Estados Unidos mantuvo a Venezuela en la lista de países que no hacen lo suficiente para combatir el tráfico de personas, en la que también están Corea del Norte, Irán, Rusia y Siria, entre otros, reseñó la agencia Efe.
"Venezuela es un país de origen y destino para hombres, mujeres y niños sujetos a tráfico sexual y trabajo forzado", dice el informe anual del Departamento de Estado sobre este delito, publicado ayer.
Washington considera que Caracas "no cumple plenamente con las normas mínimas para la eliminación de la trata (el estándar es una ley estadounidense de 2000) y no está haciendo esfuerzos significativos para lograrlo".
El documento indica que la falta de datos oficiales confiables sobre la lucha contra el tráfico de personas hace que los esfuerzos realizados por el gobierno venezolano, que asegura haber identificado y asistido a algunas víctimas, sean difíciles de evaluar.
Entre los casos que existen en Venezuela, según el informe, están los cubanos que trabajan en los programas sociales del gobierno y especialmente los médicos de la misión Barrio Adentro.
"Indicadores de trabajo forzado reportados por algunos cubanos que participan en el programa incluyen pago insuficiente de salarios, largas jornadas obligatorias y amenazas de represalias contra ellos y sus familias si abandonan", señala.
El texto también cita los reportes de mujeres venezolanas sometidas a prostitución en las islas del Caribe –particularmente Aruba, Curazao y Trinidad– y el trabajo forzado en el sector informal y el servicio doméstico de niños y mujeres ecuatorianas residentes en el país.
El Departamento de Estado hace una serie de recomendaciones a cada país. En el caso de Venezuela, destacan fortalecer los esfuerzos por investigar y enjuiciar los hechos de tráfico sexual y trabajo forzado, proporcionar servicios especializados para las víctimas y mejorar la recopilación de datos sobre los esfuerzos del gobierno contra este problema.
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martes, 28 de julio de 2015
sábado, 25 de julio de 2015
Pablo Iglesias será candidato a presidir gobierno de España
Las elecciones primarias de Podemos confirmaron lo que era un secreto a voces: Pablo Iglesias encabezará la lista del partido para los comicios generales de noviembre y, por lo tanto, será candidato a la presidencia de España.
Iglesias, diputado del Parlamento Europeo, fue elegido con 93% de los votos en unas primarias en las que participaron 16% de los inscritos en Podemos. Los medios españoles atribuyeron la baja concurrencia a las críticas internas al proceso electoral del partido.
De cara al electorado general, sin embargo, las críticas que más pesan sobre la candidatura presidencial de Iglesias son las que relacionan a Podemos, una organización de izquierda fundada en 2014, con el chavismo.
El diario El País denunció el año pasado que la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales, vinculada a Podemos, recibió 3,7 millones de euros del gobierno venezolano entre 2002 y 2012.
En enero, además, denunció que Juan Carlos Monedero, cofundador del partido, no declaró al fisco 425.150 euros que le pagaron los gobiernos de Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela en 2013.
Publicado en El Nacional
Iglesias, diputado del Parlamento Europeo, fue elegido con 93% de los votos en unas primarias en las que participaron 16% de los inscritos en Podemos. Los medios españoles atribuyeron la baja concurrencia a las críticas internas al proceso electoral del partido.
De cara al electorado general, sin embargo, las críticas que más pesan sobre la candidatura presidencial de Iglesias son las que relacionan a Podemos, una organización de izquierda fundada en 2014, con el chavismo.
El diario El País denunció el año pasado que la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales, vinculada a Podemos, recibió 3,7 millones de euros del gobierno venezolano entre 2002 y 2012.
En enero, además, denunció que Juan Carlos Monedero, cofundador del partido, no declaró al fisco 425.150 euros que le pagaron los gobiernos de Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela en 2013.
