Un día después de que la Superintendencia de Bancos (Sudeban) y la Asociación Bancaria de Venezuela (Asobanca) defendieran la integridad de la filial local del Stanford Financial Group, acusado en los tribunales de Estados Unidos por un multimillonario fraude, el Ministerio de Economía y Finanzas intervino la entidad.
La decisión fue anunciada ayer por el titular del despacho, Alí Rodríguez Araque. Pero la resolución de Sudeban que ordenó la intervención del Stanford Bank y el cese de sus actividades de intermediación financiera apareció publicada en la Gaceta Oficial 39.123, correspondiente al miércoles 18 de febrero, que circuló ayer.
El Ministerio reiteró, mediante una nota de prensa, que la filial venezolana "evidenciaba un desempeño positivo". Explicó, no obstante, que el proceso judicial contra el grupo financiero internacional y la orden de captura de su accionista Robert Allen Stanford hicieron que los clientes del banco en el país retiraran masivamente sus ahorros.
Estos retiros obligaron a Stanford Bank a utilizar 75 millones de bolívares fuertes de su cuenta de encaje en el Banco Central de Venezuela (BCV) y provocaron "graves problemas de liquidez que ponen en peligro la estabilidad de la institución financiera y por ende los intereses de sus depositantes", explicó la resolución de Sudeban.
SUBASTA INMEDIATA
Para administrar el banco mientras dure la tutela gubernamental, Sudeban designó una junta interventora conformada por José De La Blanca, Rafael Antolinez y Simón Rausseo. La idea, sin embargo, es que éstos presenten "una propuesta para el proceso de venta inmediata de la institución financiera", establece la resolución.
Rodríguez Araque informó ayer que ya han recibido algunas ofertas por Stanford Bank, que cuenta con 15 sucursales en el país. "Se va a hacer una operación de subasta muy pronto (para que) un grupo de bancos u otro banco adquiera tanto el activo como el pasivo", dijo en una entrevista con Venevisión, citada por Reuters.
El Ministerio también reiteró que la intervención del Stanford Bank nada tiene que ver con la situación venezolana. "Ha sido provocada por un factor completamente ajeno a nuestro sistema financiero, que se mantiene ajustado a los requisitos establecidos en nuestra normativa legal y las disposiciones de nuestras autoridades", explicó en el comunicado.
El despacho destacó, tal como lo habían hecho el miércoles Asobanca y Sudeban, la fortaleza del sistema financiero local. "No existe en el presente ninguna amenaza que afecte su estabilidad y solidez. Los depositantes pueden mantener la confianza en su sistema financiero como ha venido ocurriendo hasta ahora".
OLLA DESTAPADA
Pero mientras los depositantes de la filial local parecen tener garantizados sus recursos, no sucede lo mismo con el dinero de los venezolanos en el Stanford Bank de Antigua y Barbuda. El país caribeño era punto clave para el grupo financiero, acusado por la venta fraudulenta de US$ 8.000 millones en certificados de depósitos.
El titular de la Sudeban, Edgar Hernández Behrens, reconoció el miércoles que el monto depositado por venezolanos en la filial caribeña de Stanford se ubica entre 2.300 y 3.000 millones de dólares. La oficina local del despacho de abogados Clyde & Co. informó, por su parte, que ha atendido a unas 60 personas afectadas por esta situación.
La firma, que cuenta con oficinas en 22 países, está ofreciendo sus servicios para asistir a los venezolanos en la audiencia que se realizará el próximo 2 de marzo en el Juzgado Federal del Distrito Norte del Estado de Texas, designado para atender el caso.
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viernes, 20 de febrero de 2009
martes, 19 de agosto de 2008
La estatización se concreta
A pocas horas de vencerse el plazo legal fijado para la estatización de las principales productoras de cemento del país –la mexicana Cemex, la suiza Holcim y la francesa Lafarge–, el Ejecutivo nacional firmó acuerdos de compra-venta con dos de las tres empresas afectadas por la medida.
