De asesor del gobierno de Venezuela a candidato a presidir el Parlamento Europeo. La carrera política del español Pablo Iglesias, líder del partido Podemos, parece ser tan ascendente como polémica.
Podemos capitalizó el descontento generado por la crisis económica y el rechazo a los partidos tradicionales de España para sumar 8% de los votos en las elecciones europeas de mayo y colocar a cinco diputados en Estrasburgo, sede de la Eurocámara.
El éxito del partido trascendió las fronteras españolas cuando el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea y la Izquierda Verde Nórdica, el quinto con más escaños (52), escogió a Iglesias como su candidato a dirigir el Parlamento.
El grupo parlamentario que reúne a partidos comunistas, ecologistas y socialistas de 26 países de la Unión Europea espera tener el respaldo de otros movimientos para que el líder de Podemos pueda competir con el alemán Martin Schulz en las elecciones que se realizarán el próximo martes.
Es una misión prácticamente imposible porque Schultz cuenta con el apoyo de los principales grupos de la Eurocámara, el Partido Popular Europeo y la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, que tienen 412 de los 751 escaños.
Pero Podemos destaca la candidatura de Iglesias como un reconocimiento al ascenso rápido del partido y un grito de protesta: "Representa el impulso soberano de Europa del sur contra el austericidio de la troika".
Financiamiento venezolano. La carrera política de Iglesias no ha estado exenta de polémica. La principal tiene que ver con la relación que él y otros líderes de Podemos, como Juan Carlos Monedero, tienen con el gobierno de Venezuela.
Iglesias, que ha visitado el país varias veces en la última década y ha participado como invitado en programas de Venezolana de Televisión, defiende las políticas sociales aplicadas por el fallecido presidente Hugo Chávez.
El apoyo, sin embargo, no sería gratuito. El diario El País de España denunció que la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales, vinculada a Podemos, recibió 3,7 millones de euros del gobierno venezolano entre 2002 y 2012.
"En esa década el gobierno de Hugo Chávez fue siempre su mejor y a veces casi su único cliente; buena parte de los pagos (1,6 millones de euros) fueron por asesorar directamente al mandatario", escribió El País.
El diario agregó que la fundación cobró año tras año por la implantación de un sistema de seguridad social en Venezuela y también facturó a una decena más de organismos gubernamentales.
Podemos negó cualquier financiamiento del gobierno venezolano y dijo que sus únicas fuentes de recursos son los aportes voluntarios de quienes los apoyan y las subvenciones que les corresponden por sus resultados electorales.
Recriminación pública. El último episodio polémico en torno a Iglesias también está relacionado con Venezuela. El lunes pasado un mesonero de la Cafetería Prado, en Madrid, increpó al líder de Podemos por el financiamiento del gobierno venezolano a la fundación vinculada a su partido.
"Mi esposa no puede comprar papel higiénico ni comida ¿Ha asesorado al gobierno de Venezuela en eso?", le gritó Alberto Casillas a Iglesias en una rueda de prensa que se realizaba en el hotel Ritz.
Casillas, famoso en España porque el 25 de septiembre de 2012 impidió que la Policía Nacional entrara al lugar donde trabaja para detener a manifestantes que se refugiaron allí, también ha criticado la represión del gobierno de Nicolás Maduro.
"En Venezuela están matando a los jóvenes", le dijo el lunes al líder de Podemos. "Jamás he asesorado para que repriman ni golpeen a nadie", se limitó a responder Iglesias, sin dejar clara su opinión sobre los acontecimientos de los últimos meses en Venezuela.
Publicado en El Nacional
domingo, 29 de junio de 2014
sábado, 28 de junio de 2014
Alta comisionada de derechos humanos insta a Venezuela a investigar violaciones
La imagen internacional del gobierno del presidente Nicolás Maduro sufrió otro revés con el comunicado de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que insta a Venezuela a investigar las denuncias sobre abusos cometidos en las protestas de los últimos meses.
"Un pronunciamiento como ese debería preocupar al gobierno y obligarlo a revisar su conducta. Porque no es cualquier institución sino el máximo organismo de derechos humanos de la comunidad internacional", dijo Oscar Hernández, diplomático.
"El llamado indica que la presión internacional sigue creciendo y eso hace mella en un gobierno que cuida mucho su imagen externa", señaló Angelina Jaffe, directora del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Metropolitana.
