Las primarias para las legislativas de octubre fueron la peor elección del kirchnerismo desde 2003. El Frente para la Victoria de la presidente Cristina Fernández de Kirchner no sólo perdió en los cinco distritos más poblados (Buenos Aires, Capital Federal, Córdoba, Mendoza y Santa Fe) sino que también sacó menos votos de lo previsto.
Se esperaba que el FPV obtuviera un tercio de los sufragios, lo que ya era una caída importante con respecto al 54% con que la mandataria fue reelecta en 2011, pero los resultados fueron peores: 27,5% en las listas para el Senado y 26,3% para la Cámara de Diputados. El oficialismo incluso perdió en Santa Cruz, donde los Kirchner iniciaron su carrera política.
Fernández de Kirchner se concentró en destacar que su partido recibió más sufragios que cualquier otro movimiento en todo el país y eso le permite conservar la mayoría en el Congreso, pero analistas dicen que ese argumento resulta insuficiente y afirman que la elección representó una derrota para el gobierno.
"El triunfo del oficialismo en el acumulado nacional es un dato tan cierto como previsible. Sólo el FPV se presentó como tal en los 24 distritos de Argentina. Hasta el radicalismo hizo alianzas en muchas provincias que le impiden sumar los votos de todo el país", escribió el periodista Joaquín Morales Solá en el diario La Nación
"Hubo una ola nacional de votos contra el gobierno de Kirchner. En todas las lecturas hizo una mala elección. Tres de cada cuatro personas han votado a la oposición, aunque ésta se presenta muy dividida", declaró el sociólogo Rosendo Fraga, de la consultora Nueva Mayoría, a la agencia AFP.
Fraga indicó que la votación del FPV no sólo estuvo casi 30 puntos por debajo de las presidenciales de 2011 sino que también fue alrededor de 6 puntos menos que en las legislativas de 2009. "Es la peor elección nacional del kirchnerismo desde su llega al poder en 2003", sentenció.
¿Nuevo líder? La victoria de Sergio Massa, alcalde de la comuna de Tigre y ex jefe de gabinete de Fernández de Kirchner, en la provincia de Buenos Aires -que reúne a 11 de los 30,5 millones de votantes que hay en Argentina- lo colocó como posible líder de la oposición.
Massa sumó 35% de los votos contra 29,6% de la lista kirchnerista encabezada por el alcalde de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, que en varios actos de campaña estuvo acompañado por la mandataria. "Ganó con porcentajes más grandes que los que esperaba él mismo. Es un líder imprevisto", apuntó Morales Solá.
Pero el consultor político Carlos Pagni advirtió que la candidatura de Massa tiene un déficit. "Su divorcio del gobierno es muy reciente. Y él agudizó esta debilidad con su estrategia electoral, que intentó desmarcarse de la polarización ", escribió en La Nación.
Publicado en El Nacional
martes, 13 de agosto de 2013
lunes, 12 de agosto de 2013
Aliados del Gobierno también sancionan a medios críticos
Las multas y sanciones de diferente índole a medios de comunicación críticos no sólo han sido una característica de los mandatos presidenciales de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Los países aliados de ambos gobernantes también han utilizado mecanismos similares para presionar a la prensa independiente.
El caso más reciente ocurrió en Bolivia, gobernada por Evo Morales desde 2006. En junio de este año el Servicio de Impuestos Nacionales embargó la sede de El Diario –el periódico más antiguo del país, con 109 años en circulación– por una deuda tributaria de 18,4 millones de dólares.
"En cumplimiento de la ley y resguardando los intereses del Estado se adoptó la medida de la hipoteca legal sobre los derechos propietarios del inmueble", informó el departamento en un comunicado. Fuentes de la institución dijeron que, aunque el embargo no impide que el periódico siga funcionando, es el paso inicial para el remate de sus bienes.
El Diario considera excesivo el monto reclamado por concepto de impuestos. "Nuestra posición ha sido bien clara. Vamos a honrar todas las deudas tributarias, pero no vamos a pagarlas dos veces", aseguró el director Jorge Carrasco, cuya familia ha dirigido la empresa desde su fundación en 1904.