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miércoles, 22 de julio de 2015
Guyana no frenará las inversiones en el territorio Esequibo
El canciller de Guyana, Carl Greenidge, aseguró que su país no frenará las inversiones en el Esequibo, un territorio de 159.000 kilómetros cuadrados rico en recursos minerales que es reclamado por Venezuela, reseñó el diario Guyana Chronicle.
En un discurso ante la Asociación de Industria y Servicios de Guyana, Greenidge dijo que el gobierno de su país no dejará de promover las inversiones en esa región porque no puede descuidar ninguna parte de su territorio.
Agregó que Georgetown buscará un arreglo judicial para el reclamo de Caracas porque la figura de los buenos oficios y las demás opciones de solución pacífica de controversias establecidas en la Carta de la Organización de Naciones Unidas han sido agotadas.
Greenidge opina que el Acuerdo de Ginebra no reabrió la disputa, sino que se limitó a crear un mecanismo para definir la validez del Laudo Arbitral de 1899, luego de que Venezuela denunció su nulidad.
Caracas mantiene que el instrumento jurídico firmado en 1966 sí busca dirimir la controversia territorial y acusa a Georgetown de vulnerar lo que suscribió. "Lo que está haciendo Guyana no puede ser sino un vulgar incumplimiento del Acuerdo de Ginebra", dijo la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez.
La ministra de Relaciones Exteriores aseguró, además, que la posición venezolana cuenta con el respaldo pleno y absoluto de los países del Mercosur en la cumbre presidencial de la semana pasada.
"Las nuevas autoridades de Guyana salieron con las tablas en la cabeza porque venían con una estrategia de descrédito contra Venezuela. Esa estrategia fue derrotada en el seno del Mercosur", declaró Rodríguez al volver de Brasilia, donde se celebró el encuentro.
Publicado en El Nacional
En un discurso ante la Asociación de Industria y Servicios de Guyana, Greenidge dijo que el gobierno de su país no dejará de promover las inversiones en esa región porque no puede descuidar ninguna parte de su territorio.
Agregó que Georgetown buscará un arreglo judicial para el reclamo de Caracas porque la figura de los buenos oficios y las demás opciones de solución pacífica de controversias establecidas en la Carta de la Organización de Naciones Unidas han sido agotadas.
Greenidge opina que el Acuerdo de Ginebra no reabrió la disputa, sino que se limitó a crear un mecanismo para definir la validez del Laudo Arbitral de 1899, luego de que Venezuela denunció su nulidad.
Caracas mantiene que el instrumento jurídico firmado en 1966 sí busca dirimir la controversia territorial y acusa a Georgetown de vulnerar lo que suscribió. "Lo que está haciendo Guyana no puede ser sino un vulgar incumplimiento del Acuerdo de Ginebra", dijo la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez.
La ministra de Relaciones Exteriores aseguró, además, que la posición venezolana cuenta con el respaldo pleno y absoluto de los países del Mercosur en la cumbre presidencial de la semana pasada.
"Las nuevas autoridades de Guyana salieron con las tablas en la cabeza porque venían con una estrategia de descrédito contra Venezuela. Esa estrategia fue derrotada en el seno del Mercosur", declaró Rodríguez al volver de Brasilia, donde se celebró el encuentro.
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domingo, 19 de julio de 2015
El gobierno desactivó mecanismos de consulta para asuntos internacionales
La disputa diplomática actual con Guyana, luego del descubrimiento de petróleo en aguas del Esequibo, pone en evidencia la carencia de mecanismos de diálogo entre el gobierno y los actores fundamentales de la sociedad venezolana para tratar asuntos de política exterior que requieren una visión de Estado.
El fallecido presidente Hugo Chávez, a su llegada al poder en 1999, desactivó instancias como la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, cuya misión era "prestar colaboración al gobierno en todos los ramos de la política internacional", de acuerdo con el decreto que la creó en junio de 1974.
La CARE tenía como miembros permanentes a los ex cancilleres y al jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada Nacional. Además, contaba con seis integrantes por tiempo determinado: dos seleccionados por el Senado, dos por la Cámara de Diputados y dos por la Presidencia de la República.
