La Confederación de Asociaciones Israelítas de Venezuela invitó a los actos en el país para conmemorar el aniversario de la Noche de los Cristales Rotos, ocurrida el 9 de noviembre de 1938, al abogado y juez argentino Daniel Rafecas, que desde hace 15 años se ha dedicado a estudiar el tema del Holocausto. Afirma que la indignación frente a injusticias suele disminuir cuando se hace algo para reparar o cambiar la situación. "No ha sido el caso del Holocausto. Me generó una indignación que nunca se ha ido y que me impulsa a seguir el camino de investigar, estudiar y extraer las enseñanzas que esos acontecimientos dejaron".
–¿Qué se puede hacer, ahora que quedan menos sobrevivientes, para preservar la memoria del Holocausto?
–Efectivamente nos estamos quedando sin sobrevivientes. Lo que queda es apostar en dos sentidos. Primero comprometer a los países en introducir en los contenidos formales de todos los niveles educativos la historia del Holocausto y del fascismo. Ese debería ser el siguiente paso en Venezuela, donde la Asamblea Nacional sancionó por unanimidad un acuerdo para instaurar la Conmemoración Anual de la Memoria de las Víctimas del Holocausto (27 de enero). Lo segundo es crear conciencia y los medios de comunicación cumplen un papel fundamental porque tienen penetración en todos los niveles sociales y en todas las regiones.
–Ante amenazas como el Estado Islámico, ¿qué importancia tiene recordar el Holocausto?
–Lo que ocurre con el Estado Islámico es un ejemplo de las falencias que tenemos en el mundo: la humanidad no ha recogido todavía las enseñanzas del Holocausto y de otros genocidios (Camboya, Balcanes, Ruanda). Hay una preocupación de la comunidad internacional y destaco la posición del papa Francisco sobre los cristianos que son masacrados y expulsados de sus territorios por una minoría fanática, intolerante y criminal. Eso debería generar un repudio mucho mayor en nuestras sociedades.
–En el caso de América Latina, ¿cómo evalúa la situación de los derechos humanos?
–En líneas generales ha habido una mejora sustancial. Especialmente porque ya no tenemos dictaduras militares, lo que es un gran avance. Por supuesto que tenemos déficits. Pero en el caso de Argentina nos sentimos orgullosos y satisfechos por los logros en las investigaciones judiciales independientes y con respeto al debido proceso de los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura. Un proceso en el cual participo y que ha permitido llevar al banquillo a 1.000 personas y dar reconocimiento a 10.000 víctimas. Argentina lidera un modelo de verdad, justicia y memoria con respecto al pasado de violencia de Estado que es reconocido a nivel mundial.
–¿Qué importancia tienen organismos regionales como Mercosur en la lucha por los derechos humanos?
–En la región tenemos varias instancias para abordar estos asuntos. Históricamente la vía para presionar por el respeto a derechos fundamentales ha sido la OEA, la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Corte. El Mercosur es un ámbito importante, pero limitado a velar o reforzar el cumplimiento de derechos económicos y sociales.
–Los protocolos del Mercosur hablan de reforzar el sistema interamericano de derechos humanos.
–Claro. Es como una confirmación de que la vía institucional que hay en la región para procurar una mejora en los niveles de dignidad y libertad es la CIDH.
–Venezuela decidió abandonar esa instancia. ¿Qué consecuencias tiene eso?
–Es un retroceso porque la CIDH lo que hace es velar por el cumplimiento de cláusulas que están contenidas en las convenciones de derechos humanos firmadas. Prescindir de un tribunal que vela por el cumplimiento de este tipo de derechos en los países miembros, tiene que ser visto como algo lamentable.
–¿Qué pueden hacer las víctimas de abusos que ya no cuentan con la CIDH para lograr justicia?
–Hay un Comité de Derechos Humanos y otras instancias en la ONU. Hay un relator especial contra la tortura, que es el argentino Juan Méndez. También hay un comité contra la desaparición forzada. Hay mecanismos que no dependen de la OEA y que pueden suplir ese vacío al que usted se refiere.
–Ha estado involucrado en casos polémicos como el juicio al actual vicepresidente de Argentina, que tienden a politizarse. ¿Cómo evitarlo?
–Es una buena pregunta y me gustaría tener la respuesta. Haría mucho más llevadera la labor de un juez federal que, le guste o no, tiene que lidiar con cuestiones de la vida política del país. Allí hay una tensión inevitable entre un Poder Judicial independiente y el poder político. Y eso genera muchas veces un intento de politización de los fallos judiciales, que son decisiones técnicas tomadas en un proceso penal a partir de las pruebas que se presentan. La manera de evitarlo es que la clase política tenga un gran respeto por la labor del Poder Judicial, como hay en países desarrollados.
–Eso requiere un sistema judicial con credibilidad. ¿Qué se necesita para lograrlo?
–Hay dos cuestiones fundamentales. Una es la independencia del poder político, garantizada por las reglas de la Constitución. La otra es la autonomía presupuestaria. También se debe contar con un modelo transparente, profesional y serio de designación y remoción de magistrados. Esto es decisivo. La clave del prestigio del Poder Judicial son jueces libres de todo tipo de presión, no solamente del poder político sino también económico y mediático. Esa tranquilidad de espíritu que necesita el juez para hacer su trabajo redunda en un correcto funcionamiento, y hace al sistema judicial predecible y prestigioso.
Publicado en El Nacional
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jueves, 13 de noviembre de 2014
sábado, 26 de julio de 2014
Tribunales solo juzgan a quienes no tienen dinero o piensan distinto
En Venezuela no hay Estado de Derecho y eso lo sienten principalmente las familias de quienes son victimas de las injusticias, dijo el abogado Alberto Arteaga en el foro Los Caminos Perversos de la Justicia, organizado por El Nacional.
Arteaga indicó que la ausencia de Estado de Derecho no es nueva, porque el sistema judicial venezolano siempre ha servido para procesar a un grupo de personas no por los delitos cometidos sino por carecer de los recursos económicos para defenderse.
Agregó que a ese grupo mayoritario se le suman ahora los perseguidos políticos; es decir, aquellos que están siendo juzgados por sus ideas, pensamientos, planes o discursos, como los casos de Leopoldo López y los estudiantes.
El padre de López, Leopoldo López Gil, también afirmó que en el país no hay justicia, aunque aclaró que acudió al foro no como experto en la materia sino como una víctima de la injusticia.
López Gil considera que el gobierno apela a la arbitrariedad y a la persecución porque no está capacitado para resolver la crisis económica ni para contener la protesta legítima que esta genera.
Arteaga recordó que la justicia implica que todas las personas son iguales ante la ley, pero en el país se está juzgando con otro enfoque a quienes piensan distinto del gobierno. "Eso nos remonta a la época oscura del derecho penal nazi en Alemania".
