Estados Unidos mantuvo a Venezuela en la lista de países que no hacen lo suficiente para combatir el tráfico de personas, en la que también están Corea del Norte, Irán, Rusia y Siria, entre otros, reseñó la agencia Efe.
"Venezuela es un país de origen y destino para hombres, mujeres y niños sujetos a tráfico sexual y trabajo forzado", dice el informe anual del Departamento de Estado sobre este delito, publicado ayer.
Washington considera que Caracas "no cumple plenamente con las normas mínimas para la eliminación de la trata (el estándar es una ley estadounidense de 2000) y no está haciendo esfuerzos significativos para lograrlo".
El documento indica que la falta de datos oficiales confiables sobre la lucha contra el tráfico de personas hace que los esfuerzos realizados por el gobierno venezolano, que asegura haber identificado y asistido a algunas víctimas, sean difíciles de evaluar.
Entre los casos que existen en Venezuela, según el informe, están los cubanos que trabajan en los programas sociales del gobierno y especialmente los médicos de la misión Barrio Adentro.
"Indicadores de trabajo forzado reportados por algunos cubanos que participan en el programa incluyen pago insuficiente de salarios, largas jornadas obligatorias y amenazas de represalias contra ellos y sus familias si abandonan", señala.
El texto también cita los reportes de mujeres venezolanas sometidas a prostitución en las islas del Caribe –particularmente Aruba, Curazao y Trinidad– y el trabajo forzado en el sector informal y el servicio doméstico de niños y mujeres ecuatorianas residentes en el país.
El Departamento de Estado hace una serie de recomendaciones a cada país. En el caso de Venezuela, destacan fortalecer los esfuerzos por investigar y enjuiciar los hechos de tráfico sexual y trabajo forzado, proporcionar servicios especializados para las víctimas y mejorar la recopilación de datos sobre los esfuerzos del gobierno contra este problema.
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martes, 28 de julio de 2015
sábado, 25 de julio de 2015
Pablo Iglesias será candidato a presidir gobierno de España
Las elecciones primarias de Podemos confirmaron lo que era un secreto a voces: Pablo Iglesias encabezará la lista del partido para los comicios generales de noviembre y, por lo tanto, será candidato a la presidencia de España.
Iglesias, diputado del Parlamento Europeo, fue elegido con 93% de los votos en unas primarias en las que participaron 16% de los inscritos en Podemos. Los medios españoles atribuyeron la baja concurrencia a las críticas internas al proceso electoral del partido.
De cara al electorado general, sin embargo, las críticas que más pesan sobre la candidatura presidencial de Iglesias son las que relacionan a Podemos, una organización de izquierda fundada en 2014, con el chavismo.
El diario El País denunció el año pasado que la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales, vinculada a Podemos, recibió 3,7 millones de euros del gobierno venezolano entre 2002 y 2012.
En enero, además, denunció que Juan Carlos Monedero, cofundador del partido, no declaró al fisco 425.150 euros que le pagaron los gobiernos de Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela en 2013.
Publicado en El Nacional
Iglesias, diputado del Parlamento Europeo, fue elegido con 93% de los votos en unas primarias en las que participaron 16% de los inscritos en Podemos. Los medios españoles atribuyeron la baja concurrencia a las críticas internas al proceso electoral del partido.
De cara al electorado general, sin embargo, las críticas que más pesan sobre la candidatura presidencial de Iglesias son las que relacionan a Podemos, una organización de izquierda fundada en 2014, con el chavismo.
El diario El País denunció el año pasado que la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales, vinculada a Podemos, recibió 3,7 millones de euros del gobierno venezolano entre 2002 y 2012.
En enero, además, denunció que Juan Carlos Monedero, cofundador del partido, no declaró al fisco 425.150 euros que le pagaron los gobiernos de Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela en 2013.
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miércoles, 22 de julio de 2015
Guyana no frenará las inversiones en el territorio Esequibo
El canciller de Guyana, Carl Greenidge, aseguró que su país no frenará las inversiones en el Esequibo, un territorio de 159.000 kilómetros cuadrados rico en recursos minerales que es reclamado por Venezuela, reseñó el diario Guyana Chronicle.
En un discurso ante la Asociación de Industria y Servicios de Guyana, Greenidge dijo que el gobierno de su país no dejará de promover las inversiones en esa región porque no puede descuidar ninguna parte de su territorio.
Agregó que Georgetown buscará un arreglo judicial para el reclamo de Caracas porque la figura de los buenos oficios y las demás opciones de solución pacífica de controversias establecidas en la Carta de la Organización de Naciones Unidas han sido agotadas.
Greenidge opina que el Acuerdo de Ginebra no reabrió la disputa, sino que se limitó a crear un mecanismo para definir la validez del Laudo Arbitral de 1899, luego de que Venezuela denunció su nulidad.
Caracas mantiene que el instrumento jurídico firmado en 1966 sí busca dirimir la controversia territorial y acusa a Georgetown de vulnerar lo que suscribió. "Lo que está haciendo Guyana no puede ser sino un vulgar incumplimiento del Acuerdo de Ginebra", dijo la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez.
La ministra de Relaciones Exteriores aseguró, además, que la posición venezolana cuenta con el respaldo pleno y absoluto de los países del Mercosur en la cumbre presidencial de la semana pasada.
