013 el oficialismo presentó en el Congreso –donde tiene mayoría– un anteproyecto de ley para declarar de utilidad pública 24% de las acciones de Papel Prensa. Eso daría al Estado, que ya tiene 27%, una participación mayoritaria de 51%.
Mala imagen. Los Gobiernos de Cuba y Nicaragua, socios de Venezuela en la Alianza Bolivariana para las Américas, también figuran entre los que restringen la difusión de información y contribuyen a que la libertad de expresión se deteriore en la región, según organizaciones no gubernamentales.
En la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2013 de Reporteros Sin Fronteras los principales aliados del Gobierno de Maduro retrocedieron posiciones. Argentina cayó del puesto 47 al 54, Nicaragua del 72 al 78, Bolivia del 108 al 109, Ecuador del 104 al 119 y Cuba del 167 al 171. Venezuela mantuvo el mismo lugar (117).
Amnistía Internacional, en su informe de 2013 sobre el estado de los derechos humanos en el mundo, menciona a Bolivia, Cuba y Ecuador como algunos de los países de América Latina donde se producen violaciones y amenazas a la libertad de expresión.
El informe anual de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también hace referencia a las restricciones en Venezuela y sus aliados. Caracas y Quito, de hecho, criticaron el texto en la asamblea general de la Organización de Estados Americanos realizada en Guatemala en julio.
Escrito con Manuel Tovar. Publicado en El Nacional
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