De asesor del gobierno de Venezuela a candidato a presidir el Parlamento Europeo. La carrera política del español Pablo Iglesias, líder del partido Podemos, parece ser tan ascendente como polémica.
Podemos capitalizó el descontento generado por la crisis económica y el rechazo a los partidos tradicionales de España para sumar 8% de los votos en las elecciones europeas de mayo y colocar a cinco diputados en Estrasburgo, sede de la Eurocámara.
El éxito del partido trascendió las fronteras españolas cuando el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea y la Izquierda Verde Nórdica, el quinto con más escaños (52), escogió a Iglesias como su candidato a dirigir el Parlamento.
El grupo parlamentario que reúne a partidos comunistas, ecologistas y socialistas de 26 países de la Unión Europea espera tener el respaldo de otros movimientos para que el líder de Podemos pueda competir con el alemán Martin Schulz en las elecciones que se realizarán el próximo martes.
Es una misión prácticamente imposible porque Schultz cuenta con el apoyo de los principales grupos de la Eurocámara, el Partido Popular Europeo y la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, que tienen 412 de los 751 escaños.
Pero Podemos destaca la candidatura de Iglesias como un reconocimiento al ascenso rápido del partido y un grito de protesta: "Representa el impulso soberano de Europa del sur contra el austericidio de la troika".
Financiamiento venezolano. La carrera política de Iglesias no ha estado exenta de polémica. La principal tiene que ver con la relación que él y otros líderes de Podemos, como Juan Carlos Monedero, tienen con el gobierno de Venezuela.
Iglesias, que ha visitado el país varias veces en la última década y ha participado como invitado en programas de Venezolana de Televisión, defiende las políticas sociales aplicadas por el fallecido presidente Hugo Chávez.
El apoyo, sin embargo, no sería gratuito. El diario El País de España denunció que la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales, vinculada a Podemos, recibió 3,7 millones de euros del gobierno venezolano entre 2002 y 2012.
"En esa década el gobierno de Hugo Chávez fue siempre su mejor y a veces casi su único cliente; buena parte de los pagos (1,6 millones de euros) fueron por asesorar directamente al mandatario", escribió El País.
El diario agregó que la fundación cobró año tras año por la implantación de un sistema de seguridad social en Venezuela y también facturó a una decena más de organismos gubernamentales.
Podemos negó cualquier financiamiento del gobierno venezolano y dijo que sus únicas fuentes de recursos son los aportes voluntarios de quienes los apoyan y las subvenciones que les corresponden por sus resultados electorales.
Recriminación pública. El último episodio polémico en torno a Iglesias también está relacionado con Venezuela. El lunes pasado un mesonero de la Cafetería Prado, en Madrid, increpó al líder de Podemos por el financiamiento del gobierno venezolano a la fundación vinculada a su partido.
"Mi esposa no puede comprar papel higiénico ni comida ¿Ha asesorado al gobierno de Venezuela en eso?", le gritó Alberto Casillas a Iglesias en una rueda de prensa que se realizaba en el hotel Ritz.
Casillas, famoso en España porque el 25 de septiembre de 2012 impidió que la Policía Nacional entrara al lugar donde trabaja para detener a manifestantes que se refugiaron allí, también ha criticado la represión del gobierno de Nicolás Maduro.
"En Venezuela están matando a los jóvenes", le dijo el lunes al líder de Podemos. "Jamás he asesorado para que repriman ni golpeen a nadie", se limitó a responder Iglesias, sin dejar clara su opinión sobre los acontecimientos de los últimos meses en Venezuela.
Publicado en El Nacional
domingo, 29 de junio de 2014
sábado, 28 de junio de 2014
Alta comisionada de derechos humanos insta a Venezuela a investigar violaciones
La imagen internacional del gobierno del presidente Nicolás Maduro sufrió otro revés con el comunicado de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que insta a Venezuela a investigar las denuncias sobre abusos cometidos en las protestas de los últimos meses.
"Un pronunciamiento como ese debería preocupar al gobierno y obligarlo a revisar su conducta. Porque no es cualquier institución sino el máximo organismo de derechos humanos de la comunidad internacional", dijo Oscar Hernández, diplomático.
"El llamado indica que la presión internacional sigue creciendo y eso hace mella en un gobierno que cuida mucho su imagen externa", señaló Angelina Jaffe, directora del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Metropolitana.
La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Navi Pillay, expresó ayer su inquietud por las violaciones cometidas en las protestas y en particular por la vulneración de los principios mínimos de justicia, informó la agencia Efe.
"Nos preocupan las denuncias de una reputada organización de derechos humanos en Venezuela sobre violaciones del debido proceso y la situación de los jóvenes detenidos, que incluyen palizas y falta de información sobre su paradero", declaró la diplomática.
Pillay destacó las denuncias sobre problemas para que los detenidos se reúnan con abogados y familiares, y ataques contra universidades "por fuerzas de seguridad o grupos de civiles armados". Recalcó que la gravedad de las denuncias hace necesario que se investigue y se sancione a los responsables.
Hernández y Jaffe enfatizaron que la posición del organismo reafirma la condena internacional a la represión y afecta las gestiones de Venezuela para postularse como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU en el período 2015-2016.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, en su Memoria y Cuenta de 2013, afirma que logró el apoyo de más de 40 países para la candidatura. Hernández dijo que algunas de esas naciones pudieran repensar su voto tras los hechos de los últimos meses.
El principal obstáculo para la postulación venezolana sería, sin embargo, que surgiera otro nombre dentro del grupo de Latinoamérica. "Ciertos países no permitirán que la única candidatura sea la de Venezuela", afirmó Jaffe.
Ambos coinciden en que, de surgir otro candidato, el gobierno postergará su aspiración para evitar un espectáculo como el de 2006, cuando el país se enfrentó con Guatemala por el asiento en el Consejo de Seguridad.
Publicado en El Nacional
"Un pronunciamiento como ese debería preocupar al gobierno y obligarlo a revisar su conducta. Porque no es cualquier institución sino el máximo organismo de derechos humanos de la comunidad internacional", dijo Oscar Hernández, diplomático.
"El llamado indica que la presión internacional sigue creciendo y eso hace mella en un gobierno que cuida mucho su imagen externa", señaló Angelina Jaffe, directora del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Metropolitana.
La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Navi Pillay, expresó ayer su inquietud por las violaciones cometidas en las protestas y en particular por la vulneración de los principios mínimos de justicia, informó la agencia Efe.
"Nos preocupan las denuncias de una reputada organización de derechos humanos en Venezuela sobre violaciones del debido proceso y la situación de los jóvenes detenidos, que incluyen palizas y falta de información sobre su paradero", declaró la diplomática.
Pillay destacó las denuncias sobre problemas para que los detenidos se reúnan con abogados y familiares, y ataques contra universidades "por fuerzas de seguridad o grupos de civiles armados". Recalcó que la gravedad de las denuncias hace necesario que se investigue y se sancione a los responsables.
Hernández y Jaffe enfatizaron que la posición del organismo reafirma la condena internacional a la represión y afecta las gestiones de Venezuela para postularse como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU en el período 2015-2016.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, en su Memoria y Cuenta de 2013, afirma que logró el apoyo de más de 40 países para la candidatura. Hernández dijo que algunas de esas naciones pudieran repensar su voto tras los hechos de los últimos meses.
El principal obstáculo para la postulación venezolana sería, sin embargo, que surgiera otro nombre dentro del grupo de Latinoamérica. "Ciertos países no permitirán que la única candidatura sea la de Venezuela", afirmó Jaffe.
Ambos coinciden en que, de surgir otro candidato, el gobierno postergará su aspiración para evitar un espectáculo como el de 2006, cuando el país se enfrentó con Guatemala por el asiento en el Consejo de Seguridad.
Publicado en El Nacional
martes, 24 de junio de 2014
Autorizaron Embajada de Norcorea
El Ministerio de Relaciones Exteriores otorgó beneplácito a Corea del Norte para abrir Embajada en Venezuela, según una resolución publicada en la Gaceta Oficial 40438, correspondiente al 20 de junio de 2014.
Caracas mantiene relaciones con Pyongyang –que sólo tiene representación diplomática en 30 países, entre los cuales están Rusia, China y Cuba– con base en un acuerdo suscrito en 1974.
Los vínculos bilaterales se estrecharon gracias al fallecido presidente Hugo Chávez, criticado por Occidente por su acercamiento a países con regímenes autoritarios como Bielorrusia, Irán, Libia, Siria y Zimbabue.
Durante su mandato, Chávez justificó el plan nuclear de Corea del Norte –que le ha valido sanciones internacionales–, planteó la posibilidad de visitar ese país y manifestó su pesar cuando falleció Kim Jong Il.
El año pasado, Pyongyang felicitó a Nicolás Maduro por su triunfo en las elecciones.
