Petróleos de Venezuela ha gastado hasta 60% más por los buques encargados al Astillero Río Santiago de Argentina en 2004, como parte de los acuerdos firmados por ambos países durante los mandatos de los presidentes Hugo Chávez y Néstor Kirchner, informó el diario Clarín.
El precio de los barcos está alrededor de 75 millones de dólares, según los trabajadores del astillero, pero fuentes no identificadas por Clarín dijeron que la petrolera venezolana ha pagado 120 millones de dólares (60% más) por las embarcaciones que la naviera argentina le está construyendo.
Además, el presidente de Río Santiago, Héctor Scavuzzo, admitió en una entrevista con la Radio Nacional de Argentina (pública) que el contrato con Pdvsa establece la fabricación de 2 buques con un valor unitario de 112 millones de dólares, es decir, 49% más que el costo de este tipo de barcos.
Clarín recuerda que el anuncio original de Chávez fue la compra de ocho tanqueros, pero que al final Pdvsa solo contrató dos, con opción a dos más. El primero, bautizado Eva Perón, se encuentra a flote en etapa de alistamiento y prueba desde 2012 y el segundo, llamado Juana Azurduy, está en construcción con 68% de avance.
El diario agrega que la fabricación de las embarcaciones ha afrontado dificultades desde el principio. La primera fue la falta de planos, que estuvieron a cargo de una empresa brasileña que los envió en 2010.
Otro problema ha sido la adquisición de los materiales. Pdvsa se encargaba al principio, pero llegaban con meses de retraso. Luego Río Santiago asumió el proceso de compra, pero recibe el dinero a cuentagotas por la escasez de divisas en Venezuela.
El secretario general del sindicato ATE Ensenada, José Omar Juárez, añadió otro factor: el distanciamiento entre los gobiernos, que quedó evidenciado con la ausencia de autoridades venezolanas en la botadura del Eva Perón.
Historia repetida. No es la primera denuncia de sobreprecio relacionada con las transacciones entre Argentina y Venezuela. A principios de julio, Clarín reveló que BioArt vendió arroz a Mercal a un precio que duplica el valor del producto en el mercado internacional.
Reportó que los envíos de la empresa argentina se facturaron a 700 dólares por tonelada, cuando el arroz se cotizaba entre 300 y 350 dólares por tonelada. Agregó que BioArt es proveedor de Venezuela desde 2008.
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jueves, 31 de julio de 2014
domingo, 27 de julio de 2014
Problemas económicos de Venezuela comprometen viabilidad de Petrocaribe
El ingreso reciente de El Salvador y el interés mostrado por Costa Rica sugieren que Petrocaribe resulta aún atractivo para los países de la región. Sin embargo, los problemas económicos de Venezuela comprometen cada vez más la viabilidad de este mecanismo creado para suministrar crudo y derivados en condiciones preferenciales.
La calificadora de riesgo Moody’s advirtió en abril que los beneficiarios de Petrocaribe son vulnerables ante un posible colapso económico en Venezuela, donde la situación financiera es cada vez más insostenible. “Si ese riesgo se materializa, algunos socios comerciales se verán afectados en diferente medida”, dijo.
El think tank Atlantic Council, en el informe "Energía incierta: la apuesta del Caribe con Venezuela", afirma que el apoyo financiero de Caracas está en riesgo por el deterioro económico, y recomendó a los países caribeños desarrollar fuentes energéticas menos costosas para no depender del petróleo venezolano.
“Petrocaribe está como las finanzas de Venezuela: su viabilidad está en entredicho. Ya estamos viendo las primeras señales. Hubo un proyecto de una refinería en Nicaragua que tuvo que ser suspendido y hay acuerdos de financiamiento que han tenido que ser modificados”, señala el internacionalista Edmundo González Urrutia.
El diplomático Milos Alcalay señala que otro problema que mina la viabilidad del mecanismo es la falta de auditoría. “En algunas islas del Caribe, beneficiarias del convenio, el litro de gasolina es más caro que en Europa. ¿Por qué si reciben el producto subsidiado? Hay que ver que pasa”.
La calificadora de riesgo Moody’s advirtió en abril que los beneficiarios de Petrocaribe son vulnerables ante un posible colapso económico en Venezuela, donde la situación financiera es cada vez más insostenible. “Si ese riesgo se materializa, algunos socios comerciales se verán afectados en diferente medida”, dijo.
El think tank Atlantic Council, en el informe "Energía incierta: la apuesta del Caribe con Venezuela", afirma que el apoyo financiero de Caracas está en riesgo por el deterioro económico, y recomendó a los países caribeños desarrollar fuentes energéticas menos costosas para no depender del petróleo venezolano.
“Petrocaribe está como las finanzas de Venezuela: su viabilidad está en entredicho. Ya estamos viendo las primeras señales. Hubo un proyecto de una refinería en Nicaragua que tuvo que ser suspendido y hay acuerdos de financiamiento que han tenido que ser modificados”, señala el internacionalista Edmundo González Urrutia.
El diplomático Milos Alcalay señala que otro problema que mina la viabilidad del mecanismo es la falta de auditoría. “En algunas islas del Caribe, beneficiarias del convenio, el litro de gasolina es más caro que en Europa. ¿Por qué si reciben el producto subsidiado? Hay que ver que pasa”.
Los números no dan. Los informes financieros de Pdvsa muestran que el suministro de crudo y derivados a los 20 países de América Latina con los que Venezuela tiene acuerdos de cooperación energética –incluidos los miembros de Petrocaribe– se redujo de 463.000 barriles diarios en 2011 a 377.000 en 2013, una caída de 19%.
Las cifras de Petrocaribe son menos transparentes. Los informes revelan una caída de 9%, al bajar de 93.500 a 85.100 barriles diarios. El ministro de Petróleo y Energía, Rafael Ramírez, aseguró que los envíos bajaron de 111.000 a 103.000; pero la memoria y cuenta de ese despacho afirma que subieron hasta 122.000.
Lo que sí está claro es que el financiamiento de proyectos a través del mecanismo de cooperación regional se ha reducido. Los préstamos otorgados por la República a otros países –la mayoría relacionados con Petrocaribe– disminuyeron 68,5%, de acuerdo con el Banco Central de Venezuela.
Las cifras del ente emisor precisan que el financiamiento externo cayó de 5,4 millardos de dólares entre enero y septiembre de 2012 a 1,7 millardos durante el mismo período de 2013, lo que representa el monto más bajo desde 2006, cuando empezó a funcionar el acuerdo con la región caribeña.
Sobre la modificación de las condiciones de pago tampoco hay transparencia. Luego de las reuniones de Petrocaribe celebradas del año pasado, la prensa de algunos países miembros del acuerdo publicó que Venezuela había puesto sobre la mesa propuestas como eliminar el financiamiento a largo plazo y aumentar las tasas de interés.
Hasta ahora, sin embargo, solo Honduras –que renegoció su ingreso tras ser suspendida en 2009 por el golpe de estado contra el presidente Manuel Zelaya– ha admitido que los intereses subieron de 1% a 2% para la porción de la factura petrolera que se paga en 25 años y de 4% a 6% para los recursos entregados para financiar proyectos sociales.
Ramírez negó que se hubieran modificado las condiciones y aseguró que hubo una migración hacia un modelo para crear un fondo que sostenga los pasivos a largo plazo. “Lo que no queremos es que nuestros hermanos de Petrocaribe se endeuden a un nivel que no puedan cumplir sus pagos”, declaró.