El abogado Antonio Canova señaló que la ausencia de Estado de Derecho se refleja en los tribunales contencioso administrativos, que son los encargados de las disputas contra la administración pública y que en contadas ocasionadas fallan contra esta.
Citó el ejemplo de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, que entre 2007 y 2012 solo declaró con lugar 35 de las 1.191 demandas presentadas contra funcionarios u organismos del Ejecutivo nacional.
El abogado Enrique Sánchez Falcón aseguró que los problemas del sistema judicial tienen dos causas principales. La primera es que en el TSJ, que es la instancia que lo dirige, no hay magistrados sino operadores políticos. La segunda razón es la inexistencia de la carrera judicial.
Explicó que al no haber un régimen que garantice el ingreso, la permanencia y el retiro de los jueces, estos no pueden actuar con autonomía e independencia porque temen que una decisión pueda costarles el cargo.
Los abogados coincidieron en que la justicia es un requisito esencial de la democracia. "Cuando el gobierno hace lo que le da la gana no hay democracia. Estamos en una dictadura", expresó Canova. Arteaga manifestó: "Tendremos un sistema democrático el día en que las leyes de verdad se cumplan".
Publicado en El Nacional
Arteaga indicó que la ausencia de Estado de Derecho no es nueva, porque el sistema judicial venezolano siempre ha servido para procesar a un grupo de personas no por los delitos cometidos sino por carecer de los recursos económicos para defenderse.
Agregó que a ese grupo mayoritario se le suman ahora los perseguidos políticos; es decir, aquellos que están siendo juzgados por sus ideas, pensamientos, planes o discursos, como los casos de Leopoldo López y los estudiantes.
El padre de López, Leopoldo López Gil, también afirmó que en el país no hay justicia, aunque aclaró que acudió al foro no como experto en la materia sino como una víctima de la injusticia.
López Gil considera que el gobierno apela a la arbitrariedad y a la persecución porque no está capacitado para resolver la crisis económica ni para contener la protesta legítima que esta genera.
Arteaga recordó que la justicia implica que todas las personas son iguales ante la ley, pero en el país se está juzgando con otro enfoque a quienes piensan distinto del gobierno. "Eso nos remonta a la época oscura del derecho penal nazi en Alemania".
El abogado Antonio Canova señaló que la ausencia de Estado de Derecho se refleja en los tribunales contencioso administrativos, que son los encargados de las disputas contra la administración pública y que en contadas ocasionadas fallan contra esta.
Citó el ejemplo de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, que entre 2007 y 2012 solo declaró con lugar 35 de las 1.191 demandas presentadas contra funcionarios u organismos del Ejecutivo nacional.
El abogado Enrique Sánchez Falcón aseguró que los problemas del sistema judicial tienen dos causas principales. La primera es que en el TSJ, que es la instancia que lo dirige, no hay magistrados sino operadores políticos. La segunda razón es la inexistencia de la carrera judicial.
Explicó que al no haber un régimen que garantice el ingreso, la permanencia y el retiro de los jueces, estos no pueden actuar con autonomía e independencia porque temen que una decisión pueda costarles el cargo.
Los abogados coincidieron en que la justicia es un requisito esencial de la democracia. "Cuando el gobierno hace lo que le da la gana no hay democracia. Estamos en una dictadura", expresó Canova. Arteaga manifestó: "Tendremos un sistema democrático el día en que las leyes de verdad se cumplan".
Publicado en El Nacional
domingo, 6 de julio de 2014
Escándalo Boudou amenaza a Cristina Kirchner
El proceso judicial contra el vicepresidente de Argentina, Amado Boudou, es uno de los escándalos más graves que ha tenido que enfrentar el gobierno de la presidente Cristina Fernández de Kirchner, ya que sus implicaciones podrían afectar la continuidad del oficialismo en el poder. Es además, la primera vez, en la historia de Argentina que un vicepresidente en funciones es procesado por presunta corrupción.
Marcos Novaro, consejero académico del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina de Argentina, explicó que el juicio contra Boudou no es el único caso que ha afectado el kirchnerismo, ni es el más fuerte en cuanto a la malversación de recursos (como el Caso Báez que comprometió el patrimonio del matrimonio Kirchner), pero generará un alto costo político que debilitará directamente al Ejecutivo "en un momento en que se encuentra agobiado por el litigio del caso de los fondos buitres y por los problemas económicos que sufre el país".
Rosendo Fraga, director del Centro de Estudios Nueva Mayoría de Argentina, abundó en este sentido al destacar que, a diferencia de Venezuela, la justicia en Argentina parece estar menos sesgada. "Hay crecientes muestras de independencia del Poder Judicial, que se ha convertido en un campo de batalla para la política", expresó.
Novaro agregó que el caso Boudou refleja que en Argentina fracasó el intento del Ejecutivo de disciplinar a los jueces y someterlos. "El gobierno de Fernández no pudo cambiar tantos jueces como lo hizo el chavismo en Venezuela", comparó.
Otra particularidad de este juicio ha sido que en Argentina los periodistas han tenido responsabilidad directa en la denuncia y en el seguimiento del caso. Los ciudadanos han conocido los pormenores de una trama que salpica a las altas esferas del gobierno porque los medios han tenido acceso a ello.
Ciccone. El proceso contra Boudou es conocido por la opinión pública como el Caso Ciccone. El juez Ariel Lijo imputó al vicepresidente por haberse quedado a través de la empresa fantasma The Old Found y de un testaferro con 70% de la empresa Ciccone Calcográfica, que tiene el monopolio de la impresión del papel moneda en Argentina, a cambio de haber intervenido para evitar la quiebra de esa firma en 2010, mientras estuvo al frente del Ministerio de Economía.
El fiscal federal de Argentina Jorge Di Lello expresó que si no se presentan otros obstáculos, el juicio contra Boudou se realizará después de julio de 2015, durante el último tramo del mandato de Fernández, ya que las elecciones presidenciales se celebrarán en octubre de ese año.
Lijo presentó como prueba decisiva para dictar la acusación, un cruce de reuniones y llamadas telefónicas realizadas entre los principales acusados (la secretaria de Boudou, Agustina Kämpfer; su asistente, Eduardo Romano; su socio José Núñez Carmona; el testaferro, Alejandro Vandenbroele y el empresario Nicolás Ciccone) que revelan los pormenores del delito. Según consta en el expediente judicial, el asistente del vicepresidente se comunicó numerosas veces con un teléfono de The Old Fund, el misterioso fondo que se quedó con la imprenta de valores.
La situación podría complicarse para el funcionario, que se le vincula con otros delitos como enriquecimiento ilícito, presunta intervención en el financiamiento de la provincia de Formosa y la dudosa compra de un vehículo con documentación falsa.