Los ex mandatarios elegidos por votación popular eran considerados miembros permanentes, aunque su presencia no era necesaria a los efectos del quórum (según el decreto) y en la práctica nunca participaron en las reuniones de esta instancia, dice Oscar Hernández Bernalette, embajador de carrera.
"La principal característica de la CARE era que reunía a los cancilleres de todos los gobiernos, pero Chávez nunca los convocó porque inicialmente la mayoría de ellos estaba en una posición política contraria", afirma Milos Alcalay, ex representante de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas.
Hernández Bernalette y Alcalay recuerdan que los mecanismos de consulta son necesarios porque los asuntos exteriores requieren políticas de Estado y estas se elaboran tomando en cuenta a la mayor cantidad posible de actores: académicos, empresarios, medios, militares, organizaciones de la sociedad civil, políticos, sindicatos, universidades.
"Este tipo de instancias es una herramienta extraordinaria porque contribuye a que la toma de decisiones del Ejecutivo, en temas que son de máximo interés para el país, sea lo más amplia posible. De esta forma las acciones del gobierno en estos asuntos tienen más reconocimiento de la sociedad", afirma Hernández Bernalette.
Sin voluntad. La creación de la Comisión Presidencial de Estado para la Garantía de la Integridad Territorial y Asuntos Limítrofes parece un intento del gobierno de Nicolás Maduro por llenar el vacío de mecanismos de diálogo con la sociedad para tratar temas de política exterior.
Los integrantes de la instancia son el vicepresidente, Jorge Arreaza; la canciller, Delcy Rodríguez; el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; la ministra del Despacho de la Presidencia, Carmen Meléndez; la presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez; y el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez.
Además, cuenta con tres representantes designados por la Asamblea Nacional, que son los diputados Yul Jabour (PCV), William Fariñas (PSUV) y William Dávila (AD). Hernández Bernalette considera positiva la incorporación de un parlamentario de la bancada opositora: "Es un paso hacia adelante".
El embajador de carrera afirma, sin embargo, que sería útil incluir a más personas con opiniones distintas: "No tienen que ser ex cancilleres. Pueden ser académicos, diplomáticos, historiadores, investigadores reconocidos por su conocimiento del tema. Es la única manera de garantizar que haya una visión heterogénea".
Alcalay reitera la necesidad de dialogar con todos los actores fundamentales de la sociedad, pero duda que haya voluntad gubernamental para hacer esto. "Una comisión como la creada por Maduro, en la que básicamente están los mismos actores del gobierno, no es la forma de crear una política de Estado. Lo que piden es apoyo a su posición, pero no escuchan".
El ex representante de Venezuela ante la ONU recordó que hay una serie de personas e instituciones que ha estudiado el tema del Esequibo, que será lo primero que atienda la comisión. "Si hay voluntad de incorporarlos, se puede hacer. En el país siempre hubo mecanismos de consulta para fijar una política de Estado. No hay que reinventar la pólvora".
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El fallecido presidente Hugo Chávez, a su llegada al poder en 1999, desactivó instancias como la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, cuya misión era "prestar colaboración al gobierno en todos los ramos de la política internacional", de acuerdo con el decreto que la creó en junio de 1974.
La CARE tenía como miembros permanentes a los ex cancilleres y al jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada Nacional. Además, contaba con seis integrantes por tiempo determinado: dos seleccionados por el Senado, dos por la Cámara de Diputados y dos por la Presidencia de la República.
Los ex mandatarios elegidos por votación popular eran considerados miembros permanentes, aunque su presencia no era necesaria a los efectos del quórum (según el decreto) y en la práctica nunca participaron en las reuniones de esta instancia, dice Oscar Hernández Bernalette, embajador de carrera.
"La principal característica de la CARE era que reunía a los cancilleres de todos los gobiernos, pero Chávez nunca los convocó porque inicialmente la mayoría de ellos estaba en una posición política contraria", afirma Milos Alcalay, ex representante de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas.
