Venezuela criticó "la decisión unilateral de Guyana de buscar opciones distintas al proceso de Buenos Oficios" de la Organización de Naciones Unidas, convenido por ambos países en el Acuerdo de Ginebra, para dirimir el diferendo limítrofe por el territorio Esequibo.
Caracas respondió así al anuncio de que Georgetown explora la posibilidad de llevar la disputa con Venezuela a la Corte Internacional de Justicia, como declaró la canciller de Guyana, Carolyn Rodrígues-Birkett, a medios de comunicación de ese país el 22 de diciembre.
"Resulta sorprendente el anuncio de la canciller Rodrígues-Birkett, obviando los canales diplomáticos establecidos y pertinentes, según el cual Guyana pretendería dar por terminado el proceso de Buenos Oficios, explorando opciones adicionales sin que haya mediado ningún tipo de consulta con Venezuela, lo que pudiese interpretarse como un acto inamistoso", manifestó la Cancillería en un comunicado.
El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que desde el fallecimiento de Norman Girvan, en abril, Caracas ha hecho reiterados llamados a Georgetown con el propósito de acordar la designación de un nuevo representante del secretario general de la ONU para continuar con el proceso de Buenos Oficios.
"Venezuela cree firmemente que este mecanismo sigue siendo la vía jurídica y políticamente adecuada para solucionar el diferendo limítrofe, y de allí la importancia que tiene para la buena marcha del proceso que Guyana atienda las solicitudes para acordar, lo antes posible, la designación del Buen Oficiante", precisó.
La Cancillería aprovechó la oportunidad para ratificar que el país mantiene su posición histórica de considerar nulo e írrito el Laudo Arbitral de 1899. "Esta posición ha sido reafirmada, una vez más, por la delegación técnica de Venezuela en la reunión mantenida en Trinidad y Tobago el 20 de junio de 2014", indicó.
El despacho agregó que el presidente Nicolás Maduro mantiene la esperanza de alcanzar una solución al diferendo e insistió en que una buena señal de Guyana para continuar avanzando en esa dirección sería ponerse de acuerdo con Venezuela para designar al Buen Oficiante.
Diplomáticos y políticos habían exigido al gobierno de Maduro que respondiera a las declaraciones de Rodrígues-Birkett.
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miércoles, 31 de diciembre de 2014
martes, 30 de diciembre de 2014
Exigen al gobierno responder a declaraciones de Guyana
La posibilidad de que Guyana lleve el caso del Esequibo a la Corte Internacional de Justicia, planteada por la canciller Carolyn Rodriguez-Birkett la semana pasada, atenta contra el Acuerdo de Ginebra y por eso Venezuela debe fijar posición al respecto.
Si bien el arreglo judicial figura entre los mecanismos de solución pacífica previstos en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, al que remite el Acuerdo de Ginebra, hay otras opciones que deben agotarse primero: negociación, mediación, conciliación.
El convenio firmado por Georgetown y Caracas en 1966 establece, además, que el mecanismo debe ser escogido por ambos países y que, si no hay acuerdo, le corresponde hacerlo al secretario general de la Organización de Naciones Unidas.
"Exigimos al gobierno que tome una posición", demandó el diplomático Milos Alcalay, ex embajador de Venezuela en la ONU. Su homólogo Sadio Garavini, que representó al país en Guyana, fue más allá y pidió acciones concretas.
"Hay que reafirmar públicamente que la salida al Atlántico no es negociable, mantener el patrullaje tradicional de la Armada en la fachada de Delta Amacuro y nombrar con urgencia un negociador por Venezuela a tiempo completo", señaló.
Garavini recordó que el negociador actual, Roy Chaderton, tiene otros cuatro cargos: embajador en la Organización de Estados Americanos, miembro del Consejo de Estado, diputado al Parlatino y representante del país en el diálogo de paz en Colombia.
Alcalay afirmó que el gobierno no le ha puesto la atención necesaria a la reclamación del Esequibo y agregó que cualquier decisión debe ser consultada con todos los actores de la sociedad, por tratarse de un asunto de Estado.
Rechazo. La Mesa de la Unidad Democrática rechazó "las pretensiones de Guyana de incumplir con lo establecido en el Acuerdo de Ginebra" y exigió a la Cancillería, que ahora está a cargo de Delcy Rodríguez, responder a las declaraciones de Rodriguez-Birkett.
"Es un acto inamistoso de Guyana plantear llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia, mucho más cuando está violando el Acuerdo de Ginebra al acordar concesiones en aguas claramente venezolanas que no forman parte de la reclamación", dijo la MUD en un comunicado.
El bloque opositor insistió en que el instrumento jurídico vigente para resolver la controversia es el convenio de 1966. "No puede el gobierno de Guyana de manera unilateral soslayar el procedimiento aceptado por las partes", expresó.
Si Guyana cree que la figura del Buen Oficiante de la ONU no ha dado resultados, como argumentó Rodriguez-Birkett para explicar porque evalúan la opción de ir a la CIJ, debe ponerse de acuerdo con Venezuela para escoger otro mecanismo, indicó.
"Exigimos al MRE no solo una respuesta firme frente a las declaraciones de la canciller de Guyana, sino exigir también a las autoridades de ese país que cumpla con lo establecido en el Acuerdo de Ginebra", concluyó.
Publicado en El Nacional
Si bien el arreglo judicial figura entre los mecanismos de solución pacífica previstos en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, al que remite el Acuerdo de Ginebra, hay otras opciones que deben agotarse primero: negociación, mediación, conciliación.
El convenio firmado por Georgetown y Caracas en 1966 establece, además, que el mecanismo debe ser escogido por ambos países y que, si no hay acuerdo, le corresponde hacerlo al secretario general de la Organización de Naciones Unidas.
