Las autoridades del Ministerio de Planificación y Finanzas revisan algunos de los despidos ordenados durante las últimas semanas de diciembre, informó Frank Carvallo, integrante del comité ejecutivo de la Federación Nacional de Obreros Dependientes del Estado.
Carvallo precisó que entre 160 y 170 trabajadores despedidos en el proceso de reestructuración de la cartera dirigida por Jorge Giordani podrán reincorporarse a sus puestos de trabajo en los próximos días o recibirán el beneficio de la jubilación especial.
Entre los casos que las autoridades revisaron se encuentran los de mujeres embarazadas y personas que estaban de reposo. También los de empleados que, aunque tenían más de 20 años de servicio en el ministerio, no llegaban a la edad requerida para la jubilación y por eso fueron despedidos.
"Mucha gente fue botada injustamente", dijo Carvallo al recordar que el número de despedidos o jubilados en las últimas semanas se acerca al millar. El sindicalista agradeció las gestiones del tesorero Alejandro Andrade y el viceministro Gustavo Hernández a favor de los trabajadores.
Publican reglas. La revisión de algunos de los despidos realizados no implica que se detenga la reestructuración del Ministerio de Planificación y Finanzas. El despacho dictó el martes, mediante una resolución publicada en la Gaceta Oficial 39585, la normativa mediante la cual se regulará el proceso.
La resolución otorga un período de un mes para que el ministerio reubique a los funcionarios de carrera despedidos durante el proceso de reestructuración. En el caso de que los cesanteados sean contratados u obreros, la normativa dice que no habrá beneficios más allá de los previstos en la Ley del Trabajo.
Carvallo indicó que los trabajadores del ministerio no se oponen al proceso de reestructuración, pero exigen que se haga de manera concertada, como establecen los contratos colectivos del Sindicato Nacional de Obreros Públicos y la Federación Nacional de Obreros Dependientes del Estado.
Los sindicalistas también apelan al decreto de inamovilidad laboral vigente desde 2002 y prorrogado hace poco por el presidente Hugo Chávez hasta diciembre de 2011. "Queremos que se sienten con los trabajadores para llegar a los acuerdos que permitirán que el proceso de reestructuración que se llevará a cabo perjudique lo menos posible al personal".
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jueves, 6 de enero de 2011
miércoles, 29 de diciembre de 2010
Los trabajadores de Min-Finanzas siguen protesta
Los trabajadores del Ministerio de Planificación y Finanzas mantienen la protesta en la sede del despacho contra el despido masivo de 600 personas, entre contratados y fijos, como parte del proceso de reestructuración iniciado por la fusión en febrero de 2010 de las antiguas carteras de Economía y Finanzas y Planificación y Desarrollo.
Luis Manuel Zavala, presidente del Sindicato Nacional de Obreros Públicos del Ministerio de Planifi cación y Finanzas, informó que ayer continuaron los despidos y también las jubilaciones especiales, que los movimientos sindicales rechazan porque no son consultadas con los empleados y ofrecen condiciones desfavorables para el retiro.
Zavala agregó que el lunes en la noche se enteraron de la existencia de una mesa de diálogo promovida por las autoridades, pero que fue imposible instalarla porque el jefe de seguridad del despacho dijo que no podía garantizar la protección de los funcionarios debido a que los trabajadores que protestaban contra los despidos tenían una actitud violenta.
Lo que sí lograron los empleados fue reunirse con el viceministro Ricardo Ríos, aunque sin obtener resultados concretos. "Al menos nos dio la cara y conversó con nosotros", indicó Zavala. El dirigente sindical se mostró optimista sobre una posible solución al conflicto. "No será rápido, pero creo que se dará".
Otros representantes de los trabajadores que se mantienen en el edificio anexo son menos optimistas. Aseguran que el Poder Ejecutivo no apoya los despidos realizados en el Ministerio de Planificación y Finanzas, pero que difícilmente revierta la medida porque el presidente Hugo Chávez no quiere desautorizar al ministro Jorge Giordani.
Los cinco sindicatos que hacen vida en el despacho preparan un documento que harán llegar a la Presidencia en los próximos días. Zavala informó que mantendrán reuniones constantes con los trabajadores para definir otras acciones que puedan tomarse para rechazar el despido masivo.
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Luis Manuel Zavala, presidente del Sindicato Nacional de Obreros Públicos del Ministerio de Planifi cación y Finanzas, informó que ayer continuaron los despidos y también las jubilaciones especiales, que los movimientos sindicales rechazan porque no son consultadas con los empleados y ofrecen condiciones desfavorables para el retiro.
Zavala agregó que el lunes en la noche se enteraron de la existencia de una mesa de diálogo promovida por las autoridades, pero que fue imposible instalarla porque el jefe de seguridad del despacho dijo que no podía garantizar la protección de los funcionarios debido a que los trabajadores que protestaban contra los despidos tenían una actitud violenta.
Lo que sí lograron los empleados fue reunirse con el viceministro Ricardo Ríos, aunque sin obtener resultados concretos. "Al menos nos dio la cara y conversó con nosotros", indicó Zavala. El dirigente sindical se mostró optimista sobre una posible solución al conflicto. "No será rápido, pero creo que se dará".
Otros representantes de los trabajadores que se mantienen en el edificio anexo son menos optimistas. Aseguran que el Poder Ejecutivo no apoya los despidos realizados en el Ministerio de Planificación y Finanzas, pero que difícilmente revierta la medida porque el presidente Hugo Chávez no quiere desautorizar al ministro Jorge Giordani.
Los cinco sindicatos que hacen vida en el despacho preparan un documento que harán llegar a la Presidencia en los próximos días. Zavala informó que mantendrán reuniones constantes con los trabajadores para definir otras acciones que puedan tomarse para rechazar el despido masivo.
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martes, 28 de diciembre de 2010
Empleados de Min-Finanzas toman la sede
en protesta por despidos
Los trabajadores del Ministerio de Planificación y Finanzas tomaron la sede del despacho, ubicada en la avenida Urdaneta de Caracas, en protesta por el despido de 600 personas en la víspera de Navidad y la posible desincorporación de 600 más en los próximos días.