Hernández Bernalette y Alcalay recuerdan que los mecanismos de consulta son necesarios porque los asuntos exteriores requieren políticas de Estado y estas se elaboran tomando en cuenta a la mayor cantidad posible de actores: académicos, empresarios, medios, militares, organizaciones de la sociedad civil, políticos, sindicatos, universidades.
"Este tipo de instancias es una herramienta extraordinaria porque contribuye a que la toma de decisiones del Ejecutivo, en temas que son de máximo interés para el país, sea lo más amplia posible. De esta forma las acciones del gobierno en estos asuntos tienen más reconocimiento de la sociedad", afirma Hernández Bernalette.
Sin voluntad. La creación de la Comisión Presidencial de Estado para la Garantía de la Integridad Territorial y Asuntos Limítrofes parece un intento del gobierno de Nicolás Maduro por llenar el vacío de mecanismos de diálogo con la sociedad para tratar temas de política exterior.
Los integrantes de la instancia son el vicepresidente, Jorge Arreaza; la canciller, Delcy Rodríguez; el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; la ministra del Despacho de la Presidencia, Carmen Meléndez; la presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez; y el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez.
Además, cuenta con tres representantes designados por la Asamblea Nacional, que son los diputados Yul Jabour (PCV), William Fariñas (PSUV) y William Dávila (AD). Hernández Bernalette considera positiva la incorporación de un parlamentario de la bancada opositora: "Es un paso hacia adelante".
El embajador de carrera afirma, sin embargo, que sería útil incluir a más personas con opiniones distintas: "No tienen que ser ex cancilleres. Pueden ser académicos, diplomáticos, historiadores, investigadores reconocidos por su conocimiento del tema. Es la única manera de garantizar que haya una visión heterogénea".
Alcalay reitera la necesidad de dialogar con todos los actores fundamentales de la sociedad, pero duda que haya voluntad gubernamental para hacer esto. "Una comisión como la creada por Maduro, en la que básicamente están los mismos actores del gobierno, no es la forma de crear una política de Estado. Lo que piden es apoyo a su posición, pero no escuchan".
El ex representante de Venezuela ante la ONU recordó que hay una serie de personas e instituciones que ha estudiado el tema del Esequibo, que será lo primero que atienda la comisión. "Si hay voluntad de incorporarlos, se puede hacer. En el país siempre hubo mecanismos de consulta para fijar una política de Estado. No hay que reinventar la pólvora".
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viernes, 17 de julio de 2015
Venezuela y Guyana buscan apoyos en Mercosur por disputa
Venezuela ratificó ante el Mercosur la legitimidad de su reclamo del territorio Esequibo e insistió en la necesidad de que Guyana respete el Acuerdo de Ginebra para buscar una solución pacífica.
"No hay duda alguna, ni histórica, ni política, sobre los derechos legítimos que tiene Venezuela sobre el Esequibo", dijo la ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, luego de la cumbre de cancilleres del bloque.
Rodríguez acusó a Georgetown de irrespetar el Acuerdo de Ginebra, firmado por ambos países en 1966, al permitir que la petrolera estadounidense Exxon Mobil explore en aguas en disputa. Denunció que el objetivo de la petrolera es la apropiación ilegítima de los recursos energéticos de Venezuela.
El ministro de Gobernación de Guyana, Raphael Trotman, confirmó que el presidente David Granger irá hoy a la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur para exponer sus argumentos y ganar apoyo en la disputa fronteriza.
"Cada visita, cada expresión, cada aparición tiene que reforzar nuestra posición en cuanto a nuestra integridad territorial y, por supuesto, buscar apoyos y proveer explicaciones porque la gente cree que esta es una noción romántica antigua", declaró Trotman, reportó Efe. Agregó que la cumbre del Mercosur es una oportunidad de oro para presentar el caso a los países suramericanos.
La disputa fronteriza entre Caracas y Georgetown se coló en la agenda de la cumbre, que inicialmente estaba centrada en las negociaciones para un acuerdo comercial con la Unión Europea y el proceso de adhesión de Bolivia.
