La sobrevaluación del bolívar es uno de los factores que dificulta que los productos nacionales puedan competir con los fabricados en otros países del Mercosur, bloque económico al que Venezuela ingresará el 31 de julio tras la suspensión temporal de Paraguay, única nación que no había ratificado el protocolo de adhesión.
Una moneda sobrevaluada hace que los bienes y servicios elaborados en el país tengan precios en dólares mucho más elevados que las mercancías de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Eso dificulta a los empresarios venezolanos exportar a esos destinos y competir en el mercado interno con los productos que se importan desde esos países.
La firma Ecoanalítica calcula que el tipo de cambio real –paridad que permite el equilibrio competitivo con los principales socios comerciales– se situó en 8,4 bolívares por dólar al cierre de junio, lo que arroja una sobrevaluación de 95,3% con respecto a la tasa oficial de 4,3 bolívares por dólar que usa Cadivi para otorgar las divisas destinadas a comprar bienes prioritarios.
La diferencia se reduce a 58,5% cuando la comparación se hace con el tipo de cambio implícito promedio de 5,3 bolívares por dólar que ofrece el Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera, a través del cual el Banco Central de Venezuela entrega papeles denominados en divisas para financiar otras adquisiciones en el extranjero.
"Con una paridad real que casi duplica la tasa oficial es imposible ser competitivos en Mercosur. En la medida en que el tipo de cambio se acerque más a 8,4 bolívares por dólar los productos venezolanos tendrán más posibilidades de competir con los de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay", dijo José Luis Saboin, de Ecoanalítica.
Inflación triplicada. La sobrevaluación del bolívar es consecuencia de que la cotización del dólar se mantiene igual en un ambiente de inflación alta.
El tipo de cambio real calculado por Ecoanalítica es producto de la comparación entre la variación de precios en Venezuela y la registrada en sus principales socios comerciales: Estados Unidos, China, Brasil, Colombia y México.
Los datos de inflación reportados por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay muestran que si la comparación se limitase al Mercosur también daría como resultado una sobrevaluación. El incremento de 1,4% que registró el índice nacional de precios al consumidor en junio, según el BCV, supera 14 veces al promedio de 0,15% registrado en el grupo.
La inflación acumulada en el primer semestre de 2012 (7,5%) igualmente coloca a Venezuela por encima de Argentina (5,9%), Brasil (3,1%), Paraguay (2,8%) y Uruguay (4,1%).
Y el incremento de 21,3% que tuvieron los precios en los últimos 12 meses en el país triplica la media del bloque regional, que fue 6,9%.
Problema de fondo. El economista Alexander Guerrero dijo que, aunque es cierto que la sobrevaluación del bolívar coloca en desventaja los productos nacionales, hay otras razones que le quitan competitividad a Venezuela frente a los países del Mercosur y el resto del mundo.
Las regulaciones gubernamentales que limitan la actividad privada –desde el control de precios implementado 2003 hasta la Ley de Costos y Precios Justos aprobada el año pasado– son el factor que más ha mermado la capacidad del empresariado para competir, indicó Guerrero.
Saboin está de acuerdo. Afirmó que, además de corregir la sobrevaluación del bolívar, hay otras condiciones necesarias para que el sector productivo logre la competitividad requerida para que el ingreso de Venezuela al Mercosur tenga un efecto positivo en vez de negativo.
La lista incluye facilidades para crear empresas, incentivos fiscales –sobre todo para la agricultura, la manufactura y la minería, que son las que elaboran bienes que se pueden exportar– y un entorno macroeconómico sano. "De lo contrario no se podrá incentivar la producción".
Guerrero agregó que el desmontaje de las regulaciones, que gremios como Conindustria han calificado de cerco productivo, ayudará a reducir la inflación y, por tanto, a controlar la tendencia que tiene el bolívar a sobrevaluarse por los ingresos petroleros.
Publicado en El Nacional
lunes, 9 de julio de 2012
Los constructores apadrinan al hospital San Juan de Dios
El Valle Arriba Golf Club recibirá mañana a 104 golfistas que disputarán el primer torneo Copa CVC, patrocinado por la Cámara Venezolana de la Construcción para recoger fondos a beneficio del Hospital San Juan de Dios.
Gilbert Dao, presidente del gremio, informó que la colaboración con el centro de salud comenzó el año pasado gracias a dos asociados, el arquitecto Pedro Mendoza y el ingeniero Fernando Bolinaga.
