La compañía de servicios inmobiliarios corporativos Cushman & Wakefield está presente en Chile desde finales de la década de 1990, pero durante muchos años limitó sus operaciones a la atención local de sus clientes globales. Ahora quiere ampliar su participación y ofrecer a grandes empresas e inversores chilenos la experiencia acumulada globalmente –opera en 60 países y moviliza US$191 billones al año– en sus cuatro áreas de negocio: transacciones de inmuebles, valuación y consultoría, desarrollo de proyectos y facility management. Herman Faigenbaum, managing director para el Cono Sur, explica las razones.
– ¿Cuál es la historia de Cushman & Wakefield en Chile?
– Fue la primera compañía internacional, de las tres grandes de nuestro sector, que vino a Chile. En 1997-98 abrimos una oficina local, pero en ese momento el mercado todavía no estaba todo lo avanzado que una empresa como la nuestra requiere. Por eso inicialmente hubo una presencia más fuerte y luego se redujo a la atención de los clientes globales que estaban aquí y así nos mantuvimos durante bastante tiempo.
– ¿Cuándo deciden cambiar su estrategia en el país?
– Hace año y medio la empresa tomó la decisión de volver a tener una presencia más activa: dialogar con todos los actores, entender sus necesidades y ver si hay oportunidades para trabajar juntos y asistirlos en diferentes áreas. Reforzamos nuestro equipo con profesionales excelentes en todas las líneas de negocio y a partir de ahí empezó un proceso de crecimiento que recién está en sus comienzos. La verdad es que nos encontramos con un mercado muy receptivo, muy interesante.
– ¿Cómo ha sido el desempeño desde entonces?
– Hemos crecido y seguimos creciendo en el área de brokerage: estamos completando una cantidad récord de transacciones en 2016 y tenemos muy buenas perspectivas para el año que viene. Nuestra área de facility management, que a principios de 2015 tenía cuatro clientes, ahora tiene nueve. Hemos realizado valuaciones en todo el territorio chileno, incluidos portafolios completos. Estamos haciendo los primeros project management este año para empresas grandes como Mondelez y Master Card. La verdad es que hay una cantidad muy grande de actividad y lo vemos solo como el comienzo de lo que va a venir, porque es un mercado con muchas empresas, muchas necesidades, muchas oportunidades y creo que con la expectativa de que haya proveedores que puedan dialogar a un alto nivel con los clientes, que ofrezcan valor agregado. Y es nuestro posicionamiento.
– ¿Por qué cambiar de estrategia en un momento de desaceleración económica?
– Tenemos visiones que no son la cotidiana de estar viviendo en Chile, tenemos el beneficio de la perspectiva un poco más amplia. Estamos viendo dos cosas. La primera es que vemos un proceso más pro-empresario en Sudamérica, en general. Es un proceso regional que está empezando y que debería tener un ciclo de desarrollo a partir de ahora; que se ve en Brasil, Argentina, Colombia, Perú, e incluso en Chile, que las corrientes políticas apoyen este proceso de cambio. Entonces creemos que está empezando un ciclo en el cual es importante apostar a la región y que hay cinco o seis años de buenas perspectivas regionales en general.
– ¿Cuál es la segunda?
– Cuando una empresa está a nivel regional y está acostumbrada a ver las dificultades de Brasil, Argentina e incluso Venezuela –porque hacemos trabajos allí, aunque no tengamos una oficina fija, para nuestros clientes globales– puede poner un tamiz, poner entre paréntesis si se quiere, dificultades que a lo mejor para los chilenos resultan un poco más grandes y entender que atrás de eso hay una economía muy fuerte, muy estable, con mercados de capitales que son los más sofisticados de Sudamérica, prácticamente sin inflación, con leyes laborales que son muy amigables dentro del conjunto general y donde nuestros clientes, que son las grandes empresas e inversores, están instalados y van a seguir instalados durante mucho tiempo, independientemente de que su operación sea un poco más grande o más pequeña en el corto plazo. Allí dónde están nuestros clientes, tenemos que estar, porque siempre que están nuestros clientes, estén un poquito mejor o un poquito peor, hay oportunidades de hacer cosas juntos y de agregarnos valor mutuamente. Y la relación nuestra con los clientes no es solo local: esta es una pata de vínculos que son más amplios.
Gustavo Valenzuela, encargado del Departamento de Brokerage de Cushman & Wakefield en el país, suma dos razones más para el relanzamiento en Chile en medio de la coyuntura actual. “Uno es que el empresariado chileno es agresivo, tenemos muchas empresas locales que tienen una proyección regional, y además está en una transición de una administración más patriarcal de negocio familiar a una más profesional, donde el tipo de servicios que ofrecemos va a ser cada vez más necesarios”, dice.
“Con respecto a los ciclos económicos, cuando hay turbulencias, cuando la economía sube o baja, para los servicios de transacciones hay oportunidad. Si la economía va para abajo, hay que achicar, hay que ser más eficiente, hay que reducir espacio. Si la economía crece, hay que tener más terreno, producir más productos, contratar más empleados, se necesita más espacio. Nosotros estamos para ayudar a los clientes cuando está todo bien y cuando las cosas no están tan bien”, agrega.
Publicado en El Líbero
miércoles, 19 de octubre de 2016
lunes, 26 de septiembre de 2016
Venezolanos ven a Chile como una vía rápida y segura para emigrar en Suramérica
Cuando recibió el diploma que lo acredita como licenciado en Comunicación Social en la Universidad Monte Ávila, Carlos Torres sabía que no desarrollaría su carrera profesional en Venezuela. Durante un período de siete u ocho meses evaluó posibles destinos para huir de los problemas del país y el 5 de noviembre del año pasado aterrizó en Santiago de Chile.
“Mi objetivo era irme a América Latina porque no hablo inglés. Empecé a averiguar sobre cada país de la región entre mis conocidos. Al final tenía tres opciones: Argentina, Chile y Perú. El primero era complicado por la situación económica y el último por los trámites migratorios”, dice Torres (24 años) para resumir el análisis que hizo antes de viajar.
Su caso está lejos de ser único. El anuario estadístico del Departamento de Migración y Extranjería revela que Chile entregó 7.978 visas de residencia temporal a venezolanos en 2015, un incremento de 209% en comparación con 2014. También otorgó 1.349 visas de permanencia definitiva, un aumento de 97% con respecto al año previo.
En 2016 probablemente habrá un alza de similares proporciones, pues el ingreso de venezolanos no se ha detenido. César Márquez, diseñador de 28 años, llegó al país el 1º de junio, después de intentar hacer vida en Panamá (en donde residía desde octubre de 2014) y evaluar alternativas como México y Ecuador. “Veo que hay muchas oportunidades”, comenta.