"Exigimos al gobierno que tome una posición", demandó el diplomático Milos Alcalay, ex embajador de Venezuela en la ONU. Su homólogo Sadio Garavini, que representó al país en Guyana, fue más allá y pidió acciones concretas.
"Hay que reafirmar públicamente que la salida al Atlántico no es negociable, mantener el patrullaje tradicional de la Armada en la fachada de Delta Amacuro y nombrar con urgencia un negociador por Venezuela a tiempo completo", señaló.
Garavini recordó que el negociador actual, Roy Chaderton, tiene otros cuatro cargos: embajador en la Organización de Estados Americanos, miembro del Consejo de Estado, diputado al Parlatino y representante del país en el diálogo de paz en Colombia.
Alcalay afirmó que el gobierno no le ha puesto la atención necesaria a la reclamación del Esequibo y agregó que cualquier decisión debe ser consultada con todos los actores de la sociedad, por tratarse de un asunto de Estado.
Rechazo. La Mesa de la Unidad Democrática rechazó "las pretensiones de Guyana de incumplir con lo establecido en el Acuerdo de Ginebra" y exigió a la Cancillería, que ahora está a cargo de Delcy Rodríguez, responder a las declaraciones de Rodriguez-Birkett.
"Es un acto inamistoso de Guyana plantear llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia, mucho más cuando está violando el Acuerdo de Ginebra al acordar concesiones en aguas claramente venezolanas que no forman parte de la reclamación", dijo la MUD en un comunicado.
El bloque opositor insistió en que el instrumento jurídico vigente para resolver la controversia es el convenio de 1966. "No puede el gobierno de Guyana de manera unilateral soslayar el procedimiento aceptado por las partes", expresó.
Si Guyana cree que la figura del Buen Oficiante de la ONU no ha dado resultados, como argumentó Rodriguez-Birkett para explicar porque evalúan la opción de ir a la CIJ, debe ponerse de acuerdo con Venezuela para escoger otro mecanismo, indicó.
"Exigimos al MRE no solo una respuesta firme frente a las declaraciones de la canciller de Guyana, sino exigir también a las autoridades de ese país que cumpla con lo establecido en el Acuerdo de Ginebra", concluyó.
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lunes, 22 de diciembre de 2014
Congreso de Estados Unidos pide informe sobre acceso a información
El Congreso de Estados Unidos debe recibir a más tardar el 18 de enero un informe sobre el acceso a la información en Venezuela, de acuerdo con lo establecido en la ley promulgada el jueves por el presidente Barack Obama para sancionar a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro.
La denominada "ley para imponer sanciones selectivas a personas responsables de violaciones de derechos humanos a manifestantes antigubernamentales en Venezuela" indica que el Consejo de Radiodifusión de Gobernadores presente un reporte sobre radiodifusión y distribución de la información en el país en un plazo de 30 días.
El informe debe incluir "una evaluación meticulosa de los obstáculos gubernamentales, políticos y tecnológicos enfrentados por el pueblo de Venezuela en sus esfuerzos por obtener noticias e información acertada, objetiva y comprensiva sobre asuntos nacionales e internacionales", precisa el capítulo sexto de la ley.
El documento también deberá evaluar los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos en materia de radiodifusión y distribución de la información en Venezuela –incluido fondos destinados para tal fin y alcance del contenido provisto por la Voz de América y otras fuentes– y proponer una estrategia para expandirlos.
Sancionables. El capítulo quinto de la ley dice que las sanciones estarán dirigidas a cualquier persona –incluso funcionarios anteriores o actuales del gobierno de Venezuela– que "haya perpetrado, o sea responsable de ordenar o dirigir, actos significativos de violencia o abusos de los derechos humanos contra personas asociados con las protestas antigubernamentales que comenzaron en febrero de 2014".
También se podrá castigar a quienes hayan ordenado o dirigido el arresto o la persecución de algún ciudadano venezolano por el simple hecho de ejercer el derecho a la libertad de expresión o reunión. Igualmente pueden ser sancionados los que hayan asistido económicamente o provisto apoyo material y tecnológico.
Las sanciones son de dos tipos. Por un lado está el bloqueo de activos y la prohibición de transacciones de propiedades e intereses, siempre que se encuentren en Estados Unidos. Por el otro la exclusión del país a través de la negación y revocación de visas y otros documentos emitidos por las autoridades estadounidenses.
Las excepciones permitidas son las transacciones relacionadas con la importación de bienes y la emisión de visas para cumplir con el acuerdo firmado en 1947 entre Estados Unidos y la Organización de Naciones Unidas (para que ese país albergue la sede de la institución) o con otra obligación internacional.
El capítulo cuarto de la ley define como política de Estados Unidos "apoyar al pueblo de Venezuela en su aspiración de vivir bajo condiciones de paz y democracia representativa como dice la Carta Democrática Interamericana".
También trabajar en conjunto con los otros miembros de la Organización de Estados Americanos y los países de la Unión Europea para garantizar una resolución pacífica de la situación en Venezuela, así como "continuar apoyando el desarrollo de los procesos políticos democráticos y la sociedad civil independiente" en el país.
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La denominada "ley para imponer sanciones selectivas a personas responsables de violaciones de derechos humanos a manifestantes antigubernamentales en Venezuela" indica que el Consejo de Radiodifusión de Gobernadores presente un reporte sobre radiodifusión y distribución de la información en el país en un plazo de 30 días.
El informe debe incluir "una evaluación meticulosa de los obstáculos gubernamentales, políticos y tecnológicos enfrentados por el pueblo de Venezuela en sus esfuerzos por obtener noticias e información acertada, objetiva y comprensiva sobre asuntos nacionales e internacionales", precisa el capítulo sexto de la ley.
El documento también deberá evaluar los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos en materia de radiodifusión y distribución de la información en Venezuela –incluido fondos destinados para tal fin y alcance del contenido provisto por la Voz de América y otras fuentes– y proponer una estrategia para expandirlos.
