El Instituto Nacional para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios creó una sala situacional, según Montiel, para recibir las denuncias de los afectados y emprender las acciones correspondientes. "Hay que aplicar medidas administrativas e incluso abrir procesos judiciales, porque la forma de proceder de estas empresas puede tipificarse como estafa", afirmó.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini, está de acuerdo con que se investiguen las irregularidades que pudieran cometer algunas empresas, pero solicitó que no se juzgue a priori todo el sector. "Si alguien hace algo ilegal, debe responder ante las autoridades. Pero hay que tener cuidado porque sólo se está viendo una cara de la moneda".
Martini recordó que los problemas existentes con el suministro de insumos como acero y cemento pudieran ser la causa del retraso en algunos proyectos residenciales. Por eso, considera que el Gobierno debe escuchar la versión de los constructores y revisar cada caso de manera individual.
Roberto León Parilli, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios y Consumidores, dijo que lo mejor es buscar un equilibrio. "En un país con la inflación que hay en Venezuela debe haber un mecanismo de ajuste de precios. Pero el cálculo del IPC no puede quedar en manos de los constructores sino de los organismos correspondientes".
Publicado en El Nacional
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