Las cifras oficiales, además, no incluyen casos como el de Andreína Dezzeo. La abogada de 29 años aprovechó que su abuelo materno era chileno, tramitó la nacionalidad (con la ayuda de una amiga en Santiago) y viajó en octubre de 2015. “Nunca antes había venido y no tenía idea de nada en profundidad, más que las cosas que mi abuelo me contaba desde niña”, relata.
Lo cierto es que la colonia venezolana se ha convertido en la segunda que más crece, detrás de la haitiana, aunque todavía está muy lejos de ser tan numerosa como la peruana, la boliviana y la colombiana. La presencia de los venezolanos ha sido objeto de varios artículos de prensa y de un reportaje transmitido por Televisora Nacional (TVN, canal estatal) en mayo.
Una visión positiva
Torres se desborda en elogios cuando habla de Chile. “Es un país que los venezolanos admiramos por sus políticas internas (…) Estamos muy agradecidos porque los procesos para gestionar el visado son impecables y eso nos permite regularizar en tiempo récord nuestra situación legal, así como ejercer nuestra profesión sin obstáculo alguno”, afirma.
Márquez no puede evitar la comparación con Panamá: “En Chile el trámite migratorio es más sencillo, el alquiler de vivienda menos complicado y costoso y el mercado sale súper económico”. También destaca la acogida al extranjero, que contrasta con la creciente xenofobia que encontró en el istmo: “Lejos de lo que se puede pensar, los chilenos nos respetan y nos consideran”.
Dezzeo reconoce que “es una sociedad bastante clasista” y que “la educación es muy cara”, pero su opinión general del país también es positiva: “hay muy buena relación entre lo que se gana y lo que se gasta, si te esfuerzas en el trabajo es muy bien valorado, me encanta que se puede andar en bicicleta por todos lados. Realmente me siento súper cómoda. Es mi segundo hogar”.
Estas opiniones favorables son compartidas por la mayoría de sus compatriotas: los venezolanos que residen en Chile lo ven como un país con un sistema político estable, una economía próspera y seguridad ciudadana. La paradoja es que los chilenos no tienen una visión tan positiva si no que, por el contrario, su percepción del país es cada vez más negativa.
En agosto, la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (la más prestigiosa de Chile) reveló que 48% cree que la situación económica es “mala o muy mala” y 68% añade que “no cambiará” en los próximos 12 meses. En materia política los resultados son peores: 68% califica la situación como “mala o muy mala” e igual porcentaje dice que “no cambiará”.
Nelson Betancourt –geógrafo de 33 años que llegó en febrero de 2010, cuando las visas a venezolanos no llegaban a 1.000 por año– entiende la desazón de los chilenos: “Antes el dólar valía 530 pesos y ahora supera los 670, hay un menor dinamismo económico y la vivienda se ha encarecido mucho”. A pesar de eso, tiene una visión positiva del país: “Siento que está bastante bien”.
Sensación de seguridad
La delincuencia es, según el sondeo de la CEP, el problema que más preocupa a los chilenos: 52% cree que es el asunto al que las autoridades deberían dedicar su mayor esfuerzo, por encima de salud (36%), corrupción (36%) y educación (34%). Además, el aspecto peor evaluado del gobierno de Michelle Bachelet es la gestión en materia de seguridad ciudadana.
Las cifras de Carabineros (policía) muestran que en el primer semestre de 2016 hubo 264.363 delitos en todo el país, una disminución de 5% frente a igual período de 2015. Dos tercios fueron “delitos contra la propiedad”, mientras que los restantes fueron “delitos violentos”. Esta categoría incluye los homicidios, que sumaron 211 en la primera mitad del año, 0,1% del total.
Los venezolanos, que vienen de una situación de inseguridad mucho más grave, se sienten seguros en Chile. “Es la antítesis de lo que vivimos en Venezuela”, afirma Torres. “En Panamá la inseguridad ha ido creciendo mucho más”, dice Márquez para reincidir en la comparación. “Conozco una sola persona a la que han robado desde que estoy en Santiago”, agrega Betancourt.
Incluso Dezzeo, que fue víctima de un delito, se siente segura en Chile. “Trabajo en una joyería y nos asaltaron en febrero. Ha sido lo más traumático que me ha pasado, sobre todo por venir huyendo de la inseguridad en Venezuela. De todas maneras, esto no me hace pensar que sea inseguro, simplemente trabajo en un rubro vulnerable en cualquier parte del mundo”, explica.
Mano de obra calificada
Otro problema que preocupa a los chilenos es la desaceleración económica. El cobre (principal producto de exportación del país y fuente de aportes al fisco) ha corrido la misma suerte que el petróleo y su precio ha caído desde máximos históricos de 4 dólares por libra en 2011 hasta un promedio de 2,14 dólares entre enero y julio de 2016, según la Comisión Chilena del Cobre.
La consecuencia ha sido que el crecimiento del producto interno bruto de Chile ha bajado de 6% en 2011 a 1,9% en el primer semestre de este año. Muchos especialistas también responsabilizan del retroceso al impacto de las reformas de Bachelet, pero más allá de eso, lo cierto es que la desaceleración ha llevado el desempleo hasta 6,9%, la tasa más alta en cinco años.
Los venezolanos, sin embargo, no suelen tener mucho problema para conseguir empleo. Torres comenzó a trabajar en una tienda cuando tenía una semana en Chile y aunque ganaba poco más de sueldo mínimo le alcanzaba para cubrir sus gastos. Luego fue contratado como operador de telemarketing y ahora es asesor comercial en una empresa que lo contactó por Linkedin.
Dezzeo, con la ventaja de tener la nacionalidad, obtuvo su empleo el mismo día en que llegó al país y le ha ido tan bien que todavía no ha hecho los trámites para validar su título de abogada. Para Márquez tampoco fue difícil encontrar trabajo: a un mes de su llegada ya tenía un empleo en su área en una empresa de organización de eventos.
El caso de Betancourt es distinto, porque migró a Chile con una oferta de trabajo. Admite, sin embargo, que las cosas no son tan fáciles como antes: “Poco tiempo después de llegar al país (al que se vino recién graduado) intenté cambiar de trabajo, me postulé a varios cargos y me salieron tres entrevistas muy rápidamente”, recuerda.
Un factor que ayuda a los oriundos de la tierra de Simón Bolívar es su alta calificación. De los 15.000 venezolanos que recibieron visas de residencia temporal en Chile entre 2011 y 2015, 35% tiene estudios universitarios y 6% formación técnica profesional, según los datos del Departamento de Extranjería y Migración.
