El presidente de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, expresó ayer su desacuerdo con la aplicación del sistema biométrico para la compra de alimentos y bienes básicos que el gobierno piensa imponer gradualmente.
"No puedo estar de acuerdo con una medida como esa, con la cual se castiga a 28 millones de venezolanos por el contrabando que realizan unos pocos". Agregó que hay distintas maneras de combatir ese delito, pero que "la captahuella no ayudará al consumidor final".
Sostuvo, sin embargo, que sí apoyaría "cualquier otra medida que busque frenar el contrabando de extracción de productos".
Polar como empresa no está afectada por la medida porque no tiene puntos de venta, aclaró el empresario en la inauguración de la línea de producción de harina de maíz en su planta de Chivacoa, lo que le permitirá fabricar 21% más y colocar anualmente 41 millones de kilos adicionales en el mercado.
La compañía invirtió 220 millones de bolívares para ampliar su capacidad de producción de harina de maíz, que ahora suma 605 millones de kilos anuales entre sus tres plantas: Chivacoa, Cumaná y Turmero.
Mendoza destacó que la empresa está produciendo harina de maíz a 100% de su capacidad y que puede mantenerse así, siempre y cuando se garantice el suministro de materia prima y los precios de venta se correspondan con los costos de producción.
Confía en que el gobierno cumplirá su palabra de importar el maíz blanco que sea necesario y revisar los precios periódicamente para garantizar una rentabilidad justa a los productores.
El empresario indicó que Polar tiene inventario de materia prima para 30 días y que el Ejecutivo ha garantizado suministros hasta principios de noviembre. Precisó que 58% del maíz procesado durante esta cosecha es nacional y 42% es importado.
Al ser consultado sobre las fallas en el abastecimiento de harina de maíz, Mendoza recordó que Polar representa 49,6% de la capacidad instalada en el país. El otro 51,4% está en manos de otros competidores, privados y públicos.
La compañía propuso al gobierno el año pasado comprar o alquilar algunas de las plantas de propiedad estatal para aumentar la producción, pero todavía no ha recibido respuesta.
Por esa razón, Mendoza dijo que Polar optó por ampliar la capacidad de producción propia. Además de la línea inaugurada ayer en Chivacoa, hay un proyecto para agrandar la planta de Turmero y sumar 90 millones de kilos adicionales al mercado.
En cuanto al aceite de maíz, rubro en el que Polar estaba trabajando a 50% de su capacidad instalada por falta de materia prima, anunció que a partir del 1° de octubre trabajarán a 100% porque ya les aprobaron las divisas necesarias para importar. Eso implica que duplicarán la cantidad de aceite de maíz que la empresa coloca en el mercado.
Publicado en El Nacional
viernes, 29 de agosto de 2014
miércoles, 27 de agosto de 2014
El mercado de vivienda está paralizado
El objetivo de conseguir una vivienda, propia o alquilada, resulta cada vez más difícil para la población venezolana. El mercado inmobiliario se encuentra prácticamente paralizado por factores como la oferta escasa, la distorsión de precios y las regulaciones legales.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini, aseguró que las operaciones de compra-venta se han reducido de manera significativa durante 2014, en el mercado primario (viviendas nuevas) y en el secundario.
Entre las razones de la caída está la distorsión de precios generada por la inflación alta y la devaluación del bolívar. "El valor de los inmuebles ha subido a un nivel inaccesible para la capacidad de compra del venezolano, que cada vez es menor", dijo Martini.
Otro motivo es que los montos de los créditos hipotecarios están rezagados con respecto a los precios de las viviendas, lo cual dificulta que las personas puedan comprar, agregó el presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, Roberto Orta.
Los financiamientos con subsidio, dirigidos a quienes ganan hasta 5 salarios mínimos al mes (21.000 bolívares), tienen un tope de 500.000 bolívares, que resultan insuficientes para adquirir inmuebles en las principales ciudades del país.
Aquiles Martini recordó, además, que la oferta cada vez es más reducida. Este año la Gran Misión Vivienda Venezuela ha construido poco más de 50.000 unidades, según cifras oficiales, y el sector privado ni siquiera llegará a 15.000.
La falta de insumos básicos, como el cemento y la cabilla, es uno de los obstáculos que afrontan los constructores privados para desarrollar sus proyectos y una de las causas de que el sector haya retrocedido durante 17 trimestres consecutivos.
Regulación negativa. En cuán-to al mercado de alquiler, Orta indicó que la oferta es ínfima desde la aprobación de la ley de arrendamiento de viviendas en 2011, por la inseguridad jurídica que ofrece la norma y los procesos complicados que establece.
La abogada Cora Farías, especialista en Derecho Inmobiliario, precisó que cada día es más complicado arrendar una vivienda porque los trámites, en vez de agilizarse, se han vuelto más burocráticos y lentos.
Recordó que la desocupación de un inmueble requiere un procedimiento previo en la Superintendencia de Alquiler de Vivienda, un proceso judicial y un trámite final ante el Ministerio de Vivienda para conseguir el oficio sobre la reubicación del inquilino.
Martini agregó que la imposibilidad de que los propietarios recuperen sus viviendas hasta que el gobierno otorgue un refugio temporal o una vivienda nueva a los inquilinos ha tenido como consecuencia que la oferta de arrendamiento sea nula.
"Nadie quiere alquilar vivienda. Nadie quiere correr ese riesgo. La ley fue consecuencia de una visión equivocada del problema y resultó totalmente desequilibrada", concluyó el presidente de la Cámara Inmobiliaria.
Publicado en El Nacional
El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini, aseguró que las operaciones de compra-venta se han reducido de manera significativa durante 2014, en el mercado primario (viviendas nuevas) y en el secundario.