Fernández designó a Boudou como su compañero de fórmula para las elecciones de 2011. Ha sido criticada por el silencio que ha mantenido acerca del proceso contra su vicepresidente. Fraga consideró que la mandataria, aunque no ha hablado explícitamente del caso, defiende al vicepresidente al atacar fuertemente a la justicia y los medios de comunicación.
El jueves pasado la mayoría oficialista del Congreso dio su respaldo al funcionario al rechazar el juicio político solicitado por la oposición.
Los analistas aseguraron que Bodou se mantendrá en el gobierno, aunque Novaro destacó que su permanencia ha producido divisiones dentro del Ejecutivo. "En el gobierno hay muchos actores que creen que es necesario remover al vicepresidente del cargo por las consecuencias que supone para el poder político", concluyó.
Escrito con Anna Carolina Maier. Publicado en El Nacional
Marcos Novaro, consejero académico del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina de Argentina, explicó que el juicio contra Boudou no es el único caso que ha afectado el kirchnerismo, ni es el más fuerte en cuanto a la malversación de recursos (como el Caso Báez que comprometió el patrimonio del matrimonio Kirchner), pero generará un alto costo político que debilitará directamente al Ejecutivo "en un momento en que se encuentra agobiado por el litigio del caso de los fondos buitres y por los problemas económicos que sufre el país".
Rosendo Fraga, director del Centro de Estudios Nueva Mayoría de Argentina, abundó en este sentido al destacar que, a diferencia de Venezuela, la justicia en Argentina parece estar menos sesgada. "Hay crecientes muestras de independencia del Poder Judicial, que se ha convertido en un campo de batalla para la política", expresó.
Novaro agregó que el caso Boudou refleja que en Argentina fracasó el intento del Ejecutivo de disciplinar a los jueces y someterlos. "El gobierno de Fernández no pudo cambiar tantos jueces como lo hizo el chavismo en Venezuela", comparó.
Otra particularidad de este juicio ha sido que en Argentina los periodistas han tenido responsabilidad directa en la denuncia y en el seguimiento del caso. Los ciudadanos han conocido los pormenores de una trama que salpica a las altas esferas del gobierno porque los medios han tenido acceso a ello.
Ciccone. El proceso contra Boudou es conocido por la opinión pública como el Caso Ciccone. El juez Ariel Lijo imputó al vicepresidente por haberse quedado a través de la empresa fantasma The Old Found y de un testaferro con 70% de la empresa Ciccone Calcográfica, que tiene el monopolio de la impresión del papel moneda en Argentina, a cambio de haber intervenido para evitar la quiebra de esa firma en 2010, mientras estuvo al frente del Ministerio de Economía.
El fiscal federal de Argentina Jorge Di Lello expresó que si no se presentan otros obstáculos, el juicio contra Boudou se realizará después de julio de 2015, durante el último tramo del mandato de Fernández, ya que las elecciones presidenciales se celebrarán en octubre de ese año.
Lijo presentó como prueba decisiva para dictar la acusación, un cruce de reuniones y llamadas telefónicas realizadas entre los principales acusados (la secretaria de Boudou, Agustina Kämpfer; su asistente, Eduardo Romano; su socio José Núñez Carmona; el testaferro, Alejandro Vandenbroele y el empresario Nicolás Ciccone) que revelan los pormenores del delito. Según consta en el expediente judicial, el asistente del vicepresidente se comunicó numerosas veces con un teléfono de The Old Fund, el misterioso fondo que se quedó con la imprenta de valores.
La situación podría complicarse para el funcionario, que se le vincula con otros delitos como enriquecimiento ilícito, presunta intervención en el financiamiento de la provincia de Formosa y la dudosa compra de un vehículo con documentación falsa.
Fernández designó a Boudou como su compañero de fórmula para las elecciones de 2011. Ha sido criticada por el silencio que ha mantenido acerca del proceso contra su vicepresidente. Fraga consideró que la mandataria, aunque no ha hablado explícitamente del caso, defiende al vicepresidente al atacar fuertemente a la justicia y los medios de comunicación.
El jueves pasado la mayoría oficialista del Congreso dio su respaldo al funcionario al rechazar el juicio político solicitado por la oposición.
Los analistas aseguraron que Bodou se mantendrá en el gobierno, aunque Novaro destacó que su permanencia ha producido divisiones dentro del Ejecutivo. "En el gobierno hay muchos actores que creen que es necesario remover al vicepresidente del cargo por las consecuencias que supone para el poder político", concluyó.
Escrito con Anna Carolina Maier. Publicado en El Nacional
sábado, 5 de julio de 2014
Familia de Geraldine Moreno rechaza libertad a acusados de su muerte
Rosa Orozco y Saúl Moreno, padres de la estudiante Geraldine Moreno, rechazaron la medida cautelar sustitutiva de libertad con régimen de presentación a los sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana Paola Barroso y Franklin García, investigados por el asesinato de su hija durante una manifestación en el sector Tazajal de Valencia.
El Tribunal Sexto de Control del circuito judicial penal del estado Carabobo, a cargo de la juez Yoibeth Escalona, aprobó el beneficio procesal que permite a los funcionarios salir de la cárcel, aunque los obliga a presentarse cada siete días en el juzgado a petición de los fiscales del Ministerio Público que investigan el caso.
La Fiscalía solicitó la medida con el argumento de que la investigación de la muerte de Moreno, que falleció como consecuencia de un disparo de perdigones en la cara, no ha terminado. Pero los padres de Moreno rechazan la decisión porque consideran que se trata de una violación de los derechos humanos.
Orozco explicó que no comprenden por qué la justicia venezolana les otorga beneficios procesales a los acusados por el asesinato de su hija, cuando en otros casos muy sonados los tribunales han rechazado este tipo de medidas alegando que los detenidos estaban incursos en crímenes de lesa humanidad.
La madre cree que tantos los 2 GNB liberados, como los otros 23 que participaron en la represión de la manifestación del 19 de febrero en Tazajal, son cómplices del crimen de su hija. También señala al jefe del destacamento 24, Frank Díaz Osuna, por no haber presentado a los funcionarios a su cargo ante la Fiscalía.
Respuesta. El abogado Luis Armando Betancourt –integrante de la ONG Foro Penal Venezolano, que representa a los padres de Moreno– criticó el cambio de criterio del Ministerio Público, que al solicitar la orden de aprehensión consignó elementos que hacían presumir que los funcionarios eran responsables.
Betancourt también cuestionó la rapidez del tribunal en aprobar la medida cautelar, sin tomar en cuenta el recurso de oposición que los padres de Moreno interpusieron contra la solicitud de la Fiscalía. "Es extraño que el juez de control se haya pronunciado el mismo día".