Los empleados también rechazan el otorgamiento de jubilaciones obligatorias en condiciones desfavorables. "Pretenden jubilar a las personas con menos de 50% del sueldo. A una señora que ganaba casi 3.000 bolívares le ofrecieron el salario mínimo de pensión", denunció Frank Carvallo, representante sindical.
Los despidos y las jubilaciones forman parte del proceso de reestructuración iniciado por el ministro Jorge Giordani en febrero de este año, tras la decisión presidencial de fusionar los antiguos despachos de Economía y Finanzas, y Planificación y Desarrollo.
Carvallo señaló que al tomar estas medidas las autoridades incumplieron el convenio firmado con el sindicato para informar cualquier decisión relacionada con el proceso de reestructuración del ministerio que pudiese perjudicar a los trabajadores.
Agregó que la decisión se contradice con el decreto de inamovilidad laboral para los empleados privados y públicos, vigente desde 2002, y que el presidente Hugo Chávez prorrogó recientemente por décima ocasión consecutiva hasta el 31 de diciembre de 2011. También dijo que los despidos violan la Ley Orgánica del Trabajo y otras normativas de protección laboral, porque entre los empleados cesanteados en la última semana hay mujeres embarazadas o recién paridas y personas que estaban de reposo médico.
En la lista de trabajadores desincorporados figuran por igual personal contratado y nómina fija con más de 20 años de servicio. Muchos, de hecho, pensaban que recibirían una jubilación especial y en lugar de eso obtuvieron una carta de despido.
Protesta indefinida. Los empleados del Ministerio de Planificación y Finanzas aseguraron que mantendrán la protesta hasta que obtengan una respuesta satisfactoria a sus reclamos laborales. "Aquí no entrará ni saldrá nadie hasta que no haya una decisión por parte del Estado", dijo Carvallo.
Hasta ayer en la tarde el único contacto de los manifestantes fue con el Jefe de Seguridad del despacho, quien les planteó reuniones individuales para que cada trabajador afectado presentará su caso a las autoridades. Pero la propuesta fue rechazada.
La medida de protesta es promovida por la Federación Nacional de Obreros Dependientes del Estado, el Sindicato Nacional de Obreros Públicos y el Sindicato Único de Obreros Dependientes del Estado. También cuenta con el apoyo de la Asociación Sindical de Profesionales, Técnicos y Administrativos del Ministerio de Finanzas.
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Los empleados también rechazan el otorgamiento de jubilaciones obligatorias en condiciones desfavorables. "Pretenden jubilar a las personas con menos de 50% del sueldo. A una señora que ganaba casi 3.000 bolívares le ofrecieron el salario mínimo de pensión", denunció Frank Carvallo, representante sindical.
Los despidos y las jubilaciones forman parte del proceso de reestructuración iniciado por el ministro Jorge Giordani en febrero de este año, tras la decisión presidencial de fusionar los antiguos despachos de Economía y Finanzas, y Planificación y Desarrollo.
Carvallo señaló que al tomar estas medidas las autoridades incumplieron el convenio firmado con el sindicato para informar cualquier decisión relacionada con el proceso de reestructuración del ministerio que pudiese perjudicar a los trabajadores.
Agregó que la decisión se contradice con el decreto de inamovilidad laboral para los empleados privados y públicos, vigente desde 2002, y que el presidente Hugo Chávez prorrogó recientemente por décima ocasión consecutiva hasta el 31 de diciembre de 2011. También dijo que los despidos violan la Ley Orgánica del Trabajo y otras normativas de protección laboral, porque entre los empleados cesanteados en la última semana hay mujeres embarazadas o recién paridas y personas que estaban de reposo médico.
En la lista de trabajadores desincorporados figuran por igual personal contratado y nómina fija con más de 20 años de servicio. Muchos, de hecho, pensaban que recibirían una jubilación especial y en lugar de eso obtuvieron una carta de despido.
Protesta indefinida. Los empleados del Ministerio de Planificación y Finanzas aseguraron que mantendrán la protesta hasta que obtengan una respuesta satisfactoria a sus reclamos laborales. "Aquí no entrará ni saldrá nadie hasta que no haya una decisión por parte del Estado", dijo Carvallo.
Hasta ayer en la tarde el único contacto de los manifestantes fue con el Jefe de Seguridad del despacho, quien les planteó reuniones individuales para que cada trabajador afectado presentará su caso a las autoridades. Pero la propuesta fue rechazada.
La medida de protesta es promovida por la Federación Nacional de Obreros Dependientes del Estado, el Sindicato Nacional de Obreros Públicos y el Sindicato Único de Obreros Dependientes del Estado. También cuenta con el apoyo de la Asociación Sindical de Profesionales, Técnicos y Administrativos del Ministerio de Finanzas.
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jueves, 16 de diciembre de 2010
Obreros de El Encantado exigieron pago de pasivos
Obreros del conjunto residencial El Encantado, expropiado por el Gobierno en noviembre, trancaron ayer la avenida Francisco de Miranda frente a la sede del Ministerio de Vivienda y Hábitat en Chacao para protestar contra el retraso en la cancelación de reivindicaciones laborales.
Los trabajadores aseguraron que la junta interventora del conjunto, aunque ha cancelado el salario semanal, incumplió el compromiso de honrar los otros pasivos laborales (ticket alimento, horas extras, prestaciones y utilidades) el 30 de noviembre y también la prórroga que se venció ayer.
Néstor Esparza afirmó que antes de la expropiación nunca tuvieron problemas con el pago. "La constructora privada siempre nos cancelaba a tiempo. Ahora todas las semanas nos pagan con retraso el viernes en la tarde o el sábado y nos deben los beneficios".
Calculó que el monto adeudado a cada obrero varía entre 25.000 y 50.000 bolívares, dependiendo de la antigüedad. "Somos 650 trabajadores afectados. La junta interventora dijo que había 7 millardos en caja para asumir los compromisos laborales, no entendemos por qué no lo han hecho".