Publicado en El Estímulo
“Mi objetivo era irme a América Latina porque no hablo inglés. Empecé a averiguar sobre cada país de la región entre mis conocidos. Al final tenía tres opciones: Argentina, Chile y Perú. El primero era complicado por la situación económica y el último por los trámites migratorios”, dice Torres (24 años) para resumir el análisis que hizo antes de viajar.
Su caso está lejos de ser único. El anuario estadístico del Departamento de Migración y Extranjería revela que Chile entregó 7.978 visas de residencia temporal a venezolanos en 2015, un incremento de 209% en comparación con 2014. También otorgó 1.349 visas de permanencia definitiva, un aumento de 97% con respecto al año previo.
En 2016 probablemente habrá un alza de similares proporciones, pues el ingreso de venezolanos no se ha detenido. César Márquez, diseñador de 28 años, llegó al país el 1º de junio, después de intentar hacer vida en Panamá (en donde residía desde octubre de 2014) y evaluar alternativas como México y Ecuador. “Veo que hay muchas oportunidades”, comenta.
Las cifras oficiales, además, no incluyen casos como el de Andreína Dezzeo. La abogada de 29 años aprovechó que su abuelo materno era chileno, tramitó la nacionalidad (con la ayuda de una amiga en Santiago) y viajó en octubre de 2015. “Nunca antes había venido y no tenía idea de nada en profundidad, más que las cosas que mi abuelo me contaba desde niña”, relata.
Lo cierto es que la colonia venezolana se ha convertido en la segunda que más crece, detrás de la haitiana, aunque todavía está muy lejos de ser tan numerosa como la peruana, la boliviana y la colombiana. La presencia de los venezolanos ha sido objeto de varios artículos de prensa y de un reportaje transmitido por Televisora Nacional (TVN, canal estatal) en mayo.
Una visión positiva
Torres se desborda en elogios cuando habla de Chile. “Es un país que los venezolanos admiramos por sus políticas internas (…) Estamos muy agradecidos porque los procesos para gestionar el visado son impecables y eso nos permite regularizar en tiempo récord nuestra situación legal, así como ejercer nuestra profesión sin obstáculo alguno”, afirma.
Márquez no puede evitar la comparación con Panamá: “En Chile el trámite migratorio es más sencillo, el alquiler de vivienda menos complicado y costoso y el mercado sale súper económico”. También destaca la acogida al extranjero, que contrasta con la creciente xenofobia que encontró en el istmo: “Lejos de lo que se puede pensar, los chilenos nos respetan y nos consideran”.
Dezzeo reconoce que “es una sociedad bastante clasista” y que “la educación es muy cara”, pero su opinión general del país también es positiva: “hay muy buena relación entre lo que se gana y lo que se gasta, si te esfuerzas en el trabajo es muy bien valorado, me encanta que se puede andar en bicicleta por todos lados. Realmente me siento súper cómoda. Es mi segundo hogar”.
Estas opiniones favorables son compartidas por la mayoría de sus compatriotas: los venezolanos que residen en Chile lo ven como un país con un sistema político estable, una economía próspera y seguridad ciudadana. La paradoja es que los chilenos no tienen una visión tan positiva si no que, por el contrario, su percepción del país es cada vez más negativa.
En agosto, la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (la más prestigiosa de Chile) reveló que 48% cree que la situación económica es “mala o muy mala” y 68% añade que “no cambiará” en los próximos 12 meses. En materia política los resultados son peores: 68% califica la situación como “mala o muy mala” e igual porcentaje dice que “no cambiará”.
Nelson Betancourt –geógrafo de 33 años que llegó en febrero de 2010, cuando las visas a venezolanos no llegaban a 1.000 por año– entiende la desazón de los chilenos: “Antes el dólar valía 530 pesos y ahora supera los 670, hay un menor dinamismo económico y la vivienda se ha encarecido mucho”. A pesar de eso, tiene una visión positiva del país: “Siento que está bastante bien”.
Sensación de seguridad
La delincuencia es, según el sondeo de la CEP, el problema que más preocupa a los chilenos: 52% cree que es el asunto al que las autoridades deberían dedicar su mayor esfuerzo, por encima de salud (36%), corrupción (36%) y educación (34%). Además, el aspecto peor evaluado del gobierno de Michelle Bachelet es la gestión en materia de seguridad ciudadana.
Las cifras de Carabineros (policía) muestran que en el primer semestre de 2016 hubo 264.363 delitos en todo el país, una disminución de 5% frente a igual período de 2015. Dos tercios fueron “delitos contra la propiedad”, mientras que los restantes fueron “delitos violentos”. Esta categoría incluye los homicidios, que sumaron 211 en la primera mitad del año, 0,1% del total.
Los venezolanos, que vienen de una situación de inseguridad mucho más grave, se sienten seguros en Chile. “Es la antítesis de lo que vivimos en Venezuela”, afirma Torres. “En Panamá la inseguridad ha ido creciendo mucho más”, dice Márquez para reincidir en la comparación. “Conozco una sola persona a la que han robado desde que estoy en Santiago”, agrega Betancourt.
Incluso Dezzeo, que fue víctima de un delito, se siente segura en Chile. “Trabajo en una joyería y nos asaltaron en febrero. Ha sido lo más traumático que me ha pasado, sobre todo por venir huyendo de la inseguridad en Venezuela. De todas maneras, esto no me hace pensar que sea inseguro, simplemente trabajo en un rubro vulnerable en cualquier parte del mundo”, explica.
Mano de obra calificada
Otro problema que preocupa a los chilenos es la desaceleración económica. El cobre (principal producto de exportación del país y fuente de aportes al fisco) ha corrido la misma suerte que el petróleo y su precio ha caído desde máximos históricos de 4 dólares por libra en 2011 hasta un promedio de 2,14 dólares entre enero y julio de 2016, según la Comisión Chilena del Cobre.
La consecuencia ha sido que el crecimiento del producto interno bruto de Chile ha bajado de 6% en 2011 a 1,9% en el primer semestre de este año. Muchos especialistas también responsabilizan del retroceso al impacto de las reformas de Bachelet, pero más allá de eso, lo cierto es que la desaceleración ha llevado el desempleo hasta 6,9%, la tasa más alta en cinco años.
Los venezolanos, sin embargo, no suelen tener mucho problema para conseguir empleo. Torres comenzó a trabajar en una tienda cuando tenía una semana en Chile y aunque ganaba poco más de sueldo mínimo le alcanzaba para cubrir sus gastos. Luego fue contratado como operador de telemarketing y ahora es asesor comercial en una empresa que lo contactó por Linkedin.