Publicado en El Nacional
Caracas mantiene relaciones con Pyongyang –que sólo tiene representación diplomática en 30 países, entre los cuales están Rusia, China y Cuba– con base en un acuerdo suscrito en 1974.
Los vínculos bilaterales se estrecharon gracias al fallecido presidente Hugo Chávez, criticado por Occidente por su acercamiento a países con regímenes autoritarios como Bielorrusia, Irán, Libia, Siria y Zimbabue.
Durante su mandato, Chávez justificó el plan nuclear de Corea del Norte –que le ha valido sanciones internacionales–, planteó la posibilidad de visitar ese país y manifestó su pesar cuando falleció Kim Jong Il.
El año pasado, Pyongyang felicitó a Nicolás Maduro por su triunfo en las elecciones.
Publicado en El Nacional
HRW denunció en la ONU violación de los derechos humanos en el país
Miembros de las fuerzas de seguridad recurrieron a un uso ilegítimo de la fuerza en respuesta a protestas contra el gobierno que iniciaron el 12 de febrero, y han golpeado brutalmente y disparado a manifestantes que no estaban armados, señaló Human Rights Watch en un informe que presentó ayer ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y titulado "Castigados por protestar: violaciones de derechos humanos en las calles, centros de detención y el sistema judicial de Venezuela".
La organización manifestó su preocupación ante lo que definió como una "gravísima situación de los derechos humanos. La más alarmante observada en Venezuela en años". El texto evidencia 45 casos de violación de derechos humanos ocurridos en Caracas y otros tres estados del país que afectaron a más de 150 víctimas.
"La magnitud de las violaciones de derechos humanos que documentamos y la participación de miembros de las fuerzas de seguridad y funcionarios judiciales en estos delitos demuestran que no se trata de incidentes aislados ni de excesos de algunos agentes insubordinados", expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch en un artículo publicado en la página web de la organización.
El informe destacó que a partir del inicio de las protestas miembros de la Guardia Nacional, de la Policía Nacional y otros funcionarios de seguridad aplicaron rutinariamente la fuerza ilegítima contra manifestantes y contra transeúntes.
"Ello incluyó brutales golpizas; disparar armas de fuego, perdigones y gases lacrimógenos de manera indiscriminada contra la multitud; y disparar perdigones deliberadamente y a quemarropa contra personas que no estaban armadas y ya se encontraban bajo custodia de las autoridades", destacó el documento.
Human Rights Watch aseguró que las autoridades actuaron también contra periodistas y otras personas que documentaban la represión por parte de los funcionarios, quienes además toleraron que grupos armados, partidarios del gobierno, atacaran impunemente a manifestantes y a veces incluso colaboraron con ellos.
"Constatamos una variedad de abusos graves contra los detenidos, que en muchos casos permanecieron incomunicados en bases militares durante 48 horas o más, antes de ser llevados ante un juez", señaló el texto. El comunicado denunció tratos violentos contra los detenidos, como golpizas, descargas eléctricas y quemaduras. "En algunos casos, los maltratos claramente constituyeron tortura".
HRW exhortó a los Estados del Consejo de Derechos Humanos de la ONU a llevar a cabo investigaciones sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos, disponer la liberación inmediata de quienes fueron detenidos de manera ilegítima por ejercer sus derechos y adoptar medidas para restablecer la independencia del poder judicial, como en el TSJ.
Escrito con Anna Carolina Maier. Publicado en El Nacional
La organización manifestó su preocupación ante lo que definió como una "gravísima situación de los derechos humanos. La más alarmante observada en Venezuela en años". El texto evidencia 45 casos de violación de derechos humanos ocurridos en Caracas y otros tres estados del país que afectaron a más de 150 víctimas.
"La magnitud de las violaciones de derechos humanos que documentamos y la participación de miembros de las fuerzas de seguridad y funcionarios judiciales en estos delitos demuestran que no se trata de incidentes aislados ni de excesos de algunos agentes insubordinados", expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch en un artículo publicado en la página web de la organización.
El informe destacó que a partir del inicio de las protestas miembros de la Guardia Nacional, de la Policía Nacional y otros funcionarios de seguridad aplicaron rutinariamente la fuerza ilegítima contra manifestantes y contra transeúntes.
"Ello incluyó brutales golpizas; disparar armas de fuego, perdigones y gases lacrimógenos de manera indiscriminada contra la multitud; y disparar perdigones deliberadamente y a quemarropa contra personas que no estaban armadas y ya se encontraban bajo custodia de las autoridades", destacó el documento.
Human Rights Watch aseguró que las autoridades actuaron también contra periodistas y otras personas que documentaban la represión por parte de los funcionarios, quienes además toleraron que grupos armados, partidarios del gobierno, atacaran impunemente a manifestantes y a veces incluso colaboraron con ellos.
"Constatamos una variedad de abusos graves contra los detenidos, que en muchos casos permanecieron incomunicados en bases militares durante 48 horas o más, antes de ser llevados ante un juez", señaló el texto. El comunicado denunció tratos violentos contra los detenidos, como golpizas, descargas eléctricas y quemaduras. "En algunos casos, los maltratos claramente constituyeron tortura".
HRW exhortó a los Estados del Consejo de Derechos Humanos de la ONU a llevar a cabo investigaciones sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos, disponer la liberación inmediata de quienes fueron detenidos de manera ilegítima por ejercer sus derechos y adoptar medidas para restablecer la independencia del poder judicial, como en el TSJ.
Escrito con Anna Carolina Maier. Publicado en El Nacional
lunes, 23 de junio de 2014
Madre de Bassil Da Costa confía en que habrá justicia
El sistema judicial no le inspira confianza a Jeneth Frías, madre de Bassil Da Costa, el joven asesinado tras la marcha estudiantil del 12 de febrero. Pero ella se aferra a sus creencias religiosas para afirmar que el culpable será condenado. "Mi fe en Dios me dice que la justicia llegará".
Esta semana se conocerá el tribunal que llevará el juicio, luego de que el juez 48 de control admitiera la acusación presentada por la Fiscalía contra el comisario del Sebin José Perdomo, presunto autor del disparo que mató a Da Costa, y otros 7 funcionarios de los cuerpos de seguridad que también usaron indebidamente sus armas ese día.
Perdomo es el único que sigue detenido, porque los demás serán juzgados en libertad, otra razón para que Frías desconfíe del sistema judicial. "¿Por qué les dan beneficios a ellos, cuando hay evidencias de que cometieron delito, y mantienen presos a estudiantes sin pruebas?", pregunta.
Pero la madre insiste en que la justicia llegará. "No sólo para mi hijo sino para muchos jóvenes que están presos sin tener culpa de nada, simplemente porque el gobierno se antoja en mantenerlos allí. Me da tristeza como nuestro país se está cayendo a pedazos por la rabia y el odio", expresa.
A los acusados en el caso les dio un mensaje durante la audiencia preliminar. "Les dije que mi hijo tendrá un descanso eterno, pero lastimosamente ellos no, porque la conciencia no los iba a dejar en paz y estar preso es una muerte lenta".
Publicado en El Nacional
Esta semana se conocerá el tribunal que llevará el juicio, luego de que el juez 48 de control admitiera la acusación presentada por la Fiscalía contra el comisario del Sebin José Perdomo, presunto autor del disparo que mató a Da Costa, y otros 7 funcionarios de los cuerpos de seguridad que también usaron indebidamente sus armas ese día.
Perdomo es el único que sigue detenido, porque los demás serán juzgados en libertad, otra razón para que Frías desconfíe del sistema judicial. "¿Por qué les dan beneficios a ellos, cuando hay evidencias de que cometieron delito, y mantienen presos a estudiantes sin pruebas?", pregunta.
Pero la madre insiste en que la justicia llegará. "No sólo para mi hijo sino para muchos jóvenes que están presos sin tener culpa de nada, simplemente porque el gobierno se antoja en mantenerlos allí. Me da tristeza como nuestro país se está cayendo a pedazos por la rabia y el odio", expresa.
A los acusados en el caso les dio un mensaje durante la audiencia preliminar. "Les dije que mi hijo tendrá un descanso eterno, pero lastimosamente ellos no, porque la conciencia no los iba a dejar en paz y estar preso es una muerte lenta".
Publicado en El Nacional
domingo, 22 de junio de 2014
Colombia: El progreso económico no ha resuelto la desigualdad social
Colombia era vista hace 25 años como un país con tantos problemas económicos que había tenido que renunciar a ser la sede del campeonato Mundial de Fútbol de 1986. Con tantas falencias institucionales que era incapaz de garantizar la seguridad ciudadana ante la amenaza que representaban los grupos guerrilleros y los carteles del narcotráfico. La visión actual, sin embargo, difiere mucho de esa imagen.
Las reformas aplicadas tras el Consenso de Washington (1989) y la apertura comercial al mundo en las últimas décadas han permitido estabilizar la situación macroeconómica –la inflación se redujo a un dígito, el desempleo también– y atraer suficiente inversión extranjera –más de 17 millardos de dólares en 2013– para convertir a Colombia en una potencia emergente.
