La Cámara Inmobiliaria de Venezuela calificó de positiva la creación de una mesa de trabajo en la Vicepresidencia Ejecutiva de la República para tratar las denuncias sobre el cobro de cuotas relacionadas con el índice de precios al consumidor en los contratos de preventa de viviendas, práctica prohibida por el Gobierno en julio de 2009.
Aquiles Martini, presidente de la CIV, aseguró que el gremio está dispuesto a participar en la instancia, aunque todavía no ha sido invitado formalmente. Señaló que es necesario escuchar la opinión de todos los actores involucrados en el problema antes de emitir juicios de valor. "Las acusaciones hechas hasta ahora se basan en las denuncias de un grupo de personas".
Sobre las 31 compañías promotoras que –según las denuncias recibidas por el Gobierno– han incumplido la prohibición de cobrar cuotas vinculadas al IPC, Martini está de acuerdo con que sean investigadas para determinar si en verdad incurrieron en faltas. "Cada empresa es responsable por sus actos. Si alguna hizo algo ilegal, tiene que responder ante los tribunales".
Pero el dirigente gremial advirtió que hay muchas inconsistencias en los datos proporcionados por las autoridades. Dijo que es imposible que haya más de 150.000 afectados por 31 empresas, pues implica que cada una construye casi 5.000 viviendas; y en tan poco tiempo, porque la prohibición de cobrar IPC está vigente desde hace 15 meses y no puede aplicarse de manera retroactiva.
Buscar alternativas. Roberto Orta, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, dijo que la prohibición de cobrar IPC debe ser respetada aunque se esté en desacuerdo con ella. "Nosotros nos oponemos a esta medida, porque creemos que es contraria a la realidad económica del país, pero mientras esté vigente debe cumplirse".
Orta señaló que la decisión gubernamental es negativa porque a tan sólo un año de comenzar a aplicarse, la construcción de viviendas se redujo a la mitad. "Es una solución demasiado radical. El cobro del IPC siempre ha existido, así como el Gobierno ajusta todos los años la unidad tributaria. Si el objetivo es abaratar los costos, lo que debe es crear las condiciones necesarias".
Aseguró que lo ideal es buscar un mecanismo alterno que permita a los constructores subir los precios en función del aumento de los materiales de construcción y de los otros costos (como mano de obra) para desarrollar un proyecto de vivienda.
Publicado en El Nacional
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