Entretanto, los ex presidentes Andrés Pastrana (Colombia) y Jorge Quiroga (Bolivia) exigieron al Mercosur que suspenda a Venezuela si no autoriza misiones de observación de la OEA, la Unasur y la Unión Europea para los próximos comicios legislativos, según una carta a la que se tuvo acceso.
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"No hay duda alguna, ni histórica, ni política, sobre los derechos legítimos que tiene Venezuela sobre el Esequibo", dijo la ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, luego de la cumbre de cancilleres del bloque.
Rodríguez acusó a Georgetown de irrespetar el Acuerdo de Ginebra, firmado por ambos países en 1966, al permitir que la petrolera estadounidense Exxon Mobil explore en aguas en disputa. Denunció que el objetivo de la petrolera es la apropiación ilegítima de los recursos energéticos de Venezuela.
El ministro de Gobernación de Guyana, Raphael Trotman, confirmó que el presidente David Granger irá hoy a la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur para exponer sus argumentos y ganar apoyo en la disputa fronteriza.
"Cada visita, cada expresión, cada aparición tiene que reforzar nuestra posición en cuanto a nuestra integridad territorial y, por supuesto, buscar apoyos y proveer explicaciones porque la gente cree que esta es una noción romántica antigua", declaró Trotman, reportó Efe. Agregó que la cumbre del Mercosur es una oportunidad de oro para presentar el caso a los países suramericanos.
La disputa fronteriza entre Caracas y Georgetown se coló en la agenda de la cumbre, que inicialmente estaba centrada en las negociaciones para un acuerdo comercial con la Unión Europea y el proceso de adhesión de Bolivia.
Entretanto, los ex presidentes Andrés Pastrana (Colombia) y Jorge Quiroga (Bolivia) exigieron al Mercosur que suspenda a Venezuela si no autoriza misiones de observación de la OEA, la Unasur y la Unión Europea para los próximos comicios legislativos, según una carta a la que se tuvo acceso.
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jueves, 16 de julio de 2015
Critican que reclamo a Guyana no aborde asuntos de ciudadanía
El coronel Pompeyo Torrealba, coordinador del Movimiento Nacional al Rescate del Esequibano y del Esequibo, aseguró que Venezuela no ha aprendido que en las relaciones internacionales no hay amores sino intereses, y criticó la política de cooperación con Guyana implementada por el gobierno en los últimos años.
"Cometemos el error de pensar que por los poquitos barriles de petróleo y las cuatro casitas que le damos, Guyana nos devolverá la zona en reclamación", dijo Torrealba en la Jornada de Reflexión sobre el Esequibo, organizada por la Fiscalía.
El oficial también cuestionó que la reclamación a Guyana siempre se haya enfocado en la recuperación del territorio y no en la inserción de las personas que habitan el Esequibo, que actualmente son 200.000, según sus cálculos.
Explicó que esas personas tienen la nacionalidad venezolana y deberían poder tener cédula de identidad como el resto de los habitantes del país. Exhortó al Servicio Autónomo de Identificación, Migración y Extranjería a hacer lo necesario para que esto sea posible.
La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, dijo que el foro es el inicio de una serie de actividades para apoyar la propuesta del Ejecutivo de recuperar el Esequibo por la vía del derecho internacional.
Agregó que el Ministerio Público comenzó una serie de revisiones relacionadas con el diferendo territorial, como la inclusión de la zona en reclamación en todos los mapas que tiene la institución.
Debate posible. La presencia de los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Guyana, David Granger, en la XLVIII Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, que se realizará mañana en Brasilia, hace pensar que el conflicto bilateral será uno de los asuntos que se tratarán.
Se espera que a la reunión asistan los mandatarios de los países miembros del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela) y los de los asociados (Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam), es decir, la Unión de Naciones Suramericanas en pleno.
Maduro ha dicho que llevará a la Unasur el reclamo por el Esequibo. Entretanto, Granger ha planteado el diferendo en todas las reuniones internacionales a las que ha asistido recientemente, incluida la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, realizada el lunes en Etiopía.