Entre las razones de la caída está la distorsión de precios generada por la inflación alta y la devaluación del bolívar. "El valor de los inmuebles ha subido a un nivel inaccesible para la capacidad de compra del venezolano, que cada vez es menor", dijo Martini.
Otro motivo es que los montos de los créditos hipotecarios están rezagados con respecto a los precios de las viviendas, lo cual dificulta que las personas puedan comprar, agregó el presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, Roberto Orta.
Los financiamientos con subsidio, dirigidos a quienes ganan hasta 5 salarios mínimos al mes (21.000 bolívares), tienen un tope de 500.000 bolívares, que resultan insuficientes para adquirir inmuebles en las principales ciudades del país.
Aquiles Martini recordó, además, que la oferta cada vez es más reducida. Este año la Gran Misión Vivienda Venezuela ha construido poco más de 50.000 unidades, según cifras oficiales, y el sector privado ni siquiera llegará a 15.000.
La falta de insumos básicos, como el cemento y la cabilla, es uno de los obstáculos que afrontan los constructores privados para desarrollar sus proyectos y una de las causas de que el sector haya retrocedido durante 17 trimestres consecutivos.
Regulación negativa. En cuán-to al mercado de alquiler, Orta indicó que la oferta es ínfima desde la aprobación de la ley de arrendamiento de viviendas en 2011, por la inseguridad jurídica que ofrece la norma y los procesos complicados que establece.
La abogada Cora Farías, especialista en Derecho Inmobiliario, precisó que cada día es más complicado arrendar una vivienda porque los trámites, en vez de agilizarse, se han vuelto más burocráticos y lentos.
Recordó que la desocupación de un inmueble requiere un procedimiento previo en la Superintendencia de Alquiler de Vivienda, un proceso judicial y un trámite final ante el Ministerio de Vivienda para conseguir el oficio sobre la reubicación del inquilino.
Martini agregó que la imposibilidad de que los propietarios recuperen sus viviendas hasta que el gobierno otorgue un refugio temporal o una vivienda nueva a los inquilinos ha tenido como consecuencia que la oferta de arrendamiento sea nula.
"Nadie quiere alquilar vivienda. Nadie quiere correr ese riesgo. La ley fue consecuencia de una visión equivocada del problema y resultó totalmente desequilibrada", concluyó el presidente de la Cámara Inmobiliaria.
Publicado en El Nacional
domingo, 24 de agosto de 2014
Solo hay un puñado de funcionarios de carrera en el servicio exterior
La designación de María Gabriela Chávez como embajadora alterna de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas puso otra vez en evidencia la desprofesionalización del servicio diplomático durante los gobiernos del fallecido presidente Hugo Chávez y el actual mandatario, Nicolás Maduro.
Entre los casi 100 embajadores que tiene el país en el mundo, apenas un puñado son diplomáticos de carrera, entre ellos Carlos Pérez en Antigua y Barbuda; Zoed Karam en Líbano; Víctor Carazo en Rumania; Milena Santana en Suecia; Jorge Rondón en Vietnam y Roy Chaderton en la Organización de Estados Americanos.
La mayoría de los embajadores son ex funcionarios, como el ex vicepresidente y ex fiscal Isaías Rodríguez en Italia; el ex presidente del Tribunal Supremo de Justicia Iván Rincón en Colombia o el ex defensor del pueblo Germán Mundaraín en el Vaticano, por citar algunos casos emblemáticos.
La lista de funcionarios que ahora son jefes de las misiones diplomáticas de Venezuela también incluye a ex ministros como Alí Rodríguez Araque en Cuba; María Lourdes Urbaneja en Ecuador; Nora Uribe en El Salvador y Samuel Moncada en la ONU.
Los militares también figuran, incluidos compañeros de promoción de Chávez: Carlos Eduardo Martínez en Argentina y Arévalo Méndez en Chile. Otros embajadores de origen castrense son Alí Uzcátegui en Austria; Diego Molero en Brasil; Orlando Torrealba en Guatemala; Hugo García en México, Lucas Rincón en Portugal y Juan Paredes en Rusia.
El envío a las misiones diplomáticas de familiares de figuras del oficialismo, como María Gabriela Chávez, también es recurrente. El hijo del gobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas, es el representante de Venezuela en Costa Rica y la hermana del gobernador de Aragua, Tareck el Aissami, es la embajadora en Holanda.
Sin oportunidad. La ausencia de funcionarios de carrera en las embajadas es producto de una política que el gobierno ha aplicado desde 2002 para excluir a quienes responden a criterios institucionales y promover a quienes son leales al oficialismo, denunció el diplomático jubilado Oscar Hernández.
“Incluyeron en el servicio diplomático a una cantidad de gente que no está preparada, lo cual es un perjuicio para la nación. A un funcionario del Estado no se le tiene por qué exigir militancia política. Antes no se le preguntaba a uno si era adeco, copeyano o de otro partido”, dijo Hernández.
El presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela, Juan Francisco Contreras, afirmó que la politización del servicio exterior ha dejado sin oportunidades de trabajo a los profesionales de la carrera, que está básicamente diseñada para servir en la administración pública.
La Universidad Central de Venezuela gradúa semestralmente a 100 internacionalistas y la Universidad Santa María aporta otros tantos desde 2009, cuando salió la primera promoción. “Cada vez estas personas tienen más restringido el acceso a las fuentes de trabajo, por la politización de la Cancillería y de otros organismos”.
En un comunicado publicado esta semana para rechazar la designación de la hija de Chávez en la ONU, el Centro de Estudiantes de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCV también denunció que la desprofesionalización del servicio exterior ha hecho prácticamente imposible su ingreso.