La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Navi Pillay, expresó ayer su inquietud por las violaciones cometidas en las protestas y en particular por la vulneración de los principios mínimos de justicia, informó la agencia Efe.
"Nos preocupan las denuncias de una reputada organización de derechos humanos en Venezuela sobre violaciones del debido proceso y la situación de los jóvenes detenidos, que incluyen palizas y falta de información sobre su paradero", declaró la diplomática.
Pillay destacó las denuncias sobre problemas para que los detenidos se reúnan con abogados y familiares, y ataques contra universidades "por fuerzas de seguridad o grupos de civiles armados". Recalcó que la gravedad de las denuncias hace necesario que se investigue y se sancione a los responsables.
Hernández y Jaffe enfatizaron que la posición del organismo reafirma la condena internacional a la represión y afecta las gestiones de Venezuela para postularse como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU en el período 2015-2016.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, en su Memoria y Cuenta de 2013, afirma que logró el apoyo de más de 40 países para la candidatura. Hernández dijo que algunas de esas naciones pudieran repensar su voto tras los hechos de los últimos meses.
El principal obstáculo para la postulación venezolana sería, sin embargo, que surgiera otro nombre dentro del grupo de Latinoamérica. "Ciertos países no permitirán que la única candidatura sea la de Venezuela", afirmó Jaffe.
Ambos coinciden en que, de surgir otro candidato, el gobierno postergará su aspiración para evitar un espectáculo como el de 2006, cuando el país se enfrentó con Guatemala por el asiento en el Consejo de Seguridad.
Publicado en El Nacional
"Un pronunciamiento como ese debería preocupar al gobierno y obligarlo a revisar su conducta. Porque no es cualquier institución sino el máximo organismo de derechos humanos de la comunidad internacional", dijo Oscar Hernández, diplomático.
"El llamado indica que la presión internacional sigue creciendo y eso hace mella en un gobierno que cuida mucho su imagen externa", señaló Angelina Jaffe, directora del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Metropolitana.
La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Navi Pillay, expresó ayer su inquietud por las violaciones cometidas en las protestas y en particular por la vulneración de los principios mínimos de justicia, informó la agencia Efe.
"Nos preocupan las denuncias de una reputada organización de derechos humanos en Venezuela sobre violaciones del debido proceso y la situación de los jóvenes detenidos, que incluyen palizas y falta de información sobre su paradero", declaró la diplomática.
Pillay destacó las denuncias sobre problemas para que los detenidos se reúnan con abogados y familiares, y ataques contra universidades "por fuerzas de seguridad o grupos de civiles armados". Recalcó que la gravedad de las denuncias hace necesario que se investigue y se sancione a los responsables.
Hernández y Jaffe enfatizaron que la posición del organismo reafirma la condena internacional a la represión y afecta las gestiones de Venezuela para postularse como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU en el período 2015-2016.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, en su Memoria y Cuenta de 2013, afirma que logró el apoyo de más de 40 países para la candidatura. Hernández dijo que algunas de esas naciones pudieran repensar su voto tras los hechos de los últimos meses.
El principal obstáculo para la postulación venezolana sería, sin embargo, que surgiera otro nombre dentro del grupo de Latinoamérica. "Ciertos países no permitirán que la única candidatura sea la de Venezuela", afirmó Jaffe.
Ambos coinciden en que, de surgir otro candidato, el gobierno postergará su aspiración para evitar un espectáculo como el de 2006, cuando el país se enfrentó con Guatemala por el asiento en el Consejo de Seguridad.
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martes, 24 de junio de 2014
Autorizaron Embajada de Norcorea
El Ministerio de Relaciones Exteriores otorgó beneplácito a Corea del Norte para abrir Embajada en Venezuela, según una resolución publicada en la Gaceta Oficial 40438, correspondiente al 20 de junio de 2014.
Caracas mantiene relaciones con Pyongyang –que sólo tiene representación diplomática en 30 países, entre los cuales están Rusia, China y Cuba– con base en un acuerdo suscrito en 1974.
Los vínculos bilaterales se estrecharon gracias al fallecido presidente Hugo Chávez, criticado por Occidente por su acercamiento a países con regímenes autoritarios como Bielorrusia, Irán, Libia, Siria y Zimbabue.
Durante su mandato, Chávez justificó el plan nuclear de Corea del Norte –que le ha valido sanciones internacionales–, planteó la posibilidad de visitar ese país y manifestó su pesar cuando falleció Kim Jong Il.