"Ellos participaban, a título personal con sus empresas, en un plan maestro de ayuda y reconstrucción. El gremio empezó a apoyar en las áreas vinculadas con nuestra especialidad: planos, electricidad, plomería", dijo Dao.
El patrocinio de la competencia de golf también se concretó gracias a un asociado de la CVC, el ingeniero Roberto Cavalín, que hizo el aporte inicial para la realización del torneo.
"El gremio complementó ese capital semilla y se convirtió en el patrocinante principal. La idea es continuar apadrinando la competencia, que esperamos repetir anualmente para fortalecer el presupuesto del hospital", señaló.
Dao indicó que, además del torneo de golf, habrá una serie de actividades sociales organizadas por la Fundación Amigos del Hospital San Juan de Dios, como rifas, para conseguir recursos.
Educación y salud. El año pasado fue creada la Fundación CVC para hacerse cargo de la responsabilidad social del gremio, que por ahora está enfocada en dos líneas de acción: educación y salud.
Dao aclaró que los constructores siempre han hecho labor social en los alrededores de sus obras, a través de proyectos como reconstrucción de plazas y embaulamiento de quebradas.
Agregó que también cuentan con iniciativas propias. "El primer paso en materia de responsabilidad social se dio en la presidencia de Fouad Sayegh, que ahora dirige la fundación, con la creación de la cátedra CVC".
La cátedra, que empezó como materia electiva y ahora es obligatoria al cursar Ingeniería Civil en la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Metropolitana, consiste en una serie de charlas de expertos sobre las diferentes facetas de la construcción.
Más reciente que la vertiente basada en educación es la línea de acción en salud, que comenzó con el apoyo al Hospital San Juan de Dios.
Publicado en El Nacional
Gilbert Dao, presidente del gremio, informó que la colaboración con el centro de salud comenzó el año pasado gracias a dos asociados, el arquitecto Pedro Mendoza y el ingeniero Fernando Bolinaga.
"Ellos participaban, a título personal con sus empresas, en un plan maestro de ayuda y reconstrucción. El gremio empezó a apoyar en las áreas vinculadas con nuestra especialidad: planos, electricidad, plomería", dijo Dao.
El patrocinio de la competencia de golf también se concretó gracias a un asociado de la CVC, el ingeniero Roberto Cavalín, que hizo el aporte inicial para la realización del torneo.
"El gremio complementó ese capital semilla y se convirtió en el patrocinante principal. La idea es continuar apadrinando la competencia, que esperamos repetir anualmente para fortalecer el presupuesto del hospital", señaló.
Dao indicó que, además del torneo de golf, habrá una serie de actividades sociales organizadas por la Fundación Amigos del Hospital San Juan de Dios, como rifas, para conseguir recursos.
Educación y salud. El año pasado fue creada la Fundación CVC para hacerse cargo de la responsabilidad social del gremio, que por ahora está enfocada en dos líneas de acción: educación y salud.
Dao aclaró que los constructores siempre han hecho labor social en los alrededores de sus obras, a través de proyectos como reconstrucción de plazas y embaulamiento de quebradas.
Agregó que también cuentan con iniciativas propias. "El primer paso en materia de responsabilidad social se dio en la presidencia de Fouad Sayegh, que ahora dirige la fundación, con la creación de la cátedra CVC".
La cátedra, que empezó como materia electiva y ahora es obligatoria al cursar Ingeniería Civil en la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Metropolitana, consiste en una serie de charlas de expertos sobre las diferentes facetas de la construcción.
Más reciente que la vertiente basada en educación es la línea de acción en salud, que comenzó con el apoyo al Hospital San Juan de Dios.
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sábado, 7 de julio de 2012
Ingreso a Mercosur obligará a revisar comercio con andinos
El ingreso de Venezuela al Mercosur, que se concretará el próximo 31 de julio, pudiera obligar al país a revisar los acuerdos comerciales bilaterales suscritos con Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú para sustituir las normas de la Comunidad Andina de Naciones.
A través de estos convenios Venezuela ha otorgado a una serie de productos importados de los países andinos –en el caso de Colombia hay 4.900 rubros que mantendrán arancel cero– preferencias que chocan con el arancel externo común vigente en Mercosur.
El bloque, por ejemplo, establece tarifas de 10% a 28% a las importaciones de carne y leche; porque Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay figuran entre los principales productores de estos rubros. De manera que Venezuela no podrá importar de terceros países, incluidos los andinos, sin cobrar nada.