Dezzeo, con la ventaja de tener la nacionalidad, obtuvo su empleo el mismo día en que llegó al país y le ha ido tan bien que todavía no ha hecho los trámites para validar su título de abogada. Para Márquez tampoco fue difícil encontrar trabajo: a un mes de su llegada ya tenía un empleo en su área en una empresa de organización de eventos.
El caso de Betancourt es distinto, porque migró a Chile con una oferta de trabajo. Admite, sin embargo, que las cosas no son tan fáciles como antes: “Poco tiempo después de llegar al país (al que se vino recién graduado) intenté cambiar de trabajo, me postulé a varios cargos y me salieron tres entrevistas muy rápidamente”, recuerda.
Un factor que ayuda a los oriundos de la tierra de Simón Bolívar es su alta calificación. De los 15.000 venezolanos que recibieron visas de residencia temporal en Chile entre 2011 y 2015, 35% tiene estudios universitarios y 6% formación técnica profesional, según los datos del Departamento de Extranjería y Migración.
Publicado en El Estímulo
lunes, 8 de febrero de 2016
Venezuela al borde del colapso: la visión de los analistas y las fórmulas que baraja la oposición para sacar a Maduro
Entre las noticias que surgen diariamente sobre la grave situación económica venezolana, hay dos que han llamado mucho la atención fuera de las fronteras de ese país: la importación de petróleo desde Estados Unidos y la compra de toneladas de billetes en el exterior.
No hace falta decir por qué resulta sorprendente que Venezuela, que cuenta con las mayores reservas del mundo, haya sido el primer país de América Latina en recibir un cargamento de crudo proveniente de Estados Unidos que, por otro lado, sigue siendo su principal comprador de hidrocarburos.
Tampoco que la importación de papel moneda en cantidades tan abultadas -The Wall Street Journal habla de 15.000 millones de billetes, casi el doble de lo que emiten anualmente la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo- es una nueva evidencia de que la inflación está fuera de control en Venezuela.
Las cifras oficiales, presentadas parcialmente en enero luego de ser ocultadas durante meses, revelaron una inflación anualizada de 141,5% hasta septiembre de 2015. El Fondo Monetario Internacional calculó que el alza de precios se ubicó en 275% al cierre del año y pronosticó que llegará a 720% en 2016.
Tanto la importación de petróleo como la de papel moneda tienen explicación. La primera obedece a la necesidad de tener crudo liviano para mezclarlo con el pesado que extrae Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y la segunda a la renuencia a emitir billetes de más alta denominación. Pero eso no les quita gravedad, dice el analista Henkel García, director de la consultora Econométrica.
También lo cree así el analista internacional Edmundo González, ex embajador de Venezuela en Argentina. “Las dos cosas no vienen sino a reafirmar la profundidad de la crisis que vivimos. Reconocidas voces nacionales y extranjeras opinan que estamos al borde del colapso. Aunque no soy experto en materia económica, me inclino a compartir esos juicios”, afirma a “El Líbero”.
El historiador Pedro Benítez, profesor de la Universidad Central de Venezuela, considera que el punto álgido de la crisis no es una posibilidad futura sino una realidad vigente. “Venezuela está en medio de un colapso económico. Las cifras que se conocen y la vida cotidiana así lo indican”, sentencia a “El Líbero”.
Henkel García coincide con Benítez y explica que hay otros hechos que muestran de mejor manera la gravedad de la crisis económica. “El colapso se está sintiendo con fuerza en los hogares venezolanos: en las filas de personas para comprar bienes básicos, en las muertes por falta de medicinas”, señala a este medio.
En ese sentido, aporta varios datos: ninguna farmacéutica está llevando medicinas al país aunque la escasez de ese rubro está en 80%, el salario real cayó más de 40% (tomando en cuenta sólo los bienes que se consiguen) y la contracción de la liquidez en términos reales también supera 40% (aunque nominalmente se duplicó).
Sin respuesta
Los análisis dentro y fuera de Venezuela coinciden en que uno de los aspectos más preocupantes de la crisis que padece actualmente ese país es la falta de reacción por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro, sucesor del fallecido Hugo Chávez (1999-2013).
“El colapso también es palpable cuando se revisan las ideas de Alfredo Serrano (asesor español del gobierno venezolano en materia económica) y Luis Salas (ministro de Economía Productiva), quienes seguramente tratarán de resolver la crisis haciendo más de lo mismo”, afirma García.
A todo esto se suma el juicio del Financial Times, que el viernes dijo: “No hay ninguna señal de acciones efectivas para evitar el desastre. Maduro mantiene los severos controles de precios y los subsidios a los combustibles que sirven simplemente para enriquecer a personas cercanas al régimen. Intenta asegurar su control sobre el banco central, dañando su ya desgastada credibilidad”.
La pregunta que se hacen los analistas es si la inacción gubernamental y la renuencia a cambiar de rumbo en medio de una crisis tan aguda pueden ser factores para precipitar un cambio político. “Es muy difícil afirmarlo en esos términos, pero no hay duda de que la situación económica está llevando a un escenario que puede concluir así”, señala González.
Benítez, por su parte, está convencido de que “estamos viendo el final del régimen hegemónico edificado por Chávez”, aunque aclara que no necesariamente del chavismo como movimiento político. En esa línea, recuerda que la oposición ha estado discutiendo las opciones para cambiar de gobierno desde su triunfo en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.
No en vano el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, concluyó su discurso de juramentación en el cargo –el pasado 5 de enero–comprometiéndose a presentar al país durante los próximos seis meses un método “constitucional, pacífico, electoral y democrático” para renovar al Poder Ejecutivo.
Henrique Capriles, gobernador del estado Miranda y ex candidato presidencial, pidió la semana pasada a sus colegas opositores más rapidez para definir la vía para salir del actual mandatario. “Los venezolanos hemos aguantado mucho y debemos evitar que el país termine de hundirse. La velocidad de la crisis obliga”, escribió en su cuenta de Twitter.
Opciones a mano
La renuncia de Maduro sería la alternativa más rápida e incluso la más ventajosa para el chavismo, señalan las fuentes consultadas. “Por razones de sobrevivencia política, les convendría hacerse a un lado y dejar que otros manejen la crisis”, opina Benítez. Pero obviamente esta opción no depende de la oposición, si no del gobierno.