Carrasco calificó el embargo como un show político para amedrentar. El periódico se comprometió en un comunicado a seguir informando. "El Diario se mantiene firme en su trabajo bajo principios periodísticos de independencia y de defensa de las libertades constitucionales", reza el texto.
El jefe de Estado de Ecuador desde 2006, Rafael Correa, también ha tenido casos similares. El más grave fue la demanda por injuria contra el diario El Universo en 2010, por un artículo que criticaba la actuación del mandatario durante la insurrección de policías ocurrida en septiembre de ese año.
En 2011 el tribunal sentenció al autor del texto el periodista Emilio Palacio y a los tres directivos de El Universo –los hermanos Carlos, César y Nicolás Pérez– a una pena de 3 años de prisión e impuso multas de 10 millones de dólares para cada uno de ellos y para el periódico.
La condena, que significaba la quiebra de la empresa, provocó el rechazo inmediato. La Sociedad Interamericana de Prensa calificó el fallo como un grave zarpazo a la libertad de información y Reporteros Sin Fronteros advirtió sobre el acoso judicial como una estrategia para acallar a los medios.
En 2012, luego de que la Corte Nacional de Justicia rechazara la apelación del diario y confirmara la sentencia de primera instancia, Correa perdonó a los acusados y pidió suspender las penas y las multas, aunque enfatizó que la condena fue merecida y que demostraba que se puede vencer el abuso del poder mediático.
Otros métodos. El gobierno de Cristina Fernández, en Argentina, ha usado mecanismos diferentes aunque con intenciones similares: presionar a la prensa crítica. La Ley de Medios aprobada en 2009 incluye una cláusula antimonopólica que obliga a varias empresas mediáticas a liquidar activos.
El grupo Clarín –el más afectado, aunque no el único– pidió la anulación de esa cláusula y otras tres que considera inconstitucionales e inició una batalla judicial que todavía continúa. En abril de este año un tribunal de apelaciones dictaminó contra la Ley de Medios. El Ejecutivo recurrió ante la Corte Suprema, que aún no ha respondido.
El Gobierno también intenta desde 2009 anular la compra de la empresa Papel Prensa –única fabricante de papel periódico en Argentina– efectuada en 1976 por Clarín, La Nación y La Razón, con el argumento de que la transacción fue hecha de forma irregular.
El proceso está bloqueado en los tribunales. Por eso en mayo de 2013 el oficialismo presentó en el Congreso –donde tiene mayoría– un anteproyecto de ley para declarar de utilidad pública 24% de las acciones de Papel Prensa. Eso daría al Estado, que ya tiene 27%, una participación mayoritaria de 51%.
Mala imagen. Los Gobiernos de Cuba y Nicaragua, socios de Venezuela en la Alianza Bolivariana para las Américas, también figuran entre los que restringen la difusión de información y contribuyen a que la libertad de expresión se deteriore en la región, según organizaciones no gubernamentales.
En la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2013 de Reporteros Sin Fronteras los principales aliados del Gobierno de Maduro retrocedieron posiciones. Argentina cayó del puesto 47 al 54, Nicaragua del 72 al 78, Bolivia del 108 al 109, Ecuador del 104 al 119 y Cuba del 167 al 171. Venezuela mantuvo el mismo lugar (117).
Amnistía Internacional, en su informe de 2013 sobre el estado de los derechos humanos en el mundo, menciona a Bolivia, Cuba y Ecuador como algunos de los países de América Latina donde se producen violaciones y amenazas a la libertad de expresión.
El informe anual de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también hace referencia a las restricciones en Venezuela y sus aliados. Caracas y Quito, de hecho, criticaron el texto en la asamblea general de la Organización de Estados Americanos realizada en Guatemala en julio.
Escrito con Manuel Tovar. Publicado en El Nacional
El caso más reciente ocurrió en Bolivia, gobernada por Evo Morales desde 2006. En junio de este año el Servicio de Impuestos Nacionales embargó la sede de El Diario –el periódico más antiguo del país, con 109 años en circulación– por una deuda tributaria de 18,4 millones de dólares.