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"Cometemos el error de pensar que por los poquitos barriles de petróleo y las cuatro casitas que le damos, Guyana nos devolverá la zona en reclamación", dijo Torrealba en la Jornada de Reflexión sobre el Esequibo, organizada por la Fiscalía.
El oficial también cuestionó que la reclamación a Guyana siempre se haya enfocado en la recuperación del territorio y no en la inserción de las personas que habitan el Esequibo, que actualmente son 200.000, según sus cálculos.
Explicó que esas personas tienen la nacionalidad venezolana y deberían poder tener cédula de identidad como el resto de los habitantes del país. Exhortó al Servicio Autónomo de Identificación, Migración y Extranjería a hacer lo necesario para que esto sea posible.
La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, dijo que el foro es el inicio de una serie de actividades para apoyar la propuesta del Ejecutivo de recuperar el Esequibo por la vía del derecho internacional.
Agregó que el Ministerio Público comenzó una serie de revisiones relacionadas con el diferendo territorial, como la inclusión de la zona en reclamación en todos los mapas que tiene la institución.
Debate posible. La presencia de los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Guyana, David Granger, en la XLVIII Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, que se realizará mañana en Brasilia, hace pensar que el conflicto bilateral será uno de los asuntos que se tratarán.
Se espera que a la reunión asistan los mandatarios de los países miembros del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela) y los de los asociados (Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam), es decir, la Unión de Naciones Suramericanas en pleno.
Maduro ha dicho que llevará a la Unasur el reclamo por el Esequibo. Entretanto, Granger ha planteado el diferendo en todas las reuniones internacionales a las que ha asistido recientemente, incluida la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, realizada el lunes en Etiopía.
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miércoles, 15 de julio de 2015
La Corte Internacional de Justicia no es una opción para Venezuela
Las diferencias recientes entre Guyana y Venezuela han hecho que Georgetown vuelva a plantear (como hizo en la década de 1980) que la reclamación por el territorio Esequibo se resuelva en la Corte Internacional de Justicia, pero el arreglo judicial no es una opción para Caracas.
"Venezuela se ha negado siempre porque no tiene todas las de ganar. Es poco factible que una reclamación sobre dos tercios del territorio de otro país tenga éxito", dice Angelina Jaffe, directora del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Metropolitana.
Kenneth Ramírez, presidente del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, coincide con este argumento. "La CIJ privilegia soluciones de equidad. En este caso, tomará en consideración que Guyana es el país pequeño. Venezuela siempre ha entendido que eso es una desventaja".
Emilio Figueredo, exfacilitador de las negociaciones bilaterales, recuerda que Georgetown tiene montado un expediente con las muestras de reconocimiento que Caracas ha dado en algunos momentos de su historia al Laudo Arbitral de París (1899), que la despojó del Esequibo.
Agrega que las inconsistencias en la política exterior venezolana tampoco ayudarán a lograr una sentencia favorable para el país y cita como ejemplo las declaraciones del fallecido presidente Hugo Chávez en 2004, que llamaban a dejar de lado la reclamación.
Los tres especialistas aclaran que Guyana no puede llevar el caso a la CIJ sin la autorización de Venezuela, porque los asuntos limítrofes son de jurisdicción voluntaria y porque el Acuerdo de Ginebra (1966) obliga a que el mecanismo de solución sea acordado por ambas partes.
Caracas entregó la semana pasada una solicitud al secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para que reactive el mecanismo del buen oficiante, paralizado desde la muerte de Norman Girvan en 2014. Pero Georgetown ha dicho que no quiere seguir con este método.
Ramírez considera que para lograr la aprobación de Guyana son necesarias medidas de presión. "Venezuela tiene que usar todos los medios disponibles para bloquear la explotación petrolera en aguas del Esequibo. Incluso, suspender el acuerdo de Petrocaribe".