“La desmejora del servicio exterior ha devenido no solamente en la reducción de oportunidades de trabajo para nuestro gremio, sino aún más importante en el decaimiento de aquella diplomacia que debe velar por los intereses del país y ser instrumento para el desarrollo nacional”, dice el texto.
Al margen de la ley. La Cancillería no hace concursos para el ingreso de diplomáticos desde 2005, a pesar de que es una obligación establecida en la Ley de Servicio Exterior. Además, ha mantenido sin ascensos a quienes ingresaron en los últimos concursos y ha jubilado de manera forzada a gran parte del personal de carrera.
El Colegio de Internacionalistas señaló en febrero, con motivo de su 56 aniversario, que la politización de la diplomacia comenzó con la reforma de la Ley de Servicio Exterior de 2001, que modificó la integración del jurado calificador y abrió la posibilidad de que cualquier profesional aspirara al concurso para entrar a la carrera diplomática.
La ex funcionaria Guillermina Da Silva considera, sin embargo, que la modificación clave fue la realizada en 2005, mediante la cual se amplió a 100% el número de jefes de misión que pueden ser designados por el presidente de la República y se suprimió la limitación de 30% para el resto de los cargos, entre otros cambios.
La situación pudiera empeorar con el proyecto de reforma de la Ley de Servicio Exterior que se encuentra pendiente de aprobación en la Asamblea Nacional desde 2011 y que establece que la totalidad del personal de la Cancillería será de libre nombramiento y remoción por el Ejecutivo.
“Las sucesivas modificaciones de la ley que rige el servicio exterior no son otra cosa que el camino transitado hacia la desaparición de los últimos vestigios de la carrera diplomática profesional, lo que para este momento se presenta ya como un hecho”, escribió Da Silva en un artículo incluido en el libro Democracia, paz y desarrollo.
Da Silva precisa que, a pesar de las críticas que puedan hacerse al servicio exterior del período 1958-1998, es un hecho cierto e irrefutable que para mediados de la década de los noventa el porcentaje de funcionarios de carrera en la Cancillería superaba 70%. La proporción actual se desconoce, pero se calcula que es mínima.
25 años para ascender. La carrera diplomática tiene seis escalafones. La ley vigente, aprobada en 2005, indica que el ingreso será por concurso de oposición y que los ganadores de éstos deben cumplir un programa de formación especializada antes de entrar en forma definitiva al servicio exterior con el rango de tercer secretario.
La norma agrega que para optar a las categorías siguientes (segundo secretario, primer secretario, consejero, ministro consejero y embajador) el funcionario debe estar cinco años en el rango previo y pasar la evaluación del jurado calificador, que toma en cuenta aspectos como desempeño, estudios e idiomas.
De manera que hay que estar un mínimo de 25 años en el servicio exterior para llegar hasta el último escalafón. Excepcionalmente un funcionario puede ascender en un tiempo menor por razones de servicio o necesidades de cubrir un cargo vacante, pero siempre presentando la evaluación respectiva.
Publicado en El Nacional
Entre los casi 100 embajadores que tiene el país en el mundo, apenas un puñado son diplomáticos de carrera, entre ellos Carlos Pérez en Antigua y Barbuda; Zoed Karam en Líbano; Víctor Carazo en Rumania; Milena Santana en Suecia; Jorge Rondón en Vietnam y Roy Chaderton en la Organización de Estados Americanos.
La mayoría de los embajadores son ex funcionarios, como el ex vicepresidente y ex fiscal Isaías Rodríguez en Italia; el ex presidente del Tribunal Supremo de Justicia Iván Rincón en Colombia o el ex defensor del pueblo Germán Mundaraín en el Vaticano, por citar algunos casos emblemáticos.
La lista de funcionarios que ahora son jefes de las misiones diplomáticas de Venezuela también incluye a ex ministros como Alí Rodríguez Araque en Cuba; María Lourdes Urbaneja en Ecuador; Nora Uribe en El Salvador y Samuel Moncada en la ONU.
Los militares también figuran, incluidos compañeros de promoción de Chávez: Carlos Eduardo Martínez en Argentina y Arévalo Méndez en Chile. Otros embajadores de origen castrense son Alí Uzcátegui en Austria; Diego Molero en Brasil; Orlando Torrealba en Guatemala; Hugo García en México, Lucas Rincón en Portugal y Juan Paredes en Rusia.
El envío a las misiones diplomáticas de familiares de figuras del oficialismo, como María Gabriela Chávez, también es recurrente. El hijo del gobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas, es el representante de Venezuela en Costa Rica y la hermana del gobernador de Aragua, Tareck el Aissami, es la embajadora en Holanda.
Sin oportunidad. La ausencia de funcionarios de carrera en las embajadas es producto de una política que el gobierno ha aplicado desde 2002 para excluir a quienes responden a criterios institucionales y promover a quienes son leales al oficialismo, denunció el diplomático jubilado Oscar Hernández.
“Incluyeron en el servicio diplomático a una cantidad de gente que no está preparada, lo cual es un perjuicio para la nación. A un funcionario del Estado no se le tiene por qué exigir militancia política. Antes no se le preguntaba a uno si era adeco, copeyano o de otro partido”, dijo Hernández.
El presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela, Juan Francisco Contreras, afirmó que la politización del servicio exterior ha dejado sin oportunidades de trabajo a los profesionales de la carrera, que está básicamente diseñada para servir en la administración pública.
La Universidad Central de Venezuela gradúa semestralmente a 100 internacionalistas y la Universidad Santa María aporta otros tantos desde 2009, cuando salió la primera promoción. “Cada vez estas personas tienen más restringido el acceso a las fuentes de trabajo, por la politización de la Cancillería y de otros organismos”.