El año pasado, Pyongyang felicitó a Nicolás Maduro por su triunfo en las elecciones.
Publicado en El Nacional
Caracas mantiene relaciones con Pyongyang –que sólo tiene representación diplomática en 30 países, entre los cuales están Rusia, China y Cuba– con base en un acuerdo suscrito en 1974.
Los vínculos bilaterales se estrecharon gracias al fallecido presidente Hugo Chávez, criticado por Occidente por su acercamiento a países con regímenes autoritarios como Bielorrusia, Irán, Libia, Siria y Zimbabue.
Durante su mandato, Chávez justificó el plan nuclear de Corea del Norte –que le ha valido sanciones internacionales–, planteó la posibilidad de visitar ese país y manifestó su pesar cuando falleció Kim Jong Il.
El año pasado, Pyongyang felicitó a Nicolás Maduro por su triunfo en las elecciones.
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HRW denunció en la ONU violación de los derechos humanos en el país
Miembros de las fuerzas de seguridad recurrieron a un uso ilegítimo de la fuerza en respuesta a protestas contra el gobierno que iniciaron el 12 de febrero, y han golpeado brutalmente y disparado a manifestantes que no estaban armados, señaló Human Rights Watch en un informe que presentó ayer ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y titulado "Castigados por protestar: violaciones de derechos humanos en las calles, centros de detención y el sistema judicial de Venezuela".
La organización manifestó su preocupación ante lo que definió como una "gravísima situación de los derechos humanos. La más alarmante observada en Venezuela en años". El texto evidencia 45 casos de violación de derechos humanos ocurridos en Caracas y otros tres estados del país que afectaron a más de 150 víctimas.
"La magnitud de las violaciones de derechos humanos que documentamos y la participación de miembros de las fuerzas de seguridad y funcionarios judiciales en estos delitos demuestran que no se trata de incidentes aislados ni de excesos de algunos agentes insubordinados", expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch en un artículo publicado en la página web de la organización.
El informe destacó que a partir del inicio de las protestas miembros de la Guardia Nacional, de la Policía Nacional y otros funcionarios de seguridad aplicaron rutinariamente la fuerza ilegítima contra manifestantes y contra transeúntes.
"Ello incluyó brutales golpizas; disparar armas de fuego, perdigones y gases lacrimógenos de manera indiscriminada contra la multitud; y disparar perdigones deliberadamente y a quemarropa contra personas que no estaban armadas y ya se encontraban bajo custodia de las autoridades", destacó el documento.
Human Rights Watch aseguró que las autoridades actuaron también contra periodistas y otras personas que documentaban la represión por parte de los funcionarios, quienes además toleraron que grupos armados, partidarios del gobierno, atacaran impunemente a manifestantes y a veces incluso colaboraron con ellos.
"Constatamos una variedad de abusos graves contra los detenidos, que en muchos casos permanecieron incomunicados en bases militares durante 48 horas o más, antes de ser llevados ante un juez", señaló el texto. El comunicado denunció tratos violentos contra los detenidos, como golpizas, descargas eléctricas y quemaduras. "En algunos casos, los maltratos claramente constituyeron tortura".
HRW exhortó a los Estados del Consejo de Derechos Humanos de la ONU a llevar a cabo investigaciones sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos, disponer la liberación inmediata de quienes fueron detenidos de manera ilegítima por ejercer sus derechos y adoptar medidas para restablecer la independencia del poder judicial, como en el TSJ.
Escrito con Anna Carolina Maier. Publicado en El Nacional
La organización manifestó su preocupación ante lo que definió como una "gravísima situación de los derechos humanos. La más alarmante observada en Venezuela en años". El texto evidencia 45 casos de violación de derechos humanos ocurridos en Caracas y otros tres estados del país que afectaron a más de 150 víctimas.
"La magnitud de las violaciones de derechos humanos que documentamos y la participación de miembros de las fuerzas de seguridad y funcionarios judiciales en estos delitos demuestran que no se trata de incidentes aislados ni de excesos de algunos agentes insubordinados", expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch en un artículo publicado en la página web de la organización.
El informe destacó que a partir del inicio de las protestas miembros de la Guardia Nacional, de la Policía Nacional y otros funcionarios de seguridad aplicaron rutinariamente la fuerza ilegítima contra manifestantes y contra transeúntes.