"Entrar al Mercosur implica la adopción del arancel externo común. Eso significa que habrá que revisar las tasas que se cobran a las importaciones de otros países en el plazo de cuatro años fijado en el protocolo de adhesión", dijo el abogado Juan Pablo Sucre, experto en integración regional.
"Venezuela podrá manejar las relaciones comerciales de manera independiente por un tiempo, pero a la larga deberá adaptarse a los convenios que rigen el intercambio del Mercosur con terceros países", agregó Jorge Luis Suárez, ex consultor de la Secretaría General de la CAN.
Ambos especialistas recordaron que hay una serie de acuerdos entre la CAN y el Mercosur, muchos de los cuales se suscribieron o se comenzaron a negociar cuando Venezuela todavía formaba parte del bloque andino, que serán de aplicación obligatoria para el país.
Preferencias vigentes. El presidente ejecutivo de la Cámara de Integración Económica Venezolano-Colombiano, Luis Alberto Russián, aseguró que el convenio firmado por los presidentes Hugo Chávez y Juan Manuel Santos el año pasado puede seguir vigente a pesar del ingreso al Mercosur.
"Es un acuerdo bilateral entre los estados, suscrito antes de que se concretara la entrada de Venezuela al bloque sureño. Además, las preferencias otorgadas se basan en el comercio histórico y corresponden con las necesidades de importación del país", señaló.
Russián agregó que las negociaciones que se produjeron entre los gobiernos para lograr el acuerdo se enfocaron en procurar que los niveles de acceso de los productos colombianos al mercado venezolano fuesen menores o iguales a los del Mercosur.
El presidente ejecutivo de Cavecol no descartó una revisión del convenio, pero solamente para evaluar la lista de 200 productos que tendrán un porcentaje de descuento. "Este porcentaje se acordó sobre los aranceles vigentes, que serán modificados cuando Venezuela adopte el arancel externo común".
Modificar leyes. El ingreso al grupo del sur también implicará la adopción de las normas vigentes en el bloque, para lo cual también se otorga un plazo de cuatro años. Durante ese período, dijeron los abogados, habrá que modificar las leyes nacionales que contravengan lo establecido.
"Se deben comparar las normas del Mercosur con las leyes venezolanas para identificar las diferencias que puedan existir. Un área que seguramente habrá que revisar es la propiedad intelectual, que en Venezuela quedó en un limbo tras el retiro de la CAN", indicó Sucre.
Advirtió que la concepción nacionalista del gobierno de Chávez puede llevar a las autoridades a considerar que no es necesario modificar las leyes para adaptarse al Mercosur. Pero el diputado Luis Acuña, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, afirmó que el Ejecutivo hará todo lo que se requiera para que el ingreso de Venezuela se concrete.
Publicado en El Nacional
A través de estos convenios Venezuela ha otorgado a una serie de productos importados de los países andinos –en el caso de Colombia hay 4.900 rubros que mantendrán arancel cero– preferencias que chocan con el arancel externo común vigente en Mercosur.
El bloque, por ejemplo, establece tarifas de 10% a 28% a las importaciones de carne y leche; porque Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay figuran entre los principales productores de estos rubros. De manera que Venezuela no podrá importar de terceros países, incluidos los andinos, sin cobrar nada.
"Entrar al Mercosur implica la adopción del arancel externo común. Eso significa que habrá que revisar las tasas que se cobran a las importaciones de otros países en el plazo de cuatro años fijado en el protocolo de adhesión", dijo el abogado Juan Pablo Sucre, experto en integración regional.
"Venezuela podrá manejar las relaciones comerciales de manera independiente por un tiempo, pero a la larga deberá adaptarse a los convenios que rigen el intercambio del Mercosur con terceros países", agregó Jorge Luis Suárez, ex consultor de la Secretaría General de la CAN.
Ambos especialistas recordaron que hay una serie de acuerdos entre la CAN y el Mercosur, muchos de los cuales se suscribieron o se comenzaron a negociar cuando Venezuela todavía formaba parte del bloque andino, que serán de aplicación obligatoria para el país.
Preferencias vigentes. El presidente ejecutivo de la Cámara de Integración Económica Venezolano-Colombiano, Luis Alberto Russián, aseguró que el convenio firmado por los presidentes Hugo Chávez y Juan Manuel Santos el año pasado puede seguir vigente a pesar del ingreso al Mercosur.