El vicepresidente de la República, Ramón Carrizalez, indicó que el Estado logró acuerdos amistosos con Holcim y Lafarge. La empresa suiza vendió el 85% de las acciones por 552 millones de dólares, mientras que la francesa cedió el 89% de las acciones por 267 millones de dólares.
Las compañías transnacionales, agregó Carrizalez, se mantendrán como socios minoritarios en las nuevas empresas estatales: Holcim conservará el 15% y Lafarge el 6%. El Estado tiene un plazo de 60 días para cancelar el precio acordado a las empresas.
La mexicana Cemex, en cambio, no logró acordar los términos del traspaso de sus acciones al Estado, por lo que será expropiada. "Estamos obligados por la ley a proceder inmediatamente después de vencido el plazo", indicó el vicepresidente.
PARA LA TRANSICIÓN
Antes de conocerse el acuerdo de compra alcanzado con dos de las tres cementeras, el presidente Hugo Chávez creó –mediante decreto– las comisiones de transición que se encargarán de asumir el control operativo de las empresas estatizadas.
Según la Gaceta Oficial número 38.995, fechada el 15 de agosto pero difundida ayer, cada una de las comisiones estará integrada por cuatro integrantes, deberá instalarse de inmediato y podrá conformar los equipos o grupos técnicos que considere necesarios.
El objetivo de estas comisiones será, según el decreto, "garantizar la transferencia del control de todas las actividades que desarrollan las sociedades mercantiles Cemex Venezuela, Holcim Venezuela y Fábrica Nacional de Cementos (Lafarge) a las empresas estatales".
Las tres comisiones creadas por el Ejecutivo para la transición de la industria cementera están conformadas, en su mayoría, por funcionarios que ocupan –o han ocupado– cargos en la actual administración pública, aunque también hay representantes de otros sectores.
LOS ENCARGADOS
La comisión de transición de Cemex tendrá como coordinador a Elio Francisco Colmenares Goyo, quien se desempeña desde marzo de 2006 como viceministro de Industrias Ligeras. Previamente ocupó varios cargos en el Ministerio del Trabajo.
Otro integrante es Julio César Millán Zambrano, quien renunció a su cargo de diputado del Consejo Legislativo de Anzoátegui después de ser nombrado, el pasado 30 de junio, presidente de la Empresa de Producción Social de Insumos Básicos para la Construcción de Viviendas.
También figuran en este grupo Luis Salvador Velásquez Rosas, aparentemente vinculado a las empresas estatales del sector aluminio, y Reinaldo Getulio Álvarez Cohen, accionista y actual vicepresidente de Interbursa Casa de Bolsa.
En la comisión de Holcim están Ramón Ignacio Trujillo Serrano, ex gerente de finanzas del Fondo de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal y Afines; y William Adolfo Araque Ramírez, ex presidente de la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE).
De los otros dos integrantes del grupo que se encargará de la estatización de la cementera de origen suizo, Natacha Castillo González y Pedro Rogelio González, no se consiguió mayor información en una búsqueda por Internet.
La comisión de Lafarge también será presidida por un viceministro: el de Industrias Básicas, Jesús Enrique Paredes Rosales. Antes de ser nombrado para este cargo, en octubre de 2006, también tuvo posiciones importantes en Cadafe, Venezolana de Televisión y otros organismos.
Los otros integrantes son Luis Eduardo Reyes, Jesús Antonio Calvo y Blas Cuartín Sánchez. Sólo este último, ingeniero de profesión, tendría experiencia previa en la administración pública, específicamente en el extinto Ministerio de Desarrollo Urbano (actual Minfra) y el Seniat.
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El vicepresidente de la República, Ramón Carrizalez, indicó que el Estado logró acuerdos amistosos con Holcim y Lafarge. La empresa suiza vendió el 85% de las acciones por 552 millones de dólares, mientras que la francesa cedió el 89% de las acciones por 267 millones de dólares.