El abogado precisó que el FPV estudia el expediente para evaluar las próximas acciones a tomar. La primera opción sería introducir un recurso de apelación ante la decisión del tribunal, pero no descartan otras opciones. "Vamos a ejercer todos los recursos posibles para que se haga justicia".
Betancourt agregó que, en el caso de que se agoten las vías dentro del sistema judicial venezolano, los padres de Moreno están dispuestos a acudir a instancias internacionales.
Escrito con Tibisay Romero. Publicado en El Nacional
El Tribunal Sexto de Control del circuito judicial penal del estado Carabobo, a cargo de la juez Yoibeth Escalona, aprobó el beneficio procesal que permite a los funcionarios salir de la cárcel, aunque los obliga a presentarse cada siete días en el juzgado a petición de los fiscales del Ministerio Público que investigan el caso.
La Fiscalía solicitó la medida con el argumento de que la investigación de la muerte de Moreno, que falleció como consecuencia de un disparo de perdigones en la cara, no ha terminado. Pero los padres de Moreno rechazan la decisión porque consideran que se trata de una violación de los derechos humanos.
Orozco explicó que no comprenden por qué la justicia venezolana les otorga beneficios procesales a los acusados por el asesinato de su hija, cuando en otros casos muy sonados los tribunales han rechazado este tipo de medidas alegando que los detenidos estaban incursos en crímenes de lesa humanidad.
La madre cree que tantos los 2 GNB liberados, como los otros 23 que participaron en la represión de la manifestación del 19 de febrero en Tazajal, son cómplices del crimen de su hija. También señala al jefe del destacamento 24, Frank Díaz Osuna, por no haber presentado a los funcionarios a su cargo ante la Fiscalía.
Respuesta. El abogado Luis Armando Betancourt –integrante de la ONG Foro Penal Venezolano, que representa a los padres de Moreno– criticó el cambio de criterio del Ministerio Público, que al solicitar la orden de aprehensión consignó elementos que hacían presumir que los funcionarios eran responsables.
Betancourt también cuestionó la rapidez del tribunal en aprobar la medida cautelar, sin tomar en cuenta el recurso de oposición que los padres de Moreno interpusieron contra la solicitud de la Fiscalía. "Es extraño que el juez de control se haya pronunciado el mismo día".
El abogado precisó que el FPV estudia el expediente para evaluar las próximas acciones a tomar. La primera opción sería introducir un recurso de apelación ante la decisión del tribunal, pero no descartan otras opciones. "Vamos a ejercer todos los recursos posibles para que se haga justicia".
Betancourt agregó que, en el caso de que se agoten las vías dentro del sistema judicial venezolano, los padres de Moreno están dispuestos a acudir a instancias internacionales.
Escrito con Tibisay Romero. Publicado en El Nacional
lunes, 23 de junio de 2014
Madre de Bassil Da Costa confía en que habrá justicia
El sistema judicial no le inspira confianza a Jeneth Frías, madre de Bassil Da Costa, el joven asesinado tras la marcha estudiantil del 12 de febrero. Pero ella se aferra a sus creencias religiosas para afirmar que el culpable será condenado. "Mi fe en Dios me dice que la justicia llegará".
Esta semana se conocerá el tribunal que llevará el juicio, luego de que el juez 48 de control admitiera la acusación presentada por la Fiscalía contra el comisario del Sebin José Perdomo, presunto autor del disparo que mató a Da Costa, y otros 7 funcionarios de los cuerpos de seguridad que también usaron indebidamente sus armas ese día.
Perdomo es el único que sigue detenido, porque los demás serán juzgados en libertad, otra razón para que Frías desconfíe del sistema judicial. "¿Por qué les dan beneficios a ellos, cuando hay evidencias de que cometieron delito, y mantienen presos a estudiantes sin pruebas?", pregunta.
Pero la madre insiste en que la justicia llegará. "No sólo para mi hijo sino para muchos jóvenes que están presos sin tener culpa de nada, simplemente porque el gobierno se antoja en mantenerlos allí. Me da tristeza como nuestro país se está cayendo a pedazos por la rabia y el odio", expresa.
A los acusados en el caso les dio un mensaje durante la audiencia preliminar. "Les dije que mi hijo tendrá un descanso eterno, pero lastimosamente ellos no, porque la conciencia no los iba a dejar en paz y estar preso es una muerte lenta".
Publicado en El Nacional
Esta semana se conocerá el tribunal que llevará el juicio, luego de que el juez 48 de control admitiera la acusación presentada por la Fiscalía contra el comisario del Sebin José Perdomo, presunto autor del disparo que mató a Da Costa, y otros 7 funcionarios de los cuerpos de seguridad que también usaron indebidamente sus armas ese día.
Perdomo es el único que sigue detenido, porque los demás serán juzgados en libertad, otra razón para que Frías desconfíe del sistema judicial. "¿Por qué les dan beneficios a ellos, cuando hay evidencias de que cometieron delito, y mantienen presos a estudiantes sin pruebas?", pregunta.
Pero la madre insiste en que la justicia llegará. "No sólo para mi hijo sino para muchos jóvenes que están presos sin tener culpa de nada, simplemente porque el gobierno se antoja en mantenerlos allí. Me da tristeza como nuestro país se está cayendo a pedazos por la rabia y el odio", expresa.
A los acusados en el caso les dio un mensaje durante la audiencia preliminar. "Les dije que mi hijo tendrá un descanso eterno, pero lastimosamente ellos no, porque la conciencia no los iba a dejar en paz y estar preso es una muerte lenta".
Publicado en El Nacional
jueves, 19 de junio de 2014
Critican beneficios a acusados en caso Da Costa
Abogados criticaron que el Poder Judicial otorgue beneficios procesales a presuntos violadores de derechos humanos, como los acusados como coautores por el crimen de Bassil Da Costa, mientras que mantiene privados de libertad a ciudadanos cuyo delito es ejercer el derecho de protestar.
El Tribunal 48 de Control decidió que el comisario del Sebin José Perdomo, presunto autor material del asesinato, seguirá en prisión durante el juicio; pero otorgó medida cautelar que permitirá a los otros siete involucrados en el caso ser juzgados en libertad.
La decisión beneficia a los funcionarios del Sebin Manuel Pérez, Edgardo Lara, Héctor Rodríguez, Jimmy Sáez y Josner Márquez; al sargento del Ejército Jonathan Rodríguez y al oficial de la PNB Andri Jaspe, acusados por uso indebido de arma orgánica y quebrantamiento de pactos internacionales.
"Siete funcionarios van a juicio en libertad. Sin embargo, Marco Coello, Christian Holdack y Leopoldo López serán juzgados en prisión", señaló Elenis Rodríguez, abogada de la Fundación por los Derechos y Equidad Ciudadana, que lleva el caso Da Costa.