Sancionables. El capítulo quinto de la ley dice que las sanciones estarán dirigidas a cualquier persona –incluso funcionarios anteriores o actuales del gobierno de Venezuela– que "haya perpetrado, o sea responsable de ordenar o dirigir, actos significativos de violencia o abusos de los derechos humanos contra personas asociados con las protestas antigubernamentales que comenzaron en febrero de 2014".
También se podrá castigar a quienes hayan ordenado o dirigido el arresto o la persecución de algún ciudadano venezolano por el simple hecho de ejercer el derecho a la libertad de expresión o reunión. Igualmente pueden ser sancionados los que hayan asistido económicamente o provisto apoyo material y tecnológico.
Las sanciones son de dos tipos. Por un lado está el bloqueo de activos y la prohibición de transacciones de propiedades e intereses, siempre que se encuentren en Estados Unidos. Por el otro la exclusión del país a través de la negación y revocación de visas y otros documentos emitidos por las autoridades estadounidenses.
Las excepciones permitidas son las transacciones relacionadas con la importación de bienes y la emisión de visas para cumplir con el acuerdo firmado en 1947 entre Estados Unidos y la Organización de Naciones Unidas (para que ese país albergue la sede de la institución) o con otra obligación internacional.
El capítulo cuarto de la ley define como política de Estados Unidos "apoyar al pueblo de Venezuela en su aspiración de vivir bajo condiciones de paz y democracia representativa como dice la Carta Democrática Interamericana".
También trabajar en conjunto con los otros miembros de la Organización de Estados Americanos y los países de la Unión Europea para garantizar una resolución pacífica de la situación en Venezuela, así como "continuar apoyando el desarrollo de los procesos políticos democráticos y la sociedad civil independiente" en el país.
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sábado, 20 de diciembre de 2014
Gobierno denunciará sanciones en foros internacionales
El canciller Rafael Ramírez anunció que el gobierno del presidente Nicolás Maduro acudirá a instancias internacionales para denunciar la ley promulgada por el mandatario de Estados Unidos, Barack Obama, para aplicar sanciones a funcionarios de Venezuela involucrados en violaciones de derechos humanos.
"Lo primero es la denuncia. En todos los foros la hemos hecho. Tenemos una resolución de apoyo a Venezuela en el Alba y una declaración de los presidentes del Mercosur", dijo Ramírez en una entrevista con el canal Telesur. El gobierno espera que Petrocaribe y Unasur también fijen su posición.
"En todas las instancias vamos a seguir desenmascarando la política norteamericana hacia América Latina, porque a través de Venezuela pretenden afectar a todo lo que se ha constituido como un eje renovador de la región", reiteró el canciller.
Entretanto, la Mesa de la Unidad Democrática apoyó toda iniciativa externa para castigar las violaciones de derechos humanos y lamentó que no haya procesos internos para sancionar estos delitos, que son imprescriptibles.
"La MUD respalda toda diligencia que haga cualquier parlamento y país del mundo para castigar a violadores de derechos humanos", dijo el secretario ejecutivo de la alianza opositora, Jesús Torrealba.
Anacrónica. La promulgación de las sanciones a Venezuela no parece haber disipado el efecto positivo que generó en América Latina el restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.
Los gobiernos de la región aplaudieron el anuncio de los presidentes Barack Obama y Raúl Castro sobre los vínculos bilaterales, pero solo Bolivia expresó su rechazó a las sanciones.
El presidente Evo Morales sugirió a Obama y al Congreso de Estados Unidos aprobar leyes contra el racismo y la pena de muerte en lugar de normas "para bloquear o castigar a Venezuela", reseñó la agencia Efe.
El internacionalista Carlos Romero considera que el problema es que, a diferencia de los otros países de la región que tienen discrepancias con Washington, Caracas muestra una posición muy anacrónica frente a las relaciones hemisféricas.
"En los últimos años Estados Unidos ha buscado la forma de convivir con los países con que mantiene algún tipo de conflicto. Hemos observado un acercamiento con Bolivia, Ecuador, Nicaragua y ahora Cuba", dijo.
Romero destacó que también ha habido algunos intentos de normalizar las relaciones con Venezuela, pero han sido abortados. "El gobierno de Maduro está empeñado en ir por un camino diferente e incluso irrespetar lo que es la diplomacia".
El exembajador Sadio Garavini coincide en que Venezuela se ha quedado rezagada con el discurso antiimperialista. Recuerda además que las sanciones no son contra el país sino contra funcionarios.
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"Lo primero es la denuncia. En todos los foros la hemos hecho. Tenemos una resolución de apoyo a Venezuela en el Alba y una declaración de los presidentes del Mercosur", dijo Ramírez en una entrevista con el canal Telesur. El gobierno espera que Petrocaribe y Unasur también fijen su posición.
"En todas las instancias vamos a seguir desenmascarando la política norteamericana hacia América Latina, porque a través de Venezuela pretenden afectar a todo lo que se ha constituido como un eje renovador de la región", reiteró el canciller.
Entretanto, la Mesa de la Unidad Democrática apoyó toda iniciativa externa para castigar las violaciones de derechos humanos y lamentó que no haya procesos internos para sancionar estos delitos, que son imprescriptibles.
"La MUD respalda toda diligencia que haga cualquier parlamento y país del mundo para castigar a violadores de derechos humanos", dijo el secretario ejecutivo de la alianza opositora, Jesús Torrealba.
Anacrónica. La promulgación de las sanciones a Venezuela no parece haber disipado el efecto positivo que generó en América Latina el restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.
Los gobiernos de la región aplaudieron el anuncio de los presidentes Barack Obama y Raúl Castro sobre los vínculos bilaterales, pero solo Bolivia expresó su rechazó a las sanciones.