Cualquier proceso que implique la destitución del Presidente por parte de la Asamblea Nacional, sea por la doble nacionalidad que se le atribuye –se dice que nació en Colombia– o por la declaratoria de incapacidad (física o mental), sería “muy tremendista”, en opinión de González, y pudiera ser bloqueado por el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el régimen chavista.
Quizás por eso los opositores han concentrado sus discusiones en tres mecanismos: una Constituyente (que disolvería a todos los poderes, incluyendo el Ejecutivo), un Referendo Revocatorio (para poner fin al mandato de Maduro antes de tiempo) y una Enmienda Constitucional (para recortar el período presidencial).
La Constituyente tiene la desventaja de requerir mayoría de dos tercios en el Parlamento, algo que la oposición logró con votos pero el TSJ le arrebató al anular los comicios en Amazonas. También de necesitar varios procesos electorales, para seleccionar a los constituyentes, para aprobar la nueva Constitución y para escoger a los nuevos poderes.
Para convocar un Revocatorio, mecanismo que el chavismo incluyó en la Constitución de 1999, hay que recolectar las firmas de al menos 20% del electorado. Y para que tenga efecto, los votos a favor de revocar a Maduro no sólo deben superar a los sufragios en contra de hacerlo, sino también a los que logró cuando fue electo presidente (más de 7,7 millones).
Otra desventaja es que el Consejo Nacional Electoral puede obstaculizar su realización, como ya lo hizo en 2004 cuando se intentó revocar a Chávez, y que las personas pueden inhibirse de firmar por temor a una persecución política, como también sucedió en el pasado, cuando cientos de empleados públicos fueron despedidos por solicitar la revocatoria del ex mandatario.
La Enmienda, aunque no está libre de riesgos, se ha puesto en la mesa como la opción más viable durante los últimos días: puede ser promovida por 30% de los diputados, aprobada con mayoría simple y sometida a votación popular de manera más o menos expedita. “Es muy difícil ponerle un tiempo, pero pocos creen que este gobierno dure mucho”, apunta González.
Publicado en El Líbero
No hace falta decir por qué resulta sorprendente que Venezuela, que cuenta con las mayores reservas del mundo, haya sido el primer país de América Latina en recibir un cargamento de crudo proveniente de Estados Unidos que, por otro lado, sigue siendo su principal comprador de hidrocarburos.
Tampoco que la importación de papel moneda en cantidades tan abultadas -The Wall Street Journal habla de 15.000 millones de billetes, casi el doble de lo que emiten anualmente la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo- es una nueva evidencia de que la inflación está fuera de control en Venezuela.
Las cifras oficiales, presentadas parcialmente en enero luego de ser ocultadas durante meses, revelaron una inflación anualizada de 141,5% hasta septiembre de 2015. El Fondo Monetario Internacional calculó que el alza de precios se ubicó en 275% al cierre del año y pronosticó que llegará a 720% en 2016.
Tanto la importación de petróleo como la de papel moneda tienen explicación. La primera obedece a la necesidad de tener crudo liviano para mezclarlo con el pesado que extrae Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y la segunda a la renuencia a emitir billetes de más alta denominación. Pero eso no les quita gravedad, dice el analista Henkel García, director de la consultora Econométrica.
También lo cree así el analista internacional Edmundo González, ex embajador de Venezuela en Argentina. “Las dos cosas no vienen sino a reafirmar la profundidad de la crisis que vivimos. Reconocidas voces nacionales y extranjeras opinan que estamos al borde del colapso. Aunque no soy experto en materia económica, me inclino a compartir esos juicios”, afirma a “El Líbero”.
El historiador Pedro Benítez, profesor de la Universidad Central de Venezuela, considera que el punto álgido de la crisis no es una posibilidad futura sino una realidad vigente. “Venezuela está en medio de un colapso económico. Las cifras que se conocen y la vida cotidiana así lo indican”, sentencia a “El Líbero”.
Henkel García coincide con Benítez y explica que hay otros hechos que muestran de mejor manera la gravedad de la crisis económica. “El colapso se está sintiendo con fuerza en los hogares venezolanos: en las filas de personas para comprar bienes básicos, en las muertes por falta de medicinas”, señala a este medio.
En ese sentido, aporta varios datos: ninguna farmacéutica está llevando medicinas al país aunque la escasez de ese rubro está en 80%, el salario real cayó más de 40% (tomando en cuenta sólo los bienes que se consiguen) y la contracción de la liquidez en términos reales también supera 40% (aunque nominalmente se duplicó).
Sin respuesta
Los análisis dentro y fuera de Venezuela coinciden en que uno de los aspectos más preocupantes de la crisis que padece actualmente ese país es la falta de reacción por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro, sucesor del fallecido Hugo Chávez (1999-2013).
“El colapso también es palpable cuando se revisan las ideas de Alfredo Serrano (asesor español del gobierno venezolano en materia económica) y Luis Salas (ministro de Economía Productiva), quienes seguramente tratarán de resolver la crisis haciendo más de lo mismo”, afirma García.
A todo esto se suma el juicio del Financial Times, que el viernes dijo: “No hay ninguna señal de acciones efectivas para evitar el desastre. Maduro mantiene los severos controles de precios y los subsidios a los combustibles que sirven simplemente para enriquecer a personas cercanas al régimen. Intenta asegurar su control sobre el banco central, dañando su ya desgastada credibilidad”.
La pregunta que se hacen los analistas es si la inacción gubernamental y la renuencia a cambiar de rumbo en medio de una crisis tan aguda pueden ser factores para precipitar un cambio político. “Es muy difícil afirmarlo en esos términos, pero no hay duda de que la situación económica está llevando a un escenario que puede concluir así”, señala González.
Benítez, por su parte, está convencido de que “estamos viendo el final del régimen hegemónico edificado por Chávez”, aunque aclara que no necesariamente del chavismo como movimiento político. En esa línea, recuerda que la oposición ha estado discutiendo las opciones para cambiar de gobierno desde su triunfo en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.
No en vano el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, concluyó su discurso de juramentación en el cargo –el pasado 5 de enero–comprometiéndose a presentar al país durante los próximos seis meses un método “constitucional, pacífico, electoral y democrático” para renovar al Poder Ejecutivo.
Henrique Capriles, gobernador del estado Miranda y ex candidato presidencial, pidió la semana pasada a sus colegas opositores más rapidez para definir la vía para salir del actual mandatario. “Los venezolanos hemos aguantado mucho y debemos evitar que el país termine de hundirse. La velocidad de la crisis obliga”, escribió en su cuenta de Twitter.