"La pregunta que hacemos es por qué a presuntos violadores de los derechos humanos se les otorgan beneficios de este tipo y a otras personas no; es discriminatorio", dijo Jakeline Sandoval, de la Fundación por el Debido Proceso.
Sandoval agregó que aunque las medidas cautelares otorgadas están ajustadas a derecho, porque los delitos imputados así lo permiten, no son las más apropiadas para mostrar el interés del Estado en respetar los derechos humanos.
El movimiento estudiantil también criticó los beneficios para los funcionarios. "Han recibido un trato excesivamente benigno en comparación con la dureza aplicada a los 3.200 detenidos a lo largo de estos meses de protesta", afirmó Delibeth Briceño.
Publicado en El Nacional
El Tribunal 48 de Control decidió que el comisario del Sebin José Perdomo, presunto autor material del asesinato, seguirá en prisión durante el juicio; pero otorgó medida cautelar que permitirá a los otros siete involucrados en el caso ser juzgados en libertad.
La decisión beneficia a los funcionarios del Sebin Manuel Pérez, Edgardo Lara, Héctor Rodríguez, Jimmy Sáez y Josner Márquez; al sargento del Ejército Jonathan Rodríguez y al oficial de la PNB Andri Jaspe, acusados por uso indebido de arma orgánica y quebrantamiento de pactos internacionales.
"Siete funcionarios van a juicio en libertad. Sin embargo, Marco Coello, Christian Holdack y Leopoldo López serán juzgados en prisión", señaló Elenis Rodríguez, abogada de la Fundación por los Derechos y Equidad Ciudadana, que lleva el caso Da Costa.
"La pregunta que hacemos es por qué a presuntos violadores de los derechos humanos se les otorgan beneficios de este tipo y a otras personas no; es discriminatorio", dijo Jakeline Sandoval, de la Fundación por el Debido Proceso.
Sandoval agregó que aunque las medidas cautelares otorgadas están ajustadas a derecho, porque los delitos imputados así lo permiten, no son las más apropiadas para mostrar el interés del Estado en respetar los derechos humanos.
El movimiento estudiantil también criticó los beneficios para los funcionarios. "Han recibido un trato excesivamente benigno en comparación con la dureza aplicada a los 3.200 detenidos a lo largo de estos meses de protesta", afirmó Delibeth Briceño.
Publicado en El Nacional
miércoles, 18 de junio de 2014
A juicio acusados por asesinato de Da Costa
En la continuación de la audiencia preliminar contra los ocho funcionarios de seguridad imputados por el asesinato del joven Bassil Alejandro Da Costa Frías, que recibió un tiro en la cabeza tras la manifestación estudiantil del 12 de febrero, el juez Nelson Moncada, del Tribunal 48° de Control, decidió que las pruebas promovidas por el Ministerio Público son suficientes para admitir la acusación y enjuiciar a los funcionarios. Además declaró sin lugar las excepciones de la defensa.
El abogado Joel García, de la Fundación por los Derechos y Equidad Ciudadana, informó que ratificaron la privativa de libertad al funcionario del Sebin José Ramón Perdomo, presunto autor material de la muerte de Da Costa, por los delitos de homicidio intencional calificado con alevosía y por motivos innobles en grado de autor, uso indebido de arma orgánica, y quebrantamiento de pactos internacionales.
Señaló que además pasan a juicio en libertad con cautelar y régimen de presentación cada ocho días los funcionarios del Sebin Manuel Pérez, Edgardo Lara, Héctor Rodríguez, Yeimy Sáez y Jonfer Márquez; al sargento del Ejército Jonathan Rodríguez, y al oficial de la Policía Nacional Bolivariana Andri Jaspe. Todos fueron acusados de homicidio calificado, asociación para delinquir y obstaculización de la justicia, uso indebido de arma orgánica, y quebrantamiento de pactos internacionales.
El abogado relató que el Ministerio Público se vio obligado a cambiar de criterio y solicitar medida cautelar para estos funcionarios debido a que sus abogados exigieron el mismo trato que le dieron al también imputado José Miguel Domínguez, quien se encontraba prófugo de la justicia y en fecha 13 de mayo se puso a derecho, y de manera inexplicable, le fue otorgada libertad sin restricciones.
Destacó que José Ramón Perdomo fue sobreseído en cuanto al delito de homicidio calificado de Juan Montoya, conocido como "Guancho".
La madre de Da Costa, Jeneth Frías, declaró antes de la audiencia de ayer que su única aspiración es que los culpables de la muerte de su hijo sean condenados.
Escrito con Dulce María Rodríguez. Publicado en El Nacional
El abogado Joel García, de la Fundación por los Derechos y Equidad Ciudadana, informó que ratificaron la privativa de libertad al funcionario del Sebin José Ramón Perdomo, presunto autor material de la muerte de Da Costa, por los delitos de homicidio intencional calificado con alevosía y por motivos innobles en grado de autor, uso indebido de arma orgánica, y quebrantamiento de pactos internacionales.
Señaló que además pasan a juicio en libertad con cautelar y régimen de presentación cada ocho días los funcionarios del Sebin Manuel Pérez, Edgardo Lara, Héctor Rodríguez, Yeimy Sáez y Jonfer Márquez; al sargento del Ejército Jonathan Rodríguez, y al oficial de la Policía Nacional Bolivariana Andri Jaspe. Todos fueron acusados de homicidio calificado, asociación para delinquir y obstaculización de la justicia, uso indebido de arma orgánica, y quebrantamiento de pactos internacionales.
El abogado relató que el Ministerio Público se vio obligado a cambiar de criterio y solicitar medida cautelar para estos funcionarios debido a que sus abogados exigieron el mismo trato que le dieron al también imputado José Miguel Domínguez, quien se encontraba prófugo de la justicia y en fecha 13 de mayo se puso a derecho, y de manera inexplicable, le fue otorgada libertad sin restricciones.
Destacó que José Ramón Perdomo fue sobreseído en cuanto al delito de homicidio calificado de Juan Montoya, conocido como "Guancho".
La madre de Da Costa, Jeneth Frías, declaró antes de la audiencia de ayer que su única aspiración es que los culpables de la muerte de su hijo sean condenados.
Escrito con Dulce María Rodríguez. Publicado en El Nacional
sábado, 14 de junio de 2014
Fiscalía ha hecho acusaciones en 11 casos de muertes en protestas
El Ministerio Público ha acusado a los presuntos responsables de 11 de las 42 muertes ocurridas durante las protestas que se han registrado en las principales ciudades del país a partir de febrero, de acuerdo con lo expresado por la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, en su programa de radio.