La nación es la cuarta economía de América Latina (detrás de Brasil, México y Argentina), tiene más de una decena de tratados de libre comercio (los más importantes con Estados Unidos y la Unión Europea) y forma parte de los llamados Civets (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Suráfrica), acrónimo usado por The Economist para agrupar a los mercados que se perfilan como más dinámicos en los próximos años.
En materia de seguridad, el Plan Colombia –desarrollado en conjunto con Estados Unidos– permitió detener la expansión de los cultivos de droga y la política de seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) logró desmovilizar a los grupos paramilitares y debilitar a los guerrilleros, que ahora están negociando con el gobierno de Juan Manuel Santos para poner fin a un conflicto armado que comenzó hace 50 años.
Aunque el país sigue teniendo índices delictivos altos (en 2012 hubo 30,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, la séptima peor tasa del mundo), la percepción tanto de los colombianos como de los extranjeros es que ahora es más seguro que hace un cuarto de siglo. Una muestra es que el número de visitantes de otros países aumentó de 500.000 en 2003 a 2,2 millones en 2012, según la Organización Mundial de Turismo.
Desigualdad y desencanto. A pesar de los avances experimentados durante los últimos años, Colombia –como toda potencia emergente– no ha logrado resolver los problemas característicos de los países en desarrollo, empezando por la pobreza. Las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas muestran que 32,2% de la población colombiana es pobre, es decir, casi 14,7 millones de personas.
El alto porcentaje de pobreza en un país cuya economía ha crecido un promedio de 5% anual en la última década y que promete mantener ese ritmo durante los próximos años se debe a que los ingresos generados por ese boom llegan a pocas manos: 1% de la población concentra la quinta parte de la riqueza, según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.
La consecuencia obvia de la combinación entre un elevado índice de pobreza y una alta concentración de la riqueza es la desigualdad social. Un estudio elaborado entre 1990 y 2010 por el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, ONU-Hábitat, muestra que Colombia es la tercera nación más desigual de América Latina, por detrás de República Dominicana y Brasil.
"El gran drama del país es que la bonanza económica no ha logrado convertirse en una bonanza social", apunta la internacionalista Beatriz De Majo. Agrega que la persistencia de la desigualdad social ha traído como consecuencia el desencanto político, reflejado en el hecho de que 53% de los votantes colombianos se abstuvo de participar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el 16 de junio.
El internacionalista Luis Daniel Álvarez coincide en que el desencanto político se ha convertido en una regla. "La abstención electoral es un fenómeno recurrente. Por eso la participación de 47% no generó preocupación. Más bien hubo alegría porque subió 7 puntos en comparación con la primera vuelta. Hay una gran indiferencia en muchos sectores, que ven la política como algo alejado".
¿Cambio de rumbo? De Majo señala que el descuido del aspecto social también ha permitido ganar espacios a los grupos políticos de izquierda, cuyo apoyo a Santos en la segunda vuelta electoral resultó vital para que el mandatario lograra la reelección. "El gobierno colombiano se olvidó del país que está al margen del progreso, pensó que la economía iba a halar al resto de la sociedad y no ha sido así", comenta.
Álvarez comparte la preocupación que tienen algunos sectores en Colombia y en el extranjero por el avance de los izquierdistas y el respaldo que le dieron al presidente reelecto. "Creo que el retroceso institucional que hubo durante el primer período de gobierno de Santos se profundizará por toda la mescolanza ideológica que acompaña ahora al mandatario".
El internacionalista recuerda que el acierto de Colombia para llegar hasta donde está fue establecer reglas claras y fortalecer la independencia de poderes. "La reversión de ese proceso no solo es posible, sino que ya se está dando: la actuación polémica del Poder Ejecutivo frente al Judicial, el uso de la mayoría en ambas cámaras del Congreso, el control de instituciones como la Fiscalía y la Procuraduría".
De Majo reconoce que el panorama político es complicado, pero descarta que suponga algún riesgo para el modelo económico. "Colombia tiene un empresariado sumamente sólido, una economía muy diversa, que nunca ha dependido de un solo producto, y Santos hizo una cosa muy inteligente: puso al país a competir con el mundo. Quizás pasarán por malos momentos, pero eso no tiene vuelta de hoja".
Publicado en El Nacional
Las reformas aplicadas tras el Consenso de Washington (1989) y la apertura comercial al mundo en las últimas décadas han permitido estabilizar la situación macroeconómica –la inflación se redujo a un dígito, el desempleo también– y atraer suficiente inversión extranjera –más de 17 millardos de dólares en 2013– para convertir a Colombia en una potencia emergente.
La nación es la cuarta economía de América Latina (detrás de Brasil, México y Argentina), tiene más de una decena de tratados de libre comercio (los más importantes con Estados Unidos y la Unión Europea) y forma parte de los llamados Civets (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Suráfrica), acrónimo usado por The Economist para agrupar a los mercados que se perfilan como más dinámicos en los próximos años.
En materia de seguridad, el Plan Colombia –desarrollado en conjunto con Estados Unidos– permitió detener la expansión de los cultivos de droga y la política de seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) logró desmovilizar a los grupos paramilitares y debilitar a los guerrilleros, que ahora están negociando con el gobierno de Juan Manuel Santos para poner fin a un conflicto armado que comenzó hace 50 años.
Aunque el país sigue teniendo índices delictivos altos (en 2012 hubo 30,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, la séptima peor tasa del mundo), la percepción tanto de los colombianos como de los extranjeros es que ahora es más seguro que hace un cuarto de siglo. Una muestra es que el número de visitantes de otros países aumentó de 500.000 en 2003 a 2,2 millones en 2012, según la Organización Mundial de Turismo.
Desigualdad y desencanto. A pesar de los avances experimentados durante los últimos años, Colombia –como toda potencia emergente– no ha logrado resolver los problemas característicos de los países en desarrollo, empezando por la pobreza. Las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas muestran que 32,2% de la población colombiana es pobre, es decir, casi 14,7 millones de personas.
El alto porcentaje de pobreza en un país cuya economía ha crecido un promedio de 5% anual en la última década y que promete mantener ese ritmo durante los próximos años se debe a que los ingresos generados por ese boom llegan a pocas manos: 1% de la población concentra la quinta parte de la riqueza, según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.
La consecuencia obvia de la combinación entre un elevado índice de pobreza y una alta concentración de la riqueza es la desigualdad social. Un estudio elaborado entre 1990 y 2010 por el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, ONU-Hábitat, muestra que Colombia es la tercera nación más desigual de América Latina, por detrás de República Dominicana y Brasil.
"El gran drama del país es que la bonanza económica no ha logrado convertirse en una bonanza social", apunta la internacionalista Beatriz De Majo. Agrega que la persistencia de la desigualdad social ha traído como consecuencia el desencanto político, reflejado en el hecho de que 53% de los votantes colombianos se abstuvo de participar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el 16 de junio.
El internacionalista Luis Daniel Álvarez coincide en que el desencanto político se ha convertido en una regla. "La abstención electoral es un fenómeno recurrente. Por eso la participación de 47% no generó preocupación. Más bien hubo alegría porque subió 7 puntos en comparación con la primera vuelta. Hay una gran indiferencia en muchos sectores, que ven la política como algo alejado".
¿Cambio de rumbo? De Majo señala que el descuido del aspecto social también ha permitido ganar espacios a los grupos políticos de izquierda, cuyo apoyo a Santos en la segunda vuelta electoral resultó vital para que el mandatario lograra la reelección. "El gobierno colombiano se olvidó del país que está al margen del progreso, pensó que la economía iba a halar al resto de la sociedad y no ha sido así", comenta.
Álvarez comparte la preocupación que tienen algunos sectores en Colombia y en el extranjero por el avance de los izquierdistas y el respaldo que le dieron al presidente reelecto. "Creo que el retroceso institucional que hubo durante el primer período de gobierno de Santos se profundizará por toda la mescolanza ideológica que acompaña ahora al mandatario".
El internacionalista recuerda que el acierto de Colombia para llegar hasta donde está fue establecer reglas claras y fortalecer la independencia de poderes. "La reversión de ese proceso no solo es posible, sino que ya se está dando: la actuación polémica del Poder Ejecutivo frente al Judicial, el uso de la mayoría en ambas cámaras del Congreso, el control de instituciones como la Fiscalía y la Procuraduría".
De Majo reconoce que el panorama político es complicado, pero descarta que suponga algún riesgo para el modelo económico. "Colombia tiene un empresariado sumamente sólido, una economía muy diversa, que nunca ha dependido de un solo producto, y Santos hizo una cosa muy inteligente: puso al país a competir con el mundo. Quizás pasarán por malos momentos, pero eso no tiene vuelta de hoja".