Herbin Moreno aseguró que la demora en los pagos es injusto porque ellos han cumplido con sus labores e incluso han trabajado horas extras a petición de la junta interventora para acelerar la construcción del conjunto residencial. "Desde la expropiación se han entregado más de 50 apartamentos".
Moreno denunció que la encargada de la junta interventora ignoró los reclamos de los obreros y amenazó con llamar al Ministerio del Trabajo para aplicarles la cláusula de abandono del puesto si salían a manifestar.
Cambio de mando. El Ministerio de Vivienda y Hábitat designó las juntas administradoras de los conjuntos residenciales El Encantado, El Fortín, Lomas de la Hacienda, Mata Linda y San Antonio mediante resoluciones publicadas en la Gaceta Oficial 39573.
Las juntas se encargarán de los actos administrativos necesarios para mantener la continuidad de las obras incluidos pagos a obreros y proveedores y para otorgar la propiedad de las viviendas culminadas, según las resoluciones. Cada mes deberán presentar un informe de gestión al ministerio.
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Los trabajadores aseguraron que la junta interventora del conjunto, aunque ha cancelado el salario semanal, incumplió el compromiso de honrar los otros pasivos laborales (ticket alimento, horas extras, prestaciones y utilidades) el 30 de noviembre y también la prórroga que se venció ayer.
Néstor Esparza afirmó que antes de la expropiación nunca tuvieron problemas con el pago. "La constructora privada siempre nos cancelaba a tiempo. Ahora todas las semanas nos pagan con retraso el viernes en la tarde o el sábado y nos deben los beneficios".
Calculó que el monto adeudado a cada obrero varía entre 25.000 y 50.000 bolívares, dependiendo de la antigüedad. "Somos 650 trabajadores afectados. La junta interventora dijo que había 7 millardos en caja para asumir los compromisos laborales, no entendemos por qué no lo han hecho".
Herbin Moreno aseguró que la demora en los pagos es injusto porque ellos han cumplido con sus labores e incluso han trabajado horas extras a petición de la junta interventora para acelerar la construcción del conjunto residencial. "Desde la expropiación se han entregado más de 50 apartamentos".
Moreno denunció que la encargada de la junta interventora ignoró los reclamos de los obreros y amenazó con llamar al Ministerio del Trabajo para aplicarles la cláusula de abandono del puesto si salían a manifestar.
Cambio de mando. El Ministerio de Vivienda y Hábitat designó las juntas administradoras de los conjuntos residenciales El Encantado, El Fortín, Lomas de la Hacienda, Mata Linda y San Antonio mediante resoluciones publicadas en la Gaceta Oficial 39573.
Las juntas se encargarán de los actos administrativos necesarios para mantener la continuidad de las obras incluidos pagos a obreros y proveedores y para otorgar la propiedad de las viviendas culminadas, según las resoluciones. Cada mes deberán presentar un informe de gestión al ministerio.
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martes, 7 de diciembre de 2010
Bs 5,9 millardos darán para los aguinaldos
El Gobierno continúa buscando los recursos para completar el pago de la bonificación navideña de los empleados públicos, que este año decidió cancelar de manera fraccionada que generó malestar en los trabajadores por los problemas de flujo de caja que tiene la Tesorería nacional.
La Asamblea Nacional tiene previsto aprobar hoy un crédito adicional de 5,9 millardos de bolívares para el pago de aguinaldos en los ministerios de Agricultura; Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedia; Defensa; Educación y Trabajo, y en los organismos adscritos a estos despachos.
Fuentes de la Comisión de Finanzas explicaron que se trata de la última fracción de los recursos solicitados por el Ejecutivo para hacer frente al pago de la bonificación navideña. El Parlamento aprobó hace dos semanas un crédito de 9,09 millardos de bolívares para el mismo fin.
El pago de aguinaldos en el sector público ha variado de acuerdo con la disponibilidad financiera de cada organismo. El cronograma de la Oficina Nacional del Tesoro muestra que esta semana se cancelarán 3,5 millardos de bolívares (46,6% del desembolso previsto) por ese concepto.
Además de aprobar más recursos para el pago de la bonificación navideña de los empleados públicos, los diputados también prevén realizar hoy la segunda discusión de los proyectos de ley de presupuesto y ley de endeudamiento para 2011, así como del documento de ingresos y gastos del Poder Legislativo.
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La Asamblea Nacional tiene previsto aprobar hoy un crédito adicional de 5,9 millardos de bolívares para el pago de aguinaldos en los ministerios de Agricultura; Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedia; Defensa; Educación y Trabajo, y en los organismos adscritos a estos despachos.
Fuentes de la Comisión de Finanzas explicaron que se trata de la última fracción de los recursos solicitados por el Ejecutivo para hacer frente al pago de la bonificación navideña. El Parlamento aprobó hace dos semanas un crédito de 9,09 millardos de bolívares para el mismo fin.
El pago de aguinaldos en el sector público ha variado de acuerdo con la disponibilidad financiera de cada organismo. El cronograma de la Oficina Nacional del Tesoro muestra que esta semana se cancelarán 3,5 millardos de bolívares (46,6% del desembolso previsto) por ese concepto.
Además de aprobar más recursos para el pago de la bonificación navideña de los empleados públicos, los diputados también prevén realizar hoy la segunda discusión de los proyectos de ley de presupuesto y ley de endeudamiento para 2011, así como del documento de ingresos y gastos del Poder Legislativo.
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jueves, 25 de noviembre de 2010
Aprueban más recursos para pagar aguinaldos atrasados
La Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional dio el visto bueno a un crédito adicional por 730,8 millones de bolívares para que el Ministerio de Educación Universitaria pague 30% pendiente de la bonificación navideña a los empleados de las 23 casas de estudios superiores adscritas al despacho.
El Parlamento ha acelerado la aprobación de recursos extraordinarios para que la administración pública se ponga al día con el pago de aguinaldos. Trabajadores de organismos gubernamentales protestaron recientemente por la decisión de cancelarles el beneficio de manera fraccionada.