Opciones a mano
La renuncia de Maduro sería la alternativa más rápida e incluso la más ventajosa para el chavismo, señalan las fuentes consultadas. “Por razones de sobrevivencia política, les convendría hacerse a un lado y dejar que otros manejen la crisis”, opina Benítez. Pero obviamente esta opción no depende de la oposición, si no del gobierno.
Cualquier proceso que implique la destitución del Presidente por parte de la Asamblea Nacional, sea por la doble nacionalidad que se le atribuye –se dice que nació en Colombia– o por la declaratoria de incapacidad (física o mental), sería “muy tremendista”, en opinión de González, y pudiera ser bloqueado por el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el régimen chavista.
Quizás por eso los opositores han concentrado sus discusiones en tres mecanismos: una Constituyente (que disolvería a todos los poderes, incluyendo el Ejecutivo), un Referendo Revocatorio (para poner fin al mandato de Maduro antes de tiempo) y una Enmienda Constitucional (para recortar el período presidencial).
La Constituyente tiene la desventaja de requerir mayoría de dos tercios en el Parlamento, algo que la oposición logró con votos pero el TSJ le arrebató al anular los comicios en Amazonas. También de necesitar varios procesos electorales, para seleccionar a los constituyentes, para aprobar la nueva Constitución y para escoger a los nuevos poderes.
Para convocar un Revocatorio, mecanismo que el chavismo incluyó en la Constitución de 1999, hay que recolectar las firmas de al menos 20% del electorado. Y para que tenga efecto, los votos a favor de revocar a Maduro no sólo deben superar a los sufragios en contra de hacerlo, sino también a los que logró cuando fue electo presidente (más de 7,7 millones).
Otra desventaja es que el Consejo Nacional Electoral puede obstaculizar su realización, como ya lo hizo en 2004 cuando se intentó revocar a Chávez, y que las personas pueden inhibirse de firmar por temor a una persecución política, como también sucedió en el pasado, cuando cientos de empleados públicos fueron despedidos por solicitar la revocatoria del ex mandatario.
La Enmienda, aunque no está libre de riesgos, se ha puesto en la mesa como la opción más viable durante los últimos días: puede ser promovida por 30% de los diputados, aprobada con mayoría simple y sometida a votación popular de manera más o menos expedita. “Es muy difícil ponerle un tiempo, pero pocos creen que este gobierno dure mucho”, apunta González.
Publicado en El Líbero
jueves, 27 de agosto de 2015
Padres de 43 estudiantes del caso Iguala buscan apoyo diplomático
Los padres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos hace 11 meses en Iguala (Guerrero) recorrieron decenas de embajadas en Ciudad de México en busca de apoyo diplomático para su reclamo de que se castigue a los responsables del crimen.
Los familiares entregaron en cada delegación una carta en la que piden a los gobiernos extranjeros que presionen a las autoridades mexicanas para acelerar la investigación y ratificar al grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
"El objetivo es que se incremente la presión internacional para que el gobierno se vea obligado a actuar", dijo Vidulfo Rosales, abogado de los familiares, al diario Reforma.
La publicación reseñó que los familiares se concentraron frente al Auditorio Nacional y el Metro Polanco antes de iniciar el recorrido por las embajadas, para lo cual se dividieron en dos grupos.
Luego de recorrer las legaciones de países como Alemania, Canadá, China y Vietnam, el punto de llegada de ambos grupos fue la embajada de la Unión Europea, donde realizaron una manifestación, según el diario El Universal. Los familiares culminaron la jornada con una marcha hasta el Zócalo.
Publicado en El Nacional
Los familiares entregaron en cada delegación una carta en la que piden a los gobiernos extranjeros que presionen a las autoridades mexicanas para acelerar la investigación y ratificar al grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
"El objetivo es que se incremente la presión internacional para que el gobierno se vea obligado a actuar", dijo Vidulfo Rosales, abogado de los familiares, al diario Reforma.
La publicación reseñó que los familiares se concentraron frente al Auditorio Nacional y el Metro Polanco antes de iniciar el recorrido por las embajadas, para lo cual se dividieron en dos grupos.
Luego de recorrer las legaciones de países como Alemania, Canadá, China y Vietnam, el punto de llegada de ambos grupos fue la embajada de la Unión Europea, donde realizaron una manifestación, según el diario El Universal. Los familiares culminaron la jornada con una marcha hasta el Zócalo.
Publicado en El Nacional
martes, 25 de agosto de 2015
Cierre de frontera agudiza caída del comercio bilateral
La decisión del gobierno de Nicolás Maduro de cerrar la frontera entre el estado Táchira y el departamento Norte de Santander agudiza la caída del comercio entre Venezuela y Colombia.
“Hasta julio el intercambio bilateral acumuló un retroceso de 40%. Con el cierre de la frontera podría caer aún más”, advirtió Víctor Montiel, presidente de la Cámara de Integración Económica Venezolana Colombiana.
El líder gremial afirmó que por las aduanas de San Antonio y Ureña pasa más de 60% del comercio entre ambos países, que se ubicó en casi 2 millardos de dólares el año pasado.
Las cifras del Instituto Nacional de Estadística muestran que las exportaciones e importaciones procesadas por las 2 aduanas del estado Táchira sumaron 794,9 millones de dólares entre enero y octubre de 2014.
Montiel precisó que la mercancía que estaba en las aduanas al momento del cierre de la frontera han sido procesadas en los días posteriores, pero que no hay llegada de nuevos artículos.
Ausentismo. Otra de las consecuencias del cierre de la frontera en el sector empresarial es el ausentismo laboral, ya que en la zona hay muchas compañías venezolanas que tienen colombianos en sus nóminas y viceversa.
“Además de que existe un intercambio comercial muy activo, por la frontera se mueven diariamente miles de ciudadanos de ambos países que van y vienen a trabajar”, recordó el economista José Guerra.
Montiel indicó que el ausentismo afecta principalmente a las industrias, pero repercute en el resto de la economía. “El comercio trabaja a 50%, mientras que los servicios (aduana, banca, transporte) no tienen casi actividad”.
“Esto se traduce en una baja productividad, que generará cierta escasez de algunos productos que se dan en la zona industrial de San Antonio y Ureña”, declaró Daniel Aguilar, presidente de Fedecámaras Táchira, a RCR.
Diálogo. Los gremios empresariales comparten la preocupación del gobierno por el contrabando y otros problemas, pero no están de acuerdo con el cierre de la frontera con Colombia y piden dialogar al respecto.
“Estamos en contra de todo acto ilícito, pero a la vez necesitamos y pedimos que haya un diálogo con la población porque hay muchas personas afectadas por esta situación”, dijo el presidente de Cavecol.