En un comunicado publicado esta semana para rechazar la designación de la hija de Chávez en la ONU, el Centro de Estudiantes de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCV también denunció que la desprofesionalización del servicio exterior ha hecho prácticamente imposible su ingreso.
“La desmejora del servicio exterior ha devenido no solamente en la reducción de oportunidades de trabajo para nuestro gremio, sino aún más importante en el decaimiento de aquella diplomacia que debe velar por los intereses del país y ser instrumento para el desarrollo nacional”, dice el texto.
Al margen de la ley. La Cancillería no hace concursos para el ingreso de diplomáticos desde 2005, a pesar de que es una obligación establecida en la Ley de Servicio Exterior. Además, ha mantenido sin ascensos a quienes ingresaron en los últimos concursos y ha jubilado de manera forzada a gran parte del personal de carrera.
El Colegio de Internacionalistas señaló en febrero, con motivo de su 56 aniversario, que la politización de la diplomacia comenzó con la reforma de la Ley de Servicio Exterior de 2001, que modificó la integración del jurado calificador y abrió la posibilidad de que cualquier profesional aspirara al concurso para entrar a la carrera diplomática.
La ex funcionaria Guillermina Da Silva considera, sin embargo, que la modificación clave fue la realizada en 2005, mediante la cual se amplió a 100% el número de jefes de misión que pueden ser designados por el presidente de la República y se suprimió la limitación de 30% para el resto de los cargos, entre otros cambios.
La situación pudiera empeorar con el proyecto de reforma de la Ley de Servicio Exterior que se encuentra pendiente de aprobación en la Asamblea Nacional desde 2011 y que establece que la totalidad del personal de la Cancillería será de libre nombramiento y remoción por el Ejecutivo.
“Las sucesivas modificaciones de la ley que rige el servicio exterior no son otra cosa que el camino transitado hacia la desaparición de los últimos vestigios de la carrera diplomática profesional, lo que para este momento se presenta ya como un hecho”, escribió Da Silva en un artículo incluido en el libro Democracia, paz y desarrollo.
Da Silva precisa que, a pesar de las críticas que puedan hacerse al servicio exterior del período 1958-1998, es un hecho cierto e irrefutable que para mediados de la década de los noventa el porcentaje de funcionarios de carrera en la Cancillería superaba 70%. La proporción actual se desconoce, pero se calcula que es mínima.
25 años para ascender. La carrera diplomática tiene seis escalafones. La ley vigente, aprobada en 2005, indica que el ingreso será por concurso de oposición y que los ganadores de éstos deben cumplir un programa de formación especializada antes de entrar en forma definitiva al servicio exterior con el rango de tercer secretario.
La norma agrega que para optar a las categorías siguientes (segundo secretario, primer secretario, consejero, ministro consejero y embajador) el funcionario debe estar cinco años en el rango previo y pasar la evaluación del jurado calificador, que toma en cuenta aspectos como desempeño, estudios e idiomas.
De manera que hay que estar un mínimo de 25 años en el servicio exterior para llegar hasta el último escalafón. Excepcionalmente un funcionario puede ascender en un tiempo menor por razones de servicio o necesidades de cubrir un cargo vacante, pero siempre presentando la evaluación respectiva.
Publicado en El Nacional
domingo, 10 de agosto de 2014
Elías Daniels: "Venezuela debe discutir sobre la reclamación del Esequibo"
El almirante (r) Elías Daniels, ex director de la Unidad Especial de Guyana en la Cancillería, cree que el gobierno cometió un error al politizar la controversia territorial, que requiere una política de Estado consensuada.
–¿ Cuál es el estatus de la reclamación del Esequibo?
–La reclamación está vigente porque el Acuerdo de Ginebra está vigente. El problema es que el manejo interno en los últimos años ha sido de enfrentamiento. El tema se ha incorporado a la diatriba política. Eso ha sido un error porque la reclamación es un asunto nacional, que interesa a todos los venezolanos y todos deben recibir información apropiada.
–¿Qué ha hecho Venezuela en los últimos años?
–Ha usado el método de los buenos oficios, que consiste en que el secretario general de la ONU nombra un representante y cada país designa un facilitador (el de Venezuela es Roy Chaderton) para tratar el tema. Pero esos facilitadores tienen que reunirse. Habría que buscar en la historia cuándo fue la última vez que se reunieron.
–¿Por qué el método no ha dado resultados?
–Porque Venezuela en los últimos años no ha conseguido un facilitador que tuviera ideas para ponerlas en el tapete. También porque las circunstancias han variado. No es lo mismo 1966 que 2014. La geografía marítima varió. La legislación internacional cambió.
–¿Qué se debe hacer ante la muerte del buen oficiante Norman Girvan?
–Hay que tener cuidado porque el secretario general de la ONU puede determinar que los buenos oficios ya no son el método adecuado y escoger otro de los medios previstos en el Acuerdo de Ginebra. Es peligroso porque no estamos preparados para eso. Hay que hacer foros, asambleas, discusiones, análisis con personas calificadas. Venezuela tiene que discutir sobre la reclamación del Esequibo.
–¿Cómo se respondió a la solicitud que Guyana hizo en 2012 ante la ONU para ampliar su plataforma continental?
–Venezuela actuó bien. Esa es una de las cosas que no se sabe, porque la Cancillería se manifiesta solo mediante comunicados. El canciller no da entrevistas ni declaraciones, como lo hace su contraparte de Guyana. El canciller tiene que dejar el miedo con la prensa y expresar los problemas de política exterior. La posición de Venezuela fue distribuida a los 193 países que están en la Asamblea General de la ONU. ¿Cómo puede ser secreta? Eso es algo público.