"Ello incluyó brutales golpizas; disparar armas de fuego, perdigones y gases lacrimógenos de manera indiscriminada contra la multitud; y disparar perdigones deliberadamente y a quemarropa contra personas que no estaban armadas y ya se encontraban bajo custodia de las autoridades", destacó el documento.
Human Rights Watch aseguró que las autoridades actuaron también contra periodistas y otras personas que documentaban la represión por parte de los funcionarios, quienes además toleraron que grupos armados, partidarios del gobierno, atacaran impunemente a manifestantes y a veces incluso colaboraron con ellos.
"Constatamos una variedad de abusos graves contra los detenidos, que en muchos casos permanecieron incomunicados en bases militares durante 48 horas o más, antes de ser llevados ante un juez", señaló el texto. El comunicado denunció tratos violentos contra los detenidos, como golpizas, descargas eléctricas y quemaduras. "En algunos casos, los maltratos claramente constituyeron tortura".
HRW exhortó a los Estados del Consejo de Derechos Humanos de la ONU a llevar a cabo investigaciones sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos, disponer la liberación inmediata de quienes fueron detenidos de manera ilegítima por ejercer sus derechos y adoptar medidas para restablecer la independencia del poder judicial, como en el TSJ.
Escrito con Anna Carolina Maier. Publicado en El Nacional
lunes, 23 de junio de 2014
Madre de Bassil Da Costa confía en que habrá justicia
El sistema judicial no le inspira confianza a Jeneth Frías, madre de Bassil Da Costa, el joven asesinado tras la marcha estudiantil del 12 de febrero. Pero ella se aferra a sus creencias religiosas para afirmar que el culpable será condenado. "Mi fe en Dios me dice que la justicia llegará".
Esta semana se conocerá el tribunal que llevará el juicio, luego de que el juez 48 de control admitiera la acusación presentada por la Fiscalía contra el comisario del Sebin José Perdomo, presunto autor del disparo que mató a Da Costa, y otros 7 funcionarios de los cuerpos de seguridad que también usaron indebidamente sus armas ese día.
Perdomo es el único que sigue detenido, porque los demás serán juzgados en libertad, otra razón para que Frías desconfíe del sistema judicial. "¿Por qué les dan beneficios a ellos, cuando hay evidencias de que cometieron delito, y mantienen presos a estudiantes sin pruebas?", pregunta.
Pero la madre insiste en que la justicia llegará. "No sólo para mi hijo sino para muchos jóvenes que están presos sin tener culpa de nada, simplemente porque el gobierno se antoja en mantenerlos allí. Me da tristeza como nuestro país se está cayendo a pedazos por la rabia y el odio", expresa.
A los acusados en el caso les dio un mensaje durante la audiencia preliminar. "Les dije que mi hijo tendrá un descanso eterno, pero lastimosamente ellos no, porque la conciencia no los iba a dejar en paz y estar preso es una muerte lenta".
Publicado en El Nacional
Esta semana se conocerá el tribunal que llevará el juicio, luego de que el juez 48 de control admitiera la acusación presentada por la Fiscalía contra el comisario del Sebin José Perdomo, presunto autor del disparo que mató a Da Costa, y otros 7 funcionarios de los cuerpos de seguridad que también usaron indebidamente sus armas ese día.
Perdomo es el único que sigue detenido, porque los demás serán juzgados en libertad, otra razón para que Frías desconfíe del sistema judicial. "¿Por qué les dan beneficios a ellos, cuando hay evidencias de que cometieron delito, y mantienen presos a estudiantes sin pruebas?", pregunta.
Pero la madre insiste en que la justicia llegará. "No sólo para mi hijo sino para muchos jóvenes que están presos sin tener culpa de nada, simplemente porque el gobierno se antoja en mantenerlos allí. Me da tristeza como nuestro país se está cayendo a pedazos por la rabia y el odio", expresa.
A los acusados en el caso les dio un mensaje durante la audiencia preliminar. "Les dije que mi hijo tendrá un descanso eterno, pero lastimosamente ellos no, porque la conciencia no los iba a dejar en paz y estar preso es una muerte lenta".