La semana pasada fue autorizado un crédito adicional por 9 millardos de bolívares para varios entes del Estado. El diputado Ricardo Sanguino, presidente de la Comisión de Finanzas, informó que está pendiente otra solicitud, por 6 millardos de bolívares, para el pago de aguinaldos.
Ayer también aprobaron un crédito adicional de 22,8 millones de bolívares para cancelar las prestaciones de 521 trabajadores despedidos de la Alcaldía del municipio Guaicaipuro (Los Teques) en 1991. El Ministerio del Turismo recibió autorización para pagar al personal contratado con 1,1 millones de bolívares que estaban destinados a otros fines en el presupuesto de 2010.
Sólo un cambio. Sanguino aseguró que la Comisión de Finanzas terminó la consulta sobre las leyes de endeudamiento y de presupuesto de 2011, y espera presentar en plenaria los informes acerca de ambas normativas para la segunda discusión el 9 de diciembre.
Agregó que el único cambio que los parlamentarios harán al presupuesto es la incorporación de la distribución de gastos del Consejo Federal de Gobierno, ya se sabe que contará con 10,6 millardos de bolívares, pues la secretaría del organismo aprobó los criterios para asignar los recursos.
Sobre la ley de instituciones del sector bancario, aprobada en primera instancia hace 15 días, Sanguino indicó que la consulta pública finaliza esta semana y que la segunda discusión en plenaria será antes del 15 de diciembre, cuando termina el período de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional.
El parlamentario también espera presentar antes de esa fecha el proyecto de ley de banca pública, para que sea aprobado en primera discusión. El objetivo es que el segundo debate sobre la legislación se haga en sesiones extraordinarias. Aclaró que la convocatoria corresponde a la directiva.
Publicado en El Nacional
El Parlamento ha acelerado la aprobación de recursos extraordinarios para que la administración pública se ponga al día con el pago de aguinaldos. Trabajadores de organismos gubernamentales protestaron recientemente por la decisión de cancelarles el beneficio de manera fraccionada.
La semana pasada fue autorizado un crédito adicional por 9 millardos de bolívares para varios entes del Estado. El diputado Ricardo Sanguino, presidente de la Comisión de Finanzas, informó que está pendiente otra solicitud, por 6 millardos de bolívares, para el pago de aguinaldos.
Ayer también aprobaron un crédito adicional de 22,8 millones de bolívares para cancelar las prestaciones de 521 trabajadores despedidos de la Alcaldía del municipio Guaicaipuro (Los Teques) en 1991. El Ministerio del Turismo recibió autorización para pagar al personal contratado con 1,1 millones de bolívares que estaban destinados a otros fines en el presupuesto de 2010.
Sólo un cambio. Sanguino aseguró que la Comisión de Finanzas terminó la consulta sobre las leyes de endeudamiento y de presupuesto de 2011, y espera presentar en plenaria los informes acerca de ambas normativas para la segunda discusión el 9 de diciembre.
Agregó que el único cambio que los parlamentarios harán al presupuesto es la incorporación de la distribución de gastos del Consejo Federal de Gobierno, ya se sabe que contará con 10,6 millardos de bolívares, pues la secretaría del organismo aprobó los criterios para asignar los recursos.
Sobre la ley de instituciones del sector bancario, aprobada en primera instancia hace 15 días, Sanguino indicó que la consulta pública finaliza esta semana y que la segunda discusión en plenaria será antes del 15 de diciembre, cuando termina el período de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional.
El parlamentario también espera presentar antes de esa fecha el proyecto de ley de banca pública, para que sea aprobado en primera discusión. El objetivo es que el segundo debate sobre la legislación se haga en sesiones extraordinarias. Aclaró que la convocatoria corresponde a la directiva.
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miércoles, 24 de noviembre de 2010
Trabajadores de Bolívar exigen pago a Min-Vivienda
Trabajadores de la segunda etapa del conjunto residencial Altos de Cayaurima II, en Ciudad Bolívar, tomaron el edificio del Ministerio de Vivienda y Hábitat en Chacao (antiguo Inavi) para exigir a ese despacho que asuma el pago de sus reivindicaciones laborales.
Carlos Guzmán, vocero de los trabajadores, denunció que la empresa brasileña Consilux contratada por el Gobierno, según un convenio bilateral, para edificar la obra paralizó la construcción y tiene más de un año sin pagarle a 580 empleados.
Aseguró que sus reclamos no han sido escuchados en Ciudad Bolívar ni en Caracas. A la capital llegaron hace tres meses para llevar el caso a la Asamblea Nacional, la Inspectoría del Trabajo y a la oficina de la Presidencia de la República, pero no han logrado una respuesta satisfactoria.
El martes, luego de otra reunión en el Ministerio de Vivienda y Hábitat sin resultados, 30 trabajadores decidieron permanecer en el edificio y declararse en huelga de hambre, relató Guzmán. "No levantaremos la protesta hasta que tengamos una fecha de pago", agregó el vocero de los trabajadores.
Guzmán hizo un llamado a la Defensoría del Pueblo para que garantice los derechos de los manifestantes, pues funcionarios del despacho han amenazado con llamar a fuerzas policiales para desalojarlos del lugar.
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Carlos Guzmán, vocero de los trabajadores, denunció que la empresa brasileña Consilux contratada por el Gobierno, según un convenio bilateral, para edificar la obra paralizó la construcción y tiene más de un año sin pagarle a 580 empleados.
Aseguró que sus reclamos no han sido escuchados en Ciudad Bolívar ni en Caracas. A la capital llegaron hace tres meses para llevar el caso a la Asamblea Nacional, la Inspectoría del Trabajo y a la oficina de la Presidencia de la República, pero no han logrado una respuesta satisfactoria.
El martes, luego de otra reunión en el Ministerio de Vivienda y Hábitat sin resultados, 30 trabajadores decidieron permanecer en el edificio y declararse en huelga de hambre, relató Guzmán. "No levantaremos la protesta hasta que tengamos una fecha de pago", agregó el vocero de los trabajadores.