–Se ha cuestionado el manejo de la reclamación. ¿Hay un descuido del tema y de la política exterior en general?
–Hay que dividir eso en dos etapas, porque el gobierno tiene varios años. Al principio se le dio mucha importancia y se continuó la gestión de años anteriores. Pero en 2002 el gobierno dejó de enfocar la reclamación como un asunto de Estado. El tema Guyana no puede ser una política de gobierno, que es circunstancial, sino una política de Estado, que debe ser consensuada.
–¿Es posible lograr ese consenso?
–Sí. Para eso son importantes los medios, las academias, las universidades; donde se puede discutir el tema. Porque la reclamación forma parte de un asunto más grande, que es la conformación geográfica. Con Colombia está pendiente la delimitación submarina. Después hay un solapamiento entre las fronteras de República Dominicana con Colombia y Venezuela. Eso hay que solucionarlo. Luego hay una cantidad de islas con la que no se ha delimitado: San Cristóbal y Nevis, Antigua y Barbuda, Dominica, Montserrat (Reino Unido), Santa Lucía, San Vicente y Granadinas, Granada.
–¿Las prospecciones petroleras de Granada afectan a Venezuela?
–Se dice, hay que constatarlo, que se alquiló un buque oceánico que está haciendo levantamiento sísmico en las aguas territoriales de Granada. Hay que estar pendiente, no vaya a ser que estén usurpando espacios marítimos de Venezuela. Hay que tener mucho cuidado.
–¿Para que no pase lo mismo que con el Teknik Perdana, detenido en 2013 cuando hacía prospecciones petroleras para Guyana?
–Allí Venezuela actuó bien. Porque detuvo un buque que estaba en aguas que no son de Guyana. Pero ese episodio confirma la necesidad de reunirnos a discutir los temas de soberanía, de conformación geográfica. Hay muchos recursos en la Plataforma Deltana, en Isla de Aves, en el Golfo de Venezuela. Hay recursos de gas e hidrocarburos que dan para solucionar muchos problemas. Pero primero tenemos que terminar la delimitación con Colombia. Hay que solucionar eso. Y después, si quieren, lo sometemos a referéndum popular, si es un tema tan controversial. Pero no hay que tener miedo a discutirlo.
–¿En la frontera terrestre con Colombia y Brasil hay asuntos pendientes?
–Allí hay que tomar en cuenta la integración, que tiene que darse. En la Comunidad Andina avanzamos mucho en la integración con Colombia. Con Brasil, a partir de Unasur, comenzamos a discutir. Y Unasur es un proyecto de integración muy interesante con respecto a la reclamación del Esequibo, porque incluye a Guyana.
–¿Fue un error abandonar la Comunidad Andina?
–Creo que sí, fue un error. No es lo mismo ser cabeza de ratón que cola de león. El proceso de integración más avanzado era el de la CAN. Tenía parlamento elegido democráticamente, normas, instituciones. De pronto, nos salimos para adherirnos al Mercosur, que tiene sus problemas.
–¿Es posible un acercamiento con la CAN?
–Ahora nos estamos dando cuenta de la necesidad de la relación bilateral con Colombia. En la CAN ya nos habíamos integrado tanto que había cadenas productivas. ¿Cómo retomar eso? Son necesarios los foros, la discusión, los análisis. No hay que tenerles miedo. Hay que hacerlos, pero sin pretensión de imponer un criterio.
–¿Por qué lo sacan de la Cancillería en junio, después de 19 años?
–Soy un estudioso de la política exterior y escribo ensayos que se llaman reflexiones, que se alimentan con informaciones que son de dominio público a través de Internet. Siempre fui muy cuidadoso en deslindar los papeles confidenciales que le entregaba al canciller de los que son públicos. Pero eso parece que incomodaba. Lo que pasa es que hay que mantener informada a la opinión pública. Las cosas deberían ser como al principio del gobierno, cuando los periodistas tenían acceso a las fuentes oficiales. Últimamente no es así. Eso hace mucho mal.
–¿Cómo queda la Unidad Especial de Guyana?
–Creo que la intención del gobierno es darle continuidad al trabajo que se hacía allí. Esa unidad se ha encargado de tener un registro de todo lo que afecta la reclamación del Esequibo. Ojalá siga investigando.
Publicado en El Nacional
–¿ Cuál es el estatus de la reclamación del Esequibo?
–La reclamación está vigente porque el Acuerdo de Ginebra está vigente. El problema es que el manejo interno en los últimos años ha sido de enfrentamiento. El tema se ha incorporado a la diatriba política. Eso ha sido un error porque la reclamación es un asunto nacional, que interesa a todos los venezolanos y todos deben recibir información apropiada.
–¿Qué ha hecho Venezuela en los últimos años?
–Ha usado el método de los buenos oficios, que consiste en que el secretario general de la ONU nombra un representante y cada país designa un facilitador (el de Venezuela es Roy Chaderton) para tratar el tema. Pero esos facilitadores tienen que reunirse. Habría que buscar en la historia cuándo fue la última vez que se reunieron.
–¿Por qué el método no ha dado resultados?
–Porque Venezuela en los últimos años no ha conseguido un facilitador que tuviera ideas para ponerlas en el tapete. También porque las circunstancias han variado. No es lo mismo 1966 que 2014. La geografía marítima varió. La legislación internacional cambió.
–¿Qué se debe hacer ante la muerte del buen oficiante Norman Girvan?
–Hay que tener cuidado porque el secretario general de la ONU puede determinar que los buenos oficios ya no son el método adecuado y escoger otro de los medios previstos en el Acuerdo de Ginebra. Es peligroso porque no estamos preparados para eso. Hay que hacer foros, asambleas, discusiones, análisis con personas calificadas. Venezuela tiene que discutir sobre la reclamación del Esequibo.