Publicado en El Nacional
domingo, 22 de junio de 2014
Colombia: El progreso económico no ha resuelto la desigualdad social
Colombia era vista hace 25 años como un país con tantos problemas económicos que había tenido que renunciar a ser la sede del campeonato Mundial de Fútbol de 1986. Con tantas falencias institucionales que era incapaz de garantizar la seguridad ciudadana ante la amenaza que representaban los grupos guerrilleros y los carteles del narcotráfico. La visión actual, sin embargo, difiere mucho de esa imagen.
Las reformas aplicadas tras el Consenso de Washington (1989) y la apertura comercial al mundo en las últimas décadas han permitido estabilizar la situación macroeconómica –la inflación se redujo a un dígito, el desempleo también– y atraer suficiente inversión extranjera –más de 17 millardos de dólares en 2013– para convertir a Colombia en una potencia emergente.
La nación es la cuarta economía de América Latina (detrás de Brasil, México y Argentina), tiene más de una decena de tratados de libre comercio (los más importantes con Estados Unidos y la Unión Europea) y forma parte de los llamados Civets (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Suráfrica), acrónimo usado por The Economist para agrupar a los mercados que se perfilan como más dinámicos en los próximos años.
En materia de seguridad, el Plan Colombia –desarrollado en conjunto con Estados Unidos– permitió detener la expansión de los cultivos de droga y la política de seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) logró desmovilizar a los grupos paramilitares y debilitar a los guerrilleros, que ahora están negociando con el gobierno de Juan Manuel Santos para poner fin a un conflicto armado que comenzó hace 50 años.
Aunque el país sigue teniendo índices delictivos altos (en 2012 hubo 30,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, la séptima peor tasa del mundo), la percepción tanto de los colombianos como de los extranjeros es que ahora es más seguro que hace un cuarto de siglo. Una muestra es que el número de visitantes de otros países aumentó de 500.000 en 2003 a 2,2 millones en 2012, según la Organización Mundial de Turismo.
Desigualdad y desencanto. A pesar de los avances experimentados durante los últimos años, Colombia –como toda potencia emergente– no ha logrado resolver los problemas característicos de los países en desarrollo, empezando por la pobreza. Las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas muestran que 32,2% de la población colombiana es pobre, es decir, casi 14,7 millones de personas.
El alto porcentaje de pobreza en un país cuya economía ha crecido un promedio de 5% anual en la última década y que promete mantener ese ritmo durante los próximos años se debe a que los ingresos generados por ese boom llegan a pocas manos: 1% de la población concentra la quinta parte de la riqueza, según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.
La consecuencia obvia de la combinación entre un elevado índice de pobreza y una alta concentración de la riqueza es la desigualdad social. Un estudio elaborado entre 1990 y 2010 por el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, ONU-Hábitat, muestra que Colombia es la tercera nación más desigual de América Latina, por detrás de República Dominicana y Brasil.
"El gran drama del país es que la bonanza económica no ha logrado convertirse en una bonanza social", apunta la internacionalista Beatriz De Majo. Agrega que la persistencia de la desigualdad social ha traído como consecuencia el desencanto político, reflejado en el hecho de que 53% de los votantes colombianos se abstuvo de participar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el 16 de junio.
El internacionalista Luis Daniel Álvarez coincide en que el desencanto político se ha convertido en una regla. "La abstención electoral es un fenómeno recurrente. Por eso la participación de 47% no generó preocupación. Más bien hubo alegría porque subió 7 puntos en comparación con la primera vuelta. Hay una gran indiferencia en muchos sectores, que ven la política como algo alejado".
¿Cambio de rumbo? De Majo señala que el descuido del aspecto social también ha permitido ganar espacios a los grupos políticos de izquierda, cuyo apoyo a Santos en la segunda vuelta electoral resultó vital para que el mandatario lograra la reelección. "El gobierno colombiano se olvidó del país que está al margen del progreso, pensó que la economía iba a halar al resto de la sociedad y no ha sido así", comenta.
Álvarez comparte la preocupación que tienen algunos sectores en Colombia y en el extranjero por el avance de los izquierdistas y el respaldo que le dieron al presidente reelecto. "Creo que el retroceso institucional que hubo durante el primer período de gobierno de Santos se profundizará por toda la mescolanza ideológica que acompaña ahora al mandatario".
El internacionalista recuerda que el acierto de Colombia para llegar hasta donde está fue establecer reglas claras y fortalecer la independencia de poderes. "La reversión de ese proceso no solo es posible, sino que ya se está dando: la actuación polémica del Poder Ejecutivo frente al Judicial, el uso de la mayoría en ambas cámaras del Congreso, el control de instituciones como la Fiscalía y la Procuraduría".