El presidente Evo Morales sugirió a Obama y al Congreso de Estados Unidos aprobar leyes contra el racismo y la pena de muerte en lugar de normas "para bloquear o castigar a Venezuela", reseñó la agencia Efe.
El internacionalista Carlos Romero considera que el problema es que, a diferencia de los otros países de la región que tienen discrepancias con Washington, Caracas muestra una posición muy anacrónica frente a las relaciones hemisféricas.
"En los últimos años Estados Unidos ha buscado la forma de convivir con los países con que mantiene algún tipo de conflicto. Hemos observado un acercamiento con Bolivia, Ecuador, Nicaragua y ahora Cuba", dijo.
Romero destacó que también ha habido algunos intentos de normalizar las relaciones con Venezuela, pero han sido abortados. "El gobierno de Maduro está empeñado en ir por un camino diferente e incluso irrespetar lo que es la diplomacia".
El exembajador Sadio Garavini coincide en que Venezuela se ha quedado rezagada con el discurso antiimperialista. Recuerda además que las sanciones no son contra el país sino contra funcionarios.
Publicado en El Nacional
jueves, 18 de diciembre de 2014
Estados Unidos y Cuba restablecerán relaciones diplomáticas
Los presidentes Barack Obama y Raúl Castro anunciaron ayer que restablecerán las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, interrumpidas desde hace 56 años.
“Proponemos al gobierno de Estados Unidos adoptar medidas mutuas para mejorar el clima bilateral”, dijo Castro, pero agregó que todavía persisten profundas diferencias en temas como derechos humanos, política y soberanía extranjera.
Obama afirmó que “estos 50 años demostraron que el aislamiento no funciona” e hizo un llamado al Congreso de su país para que empiece a trabajar en el levantamiento del embargo a Cuba.
Las conversaciones bilaterales comenzaron en junio de 2013 y continuaron hasta noviembre de este año. El apoyo de Canadá y del Vaticano permitió lograr el acuerdo, que incluye la reapertura de las embajadas en ambos países y la liberación del estadounidense Alan Gross (contratista detenido en Cuba desde 2009) y los cubanos Ramón Labañino, Antonio Guerrero y Gerardo Hernández, tres de los cinco agentes presos desde 2001en Estados Unidos por espionaje.
“El santo padre se complace por la histórica decisión de los gobiernos de Estados Unidos y Cuba de establecer relaciones diplomáticas, con el fin de superar las dificultades que han marcado su historia”, dijo el Vaticano en un comunicado.
El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, también ensalzó la decisión y recordó que desde la Asamblea General han insistido en que se tomen medidas como estas.
El secretario de Estado, John Kerry, informó que en enero la secretaria adjunta para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, viajará a La Habana para participar en la ronda de negociaciones sobre migración.
Cambio de discurso. La internacionalista Elsa Cardozo señaló que la política de Obama se había enfocado en la no confrontación y en la reducción gradual de las tensiones, para llevar a Cuba a que disminuya su discurso del enemigo externo.
El internacionalista Demetrio Boersner dijo que las medidas serán beneficiosas para los cubanos “no solo en materia económica, sino también en eventuales reformas políticas democratizantes”.
Jaime Suchlicki, director del Instituto de Estudios Cubanos de la Universidad de Miami, refutó esta idea e indicó que fundamentalmente no hay cambios en la política de Cuba y que Castro no ofrecerá nada que signifique una reforma real, ni en libertad de prensa, ni en otros aspectos de la democracia.
Cardozo agregó que, frente a estas medidas, el discurso del presidente Nicolás Maduro contra Estados Unidos se diluye. “A pesar de que el oficialismo venezolano no renunciará al mensaje de la guerra económica, que discursivamente es lo mismo que el bloqueo a Cuba, Maduro deberá asumir que Venezuela no puede romper con Estados Unidos porque es más costoso en términos económicos y geopolíticos”.
Boersner apoyó la idea y aseguró que el perdedor es el chavismo radical. El experto señaló que la alianza entre Cuba y Venezuela cambió por la crisis política que enfrenta Maduro y por “la caída del precio del petróleo y la consiguiente incapacidad de seguir manteniendo la economía cubana”. Además de la política progresista de Obama, que no ha dejado de trabajar en pro de la normalización con Cuba, añadió.
Entretanto, el senador republicano Marco Rubio expresó su rechazo a la decisión e indicó que hará todo lo posible para bloquear en el Congreso las medidas. Además, calificó de inexplicable la decisión de “premiar al régimen de Castro”.
Las medidas de Obama para buscar el acercamiento
Viajes y remesas: Estados Unidos ampliará los permisos de viaje que otorga para ir a Cuba y aumentará el monto máximo (de 500 a 2.000 dólares trimestrales) para las remesas que reciben los cubanos desde su territorio.
Comercio exterior: Estados Unidos expandirá las exportaciones con el objetivo de “empoderar al naciente sector privado cubano” y permitirá que los viajeros que vayan a la isla importen bienes valorados en 400 dólares.
Finanzas: Las instituciones de Estados Unidos podrán abrir cuentas en Cuba para facilitar las transacciones financieras, mientras que quienes viajen a la isla podrán usar sus tarjetas de crédito y débito.
Telecomunicaciones: Proveedores de Estados Unidos podrán establecer en Cuba mecanismos para proporcionar telecomunicaciones comerciales y servicios de Internet, con el fin de mejorar las comunicaciones entre ambos países.
Terrorismo: Barack Obama ordenó al secretario de Estado, John Kerry, que inicie un proceso para revisar la inclusión de Cuba en la lista de países a los que Estados Unidos considera patrocinadores del terrorismo.
Escrito con Patrizia Aymerich. Publicado en El Nacional
“Proponemos al gobierno de Estados Unidos adoptar medidas mutuas para mejorar el clima bilateral”, dijo Castro, pero agregó que todavía persisten profundas diferencias en temas como derechos humanos, política y soberanía extranjera.