"En cumplimiento de la ley y resguardando los intereses del Estado se adoptó la medida de la hipoteca legal sobre los derechos propietarios del inmueble", informó el departamento en un comunicado. Fuentes de la institución dijeron que, aunque el embargo no impide que el periódico siga funcionando, es el paso inicial para el remate de sus bienes.
El Diario considera excesivo el monto reclamado por concepto de impuestos. "Nuestra posición ha sido bien clara. Vamos a honrar todas las deudas tributarias, pero no vamos a pagarlas dos veces", aseguró el director Jorge Carrasco, cuya familia ha dirigido la empresa desde su fundación en 1904.
Carrasco calificó el embargo como un show político para amedrentar. El periódico se comprometió en un comunicado a seguir informando. "El Diario se mantiene firme en su trabajo bajo principios periodísticos de independencia y de defensa de las libertades constitucionales", reza el texto.
El jefe de Estado de Ecuador desde 2006, Rafael Correa, también ha tenido casos similares. El más grave fue la demanda por injuria contra el diario El Universo en 2010, por un artículo que criticaba la actuación del mandatario durante la insurrección de policías ocurrida en septiembre de ese año.
En 2011 el tribunal sentenció al autor del texto el periodista Emilio Palacio y a los tres directivos de El Universo –los hermanos Carlos, César y Nicolás Pérez– a una pena de 3 años de prisión e impuso multas de 10 millones de dólares para cada uno de ellos y para el periódico.
La condena, que significaba la quiebra de la empresa, provocó el rechazo inmediato. La Sociedad Interamericana de Prensa calificó el fallo como un grave zarpazo a la libertad de información y Reporteros Sin Fronteros advirtió sobre el acoso judicial como una estrategia para acallar a los medios.
En 2012, luego de que la Corte Nacional de Justicia rechazara la apelación del diario y confirmara la sentencia de primera instancia, Correa perdonó a los acusados y pidió suspender las penas y las multas, aunque enfatizó que la condena fue merecida y que demostraba que se puede vencer el abuso del poder mediático.
Otros métodos. El gobierno de Cristina Fernández, en Argentina, ha usado mecanismos diferentes aunque con intenciones similares: presionar a la prensa crítica. La Ley de Medios aprobada en 2009 incluye una cláusula antimonopólica que obliga a varias empresas mediáticas a liquidar activos.
El grupo Clarín –el más afectado, aunque no el único– pidió la anulación de esa cláusula y otras tres que considera inconstitucionales e inició una batalla judicial que todavía continúa. En abril de este año un tribunal de apelaciones dictaminó contra la Ley de Medios. El Ejecutivo recurrió ante la Corte Suprema, que aún no ha respondido.
El Gobierno también intenta desde 2009 anular la compra de la empresa Papel Prensa –única fabricante de papel periódico en Argentina– efectuada en 1976 por Clarín, La Nación y La Razón, con el argumento de que la transacción fue hecha de forma irregular.
El proceso está bloqueado en los tribunales. Por eso en mayo de 2013 el oficialismo presentó en el Congreso –donde tiene mayoría– un anteproyecto de ley para declarar de utilidad pública 24% de las acciones de Papel Prensa. Eso daría al Estado, que ya tiene 27%, una participación mayoritaria de 51%.
Mala imagen. Los Gobiernos de Cuba y Nicaragua, socios de Venezuela en la Alianza Bolivariana para las Américas, también figuran entre los que restringen la difusión de información y contribuyen a que la libertad de expresión se deteriore en la región, según organizaciones no gubernamentales.
En la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2013 de Reporteros Sin Fronteras los principales aliados del Gobierno de Maduro retrocedieron posiciones. Argentina cayó del puesto 47 al 54, Nicaragua del 72 al 78, Bolivia del 108 al 109, Ecuador del 104 al 119 y Cuba del 167 al 171. Venezuela mantuvo el mismo lugar (117).
Amnistía Internacional, en su informe de 2013 sobre el estado de los derechos humanos en el mundo, menciona a Bolivia, Cuba y Ecuador como algunos de los países de América Latina donde se producen violaciones y amenazas a la libertad de expresión.