Costo político. González Urrutia y Alcalay coinciden en que la reducción del apoyo financiero a través de Petrocaribe tendrá un costo político para el presidente Nicolás Maduro, que –al igual que el fallecido Hugo Chávez– ha usado el acuerdo para ganar apoyo diplomático en la región.
Los especialistas indican que, aunque las naciones caribeñas no han secundado todas las iniciativas venezolanas en el ámbito internacional, sí han sido solidarios cuando existe la posibilidad de que la situación interna del país sea evaluada en foros como la Organización de Estados Americanos.
“Es evidente que la influencia de Petrocaribe como instrumento de política exterior se debilita si su viabilidad está comprometida”, dice González Urrutia. “La posibilidad de que Venezuela incumpla sus compromisos, por el pésimo desempeño de Pdvsa y el alza de las obligaciones con China, minará el prestigio del mecanismo”, señala Alcalay.
Ambos advierten que el problema de fondo de este acuerdo, creado por Chávez en 2005, es que ha sido utilizado más como una herramienta política –para difundir la ideología del gobierno de Chávez– que como una forma de cooperación con otros países, como las iniciativas que Venezuela tuvo en décadas anteriores.
González Urrutía recuerda que la cooperación con el Caribe no empezó en 1999, sino que tiene antecedentes como el Acuerdo de San José. Este convenio –destaca Alcalay– era más apropiado por su carácter multilateral (incluía a otro proveedor: México). Agrega que Colombia y Brasil podrían sumarse a iniciativas como estas.
Publicado en El Nacional
Las cifras de Petrocaribe son menos transparentes. Los informes revelan una caída de 9%, al bajar de 93.500 a 85.100 barriles diarios. El ministro de Petróleo y Energía, Rafael Ramírez, aseguró que los envíos bajaron de 111.000 a 103.000; pero la memoria y cuenta de ese despacho afirma que subieron hasta 122.000.
Lo que sí está claro es que el financiamiento de proyectos a través del mecanismo de cooperación regional se ha reducido. Los préstamos otorgados por la República a otros países –la mayoría relacionados con Petrocaribe– disminuyeron 68,5%, de acuerdo con el Banco Central de Venezuela.
Las cifras del ente emisor precisan que el financiamiento externo cayó de 5,4 millardos de dólares entre enero y septiembre de 2012 a 1,7 millardos durante el mismo período de 2013, lo que representa el monto más bajo desde 2006, cuando empezó a funcionar el acuerdo con la región caribeña.
Sobre la modificación de las condiciones de pago tampoco hay transparencia. Luego de las reuniones de Petrocaribe celebradas del año pasado, la prensa de algunos países miembros del acuerdo publicó que Venezuela había puesto sobre la mesa propuestas como eliminar el financiamiento a largo plazo y aumentar las tasas de interés.
Hasta ahora, sin embargo, solo Honduras –que renegoció su ingreso tras ser suspendida en 2009 por el golpe de estado contra el presidente Manuel Zelaya– ha admitido que los intereses subieron de 1% a 2% para la porción de la factura petrolera que se paga en 25 años y de 4% a 6% para los recursos entregados para financiar proyectos sociales.
Ramírez negó que se hubieran modificado las condiciones y aseguró que hubo una migración hacia un modelo para crear un fondo que sostenga los pasivos a largo plazo. “Lo que no queremos es que nuestros hermanos de Petrocaribe se endeuden a un nivel que no puedan cumplir sus pagos”, declaró.
Costo político. González Urrutia y Alcalay coinciden en que la reducción del apoyo financiero a través de Petrocaribe tendrá un costo político para el presidente Nicolás Maduro, que –al igual que el fallecido Hugo Chávez– ha usado el acuerdo para ganar apoyo diplomático en la región.
Los especialistas indican que, aunque las naciones caribeñas no han secundado todas las iniciativas venezolanas en el ámbito internacional, sí han sido solidarios cuando existe la posibilidad de que la situación interna del país sea evaluada en foros como la Organización de Estados Americanos.
“Es evidente que la influencia de Petrocaribe como instrumento de política exterior se debilita si su viabilidad está comprometida”, dice González Urrutia. “La posibilidad de que Venezuela incumpla sus compromisos, por el pésimo desempeño de Pdvsa y el alza de las obligaciones con China, minará el prestigio del mecanismo”, señala Alcalay.
Ambos advierten que el problema de fondo de este acuerdo, creado por Chávez en 2005, es que ha sido utilizado más como una herramienta política –para difundir la ideología del gobierno de Chávez– que como una forma de cooperación con otros países, como las iniciativas que Venezuela tuvo en décadas anteriores.
González Urrutía recuerda que la cooperación con el Caribe no empezó en 1999, sino que tiene antecedentes como el Acuerdo de San José. Este convenio –destaca Alcalay– era más apropiado por su carácter multilateral (incluía a otro proveedor: México). Agrega que Colombia y Brasil podrían sumarse a iniciativas como estas.
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sábado, 26 de julio de 2014
Tribunales solo juzgan a quienes no tienen dinero o piensan distinto
En Venezuela no hay Estado de Derecho y eso lo sienten principalmente las familias de quienes son victimas de las injusticias, dijo el abogado Alberto Arteaga en el foro Los Caminos Perversos de la Justicia, organizado por El Nacional.
Arteaga indicó que la ausencia de Estado de Derecho no es nueva, porque el sistema judicial venezolano siempre ha servido para procesar a un grupo de personas no por los delitos cometidos sino por carecer de los recursos económicos para defenderse.
Agregó que a ese grupo mayoritario se le suman ahora los perseguidos políticos; es decir, aquellos que están siendo juzgados por sus ideas, pensamientos, planes o discursos, como los casos de Leopoldo López y los estudiantes.
El padre de López, Leopoldo López Gil, también afirmó que en el país no hay justicia, aunque aclaró que acudió al foro no como experto en la materia sino como una víctima de la injusticia.
López Gil considera que el gobierno apela a la arbitrariedad y a la persecución porque no está capacitado para resolver la crisis económica ni para contener la protesta legítima que esta genera.
Arteaga recordó que la justicia implica que todas las personas son iguales ante la ley, pero en el país se está juzgando con otro enfoque a quienes piensan distinto del gobierno. "Eso nos remonta a la época oscura del derecho penal nazi en Alemania".
El abogado Antonio Canova señaló que la ausencia de Estado de Derecho se refleja en los tribunales contencioso administrativos, que son los encargados de las disputas contra la administración pública y que en contadas ocasionadas fallan contra esta.
Citó el ejemplo de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, que entre 2007 y 2012 solo declaró con lugar 35 de las 1.191 demandas presentadas contra funcionarios u organismos del Ejecutivo nacional.
El abogado Enrique Sánchez Falcón aseguró que los problemas del sistema judicial tienen dos causas principales. La primera es que en el TSJ, que es la instancia que lo dirige, no hay magistrados sino operadores políticos. La segunda razón es la inexistencia de la carrera judicial.
Explicó que al no haber un régimen que garantice el ingreso, la permanencia y el retiro de los jueces, estos no pueden actuar con autonomía e independencia porque temen que una decisión pueda costarles el cargo.