Publicado en El Nacional
jueves, 19 de junio de 2014
Critican beneficios a acusados en caso Da Costa
Abogados criticaron que el Poder Judicial otorgue beneficios procesales a presuntos violadores de derechos humanos, como los acusados como coautores por el crimen de Bassil Da Costa, mientras que mantiene privados de libertad a ciudadanos cuyo delito es ejercer el derecho de protestar.
El Tribunal 48 de Control decidió que el comisario del Sebin José Perdomo, presunto autor material del asesinato, seguirá en prisión durante el juicio; pero otorgó medida cautelar que permitirá a los otros siete involucrados en el caso ser juzgados en libertad.
La decisión beneficia a los funcionarios del Sebin Manuel Pérez, Edgardo Lara, Héctor Rodríguez, Jimmy Sáez y Josner Márquez; al sargento del Ejército Jonathan Rodríguez y al oficial de la PNB Andri Jaspe, acusados por uso indebido de arma orgánica y quebrantamiento de pactos internacionales.
"Siete funcionarios van a juicio en libertad. Sin embargo, Marco Coello, Christian Holdack y Leopoldo López serán juzgados en prisión", señaló Elenis Rodríguez, abogada de la Fundación por los Derechos y Equidad Ciudadana, que lleva el caso Da Costa.
"La pregunta que hacemos es por qué a presuntos violadores de los derechos humanos se les otorgan beneficios de este tipo y a otras personas no; es discriminatorio", dijo Jakeline Sandoval, de la Fundación por el Debido Proceso.
Sandoval agregó que aunque las medidas cautelares otorgadas están ajustadas a derecho, porque los delitos imputados así lo permiten, no son las más apropiadas para mostrar el interés del Estado en respetar los derechos humanos.
El movimiento estudiantil también criticó los beneficios para los funcionarios. "Han recibido un trato excesivamente benigno en comparación con la dureza aplicada a los 3.200 detenidos a lo largo de estos meses de protesta", afirmó Delibeth Briceño.
Publicado en El Nacional
El Tribunal 48 de Control decidió que el comisario del Sebin José Perdomo, presunto autor material del asesinato, seguirá en prisión durante el juicio; pero otorgó medida cautelar que permitirá a los otros siete involucrados en el caso ser juzgados en libertad.
La decisión beneficia a los funcionarios del Sebin Manuel Pérez, Edgardo Lara, Héctor Rodríguez, Jimmy Sáez y Josner Márquez; al sargento del Ejército Jonathan Rodríguez y al oficial de la PNB Andri Jaspe, acusados por uso indebido de arma orgánica y quebrantamiento de pactos internacionales.
"Siete funcionarios van a juicio en libertad. Sin embargo, Marco Coello, Christian Holdack y Leopoldo López serán juzgados en prisión", señaló Elenis Rodríguez, abogada de la Fundación por los Derechos y Equidad Ciudadana, que lleva el caso Da Costa.
"La pregunta que hacemos es por qué a presuntos violadores de los derechos humanos se les otorgan beneficios de este tipo y a otras personas no; es discriminatorio", dijo Jakeline Sandoval, de la Fundación por el Debido Proceso.
Sandoval agregó que aunque las medidas cautelares otorgadas están ajustadas a derecho, porque los delitos imputados así lo permiten, no son las más apropiadas para mostrar el interés del Estado en respetar los derechos humanos.
El movimiento estudiantil también criticó los beneficios para los funcionarios. "Han recibido un trato excesivamente benigno en comparación con la dureza aplicada a los 3.200 detenidos a lo largo de estos meses de protesta", afirmó Delibeth Briceño.
Publicado en El Nacional
miércoles, 18 de junio de 2014
A juicio acusados por asesinato de Da Costa
En la continuación de la audiencia preliminar contra los ocho funcionarios de seguridad imputados por el asesinato del joven Bassil Alejandro Da Costa Frías, que recibió un tiro en la cabeza tras la manifestación estudiantil del 12 de febrero, el juez Nelson Moncada, del Tribunal 48° de Control, decidió que las pruebas promovidas por el Ministerio Público son suficientes para admitir la acusación y enjuiciar a los funcionarios. Además declaró sin lugar las excepciones de la defensa.
El abogado Joel García, de la Fundación por los Derechos y Equidad Ciudadana, informó que ratificaron la privativa de libertad al funcionario del Sebin José Ramón Perdomo, presunto autor material de la muerte de Da Costa, por los delitos de homicidio intencional calificado con alevosía y por motivos innobles en grado de autor, uso indebido de arma orgánica, y quebrantamiento de pactos internacionales.
Señaló que además pasan a juicio en libertad con cautelar y régimen de presentación cada ocho días los funcionarios del Sebin Manuel Pérez, Edgardo Lara, Héctor Rodríguez, Yeimy Sáez y Jonfer Márquez; al sargento del Ejército Jonathan Rodríguez, y al oficial de la Policía Nacional Bolivariana Andri Jaspe. Todos fueron acusados de homicidio calificado, asociación para delinquir y obstaculización de la justicia, uso indebido de arma orgánica, y quebrantamiento de pactos internacionales.
El abogado relató que el Ministerio Público se vio obligado a cambiar de criterio y solicitar medida cautelar para estos funcionarios debido a que sus abogados exigieron el mismo trato que le dieron al también imputado José Miguel Domínguez, quien se encontraba prófugo de la justicia y en fecha 13 de mayo se puso a derecho, y de manera inexplicable, le fue otorgada libertad sin restricciones.
Destacó que José Ramón Perdomo fue sobreseído en cuanto al delito de homicidio calificado de Juan Montoya, conocido como "Guancho".
La madre de Da Costa, Jeneth Frías, declaró antes de la audiencia de ayer que su única aspiración es que los culpables de la muerte de su hijo sean condenados.
Escrito con Dulce María Rodríguez. Publicado en El Nacional
El abogado Joel García, de la Fundación por los Derechos y Equidad Ciudadana, informó que ratificaron la privativa de libertad al funcionario del Sebin José Ramón Perdomo, presunto autor material de la muerte de Da Costa, por los delitos de homicidio intencional calificado con alevosía y por motivos innobles en grado de autor, uso indebido de arma orgánica, y quebrantamiento de pactos internacionales.
Señaló que además pasan a juicio en libertad con cautelar y régimen de presentación cada ocho días los funcionarios del Sebin Manuel Pérez, Edgardo Lara, Héctor Rodríguez, Yeimy Sáez y Jonfer Márquez; al sargento del Ejército Jonathan Rodríguez, y al oficial de la Policía Nacional Bolivariana Andri Jaspe. Todos fueron acusados de homicidio calificado, asociación para delinquir y obstaculización de la justicia, uso indebido de arma orgánica, y quebrantamiento de pactos internacionales.
El abogado relató que el Ministerio Público se vio obligado a cambiar de criterio y solicitar medida cautelar para estos funcionarios debido a que sus abogados exigieron el mismo trato que le dieron al también imputado José Miguel Domínguez, quien se encontraba prófugo de la justicia y en fecha 13 de mayo se puso a derecho, y de manera inexplicable, le fue otorgada libertad sin restricciones.
Destacó que José Ramón Perdomo fue sobreseído en cuanto al delito de homicidio calificado de Juan Montoya, conocido como "Guancho".
La madre de Da Costa, Jeneth Frías, declaró antes de la audiencia de ayer que su única aspiración es que los culpables de la muerte de su hijo sean condenados.
Escrito con Dulce María Rodríguez. Publicado en El Nacional
martes, 17 de junio de 2014
Biden: Venezuela es una democracia débil
El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que Venezuela es un ejemplo del debilitamiento de las instituciones democráticas, en una entrevista publicada ayer por el diario Folha de Sao Paulo.
En respuesta a una pregunta sobre la dificultad de Washington para trabajar con mandatarios de izquierda elegidos democráticamente en América Latina, Biden afirmó que el presidente Barack Obama se ha esforzado por mejorar la relación con los gobiernos de la región, independientemente del ámbito ideológico.
El objetivo ha sido fomentar una agenda positiva basada en impulsar intereses comunes y afrontar desafíos compartidos, añadió. "El continente está pasando por desafíos como la consolidación democrática y Venezuela es un caso emblemático del debilitamiento de las instituciones democráticas", sostuvo.
Biden afirmó que ha tenido encuentros con la mayoría de los mandatarios de América Latina y se ha inspirado con sus historias: "Hombres y mujeres que sufrieron en la dictadura y ahora son líderes de algunas de las sociedades más vibrantes e inclusivas". Agregó que muchos presidentes de la región entienden "la importancia de mantener una posición equilibrada y apoyar las instituciones democráticas sólidas para preservar los derechos de todos".
Publicado en El Nacional
En respuesta a una pregunta sobre la dificultad de Washington para trabajar con mandatarios de izquierda elegidos democráticamente en América Latina, Biden afirmó que el presidente Barack Obama se ha esforzado por mejorar la relación con los gobiernos de la región, independientemente del ámbito ideológico.