Las compañías transnacionales, agregó Carrizalez, se mantendrán como socios minoritarios en las nuevas empresas estatales: Holcim conservará el 15% y Lafarge el 6%. El Estado tiene un plazo de 60 días para cancelar el precio acordado a las empresas.
La mexicana Cemex, en cambio, no logró acordar los términos del traspaso de sus acciones al Estado, por lo que será expropiada. "Estamos obligados por la ley a proceder inmediatamente después de vencido el plazo", indicó el vicepresidente.
PARA LA TRANSICIÓN
Antes de conocerse el acuerdo de compra alcanzado con dos de las tres cementeras, el presidente Hugo Chávez creó –mediante decreto– las comisiones de transición que se encargarán de asumir el control operativo de las empresas estatizadas.
Según la Gaceta Oficial número 38.995, fechada el 15 de agosto pero difundida ayer, cada una de las comisiones estará integrada por cuatro integrantes, deberá instalarse de inmediato y podrá conformar los equipos o grupos técnicos que considere necesarios.
El objetivo de estas comisiones será, según el decreto, "garantizar la transferencia del control de todas las actividades que desarrollan las sociedades mercantiles Cemex Venezuela, Holcim Venezuela y Fábrica Nacional de Cementos (Lafarge) a las empresas estatales".
Las tres comisiones creadas por el Ejecutivo para la transición de la industria cementera están conformadas, en su mayoría, por funcionarios que ocupan –o han ocupado– cargos en la actual administración pública, aunque también hay representantes de otros sectores.
LOS ENCARGADOS
La comisión de transición de Cemex tendrá como coordinador a Elio Francisco Colmenares Goyo, quien se desempeña desde marzo de 2006 como viceministro de Industrias Ligeras. Previamente ocupó varios cargos en el Ministerio del Trabajo.
Otro integrante es Julio César Millán Zambrano, quien renunció a su cargo de diputado del Consejo Legislativo de Anzoátegui después de ser nombrado, el pasado 30 de junio, presidente de la Empresa de Producción Social de Insumos Básicos para la Construcción de Viviendas.
También figuran en este grupo Luis Salvador Velásquez Rosas, aparentemente vinculado a las empresas estatales del sector aluminio, y Reinaldo Getulio Álvarez Cohen, accionista y actual vicepresidente de Interbursa Casa de Bolsa.
En la comisión de Holcim están Ramón Ignacio Trujillo Serrano, ex gerente de finanzas del Fondo de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal y Afines; y William Adolfo Araque Ramírez, ex presidente de la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE).
De los otros dos integrantes del grupo que se encargará de la estatización de la cementera de origen suizo, Natacha Castillo González y Pedro Rogelio González, no se consiguió mayor información en una búsqueda por Internet.
La comisión de Lafarge también será presidida por un viceministro: el de Industrias Básicas, Jesús Enrique Paredes Rosales. Antes de ser nombrado para este cargo, en octubre de 2006, también tuvo posiciones importantes en Cadafe, Venezolana de Televisión y otros organismos.
Los otros integrantes son Luis Eduardo Reyes, Jesús Antonio Calvo y Blas Cuartín Sánchez. Sólo este último, ingeniero de profesión, tendría experiencia previa en la administración pública, específicamente en el extinto Ministerio de Desarrollo Urbano (actual Minfra) y el Seniat.
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lunes, 6 de febrero de 2006
Rebelión en la "Nueva PDVSA"
Las críticas al plan que adelanta el Ministerio de Energía y Petróleo para convertir los convenios operativos en empresas mixtas (de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2001) no sólo vienen de los dirigentes de oposición. Desde las entrañas de la "nueva Pdvsa" ha surgido un grupo que objeta la migración: el Frente Social Energético 21-D.
El grupo se ha dado a conocer mediante comunicados publicados en la prensa nacional en las últimas semanas. En uno de ellos, titulado "Contraloría social bolivariana sobre la conformación de empresas mixtas en la industria petrolera", se esgrimen los argumentos que sustentan su rechazo al modelo de asociación propuesto por el gobierno a las compañías transnacionales.