Los abogados coincidieron en que la justicia es un requisito esencial de la democracia. "Cuando el gobierno hace lo que le da la gana no hay democracia. Estamos en una dictadura", expresó Canova. Arteaga manifestó: "Tendremos un sistema democrático el día en que las leyes de verdad se cumplan".
Publicado en El Nacional
Arteaga indicó que la ausencia de Estado de Derecho no es nueva, porque el sistema judicial venezolano siempre ha servido para procesar a un grupo de personas no por los delitos cometidos sino por carecer de los recursos económicos para defenderse.
Agregó que a ese grupo mayoritario se le suman ahora los perseguidos políticos; es decir, aquellos que están siendo juzgados por sus ideas, pensamientos, planes o discursos, como los casos de Leopoldo López y los estudiantes.
El padre de López, Leopoldo López Gil, también afirmó que en el país no hay justicia, aunque aclaró que acudió al foro no como experto en la materia sino como una víctima de la injusticia.
López Gil considera que el gobierno apela a la arbitrariedad y a la persecución porque no está capacitado para resolver la crisis económica ni para contener la protesta legítima que esta genera.
Arteaga recordó que la justicia implica que todas las personas son iguales ante la ley, pero en el país se está juzgando con otro enfoque a quienes piensan distinto del gobierno. "Eso nos remonta a la época oscura del derecho penal nazi en Alemania".
El abogado Antonio Canova señaló que la ausencia de Estado de Derecho se refleja en los tribunales contencioso administrativos, que son los encargados de las disputas contra la administración pública y que en contadas ocasionadas fallan contra esta.
Citó el ejemplo de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, que entre 2007 y 2012 solo declaró con lugar 35 de las 1.191 demandas presentadas contra funcionarios u organismos del Ejecutivo nacional.
El abogado Enrique Sánchez Falcón aseguró que los problemas del sistema judicial tienen dos causas principales. La primera es que en el TSJ, que es la instancia que lo dirige, no hay magistrados sino operadores políticos. La segunda razón es la inexistencia de la carrera judicial.
Explicó que al no haber un régimen que garantice el ingreso, la permanencia y el retiro de los jueces, estos no pueden actuar con autonomía e independencia porque temen que una decisión pueda costarles el cargo.
Los abogados coincidieron en que la justicia es un requisito esencial de la democracia. "Cuando el gobierno hace lo que le da la gana no hay democracia. Estamos en una dictadura", expresó Canova. Arteaga manifestó: "Tendremos un sistema democrático el día en que las leyes de verdad se cumplan".
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lunes, 14 de julio de 2014
La MUD invitará al Parlamento de Mercosur a unirse al diálogo
A dos meses de la interrupción del diálogo, las gestiones de la Mesa de la Unidad Democrática y la Unasur para destrabarlo no han cesado. Entre los que participaron en el proceso por la oposición, hay quienes hacen contactos con representantes de parlamentos y gobiernos suramericanos para dejar claro que el diálogo está congelado por la actitud del gobierno y que mantienen sus condiciones: libertad de estudiantes y presos políticos y reinstitucionalización del país, entre otras.
El diputado Edgar Zambrano es de los que opinan que hay que hacer esfuerzos internacionales para reactivar el proceso, por lo que admitió que hay dirigentes que mantienen comunicación, a través de correos electrónicos y "otras vías", con la Iglesia; con los cancilleres de Brasil, Luis Alberto Figueiredo; de Colombia, María Ángela Holguín; de Ecuador, Ricardo Patiño; con representantes del Mercosur, e incluso con el Ejecutivo venezolano.
Zambrano dijo que un grupo de diputados, del oficialismo y de la oposición, visitó el Parlamento del Mercosur para hacer "contactos importantes" y que en los próximos días entregarán un comunicado a esa organización para invitarla a ser un actor fundamental en el proceso de diálogo.
Fuentes políticas confirman que desde la oposición también se intenta que la representación de la Unasur en el proceso aumente de tres a cinco cancilleres. La otra mediadora, la Iglesia, aseguró el viernes pasado en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Venezolana que se mantiene a la orden para el diálogo y que desea sea más productivo.
Zambrano aseguró que con esos esfuerzos tienen esperanza de que el diálogo pueda reanudarse pronto, pero aclaró que dependerá de los acontecimientos políticos: "Viene el Congreso del PSUV, en el que seguramente habrá actores que promoverán el diálogo. El gobierno deberá decidir. Hacemos un esfuerzo para que el Ejecutivo se vea obligado a sentarse. La mayoría de la ciudadanía aboga por el mecanismo de entendimiento".
Fuentes diplomáticas explicaron que los cancilleres se han mantenido informados de la situación en Venezuela, pero que la reanudación del diálogo no les corresponde a ellos, sino al gobierno y a la oposición.
El vicepresidente Jorge Arreaza pidió a la oposición continuar el diálogo en el Consejo de Estado del miércoles pasado. "El presidente insiste en el diálogo político. Hemos analizado la posibilidad de incorporar no solo a la oposición de la MUD, sino a todos los actores de distintas instancias de diálogo", expresó el miércoles 9 de julio.
El diputado Williams Dávila rechazó que se pretenda reanudar el diálogo en el Consejo de Estado: "No se puede sustituir el espacio que se había logrado, con presencia de la comunidad internacional, por uno dominado por el gobierno".
Las fuentes aseguran que los contactos con otros gobiernos han servido para conseguir el apoyo de algunos mandatarios de la Unasur que tratan de convencer al gobierno venezolano de la importancia de retomar el diálogo y de que haya una renovación equilibrada de los poderes públicos.
La MUD coincide con lo que Henrique Capriles afirmó a El Nacional el 10 de julio: que la crisis en Venezuela se solucionará por la vía electoral. Por eso, explora con los parlamentarios suramericanos la factibilidad de lograr un Poder Electoral equilibrado y unas condiciones comiciales justas.
"Las diligencias de los presidentes suramericanos apuntan especialmente hacia este punto", afirmó una fuente. A la fecha hay 3 de los 5 rectores del CNE con el período vencido. Lo mismo sucede con 11 de los 32 magistrados del TSJ y la contralora.
¿De quién es la culpa? Dirigentes de la MUD, que aseguran que están dispuestos a sentarse de nuevo, pero aclaran que "la pelota está en la cancha del gobierno".
El secretario ejecutivo adjunto de la MUD, Ramón José Medina, señaló: "Esto no es un tema de si se ha hablado con los cancilleres, porque quien suspendió el diálogo fue el gobierno, que ha entorpecido el proceso por sus propios conflictos internos. De cara al nuevo congreso del PSUV deberán resolver esos conflictos, que surgen principalmente de la Asamblea".
Celebró que cancilleres como Patiño y la Iglesia hayan reiterado su disposición a que el diálogo funcione, pero reiteró que la oposición necesita que se cumplan las condiciones iniciales: "La liberación de estudiantes y de presos políticos como Leopoldo López e Iván Simonovis".
El presidente de Copei, Roberto Enríquez, lamentó que mientras la mayoría del país quiere diálogo, la minoría que gobierna quiere hacerlo fracasar. Aseguró que por su parte no ha habido contactos ni con el gobierno ni con los cancilleres: "No se ven luces por parte del gobierno de que haya intenciones de dialogar, no hay ninguna ventana que indique que está dispuesto a cumplir lo prometido".