"Es un acuerdo bilateral entre los estados, suscrito antes de que se concretara la entrada de Venezuela al bloque sureño. Además, las preferencias otorgadas se basan en el comercio histórico y corresponden con las necesidades de importación del país", señaló.
Russián agregó que las negociaciones que se produjeron entre los gobiernos para lograr el acuerdo se enfocaron en procurar que los niveles de acceso de los productos colombianos al mercado venezolano fuesen menores o iguales a los del Mercosur.
El presidente ejecutivo de Cavecol no descartó una revisión del convenio, pero solamente para evaluar la lista de 200 productos que tendrán un porcentaje de descuento. "Este porcentaje se acordó sobre los aranceles vigentes, que serán modificados cuando Venezuela adopte el arancel externo común".
Modificar leyes. El ingreso al grupo del sur también implicará la adopción de las normas vigentes en el bloque, para lo cual también se otorga un plazo de cuatro años. Durante ese período, dijeron los abogados, habrá que modificar las leyes nacionales que contravengan lo establecido.
"Se deben comparar las normas del Mercosur con las leyes venezolanas para identificar las diferencias que puedan existir. Un área que seguramente habrá que revisar es la propiedad intelectual, que en Venezuela quedó en un limbo tras el retiro de la CAN", indicó Sucre.
Advirtió que la concepción nacionalista del gobierno de Chávez puede llevar a las autoridades a considerar que no es necesario modificar las leyes para adaptarse al Mercosur. Pero el diputado Luis Acuña, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, afirmó que el Ejecutivo hará todo lo que se requiera para que el ingreso de Venezuela se concrete.
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miércoles, 4 de julio de 2012
Sector privado edificó 18% menos en el primer trimestre
El sector privado edificó 8.200 viviendas durante el primer trimestre de 2012, lo que representa una caída de 18% en comparación con el mismo período de 2011, de acuerdo con los datos de la Cámara Venezolana de la Construcción.
Las unidades en desarrollo, que eran 75.000 en marzo del año pasado, también bajaron 18% para llegar a 61.000. Los descensos en las viviendas terminadas y en construcción explican la caída del sector privado entre enero y marzo.
El Banco Central de Venezuela informó que la expansión de 29,6% de la construcción en el primer trimestre fue impulsada por el sector público, que creció 56% porque la actividad privada se contrajo 10,6%.
El desempeño de las empresas ha sido afectado por la escasez de insumos y la incertidumbre legal, dijo Gilbert Dao, presidente de la CVC, en el segundo foro de indicadores del sector.
Dao indicó que los problemas con el suministro de cabillas y cemento son los principales responsables de que el sector privado tuviera 38.000 viviendas paralizadas al cierre del primer trimestre.
Señaló que las 107.000 unidades sin iniciar están relacionadas con la incertidumbre generada por normas como la Ley contra la Estafa Inmobiliaria y la Ley de Regularización de los Arrendamientos de Viviendas.
"Es importante recalcarlo porque hay casi 150.000 unidades que el sector privado puede desarrollar en el corto plazo si se toman medidas para mejorar el suministro de insumos y reducir la incertidumbre", dijo Dao.
Más vialidad. La población también considera que la escasez de insumos es el problema principal que enfrenta el sector construcción, según el sondeo de opinión realizado por Datanálisis a petición del gremio.
Luis Vicente León, director de Datanálisis, dijo que 23,9% de los consultados responsabilizaron a los problemas con las cabillas y el cemento por la falta de vivienda, mientras que 12,4% culpó al Gobierno por no ocuparse del tema.
León indicó que el ciudadano común está al tanto de esta situación que afecta a los empresarios porque también demanda insumos de construcción y tiene problemas para conseguirlos.
El sondeo también mostró que la principal demanda de los venezolanos es la edificación de vialidad, con 41,8%. La gente también considera prioritario construir hospitales (40,4%) y viviendas (34,5%).
León afirmó que el hecho de que la vialidad esté por encima de la vivienda no resulta sorpresivo, al tomar en cuenta que la infraestructura es el servicio peor evaluado por la población.
El director de Datanálisis señaló que 47,4% responsabiliza a los gobiernos regionales (alcaldías y gobernaciones) por los problemas en las vías, mientras que 35,7% culpa al Ejecutivo.
Otro hallazgo es que 55% de los consultados está de acuerdo con el regreso de los peajes, es decir, con contribuir al mantenimiento de la vialidad en el país.
