El presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, Juan Francisco Jiménez, aseguró que las irregularidades que pudieran haber en algunos desarrollos residenciales son casos aislados. "Es un error meter a todos los constructores en el mismo saco. Se habla de 2.000 denuncias, una cifra baja con respecto a las casi 100.000 viviendas que se edifican actualmente".
Jiménez afirmó que el gremio no avala conductas indebidas de las empresas, sean afiliadas o no, sino que más bien apoya las investigaciones de las autoridades –siempre que se respete el derecho al debido proceso– para determinar quiénes actuaron de manera irregular. "El que cometió un ilícito tiene que asumir su responsabilidad".
Sobre los 33 conjuntos residenciales que el presidente Hugo Chávez ordenó expropiar o intervenir hace dos semanas, indicó que es necesario hacer un análisis exhaustivo de cada uno para precisar en cuáles hubo actuaciones irregulares o ilegales por parte de las empresas y en cuáles se presentaron inconvenientes propios de la construcción.
Recordó que los retrasos en las obras –una de las razones esgrimidas por las autoridades para intervenir los desarrollos– pueden deberse a factores ajenos al constructor, como los problemas con el suministro de insumos como acero y cemento o las limitaciones en el flujo de caja por la prohibición de cobrar el índice de precios al consumidor.
La venta de una misma vivienda a varias personas puede ser una estafa –como dicen las autoridades– o un procedimiento legítimo, en el supuesto de que el constructor rescindiera un contrato por falta de pago y ofreciera el inmueble a otro comprador. "Es injusto dar el mismo tratamiento a todos los casos".
Trabajo conjunto. Jiménez hizo un llamado al Gobierno para que evite las acusaciones generalizadas contra el gremio, pues crean un clima de incertidumbre que atenta contra la posibilidad de reducir el déficit de vivienda que existe en el país, calculado en 2 millones de unidades.
Aseguró que la única manera de resolver el problema es concretar una alianza entre el sector público y privado, como recientemente se hizo en Brasil con resultados muy positivos, y reiteró la disposición del gremio a sentarse a una mesa técnica con las autoridades.
Los constructores piensan que una forma de estimular la edificación de viviendas, además de ofrecer seguridad jurídica, es que el Gobierno utilice los recursos anunciados para el sector en garantizar la producción de insumos y aumentar los subsidios al comprador.
Publicado en El Nacional
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