Montiel considera que la mejor forma de buscar soluciones a los problemas de la frontera colombo-venezolana es el trabajo conjunto entre el sector privado y las autoridades gubernamentales.
Publicado en El Nacional
“Hasta julio el intercambio bilateral acumuló un retroceso de 40%. Con el cierre de la frontera podría caer aún más”, advirtió Víctor Montiel, presidente de la Cámara de Integración Económica Venezolana Colombiana.
El líder gremial afirmó que por las aduanas de San Antonio y Ureña pasa más de 60% del comercio entre ambos países, que se ubicó en casi 2 millardos de dólares el año pasado.
Las cifras del Instituto Nacional de Estadística muestran que las exportaciones e importaciones procesadas por las 2 aduanas del estado Táchira sumaron 794,9 millones de dólares entre enero y octubre de 2014.
Montiel precisó que la mercancía que estaba en las aduanas al momento del cierre de la frontera han sido procesadas en los días posteriores, pero que no hay llegada de nuevos artículos.
Ausentismo. Otra de las consecuencias del cierre de la frontera en el sector empresarial es el ausentismo laboral, ya que en la zona hay muchas compañías venezolanas que tienen colombianos en sus nóminas y viceversa.
“Además de que existe un intercambio comercial muy activo, por la frontera se mueven diariamente miles de ciudadanos de ambos países que van y vienen a trabajar”, recordó el economista José Guerra.
Montiel indicó que el ausentismo afecta principalmente a las industrias, pero repercute en el resto de la economía. “El comercio trabaja a 50%, mientras que los servicios (aduana, banca, transporte) no tienen casi actividad”.
“Esto se traduce en una baja productividad, que generará cierta escasez de algunos productos que se dan en la zona industrial de San Antonio y Ureña”, declaró Daniel Aguilar, presidente de Fedecámaras Táchira, a RCR.
Diálogo. Los gremios empresariales comparten la preocupación del gobierno por el contrabando y otros problemas, pero no están de acuerdo con el cierre de la frontera con Colombia y piden dialogar al respecto.
“Estamos en contra de todo acto ilícito, pero a la vez necesitamos y pedimos que haya un diálogo con la población porque hay muchas personas afectadas por esta situación”, dijo el presidente de Cavecol.
Montiel considera que la mejor forma de buscar soluciones a los problemas de la frontera colombo-venezolana es el trabajo conjunto entre el sector privado y las autoridades gubernamentales.
Publicado en El Nacional
lunes, 24 de agosto de 2015
Bogotá pidió a Caracas respetar derechos humanos a deportados
Colombia pidió a Venezuela que respete la integridad y los derechos humanos de los colombianos que sean objeto de detenciones, deportaciones y otras acciones por el estado de excepción.
"Exigimos que antes de aplicar las medidas de deportación se analice en cada caso la situación familiar para garantizar la unión de padres e hijos", dijo la Cancillería de Colombia en un comunicado.
El gobernador del estado Táchira, José Vielma Mora, afirmó que los deportados de Venezuela al país vecino suman 791 personas en dos días y aseguró que fueron entregados al Consulado General de Colombia, "como manda la ley, sin atropellos, sin humillaciones, sin torturas".
Funcionarios de migración de Colombia aseguraron que los deportados eran recibidos en Cúcuta y que 100 de ellos están en un albergue, esperando ayuda para retornar a sus regiones de origen.
El comunicado de la Cancillería reitera la voluntad de Bogotá de cooperar con Caracas en la lucha contra el contrabando, pero también el rechazo al cierre de la frontera entre el departamento Norte de Santander y el estado Táchira.
"Este genera un problema social de gran dimensión debido a la cantidad de personas que viven y transitan en la zona legalmente, además de los daños económicos que sin duda deja para los dos países", indica el texto.
In situ. Una comisión del gobierno de Colombia encabezada por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo se reunió ayer en Cúcuta con autoridades regionales para revisar la situación de la frontera, reseñó Efe.
Cristo estuvo acompañado por el viceministro de Hacienda, Andrés Escobar Arango; el viceministro de Desarrollo Empresarial, Daniel Arango; y el director de la Unidad Nacional de Protección, Diego Mora; entre otros.
Del lado venezolano, el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, llegó ayer a San Antonio del Táchira para supervisar la jornada especial de la Operación de Liberación y Protección del Pueblo que se realiza en la frontera.
"Estamos verificando en el terreno la aplicación de las acciones que ha tomado el presidente Nicolás Maduro para proteger al Táchira y a Venezuela", escribió Arreaza en Twitter.
En la localidad La Invasión, una explanada de 2.000 viviendas levantadas a 300 metros de la frontera y donde más de 2.500 soldados y policías seguían con los allanamientos iniciados la víspera, Arreaza mostró la supuesta cárcel subterránea que los paramilitares usaban para esconder a sus secuestrados.
También exhibió explosivos con sus detonantes, bolívares en efectivo, armas, precursores químicos y vestimentas de grupos paramilitares colombianos, entre ellas unas con insignias que decían "Los Alacranes Rojos" y "Contraguerrilla". En la zona también se descubrió un burdel con más de 500 mujeres de ambas nacionalidades, que dijo el funcionario eran explotadas por paramilitares.
Publicado en El Nacional
"Exigimos que antes de aplicar las medidas de deportación se analice en cada caso la situación familiar para garantizar la unión de padres e hijos", dijo la Cancillería de Colombia en un comunicado.
El gobernador del estado Táchira, José Vielma Mora, afirmó que los deportados de Venezuela al país vecino suman 791 personas en dos días y aseguró que fueron entregados al Consulado General de Colombia, "como manda la ley, sin atropellos, sin humillaciones, sin torturas".
Funcionarios de migración de Colombia aseguraron que los deportados eran recibidos en Cúcuta y que 100 de ellos están en un albergue, esperando ayuda para retornar a sus regiones de origen.
El comunicado de la Cancillería reitera la voluntad de Bogotá de cooperar con Caracas en la lucha contra el contrabando, pero también el rechazo al cierre de la frontera entre el departamento Norte de Santander y el estado Táchira.
"Este genera un problema social de gran dimensión debido a la cantidad de personas que viven y transitan en la zona legalmente, además de los daños económicos que sin duda deja para los dos países", indica el texto.
In situ. Una comisión del gobierno de Colombia encabezada por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo se reunió ayer en Cúcuta con autoridades regionales para revisar la situación de la frontera, reseñó Efe.
Cristo estuvo acompañado por el viceministro de Hacienda, Andrés Escobar Arango; el viceministro de Desarrollo Empresarial, Daniel Arango; y el director de la Unidad Nacional de Protección, Diego Mora; entre otros.