El informe más reciente de la Fiscalía sobre las manifestaciones, publicado ayer, indica que han fallecido 32 civiles y 10 funcionarios, policiales o militares; mientras que 873 personas han resultado lesionadas: 595 civiles y 278 funcionarios.
Más de la mitad de las muertes han ocurrido en el área metropolitana de Caracas (12) y Carabobo (10). También se han registrado fallecidos en otros siete estados: Táchira (7), Mérida (4), Aragua (3), Lara (2), Zulia (2), Miranda (1) y Sucre (1). Estas entidades también concentran el mayor número de heridos durante las protestas.
El informe que hace el Ministerio Público precisa que dos de las muertes ocurridas durante las manifestaciones de los últimos meses son llevadas por la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales, que es la unidad encargada de investigar las violaciones de los derechos humanos.
Esa dirección ha abierto hasta el 11 de junio un total de 189 investigaciones: 185 por tratos crueles, 2 por tortura y 2 por homicidio consumado. Como resultado de sus pesquisas, hay 13 funcionarios detenidos, 5 con medidas cautelares (presentación ante tribunales cada 30 días) y 2 órdenes de captura pendientes por ejecutar.
El informe de la Fiscalía también revela que los cuerpos de seguridad del Estado han detenido a 3.306 personas por las manifestaciones, de las cuales 2.906 son adultos y 400 son menores de edad, lo que representa 12% del total. Casi un tercio de las personas (1.000) han sido capturadas en el área metropolitana de Caracas.
En el interior del país, los estados con más detenidos son Zulia (374), Táchira (303) y Carabobo (300). En Anzoátegui, Aragua, Barinas, Bolívar, Lara y Miranda el número de capturados supera el centenar. Amazonas y Delta Amacuro son las únicas entidades donde no ha habido aprehendidos en relación con las protestas.
El documento precisa que 148 personas siguen en prisión. Ortega Díaz afirmó en su programa de radio que solo 15 de ellas han acreditado su condición de estudiante. Estas últimas cifras de la Fiscalía contrastan con las que maneja el Foro Penal Venezolano, que sitúa el número de personas que aún está detenida en 113, incluidos 50 estudiantes.
Publicado en El Nacional
El informe más reciente de la Fiscalía sobre las manifestaciones, publicado ayer, indica que han fallecido 32 civiles y 10 funcionarios, policiales o militares; mientras que 873 personas han resultado lesionadas: 595 civiles y 278 funcionarios.
Más de la mitad de las muertes han ocurrido en el área metropolitana de Caracas (12) y Carabobo (10). También se han registrado fallecidos en otros siete estados: Táchira (7), Mérida (4), Aragua (3), Lara (2), Zulia (2), Miranda (1) y Sucre (1). Estas entidades también concentran el mayor número de heridos durante las protestas.
El informe que hace el Ministerio Público precisa que dos de las muertes ocurridas durante las manifestaciones de los últimos meses son llevadas por la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales, que es la unidad encargada de investigar las violaciones de los derechos humanos.
Esa dirección ha abierto hasta el 11 de junio un total de 189 investigaciones: 185 por tratos crueles, 2 por tortura y 2 por homicidio consumado. Como resultado de sus pesquisas, hay 13 funcionarios detenidos, 5 con medidas cautelares (presentación ante tribunales cada 30 días) y 2 órdenes de captura pendientes por ejecutar.
El informe de la Fiscalía también revela que los cuerpos de seguridad del Estado han detenido a 3.306 personas por las manifestaciones, de las cuales 2.906 son adultos y 400 son menores de edad, lo que representa 12% del total. Casi un tercio de las personas (1.000) han sido capturadas en el área metropolitana de Caracas.
En el interior del país, los estados con más detenidos son Zulia (374), Táchira (303) y Carabobo (300). En Anzoátegui, Aragua, Barinas, Bolívar, Lara y Miranda el número de capturados supera el centenar. Amazonas y Delta Amacuro son las únicas entidades donde no ha habido aprehendidos en relación con las protestas.
El documento precisa que 148 personas siguen en prisión. Ortega Díaz afirmó en su programa de radio que solo 15 de ellas han acreditado su condición de estudiante. Estas últimas cifras de la Fiscalía contrastan con las que maneja el Foro Penal Venezolano, que sitúa el número de personas que aún está detenida en 113, incluidos 50 estudiantes.
Publicado en El Nacional
viernes, 13 de junio de 2014
Advierten que amedrentan a activistas de derechos humanos
Abogados y activistas de derechos humanos advirtieron sobre la intención del gobierno de intimidar y amedrentar a defensores en esa materia con acciones como la citación a Tamara Suju, del Foro Penal Venezolano, para que declarara ayer en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.
"Cuando se cita a una activista de una organización que ha venido atendiendo a los estudiantes y a las otras personas detenidas (más de 3.100 hasta la fecha) en las manifestaciones contra el gobierno, eso se puede ver como una forma de intimidar", declaró Alfredo Romero, director del FPV.
Añadió que es sospechoso que la citación a Suju llegara el miércoles, un día después de que ella estuvo junto con otros abogados y activistas en la presentación de un informe sobre las violaciones de derechos humanos en las protestas de los últimos meses. "Es algo que nos preocupa".
Dijo que el Ministerio Público debería llamar a los abogados y activistas de manera cordial para evaluar y cotejar los casos que llevan, en vez de citarlos a declarar sin motivo alguno. Opinó que esto afecta a la comunidad de organizaciones de derechos humanos.
"Hemos tenido reuniones con la fiscal Luisa Ortega Díaz y solicitamos otra. También con la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez. Porque los abogados y activistas formamos parte del sistema de justicia y del sistema de protección de derechos humanos establecido en la Constitución", señaló Romero.
La abogada Elenis Rodríguez, de la Fundación por los Derechos y Equidad Ciudadana, afirmó que la citación de Suju es otra demostración de que cada día el gobierno tiene más miedo a las personas que protestan en la calle y a quienes las defienden, que son los activistas de derechos humanos.
Rodríguez instó a la Fiscalía a actuar en casos como el del asesino de Adriana Urquiola, que debía cumplir una condena de 26 años de cárcel y quedó en libertad gracias al plan cayapa judicial, en vez de hacerlo contra defensores de derechos humanos. "Nuestras únicas armas son la Constitución y las leyes", dijo.
Causa desconocida. Alfredo Romero acudió al Sebin junto con otros integrantes del FPV y representantes de otras organizaciones de derechos humanos, como Elenis Rodríguez, de Fundeci, y Marino Alvarado, de Provea, para acompañar a Tamara Suju, que atendió la citación a declarar a pesar de que desconocía el motivo.
"Vengo como abogada que no la debe y no la teme, porque lo que hemos hecho desde el Foro Penal es defender a los detenidos durante las manifestaciones y denunciar las violaciones de los derechos humanos", declaró Suju antes de entrar.