Escrito con Alex Vásquez. Publicado en El Nacional
El diputado Edgar Zambrano es de los que opinan que hay que hacer esfuerzos internacionales para reactivar el proceso, por lo que admitió que hay dirigentes que mantienen comunicación, a través de correos electrónicos y "otras vías", con la Iglesia; con los cancilleres de Brasil, Luis Alberto Figueiredo; de Colombia, María Ángela Holguín; de Ecuador, Ricardo Patiño; con representantes del Mercosur, e incluso con el Ejecutivo venezolano.
Zambrano dijo que un grupo de diputados, del oficialismo y de la oposición, visitó el Parlamento del Mercosur para hacer "contactos importantes" y que en los próximos días entregarán un comunicado a esa organización para invitarla a ser un actor fundamental en el proceso de diálogo.
Fuentes políticas confirman que desde la oposición también se intenta que la representación de la Unasur en el proceso aumente de tres a cinco cancilleres. La otra mediadora, la Iglesia, aseguró el viernes pasado en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Venezolana que se mantiene a la orden para el diálogo y que desea sea más productivo.
Zambrano aseguró que con esos esfuerzos tienen esperanza de que el diálogo pueda reanudarse pronto, pero aclaró que dependerá de los acontecimientos políticos: "Viene el Congreso del PSUV, en el que seguramente habrá actores que promoverán el diálogo. El gobierno deberá decidir. Hacemos un esfuerzo para que el Ejecutivo se vea obligado a sentarse. La mayoría de la ciudadanía aboga por el mecanismo de entendimiento".
Fuentes diplomáticas explicaron que los cancilleres se han mantenido informados de la situación en Venezuela, pero que la reanudación del diálogo no les corresponde a ellos, sino al gobierno y a la oposición.
El vicepresidente Jorge Arreaza pidió a la oposición continuar el diálogo en el Consejo de Estado del miércoles pasado. "El presidente insiste en el diálogo político. Hemos analizado la posibilidad de incorporar no solo a la oposición de la MUD, sino a todos los actores de distintas instancias de diálogo", expresó el miércoles 9 de julio.
El diputado Williams Dávila rechazó que se pretenda reanudar el diálogo en el Consejo de Estado: "No se puede sustituir el espacio que se había logrado, con presencia de la comunidad internacional, por uno dominado por el gobierno".
Las fuentes aseguran que los contactos con otros gobiernos han servido para conseguir el apoyo de algunos mandatarios de la Unasur que tratan de convencer al gobierno venezolano de la importancia de retomar el diálogo y de que haya una renovación equilibrada de los poderes públicos.
La MUD coincide con lo que Henrique Capriles afirmó a El Nacional el 10 de julio: que la crisis en Venezuela se solucionará por la vía electoral. Por eso, explora con los parlamentarios suramericanos la factibilidad de lograr un Poder Electoral equilibrado y unas condiciones comiciales justas.
"Las diligencias de los presidentes suramericanos apuntan especialmente hacia este punto", afirmó una fuente. A la fecha hay 3 de los 5 rectores del CNE con el período vencido. Lo mismo sucede con 11 de los 32 magistrados del TSJ y la contralora.
¿De quién es la culpa? Dirigentes de la MUD, que aseguran que están dispuestos a sentarse de nuevo, pero aclaran que "la pelota está en la cancha del gobierno".
El secretario ejecutivo adjunto de la MUD, Ramón José Medina, señaló: "Esto no es un tema de si se ha hablado con los cancilleres, porque quien suspendió el diálogo fue el gobierno, que ha entorpecido el proceso por sus propios conflictos internos. De cara al nuevo congreso del PSUV deberán resolver esos conflictos, que surgen principalmente de la Asamblea".
Celebró que cancilleres como Patiño y la Iglesia hayan reiterado su disposición a que el diálogo funcione, pero reiteró que la oposición necesita que se cumplan las condiciones iniciales: "La liberación de estudiantes y de presos políticos como Leopoldo López e Iván Simonovis".
El presidente de Copei, Roberto Enríquez, lamentó que mientras la mayoría del país quiere diálogo, la minoría que gobierna quiere hacerlo fracasar. Aseguró que por su parte no ha habido contactos ni con el gobierno ni con los cancilleres: "No se ven luces por parte del gobierno de que haya intenciones de dialogar, no hay ninguna ventana que indique que está dispuesto a cumplir lo prometido".
Escrito con Alex Vásquez. Publicado en El Nacional
domingo, 13 de julio de 2014
Potencias emergentes ponen a prueba su competitividad
Las potencias emergentes han tomado los grandes eventos deportivos como una ventana para demostrar que el crecimiento económico no es el único aspecto en que pueden competir con las naciones desarrolladas, pero la apuesta no siempre ha resultado tan exitosa en el ámbito interno, como demuestran las protestas que hubo en Brasil contra el campeonato mundial de fútbol que termina hoy.
Para el Comité Olímpico Internacional y la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol el atractivo de los mercados emergentes es evidente. La mayoría de los torneos recientes ha sido en estos países: China organizó las olimpiadas de 2008; Sudáfrica, el mundial de 2010; Rusia, las olimpiadas de invierno de 2014 y Brasil, el mundial. Estos dos últimos repetirán: Brasil tendrá las olimpiadas en 2016 y Rusia el mundial en 2018.
Para los gobiernos de las naciones emergentes también resulta atractivo. "Estamos en un nuevo orden mundial policéntrico y eso se expresa en muchos ámbitos: arte, ciencia, economía, tecnología. El deporte, además, es muy importante porque se ha convertido en una herramienta diplomática. La organización de estos eventos da prestigio y reconocimiento", afirma el internacionalista Julio César Pineda.
El sociólogo Fernando Segura, del Centro de Investigación y Docencia Económica de México y la Fundación Getulio Vargas de Brasil, agrega que la organización de eventos como los mundiales de fútbol y las olimpiadas permite a potencias emergentes aparecer en la escena mediática global con un papel protagónico desde los años de preparación. "Da muchísima visibilidad. Los reflectores se enfocan hacia el país".
Descontento ciudadano. Para los habitantes de estos países, sin embargo, la ganancia no está tan clara. En el caso de los manifestantes en Brasil, el reclamo era contundente: los 13,7 millardos de dólares que el gobierno invirtió en la construcción de estadios y el mejoramiento de infraestructuras pudieron haberse usado para asuntos más prioritarios como educación, salud y transporte público.
"No queremos mundial, queremos salud y educación", fue una de las consignas más repetidas durante las protestas. Las sospechas de que los gastos aumentaron por la corrupción alimentaron las manifestaciones en contra de la organización del torneo. Por ejemplo, el costo de construir el estadio de Brasilia se triplicó (hasta 900 millones de dólares) por las facturas falsas, denunció la prensa brasileña.
El reclamo cobra más sentido al saber que varios de los estadios construidos quedarán subutilizados después del torneo, tal como ocurre en Suráfrica. Ese país debe invertir entre 18 millones y 24 millones de dólares anuales en subsidios para el mantenimiento de los estadios del mundial de 2010, declaró Patrick Bond, profesor de la Universidad KwaZulu-Natal, a CNN Expansión.
En Rusia, que gastó 51 millardos de dólares en las olimpiadas de invierno Sochi 2014, ya se prevé que los costos del mundial de fútbol de 2018 sean superiores a los del torneo en Brasil. El gobierno ruso, a través de un decreto, fijó un presupuesto mínimo de 21 millardos de dólares. Solo en los 12 estadios que albergarán los partidos se prevé gastar 6,9 millardos de dólares, un promedio de 577 millones por cada uno.