¿Encuentro en Mercosur? El presidente de Guyana, David Granger, irá a la cumbre semestral de Mercosur que se realizará esta semana en Brasilia. Allí coincidirá con Nicolás Maduro, mandatario de Venezuela, uno de los cinco miembros plenos del bloque regional. De manera que en la agenda del evento se puede colar el conflicto bilateral por el territorio Esequibo, recrudecido luego de que un consorcio liderado por Exxon Mobil anunció en mayo que descubrió petróleo en aguas que Georgetown considera suyas y Caracas asegura que están en disputa.
Ejemplos cercanos. La Corte Internacional de Justicia ha sentenciado en los últimos años dos casos de delimitación marítima en América Latina. El primero fue el de Nicaragua contra Colombia por las islas San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y las aguas adyacentes. La CIJ reconoció la soberanía de Bogotá sobre las islas en 2007, pero concedió amplios espacios a Nicaragua al trazar los límites marítimos en 2012. El segundo fue Perú contra Chile. En 2014, la corte adjudicó a Lima un área de más de 50.000 kilómetros cuadrados que Santiago consideraba parte de su zona económica exclusiva.
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"Venezuela se ha negado siempre porque no tiene todas las de ganar. Es poco factible que una reclamación sobre dos tercios del territorio de otro país tenga éxito", dice Angelina Jaffe, directora del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Metropolitana.
Kenneth Ramírez, presidente del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, coincide con este argumento. "La CIJ privilegia soluciones de equidad. En este caso, tomará en consideración que Guyana es el país pequeño. Venezuela siempre ha entendido que eso es una desventaja".
Emilio Figueredo, exfacilitador de las negociaciones bilaterales, recuerda que Georgetown tiene montado un expediente con las muestras de reconocimiento que Caracas ha dado en algunos momentos de su historia al Laudo Arbitral de París (1899), que la despojó del Esequibo.
Agrega que las inconsistencias en la política exterior venezolana tampoco ayudarán a lograr una sentencia favorable para el país y cita como ejemplo las declaraciones del fallecido presidente Hugo Chávez en 2004, que llamaban a dejar de lado la reclamación.
Los tres especialistas aclaran que Guyana no puede llevar el caso a la CIJ sin la autorización de Venezuela, porque los asuntos limítrofes son de jurisdicción voluntaria y porque el Acuerdo de Ginebra (1966) obliga a que el mecanismo de solución sea acordado por ambas partes.
Caracas entregó la semana pasada una solicitud al secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para que reactive el mecanismo del buen oficiante, paralizado desde la muerte de Norman Girvan en 2014. Pero Georgetown ha dicho que no quiere seguir con este método.
Ramírez considera que para lograr la aprobación de Guyana son necesarias medidas de presión. "Venezuela tiene que usar todos los medios disponibles para bloquear la explotación petrolera en aguas del Esequibo. Incluso, suspender el acuerdo de Petrocaribe".
¿Encuentro en Mercosur? El presidente de Guyana, David Granger, irá a la cumbre semestral de Mercosur que se realizará esta semana en Brasilia. Allí coincidirá con Nicolás Maduro, mandatario de Venezuela, uno de los cinco miembros plenos del bloque regional. De manera que en la agenda del evento se puede colar el conflicto bilateral por el territorio Esequibo, recrudecido luego de que un consorcio liderado por Exxon Mobil anunció en mayo que descubrió petróleo en aguas que Georgetown considera suyas y Caracas asegura que están en disputa.
Ejemplos cercanos. La Corte Internacional de Justicia ha sentenciado en los últimos años dos casos de delimitación marítima en América Latina. El primero fue el de Nicaragua contra Colombia por las islas San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y las aguas adyacentes. La CIJ reconoció la soberanía de Bogotá sobre las islas en 2007, pero concedió amplios espacios a Nicaragua al trazar los límites marítimos en 2012. El segundo fue Perú contra Chile. En 2014, la corte adjudicó a Lima un área de más de 50.000 kilómetros cuadrados que Santiago consideraba parte de su zona económica exclusiva.
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