Guzmán hizo un llamado a la Defensoría del Pueblo para que garantice los derechos de los manifestantes, pues funcionarios del despacho han amenazado con llamar a fuerzas policiales para desalojarlos del lugar.
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sábado, 20 de noviembre de 2010
Garantizan recursos para aguinaldos
A pesar de que la Asamblea Nacional aprobó el jueves un crédito adicional por 9,09 millardos de bolívares para cancelar aguinaldos a los trabajadores de la administración pública, en algunos organismos gubernamentales persiste el malestar por el anuncio de que el pago será fraccionado.
El diputado Simón Escalona, vicepresidente de la Comisión de Finanzas del Parlamento, hizo un llamado a trabajadores y jubilados del sector público para que no se alerten por la medida, que en su opinión no está relacionada con la carencia de recursos sino con el flujo de caja de cada institución del Estado.
Indicó que organismos como el Banco Central de Venezuela y la Gobernación de Vargas ya cancelaron la totalidad de la bonificación de 90 días decretada por el presidente Hugo Chávez. Otros como la Asamblea Nacional decidieron pagarla en 2 partes y algunos han dicho que lo dividirán en 3 porciones.
Agregó que los recursos para cancelar los aguinaldos de todos los empleados y jubilados de la administración pública están garantizados porque, además del dinero autorizado el jueves, el Ministerio de Planificación y Finanzas pedirá un crédito adicional por 8 millardos de bolívares en los próximos días.
La aprobación de los recursos extraordinarios fue necesaria, según Escalona, porque el monto establecido en el presupuesto de 2010 para la bonificación navideña no tomaba en cuenta la incidencia del aumento salarial –10% en marzo y 15% en mayo– en el pago de este beneficio.
Aseguró que la cancelación de los aguinaldos en noviembre ha sido una práctica permanente desde que Chávez asumió la Presidencia en 1999, "mientras que administraciones anteriores hacían esperar a los trabajadores hasta el 15 de diciembre".
Publicado en El Nacional
El diputado Simón Escalona, vicepresidente de la Comisión de Finanzas del Parlamento, hizo un llamado a trabajadores y jubilados del sector público para que no se alerten por la medida, que en su opinión no está relacionada con la carencia de recursos sino con el flujo de caja de cada institución del Estado.
Indicó que organismos como el Banco Central de Venezuela y la Gobernación de Vargas ya cancelaron la totalidad de la bonificación de 90 días decretada por el presidente Hugo Chávez. Otros como la Asamblea Nacional decidieron pagarla en 2 partes y algunos han dicho que lo dividirán en 3 porciones.
Agregó que los recursos para cancelar los aguinaldos de todos los empleados y jubilados de la administración pública están garantizados porque, además del dinero autorizado el jueves, el Ministerio de Planificación y Finanzas pedirá un crédito adicional por 8 millardos de bolívares en los próximos días.
La aprobación de los recursos extraordinarios fue necesaria, según Escalona, porque el monto establecido en el presupuesto de 2010 para la bonificación navideña no tomaba en cuenta la incidencia del aumento salarial –10% en marzo y 15% en mayo– en el pago de este beneficio.
Aseguró que la cancelación de los aguinaldos en noviembre ha sido una práctica permanente desde que Chávez asumió la Presidencia en 1999, "mientras que administraciones anteriores hacían esperar a los trabajadores hasta el 15 de diciembre".
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jueves, 18 de noviembre de 2010
Aprobaron dinero para cancelar aguinaldos
La Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional aprobó un crédito adicional por 9,09 millardos de bolívares, dirigido a los organismos de la administración pública, para cancelar la primera porción de los 90 días de aguinaldo que decretó el Gobierno para trabajadores y jubilados.
El diputado Andrés Eloy Méndez señaló que el pago de aguinaldos se hará de manera fraccionada por los problemas de flujo de caja que ha afrontado la Tesorería. Agregó que es una erogación muy elevada para el Estado, porque son 2,3 millones de trabajadores y 4 millones de jubilados.
La instancia parlamentaria también autorizó 1,38 millardos de bolívares en recursos extraordinarios para el Ministerio del Interior y Justicia, que usará el dinero para cancelar a gobernaciones y alcaldías parte del aporte legal por Situado Constitucional.
Igualmente dio el visto bueno a un crédito adicional por 1,04 millardos de bolívares para los proyectos de inversión del Ministerio de Energía Eléctrica y otro por 50 millones de bolívares para el fondo de contingencia del Ministerio de Transporte y Comunicaciones.
Sobre el proyecto de ley de instituciones del sector bancario, el diputado Simón Escalona informó que en los próximos días se convocará una mesa técnica para discutir las observaciones presentadas por instituciones como la Asociación Bancaria, Fogade y la Sudeban.
Publicado en El Nacional
El diputado Andrés Eloy Méndez señaló que el pago de aguinaldos se hará de manera fraccionada por los problemas de flujo de caja que ha afrontado la Tesorería. Agregó que es una erogación muy elevada para el Estado, porque son 2,3 millones de trabajadores y 4 millones de jubilados.
La instancia parlamentaria también autorizó 1,38 millardos de bolívares en recursos extraordinarios para el Ministerio del Interior y Justicia, que usará el dinero para cancelar a gobernaciones y alcaldías parte del aporte legal por Situado Constitucional.
Igualmente dio el visto bueno a un crédito adicional por 1,04 millardos de bolívares para los proyectos de inversión del Ministerio de Energía Eléctrica y otro por 50 millones de bolívares para el fondo de contingencia del Ministerio de Transporte y Comunicaciones.
Sobre el proyecto de ley de instituciones del sector bancario, el diputado Simón Escalona informó que en los próximos días se convocará una mesa técnica para discutir las observaciones presentadas por instituciones como la Asociación Bancaria, Fogade y la Sudeban.
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martes, 16 de noviembre de 2010
Los sueldos suben más en la empresa privada
El ritmo de crecimiento de los ingresos del personal de la empresa privada durante 2010 duplica al de los empleados de la administración pública, según el índice de remuneraciones de los asalariados, que el Banco Central de Venezuela publica cada trimestre.