¿Beneficios insuficientes? No todo son pérdidas. La organización de torneos deportivos de gran magnitud genera beneficios como el aumento del número de turistas extranjeros y los ingresos en divisas, además de crear puestos de trabajos, impulsar el crecimiento de la economía y dejar infraestructura que puede aprovecharse en el futuro.
El mundial de 2010 atrajo 200.000 turistas adicionales a Suráfrica durante el torneo y casi 500.000 durante todo el año. La consultora Deloitte calcula que el turismo en Brasil crecerá 80% en 2014, lo que permitirá un ingreso de 50 millardos de dólares, además de generar de 3,5 millones de empleos temporales.
Un estudio de la Universidad de Michigan concluyó que las ligas profesionales de los países anfitriones de las copas del mundo registraron un incremento de la asistencia a los estadios de entre 15% y 25% en los cinco años posteriores. Por esa razón, calculó que los ingresos de los clubes de Brasil aumentarán en 182 millones de dólares en las próximas cinco temporadas.
El ministro de Deportes de Brasil, Aldo Rebelo, declaró que los ingresos que recibirá la economía del país pudieran sumar 46 millardos de dólares, lo que casi triplica al monto invertido para organizar el mundial. Los economistas calculan, sin embargo, que el producto interno bruto de Brasil apenas crecerá 1,4% este año.
Segura considera que es difícil determinar con certeza los costos y los beneficios, sobre todo cuando los organizadores brindan información parcial, como ha sucedido en Brasil. Cree que los países emergentes deben pensar muy bien cuáles son las razones para realizar una cita de esta envergadura y cuánto les llevará prepararlas.
Pineda asegura que, más allá de que la relación entre los gastos y los ingresos sea positiva o negativa, el problema es que la organización de este tipo de eventos hace que afloren las contradicciones que hay en las potencias emergentes: generan una gran cantidad de riqueza, pero no está bien distribuida.
En cuanto a las protestas, Segura indica que el reclamo de los ciudadanos es legítimo y plantea una interrogante: los gobiernos suelen postular al país para organizar torneos deportivos de gran magnitud sin consultar, ¿no sería bueno, en un régimen democrático, que la decisión se someta a votación popular?
Pineda asocia las manifestaciones de los brasileños con la nueva realidad mundial. "Las protestas se enmarcan en lo que llaman los Indignados, gente que busca alternativas, que no piden cambio de gobierno sino de modelo. Lo hemos visto en muchos países y América Latina también lo vivirá", concluyó.
Publicado en El Nacional
Para el Comité Olímpico Internacional y la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol el atractivo de los mercados emergentes es evidente. La mayoría de los torneos recientes ha sido en estos países: China organizó las olimpiadas de 2008; Sudáfrica, el mundial de 2010; Rusia, las olimpiadas de invierno de 2014 y Brasil, el mundial. Estos dos últimos repetirán: Brasil tendrá las olimpiadas en 2016 y Rusia el mundial en 2018.
Para los gobiernos de las naciones emergentes también resulta atractivo. "Estamos en un nuevo orden mundial policéntrico y eso se expresa en muchos ámbitos: arte, ciencia, economía, tecnología. El deporte, además, es muy importante porque se ha convertido en una herramienta diplomática. La organización de estos eventos da prestigio y reconocimiento", afirma el internacionalista Julio César Pineda.
El sociólogo Fernando Segura, del Centro de Investigación y Docencia Económica de México y la Fundación Getulio Vargas de Brasil, agrega que la organización de eventos como los mundiales de fútbol y las olimpiadas permite a potencias emergentes aparecer en la escena mediática global con un papel protagónico desde los años de preparación. "Da muchísima visibilidad. Los reflectores se enfocan hacia el país".
Descontento ciudadano. Para los habitantes de estos países, sin embargo, la ganancia no está tan clara. En el caso de los manifestantes en Brasil, el reclamo era contundente: los 13,7 millardos de dólares que el gobierno invirtió en la construcción de estadios y el mejoramiento de infraestructuras pudieron haberse usado para asuntos más prioritarios como educación, salud y transporte público.
"No queremos mundial, queremos salud y educación", fue una de las consignas más repetidas durante las protestas. Las sospechas de que los gastos aumentaron por la corrupción alimentaron las manifestaciones en contra de la organización del torneo. Por ejemplo, el costo de construir el estadio de Brasilia se triplicó (hasta 900 millones de dólares) por las facturas falsas, denunció la prensa brasileña.
El reclamo cobra más sentido al saber que varios de los estadios construidos quedarán subutilizados después del torneo, tal como ocurre en Suráfrica. Ese país debe invertir entre 18 millones y 24 millones de dólares anuales en subsidios para el mantenimiento de los estadios del mundial de 2010, declaró Patrick Bond, profesor de la Universidad KwaZulu-Natal, a CNN Expansión.
En Rusia, que gastó 51 millardos de dólares en las olimpiadas de invierno Sochi 2014, ya se prevé que los costos del mundial de fútbol de 2018 sean superiores a los del torneo en Brasil. El gobierno ruso, a través de un decreto, fijó un presupuesto mínimo de 21 millardos de dólares. Solo en los 12 estadios que albergarán los partidos se prevé gastar 6,9 millardos de dólares, un promedio de 577 millones por cada uno.
¿Beneficios insuficientes? No todo son pérdidas. La organización de torneos deportivos de gran magnitud genera beneficios como el aumento del número de turistas extranjeros y los ingresos en divisas, además de crear puestos de trabajos, impulsar el crecimiento de la economía y dejar infraestructura que puede aprovecharse en el futuro.
El mundial de 2010 atrajo 200.000 turistas adicionales a Suráfrica durante el torneo y casi 500.000 durante todo el año. La consultora Deloitte calcula que el turismo en Brasil crecerá 80% en 2014, lo que permitirá un ingreso de 50 millardos de dólares, además de generar de 3,5 millones de empleos temporales.
Un estudio de la Universidad de Michigan concluyó que las ligas profesionales de los países anfitriones de las copas del mundo registraron un incremento de la asistencia a los estadios de entre 15% y 25% en los cinco años posteriores. Por esa razón, calculó que los ingresos de los clubes de Brasil aumentarán en 182 millones de dólares en las próximas cinco temporadas.
El ministro de Deportes de Brasil, Aldo Rebelo, declaró que los ingresos que recibirá la economía del país pudieran sumar 46 millardos de dólares, lo que casi triplica al monto invertido para organizar el mundial. Los economistas calculan, sin embargo, que el producto interno bruto de Brasil apenas crecerá 1,4% este año.
Segura considera que es difícil determinar con certeza los costos y los beneficios, sobre todo cuando los organizadores brindan información parcial, como ha sucedido en Brasil. Cree que los países emergentes deben pensar muy bien cuáles son las razones para realizar una cita de esta envergadura y cuánto les llevará prepararlas.
Pineda asegura que, más allá de que la relación entre los gastos y los ingresos sea positiva o negativa, el problema es que la organización de este tipo de eventos hace que afloren las contradicciones que hay en las potencias emergentes: generan una gran cantidad de riqueza, pero no está bien distribuida.