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Las unidades en desarrollo, que eran 75.000 en marzo del año pasado, también bajaron 18% para llegar a 61.000. Los descensos en las viviendas terminadas y en construcción explican la caída del sector privado entre enero y marzo.
El Banco Central de Venezuela informó que la expansión de 29,6% de la construcción en el primer trimestre fue impulsada por el sector público, que creció 56% porque la actividad privada se contrajo 10,6%.
El desempeño de las empresas ha sido afectado por la escasez de insumos y la incertidumbre legal, dijo Gilbert Dao, presidente de la CVC, en el segundo foro de indicadores del sector.
Dao indicó que los problemas con el suministro de cabillas y cemento son los principales responsables de que el sector privado tuviera 38.000 viviendas paralizadas al cierre del primer trimestre.
Señaló que las 107.000 unidades sin iniciar están relacionadas con la incertidumbre generada por normas como la Ley contra la Estafa Inmobiliaria y la Ley de Regularización de los Arrendamientos de Viviendas.
"Es importante recalcarlo porque hay casi 150.000 unidades que el sector privado puede desarrollar en el corto plazo si se toman medidas para mejorar el suministro de insumos y reducir la incertidumbre", dijo Dao.
Más vialidad. La población también considera que la escasez de insumos es el problema principal que enfrenta el sector construcción, según el sondeo de opinión realizado por Datanálisis a petición del gremio.
Luis Vicente León, director de Datanálisis, dijo que 23,9% de los consultados responsabilizaron a los problemas con las cabillas y el cemento por la falta de vivienda, mientras que 12,4% culpó al Gobierno por no ocuparse del tema.
León indicó que el ciudadano común está al tanto de esta situación que afecta a los empresarios porque también demanda insumos de construcción y tiene problemas para conseguirlos.
El sondeo también mostró que la principal demanda de los venezolanos es la edificación de vialidad, con 41,8%. La gente también considera prioritario construir hospitales (40,4%) y viviendas (34,5%).
León afirmó que el hecho de que la vialidad esté por encima de la vivienda no resulta sorpresivo, al tomar en cuenta que la infraestructura es el servicio peor evaluado por la población.
El director de Datanálisis señaló que 47,4% responsabiliza a los gobiernos regionales (alcaldías y gobernaciones) por los problemas en las vías, mientras que 35,7% culpa al Ejecutivo.
Otro hallazgo es que 55% de los consultados está de acuerdo con el regreso de los peajes, es decir, con contribuir al mantenimiento de la vialidad en el país.
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martes, 3 de julio de 2012
Déficit comercial con Mercosur aumentó 1.300% desde 2001
La última vez que el comercio de Venezuela con los integrantes del Mercado Común del Sur arrojó un saldo positivo para el país fue en 2000, con un superávit de 598,1 millones de dólares. El intercambio con el bloque, al que se ingresará el próximo 31 de julio, ha sido deficitario desde entonces.
Las importaciones provenientes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay sumaron 6,7 millardos de dólares en 2011, más del triple de las exportaciones de 1,9 millardos de dólares realizadas por Venezuela, según las cifras que esos países reportan a la Asociación Latinoamericana de Integración.
La diferencia entre lo que se compra y lo que se vende a los integrantes del Mercosur se ubicó en 4,8 millardos de dólares el año pasado, lo que representa un incremento de 1.300% durante la última década, porque en 2001 fue de 341,4 millones de dólares.
El hecho de que la balanza comercial con el grupo sea cada vez menos favorable para Venezuela se debe a que las importaciones crecieron 23 veces más que las exportaciones. Las primeras subieron 583% entre 2000 y 2011, mientras que las segundas aumentaron 25% en el mismo período.
Analistas temen que la brecha se incremente todavía más con la entrada en vigencia del protocolo de adhesión de Venezuela al Mercosur, que otorga un período máximo de cuatro años para eliminar los aranceles a los productos provenientes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Monoexportador. Las exportaciones venezolanas a los países del Mercosur, al igual que las realizadas al resto del planeta, están compuestas principalmente de petróleo y sus productos derivados. En 2011 estos rubros constituyeron 95% de lo vendido en el exterior, según el Banco Central de Venezuela.
Las estadísticas de la Aladi muestran que el año pasado el gasoil concentró 99,8% de los 194,3 millones de dólares exportados a Paraguay, mientras que el aceite crudo de petróleo aglutinó 99,7% de los 398,8 millones de dólares vendidos a Uruguay.