Del lado venezolano, el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, llegó ayer a San Antonio del Táchira para supervisar la jornada especial de la Operación de Liberación y Protección del Pueblo que se realiza en la frontera.
"Estamos verificando en el terreno la aplicación de las acciones que ha tomado el presidente Nicolás Maduro para proteger al Táchira y a Venezuela", escribió Arreaza en Twitter.
En la localidad La Invasión, una explanada de 2.000 viviendas levantadas a 300 metros de la frontera y donde más de 2.500 soldados y policías seguían con los allanamientos iniciados la víspera, Arreaza mostró la supuesta cárcel subterránea que los paramilitares usaban para esconder a sus secuestrados.
También exhibió explosivos con sus detonantes, bolívares en efectivo, armas, precursores químicos y vestimentas de grupos paramilitares colombianos, entre ellas unas con insignias que decían "Los Alacranes Rojos" y "Contraguerrilla". En la zona también se descubrió un burdel con más de 500 mujeres de ambas nacionalidades, que dijo el funcionario eran explotadas por paramilitares.
Publicado en El Nacional
domingo, 23 de agosto de 2015
Holguín y Rodríguez adelantaron reunión para el 26 de agosto
La reunión entre las cancilleres de Colombia, María Ángela Holguín, y Venezuela, Delcy Rodríguez, para tratar la situación en la frontera entre ambos países fue adelantada para el 26 de agosto (en vez del 14 de septiembre, como estaba previsto) luego de que el presidente Nicolás Maduro declaró estado de excepción en los municipios limítrofes.
"Acabo de conversar con la canciller Holguín y adelantamos la reunión binacional para el miércoles 26 de agosto", escribió Rodríguez en Twitter. "Venezuela y Colombia vamos a atacar juntos los graves problemas fronterizos generados por la violencia paramilitar y la guerra económica", dijo en otro mensaje.
Maduro también prolongó de manera indefinida el cierre de la frontera entre Venezuela y Colombia, ordenado el miércoles pasado luego de que tres militares resultaron heridos en un enfrentamiento con presuntos contrabandistas.
En el marco del estado de excepción, más de 2.000 soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana revisaron "casa por casa" una zona de la frontera en busca de paramilitares, contrabandistas y acusados de otros delitos, reseñó la agencia Efe.
La Agencia Venezolana de Noticias informó que el rastreo se realiza en un área invadida ilegalmente por 1.900 familias, 90% de origen colombiano. "Aquellos que no estén legales en Venezuela tendrán que retornar a Colombia", publicó.
El general Temístocles Morantes Torres, encargado de los Operativos de Liberación y Protección del Pueblo en Táchira, explicó a AVN que muchas de las personas que habitan en la zona invadida "mantienen acciones delictivas y estructuras paramilitares".
Morantes Torres agregó que Táchira es de gran influencia para el resto del país. "Al tomar el control (del Estado) creemos que se incidirá en la situación que se vive actualmente con los alimentos", opinó, en alusión al severo desabastecimiento de productos.
Gana la delincuencia. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, opinó que el cierre indefinido de la frontera con Venezuela ordenado por Maduro beneficia a la delincuencia y afirmó que tratará de hablar con él para solucionar cuanto antes esa situación.
"Cuando se cierra la frontera y no hay coordinación los que ganan son los delincuentes", dijo Santos, según Efe. Agregó que su gobierno entiende la preocupación de Venezuela por el ataque contra los militares, pero no comparte las medidas aplicadas.
"Si es por cuestiones de seguridad, la respuesta no debería ser cerrar la frontera, debería ser más bien colaborar en forma más eficaz con las autoridades colombianas porque tenemos los mismos objetivos, tenemos los mismos intereses", señaló.
Santos recordó "los muchos inconvenientes, el malestar y el inmenso costo económico que tiene cerrar la frontera" y reiteró la disposición de Colombia a colaborar para encontrar una solución lo más rápido posible. "Nadie está interesado en estimular o permitir el contrabando, que hace un tremendo daño de lado y lado".
Publicado en El Nacional
"Acabo de conversar con la canciller Holguín y adelantamos la reunión binacional para el miércoles 26 de agosto", escribió Rodríguez en Twitter. "Venezuela y Colombia vamos a atacar juntos los graves problemas fronterizos generados por la violencia paramilitar y la guerra económica", dijo en otro mensaje.
Maduro también prolongó de manera indefinida el cierre de la frontera entre Venezuela y Colombia, ordenado el miércoles pasado luego de que tres militares resultaron heridos en un enfrentamiento con presuntos contrabandistas.
En el marco del estado de excepción, más de 2.000 soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana revisaron "casa por casa" una zona de la frontera en busca de paramilitares, contrabandistas y acusados de otros delitos, reseñó la agencia Efe.
La Agencia Venezolana de Noticias informó que el rastreo se realiza en un área invadida ilegalmente por 1.900 familias, 90% de origen colombiano. "Aquellos que no estén legales en Venezuela tendrán que retornar a Colombia", publicó.
El general Temístocles Morantes Torres, encargado de los Operativos de Liberación y Protección del Pueblo en Táchira, explicó a AVN que muchas de las personas que habitan en la zona invadida "mantienen acciones delictivas y estructuras paramilitares".
Morantes Torres agregó que Táchira es de gran influencia para el resto del país. "Al tomar el control (del Estado) creemos que se incidirá en la situación que se vive actualmente con los alimentos", opinó, en alusión al severo desabastecimiento de productos.
Gana la delincuencia. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, opinó que el cierre indefinido de la frontera con Venezuela ordenado por Maduro beneficia a la delincuencia y afirmó que tratará de hablar con él para solucionar cuanto antes esa situación.
"Cuando se cierra la frontera y no hay coordinación los que ganan son los delincuentes", dijo Santos, según Efe. Agregó que su gobierno entiende la preocupación de Venezuela por el ataque contra los militares, pero no comparte las medidas aplicadas.
"Si es por cuestiones de seguridad, la respuesta no debería ser cerrar la frontera, debería ser más bien colaborar en forma más eficaz con las autoridades colombianas porque tenemos los mismos objetivos, tenemos los mismos intereses", señaló.
Santos recordó "los muchos inconvenientes, el malestar y el inmenso costo económico que tiene cerrar la frontera" y reiteró la disposición de Colombia a colaborar para encontrar una solución lo más rápido posible. "Nadie está interesado en estimular o permitir el contrabando, que hace un tremendo daño de lado y lado".
Publicado en El Nacional
Suscribirse a:
Entradas (Atom)