En cuanto a las protestas, Segura indica que el reclamo de los ciudadanos es legítimo y plantea una interrogante: los gobiernos suelen postular al país para organizar torneos deportivos de gran magnitud sin consultar, ¿no sería bueno, en un régimen democrático, que la decisión se someta a votación popular?
Pineda asocia las manifestaciones de los brasileños con la nueva realidad mundial. "Las protestas se enmarcan en lo que llaman los Indignados, gente que busca alternativas, que no piden cambio de gobierno sino de modelo. Lo hemos visto en muchos países y América Latina también lo vivirá", concluyó.
Publicado en El Nacional
sábado, 12 de julio de 2014
"Pedir renuncia del presidente no es delito"
Abogados rechazaron que pedir la dimisión del presidente Nicolás Maduro constituya el delito estipulado en el artículo 143 del Código Penal, como afirmó la fiscal general, Luisa Ortega Díaz.
"Serán castigados los que se alcen públicamente, en actitud hostil, contra el gobierno legítimamente constituido", dicen las declaraciones. Ortega Díaz afirmó que se puede solicitar la renuncia de un funcionario, pero no amenazar con estar en la calle hasta que dimita.
"Pedir la renuncia del presidente con gente en la calle, con bombas incendiarias, con armas, con barricadas, con guayas para que se decapiten los motorizados que pasen por allí, indudablemente eso es una actitud hostil", declaró la fiscal.
El abogado Alberto Arteaga rechazó la hipótesis: "Los actos hostiles requeridos por la ley equivalen a acciones de guerra". Agregó que no se puede alegar que ha habido violencia en las protestas. "Quienes incurren en esos actos deben responder por sus acciones".
Elenis Rodríguez considera que las declaraciones de la fiscal anuncian que continuará la persecución a los ciudadanos que piensan distinto. "No es un delito que los venezolanos salgan a decir que las cosas no funcionan".
Repudio. Primero Justicia rechazó la intención del gobierno de denunciar al alcalde Ramón Muchacho y al dirigente Julio Borges por ir a cursos de la Fundación para el Análisis y Estudios Sociales, dirigida por el ex presidente de España José María Aznar. Aseguró que se sigue criminalizando a la disidencia y acosando a la dirigencia opositora.
Publicado en El Nacional
"Serán castigados los que se alcen públicamente, en actitud hostil, contra el gobierno legítimamente constituido", dicen las declaraciones. Ortega Díaz afirmó que se puede solicitar la renuncia de un funcionario, pero no amenazar con estar en la calle hasta que dimita.
"Pedir la renuncia del presidente con gente en la calle, con bombas incendiarias, con armas, con barricadas, con guayas para que se decapiten los motorizados que pasen por allí, indudablemente eso es una actitud hostil", declaró la fiscal.
El abogado Alberto Arteaga rechazó la hipótesis: "Los actos hostiles requeridos por la ley equivalen a acciones de guerra". Agregó que no se puede alegar que ha habido violencia en las protestas. "Quienes incurren en esos actos deben responder por sus acciones".
Elenis Rodríguez considera que las declaraciones de la fiscal anuncian que continuará la persecución a los ciudadanos que piensan distinto. "No es un delito que los venezolanos salgan a decir que las cosas no funcionan".
Repudio. Primero Justicia rechazó la intención del gobierno de denunciar al alcalde Ramón Muchacho y al dirigente Julio Borges por ir a cursos de la Fundación para el Análisis y Estudios Sociales, dirigida por el ex presidente de España José María Aznar. Aseguró que se sigue criminalizando a la disidencia y acosando a la dirigencia opositora.
Publicado en El Nacional
martes, 8 de julio de 2014
Evalúan propuesta de congresos ciudadanos
La Mesa de la Unidad Democrática evaluará los alcances de la propuesta de María Corina Machado de realizar congresos ciudadanos como una forma de ampliar la unidad y lograr el cambio en el país.
El equipo permanente, mejor conocido como G-7, se reunió a petición de Voluntad Popular pero, para sorpresa de todos, esta organización no asistió como tampoco Proyecto Venezuela.
La evaluación de la propuesta se realizará porque tanto ABP como Copei descartan impulsar el llamado a una constituyente y AD rechaza de plano La Salida. Para ello, y para mejorar las relaciones entre los partidos de la MUD, se designó una comisión que coordinará Cristóbal Fernández Daló y que integran Roberto Enríquez, Edwing Luzardo, Pedro Benítez y Juan Carlos Caldera.
Participación. Enríquez, presidente de Copei, destacó como positivo que la MUD en pleno esté dispuesta a impulsar un mecanismo de participación.
"Ello permite abrir ventanas para los sectores de la sociedad civil. Se presentó la propuesta a la MUD, ahora lo que queda es nombrar un equipo de trabajo para definir las características de los congresos".
Enríquez apuntó que la idea de Machado les parece atractiva y espera que no se caiga en posiciones adelantadas ni en maniobras de obstrucción.
"Es la hora de la solidaridad y del reencuentro. Lo que planteamos desde Copei es que aprovechemos cualquier mecanismo para lograr este objetivo. Lo importante es que todas las iniciativas tengan carácter unitario". Destacó que llegó la hora de la solidaridad con quienes pasan un mal momento.
Antonio Ledezma (ABP), alcalde metropolitano, también simpatiza con la propuesta de los congresos ciudadanos, porque es una manera de abrirle un espacio a la ciudadanía que quiere participar y no se trata de sustituir la unidad ni de reemplazar funciones.
Apuntó que lo ideal es seguir conversando y reiteró su llamado a la unidad dentro de la MUD. "Un proceso de mutua descalificación lo que consigue es agudizar la crisis. Me niego a hacer debates sobre la unidad", dijo.
Escrito con Ascensión Reyes. Publicado en El Nacional
El equipo permanente, mejor conocido como G-7, se reunió a petición de Voluntad Popular pero, para sorpresa de todos, esta organización no asistió como tampoco Proyecto Venezuela.
La evaluación de la propuesta se realizará porque tanto ABP como Copei descartan impulsar el llamado a una constituyente y AD rechaza de plano La Salida. Para ello, y para mejorar las relaciones entre los partidos de la MUD, se designó una comisión que coordinará Cristóbal Fernández Daló y que integran Roberto Enríquez, Edwing Luzardo, Pedro Benítez y Juan Carlos Caldera.
Participación. Enríquez, presidente de Copei, destacó como positivo que la MUD en pleno esté dispuesta a impulsar un mecanismo de participación.
"Ello permite abrir ventanas para los sectores de la sociedad civil. Se presentó la propuesta a la MUD, ahora lo que queda es nombrar un equipo de trabajo para definir las características de los congresos".
Enríquez apuntó que la idea de Machado les parece atractiva y espera que no se caiga en posiciones adelantadas ni en maniobras de obstrucción.
"Es la hora de la solidaridad y del reencuentro. Lo que planteamos desde Copei es que aprovechemos cualquier mecanismo para lograr este objetivo. Lo importante es que todas las iniciativas tengan carácter unitario". Destacó que llegó la hora de la solidaridad con quienes pasan un mal momento.
Antonio Ledezma (ABP), alcalde metropolitano, también simpatiza con la propuesta de los congresos ciudadanos, porque es una manera de abrirle un espacio a la ciudadanía que quiere participar y no se trata de sustituir la unidad ni de reemplazar funciones.