Obama afirmó que “estos 50 años demostraron que el aislamiento no funciona” e hizo un llamado al Congreso de su país para que empiece a trabajar en el levantamiento del embargo a Cuba.
Las conversaciones bilaterales comenzaron en junio de 2013 y continuaron hasta noviembre de este año. El apoyo de Canadá y del Vaticano permitió lograr el acuerdo, que incluye la reapertura de las embajadas en ambos países y la liberación del estadounidense Alan Gross (contratista detenido en Cuba desde 2009) y los cubanos Ramón Labañino, Antonio Guerrero y Gerardo Hernández, tres de los cinco agentes presos desde 2001en Estados Unidos por espionaje.
“El santo padre se complace por la histórica decisión de los gobiernos de Estados Unidos y Cuba de establecer relaciones diplomáticas, con el fin de superar las dificultades que han marcado su historia”, dijo el Vaticano en un comunicado.
El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, también ensalzó la decisión y recordó que desde la Asamblea General han insistido en que se tomen medidas como estas.
El secretario de Estado, John Kerry, informó que en enero la secretaria adjunta para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, viajará a La Habana para participar en la ronda de negociaciones sobre migración.
Cambio de discurso. La internacionalista Elsa Cardozo señaló que la política de Obama se había enfocado en la no confrontación y en la reducción gradual de las tensiones, para llevar a Cuba a que disminuya su discurso del enemigo externo.
El internacionalista Demetrio Boersner dijo que las medidas serán beneficiosas para los cubanos “no solo en materia económica, sino también en eventuales reformas políticas democratizantes”.
Jaime Suchlicki, director del Instituto de Estudios Cubanos de la Universidad de Miami, refutó esta idea e indicó que fundamentalmente no hay cambios en la política de Cuba y que Castro no ofrecerá nada que signifique una reforma real, ni en libertad de prensa, ni en otros aspectos de la democracia.
Cardozo agregó que, frente a estas medidas, el discurso del presidente Nicolás Maduro contra Estados Unidos se diluye. “A pesar de que el oficialismo venezolano no renunciará al mensaje de la guerra económica, que discursivamente es lo mismo que el bloqueo a Cuba, Maduro deberá asumir que Venezuela no puede romper con Estados Unidos porque es más costoso en términos económicos y geopolíticos”.
Boersner apoyó la idea y aseguró que el perdedor es el chavismo radical. El experto señaló que la alianza entre Cuba y Venezuela cambió por la crisis política que enfrenta Maduro y por “la caída del precio del petróleo y la consiguiente incapacidad de seguir manteniendo la economía cubana”. Además de la política progresista de Obama, que no ha dejado de trabajar en pro de la normalización con Cuba, añadió.
Entretanto, el senador republicano Marco Rubio expresó su rechazo a la decisión e indicó que hará todo lo posible para bloquear en el Congreso las medidas. Además, calificó de inexplicable la decisión de “premiar al régimen de Castro”.
Las medidas de Obama para buscar el acercamiento
Viajes y remesas: Estados Unidos ampliará los permisos de viaje que otorga para ir a Cuba y aumentará el monto máximo (de 500 a 2.000 dólares trimestrales) para las remesas que reciben los cubanos desde su territorio.
Comercio exterior: Estados Unidos expandirá las exportaciones con el objetivo de “empoderar al naciente sector privado cubano” y permitirá que los viajeros que vayan a la isla importen bienes valorados en 400 dólares.
Finanzas: Las instituciones de Estados Unidos podrán abrir cuentas en Cuba para facilitar las transacciones financieras, mientras que quienes viajen a la isla podrán usar sus tarjetas de crédito y débito.
Telecomunicaciones: Proveedores de Estados Unidos podrán establecer en Cuba mecanismos para proporcionar telecomunicaciones comerciales y servicios de Internet, con el fin de mejorar las comunicaciones entre ambos países.
Terrorismo: Barack Obama ordenó al secretario de Estado, John Kerry, que inicie un proceso para revisar la inclusión de Cuba en la lista de países a los que Estados Unidos considera patrocinadores del terrorismo.
Escrito con Patrizia Aymerich. Publicado en El Nacional
lunes, 15 de diciembre de 2014
Alba celebró su décimo aniversario con pocas perspectivas de futuro
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, lanzada por Venezuela y Cuba el 14 de diciembre de 2004, cumplió 10 años ayer convertida en un foro de debate político con influencia internacional cada vez más limitada y en una propuesta de integración económica opacada totalmente por otros mecanismos regionales.
Los presidentes Hugo Chávez y Fidel Castro plantearon el Alba como una alternativa frente al Acuerdo de Libre Comercio para las Américas propuesto por Estados Unidos, que básicamente proponía extender el convenio de intercambio sin barreras con Canadá y México vigente desde 1994 al resto del continente.
"El Alba cumplió el objetivo político inmediato de Chávez, que era mostrar que tenía la capacidad de reaccionar frente al Alca con una propuesta de integración basada más en principios de cooperación. Pero el proyecto original, que era sumar a la mayor cantidad de países posibles, no se logró", afirmó el diplomático Oscar Hernández.
Hasta la fecha el Alba agrupa a un total de 11 países, pero todos son aliados ideológicos o dependen de los envíos de petróleo y derivados que hace Venezuela. Los primeros en sumarse fueron Bolivia, Ecuador y Nicaragua, tras la llegada al poder de Evo Morales, Rafael Correa y Daniel Ortega.
Luego se incorporaron naciones caribeñas como Antigua y Barbuda, Dominica, Santa Lucía y San Vicente y Granadinas. Ayer, en la cumbre realizada en La Habana para celebrar el décimo aniversario del bloque, quedó oficializada la membresía de otras dos: Granada y San Cristóbal y Nevis.
