El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini, reiteró el rechazo del gremio a la decisión gubernamental de intervenir 33 conjuntos residenciales privados en construcción. "Este tipo de decisiones son muy distorsionantes", dijo.
Martini no descartó que haya empresas que actuaron de manera irregular, pero aseguró que la firma de nuevos contratos que tomaban en cuenta el aumento de los costos durante el período de edificación de la vivienda no representa una práctica indebida o ilegal.
"En las leyes venezolanas existe el llamado derecho del príncipe, que permite renegociar un contrato cuando los términos cambian por razones ajenas a las partes que lo firmaron. Eso fue lo que se hizo con los suscritos antes de julio de 2009, cuando se prohibió el cobro del índice de precios al consumidor".
Recordó que, según la información proporcionada por los constructores afectados, la mayoría de los compradores aceptó la renegociación del contrato. Agregó que la firma de los nuevos documentos contó con la aprobación del Indepabis, organismo que intermedió en buena parte de los casos.
Martini aclaró que el gremio no avala el cobro de IPC después de la resolución 110. "Estemos o no de acuerdo con la medida, tenemos que cumplirla porque es la ley". Pero insistió en que la renegociación entre las partes para cambiar el contrato original es válida.
Sobre el retraso en la construcción de los desarrollos o en la entrega de los apartamentos, otra de las razones esgrimidas por el Gobierno para intervenir los conjuntos residenciales, el presidente de la Cámara Inmobiliaria indicó que no siempre es responsabilidad de la constructora.
Mencionó que durante los últimos años se han alargado los tiempos de espera por razones como el retraso en la entrega de permisos, los problemas con el suministro de insumos (cabillas y cementos), la tardanza en la aprobación de los créditos bancarios y las limitaciones en los registros.
Menos viviendas. A la Cámara Inmobiliaria lo que más le preocupa es el efecto negativo que tendrán las medidas en la construcción residencial, pues dificultará reducir el déficit de 2 millones de viviendas.
Martini señaló que incluso en el caso de que el Gobierno entregue los apartamentos a los compradores, el daño hecho por la medida será difícil de revertir. "Quizás resolveremos el problema de un porcentaje minúsculo, pero también habremos inoculado mayor desconfianza en nuestro país".
Agregó que la única forma de resolver el déficit de es con un pacto nacional que reúna a todos los actores involucrados. "Una vez más, la Cámara Inmobiliaria pone a disposición del país sus ideas y su deseo inquebrantable de ser parte activa de la solución a los problemas que nos aquejan".
Publicado en El Nacional
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