En el interrogatorio, que duró dos horas y media, la abogada se enteró de que la causa por la cual fue citada está relacionada con el allanamiento a una quinta de la urbanización Sebucán, en Caracas, en algún momento de los últimos meses. "Me preguntaron por los dueños de la casa y una serie de personas que no conozco", dijo.
Añadió que entre los mencionados en el interrogatorio solo conoce de trato al dirigente estudiantil Vilcar Fernández, compañero de Nixon Moreno, de cuya defensa ella formó parte.
Respaldó la tesis de sus colegas: "Creo que esta citación forma parte de la intimidación del gobierno contra los defensores de los derechos humanos. Porque varios funcionarios han involucrado a activistas en el supuesto plan golpista que denuncian".
Publicado en El Nacional
"Cuando se cita a una activista de una organización que ha venido atendiendo a los estudiantes y a las otras personas detenidas (más de 3.100 hasta la fecha) en las manifestaciones contra el gobierno, eso se puede ver como una forma de intimidar", declaró Alfredo Romero, director del FPV.
Añadió que es sospechoso que la citación a Suju llegara el miércoles, un día después de que ella estuvo junto con otros abogados y activistas en la presentación de un informe sobre las violaciones de derechos humanos en las protestas de los últimos meses. "Es algo que nos preocupa".
Dijo que el Ministerio Público debería llamar a los abogados y activistas de manera cordial para evaluar y cotejar los casos que llevan, en vez de citarlos a declarar sin motivo alguno. Opinó que esto afecta a la comunidad de organizaciones de derechos humanos.
"Hemos tenido reuniones con la fiscal Luisa Ortega Díaz y solicitamos otra. También con la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez. Porque los abogados y activistas formamos parte del sistema de justicia y del sistema de protección de derechos humanos establecido en la Constitución", señaló Romero.
La abogada Elenis Rodríguez, de la Fundación por los Derechos y Equidad Ciudadana, afirmó que la citación de Suju es otra demostración de que cada día el gobierno tiene más miedo a las personas que protestan en la calle y a quienes las defienden, que son los activistas de derechos humanos.
Rodríguez instó a la Fiscalía a actuar en casos como el del asesino de Adriana Urquiola, que debía cumplir una condena de 26 años de cárcel y quedó en libertad gracias al plan cayapa judicial, en vez de hacerlo contra defensores de derechos humanos. "Nuestras únicas armas son la Constitución y las leyes", dijo.
Causa desconocida. Alfredo Romero acudió al Sebin junto con otros integrantes del FPV y representantes de otras organizaciones de derechos humanos, como Elenis Rodríguez, de Fundeci, y Marino Alvarado, de Provea, para acompañar a Tamara Suju, que atendió la citación a declarar a pesar de que desconocía el motivo.
"Vengo como abogada que no la debe y no la teme, porque lo que hemos hecho desde el Foro Penal es defender a los detenidos durante las manifestaciones y denunciar las violaciones de los derechos humanos", declaró Suju antes de entrar.
En el interrogatorio, que duró dos horas y media, la abogada se enteró de que la causa por la cual fue citada está relacionada con el allanamiento a una quinta de la urbanización Sebucán, en Caracas, en algún momento de los últimos meses. "Me preguntaron por los dueños de la casa y una serie de personas que no conozco", dijo.
Añadió que entre los mencionados en el interrogatorio solo conoce de trato al dirigente estudiantil Vilcar Fernández, compañero de Nixon Moreno, de cuya defensa ella formó parte.
Respaldó la tesis de sus colegas: "Creo que esta citación forma parte de la intimidación del gobierno contra los defensores de los derechos humanos. Porque varios funcionarios han involucrado a activistas en el supuesto plan golpista que denuncian".
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jueves, 12 de junio de 2014
Denuncian que Fiscalía trabajó el caso Bassil Da Costa de espaldas a la familia
Ayer comenzó la audiencia preliminar contra los ocho funcionarios de seguridad imputados por el asesinato del joven carpintero Bassil Alejandro Da Costa Frías, de 24 años de edad, que recibió un disparo en la cabeza el 12 de febrero en la esquina de Tracabordo, a escasos metros del Ministerio Público.
Al final de la tarde el Tribunal 48° de Control solicitó diferir la audiencia para el martes 17 de junio, a las 10:00 am.
Abogados de Fundeci que representan a la madre de Bassil Da Costa, Jeneth Frías, denunciaron que la Fiscalía no la notificó de la investigación. "Ella se enteró de que había detenidos e imputados a través de los medios de comunicación. Ni el Ministerio Público ni los cuerpos policiales la contactaron. Eso es irregular porque ella es una víctima indirecta en ese homicidio y además es la madre. La investigación se hizo a espaldas de la víctima", denunció Joel García, de Fundeci.
Precisó que Frías entró en contacto con la ONG el 14 de abril, tres días después de que la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, anunció la presentación del acto conclusivo, en el que acusó al comisario del Sebin José Perdomo como presunto autor material bajo los cargos de homicidio intencional calificado con alevosía, uso indebido de arma orgánica y quebrantamiento de pacto internacional.
Además de Perdomo, el MP acusó a otros cinco Sebin (Manuel Pérez, Edgardo Lara, Héctor Rodríguez, Jimmy Sáez y Josner Márquez), al sargento del Ejército Jonathan Rodríguez y al oficial de la PNB Andri Jaspe por uso indebido de arma orgánica y quebrantamiento de pactos internacionales en grado de coautores.
La Fiscalía solicitó que se mantenga la privativa de libertad de los funcionarios imputados mientras se reanuda la audiencia preliminar.
Dolor de madre. "Mi hijo era sano, deportista, con principios y valores, y por alzar su voz ustedes lo asesinaron, él tenía derecho de vivir. ¿No estamos en un gobierno democrático?", dijo durante la audiencia la madre de Bassil Da Costa a los ocho funcionarios, en especial a Perdomo Camacho.
"Dejemos los odios, ese que usaron el Día de la Juventud cuando me arrancaron a mi Bassil y hasta la esperanza de ser abuela", recalcó Jeneth Frías.
El abogado Joel García precisó que Fundeci se plegó a la acusación fiscal porque las dificultades de acceso al expediente les impidieron promover elementos probatorios propios. "La Fiscalía pidió el pase a juicio de todos los imputados privados de libertad porque se trata de un delito contra los derechos humanos. Estamos de acuerdo con los elementos promovidos por el MP", indicó antes de entrar a la audiencia que comenzó pasadas las 3:00 pm.
Detalló que el tribunal impuso horarios para sacar copias al expediente y que el documento solo podía salir con un funcionario del tribunal.