El informe anual de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también hace referencia a las restricciones en Venezuela y sus aliados. Caracas y Quito, de hecho, criticaron el texto en la asamblea general de la Organización de Estados Americanos realizada en Guatemala en julio.
Escrito con Manuel Tovar. Publicado en El Nacional
domingo, 11 de agosto de 2013
Argentina: Elecciones primarias serán un ensayo para las legislativas
Las primarias se han convertido en Argentina más que en un proceso para que cada movimiento político defina a sus candidatos, en un anticipo de lo que sucederá en las elecciones. Por eso, si los resultados de hoy confirman lo que las encuestas anticipan que sucederá, los comicios legislativos del 27 de octubre pudieran dejar insatisfechos tanto al gobierno como a la oposición.
Aunque las primarias deberían servir para definir a los aspirantes de cada partido para esas elecciones, en realidad sólo algunos grupos seleccionarán entre diversas listas de precandidatos. La mayoría presentará postulantes únicos. Eso las convierte en un ensayo de las parlamentarias.
Casi todos los sondeos muestran que en las primarias, el Frente Para La Victoria de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se quedará con poco más de un tercio de los votos aunque ganará la mayoría de los distritos electorales. Las fuerzas opositoras, en tanto, sumarán casi dos tercios de los sufragios porque triunfarán en las principales circunscripciones: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe.
Una votación similar en las parlamentarias representaría para el FPV (formado por el Partido Justicialista y sus aliados) una mejora con respecto al resultado de 2009 y un incremento del número de legisladores que tiene en el Congreso, pero no les alcanzaría para lograr la mayoría necesaria para promover una reforma de la Constitución que permita a la mandataria presentarse a la reelección en las presidenciales de 2015.
Para las opciones contrarias al gobierno, obtener casi dos tercios de los sufragios en las legislativas significaría que pueden sacarle provecho al creciente descontento con la gestión de la Presidenta. Sin embargo, la división de esa votación antigubernamental entre diversos movimientos –algunos enfrentados entre sí– impide que se pueda hablar de la oposición como un todo.
Cuestión de interpretación. Para el politólogo Rosendo Fraga, director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría, con sede en Buenos Aires, el éxito tanto en las primarias como en las legislativas no estará determinado por los resultados sino por la capacidad que muestre cada tendencia política para que su interpretación de los mismos cale en la opinión pública.
"El FPV será la fuerza más votada con cerca de 35% de los votos en el ámbito nacional. Eso implica 19 puntos menos que en la presidencial de 2011. Pero, al mismo tiempo, ningún otro movimiento político superará 15% dada la desarticulación de la oposición. El kirchnerismo pondrá énfasis en mostrar esta diferencia, para dejar en segundo plano la primera", explica Fraga.
"Los movimientos contrarios al gobierno buscarán mostrar que dos de cada tres votos no son para el oficialismo y que éste ha tenido un fuerte retroceso con respecto a 2011. Ambas argumentaciones son reales y concretas, pero no ocultan las fuertes falencias que ha mostrado la oposición para transformarse en una alternativa de poder en sintonía con el giro que ha dado el electorado", agrega.
Leandro Rodríguez Medina, politólogo argentino que trabaja como profesor asociado en la Universidad de las Américas de Puebla (México), también cree que la interpretación que cada grupo haga del resultado será clave. "Sacar más votos y obtener más diputados puede no ser una victoria para el oficialismo si el objetivo principal es lograr la mayoría necesaria para reformar la Constitución y aprobar la reelección".
"La oposición resaltará que ganará en distritos electorales muy importantes, pero serán triunfos de grupos distintos: el PRO de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, el Frente Renovador de Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires, el peronismo disidente de José Manuel de la Sota en Córdoba, la Unión Cívica Radical de Julio Cobos en Mendoza y el Partido Socialista en Santa Fe".
¿Fin de una era? Más allá de las interpretaciones, los resultados esperados en las elecciones legislativas tendrán una consecuencia directa: impedir que la propuesta de que haya más de una reelección sea aprobada. Los analistas insisten, no obstante, en que eso no significa que la oposición se vaya a imponer en las próximas presidenciales ni que el peronismo vaya a salir del poder.