–¿Cómo se respondió a la solicitud que Guyana hizo en 2012 ante la ONU para ampliar su plataforma continental?
–Venezuela actuó bien. Esa es una de las cosas que no se sabe, porque la Cancillería se manifiesta solo mediante comunicados. El canciller no da entrevistas ni declaraciones, como lo hace su contraparte de Guyana. El canciller tiene que dejar el miedo con la prensa y expresar los problemas de política exterior. La posición de Venezuela fue distribuida a los 193 países que están en la Asamblea General de la ONU. ¿Cómo puede ser secreta? Eso es algo público.
–Se ha cuestionado el manejo de la reclamación. ¿Hay un descuido del tema y de la política exterior en general?
–Hay que dividir eso en dos etapas, porque el gobierno tiene varios años. Al principio se le dio mucha importancia y se continuó la gestión de años anteriores. Pero en 2002 el gobierno dejó de enfocar la reclamación como un asunto de Estado. El tema Guyana no puede ser una política de gobierno, que es circunstancial, sino una política de Estado, que debe ser consensuada.
–¿Es posible lograr ese consenso?
–Sí. Para eso son importantes los medios, las academias, las universidades; donde se puede discutir el tema. Porque la reclamación forma parte de un asunto más grande, que es la conformación geográfica. Con Colombia está pendiente la delimitación submarina. Después hay un solapamiento entre las fronteras de República Dominicana con Colombia y Venezuela. Eso hay que solucionarlo. Luego hay una cantidad de islas con la que no se ha delimitado: San Cristóbal y Nevis, Antigua y Barbuda, Dominica, Montserrat (Reino Unido), Santa Lucía, San Vicente y Granadinas, Granada.
–¿Las prospecciones petroleras de Granada afectan a Venezuela?
–Se dice, hay que constatarlo, que se alquiló un buque oceánico que está haciendo levantamiento sísmico en las aguas territoriales de Granada. Hay que estar pendiente, no vaya a ser que estén usurpando espacios marítimos de Venezuela. Hay que tener mucho cuidado.
–¿Para que no pase lo mismo que con el Teknik Perdana, detenido en 2013 cuando hacía prospecciones petroleras para Guyana?
–Allí Venezuela actuó bien. Porque detuvo un buque que estaba en aguas que no son de Guyana. Pero ese episodio confirma la necesidad de reunirnos a discutir los temas de soberanía, de conformación geográfica. Hay muchos recursos en la Plataforma Deltana, en Isla de Aves, en el Golfo de Venezuela. Hay recursos de gas e hidrocarburos que dan para solucionar muchos problemas. Pero primero tenemos que terminar la delimitación con Colombia. Hay que solucionar eso. Y después, si quieren, lo sometemos a referéndum popular, si es un tema tan controversial. Pero no hay que tener miedo a discutirlo.
–¿En la frontera terrestre con Colombia y Brasil hay asuntos pendientes?
–Allí hay que tomar en cuenta la integración, que tiene que darse. En la Comunidad Andina avanzamos mucho en la integración con Colombia. Con Brasil, a partir de Unasur, comenzamos a discutir. Y Unasur es un proyecto de integración muy interesante con respecto a la reclamación del Esequibo, porque incluye a Guyana.
–¿Fue un error abandonar la Comunidad Andina?
–Creo que sí, fue un error. No es lo mismo ser cabeza de ratón que cola de león. El proceso de integración más avanzado era el de la CAN. Tenía parlamento elegido democráticamente, normas, instituciones. De pronto, nos salimos para adherirnos al Mercosur, que tiene sus problemas.
–¿Es posible un acercamiento con la CAN?
–Ahora nos estamos dando cuenta de la necesidad de la relación bilateral con Colombia. En la CAN ya nos habíamos integrado tanto que había cadenas productivas. ¿Cómo retomar eso? Son necesarios los foros, la discusión, los análisis. No hay que tenerles miedo. Hay que hacerlos, pero sin pretensión de imponer un criterio.
–¿Por qué lo sacan de la Cancillería en junio, después de 19 años?
–Soy un estudioso de la política exterior y escribo ensayos que se llaman reflexiones, que se alimentan con informaciones que son de dominio público a través de Internet. Siempre fui muy cuidadoso en deslindar los papeles confidenciales que le entregaba al canciller de los que son públicos. Pero eso parece que incomodaba. Lo que pasa es que hay que mantener informada a la opinión pública. Las cosas deberían ser como al principio del gobierno, cuando los periodistas tenían acceso a las fuentes oficiales. Últimamente no es así. Eso hace mucho mal.
–¿Cómo queda la Unidad Especial de Guyana?
–Creo que la intención del gobierno es darle continuidad al trabajo que se hacía allí. Esa unidad se ha encargado de tener un registro de todo lo que afecta la reclamación del Esequibo. Ojalá siga investigando.
Publicado en El Nacional
domingo, 3 de agosto de 2014
Diálogo entre Santos y Maduro ha dado pocos resultados
Los mandatarios de Colombia, Juan Manuel Santos, y Venezuela, Nicolás Maduro, tuvieron el viernes en Cartagena su cuarta cumbre presidencial, un diálogo que los especialistas consideran positivo aunque señalan que ha brindado pocos resultados.
"Creo que la relación bilateral está mejor que en los períodos esquizofrénicos de los presidentes Hugo Chávez y Álvaro Uribe. No estamos en esa onda y eso es positivo, pero hay muchas interrogantes", aseguró el internacionalista Félix Gerardo Arellano.
El problema es que las principales dificultades se mantienen y en algunos casos se agravan: el comercio formal entre ambos países sigue estancado, principalmente por la crisis económica en Venezuela, y la actividad ilegal ha crecido por la misma razón.