El objetivo ha sido fomentar una agenda positiva basada en impulsar intereses comunes y afrontar desafíos compartidos, añadió. "El continente está pasando por desafíos como la consolidación democrática y Venezuela es un caso emblemático del debilitamiento de las instituciones democráticas", sostuvo.
Biden afirmó que ha tenido encuentros con la mayoría de los mandatarios de América Latina y se ha inspirado con sus historias: "Hombres y mujeres que sufrieron en la dictadura y ahora son líderes de algunas de las sociedades más vibrantes e inclusivas". Agregó que muchos presidentes de la región entienden "la importancia de mantener una posición equilibrada y apoyar las instituciones democráticas sólidas para preservar los derechos de todos".
Publicado en El Nacional
En vigencia póliza única de salud individual
La póliza única de salud individual, creada con la providencia de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora el 16 de diciembre de 2013, entró en vigencia ayer, tras cumplirse el plazo de seis meses que el organismo regulador otorgó a las empresas del sector para hacer los ajustes necesarios.
Una de las condiciones que la Superintendencia de la Actividad Aseguradora estableció para la póliza única es que se deben ofrecer 27 opciones de cobertura (con montos de 20.000 a 150.000 bolívares) y 30 alternativas de deducibles (de 0 a 30.000 bolívares) para permitir al asegurado escoger el plan de su preferencia.
En el caso de pólizas colectivas de salud individual, el organismo fijó los descuentos máximos sobre la prima anual que las empresas pueden hacer en función de la cantidad de asegurados: desde 4% para entre 10 y 50 personas hasta 25% cuando son más de 2.500 personas.
Otras condiciones son que el pago de la indemnización debe hacerse en un plazo de 30 días continuos contados a partir de la recepción del último recaudo, que el rechazo de una solicitud de indemnización deberá ser justificado por escrito al asegurado y que la cobertura máxima se aplica por cada enfermedad o accidente.
En el caso de reembolsos, el asegurado deberá notificar la recepción del producto o servicio en un máximo de 10 días hábiles y consignar los recaudos en los 20 días hábiles siguientes; mientras que para solicitar una carta aval deberá entregar los requisitos por lo menos 7 días hábiles antes de la intervención quirúrgica.
Publicado en El Nacional
Una de las condiciones que la Superintendencia de la Actividad Aseguradora estableció para la póliza única es que se deben ofrecer 27 opciones de cobertura (con montos de 20.000 a 150.000 bolívares) y 30 alternativas de deducibles (de 0 a 30.000 bolívares) para permitir al asegurado escoger el plan de su preferencia.
En el caso de pólizas colectivas de salud individual, el organismo fijó los descuentos máximos sobre la prima anual que las empresas pueden hacer en función de la cantidad de asegurados: desde 4% para entre 10 y 50 personas hasta 25% cuando son más de 2.500 personas.
Otras condiciones son que el pago de la indemnización debe hacerse en un plazo de 30 días continuos contados a partir de la recepción del último recaudo, que el rechazo de una solicitud de indemnización deberá ser justificado por escrito al asegurado y que la cobertura máxima se aplica por cada enfermedad o accidente.
En el caso de reembolsos, el asegurado deberá notificar la recepción del producto o servicio en un máximo de 10 días hábiles y consignar los recaudos en los 20 días hábiles siguientes; mientras que para solicitar una carta aval deberá entregar los requisitos por lo menos 7 días hábiles antes de la intervención quirúrgica.
Publicado en El Nacional
sábado, 14 de junio de 2014
Fiscalía ha hecho acusaciones en 11 casos de muertes en protestas
El Ministerio Público ha acusado a los presuntos responsables de 11 de las 42 muertes ocurridas durante las protestas que se han registrado en las principales ciudades del país a partir de febrero, de acuerdo con lo expresado por la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, en su programa de radio.
El informe más reciente de la Fiscalía sobre las manifestaciones, publicado ayer, indica que han fallecido 32 civiles y 10 funcionarios, policiales o militares; mientras que 873 personas han resultado lesionadas: 595 civiles y 278 funcionarios.
Más de la mitad de las muertes han ocurrido en el área metropolitana de Caracas (12) y Carabobo (10). También se han registrado fallecidos en otros siete estados: Táchira (7), Mérida (4), Aragua (3), Lara (2), Zulia (2), Miranda (1) y Sucre (1). Estas entidades también concentran el mayor número de heridos durante las protestas.
El informe que hace el Ministerio Público precisa que dos de las muertes ocurridas durante las manifestaciones de los últimos meses son llevadas por la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales, que es la unidad encargada de investigar las violaciones de los derechos humanos.
Esa dirección ha abierto hasta el 11 de junio un total de 189 investigaciones: 185 por tratos crueles, 2 por tortura y 2 por homicidio consumado. Como resultado de sus pesquisas, hay 13 funcionarios detenidos, 5 con medidas cautelares (presentación ante tribunales cada 30 días) y 2 órdenes de captura pendientes por ejecutar.
El informe de la Fiscalía también revela que los cuerpos de seguridad del Estado han detenido a 3.306 personas por las manifestaciones, de las cuales 2.906 son adultos y 400 son menores de edad, lo que representa 12% del total. Casi un tercio de las personas (1.000) han sido capturadas en el área metropolitana de Caracas.
En el interior del país, los estados con más detenidos son Zulia (374), Táchira (303) y Carabobo (300). En Anzoátegui, Aragua, Barinas, Bolívar, Lara y Miranda el número de capturados supera el centenar. Amazonas y Delta Amacuro son las únicas entidades donde no ha habido aprehendidos en relación con las protestas.
El documento precisa que 148 personas siguen en prisión. Ortega Díaz afirmó en su programa de radio que solo 15 de ellas han acreditado su condición de estudiante. Estas últimas cifras de la Fiscalía contrastan con las que maneja el Foro Penal Venezolano, que sitúa el número de personas que aún está detenida en 113, incluidos 50 estudiantes.
Publicado en El Nacional
El informe más reciente de la Fiscalía sobre las manifestaciones, publicado ayer, indica que han fallecido 32 civiles y 10 funcionarios, policiales o militares; mientras que 873 personas han resultado lesionadas: 595 civiles y 278 funcionarios.
Más de la mitad de las muertes han ocurrido en el área metropolitana de Caracas (12) y Carabobo (10). También se han registrado fallecidos en otros siete estados: Táchira (7), Mérida (4), Aragua (3), Lara (2), Zulia (2), Miranda (1) y Sucre (1). Estas entidades también concentran el mayor número de heridos durante las protestas.
El informe que hace el Ministerio Público precisa que dos de las muertes ocurridas durante las manifestaciones de los últimos meses son llevadas por la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales, que es la unidad encargada de investigar las violaciones de los derechos humanos.
Esa dirección ha abierto hasta el 11 de junio un total de 189 investigaciones: 185 por tratos crueles, 2 por tortura y 2 por homicidio consumado. Como resultado de sus pesquisas, hay 13 funcionarios detenidos, 5 con medidas cautelares (presentación ante tribunales cada 30 días) y 2 órdenes de captura pendientes por ejecutar.
El informe de la Fiscalía también revela que los cuerpos de seguridad del Estado han detenido a 3.306 personas por las manifestaciones, de las cuales 2.906 son adultos y 400 son menores de edad, lo que representa 12% del total. Casi un tercio de las personas (1.000) han sido capturadas en el área metropolitana de Caracas.
En el interior del país, los estados con más detenidos son Zulia (374), Táchira (303) y Carabobo (300). En Anzoátegui, Aragua, Barinas, Bolívar, Lara y Miranda el número de capturados supera el centenar. Amazonas y Delta Amacuro son las únicas entidades donde no ha habido aprehendidos en relación con las protestas.
El documento precisa que 148 personas siguen en prisión. Ortega Díaz afirmó en su programa de radio que solo 15 de ellas han acreditado su condición de estudiante. Estas últimas cifras de la Fiscalía contrastan con las que maneja el Foro Penal Venezolano, que sitúa el número de personas que aún está detenida en 113, incluidos 50 estudiantes.
Publicado en El Nacional
viernes, 13 de junio de 2014
Advierten que amedrentan a activistas de derechos humanos
Abogados y activistas de derechos humanos advirtieron sobre la intención del gobierno de intimidar y amedrentar a defensores en esa materia con acciones como la citación a Tamara Suju, del Foro Penal Venezolano, para que declarara ayer en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.
"Cuando se cita a una activista de una organización que ha venido atendiendo a los estudiantes y a las otras personas detenidas (más de 3.100 hasta la fecha) en las manifestaciones contra el gobierno, eso se puede ver como una forma de intimidar", declaró Alfredo Romero, director del FPV.
Añadió que es sospechoso que la citación a Suju llegara el miércoles, un día después de que ella estuvo junto con otros abogados y activistas en la presentación de un informe sobre las violaciones de derechos humanos en las protestas de los últimos meses. "Es algo que nos preocupa".