Apuntó que lo ideal es seguir conversando y reiteró su llamado a la unidad dentro de la MUD. "Un proceso de mutua descalificación lo que consigue es agudizar la crisis. Me niego a hacer debates sobre la unidad", dijo.
Escrito con Ascensión Reyes. Publicado en El Nacional
domingo, 6 de julio de 2014
Escándalo Boudou amenaza a Cristina Kirchner
El proceso judicial contra el vicepresidente de Argentina, Amado Boudou, es uno de los escándalos más graves que ha tenido que enfrentar el gobierno de la presidente Cristina Fernández de Kirchner, ya que sus implicaciones podrían afectar la continuidad del oficialismo en el poder. Es además, la primera vez, en la historia de Argentina que un vicepresidente en funciones es procesado por presunta corrupción.
Marcos Novaro, consejero académico del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina de Argentina, explicó que el juicio contra Boudou no es el único caso que ha afectado el kirchnerismo, ni es el más fuerte en cuanto a la malversación de recursos (como el Caso Báez que comprometió el patrimonio del matrimonio Kirchner), pero generará un alto costo político que debilitará directamente al Ejecutivo "en un momento en que se encuentra agobiado por el litigio del caso de los fondos buitres y por los problemas económicos que sufre el país".
Rosendo Fraga, director del Centro de Estudios Nueva Mayoría de Argentina, abundó en este sentido al destacar que, a diferencia de Venezuela, la justicia en Argentina parece estar menos sesgada. "Hay crecientes muestras de independencia del Poder Judicial, que se ha convertido en un campo de batalla para la política", expresó.
Novaro agregó que el caso Boudou refleja que en Argentina fracasó el intento del Ejecutivo de disciplinar a los jueces y someterlos. "El gobierno de Fernández no pudo cambiar tantos jueces como lo hizo el chavismo en Venezuela", comparó.
Otra particularidad de este juicio ha sido que en Argentina los periodistas han tenido responsabilidad directa en la denuncia y en el seguimiento del caso. Los ciudadanos han conocido los pormenores de una trama que salpica a las altas esferas del gobierno porque los medios han tenido acceso a ello.
Ciccone. El proceso contra Boudou es conocido por la opinión pública como el Caso Ciccone. El juez Ariel Lijo imputó al vicepresidente por haberse quedado a través de la empresa fantasma The Old Found y de un testaferro con 70% de la empresa Ciccone Calcográfica, que tiene el monopolio de la impresión del papel moneda en Argentina, a cambio de haber intervenido para evitar la quiebra de esa firma en 2010, mientras estuvo al frente del Ministerio de Economía.
El fiscal federal de Argentina Jorge Di Lello expresó que si no se presentan otros obstáculos, el juicio contra Boudou se realizará después de julio de 2015, durante el último tramo del mandato de Fernández, ya que las elecciones presidenciales se celebrarán en octubre de ese año.
Lijo presentó como prueba decisiva para dictar la acusación, un cruce de reuniones y llamadas telefónicas realizadas entre los principales acusados (la secretaria de Boudou, Agustina Kämpfer; su asistente, Eduardo Romano; su socio José Núñez Carmona; el testaferro, Alejandro Vandenbroele y el empresario Nicolás Ciccone) que revelan los pormenores del delito. Según consta en el expediente judicial, el asistente del vicepresidente se comunicó numerosas veces con un teléfono de The Old Fund, el misterioso fondo que se quedó con la imprenta de valores.
La situación podría complicarse para el funcionario, que se le vincula con otros delitos como enriquecimiento ilícito, presunta intervención en el financiamiento de la provincia de Formosa y la dudosa compra de un vehículo con documentación falsa.
Fernández designó a Boudou como su compañero de fórmula para las elecciones de 2011. Ha sido criticada por el silencio que ha mantenido acerca del proceso contra su vicepresidente. Fraga consideró que la mandataria, aunque no ha hablado explícitamente del caso, defiende al vicepresidente al atacar fuertemente a la justicia y los medios de comunicación.
El jueves pasado la mayoría oficialista del Congreso dio su respaldo al funcionario al rechazar el juicio político solicitado por la oposición.
Los analistas aseguraron que Bodou se mantendrá en el gobierno, aunque Novaro destacó que su permanencia ha producido divisiones dentro del Ejecutivo. "En el gobierno hay muchos actores que creen que es necesario remover al vicepresidente del cargo por las consecuencias que supone para el poder político", concluyó.
Escrito con Anna Carolina Maier. Publicado en El Nacional
Marcos Novaro, consejero académico del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina de Argentina, explicó que el juicio contra Boudou no es el único caso que ha afectado el kirchnerismo, ni es el más fuerte en cuanto a la malversación de recursos (como el Caso Báez que comprometió el patrimonio del matrimonio Kirchner), pero generará un alto costo político que debilitará directamente al Ejecutivo "en un momento en que se encuentra agobiado por el litigio del caso de los fondos buitres y por los problemas económicos que sufre el país".
Rosendo Fraga, director del Centro de Estudios Nueva Mayoría de Argentina, abundó en este sentido al destacar que, a diferencia de Venezuela, la justicia en Argentina parece estar menos sesgada. "Hay crecientes muestras de independencia del Poder Judicial, que se ha convertido en un campo de batalla para la política", expresó.
Novaro agregó que el caso Boudou refleja que en Argentina fracasó el intento del Ejecutivo de disciplinar a los jueces y someterlos. "El gobierno de Fernández no pudo cambiar tantos jueces como lo hizo el chavismo en Venezuela", comparó.
Otra particularidad de este juicio ha sido que en Argentina los periodistas han tenido responsabilidad directa en la denuncia y en el seguimiento del caso. Los ciudadanos han conocido los pormenores de una trama que salpica a las altas esferas del gobierno porque los medios han tenido acceso a ello.
Ciccone. El proceso contra Boudou es conocido por la opinión pública como el Caso Ciccone. El juez Ariel Lijo imputó al vicepresidente por haberse quedado a través de la empresa fantasma The Old Found y de un testaferro con 70% de la empresa Ciccone Calcográfica, que tiene el monopolio de la impresión del papel moneda en Argentina, a cambio de haber intervenido para evitar la quiebra de esa firma en 2010, mientras estuvo al frente del Ministerio de Economía.
El fiscal federal de Argentina Jorge Di Lello expresó que si no se presentan otros obstáculos, el juicio contra Boudou se realizará después de julio de 2015, durante el último tramo del mandato de Fernández, ya que las elecciones presidenciales se celebrarán en octubre de ese año.
Lijo presentó como prueba decisiva para dictar la acusación, un cruce de reuniones y llamadas telefónicas realizadas entre los principales acusados (la secretaria de Boudou, Agustina Kämpfer; su asistente, Eduardo Romano; su socio José Núñez Carmona; el testaferro, Alejandro Vandenbroele y el empresario Nicolás Ciccone) que revelan los pormenores del delito. Según consta en el expediente judicial, el asistente del vicepresidente se comunicó numerosas veces con un teléfono de The Old Fund, el misterioso fondo que se quedó con la imprenta de valores.
La situación podría complicarse para el funcionario, que se le vincula con otros delitos como enriquecimiento ilícito, presunta intervención en el financiamiento de la provincia de Formosa y la dudosa compra de un vehículo con documentación falsa.
