El Congreso de Estados Unidos debe recibir a más tardar el 18 de enero un informe sobre el acceso a la información en Venezuela, de acuerdo con lo establecido en la ley promulgada el jueves por el presidente Barack Obama para sancionar a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro.
La denominada "ley para imponer sanciones selectivas a personas responsables de violaciones de derechos humanos a manifestantes antigubernamentales en Venezuela" indica que el Consejo de Radiodifusión de Gobernadores presente un reporte sobre radiodifusión y distribución de la información en el país en un plazo de 30 días.
El informe debe incluir "una evaluación meticulosa de los obstáculos gubernamentales, políticos y tecnológicos enfrentados por el pueblo de Venezuela en sus esfuerzos por obtener noticias e información acertada, objetiva y comprensiva sobre asuntos nacionales e internacionales", precisa el capítulo sexto de la ley.
El documento también deberá evaluar los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos en materia de radiodifusión y distribución de la información en Venezuela –incluido fondos destinados para tal fin y alcance del contenido provisto por la Voz de América y otras fuentes– y proponer una estrategia para expandirlos.
Sancionables. El capítulo quinto de la ley dice que las sanciones estarán dirigidas a cualquier persona –incluso funcionarios anteriores o actuales del gobierno de Venezuela– que "haya perpetrado, o sea responsable de ordenar o dirigir, actos significativos de violencia o abusos de los derechos humanos contra personas asociados con las protestas antigubernamentales que comenzaron en febrero de 2014".
También se podrá castigar a quienes hayan ordenado o dirigido el arresto o la persecución de algún ciudadano venezolano por el simple hecho de ejercer el derecho a la libertad de expresión o reunión. Igualmente pueden ser sancionados los que hayan asistido económicamente o provisto apoyo material y tecnológico.
Las sanciones son de dos tipos. Por un lado está el bloqueo de activos y la prohibición de transacciones de propiedades e intereses, siempre que se encuentren en Estados Unidos. Por el otro la exclusión del país a través de la negación y revocación de visas y otros documentos emitidos por las autoridades estadounidenses.
Las excepciones permitidas son las transacciones relacionadas con la importación de bienes y la emisión de visas para cumplir con el acuerdo firmado en 1947 entre Estados Unidos y la Organización de Naciones Unidas (para que ese país albergue la sede de la institución) o con otra obligación internacional.
El capítulo cuarto de la ley define como política de Estados Unidos "apoyar al pueblo de Venezuela en su aspiración de vivir bajo condiciones de paz y democracia representativa como dice la Carta Democrática Interamericana".
También trabajar en conjunto con los otros miembros de la Organización de Estados Americanos y los países de la Unión Europea para garantizar una resolución pacífica de la situación en Venezuela, así como "continuar apoyando el desarrollo de los procesos políticos democráticos y la sociedad civil independiente" en el país.
Publicado en El Nacional
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