Influencia reducida. Desde el punto de vista político, el Alba ha desempeñado un papel muy activo en el ámbito multilateral, llevando una posición grupal a las reuniones de muchos organismos y generando pronunciamientos conjuntos sobre temas de interés regional y mundial.
En diciembre de 2013, en la cumbre de la Organización Mundial del Comercio en Bali (Indonesia), los países del grupo casi bloquearon un acuerdo –el primero tras cuatro reuniones sin resultados desde que en 2001 se iniciaron las negociaciones en Doha– respaldado por los otros 155 miembros.
A finales de octubre de 2014, el Alba convocó una reunión extraordinaria para discutir la estrategia ante la epidemia de ébola surgida en África Occidental. El encuentro fue alabado por el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, e incluso contó con la participación de representantes de Estados Unidos.
"Todavía sigue habiendo alineación en algunas posiciones que benefician a los intereses comunes de los integrantes del Alba. Pero también hemos visto casos en que Venezuela ha asumido una postura y no ha sido respaldada, sobretodo por los países del Caricom", dijo Juan Francisco Contreras, presidente del Colegio de Internacionalistas.
Hernández asegura que el Alba ha perdido influencia en el ámbito global porque sus opiniones reflejan una visión única e ideologizada. "Solamente se sumaron países que son aliados o dependen de Venezuela. Se creó un grupo de naciones que están en la misma línea de pensamiento".
Poco competitivo. En el ámbito económico, el Alba nunca tuvo un peso importante, ni siquiera dentro de América Latina. Los 11 integrantes actuales de la alianza tienen un producto interno bruto combinado de 577 millardos de dólares y unas exportaciones totales de 135 millardos de dólares.
En contraposición, los cinco miembros plenos del Mercado Común del Sur –Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela– registran un PIB de 3.190 millardos de dólares y unas ventas al exterior de 453 millardos de dólares. Además el organismo, fundado en 1991, gestiona el ingreso de Bolivia y Ecuador.
La Alianza del Pacífico, formada en 2011 por Chile, Colombia, Perú y México, también presenta números más atractivos que el Alba. Los cuatro integrantes del grupo, que ha despertado muchas expectativas fuera de la región, tienen un PIB de 2.124 millardos de dólares y unas exportaciones de 559 millardos de dólares.
Más allá de las cifras, Hernández considera que el problema del Alba es que se basa en una relación de dependencia con Venezuela. "La integración es buena y deseable, pero para que los mecanismos se mantengan en el tiempo deben generar un vínculo de interdependencia, para que haya beneficios mutuos y compartidos por todos sus miembros", indicó.
Contreras también cree que el futuro del grupo depende en exceso del país. "El Alba existirá mientras Venezuela tenga la posibilidad de mantenerlo. Cuando la chequera petrolera se acabe, desaparecerá. No tiene sentido práctico. No hay ningún compromiso permanente. Todo ha sido muy circunstancial", señaló.
Publicado en El Nacional
Los presidentes Hugo Chávez y Fidel Castro plantearon el Alba como una alternativa frente al Acuerdo de Libre Comercio para las Américas propuesto por Estados Unidos, que básicamente proponía extender el convenio de intercambio sin barreras con Canadá y México vigente desde 1994 al resto del continente.
"El Alba cumplió el objetivo político inmediato de Chávez, que era mostrar que tenía la capacidad de reaccionar frente al Alca con una propuesta de integración basada más en principios de cooperación. Pero el proyecto original, que era sumar a la mayor cantidad de países posibles, no se logró", afirmó el diplomático Oscar Hernández.
Hasta la fecha el Alba agrupa a un total de 11 países, pero todos son aliados ideológicos o dependen de los envíos de petróleo y derivados que hace Venezuela. Los primeros en sumarse fueron Bolivia, Ecuador y Nicaragua, tras la llegada al poder de Evo Morales, Rafael Correa y Daniel Ortega.
Luego se incorporaron naciones caribeñas como Antigua y Barbuda, Dominica, Santa Lucía y San Vicente y Granadinas. Ayer, en la cumbre realizada en La Habana para celebrar el décimo aniversario del bloque, quedó oficializada la membresía de otras dos: Granada y San Cristóbal y Nevis.
Influencia reducida. Desde el punto de vista político, el Alba ha desempeñado un papel muy activo en el ámbito multilateral, llevando una posición grupal a las reuniones de muchos organismos y generando pronunciamientos conjuntos sobre temas de interés regional y mundial.
En diciembre de 2013, en la cumbre de la Organización Mundial del Comercio en Bali (Indonesia), los países del grupo casi bloquearon un acuerdo –el primero tras cuatro reuniones sin resultados desde que en 2001 se iniciaron las negociaciones en Doha– respaldado por los otros 155 miembros.
A finales de octubre de 2014, el Alba convocó una reunión extraordinaria para discutir la estrategia ante la epidemia de ébola surgida en África Occidental. El encuentro fue alabado por el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, e incluso contó con la participación de representantes de Estados Unidos.
"Todavía sigue habiendo alineación en algunas posiciones que benefician a los intereses comunes de los integrantes del Alba. Pero también hemos visto casos en que Venezuela ha asumido una postura y no ha sido respaldada, sobretodo por los países del Caricom", dijo Juan Francisco Contreras, presidente del Colegio de Internacionalistas.
Hernández asegura que el Alba ha perdido influencia en el ámbito global porque sus opiniones reflejan una visión única e ideologizada. "Solamente se sumaron países que son aliados o dependen de Venezuela. Se creó un grupo de naciones que están en la misma línea de pensamiento".
Poco competitivo. En el ámbito económico, el Alba nunca tuvo un peso importante, ni siquiera dentro de América Latina. Los 11 integrantes actuales de la alianza tienen un producto interno bruto combinado de 577 millardos de dólares y unas exportaciones totales de 135 millardos de dólares.