Arellano precisa que los acuerdos alcanzados para atacar estas dificultades -el viernes se anunció una serie de medidas económicas- resultan poco novedosos y complicados de aplicar.
"El sistema para que las transacciones bilaterales se hagan en moneda local y que los bancos centrales compensen la diferencia ya existía en la Aladi, pero esta última parte también se vería afectada por la falta de divisas", expresó.
Agregó que la medida puede resultar contraproducente, porque las empresas que hayan transado en moneda local después pueden necesitar divisas para comprar a otros países. "No les conviene tener dinero que luego no pueden usar".
Otro problema sin resolver es la asignación de divisas para remesas. "No veo que haya una solución clara para que los colombianos radicados en Venezuela puedan cambiar sus bolívares y enviarlos a sus familias", indica Arellano.
Atacar las causas. En el caso del contrabando, los presidentes anunciaron el viernes medidas para combatir este flagelo como la creación de centros de comando binacional, el intercambio de información financiera y la coordinación de acciones jurídicas.
La internacionalista Beatriz De Majo afirma que estas medidas, de carácter policial y judicial, serán insuficientes para reducir el comercio ilegal de productos mientras no se corrijan las causas del problema.
"Cuando existe una disparidad tan grande en el manejo de las economías de los dos países y hay una insinceridad cambiaria como en Venezuela (con cuatro tipos de cambio) es imposible controlar el contrabando", apuntó De Majo.
No hay cifras precisas sobre este flagelo, pero lo que sí está claro es que el subsidio del gobierno de Venezuela a muchos productos básicos convierte la extracción ilegal de esos bienes hacia territorio colombiano en un negocio multimillonario.
El Ministerio de Alimentación admitió que la fuga de artículos hacia Colombia es uno de los principales problemas de Mercal y calcula que 40% de los bienes distribuidos por la red terminan en el país vecino.
"No es difícil explicar el fenómeno. La fijación de una tasa de cambio artificial para abaratar las importaciones de bienes básicos está siendo utilizada para reexportar los productos hacia Colombia a precios más bajos a los que se dan en nuestro país", dijo el diario La República en su editorial del 30 de julio.
Daniel Aguilar, presidente de Fedecámaras Táchira, respalda esta versión. "El problema de la frontera es que el bolívar no tiene valor y el peso está muy alto. Actualmente hay que dar aproximadamente 32 bolívares por cada peso".
Aguilar calcula que con el sueldo mínimo de Colombia (620.000 pesos mensuales) se pueden obtener 19.800 bolívares al tipo de cambio actual, lo cual multiplica por 5 al salario de Venezuela (4.200 bolívares).
Solución interna. Para La República la solución es clara y está en manos del gobierno de Venezuela. "Hay que sincerar el precio de la divisa local, pero esta es una decisión que solo incumbe a las autoridades económicas de ese país y no es conveniente plantearlo por parte de Colombia, para no caer en la discusión de la intromisión".
Arellano considera que tanto el comercio formal como el contrabando son problemas que Venezuela tiene que resolver. "Colombia no puede hacer nada porque son consecuencia de una política económica que ha distorsionado el mercado cambiario y destruido el aparato productivo".
Aguilar está de acuerdo en que la única vía para reducir el contrabando es que se sincere el valor del bolívar. "La solución es tomar una decisión real sobre la situación económica fronteriza equilibrando el precio de la moneda".
"Colombia debe seguir combatiendo el contrabando porque le hace daño a su industria nacional, pero es Venezuela la que debe corregir el rumbo en materia económica y sabemos que estamos lejos de eso", advirtió De Majo.
Publicado en El Nacional
"Creo que la relación bilateral está mejor que en los períodos esquizofrénicos de los presidentes Hugo Chávez y Álvaro Uribe. No estamos en esa onda y eso es positivo, pero hay muchas interrogantes", aseguró el internacionalista Félix Gerardo Arellano.
El problema es que las principales dificultades se mantienen y en algunos casos se agravan: el comercio formal entre ambos países sigue estancado, principalmente por la crisis económica en Venezuela, y la actividad ilegal ha crecido por la misma razón.
Arellano precisa que los acuerdos alcanzados para atacar estas dificultades -el viernes se anunció una serie de medidas económicas- resultan poco novedosos y complicados de aplicar.
"El sistema para que las transacciones bilaterales se hagan en moneda local y que los bancos centrales compensen la diferencia ya existía en la Aladi, pero esta última parte también se vería afectada por la falta de divisas", expresó.
Agregó que la medida puede resultar contraproducente, porque las empresas que hayan transado en moneda local después pueden necesitar divisas para comprar a otros países. "No les conviene tener dinero que luego no pueden usar".
Otro problema sin resolver es la asignación de divisas para remesas. "No veo que haya una solución clara para que los colombianos radicados en Venezuela puedan cambiar sus bolívares y enviarlos a sus familias", indica Arellano.
Atacar las causas. En el caso del contrabando, los presidentes anunciaron el viernes medidas para combatir este flagelo como la creación de centros de comando binacional, el intercambio de información financiera y la coordinación de acciones jurídicas.
La internacionalista Beatriz De Majo afirma que estas medidas, de carácter policial y judicial, serán insuficientes para reducir el comercio ilegal de productos mientras no se corrijan las causas del problema.
"Cuando existe una disparidad tan grande en el manejo de las economías de los dos países y hay una insinceridad cambiaria como en Venezuela (con cuatro tipos de cambio) es imposible controlar el contrabando", apuntó De Majo.
No hay cifras precisas sobre este flagelo, pero lo que sí está claro es que el subsidio del gobierno de Venezuela a muchos productos básicos convierte la extracción ilegal de esos bienes hacia territorio colombiano en un negocio multimillonario.