Dijo que el Ministerio Público debería llamar a los abogados y activistas de manera cordial para evaluar y cotejar los casos que llevan, en vez de citarlos a declarar sin motivo alguno. Opinó que esto afecta a la comunidad de organizaciones de derechos humanos.
"Hemos tenido reuniones con la fiscal Luisa Ortega Díaz y solicitamos otra. También con la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez. Porque los abogados y activistas formamos parte del sistema de justicia y del sistema de protección de derechos humanos establecido en la Constitución", señaló Romero.
La abogada Elenis Rodríguez, de la Fundación por los Derechos y Equidad Ciudadana, afirmó que la citación de Suju es otra demostración de que cada día el gobierno tiene más miedo a las personas que protestan en la calle y a quienes las defienden, que son los activistas de derechos humanos.
Rodríguez instó a la Fiscalía a actuar en casos como el del asesino de Adriana Urquiola, que debía cumplir una condena de 26 años de cárcel y quedó en libertad gracias al plan cayapa judicial, en vez de hacerlo contra defensores de derechos humanos. "Nuestras únicas armas son la Constitución y las leyes", dijo.
Causa desconocida. Alfredo Romero acudió al Sebin junto con otros integrantes del FPV y representantes de otras organizaciones de derechos humanos, como Elenis Rodríguez, de Fundeci, y Marino Alvarado, de Provea, para acompañar a Tamara Suju, que atendió la citación a declarar a pesar de que desconocía el motivo.
"Vengo como abogada que no la debe y no la teme, porque lo que hemos hecho desde el Foro Penal es defender a los detenidos durante las manifestaciones y denunciar las violaciones de los derechos humanos", declaró Suju antes de entrar.
En el interrogatorio, que duró dos horas y media, la abogada se enteró de que la causa por la cual fue citada está relacionada con el allanamiento a una quinta de la urbanización Sebucán, en Caracas, en algún momento de los últimos meses. "Me preguntaron por los dueños de la casa y una serie de personas que no conozco", dijo.
Añadió que entre los mencionados en el interrogatorio solo conoce de trato al dirigente estudiantil Vilcar Fernández, compañero de Nixon Moreno, de cuya defensa ella formó parte.
Respaldó la tesis de sus colegas: "Creo que esta citación forma parte de la intimidación del gobierno contra los defensores de los derechos humanos. Porque varios funcionarios han involucrado a activistas en el supuesto plan golpista que denuncian".
Publicado en El Nacional
"Cuando se cita a una activista de una organización que ha venido atendiendo a los estudiantes y a las otras personas detenidas (más de 3.100 hasta la fecha) en las manifestaciones contra el gobierno, eso se puede ver como una forma de intimidar", declaró Alfredo Romero, director del FPV.
Añadió que es sospechoso que la citación a Suju llegara el miércoles, un día después de que ella estuvo junto con otros abogados y activistas en la presentación de un informe sobre las violaciones de derechos humanos en las protestas de los últimos meses. "Es algo que nos preocupa".
Dijo que el Ministerio Público debería llamar a los abogados y activistas de manera cordial para evaluar y cotejar los casos que llevan, en vez de citarlos a declarar sin motivo alguno. Opinó que esto afecta a la comunidad de organizaciones de derechos humanos.
"Hemos tenido reuniones con la fiscal Luisa Ortega Díaz y solicitamos otra. También con la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez. Porque los abogados y activistas formamos parte del sistema de justicia y del sistema de protección de derechos humanos establecido en la Constitución", señaló Romero.
La abogada Elenis Rodríguez, de la Fundación por los Derechos y Equidad Ciudadana, afirmó que la citación de Suju es otra demostración de que cada día el gobierno tiene más miedo a las personas que protestan en la calle y a quienes las defienden, que son los activistas de derechos humanos.
Rodríguez instó a la Fiscalía a actuar en casos como el del asesino de Adriana Urquiola, que debía cumplir una condena de 26 años de cárcel y quedó en libertad gracias al plan cayapa judicial, en vez de hacerlo contra defensores de derechos humanos. "Nuestras únicas armas son la Constitución y las leyes", dijo.
Causa desconocida. Alfredo Romero acudió al Sebin junto con otros integrantes del FPV y representantes de otras organizaciones de derechos humanos, como Elenis Rodríguez, de Fundeci, y Marino Alvarado, de Provea, para acompañar a Tamara Suju, que atendió la citación a declarar a pesar de que desconocía el motivo.
"Vengo como abogada que no la debe y no la teme, porque lo que hemos hecho desde el Foro Penal es defender a los detenidos durante las manifestaciones y denunciar las violaciones de los derechos humanos", declaró Suju antes de entrar.
En el interrogatorio, que duró dos horas y media, la abogada se enteró de que la causa por la cual fue citada está relacionada con el allanamiento a una quinta de la urbanización Sebucán, en Caracas, en algún momento de los últimos meses. "Me preguntaron por los dueños de la casa y una serie de personas que no conozco", dijo.
Añadió que entre los mencionados en el interrogatorio solo conoce de trato al dirigente estudiantil Vilcar Fernández, compañero de Nixon Moreno, de cuya defensa ella formó parte.
Respaldó la tesis de sus colegas: "Creo que esta citación forma parte de la intimidación del gobierno contra los defensores de los derechos humanos. Porque varios funcionarios han involucrado a activistas en el supuesto plan golpista que denuncian".
Publicado en El Nacional
jueves, 12 de junio de 2014
Denuncian que Fiscalía trabajó el caso Bassil Da Costa de espaldas a la familia
Ayer comenzó la audiencia preliminar contra los ocho funcionarios de seguridad imputados por el asesinato del joven carpintero Bassil Alejandro Da Costa Frías, de 24 años de edad, que recibió un disparo en la cabeza el 12 de febrero en la esquina de Tracabordo, a escasos metros del Ministerio Público.
Al final de la tarde el Tribunal 48° de Control solicitó diferir la audiencia para el martes 17 de junio, a las 10:00 am.
Abogados de Fundeci que representan a la madre de Bassil Da Costa, Jeneth Frías, denunciaron que la Fiscalía no la notificó de la investigación. "Ella se enteró de que había detenidos e imputados a través de los medios de comunicación. Ni el Ministerio Público ni los cuerpos policiales la contactaron. Eso es irregular porque ella es una víctima indirecta en ese homicidio y además es la madre. La investigación se hizo a espaldas de la víctima", denunció Joel García, de Fundeci.
Precisó que Frías entró en contacto con la ONG el 14 de abril, tres días después de que la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, anunció la presentación del acto conclusivo, en el que acusó al comisario del Sebin José Perdomo como presunto autor material bajo los cargos de homicidio intencional calificado con alevosía, uso indebido de arma orgánica y quebrantamiento de pacto internacional.
Además de Perdomo, el MP acusó a otros cinco Sebin (Manuel Pérez, Edgardo Lara, Héctor Rodríguez, Jimmy Sáez y Josner Márquez), al sargento del Ejército Jonathan Rodríguez y al oficial de la PNB Andri Jaspe por uso indebido de arma orgánica y quebrantamiento de pactos internacionales en grado de coautores.
La Fiscalía solicitó que se mantenga la privativa de libertad de los funcionarios imputados mientras se reanuda la audiencia preliminar.
Dolor de madre. "Mi hijo era sano, deportista, con principios y valores, y por alzar su voz ustedes lo asesinaron, él tenía derecho de vivir. ¿No estamos en un gobierno democrático?", dijo durante la audiencia la madre de Bassil Da Costa a los ocho funcionarios, en especial a Perdomo Camacho.
"Dejemos los odios, ese que usaron el Día de la Juventud cuando me arrancaron a mi Bassil y hasta la esperanza de ser abuela", recalcó Jeneth Frías.
El abogado Joel García precisó que Fundeci se plegó a la acusación fiscal porque las dificultades de acceso al expediente les impidieron promover elementos probatorios propios. "La Fiscalía pidió el pase a juicio de todos los imputados privados de libertad porque se trata de un delito contra los derechos humanos. Estamos de acuerdo con los elementos promovidos por el MP", indicó antes de entrar a la audiencia que comenzó pasadas las 3:00 pm.
Detalló que el tribunal impuso horarios para sacar copias al expediente y que el documento solo podía salir con un funcionario del tribunal.
Tercer imputado. En la segunda audiencia por el homicidio de Geraldine Moreno, que falleció el 22 de febrero a consecuencia de los disparos de perdigón que recibió en la cara durante una protesta antigubernamental realizada tres días antes, la Fiscalía imputó a otro funcionario de la GNB.
Por este caso ya estaban acusados dos funcionarios de la GNB, Paola Barroso y Franklin García, privados de libertad en el Comando Regional número 2, en Valencia, desde principios de mayo, cuando fueron puestos a la orden del Ministerio Público por el comandante general de ese cuerpo, mayor general Justo Noguera Pietri.