En contraposición, los cinco miembros plenos del Mercado Común del Sur –Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela– registran un PIB de 3.190 millardos de dólares y unas ventas al exterior de 453 millardos de dólares. Además el organismo, fundado en 1991, gestiona el ingreso de Bolivia y Ecuador.
La Alianza del Pacífico, formada en 2011 por Chile, Colombia, Perú y México, también presenta números más atractivos que el Alba. Los cuatro integrantes del grupo, que ha despertado muchas expectativas fuera de la región, tienen un PIB de 2.124 millardos de dólares y unas exportaciones de 559 millardos de dólares.
Más allá de las cifras, Hernández considera que el problema del Alba es que se basa en una relación de dependencia con Venezuela. "La integración es buena y deseable, pero para que los mecanismos se mantengan en el tiempo deben generar un vínculo de interdependencia, para que haya beneficios mutuos y compartidos por todos sus miembros", indicó.
Contreras también cree que el futuro del grupo depende en exceso del país. "El Alba existirá mientras Venezuela tenga la posibilidad de mantenerlo. Cuando la chequera petrolera se acabe, desaparecerá. No tiene sentido práctico. No hay ningún compromiso permanente. Todo ha sido muy circunstancial", señaló.
Publicado en El Nacional
lunes, 8 de diciembre de 2014
En América Latina hay 1,2 millones de personas esclavizadas
La esclavitud está lejos de ser un problema del pasado: 35,8 millones de personas están sometidas a trabajo forzado en todo el mundo, incluidas 1,2 millones en América Latina y el Caribe, según un informe elaborado por la Fundación Walk Free y presentado con motivo del Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud.
La actividad se celebra el 2 de diciembre de cada año para recordar que en esa fecha, de 1949, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas aprobó el convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, dos de los mecanismos considerados como esclavitud moderna.
Otras formas de sometimiento son el matrimonio obligado, el reclutamiento de niños para utilizarlos en conflictos armados y el trabajo infantil, del que sobran ejemplos: los niños congoleses que buscan diamantes en las minas, los uzbekos que recogen la cosecha de algodón, las niñas indias que cosen balones de fútbol.
“La esclavitud moderna contribuye a la producción de por lo menos 122 bienes de 58 países en todo el mundo”, afirma la Fundación Walk Free en la introducción del Índice Global de Esclavitud 2014. “Reconocer el problema y luchar contra él no es filantropía, es nuestra responsabilidad”, agrega.
Precisa que 61% de las personas esclavizadas en el planeta se concentran en la India, China, Pakistán, Uzbekistán y Rusia, que son los países con más trabajadores en esa condición. Los porcentajes más altos de población sometida a trabajo esclavo se encuentran en Mauritania, Uzbekistán, Haití, Qatar y la India.
Agrega que Holanda, Suecia, Estados Unidos, Australia y Suiza son los países que actúan más para acabar con la esclavitud moderna. También destaca los esfuerzos de Georgia, Filipinas, Macedonia y Jamaica, considerados meritorios al tomar en cuenta su capacidad económica limitada.
Del otro lado de la moneda están Corea del Norte, Irán, Siria, Eritrea y la República Centroafricana, como las naciones que hacen menos contra el trabajo esclavo. Hong Kong, Kuwait, Brunei, Singapur y Qatar deberían esforzarse más considerando su riqueza, de acuerdo con la Fundación Walk Free.
Venezuela también. Aunque la mayoría de las personas esclavizadas están en África y Asia, ningún país está libre del problema. “Irlanda e Islandia (que presentan los porcentajes más bajos entre los 167 territorios evaluados) se calcula que tienen 300 y 100 personas en esclavitud moderna”, dice el índice.
En América Latina y el Caribe hay 1,2 millones de personas sometidas a trabajo forzado. Más de la mitad se encuentra en México, Haití y Brasil, que encabezan la región en número de trabajadores en condición de esclavitud. Haití, Surinam y Guyana son los que presentan mayores porcentajes de personas esclavizadas.
El documento calcula que en Venezuela hay 60.900 trabajadores esclavos (0,2% de la población), lo que la coloca en la posición 18 de América Latina y 125 del mundo. El país, sin embargo, se encuentra entre los que menos esfuerzos hacen en la región para acabar con el problema, solo por detrás de Haití, Cuba y Surinam.
Venezuela, además, está entre los más vulnerables de la región a la esclavitud moderna. Para determinar la vulnerabilidad, la Fundación Walk Free toma en cuenta las políticas nacionales para combatir el problema, la protección de los derechos humanos, el nivel de desarrollo socioeconómico, la estabilidad del Estado y los niveles de discriminación.
Prohibición internacional. El trabajo forzoso, el tráfico de seres humanos, el matrimonio obligado y la explotación infantil son algunas de las formas que la ONG Walk Free analiza como esclavitud moderna, es decir, “cuando una persona posee el control de otra de tal manera que le priva de su libertad individual con la intención de sacar un beneficio”.
El concepto de Walk Free no está lejos del de la Organización de las Naciones Unidas, la cual indica que la esclavitud es “el estado o condición de un individuo sobre quien se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o algunos de ellos”.
La definición aunque no ha sufrido modificaciones, se ha ampliado a través de los años, tras su primera aparición en 1926, en un convenio internacional aprobado por la Asamblea General de la antigua Sociedad de Naciones que promovía la represión de la trata de blancas.
Actualmente se encuentran en vigor más de 20 instrumentos de la ONU que prohíben la esclavitud, entre los que están los asociados al Convenio sobre la Esclavitud, en sus modificaciones de 1953 y 1956; además de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 5 convenios de la Organización Internacional del Trabajo, 4 convenciones interamericanos y un inciso en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que define la esclavitud como un crimen de lesa humanidad.