Lo primero que señalan es que las empresas mixtas violan las disposiciones constitucionales que reservan la propiedad de los hidrocarburos al país. Tal es el caso del artículo 12, en el cual se establece que "los yacimientos mineros y de hidrocarburos (...) existentes en el territorio nacional (...) pertenecen a la República, son bienes del dominio público y, por tanto, inalienables e imprescriptibles".
Ponen como ejemplo las declaraciones que diera Julio De Vido, ministro de Planificación General de Argentina, cuando se firmó el acuerdo entre Pdvsa y Enarsa para la explotación de la Faja del Orinoco: "Argentina tiene la obligación de salir a ampliar reservas aún fuera del país. No es cierto que la única manera de tener reservas es teniendo petróleo en el país, se pueden obtener fuera del territorio".
En el Frente también critican que el procedimiento se esté haciendo "a espaldas del dueño y soberano de estos recursos: el pueblo", tal como sucedió con los convenios operativos. Consideran que, por tener el petróleo un valor estratégico para Venezuela, la constitución de empresas mixtas debería ser consultada por lo menos al Consejo de Estado (establecido en el artículo 251 de la Constitución).
El grupo no se limita a criticar, también propone una alternativa a las empresas mixtas. Su propuesta consiste en que Pdvsa asuma directamente la operación de los campos entregados mediante los convenios operativos. "¿La opción de esfuerzo propio no sería la más adecuada? (...) ¿Acaso esta opción no es una verdadera estrategia de soberanía nacional?", preguntaron en el comunicado.
Crítica clandestina
Más allá de la posición que tienen ante las empresas mixtas, es poco lo que se sabe sobre el Frente Social Energético 21-D. Uno de sus miembros, que pidió mantener su nombre en reserva, explicó que el grupo está conformado por trabajadores –actuales y retirados– de la industria petrolera, así como por miembros de diferentes organizaciones sociales del occidente del país.
Si alguien piensa que el grupo tiene vínculos con la oposición, está equivocado. El nombre 21-D fue escogido por ser esa la fecha en que el gobierno logró movilizar el buque petrolero Pilín León y comenzó a desmontar el paro petrolero de diciembre de 2002. "Somos un grupo con verdadero espíritu revolucionario, que queremos cambiar el modelo rentista por uno productivo", aseguró la fuente.
Las diferencias del Frente con el ministro Rafael Ramírez comenzaron en 2003, cuando éste giró instrucciones para comenzar un proceso de licitación mediante el cual se entregaría el campo de Tomoporo (que posee una de las reservas más importantes del país) a la compañía española Repsol. "Esa decisión nos cayó como un balde de agua fría. Afortunadamente se logró echar para atrás la propuesta".
La posición asumida en ese momento trajo consecuencias. "Desde entonces Ramírez ha desatado una cacería de brujas contra aquellos que no están de acuerdo con la forma en que está manejando la industria petrolera", Esa persecución ha imposibilitado una discusión interna sobre el tema de las empresas mixtas y ha llevado al Frente a presentar sus opiniones ante la opinión pública.
La fuente asegura que, en términos económicos, las empresas mixtas son menos perjudiciales para el país que los convenios operativos. "El meollo del asunto está en la propiedad de los yacimientos. No sé cómo harán para que las compañías privadas que se asocien con Pdvsa no mantengan ninguna propiedad sobre los activos, porque la Constitución no lo permite".
Consultados sobre qué podrían hacer para evitar que se concrete la migración que está realizando el gobierno venezolano, indicó que la intención es presentar una demanda contra la formación de las empresas mixtas. "Hay un grupo que está trabajando en la redacción de un documento que será llevado ante la Contraloría General de la República y el Tribunal Supremo de Justicia".