Tercer imputado. En la segunda audiencia por el homicidio de Geraldine Moreno, que falleció el 22 de febrero a consecuencia de los disparos de perdigón que recibió en la cara durante una protesta antigubernamental realizada tres días antes, la Fiscalía imputó a otro funcionario de la GNB.
Por este caso ya estaban acusados dos funcionarios de la GNB, Paola Barroso y Franklin García, privados de libertad en el Comando Regional número 2, en Valencia, desde principios de mayo, cuando fueron puestos a la orden del Ministerio Público por el comandante general de ese cuerpo, mayor general Justo Noguera Pietri.
"El tribunal ordenó detener al tercer imputado, de apellido Bonilla, que será enviado al Comando Regional número 25, en Puerto Cabello", informó Rosa Orozco, madre de Moreno, al salir de la audiencia.
Orozco agregó que todavía no se ha establecido una fecha para la próxima audiencia, pero aclaró que debería realizarse alrededor del 22 de junio, cuando los 2 primeros imputados cumplen 45 días detenidos.
Escrito con Maru Morales. Publicado en El Nacional
Al final de la tarde el Tribunal 48° de Control solicitó diferir la audiencia para el martes 17 de junio, a las 10:00 am.
Abogados de Fundeci que representan a la madre de Bassil Da Costa, Jeneth Frías, denunciaron que la Fiscalía no la notificó de la investigación. "Ella se enteró de que había detenidos e imputados a través de los medios de comunicación. Ni el Ministerio Público ni los cuerpos policiales la contactaron. Eso es irregular porque ella es una víctima indirecta en ese homicidio y además es la madre. La investigación se hizo a espaldas de la víctima", denunció Joel García, de Fundeci.
Precisó que Frías entró en contacto con la ONG el 14 de abril, tres días después de que la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, anunció la presentación del acto conclusivo, en el que acusó al comisario del Sebin José Perdomo como presunto autor material bajo los cargos de homicidio intencional calificado con alevosía, uso indebido de arma orgánica y quebrantamiento de pacto internacional.
Además de Perdomo, el MP acusó a otros cinco Sebin (Manuel Pérez, Edgardo Lara, Héctor Rodríguez, Jimmy Sáez y Josner Márquez), al sargento del Ejército Jonathan Rodríguez y al oficial de la PNB Andri Jaspe por uso indebido de arma orgánica y quebrantamiento de pactos internacionales en grado de coautores.
La Fiscalía solicitó que se mantenga la privativa de libertad de los funcionarios imputados mientras se reanuda la audiencia preliminar.
Dolor de madre. "Mi hijo era sano, deportista, con principios y valores, y por alzar su voz ustedes lo asesinaron, él tenía derecho de vivir. ¿No estamos en un gobierno democrático?", dijo durante la audiencia la madre de Bassil Da Costa a los ocho funcionarios, en especial a Perdomo Camacho.
"Dejemos los odios, ese que usaron el Día de la Juventud cuando me arrancaron a mi Bassil y hasta la esperanza de ser abuela", recalcó Jeneth Frías.
El abogado Joel García precisó que Fundeci se plegó a la acusación fiscal porque las dificultades de acceso al expediente les impidieron promover elementos probatorios propios. "La Fiscalía pidió el pase a juicio de todos los imputados privados de libertad porque se trata de un delito contra los derechos humanos. Estamos de acuerdo con los elementos promovidos por el MP", indicó antes de entrar a la audiencia que comenzó pasadas las 3:00 pm.
Detalló que el tribunal impuso horarios para sacar copias al expediente y que el documento solo podía salir con un funcionario del tribunal.
Tercer imputado. En la segunda audiencia por el homicidio de Geraldine Moreno, que falleció el 22 de febrero a consecuencia de los disparos de perdigón que recibió en la cara durante una protesta antigubernamental realizada tres días antes, la Fiscalía imputó a otro funcionario de la GNB.
Por este caso ya estaban acusados dos funcionarios de la GNB, Paola Barroso y Franklin García, privados de libertad en el Comando Regional número 2, en Valencia, desde principios de mayo, cuando fueron puestos a la orden del Ministerio Público por el comandante general de ese cuerpo, mayor general Justo Noguera Pietri.
"El tribunal ordenó detener al tercer imputado, de apellido Bonilla, que será enviado al Comando Regional número 25, en Puerto Cabello", informó Rosa Orozco, madre de Moreno, al salir de la audiencia.
Orozco agregó que todavía no se ha establecido una fecha para la próxima audiencia, pero aclaró que debería realizarse alrededor del 22 de junio, cuando los 2 primeros imputados cumplen 45 días detenidos.
Escrito con Maru Morales. Publicado en El Nacional
sábado, 21 de julio de 2012
Inadmisible recurso de nulidad contra ley de arrendamiento
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró inadmisible el recurso de nulidad que la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos introdujo contra el artículo 73 y la disposición transitoria novena de la Ley para Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas.
El artículo 73 establece que el método para determinar el valor de un inmueble a los fines de fijar el canon de alquiler y el precio de venta sólo tomará en cuenta el valor de reposición, el tamaño, la depreciación, la vulnerabilidad sísmica y la región geográfica.
Apiur objetó el artículo porque excluye factores que agregan valor al inmueble como la ubicación dentro de la ciudad o los servicios disponibles e ignora la inversión del propietario para adquirirlo; lo que trae como consecuencia que el método arroje montos que no se corresponden con la realidad.
La disposición transitoria novena otorga un plazo de 12 meses para retirar el dinero acumulado en los tribunales de consignación, porque de lo contrario será transferido al Fondo de Protección al Inquilino y al Pequeño Arrendador, creado por la Ley.
La organización rechazó la medida porque esos recursos depositados por los inquilinos para cumplir con la obligación de pago en los casos en que hubiera conflicto o simplemente no encontrase al propietario pertenecen a los dueños de los inmuebles.
Publicado en El Nacional
El artículo 73 establece que el método para determinar el valor de un inmueble a los fines de fijar el canon de alquiler y el precio de venta sólo tomará en cuenta el valor de reposición, el tamaño, la depreciación, la vulnerabilidad sísmica y la región geográfica.
Apiur objetó el artículo porque excluye factores que agregan valor al inmueble como la ubicación dentro de la ciudad o los servicios disponibles e ignora la inversión del propietario para adquirirlo; lo que trae como consecuencia que el método arroje montos que no se corresponden con la realidad.
La disposición transitoria novena otorga un plazo de 12 meses para retirar el dinero acumulado en los tribunales de consignación, porque de lo contrario será transferido al Fondo de Protección al Inquilino y al Pequeño Arrendador, creado por la Ley.
La organización rechazó la medida porque esos recursos depositados por los inquilinos para cumplir con la obligación de pago en los casos en que hubiera conflicto o simplemente no encontrase al propietario pertenecen a los dueños de los inmuebles.
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