domingo, 6 de julio de 2014

Escándalo Boudou amenaza a Cristina Kirchner

El proceso judicial contra el vicepresidente de Argentina, Amado Boudou, es uno de los escándalos más graves que ha tenido que enfrentar el gobierno de la presidente Cristina Fernández de Kirchner, ya que sus implicaciones podrían afectar la continuidad del oficialismo en el poder. Es además, la primera vez, en la historia de Argentina que un vicepresidente en funciones es procesado por presunta corrupción.

Marcos Novaro, consejero académico del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina de Argentina, explicó que el juicio contra Boudou no es el único caso que ha afectado el kirchnerismo, ni es el más fuerte en cuanto a la malversación de recursos (como el Caso Báez que comprometió el patrimonio del matrimonio Kirchner), pero generará un alto costo político que debilitará directamente al Ejecutivo "en un momento en que se encuentra agobiado por el litigio del caso de los fondos buitres y por los problemas económicos que sufre el país".

Rosendo Fraga, director del Centro de Estudios Nueva Mayoría de Argentina, abundó en este sentido al destacar que, a diferencia de Venezuela, la justicia en Argentina parece estar menos sesgada. "Hay crecientes muestras de independencia del Poder Judicial, que se ha convertido en un campo de batalla para la política", expresó.

Novaro agregó que el caso Boudou refleja que en Argentina fracasó el intento del Ejecutivo de disciplinar a los jueces y someterlos. "El gobierno de Fernández no pudo cambiar tantos jueces como lo hizo el chavismo en Venezuela", comparó.

Otra particularidad de este juicio ha sido que en Argentina los periodistas han tenido responsabilidad directa en la denuncia y en el seguimiento del caso. Los ciudadanos han conocido los pormenores de una trama que salpica a las altas esferas del gobierno porque los medios han tenido acceso a ello.

Ciccone. El proceso contra Boudou es conocido por la opinión pública como el Caso Ciccone. El juez Ariel Lijo imputó al vicepresidente por haberse quedado ­a través de la empresa fantasma The Old Found y de un testaferro­ con 70% de la empresa Ciccone Calcográfica, que tiene el monopolio de la impresión del papel moneda en Argentina, a cambio de haber intervenido para evitar la quiebra de esa firma en 2010, mientras estuvo al frente del Ministerio de Economía.

El fiscal federal de Argentina Jorge Di Lello expresó que si no se presentan otros obstáculos, el juicio contra Boudou se realizará después de julio de 2015, durante el último tramo del mandato de Fernández, ya que las elecciones presidenciales se celebrarán en octubre de ese año.

Lijo presentó como prueba decisiva para dictar la acusación, un cruce de reuniones y llamadas telefónicas realizadas entre los principales acusados (la secretaria de Boudou, Agustina Kämpfer; su asistente, Eduardo Romano; su socio José Núñez Carmona; el testaferro, Alejandro Vandenbroele y el empresario Nicolás Ciccone) que revelan los pormenores del delito. Según consta en el expediente judicial, el asistente del vicepresidente se comunicó numerosas veces con un teléfono de The Old Fund, el misterioso fondo que se quedó con la imprenta de valores.

La situación podría complicarse para el funcionario, que se le vincula con otros delitos como enriquecimiento ilícito, presunta intervención en el financiamiento de la provincia de Formosa y la dudosa compra de un vehículo con documentación falsa.

Fernández designó a Boudou como su compañero de fórmula para las elecciones de 2011. Ha sido criticada por el silencio que ha mantenido acerca del proceso contra su vicepresidente. Fraga consideró que la mandataria, aunque no ha hablado explícitamente del caso, defiende al vicepresidente al atacar fuertemente a la justicia y los medios de comunicación.

El jueves pasado la mayoría oficialista del Congreso dio su respaldo al funcionario al rechazar el juicio político solicitado por la oposición.

Los analistas aseguraron que Bodou se mantendrá en el gobierno, aunque Novaro destacó que su permanencia ha producido divisiones dentro del Ejecutivo. "En el gobierno hay muchos actores que creen que es necesario remover al vicepresidente del cargo por las consecuencias que supone para el poder político", concluyó.

Escrito con Anna Carolina Maier. Publicado en El Nacional

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