"La imposibilidad de que la mandataria sea reelegida obligará a una transición, que en el peronismo suelen ser brutales y afectar la gobernabilidad. Pero la idea de un fin de ciclo no me queda clara. La manera en que el FPV hizo campaña ha sido exitosa y, sea quien sea el candidato para 2015, creo que el oficialismo tiene chance", señala Rodríguez Medina.
El profesor de la Udlap agrega que las posibilidades de la oposición dependen de una unión que parece imposible. "Es muy complejo que puedan aglutinarse porque son muy distintos e, incluso si lo hacen, la alianza sería vista con más miedo que expectativa. Los argentinos aún tienen fresco el recuerdo de la coalición que se formó en 1999 para derrotar al peronismo y luego tuvo problemas para gobernar".
Fraga considera que el resultado de las legislativas en la provincia de Buenos Aires, que reúne a 30% de los electores, influirá en la carrera para las presidenciales. "Si Massa gana perderá fuerza el argumento oficialista de que supera por 15 ó 20 puntos al partido siguiente, pero si triunfa Martín Insaurralde la tesis opositora de que tiene 2 de cada 3 votos reducirá su efecto político".
Agrega que una victoria en las legislativas le permitirá a Massa seguir presentándose como el único capaz de ganarle al oficialismo, pero que una derrota, además de debilitar sus posibilidades de ser el aspirante opositor en 2015, beneficiará al ex vicepresidente y actual gobernador de la provincia de Buenos Aires Daniel Scioli, que tendrá más argumentos para reclamar para sí la candidatura del peronismo.
Publicado en El Nacional
Aunque las primarias deberían servir para definir a los aspirantes de cada partido para esas elecciones, en realidad sólo algunos grupos seleccionarán entre diversas listas de precandidatos. La mayoría presentará postulantes únicos. Eso las convierte en un ensayo de las parlamentarias.
Casi todos los sondeos muestran que en las primarias, el Frente Para La Victoria de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se quedará con poco más de un tercio de los votos aunque ganará la mayoría de los distritos electorales. Las fuerzas opositoras, en tanto, sumarán casi dos tercios de los sufragios porque triunfarán en las principales circunscripciones: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe.
Una votación similar en las parlamentarias representaría para el FPV (formado por el Partido Justicialista y sus aliados) una mejora con respecto al resultado de 2009 y un incremento del número de legisladores que tiene en el Congreso, pero no les alcanzaría para lograr la mayoría necesaria para promover una reforma de la Constitución que permita a la mandataria presentarse a la reelección en las presidenciales de 2015.
Para las opciones contrarias al gobierno, obtener casi dos tercios de los sufragios en las legislativas significaría que pueden sacarle provecho al creciente descontento con la gestión de la Presidenta. Sin embargo, la división de esa votación antigubernamental entre diversos movimientos –algunos enfrentados entre sí– impide que se pueda hablar de la oposición como un todo.
Cuestión de interpretación. Para el politólogo Rosendo Fraga, director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría, con sede en Buenos Aires, el éxito tanto en las primarias como en las legislativas no estará determinado por los resultados sino por la capacidad que muestre cada tendencia política para que su interpretación de los mismos cale en la opinión pública.
"El FPV será la fuerza más votada con cerca de 35% de los votos en el ámbito nacional. Eso implica 19 puntos menos que en la presidencial de 2011. Pero, al mismo tiempo, ningún otro movimiento político superará 15% dada la desarticulación de la oposición. El kirchnerismo pondrá énfasis en mostrar esta diferencia, para dejar en segundo plano la primera", explica Fraga.
"Los movimientos contrarios al gobierno buscarán mostrar que dos de cada tres votos no son para el oficialismo y que éste ha tenido un fuerte retroceso con respecto a 2011. Ambas argumentaciones son reales y concretas, pero no ocultan las fuertes falencias que ha mostrado la oposición para transformarse en una alternativa de poder en sintonía con el giro que ha dado el electorado", agrega.