Los sueldos de los trabajadores del sector privado aumentaron 5,2% en el primer trimestre, 7,9% en el segundo y 9,7% en el tercero, para un acumulado de 24,5% durante los primeros 9 meses del año. En comparación con igual período de 2009, el incremento es de 27,4%.
Los salarios de los empleados públicos, en cambio, subieron 3% en el primer trimestre y 6,8% en el segundo, mientras que permanecieron iguales en el tercero. El alza acumulada en 2010 es 9,9%, similar a la variación anualizada, ya que en el cuarto trimestre del año pasado tampoco hubo incremento.
El comportamientodel índice de remuneraciones en 2010 repite lo sucedido en 2009, cuando los sueldos del sector privado crecieron 22,2% y los de la administración pública 19,1%. Entre 2004 y 2008, el Gobierno fue el que llevó la batuta en lo que se refiere a incrementos salariales.
Por debajo de la inflación. El índice de remuneraciones de los asalariados, en general, muestra un crecimiento de 19,8% de enero a septiembre y de 21,7% en los últimos 12 meses. Ambos porcentajes están por debajo de los aumentos registrados en el índice de precios al consumidor.
Al cierre del tercer trimestre la inflación acumulada era 21,2%, mientras que la anualizada era 27,9%. La comparación con el índice de remuneraciones refleja una caída del poder adquisitivo de 1,2% durante el año y 4,8% en los últimos 12 meses.
El retroceso de la capacidad de compra fue reconocido por el BCV. "La cantidad de bienes y servicios de consumo familiar que se puede adquirir es menor en 7,4 puntos porcentuales con respecto al tercer trimestre de 2009", indicó el instituto emisor.
Las remuneraciones se encaminan hacia su cuarto año consecutivo con alzas inferiores a la inflación. La última vez que aumentaron más que los precios fue en 2006.
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Los sueldos de los trabajadores del sector privado aumentaron 5,2% en el primer trimestre, 7,9% en el segundo y 9,7% en el tercero, para un acumulado de 24,5% durante los primeros 9 meses del año. En comparación con igual período de 2009, el incremento es de 27,4%.
Los salarios de los empleados públicos, en cambio, subieron 3% en el primer trimestre y 6,8% en el segundo, mientras que permanecieron iguales en el tercero. El alza acumulada en 2010 es 9,9%, similar a la variación anualizada, ya que en el cuarto trimestre del año pasado tampoco hubo incremento.
El comportamientodel índice de remuneraciones en 2010 repite lo sucedido en 2009, cuando los sueldos del sector privado crecieron 22,2% y los de la administración pública 19,1%. Entre 2004 y 2008, el Gobierno fue el que llevó la batuta en lo que se refiere a incrementos salariales.
Por debajo de la inflación. El índice de remuneraciones de los asalariados, en general, muestra un crecimiento de 19,8% de enero a septiembre y de 21,7% en los últimos 12 meses. Ambos porcentajes están por debajo de los aumentos registrados en el índice de precios al consumidor.
Al cierre del tercer trimestre la inflación acumulada era 21,2%, mientras que la anualizada era 27,9%. La comparación con el índice de remuneraciones refleja una caída del poder adquisitivo de 1,2% durante el año y 4,8% en los últimos 12 meses.
El retroceso de la capacidad de compra fue reconocido por el BCV. "La cantidad de bienes y servicios de consumo familiar que se puede adquirir es menor en 7,4 puntos porcentuales con respecto al tercer trimestre de 2009", indicó el instituto emisor.
Las remuneraciones se encaminan hacia su cuarto año consecutivo con alzas inferiores a la inflación. La última vez que aumentaron más que los precios fue en 2006.
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jueves, 4 de noviembre de 2010
Trabajadores de Sidetur continuarán protestas
Trabajadores de la Siderúrgica del Turbio manifestaron ayer en la planta de Antímano, junto con vecinos de Carapita y La Yaguara, para rechazar la expropiación. "Continuaremos con las protestas contra la medida, porque es arbitraria y absurda", dijo Claudia Tepedino, empleada de Sidetur.
Agregó que no entienden las razones de la expropiación porque el Estado ya controlaba una parte importante del mercado. "Con la compra de Sidor, la planta de más producción, no había necesidad de tomar medidas contra Sidetur".
La planta de Antímano ayer fue sometida a una medida de ocupación temporal e intervención administrativa por parte del Indepabis. Sidetur rechazó en un comunicado la decisión porque carece de fundamentos legales.
La empresa afirma que el Indepabis basó su decisión en un recorrido que hizo 20 minutos antes de que comenzara el turno de trabajo del lunes, mientras los trabajadores estaban reunidos en asamblea con funcionarios del Gobierno para evaluar la expropiación.
Fitch Ratings, en tanto, colocó "en revisión con implicaciones negativas" la calificación de Sidetur. "La decisión refleja la incertidumbre sobre el momento exacto en que será completada la nacionalización y la incidencia del proceso en las operaciones de la empresa", dijo la firma, reseñó Reuters.
Publicado en El Nacional
Agregó que no entienden las razones de la expropiación porque el Estado ya controlaba una parte importante del mercado. "Con la compra de Sidor, la planta de más producción, no había necesidad de tomar medidas contra Sidetur".
La planta de Antímano ayer fue sometida a una medida de ocupación temporal e intervención administrativa por parte del Indepabis. Sidetur rechazó en un comunicado la decisión porque carece de fundamentos legales.
La empresa afirma que el Indepabis basó su decisión en un recorrido que hizo 20 minutos antes de que comenzara el turno de trabajo del lunes, mientras los trabajadores estaban reunidos en asamblea con funcionarios del Gobierno para evaluar la expropiación.
Fitch Ratings, en tanto, colocó "en revisión con implicaciones negativas" la calificación de Sidetur. "La decisión refleja la incertidumbre sobre el momento exacto en que será completada la nacionalización y la incidencia del proceso en las operaciones de la empresa", dijo la firma, reseñó Reuters.