En el caso de Brasil, 63,2% de lo exportado estuvo relacionado con petróleo: nafta (31,54%), coque (22,27%), metanol (4,69%), hulla (3,96%) y etanodiol (0,74%). En Argentina, 53,9% de lo vendido fueron derivados del crudo: urea (32,92%), etanodiol (11,74%), químicos (8,1%) y lubricantes (0,14%).
El resto de los envíos que Venezuela realizó a Argentina y Brasil en 2011 estuvieron concentrados en otros rubros que pueden considerarse tradicionales y que son manejados principalmente por el Gobierno: hierro y aluminio. En el primer caso representaron 25,9% y en el segundo 28,6%.
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Las importaciones provenientes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay sumaron 6,7 millardos de dólares en 2011, más del triple de las exportaciones de 1,9 millardos de dólares realizadas por Venezuela, según las cifras que esos países reportan a la Asociación Latinoamericana de Integración.
La diferencia entre lo que se compra y lo que se vende a los integrantes del Mercosur se ubicó en 4,8 millardos de dólares el año pasado, lo que representa un incremento de 1.300% durante la última década, porque en 2001 fue de 341,4 millones de dólares.
El hecho de que la balanza comercial con el grupo sea cada vez menos favorable para Venezuela se debe a que las importaciones crecieron 23 veces más que las exportaciones. Las primeras subieron 583% entre 2000 y 2011, mientras que las segundas aumentaron 25% en el mismo período.
Analistas temen que la brecha se incremente todavía más con la entrada en vigencia del protocolo de adhesión de Venezuela al Mercosur, que otorga un período máximo de cuatro años para eliminar los aranceles a los productos provenientes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Monoexportador. Las exportaciones venezolanas a los países del Mercosur, al igual que las realizadas al resto del planeta, están compuestas principalmente de petróleo y sus productos derivados. En 2011 estos rubros constituyeron 95% de lo vendido en el exterior, según el Banco Central de Venezuela.
Las estadísticas de la Aladi muestran que el año pasado el gasoil concentró 99,8% de los 194,3 millones de dólares exportados a Paraguay, mientras que el aceite crudo de petróleo aglutinó 99,7% de los 398,8 millones de dólares vendidos a Uruguay.
En el caso de Brasil, 63,2% de lo exportado estuvo relacionado con petróleo: nafta (31,54%), coque (22,27%), metanol (4,69%), hulla (3,96%) y etanodiol (0,74%). En Argentina, 53,9% de lo vendido fueron derivados del crudo: urea (32,92%), etanodiol (11,74%), químicos (8,1%) y lubricantes (0,14%).
El resto de los envíos que Venezuela realizó a Argentina y Brasil en 2011 estuvieron concentrados en otros rubros que pueden considerarse tradicionales y que son manejados principalmente por el Gobierno: hierro y aluminio. En el primer caso representaron 25,9% y en el segundo 28,6%.
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lunes, 2 de julio de 2012
Habilitante completó el cerco sobre la actividad productiva
Las leyes para regular al sector empresarial aprobadas directamente por el presidente Hugo Chávez gracias al último poder habilitante que le entregó la Asamblea Nacional, que estuvo vigente entre diciembre de 2010 y junio de 2012, completaron el cerco al aparato productivo del país.
Empresarios y especialistas no tienen dudas al respecto. Normas como la Ley de Costos y Precios Justos y la Ley Orgánica del Trabajo, por mencionar sólo las dos más importantes aprobadas vía habilitante, se suman al conjunto de regulaciones implementadas por el Gobierno desde 2003.
En la lista también está la Ley que Promueve las Nuevas Formas Asociativas Conjuntas entre el Estado, la Iniciativa Comunitaria y Privada publicada el 15 de junio –último día de vigencia de la Ley Habilitante– que obliga a asociarse con el Gobierno para ser proveedor o beneficiario de programas.
"Son leyes que han afectado la actividad del sector privado y han limitado la capacidad productiva de las empresas. Se le ha puesto un candado a la poca economía de mercado que existe en el país", aseguró Jorge Botti, presidente de Fedecámaras.
"La iniciativa empresarial ha quedado completamente sujeta a las reglas que establece el Estado. Ya el régimen económico que tuvimos no existe, porque se basaba en la propiedad privada, que ahora está en condiciones precarias", agregó el economista Alexander Guerrero.