Leandro Rodríguez Medina, politólogo argentino que trabaja como profesor asociado en la Universidad de las Américas de Puebla (México), también cree que la interpretación que cada grupo haga del resultado será clave. "Sacar más votos y obtener más diputados puede no ser una victoria para el oficialismo si el objetivo principal es lograr la mayoría necesaria para reformar la Constitución y aprobar la reelección".
"La oposición resaltará que ganará en distritos electorales muy importantes, pero serán triunfos de grupos distintos: el PRO de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, el Frente Renovador de Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires, el peronismo disidente de José Manuel de la Sota en Córdoba, la Unión Cívica Radical de Julio Cobos en Mendoza y el Partido Socialista en Santa Fe".
¿Fin de una era? Más allá de las interpretaciones, los resultados esperados en las elecciones legislativas tendrán una consecuencia directa: impedir que la propuesta de que haya más de una reelección sea aprobada. Los analistas insisten, no obstante, en que eso no significa que la oposición se vaya a imponer en las próximas presidenciales ni que el peronismo vaya a salir del poder.
"La imposibilidad de que la mandataria sea reelegida obligará a una transición, que en el peronismo suelen ser brutales y afectar la gobernabilidad. Pero la idea de un fin de ciclo no me queda clara. La manera en que el FPV hizo campaña ha sido exitosa y, sea quien sea el candidato para 2015, creo que el oficialismo tiene chance", señala Rodríguez Medina.
El profesor de la Udlap agrega que las posibilidades de la oposición dependen de una unión que parece imposible. "Es muy complejo que puedan aglutinarse porque son muy distintos e, incluso si lo hacen, la alianza sería vista con más miedo que expectativa. Los argentinos aún tienen fresco el recuerdo de la coalición que se formó en 1999 para derrotar al peronismo y luego tuvo problemas para gobernar".
Fraga considera que el resultado de las legislativas en la provincia de Buenos Aires, que reúne a 30% de los electores, influirá en la carrera para las presidenciales. "Si Massa gana perderá fuerza el argumento oficialista de que supera por 15 ó 20 puntos al partido siguiente, pero si triunfa Martín Insaurralde la tesis opositora de que tiene 2 de cada 3 votos reducirá su efecto político".
Agrega que una victoria en las legislativas le permitirá a Massa seguir presentándose como el único capaz de ganarle al oficialismo, pero que una derrota, además de debilitar sus posibilidades de ser el aspirante opositor en 2015, beneficiará al ex vicepresidente y actual gobernador de la provincia de Buenos Aires Daniel Scioli, que tendrá más argumentos para reclamar para sí la candidatura del peronismo.
Publicado en El Nacional
domingo, 4 de agosto de 2013
Libertad de expresión pierde terreno en América Latina
La congelación de cuentas y la prohibición de gravar bienes contra el presidente editor de El Nacional , Miguel Henrique Otero, no sólo constituye un nuevo ataque contra la libertad de expresión en Venezuela sino que se suma a las crecientes restricciones a este derecho humano en América Latina.
En la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2013, elaborada por Reporteros Sin Fronteras, hubo nueve países latinoamericanos que retrocedieron posiciones con respecto al año pasado: Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua y Paraguay.
Venezuela mantuvo el mismo lugar, 117, lo que la ubica entre las naciones con peores resultados en la región. El país, además, obtuvo una puntuación de 34,44 –en una escala de 0 a 100, donde 0 representa la situación ideal– en el Índice Anual de Libertad de Prensa, un indicador creado este año por la ONG.
El informe 2013 de Amnistía Internacional sobre el estado de los derechos humanos en el mundo también alertó sobre violaciones y amenazas a la libertad de expresión en América Latina y citó los casos de Bolivia, Cuba, Ecuador, México, Puerto Rico y República Dominicana.
La región tampoco presenta una situación halagadora en el informe de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El documento molestó particularmente a los gobiernos de Ecuador y Venezuela, que lo criticaron en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en Guatemala.
Toby Mendel, director ejecutivo del Centro para la Ley y la Democracia, ONG con sede en Canadá, advirtió a propósito del caso Otero que aunque la escasa información disponible dificulta decir con exactitud lo que está pasando, parece inusual ordenar la congelación de activos simplemente porque alguien presentó una demanda en su contra.