Publicado en El Nacional
miércoles, 3 de noviembre de 2010
Trabajadores de Sidetur rechazan expropiación
La decisión del presidente Hugo Chávez de expropiar la Siderúrgica del Turbio no cuenta con el respaldo de la mayoría de los trabajadores, aseguró personal de la compañía mediante un comunicado difundido ayer en la tarde para rechazar la medida gubernamental.
El documento -suscrito por empleados de las plantas de Sidetur en Carabobo, Distrito Capital, Lara y Miranda- señala que la empresa vende sus productos a los precios regulados y que esto ha sido verificado por el Indepabis durante las fiscalizaciones realizadas en los últimos años.
También dice que Sidetur cumple plenamente los compromisos contractuales adquiridos con sus trabajadores y está comprometida con el mejoramiento de la calidad de vida de su personal en aspectos como salud, salarios y formación profesional, entre otros.
Los empleados aseguran que la capacidad de producción se mantiene al tope y que la fabricación se ha reducido por el racionamiento eléctrico de principios de año y "la huelga injustificada promovida por el sindicato bolivariano de la planta Casima, en Puerto Ordaz, desde marzo de 2010".
A media máquina. Además de suscribir el comunicado, los trabajadores de Sidetur Valencia se reunieron a las afueras de la planta para rechazar la expropiación. Aseguran que no desean laborar en una empresa socialista, porque en la práctica ninguna ha sido eficiente. Informaron que las actividades se ejecutan a 50% de la capacidad en señal de protesta.
Explicaron que la planta Valencia elabora 60% de las mallas electrosoldadas que se comercializan en el país. "Eso se va a acabar, no va a seguir funcionando. Con qué van a seguir construyendo las viviendas", indicó Carlos León, trabajador con 25 años dentro de la compañía.
Aseguró que existe un gran descontento entre las 260 personas que laboran en la planta de Carabobo. "La medida de tomar la empresa puede dejar a nuestros compañeros sin trabajo. A escala nacional somos 1.800 trabajadores. En Valencia, aproximadamente 80% de la nómina mensual está colocando su renuncia, así como 20% de la nómina diaria, que son los más antiguos de la empresa", aseveró.
Un ejemplo de mala gerencia, dijo, es la empresa Rualca, ubicada enfrente de Sidetur, que desde que la tomó el Gobierno ha estado cerrada. "En principio iban a hacer los rines, luego rines de bicicletas, después cambiaron a ollas y luego a cucharones, pero no están haciendo nada". A su juicio, el Gobierno no tiene la capacidad para manejar la empresa, por esta razón comenzaron a recoger firmas para tratar de revertir la medida de expropiación de Sidetur.
En las dos sedes de la empresa en el estado Lara, la actividad se desarrolló con normalidad, aunque se mantiene la incertidumbre entre los empleados en vista de que no tienen información concreta acerca de lo que sucederá con sus puestos de trabajo, señaló un obrero.
Ayer en la tarde todavía no había custodia militar en el área externa de las sedes, situadas en la Zona Industrial 1 de la capital larense, pero si se observaron guardias nacionales resguardando el patio interno de la planta Barquisimeto.
Alrededor de 17.000 toneladas de palanquillas permanecen en los patios de la planta Casima, en Ciudad Guayana, debido a que los trabajadores la tienen paralizada desde marzo. Ahora, con la expropiación están dispuestos a levantar el paro.
Escrito junto con Equipo de Corresponsales
Publicado en El Nacional
El documento -suscrito por empleados de las plantas de Sidetur en Carabobo, Distrito Capital, Lara y Miranda- señala que la empresa vende sus productos a los precios regulados y que esto ha sido verificado por el Indepabis durante las fiscalizaciones realizadas en los últimos años.
También dice que Sidetur cumple plenamente los compromisos contractuales adquiridos con sus trabajadores y está comprometida con el mejoramiento de la calidad de vida de su personal en aspectos como salud, salarios y formación profesional, entre otros.
Los empleados aseguran que la capacidad de producción se mantiene al tope y que la fabricación se ha reducido por el racionamiento eléctrico de principios de año y "la huelga injustificada promovida por el sindicato bolivariano de la planta Casima, en Puerto Ordaz, desde marzo de 2010".
A media máquina. Además de suscribir el comunicado, los trabajadores de Sidetur Valencia se reunieron a las afueras de la planta para rechazar la expropiación. Aseguran que no desean laborar en una empresa socialista, porque en la práctica ninguna ha sido eficiente. Informaron que las actividades se ejecutan a 50% de la capacidad en señal de protesta.
Explicaron que la planta Valencia elabora 60% de las mallas electrosoldadas que se comercializan en el país. "Eso se va a acabar, no va a seguir funcionando. Con qué van a seguir construyendo las viviendas", indicó Carlos León, trabajador con 25 años dentro de la compañía.
Aseguró que existe un gran descontento entre las 260 personas que laboran en la planta de Carabobo. "La medida de tomar la empresa puede dejar a nuestros compañeros sin trabajo. A escala nacional somos 1.800 trabajadores. En Valencia, aproximadamente 80% de la nómina mensual está colocando su renuncia, así como 20% de la nómina diaria, que son los más antiguos de la empresa", aseveró.
Un ejemplo de mala gerencia, dijo, es la empresa Rualca, ubicada enfrente de Sidetur, que desde que la tomó el Gobierno ha estado cerrada. "En principio iban a hacer los rines, luego rines de bicicletas, después cambiaron a ollas y luego a cucharones, pero no están haciendo nada". A su juicio, el Gobierno no tiene la capacidad para manejar la empresa, por esta razón comenzaron a recoger firmas para tratar de revertir la medida de expropiación de Sidetur.
En las dos sedes de la empresa en el estado Lara, la actividad se desarrolló con normalidad, aunque se mantiene la incertidumbre entre los empleados en vista de que no tienen información concreta acerca de lo que sucederá con sus puestos de trabajo, señaló un obrero.
