Colombia pidió a Venezuela que respete la integridad y los derechos humanos de los colombianos que sean objeto de detenciones, deportaciones y otras acciones por el estado de excepción.
"Exigimos que antes de aplicar las medidas de deportación se analice en cada caso la situación familiar para garantizar la unión de padres e hijos", dijo la Cancillería de Colombia en un comunicado.
El gobernador del estado Táchira, José Vielma Mora, afirmó que los deportados de Venezuela al país vecino suman 791 personas en dos días y aseguró que fueron entregados al Consulado General de Colombia, "como manda la ley, sin atropellos, sin humillaciones, sin torturas".
Funcionarios de migración de Colombia aseguraron que los deportados eran recibidos en Cúcuta y que 100 de ellos están en un albergue, esperando ayuda para retornar a sus regiones de origen.
El comunicado de la Cancillería reitera la voluntad de Bogotá de cooperar con Caracas en la lucha contra el contrabando, pero también el rechazo al cierre de la frontera entre el departamento Norte de Santander y el estado Táchira.
"Este genera un problema social de gran dimensión debido a la cantidad de personas que viven y transitan en la zona legalmente, además de los daños económicos que sin duda deja para los dos países", indica el texto.
In situ. Una comisión del gobierno de Colombia encabezada por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo se reunió ayer en Cúcuta con autoridades regionales para revisar la situación de la frontera, reseñó Efe.
Cristo estuvo acompañado por el viceministro de Hacienda, Andrés Escobar Arango; el viceministro de Desarrollo Empresarial, Daniel Arango; y el director de la Unidad Nacional de Protección, Diego Mora; entre otros.
Del lado venezolano, el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, llegó ayer a San Antonio del Táchira para supervisar la jornada especial de la Operación de Liberación y Protección del Pueblo que se realiza en la frontera.
"Estamos verificando en el terreno la aplicación de las acciones que ha tomado el presidente Nicolás Maduro para proteger al Táchira y a Venezuela", escribió Arreaza en Twitter.
En la localidad La Invasión, una explanada de 2.000 viviendas levantadas a 300 metros de la frontera y donde más de 2.500 soldados y policías seguían con los allanamientos iniciados la víspera, Arreaza mostró la supuesta cárcel subterránea que los paramilitares usaban para esconder a sus secuestrados.
También exhibió explosivos con sus detonantes, bolívares en efectivo, armas, precursores químicos y vestimentas de grupos paramilitares colombianos, entre ellas unas con insignias que decían "Los Alacranes Rojos" y "Contraguerrilla". En la zona también se descubrió un burdel con más de 500 mujeres de ambas nacionalidades, que dijo el funcionario eran explotadas por paramilitares.
Publicado en El Nacional
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