Entre las prácticas que adoptó la esclavitud moderna y que persisten hoy están la trata de personas, la explotación, la prostitución y esclavitud sexual, la utilización de niños para trabajos forzosos, el uso de esclavos en granjas o plantaciones para la producción agrícola, la servidumbre por deudas, el matrimonio obligado y la venta de esposas. Esta última es un negocio de gran magnitud en Rusia y Ucrania, donde algunas empresas ofrecen mujeres por catálogo.
De acuerdo con la ONU, todas estas prácticas suponen la violación de múltiples derechos individuales, de libertad y seguridad de la persona. Por lo general, la esclavitud moderna va acompañada de amenazas de violencia, secuestro o captación mediante promesas falsas u otras formas de engaño, privación de la identidad, privación de la libertad de circulación y de escoger libremente su residencia.
Escrito con Patrizia Aymerich. Publicado en El Nacional
La actividad se celebra el 2 de diciembre de cada año para recordar que en esa fecha, de 1949, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas aprobó el convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, dos de los mecanismos considerados como esclavitud moderna.
Otras formas de sometimiento son el matrimonio obligado, el reclutamiento de niños para utilizarlos en conflictos armados y el trabajo infantil, del que sobran ejemplos: los niños congoleses que buscan diamantes en las minas, los uzbekos que recogen la cosecha de algodón, las niñas indias que cosen balones de fútbol.
“La esclavitud moderna contribuye a la producción de por lo menos 122 bienes de 58 países en todo el mundo”, afirma la Fundación Walk Free en la introducción del Índice Global de Esclavitud 2014. “Reconocer el problema y luchar contra él no es filantropía, es nuestra responsabilidad”, agrega.
Precisa que 61% de las personas esclavizadas en el planeta se concentran en la India, China, Pakistán, Uzbekistán y Rusia, que son los países con más trabajadores en esa condición. Los porcentajes más altos de población sometida a trabajo esclavo se encuentran en Mauritania, Uzbekistán, Haití, Qatar y la India.
Agrega que Holanda, Suecia, Estados Unidos, Australia y Suiza son los países que actúan más para acabar con la esclavitud moderna. También destaca los esfuerzos de Georgia, Filipinas, Macedonia y Jamaica, considerados meritorios al tomar en cuenta su capacidad económica limitada.
Del otro lado de la moneda están Corea del Norte, Irán, Siria, Eritrea y la República Centroafricana, como las naciones que hacen menos contra el trabajo esclavo. Hong Kong, Kuwait, Brunei, Singapur y Qatar deberían esforzarse más considerando su riqueza, de acuerdo con la Fundación Walk Free.
Venezuela también. Aunque la mayoría de las personas esclavizadas están en África y Asia, ningún país está libre del problema. “Irlanda e Islandia (que presentan los porcentajes más bajos entre los 167 territorios evaluados) se calcula que tienen 300 y 100 personas en esclavitud moderna”, dice el índice.
En América Latina y el Caribe hay 1,2 millones de personas sometidas a trabajo forzado. Más de la mitad se encuentra en México, Haití y Brasil, que encabezan la región en número de trabajadores en condición de esclavitud. Haití, Surinam y Guyana son los que presentan mayores porcentajes de personas esclavizadas.
El documento calcula que en Venezuela hay 60.900 trabajadores esclavos (0,2% de la población), lo que la coloca en la posición 18 de América Latina y 125 del mundo. El país, sin embargo, se encuentra entre los que menos esfuerzos hacen en la región para acabar con el problema, solo por detrás de Haití, Cuba y Surinam.
Venezuela, además, está entre los más vulnerables de la región a la esclavitud moderna. Para determinar la vulnerabilidad, la Fundación Walk Free toma en cuenta las políticas nacionales para combatir el problema, la protección de los derechos humanos, el nivel de desarrollo socioeconómico, la estabilidad del Estado y los niveles de discriminación.
Prohibición internacional. El trabajo forzoso, el tráfico de seres humanos, el matrimonio obligado y la explotación infantil son algunas de las formas que la ONG Walk Free analiza como esclavitud moderna, es decir, “cuando una persona posee el control de otra de tal manera que le priva de su libertad individual con la intención de sacar un beneficio”.
El concepto de Walk Free no está lejos del de la Organización de las Naciones Unidas, la cual indica que la esclavitud es “el estado o condición de un individuo sobre quien se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o algunos de ellos”.
La definición aunque no ha sufrido modificaciones, se ha ampliado a través de los años, tras su primera aparición en 1926, en un convenio internacional aprobado por la Asamblea General de la antigua Sociedad de Naciones que promovía la represión de la trata de blancas.
Actualmente se encuentran en vigor más de 20 instrumentos de la ONU que prohíben la esclavitud, entre los que están los asociados al Convenio sobre la Esclavitud, en sus modificaciones de 1953 y 1956; además de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 5 convenios de la Organización Internacional del Trabajo, 4 convenciones interamericanos y un inciso en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que define la esclavitud como un crimen de lesa humanidad.
Entre las prácticas que adoptó la esclavitud moderna y que persisten hoy están la trata de personas, la explotación, la prostitución y esclavitud sexual, la utilización de niños para trabajos forzosos, el uso de esclavos en granjas o plantaciones para la producción agrícola, la servidumbre por deudas, el matrimonio obligado y la venta de esposas. Esta última es un negocio de gran magnitud en Rusia y Ucrania, donde algunas empresas ofrecen mujeres por catálogo.
De acuerdo con la ONU, todas estas prácticas suponen la violación de múltiples derechos individuales, de libertad y seguridad de la persona. Por lo general, la esclavitud moderna va acompañada de amenazas de violencia, secuestro o captación mediante promesas falsas u otras formas de engaño, privación de la identidad, privación de la libertad de circulación y de escoger libremente su residencia.
Escrito con Patrizia Aymerich. Publicado en El Nacional
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