"El tribunal ordenó detener al tercer imputado, de apellido Bonilla, que será enviado al Comando Regional número 25, en Puerto Cabello", informó Rosa Orozco, madre de Moreno, al salir de la audiencia.
Orozco agregó que todavía no se ha establecido una fecha para la próxima audiencia, pero aclaró que debería realizarse alrededor del 22 de junio, cuando los 2 primeros imputados cumplen 45 días detenidos.
Escrito con Maru Morales. Publicado en El Nacional
Al final de la tarde el Tribunal 48° de Control solicitó diferir la audiencia para el martes 17 de junio, a las 10:00 am.
Abogados de Fundeci que representan a la madre de Bassil Da Costa, Jeneth Frías, denunciaron que la Fiscalía no la notificó de la investigación. "Ella se enteró de que había detenidos e imputados a través de los medios de comunicación. Ni el Ministerio Público ni los cuerpos policiales la contactaron. Eso es irregular porque ella es una víctima indirecta en ese homicidio y además es la madre. La investigación se hizo a espaldas de la víctima", denunció Joel García, de Fundeci.
Precisó que Frías entró en contacto con la ONG el 14 de abril, tres días después de que la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, anunció la presentación del acto conclusivo, en el que acusó al comisario del Sebin José Perdomo como presunto autor material bajo los cargos de homicidio intencional calificado con alevosía, uso indebido de arma orgánica y quebrantamiento de pacto internacional.
Además de Perdomo, el MP acusó a otros cinco Sebin (Manuel Pérez, Edgardo Lara, Héctor Rodríguez, Jimmy Sáez y Josner Márquez), al sargento del Ejército Jonathan Rodríguez y al oficial de la PNB Andri Jaspe por uso indebido de arma orgánica y quebrantamiento de pactos internacionales en grado de coautores.
La Fiscalía solicitó que se mantenga la privativa de libertad de los funcionarios imputados mientras se reanuda la audiencia preliminar.
Dolor de madre. "Mi hijo era sano, deportista, con principios y valores, y por alzar su voz ustedes lo asesinaron, él tenía derecho de vivir. ¿No estamos en un gobierno democrático?", dijo durante la audiencia la madre de Bassil Da Costa a los ocho funcionarios, en especial a Perdomo Camacho.
"Dejemos los odios, ese que usaron el Día de la Juventud cuando me arrancaron a mi Bassil y hasta la esperanza de ser abuela", recalcó Jeneth Frías.
El abogado Joel García precisó que Fundeci se plegó a la acusación fiscal porque las dificultades de acceso al expediente les impidieron promover elementos probatorios propios. "La Fiscalía pidió el pase a juicio de todos los imputados privados de libertad porque se trata de un delito contra los derechos humanos. Estamos de acuerdo con los elementos promovidos por el MP", indicó antes de entrar a la audiencia que comenzó pasadas las 3:00 pm.
Detalló que el tribunal impuso horarios para sacar copias al expediente y que el documento solo podía salir con un funcionario del tribunal.
Tercer imputado. En la segunda audiencia por el homicidio de Geraldine Moreno, que falleció el 22 de febrero a consecuencia de los disparos de perdigón que recibió en la cara durante una protesta antigubernamental realizada tres días antes, la Fiscalía imputó a otro funcionario de la GNB.
Por este caso ya estaban acusados dos funcionarios de la GNB, Paola Barroso y Franklin García, privados de libertad en el Comando Regional número 2, en Valencia, desde principios de mayo, cuando fueron puestos a la orden del Ministerio Público por el comandante general de ese cuerpo, mayor general Justo Noguera Pietri.
"El tribunal ordenó detener al tercer imputado, de apellido Bonilla, que será enviado al Comando Regional número 25, en Puerto Cabello", informó Rosa Orozco, madre de Moreno, al salir de la audiencia.
Orozco agregó que todavía no se ha establecido una fecha para la próxima audiencia, pero aclaró que debería realizarse alrededor del 22 de junio, cuando los 2 primeros imputados cumplen 45 días detenidos.
Escrito con Maru Morales. Publicado en El Nacional
martes, 3 de junio de 2014
Abdicación de Juan Carlos obliga a legislar sobre la sucesión real
España es una monarquía parlamentaria desde 1978, sin embargo, carece de leyes que regulen el procedimiento para la sucesión de la corona. Por eso la abdicación del rey Juan Carlos, anunciada ayer, obligará a aprobar una legislación que establezca los pasos para que el príncipe Felipe asuma el cargo de su padre.
Al momento de comunicar al país la decisión del monarca, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, convocó una reunión extraordinaria del consejo de ministros para hoy con el fin de aprobar el proyecto de ley y enviarlo al Parlamento, que lo tramitará con carácter de urgencia.
Rajoy destacó la importancia histórica del reinado de Juan Carlos y garantizó que la sucesión no supondrá un problema para España. "Este proceso se va a desarrollar con plena normalidad, en un contexto de estabilidad institucional. Espero que en un plazo muy breve las cortes generales proclamen como rey a Felipe de Borbón", dijo.
La normativa, además de precisar cómo será el trámite sucesorio, debería aclarar otros aspectos relacionados con la abdicación que tampoco están reglamentados, entre ellos el estatus jurídico y los derechos que tendrán Juan Carlos y la reina Sofía al dejar de ser monarcas.
Sin obstáculos. La Constitución de España obliga a que la sucesión real sea regulada por una ley orgánica, por lo cual se requerirá mayoría absoluta tanto en el Congreso de Diputados como en el Senado para sacar adelante la normativa. Pero no se espera que eso represente un obstáculo.
El Partido Popular (en el gobierno) y el Partido Socialista Obrero Español (principal de la oposición) siempre han respaldado a la monarquía –forma de gobierno establecida en la Constitución de 1978, aprobada en referendo por los españoles– y cuentan con los votos suficientes para aprobar la ley.
Algunos partidos políticos, sin embargo, han aprovechado la abdicación del rey para exigir que se debata sobre la continuidad de la monarquía –una institución cuya imagen se ha deteriorado en los últimos años– e incluso lograron reunir a miles de personas en varias ciudades del país para apoyar la causa republicana.
"Es el momento de dar la palabra al pueblo", dijo Cayo Lara, coordinador general de Izquierda Unida, en la concentración en la Puerta del Sol de Madrid. "La democracia del siglo XXI exige que se convoque un referendo vinculante para decidir si se quiere república o monarquía", agregó Willy Meyer, eurodiputado de IU.
"Lo que toca es dejar que la gente vote, que los españoles tengan el derecho a decidir su futuro. Hay que dar pasos y si las élites políticas no tienen ese valor que se quiten del medio porque algunos estamos dispuestos a darlos", afirmó Pablo Iglesias, del partido Podemos, el cuarto más votado en las últimas elecciones europeas.
En Cataluña y País Vasco las reacciones se enfocaron en las causas soberanistas. El presidente de la generalidad catalana, Artur Mas, aclaró que la decisión del rey no tendrá consecuencias en la consulta prevista para noviembre. El lehendakari, Iñigo Urkullu, aseguró que abre una posibilidad de resolver la cuestión vasca.
Publicado en El Nacional
Al momento de comunicar al país la decisión del monarca, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, convocó una reunión extraordinaria del consejo de ministros para hoy con el fin de aprobar el proyecto de ley y enviarlo al Parlamento, que lo tramitará con carácter de urgencia.
Rajoy destacó la importancia histórica del reinado de Juan Carlos y garantizó que la sucesión no supondrá un problema para España. "Este proceso se va a desarrollar con plena normalidad, en un contexto de estabilidad institucional. Espero que en un plazo muy breve las cortes generales proclamen como rey a Felipe de Borbón", dijo.
La normativa, además de precisar cómo será el trámite sucesorio, debería aclarar otros aspectos relacionados con la abdicación que tampoco están reglamentados, entre ellos el estatus jurídico y los derechos que tendrán Juan Carlos y la reina Sofía al dejar de ser monarcas.
Sin obstáculos. La Constitución de España obliga a que la sucesión real sea regulada por una ley orgánica, por lo cual se requerirá mayoría absoluta tanto en el Congreso de Diputados como en el Senado para sacar adelante la normativa. Pero no se espera que eso represente un obstáculo.
El Partido Popular (en el gobierno) y el Partido Socialista Obrero Español (principal de la oposición) siempre han respaldado a la monarquía –forma de gobierno establecida en la Constitución de 1978, aprobada en referendo por los españoles– y cuentan con los votos suficientes para aprobar la ley.
Algunos partidos políticos, sin embargo, han aprovechado la abdicación del rey para exigir que se debata sobre la continuidad de la monarquía –una institución cuya imagen se ha deteriorado en los últimos años– e incluso lograron reunir a miles de personas en varias ciudades del país para apoyar la causa republicana.
"Es el momento de dar la palabra al pueblo", dijo Cayo Lara, coordinador general de Izquierda Unida, en la concentración en la Puerta del Sol de Madrid. "La democracia del siglo XXI exige que se convoque un referendo vinculante para decidir si se quiere república o monarquía", agregó Willy Meyer, eurodiputado de IU.