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El grupo se ha dado a conocer mediante comunicados publicados en la prensa nacional en las últimas semanas. En uno de ellos, titulado "Contraloría social bolivariana sobre la conformación de empresas mixtas en la industria petrolera", se esgrimen los argumentos que sustentan su rechazo al modelo de asociación propuesto por el gobierno a las compañías transnacionales.
Lo primero que señalan es que las empresas mixtas violan las disposiciones constitucionales que reservan la propiedad de los hidrocarburos al país. Tal es el caso del artículo 12, en el cual se establece que "los yacimientos mineros y de hidrocarburos (...) existentes en el territorio nacional (...) pertenecen a la República, son bienes del dominio público y, por tanto, inalienables e imprescriptibles".
Ponen como ejemplo las declaraciones que diera Julio De Vido, ministro de Planificación General de Argentina, cuando se firmó el acuerdo entre Pdvsa y Enarsa para la explotación de la Faja del Orinoco: "Argentina tiene la obligación de salir a ampliar reservas aún fuera del país. No es cierto que la única manera de tener reservas es teniendo petróleo en el país, se pueden obtener fuera del territorio".
En el Frente también critican que el procedimiento se esté haciendo "a espaldas del dueño y soberano de estos recursos: el pueblo", tal como sucedió con los convenios operativos. Consideran que, por tener el petróleo un valor estratégico para Venezuela, la constitución de empresas mixtas debería ser consultada por lo menos al Consejo de Estado (establecido en el artículo 251 de la Constitución).
El grupo no se limita a criticar, también propone una alternativa a las empresas mixtas. Su propuesta consiste en que Pdvsa asuma directamente la operación de los campos entregados mediante los convenios operativos. "¿La opción de esfuerzo propio no sería la más adecuada? (...) ¿Acaso esta opción no es una verdadera estrategia de soberanía nacional?", preguntaron en el comunicado.
Crítica clandestina
Más allá de la posición que tienen ante las empresas mixtas, es poco lo que se sabe sobre el Frente Social Energético 21-D. Uno de sus miembros, que pidió mantener su nombre en reserva, explicó que el grupo está conformado por trabajadores –actuales y retirados– de la industria petrolera, así como por miembros de diferentes organizaciones sociales del occidente del país.
Si alguien piensa que el grupo tiene vínculos con la oposición, está equivocado. El nombre 21-D fue escogido por ser esa la fecha en que el gobierno logró movilizar el buque petrolero Pilín León y comenzó a desmontar el paro petrolero de diciembre de 2002. "Somos un grupo con verdadero espíritu revolucionario, que queremos cambiar el modelo rentista por uno productivo", aseguró la fuente.
Las diferencias del Frente con el ministro Rafael Ramírez comenzaron en 2003, cuando éste giró instrucciones para comenzar un proceso de licitación mediante el cual se entregaría el campo de Tomoporo (que posee una de las reservas más importantes del país) a la compañía española Repsol. "Esa decisión nos cayó como un balde de agua fría. Afortunadamente se logró echar para atrás la propuesta".
La posición asumida en ese momento trajo consecuencias. "Desde entonces Ramírez ha desatado una cacería de brujas contra aquellos que no están de acuerdo con la forma en que está manejando la industria petrolera", Esa persecución ha imposibilitado una discusión interna sobre el tema de las empresas mixtas y ha llevado al Frente a presentar sus opiniones ante la opinión pública.
La fuente asegura que, en términos económicos, las empresas mixtas son menos perjudiciales para el país que los convenios operativos. "El meollo del asunto está en la propiedad de los yacimientos. No sé cómo harán para que las compañías privadas que se asocien con Pdvsa no mantengan ninguna propiedad sobre los activos, porque la Constitución no lo permite".
Consultados sobre qué podrían hacer para evitar que se concrete la migración que está realizando el gobierno venezolano, indicó que la intención es presentar una demanda contra la formación de las empresas mixtas. "Hay un grupo que está trabajando en la redacción de un documento que será llevado ante la Contraloría General de la República y el Tribunal Supremo de Justicia".
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