El Ministerio de Alimentación admitió que la fuga de artículos hacia Colombia es uno de los principales problemas de Mercal y calcula que 40% de los bienes distribuidos por la red terminan en el país vecino.
"No es difícil explicar el fenómeno. La fijación de una tasa de cambio artificial para abaratar las importaciones de bienes básicos está siendo utilizada para reexportar los productos hacia Colombia a precios más bajos a los que se dan en nuestro país", dijo el diario La República en su editorial del 30 de julio.
Daniel Aguilar, presidente de Fedecámaras Táchira, respalda esta versión. "El problema de la frontera es que el bolívar no tiene valor y el peso está muy alto. Actualmente hay que dar aproximadamente 32 bolívares por cada peso".
Aguilar calcula que con el sueldo mínimo de Colombia (620.000 pesos mensuales) se pueden obtener 19.800 bolívares al tipo de cambio actual, lo cual multiplica por 5 al salario de Venezuela (4.200 bolívares).
Solución interna. Para La República la solución es clara y está en manos del gobierno de Venezuela. "Hay que sincerar el precio de la divisa local, pero esta es una decisión que solo incumbe a las autoridades económicas de ese país y no es conveniente plantearlo por parte de Colombia, para no caer en la discusión de la intromisión".
Arellano considera que tanto el comercio formal como el contrabando son problemas que Venezuela tiene que resolver. "Colombia no puede hacer nada porque son consecuencia de una política económica que ha distorsionado el mercado cambiario y destruido el aparato productivo".
Aguilar está de acuerdo en que la única vía para reducir el contrabando es que se sincere el valor del bolívar. "La solución es tomar una decisión real sobre la situación económica fronteriza equilibrando el precio de la moneda".
"Colombia debe seguir combatiendo el contrabando porque le hace daño a su industria nacional, pero es Venezuela la que debe corregir el rumbo en materia económica y sabemos que estamos lejos de eso", advirtió De Majo.
Publicado en El Nacional
sábado, 2 de agosto de 2014
Cartagena recibió con protestas reunión entre Maduro y Santos
Cerca de medio centenar de personas manifestaron en Cartagena contra la visita del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que se reunió en esa ciudad con su homólogo de Colombia, Juan Manuel Santos, para repasar la agenda bilateral.
Los manifestantes -en su mayoría pertenecientes al partido Centro Democrático, fundado por el expresidente Álvaro Uribe- desplegaron pancartas con los nombres y las edades de algunos de los jóvenes detenidos en las protestas contra Maduro, reportó Efe.
"En Venezuela tiene que haber democracia y libertad de expresión y eso es los que estamos pidiendo hoy desde aquí", declaró Fernando Araújo, senador de Centro Democrático y organizador de la protesta.
"No estamos de acuerdo con el silencio cómplice de Santos, de permitir que Maduro venga a Colombia después de las violaciones de derechos humanos y de las detenciones injustas", dijo María Beatriz Salcedo, otra de las organizadoras.
Los mandatarios escogieron para la reunión de ayer -la cuarta entre ambos- un hotel rodeado por una plaza, que fue cortada al tráfico desde la mañana en previsión de que manifestantes se acercaran a protestar.
Más acuerdos. Santos y Maduro anunciaron que el encuentro sirvió para lograr acuerdos en la lucha contra el contrabando, comercio, energía, infraestructura y transporte; además de aprobar un plan de asistencia al pueblo wayúu, que vive a ambos lados de la frontera.
Confirmaron que se aplicarán las medidas acordadas en febrero para combatir el comercio ilegal, que incluyen centros de comando binacionales y un sistema de intercambio de información financiera para desarticular a los grupos que participan en el contrabando.
Agregaron que impulsarán el comercio formal con la aplicación de un sistema de pago en moneda nacional, la profundización del acuerdo de alcance parcial y la creación de una mesa de trabajo permanente para revisar mensualmente el cumplimiento de las políticas aprobadas en materia económica.
Publicado en El Nacional
Los manifestantes -en su mayoría pertenecientes al partido Centro Democrático, fundado por el expresidente Álvaro Uribe- desplegaron pancartas con los nombres y las edades de algunos de los jóvenes detenidos en las protestas contra Maduro, reportó Efe.
"En Venezuela tiene que haber democracia y libertad de expresión y eso es los que estamos pidiendo hoy desde aquí", declaró Fernando Araújo, senador de Centro Democrático y organizador de la protesta.
"No estamos de acuerdo con el silencio cómplice de Santos, de permitir que Maduro venga a Colombia después de las violaciones de derechos humanos y de las detenciones injustas", dijo María Beatriz Salcedo, otra de las organizadoras.
Los mandatarios escogieron para la reunión de ayer -la cuarta entre ambos- un hotel rodeado por una plaza, que fue cortada al tráfico desde la mañana en previsión de que manifestantes se acercaran a protestar.
Más acuerdos. Santos y Maduro anunciaron que el encuentro sirvió para lograr acuerdos en la lucha contra el contrabando, comercio, energía, infraestructura y transporte; además de aprobar un plan de asistencia al pueblo wayúu, que vive a ambos lados de la frontera.
Confirmaron que se aplicarán las medidas acordadas en febrero para combatir el comercio ilegal, que incluyen centros de comando binacionales y un sistema de intercambio de información financiera para desarticular a los grupos que participan en el contrabando.
Agregaron que impulsarán el comercio formal con la aplicación de un sistema de pago en moneda nacional, la profundización del acuerdo de alcance parcial y la creación de una mesa de trabajo permanente para revisar mensualmente el cumplimiento de las políticas aprobadas en materia económica.
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