"Dado el terrible historial del Gobierno de Venezuela en materia de libertad de expresión, el hecho de que se congelen activos del editor de un periódico, sin que haya una orden judicial, plantea inmediatamente la preocupación de que esta es una manera nueva y creativa para acosar a los medios de la oposición", subrayó Mendel.
"Es muy grave que la Fiscalía tome ese tipo de medidas cautelares antes del juicio. Es una señal muy severa y una advertencia para que los medios de comunicación dejen de investigar posibles casos de corrupción", opinó César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, ONG de Ecuador.
Para Andrés D’ Alessandro, director ejecutivo del Foro de Periodismo Argentino (asociación que reúne a los profesionales de la comunicación de ese país), siempre es riesgoso para la libertad de expresión cuando desde la justicia se falla de una manera desmedida contra medios y periodistas.
"Cualquier persona tiene derecho de acudir a la justicia si considera que un medio ha cometido un delito, pero los fallos no deben incluir multas ni restricciones abusivas como las de este caso, que no sólo amenazan al funcionamiento del medio perjudicado sino que además generan una fuerte autocensura en el resto de los medios", dijo.
Historia similar. Ricaurte comentó que el proceso de restricción de la libertad de prensa en Ecuador ha sido muy similar al de Venezuela, aunque considera que en ese país ha sido más acelerado. "En menos años se han logrado procesos de censura y autocensura muy fuertes".
El vocero de Fundamedios señaló que la restricción inicia con el discurso estigmatizante del Gobierno, y especialmente del presidente Rafael Correa, contra la prensa: tanto las abundantes cadenas de radio y televisión como el gigantesco aparato de propaganda oficial son utilizados para atacar periodistas, medios y ONG.
Agregó que el discurso luego se transforma en acciones como la asignación discrecional de la publicidad oficial, el cierre de las fuentes de información, el incremento de las agresiones físicas contra periodistas y la realización de procesos judiciales contra directivos de medios.
La última fase del proceso de restricciones ha sido la Ley Orgánica de Comunicación, que básicamente crea un sistema de control estatal de los contenidos de los medios. No en balde la Sociedad Interamericana de Prensa la calificó como el más grave retroceso para la libertad de expresión en la historia reciente de América Latina.
D’ Alessandro señaló que las restricciones en Argentina se han manifestado de una manera un poco más sutil que en Ecuador y Venezuela, aunque no por eso resultan menos peligrosas y riesgosas para la libertad de expresión. "La situación en Argentina está muy lejos de ser la ideal".
El integrante de Fopea identificó cuatro puntos claves: la restricción de la información pública, el manejo discrecional de la publicidad oficial, el cuestionamiento permanente a medios y periodistas críticos desde medios aliados y la falta de compromiso del Poder Ejecutivo cuando hay ataques y hechos violentos contra periodistas.
Sobre la ley de medios, demandada por el diario Clarín ante la justicia, D’ Alessandro resaltó que tiene una diferencia sustancial con las promulgadas en Ecuador y Venezuela: no está dirigida a regular los contenidos. "El problema ha estado en su aplicación porque se ha politizado mucho".
Precisó que, tal como sucede con la publicidad oficial, la regulación se ha utilizado para beneficiar a los medios amigos del Gobierno de la presidente Cristina Fernández de Kirchner y perjudicar a los que son críticos. Agregó que si la ratificación de las licencias se hace bajo el mismo criterio puede haber un gran riesgo para la libertad de prensa.
Publicado en El Nacional
En la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2013, elaborada por Reporteros Sin Fronteras, hubo nueve países latinoamericanos que retrocedieron posiciones con respecto al año pasado: Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua y Paraguay.
Venezuela mantuvo el mismo lugar, 117, lo que la ubica entre las naciones con peores resultados en la región. El país, además, obtuvo una puntuación de 34,44 –en una escala de 0 a 100, donde 0 representa la situación ideal– en el Índice Anual de Libertad de Prensa, un indicador creado este año por la ONG.