Ambos coinciden en que Chávez aprovechó la Habilitante para implementar la propuesta de reforma constitucional rechazada por el voto popular en diciembre de 2007. "Como perdió el referéndum tuvo que armarse de paciencia y hacer los cambios poco a poco", dijo Guerrero.
Contraproducentes. El economista Richard Obuchi identificó dos problemas en las regulaciones aplicadas por el gobierno de Chávez sobre la actividad económica: obvian las consecuencias que generan los cambios y atacan los síntomas en vez de las enfermedades.
Lo primero queda claro, según Obuchi, desde el proceso de aprobación de las leyes. "La ausencia de deliberación y discusión ha sido una característica. La incertidumbre que se genera cuando los cambios no se conocen sino hasta que se publica la norma tiene un impacto muy negativo".
Lo segundo se concluye al analizar las legislaciones aprobadas. "El combate de la inflación requiere mucho más que una regulación de las ganancias como la planteada en la Ley de Costos y Precios Justos. El problema del empleo tampoco se resuelve con la nueva Ley Orgánica del Trabajo", añadió Obuchi.
Botti indicó que, aunque el planteamiento gubernamental apunta a beneficiar al consumidor, en realidad logra lo contrario. "Se han puesto tantas trabas al sector empresarial que al final los efectos son contraproducentes. Una prueba es que la inflación no ha disminuido".
La ley laboral también atenta contra su objetivo, señaló Obuchi. "La norma genera algunos beneficios para quienes están empleados, pero las consecuencias negativas que tiene sobre la actividad privada causarán que, a largo plazo, haya menos empleo".
Más dependencia. El presidente de Fedecámaras destacó que las empresas pequeñas y medianas son las más perjudicadas por las legislaciones que limitan la actividad privada, porque tienen menos capacidad que las grandes para asumir los costos que implican las regulaciones.
"El Gobierno ha hecho más difícil las barreras de entrada y las condiciones de operación de las pymes. Ha inhibido la inversión privada y ha fomentado indirectamente la concentración económica que ahora quiere castigar con la ley antimonopolio que se discute en la Asamblea Nacional", expresó Botti.
Guerrero aseguró que la regulación de la economía ha tenido consecuencias muy duras para toda la sociedad. "Hay una descapitalización del sector privado, un empobrecimiento del capital humano y una mayor dependencia del petróleo".
Publicado en El Nacional
Empresarios y especialistas no tienen dudas al respecto. Normas como la Ley de Costos y Precios Justos y la Ley Orgánica del Trabajo, por mencionar sólo las dos más importantes aprobadas vía habilitante, se suman al conjunto de regulaciones implementadas por el Gobierno desde 2003.
En la lista también está la Ley que Promueve las Nuevas Formas Asociativas Conjuntas entre el Estado, la Iniciativa Comunitaria y Privada publicada el 15 de junio –último día de vigencia de la Ley Habilitante– que obliga a asociarse con el Gobierno para ser proveedor o beneficiario de programas.
"Son leyes que han afectado la actividad del sector privado y han limitado la capacidad productiva de las empresas. Se le ha puesto un candado a la poca economía de mercado que existe en el país", aseguró Jorge Botti, presidente de Fedecámaras.
"La iniciativa empresarial ha quedado completamente sujeta a las reglas que establece el Estado. Ya el régimen económico que tuvimos no existe, porque se basaba en la propiedad privada, que ahora está en condiciones precarias", agregó el economista Alexander Guerrero.
Ambos coinciden en que Chávez aprovechó la Habilitante para implementar la propuesta de reforma constitucional rechazada por el voto popular en diciembre de 2007. "Como perdió el referéndum tuvo que armarse de paciencia y hacer los cambios poco a poco", dijo Guerrero.
Contraproducentes. El economista Richard Obuchi identificó dos problemas en las regulaciones aplicadas por el gobierno de Chávez sobre la actividad económica: obvian las consecuencias que generan los cambios y atacan los síntomas en vez de las enfermedades.
Lo primero queda claro, según Obuchi, desde el proceso de aprobación de las leyes. "La ausencia de deliberación y discusión ha sido una característica. La incertidumbre que se genera cuando los cambios no se conocen sino hasta que se publica la norma tiene un impacto muy negativo".