Fernández designó a Boudou como su compañero de fórmula para las elecciones de 2011. Ha sido criticada por el silencio que ha mantenido acerca del proceso contra su vicepresidente. Fraga consideró que la mandataria, aunque no ha hablado explícitamente del caso, defiende al vicepresidente al atacar fuertemente a la justicia y los medios de comunicación.
El jueves pasado la mayoría oficialista del Congreso dio su respaldo al funcionario al rechazar el juicio político solicitado por la oposición.
Los analistas aseguraron que Bodou se mantendrá en el gobierno, aunque Novaro destacó que su permanencia ha producido divisiones dentro del Ejecutivo. "En el gobierno hay muchos actores que creen que es necesario remover al vicepresidente del cargo por las consecuencias que supone para el poder político", concluyó.
Escrito con Anna Carolina Maier. Publicado en El Nacional
sábado, 5 de julio de 2014
Familia de Geraldine Moreno rechaza libertad a acusados de su muerte
Rosa Orozco y Saúl Moreno, padres de la estudiante Geraldine Moreno, rechazaron la medida cautelar sustitutiva de libertad con régimen de presentación a los sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana Paola Barroso y Franklin García, investigados por el asesinato de su hija durante una manifestación en el sector Tazajal de Valencia.
El Tribunal Sexto de Control del circuito judicial penal del estado Carabobo, a cargo de la juez Yoibeth Escalona, aprobó el beneficio procesal que permite a los funcionarios salir de la cárcel, aunque los obliga a presentarse cada siete días en el juzgado a petición de los fiscales del Ministerio Público que investigan el caso.
La Fiscalía solicitó la medida con el argumento de que la investigación de la muerte de Moreno, que falleció como consecuencia de un disparo de perdigones en la cara, no ha terminado. Pero los padres de Moreno rechazan la decisión porque consideran que se trata de una violación de los derechos humanos.
Orozco explicó que no comprenden por qué la justicia venezolana les otorga beneficios procesales a los acusados por el asesinato de su hija, cuando en otros casos muy sonados los tribunales han rechazado este tipo de medidas alegando que los detenidos estaban incursos en crímenes de lesa humanidad.
La madre cree que tantos los 2 GNB liberados, como los otros 23 que participaron en la represión de la manifestación del 19 de febrero en Tazajal, son cómplices del crimen de su hija. También señala al jefe del destacamento 24, Frank Díaz Osuna, por no haber presentado a los funcionarios a su cargo ante la Fiscalía.
Respuesta. El abogado Luis Armando Betancourt –integrante de la ONG Foro Penal Venezolano, que representa a los padres de Moreno– criticó el cambio de criterio del Ministerio Público, que al solicitar la orden de aprehensión consignó elementos que hacían presumir que los funcionarios eran responsables.
Betancourt también cuestionó la rapidez del tribunal en aprobar la medida cautelar, sin tomar en cuenta el recurso de oposición que los padres de Moreno interpusieron contra la solicitud de la Fiscalía. "Es extraño que el juez de control se haya pronunciado el mismo día".
El abogado precisó que el FPV estudia el expediente para evaluar las próximas acciones a tomar. La primera opción sería introducir un recurso de apelación ante la decisión del tribunal, pero no descartan otras opciones. "Vamos a ejercer todos los recursos posibles para que se haga justicia".
Betancourt agregó que, en el caso de que se agoten las vías dentro del sistema judicial venezolano, los padres de Moreno están dispuestos a acudir a instancias internacionales.
Escrito con Tibisay Romero. Publicado en El Nacional
El Tribunal Sexto de Control del circuito judicial penal del estado Carabobo, a cargo de la juez Yoibeth Escalona, aprobó el beneficio procesal que permite a los funcionarios salir de la cárcel, aunque los obliga a presentarse cada siete días en el juzgado a petición de los fiscales del Ministerio Público que investigan el caso.
La Fiscalía solicitó la medida con el argumento de que la investigación de la muerte de Moreno, que falleció como consecuencia de un disparo de perdigones en la cara, no ha terminado. Pero los padres de Moreno rechazan la decisión porque consideran que se trata de una violación de los derechos humanos.
Orozco explicó que no comprenden por qué la justicia venezolana les otorga beneficios procesales a los acusados por el asesinato de su hija, cuando en otros casos muy sonados los tribunales han rechazado este tipo de medidas alegando que los detenidos estaban incursos en crímenes de lesa humanidad.
La madre cree que tantos los 2 GNB liberados, como los otros 23 que participaron en la represión de la manifestación del 19 de febrero en Tazajal, son cómplices del crimen de su hija. También señala al jefe del destacamento 24, Frank Díaz Osuna, por no haber presentado a los funcionarios a su cargo ante la Fiscalía.
Respuesta. El abogado Luis Armando Betancourt –integrante de la ONG Foro Penal Venezolano, que representa a los padres de Moreno– criticó el cambio de criterio del Ministerio Público, que al solicitar la orden de aprehensión consignó elementos que hacían presumir que los funcionarios eran responsables.
Betancourt también cuestionó la rapidez del tribunal en aprobar la medida cautelar, sin tomar en cuenta el recurso de oposición que los padres de Moreno interpusieron contra la solicitud de la Fiscalía. "Es extraño que el juez de control se haya pronunciado el mismo día".
El abogado precisó que el FPV estudia el expediente para evaluar las próximas acciones a tomar. La primera opción sería introducir un recurso de apelación ante la decisión del tribunal, pero no descartan otras opciones. "Vamos a ejercer todos los recursos posibles para que se haga justicia".
Betancourt agregó que, en el caso de que se agoten las vías dentro del sistema judicial venezolano, los padres de Moreno están dispuestos a acudir a instancias internacionales.
Escrito con Tibisay Romero. Publicado en El Nacional
Comunidad rechaza cierre del colegio Alí Primera
Representantes de la Unidad Educativa Nacional Bolivariana Alí Primera y habitantes de la comunidad El Progreso protestaron en la avenida Victoria para rechazar el plan de convertir el colegio, ubicado en El Helicoide, en un centro de reclusión.
Los manifestantes trancaron el paso y mostraron pancartas con mensajes que recordaban al presidente Nicolás Maduro que el fallecido mandatario Hugo Chávez quería que El Helicoide se destinase a instituciones educativas.
Los letreros también tenían llamados al ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, quien estuvo a cargo del colegio durante su gestión como director del Sebin.
Los manifestantes subieron luego hasta El Helicoide para reunirse con delegados de los ministerios de Educación e Interior, Justicia y Paz. "No es justo que nos saquen a nuestros hijos para meter presos", dijo Erika Acevedo.
En el colegio Alí Primera, que tiene desde maternal hasta sexto grado, estudian 700 niños de las comunidades que están alrededor de la sede del Sebin.
Publicado en El Nacional
Los manifestantes trancaron el paso y mostraron pancartas con mensajes que recordaban al presidente Nicolás Maduro que el fallecido mandatario Hugo Chávez quería que El Helicoide se destinase a instituciones educativas.
Los letreros también tenían llamados al ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, quien estuvo a cargo del colegio durante su gestión como director del Sebin.
Los manifestantes subieron luego hasta El Helicoide para reunirse con delegados de los ministerios de Educación e Interior, Justicia y Paz. "No es justo que nos saquen a nuestros hijos para meter presos", dijo Erika Acevedo.
En el colegio Alí Primera, que tiene desde maternal hasta sexto grado, estudian 700 niños de las comunidades que están alrededor de la sede del Sebin.
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