De Majo reconoce que el panorama político es complicado, pero descarta que suponga algún riesgo para el modelo económico. "Colombia tiene un empresariado sumamente sólido, una economía muy diversa, que nunca ha dependido de un solo producto, y Santos hizo una cosa muy inteligente: puso al país a competir con el mundo. Quizás pasarán por malos momentos, pero eso no tiene vuelta de hoja".
Publicado en El Nacional
Las reformas aplicadas tras el Consenso de Washington (1989) y la apertura comercial al mundo en las últimas décadas han permitido estabilizar la situación macroeconómica –la inflación se redujo a un dígito, el desempleo también– y atraer suficiente inversión extranjera –más de 17 millardos de dólares en 2013– para convertir a Colombia en una potencia emergente.
La nación es la cuarta economía de América Latina (detrás de Brasil, México y Argentina), tiene más de una decena de tratados de libre comercio (los más importantes con Estados Unidos y la Unión Europea) y forma parte de los llamados Civets (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Suráfrica), acrónimo usado por The Economist para agrupar a los mercados que se perfilan como más dinámicos en los próximos años.
En materia de seguridad, el Plan Colombia –desarrollado en conjunto con Estados Unidos– permitió detener la expansión de los cultivos de droga y la política de seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) logró desmovilizar a los grupos paramilitares y debilitar a los guerrilleros, que ahora están negociando con el gobierno de Juan Manuel Santos para poner fin a un conflicto armado que comenzó hace 50 años.
Aunque el país sigue teniendo índices delictivos altos (en 2012 hubo 30,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, la séptima peor tasa del mundo), la percepción tanto de los colombianos como de los extranjeros es que ahora es más seguro que hace un cuarto de siglo. Una muestra es que el número de visitantes de otros países aumentó de 500.000 en 2003 a 2,2 millones en 2012, según la Organización Mundial de Turismo.
Desigualdad y desencanto. A pesar de los avances experimentados durante los últimos años, Colombia –como toda potencia emergente– no ha logrado resolver los problemas característicos de los países en desarrollo, empezando por la pobreza. Las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas muestran que 32,2% de la población colombiana es pobre, es decir, casi 14,7 millones de personas.
El alto porcentaje de pobreza en un país cuya economía ha crecido un promedio de 5% anual en la última década y que promete mantener ese ritmo durante los próximos años se debe a que los ingresos generados por ese boom llegan a pocas manos: 1% de la población concentra la quinta parte de la riqueza, según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.
La consecuencia obvia de la combinación entre un elevado índice de pobreza y una alta concentración de la riqueza es la desigualdad social. Un estudio elaborado entre 1990 y 2010 por el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, ONU-Hábitat, muestra que Colombia es la tercera nación más desigual de América Latina, por detrás de República Dominicana y Brasil.
"El gran drama del país es que la bonanza económica no ha logrado convertirse en una bonanza social", apunta la internacionalista Beatriz De Majo. Agrega que la persistencia de la desigualdad social ha traído como consecuencia el desencanto político, reflejado en el hecho de que 53% de los votantes colombianos se abstuvo de participar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el 16 de junio.
El internacionalista Luis Daniel Álvarez coincide en que el desencanto político se ha convertido en una regla. "La abstención electoral es un fenómeno recurrente. Por eso la participación de 47% no generó preocupación. Más bien hubo alegría porque subió 7 puntos en comparación con la primera vuelta. Hay una gran indiferencia en muchos sectores, que ven la política como algo alejado".
¿Cambio de rumbo? De Majo señala que el descuido del aspecto social también ha permitido ganar espacios a los grupos políticos de izquierda, cuyo apoyo a Santos en la segunda vuelta electoral resultó vital para que el mandatario lograra la reelección. "El gobierno colombiano se olvidó del país que está al margen del progreso, pensó que la economía iba a halar al resto de la sociedad y no ha sido así", comenta.
Álvarez comparte la preocupación que tienen algunos sectores en Colombia y en el extranjero por el avance de los izquierdistas y el respaldo que le dieron al presidente reelecto. "Creo que el retroceso institucional que hubo durante el primer período de gobierno de Santos se profundizará por toda la mescolanza ideológica que acompaña ahora al mandatario".