Lo segundo se concluye al analizar las legislaciones aprobadas. "El combate de la inflación requiere mucho más que una regulación de las ganancias como la planteada en la Ley de Costos y Precios Justos. El problema del empleo tampoco se resuelve con la nueva Ley Orgánica del Trabajo", añadió Obuchi.
Botti indicó que, aunque el planteamiento gubernamental apunta a beneficiar al consumidor, en realidad logra lo contrario. "Se han puesto tantas trabas al sector empresarial que al final los efectos son contraproducentes. Una prueba es que la inflación no ha disminuido".
La ley laboral también atenta contra su objetivo, señaló Obuchi. "La norma genera algunos beneficios para quienes están empleados, pero las consecuencias negativas que tiene sobre la actividad privada causarán que, a largo plazo, haya menos empleo".
Más dependencia. El presidente de Fedecámaras destacó que las empresas pequeñas y medianas son las más perjudicadas por las legislaciones que limitan la actividad privada, porque tienen menos capacidad que las grandes para asumir los costos que implican las regulaciones.
"El Gobierno ha hecho más difícil las barreras de entrada y las condiciones de operación de las pymes. Ha inhibido la inversión privada y ha fomentado indirectamente la concentración económica que ahora quiere castigar con la ley antimonopolio que se discute en la Asamblea Nacional", expresó Botti.
Guerrero aseguró que la regulación de la economía ha tenido consecuencias muy duras para toda la sociedad. "Hay una descapitalización del sector privado, un empobrecimiento del capital humano y una mayor dependencia del petróleo".
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domingo, 1 de julio de 2012
Venezuela se expone a sanciones por acuerdos con Irán
Los especialistas petroleros José Toro Hardy y Rafael Quiroz consideran que los más de 300 convenios firmados por Venezuela e Irán en los últimos años no se verán afectados por el embargo que Estados Unidos y la Unión Europea impondrán a ese país a partir de hoy.
Quiroz aclara que habría que ver con calma la lista de los acuerdos suscritos con Teherán, que abarcan un portafolio de negocios que va desde lo energético hasta lo aeronáutico, para precisar si alguno debe ser modificado, pero cree que no será necesario.
A Toro Hardy le preocupa que la desinformación que caracteriza los tratados bilaterales pueda generar problemas con los promotores del embargo. "Buena parte de ellos no se conocen. Nadie sabe qué implican para el país".
El especialista agrega que el hecho de que los acuerdos con Irán puedan seguir vigentes no quiere decir que Venezuela quede exenta de posibles sanciones multilaterales por su relación con el país persa.
El año pasado Estados Unidos decidió excluir a Cavim y Pdvsa de la lista de compañías que pueden optar a contratos con el Gobierno de ese país, entre otras sanciones, por las ventas que hicieron a Irán.
Cavim fue castigada por la exportación de 2,4 millones de dólares en bienes de la partida arancelaria "los demás explosivos preparados" en 2010, a pesar de la prohibición de venderle armas a esa nación establecida por la ONU. En el caso de Pdvsa, la multa se produjo por el envío de 20.000 barriles diarios de combustible que se llevó a cabo entre octubre de 2009 y septiembre de 2010, como parte de los acuerdos entre ambos países.
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Quiroz aclara que habría que ver con calma la lista de los acuerdos suscritos con Teherán, que abarcan un portafolio de negocios que va desde lo energético hasta lo aeronáutico, para precisar si alguno debe ser modificado, pero cree que no será necesario.
A Toro Hardy le preocupa que la desinformación que caracteriza los tratados bilaterales pueda generar problemas con los promotores del embargo. "Buena parte de ellos no se conocen. Nadie sabe qué implican para el país".
El especialista agrega que el hecho de que los acuerdos con Irán puedan seguir vigentes no quiere decir que Venezuela quede exenta de posibles sanciones multilaterales por su relación con el país persa.
El año pasado Estados Unidos decidió excluir a Cavim y Pdvsa de la lista de compañías que pueden optar a contratos con el Gobierno de ese país, entre otras sanciones, por las ventas que hicieron a Irán.
Cavim fue castigada por la exportación de 2,4 millones de dólares en bienes de la partida arancelaria "los demás explosivos preparados" en 2010, a pesar de la prohibición de venderle armas a esa nación establecida por la ONU. En el caso de Pdvsa, la multa se produjo por el envío de 20.000 barriles diarios de combustible que se llevó a cabo entre octubre de 2009 y septiembre de 2010, como parte de los acuerdos entre ambos países.
Publicado en El Nacional
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