"Lo que toca es dejar que la gente vote, que los españoles tengan el derecho a decidir su futuro. Hay que dar pasos y si las élites políticas no tienen ese valor que se quiten del medio porque algunos estamos dispuestos a darlos", afirmó Pablo Iglesias, del partido Podemos, el cuarto más votado en las últimas elecciones europeas.
En Cataluña y País Vasco las reacciones se enfocaron en las causas soberanistas. El presidente de la generalidad catalana, Artur Mas, aclaró que la decisión del rey no tendrá consecuencias en la consulta prevista para noviembre. El lehendakari, Iñigo Urkullu, aseguró que abre una posibilidad de resolver la cuestión vasca.
Publicado en El Nacional
domingo, 1 de junio de 2014
China fue el país que firmó más acuerdos con Venezuela en 2013
China se mantuvo como el principal aliado -y financista- de Venezuela, al ser la nación con la cual el gobierno suscribió más acuerdos en 2013, según la memoria y cuenta del Ministerio de Relaciones Exteriores. El documento indica que el año pasado se firmaron 221 convenios con 25 países, de los cuales 33 fueron con la potencia asiática.
Los pactos con China representaron una de las principales fuentes de financiamiento del gobierno, ya que incluyeron un préstamo por 5 millardos de dólares para proyectos de desarrollo, otro por 691 millones de dólares para elaborar el mapa minero y un aporte adicional de 500 millones de dólares al Fondo Conjunto Chino-Venezolano.
Los acuerdos suscritos con el país asiático también prevén la instalación de una planta para producir baterías de litio, la puesta en marcha de líneas de ensamblaje de equipos de telecomunicaciones, la ampliación de dos centrales azucareros y otros proyectos en áreas como agricultura, construcción, energía e industria.
La rendición de cuentas de la Cancillería muestra que la mitad de los convenios firmados en 2013 fueron con 5 países que están entre los principales aliados del gobierno desde la llegada al poder del fallecido presidente Hugo Chávez. En la lista están, además de China, Argentina (21), Portugal (21), Uruguay (18) y Rusia (17). Pekín y Buenos Aires también fueron los gobiernos con los que Caracas firmó más acuerdos en 2012.
Con Argentina, se pactó la importación de vehículos y de productos de origen animal y la instalación de plantas procesadoras de Stevia (endulzante) y galletas, entre otros proyectos. Con Uruguay, se renovó el compromiso para suministrar petróleo y se acordó cooperar en materia de aviación, defensa, electricidad, energía y puertos.
Los convenios suscritos con Portugal estuvieron relacionados con las computadoras Canaima y la construcción de obras como otra autopista entre Caracas y La Guaira y 12.000 viviendas. Los pactos con Rusia estuvieron concentrados en el área de hidrocarburos.
Venezuela también firmó el año pasado 14 convenios con India; 7 con Bolivia; 5 con Guyana; 4 con Brasil y Nicaragua; 3 con Cuba y Guinea; 2 con Camerún, Colombia, Ecuador, Indonesia, Palestina, Panamá y Túnez; y uno con Angola, Belarús, España, Haití, Holanda y Polonia.
La mayoría de los acuerdos fueron suscritos durante las visitas gubernamentales a 26 países, el recibimiento en Venezuela de delegaciones de 14 naciones y las reuniones presidenciales con 13 jefes de Estado y de gobierno.
Ineficiencia. La memoria y cuenta también muestra que de los 14 proyectos previstos por la Cancillería para 2013 sólo se completaron 2: el fortalecimiento de la presencia de Venezuela en los organismos multilaterales y la readecuación de sedes en el exterior.
Otros 5 proyectos superaron 50% de cumplimiento, encabezados por la formación integral en relaciones internacionales y política exterior del personal del ministerio, los organismos gubernamentales y colectivos organizados, que se ejecutó en 78,9%.
La consolidación de la planificación estratégica de los despachos de viceministros con sus misiones diplomáticas se cumplió en 63%, mientras que la modernización de las instalaciones de la Cancillería se ejecutó en 55%.
En este grupo también están el reimpulso de la nueva institucionalidad bolivariana en el ministerio (54%) y el empoderamiento de las comunidades a través de su participación activa en el proceso de la planificación de la política exterior (50%).
La mitad de los proyectos ni siquiera se realizaron a medias, incluidos el reimpulso del intercambio cultural, educativo y científico; el fortalecimiento de la presencia del país en América Latina, en África y en Europa; y la ejecución de iniciativas estratégicas de alto impacto geopolítico en el exterior por parte de las misiones diplomáticas.
En esta lista destaca el proyecto de identificación del límite internacional en la frontera fluvial del río Arauca con Colombia mediante la elaboración de estudios multidisciplinarios, que sólo tuvo un avance de 14%.
Hubo 2 proyectos que se quedaron en 0% de ejecución: fortalecimiento de la presencia de Venezuela en América del Norte(Canadá y Estados Unidos) y en Asia, Medio Oriente y Oceanía.
Publicado en El Nacional
Los pactos con China representaron una de las principales fuentes de financiamiento del gobierno, ya que incluyeron un préstamo por 5 millardos de dólares para proyectos de desarrollo, otro por 691 millones de dólares para elaborar el mapa minero y un aporte adicional de 500 millones de dólares al Fondo Conjunto Chino-Venezolano.
Los acuerdos suscritos con el país asiático también prevén la instalación de una planta para producir baterías de litio, la puesta en marcha de líneas de ensamblaje de equipos de telecomunicaciones, la ampliación de dos centrales azucareros y otros proyectos en áreas como agricultura, construcción, energía e industria.
La rendición de cuentas de la Cancillería muestra que la mitad de los convenios firmados en 2013 fueron con 5 países que están entre los principales aliados del gobierno desde la llegada al poder del fallecido presidente Hugo Chávez. En la lista están, además de China, Argentina (21), Portugal (21), Uruguay (18) y Rusia (17). Pekín y Buenos Aires también fueron los gobiernos con los que Caracas firmó más acuerdos en 2012.
Con Argentina, se pactó la importación de vehículos y de productos de origen animal y la instalación de plantas procesadoras de Stevia (endulzante) y galletas, entre otros proyectos. Con Uruguay, se renovó el compromiso para suministrar petróleo y se acordó cooperar en materia de aviación, defensa, electricidad, energía y puertos.
Los convenios suscritos con Portugal estuvieron relacionados con las computadoras Canaima y la construcción de obras como otra autopista entre Caracas y La Guaira y 12.000 viviendas. Los pactos con Rusia estuvieron concentrados en el área de hidrocarburos.
Venezuela también firmó el año pasado 14 convenios con India; 7 con Bolivia; 5 con Guyana; 4 con Brasil y Nicaragua; 3 con Cuba y Guinea; 2 con Camerún, Colombia, Ecuador, Indonesia, Palestina, Panamá y Túnez; y uno con Angola, Belarús, España, Haití, Holanda y Polonia.
La mayoría de los acuerdos fueron suscritos durante las visitas gubernamentales a 26 países, el recibimiento en Venezuela de delegaciones de 14 naciones y las reuniones presidenciales con 13 jefes de Estado y de gobierno.
Ineficiencia. La memoria y cuenta también muestra que de los 14 proyectos previstos por la Cancillería para 2013 sólo se completaron 2: el fortalecimiento de la presencia de Venezuela en los organismos multilaterales y la readecuación de sedes en el exterior.
Otros 5 proyectos superaron 50% de cumplimiento, encabezados por la formación integral en relaciones internacionales y política exterior del personal del ministerio, los organismos gubernamentales y colectivos organizados, que se ejecutó en 78,9%.
La consolidación de la planificación estratégica de los despachos de viceministros con sus misiones diplomáticas se cumplió en 63%, mientras que la modernización de las instalaciones de la Cancillería se ejecutó en 55%.
En este grupo también están el reimpulso de la nueva institucionalidad bolivariana en el ministerio (54%) y el empoderamiento de las comunidades a través de su participación activa en el proceso de la planificación de la política exterior (50%).
La mitad de los proyectos ni siquiera se realizaron a medias, incluidos el reimpulso del intercambio cultural, educativo y científico; el fortalecimiento de la presencia del país en América Latina, en África y en Europa; y la ejecución de iniciativas estratégicas de alto impacto geopolítico en el exterior por parte de las misiones diplomáticas.
En esta lista destaca el proyecto de identificación del límite internacional en la frontera fluvial del río Arauca con Colombia mediante la elaboración de estudios multidisciplinarios, que sólo tuvo un avance de 14%.
Hubo 2 proyectos que se quedaron en 0% de ejecución: fortalecimiento de la presencia de Venezuela en América del Norte(Canadá y Estados Unidos) y en Asia, Medio Oriente y Oceanía.
Publicado en El Nacional
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)