El internacionalista recuerda que el acierto de Colombia para llegar hasta donde está fue establecer reglas claras y fortalecer la independencia de poderes. "La reversión de ese proceso no solo es posible, sino que ya se está dando: la actuación polémica del Poder Ejecutivo frente al Judicial, el uso de la mayoría en ambas cámaras del Congreso, el control de instituciones como la Fiscalía y la Procuraduría".
De Majo reconoce que el panorama político es complicado, pero descarta que suponga algún riesgo para el modelo económico. "Colombia tiene un empresariado sumamente sólido, una economía muy diversa, que nunca ha dependido de un solo producto, y Santos hizo una cosa muy inteligente: puso al país a competir con el mundo. Quizás pasarán por malos momentos, pero eso no tiene vuelta de hoja".
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jueves, 19 de junio de 2014
Critican beneficios a acusados en caso Da Costa
Abogados criticaron que el Poder Judicial otorgue beneficios procesales a presuntos violadores de derechos humanos, como los acusados como coautores por el crimen de Bassil Da Costa, mientras que mantiene privados de libertad a ciudadanos cuyo delito es ejercer el derecho de protestar.
El Tribunal 48 de Control decidió que el comisario del Sebin José Perdomo, presunto autor material del asesinato, seguirá en prisión durante el juicio; pero otorgó medida cautelar que permitirá a los otros siete involucrados en el caso ser juzgados en libertad.
La decisión beneficia a los funcionarios del Sebin Manuel Pérez, Edgardo Lara, Héctor Rodríguez, Jimmy Sáez y Josner Márquez; al sargento del Ejército Jonathan Rodríguez y al oficial de la PNB Andri Jaspe, acusados por uso indebido de arma orgánica y quebrantamiento de pactos internacionales.
"Siete funcionarios van a juicio en libertad. Sin embargo, Marco Coello, Christian Holdack y Leopoldo López serán juzgados en prisión", señaló Elenis Rodríguez, abogada de la Fundación por los Derechos y Equidad Ciudadana, que lleva el caso Da Costa.
"La pregunta que hacemos es por qué a presuntos violadores de los derechos humanos se les otorgan beneficios de este tipo y a otras personas no; es discriminatorio", dijo Jakeline Sandoval, de la Fundación por el Debido Proceso.
Sandoval agregó que aunque las medidas cautelares otorgadas están ajustadas a derecho, porque los delitos imputados así lo permiten, no son las más apropiadas para mostrar el interés del Estado en respetar los derechos humanos.
El movimiento estudiantil también criticó los beneficios para los funcionarios. "Han recibido un trato excesivamente benigno en comparación con la dureza aplicada a los 3.200 detenidos a lo largo de estos meses de protesta", afirmó Delibeth Briceño.
Publicado en El Nacional
El Tribunal 48 de Control decidió que el comisario del Sebin José Perdomo, presunto autor material del asesinato, seguirá en prisión durante el juicio; pero otorgó medida cautelar que permitirá a los otros siete involucrados en el caso ser juzgados en libertad.
La decisión beneficia a los funcionarios del Sebin Manuel Pérez, Edgardo Lara, Héctor Rodríguez, Jimmy Sáez y Josner Márquez; al sargento del Ejército Jonathan Rodríguez y al oficial de la PNB Andri Jaspe, acusados por uso indebido de arma orgánica y quebrantamiento de pactos internacionales.
"Siete funcionarios van a juicio en libertad. Sin embargo, Marco Coello, Christian Holdack y Leopoldo López serán juzgados en prisión", señaló Elenis Rodríguez, abogada de la Fundación por los Derechos y Equidad Ciudadana, que lleva el caso Da Costa.
"La pregunta que hacemos es por qué a presuntos violadores de los derechos humanos se les otorgan beneficios de este tipo y a otras personas no; es discriminatorio", dijo Jakeline Sandoval, de la Fundación por el Debido Proceso.
Sandoval agregó que aunque las medidas cautelares otorgadas están ajustadas a derecho, porque los delitos imputados así lo permiten, no son las más apropiadas para mostrar el interés del Estado en respetar los derechos humanos.
El movimiento estudiantil también criticó los beneficios para los funcionarios. "Han recibido un trato excesivamente benigno en comparación con la dureza aplicada a los 3.200 detenidos a lo largo de estos meses de protesta", afirmó Delibeth Briceño.
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