El informe 2013 de Amnistía Internacional sobre el estado de los derechos humanos en el mundo también alertó sobre violaciones y amenazas a la libertad de expresión en América Latina y citó los casos de Bolivia, Cuba, Ecuador, México, Puerto Rico y República Dominicana.
La región tampoco presenta una situación halagadora en el informe de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El documento molestó particularmente a los gobiernos de Ecuador y Venezuela, que lo criticaron en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en Guatemala.
Toby Mendel, director ejecutivo del Centro para la Ley y la Democracia, ONG con sede en Canadá, advirtió a propósito del caso Otero que aunque la escasa información disponible dificulta decir con exactitud lo que está pasando, parece inusual ordenar la congelación de activos simplemente porque alguien presentó una demanda en su contra.
"Dado el terrible historial del Gobierno de Venezuela en materia de libertad de expresión, el hecho de que se congelen activos del editor de un periódico, sin que haya una orden judicial, plantea inmediatamente la preocupación de que esta es una manera nueva y creativa para acosar a los medios de la oposición", subrayó Mendel.
"Es muy grave que la Fiscalía tome ese tipo de medidas cautelares antes del juicio. Es una señal muy severa y una advertencia para que los medios de comunicación dejen de investigar posibles casos de corrupción", opinó César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, ONG de Ecuador.
Para Andrés D’ Alessandro, director ejecutivo del Foro de Periodismo Argentino (asociación que reúne a los profesionales de la comunicación de ese país), siempre es riesgoso para la libertad de expresión cuando desde la justicia se falla de una manera desmedida contra medios y periodistas.
"Cualquier persona tiene derecho de acudir a la justicia si considera que un medio ha cometido un delito, pero los fallos no deben incluir multas ni restricciones abusivas como las de este caso, que no sólo amenazan al funcionamiento del medio perjudicado sino que además generan una fuerte autocensura en el resto de los medios", dijo.
Historia similar. Ricaurte comentó que el proceso de restricción de la libertad de prensa en Ecuador ha sido muy similar al de Venezuela, aunque considera que en ese país ha sido más acelerado. "En menos años se han logrado procesos de censura y autocensura muy fuertes".
El vocero de Fundamedios señaló que la restricción inicia con el discurso estigmatizante del Gobierno, y especialmente del presidente Rafael Correa, contra la prensa: tanto las abundantes cadenas de radio y televisión como el gigantesco aparato de propaganda oficial son utilizados para atacar periodistas, medios y ONG.
Agregó que el discurso luego se transforma en acciones como la asignación discrecional de la publicidad oficial, el cierre de las fuentes de información, el incremento de las agresiones físicas contra periodistas y la realización de procesos judiciales contra directivos de medios.
La última fase del proceso de restricciones ha sido la Ley Orgánica de Comunicación, que básicamente crea un sistema de control estatal de los contenidos de los medios. No en balde la Sociedad Interamericana de Prensa la calificó como el más grave retroceso para la libertad de expresión en la historia reciente de América Latina.
D’ Alessandro señaló que las restricciones en Argentina se han manifestado de una manera un poco más sutil que en Ecuador y Venezuela, aunque no por eso resultan menos peligrosas y riesgosas para la libertad de expresión. "La situación en Argentina está muy lejos de ser la ideal".
El integrante de Fopea identificó cuatro puntos claves: la restricción de la información pública, el manejo discrecional de la publicidad oficial, el cuestionamiento permanente a medios y periodistas críticos desde medios aliados y la falta de compromiso del Poder Ejecutivo cuando hay ataques y hechos violentos contra periodistas.
Sobre la ley de medios, demandada por el diario Clarín ante la justicia, D’ Alessandro resaltó que tiene una diferencia sustancial con las promulgadas en Ecuador y Venezuela: no está dirigida a regular los contenidos. "El problema ha estado en su aplicación porque se ha politizado mucho".
Precisó que, tal como sucede con la publicidad oficial, la regulación se ha utilizado para beneficiar a los medios amigos del Gobierno de la presidente Cristina Fernández de Kirchner y perjudicar a los que son críticos. Agregó que si la ratificación de las licencias se hace bajo el mismo criterio puede haber un gran riesgo para la libertad de prensa.
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