Ayer en la tarde todavía no había custodia militar en el área externa de las sedes, situadas en la Zona Industrial 1 de la capital larense, pero si se observaron guardias nacionales resguardando el patio interno de la planta Barquisimeto.
Alrededor de 17.000 toneladas de palanquillas permanecen en los patios de la planta Casima, en Ciudad Guayana, debido a que los trabajadores la tienen paralizada desde marzo. Ahora, con la expropiación están dispuestos a levantar el paro.
Escrito junto con Equipo de Corresponsales
Publicado en El Nacional
sábado, 18 de septiembre de 2010
Trabajadores de Polar rechazan ataques de Chávez
Los trabajadores de Cervecería Polar y Pepsi-Cola de Venezuela rechazaron la amenaza presidencial de usar las instalaciones de ambas empresas en la zona industrial de Los Cortijos, en el este de Caracas, para desarrollar un proyecto de construcción de viviendas.
"No estamos de acuerdo con que el presidente Chávez quiera sacar la planta de Los Cortijos para hacer casas. No aceptaremos que nos quiten nuestros empleos", afirmó Frank Quijada, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores Refresqueros, Cerveceros, Licoreros y Vinícolas.
Wladimir Camargo, presidente del Sindicato de Trabajadores Bolivarianos de Pepsi, hizo un llamado al mandatario para que reflexione sobre el tema. "No vamos a permitir que se vean afectados nuestros puestos de trabajo. No vamos a permitir que nos quiten nuestra arepa".
Quijada aseguró haber apoyado a Chávez en decisiones como la toma de la planta de arroz en Calabozo el año pasado. "Yo creí que usted tenía la razón y lo dije en el programa Dando y Dando". Pero aclaró que esta vez no puede respaldarlo.
Destacó que la expropiación de las instalaciones de Los Cortijos no perjudica a Lorenzo Mendoza, propietario de Empresas Polar, sino a 4.000 trabajadores que mantienen a sus familias con el fruto de su labor. "Sería quitarle el pan a unos para dárselo a otros".
Agregó que si el Gobierno en realidad quiere construir viviendas en Caracas puede evaluar otros lugares donde hacerlo. "Aquí mismo está La Carlota, ¿Por qué no las hace allí? O mejor aún, ese ícono de la cuarta república y del capitalismo que es La Casona. ¿Por qué no la tumba para hacer casas?".
Negocio lícito. Los dirigentes sindicales de Empresas Polar objetaron la retención ilegal de camiones de cervezas por organismos de seguridad, así como la amenaza presidencial de expropiar estos vehículos para usarlos en la distribución de alimentos.
Quijada informó que 80% de los camiones no son propiedad de Empresas Polar sino de los trabajadores que los manejan. "Cuando las autoridades retienen un vehículo no le hacen daño a Mendoza sino a la familia de ese chofer que se quedará sin el sustento diario".
Agregó que la venta de cerveza es un negocio permitido por las leyes y descartó que el consumo de esta bebida sea la causa de la inseguridad, como ha dicho Chávez en varias ocasiones. "En Cuba se vende cerveza y allí no matan a nadie".
Polar también señaló –en un comunicado– que la producción, distribución, venta y consumo de cerveza son actividades lícitas, que además generan empleo y aportes al Fisco.
Ratificó que, en el caso de esa compañía, el transporte está a cargo de más de 1.500 microempresarios que forman parte de la Red de Franquicias de Distribución Polar.
"Vemos con preocupación las detenciones arbitrarias de los camiones con cerveza. Estas acciones los dejan a todos ellos sin su fuente de sustento, que ha sido obtenida gracias a su esfuerzo legítimo y honesto", indicó.
Publicado en El Nacional
Wladimir Camargo, presidente del Sindicato de Trabajadores Bolivarianos de Pepsi, hizo un llamado al mandatario para que reflexione sobre el tema. "No vamos a permitir que se vean afectados nuestros puestos de trabajo. No vamos a permitir que nos quiten nuestra arepa".
Quijada aseguró haber apoyado a Chávez en decisiones como la toma de la planta de arroz en Calabozo el año pasado. "Yo creí que usted tenía la razón y lo dije en el programa Dando y Dando". Pero aclaró que esta vez no puede respaldarlo.
Destacó que la expropiación de las instalaciones de Los Cortijos no perjudica a Lorenzo Mendoza, propietario de Empresas Polar, sino a 4.000 trabajadores que mantienen a sus familias con el fruto de su labor. "Sería quitarle el pan a unos para dárselo a otros".
Agregó que si el Gobierno en realidad quiere construir viviendas en Caracas puede evaluar otros lugares donde hacerlo. "Aquí mismo está La Carlota, ¿Por qué no las hace allí? O mejor aún, ese ícono de la cuarta república y del capitalismo que es La Casona. ¿Por qué no la tumba para hacer casas?".
Negocio lícito. Los dirigentes sindicales de Empresas Polar objetaron la retención ilegal de camiones de cervezas por organismos de seguridad, así como la amenaza presidencial de expropiar estos vehículos para usarlos en la distribución de alimentos.
Quijada informó que 80% de los camiones no son propiedad de Empresas Polar sino de los trabajadores que los manejan. "Cuando las autoridades retienen un vehículo no le hacen daño a Mendoza sino a la familia de ese chofer que se quedará sin el sustento diario".
Agregó que la venta de cerveza es un negocio permitido por las leyes y descartó que el consumo de esta bebida sea la causa de la inseguridad, como ha dicho Chávez en varias ocasiones. "En Cuba se vende cerveza y allí no matan a nadie".
Polar también señaló –en un comunicado– que la producción, distribución, venta y consumo de cerveza son actividades lícitas, que además generan empleo y aportes al Fisco.
Ratificó que, en el caso de esa compañía, el transporte está a cargo de más de 1.500 microempresarios que forman parte de la Red de Franquicias de Distribución Polar.
"Vemos con preocupación las detenciones arbitrarias de los camiones con cerveza. Estas acciones los dejan a todos ellos sin su fuente de sustento, que ha sido obtenida gracias a su esfuerzo legítimo y honesto", indicó.
Publicado en El Nacional
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