"Las nuevas autoridades de Guyana salieron con las tablas en la cabeza porque venían con una estrategia de descrédito contra Venezuela. Esa estrategia fue derrotada en el seno del Mercosur", declaró Rodríguez al volver de Brasilia, donde se celebró el encuentro.
Publicado en El Nacional
En un discurso ante la Asociación de Industria y Servicios de Guyana, Greenidge dijo que el gobierno de su país no dejará de promover las inversiones en esa región porque no puede descuidar ninguna parte de su territorio.
Agregó que Georgetown buscará un arreglo judicial para el reclamo de Caracas porque la figura de los buenos oficios y las demás opciones de solución pacífica de controversias establecidas en la Carta de la Organización de Naciones Unidas han sido agotadas.
Greenidge opina que el Acuerdo de Ginebra no reabrió la disputa, sino que se limitó a crear un mecanismo para definir la validez del Laudo Arbitral de 1899, luego de que Venezuela denunció su nulidad.
Caracas mantiene que el instrumento jurídico firmado en 1966 sí busca dirimir la controversia territorial y acusa a Georgetown de vulnerar lo que suscribió. "Lo que está haciendo Guyana no puede ser sino un vulgar incumplimiento del Acuerdo de Ginebra", dijo la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez.
La ministra de Relaciones Exteriores aseguró, además, que la posición venezolana cuenta con el respaldo pleno y absoluto de los países del Mercosur en la cumbre presidencial de la semana pasada.
"Las nuevas autoridades de Guyana salieron con las tablas en la cabeza porque venían con una estrategia de descrédito contra Venezuela. Esa estrategia fue derrotada en el seno del Mercosur", declaró Rodríguez al volver de Brasilia, donde se celebró el encuentro.
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domingo, 19 de julio de 2015
El gobierno desactivó mecanismos de consulta para asuntos internacionales
La disputa diplomática actual con Guyana, luego del descubrimiento de petróleo en aguas del Esequibo, pone en evidencia la carencia de mecanismos de diálogo entre el gobierno y los actores fundamentales de la sociedad venezolana para tratar asuntos de política exterior que requieren una visión de Estado.
El fallecido presidente Hugo Chávez, a su llegada al poder en 1999, desactivó instancias como la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, cuya misión era "prestar colaboración al gobierno en todos los ramos de la política internacional", de acuerdo con el decreto que la creó en junio de 1974.
La CARE tenía como miembros permanentes a los ex cancilleres y al jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada Nacional. Además, contaba con seis integrantes por tiempo determinado: dos seleccionados por el Senado, dos por la Cámara de Diputados y dos por la Presidencia de la República.
Los ex mandatarios elegidos por votación popular eran considerados miembros permanentes, aunque su presencia no era necesaria a los efectos del quórum (según el decreto) y en la práctica nunca participaron en las reuniones de esta instancia, dice Oscar Hernández Bernalette, embajador de carrera.
"La principal característica de la CARE era que reunía a los cancilleres de todos los gobiernos, pero Chávez nunca los convocó porque inicialmente la mayoría de ellos estaba en una posición política contraria", afirma Milos Alcalay, ex representante de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas.
Hernández Bernalette y Alcalay recuerdan que los mecanismos de consulta son necesarios porque los asuntos exteriores requieren políticas de Estado y estas se elaboran tomando en cuenta a la mayor cantidad posible de actores: académicos, empresarios, medios, militares, organizaciones de la sociedad civil, políticos, sindicatos, universidades.
"Este tipo de instancias es una herramienta extraordinaria porque contribuye a que la toma de decisiones del Ejecutivo, en temas que son de máximo interés para el país, sea lo más amplia posible. De esta forma las acciones del gobierno en estos asuntos tienen más reconocimiento de la sociedad", afirma Hernández Bernalette.
Sin voluntad. La creación de la Comisión Presidencial de Estado para la Garantía de la Integridad Territorial y Asuntos Limítrofes parece un intento del gobierno de Nicolás Maduro por llenar el vacío de mecanismos de diálogo con la sociedad para tratar temas de política exterior.
Los integrantes de la instancia son el vicepresidente, Jorge Arreaza; la canciller, Delcy Rodríguez; el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; la ministra del Despacho de la Presidencia, Carmen Meléndez; la presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez; y el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez.
Además, cuenta con tres representantes designados por la Asamblea Nacional, que son los diputados Yul Jabour (PCV), William Fariñas (PSUV) y William Dávila (AD). Hernández Bernalette considera positiva la incorporación de un parlamentario de la bancada opositora: "Es un paso hacia adelante".
El embajador de carrera afirma, sin embargo, que sería útil incluir a más personas con opiniones distintas: "No tienen que ser ex cancilleres. Pueden ser académicos, diplomáticos, historiadores, investigadores reconocidos por su conocimiento del tema. Es la única manera de garantizar que haya una visión heterogénea".
Alcalay reitera la necesidad de dialogar con todos los actores fundamentales de la sociedad, pero duda que haya voluntad gubernamental para hacer esto. "Una comisión como la creada por Maduro, en la que básicamente están los mismos actores del gobierno, no es la forma de crear una política de Estado. Lo que piden es apoyo a su posición, pero no escuchan".
El ex representante de Venezuela ante la ONU recordó que hay una serie de personas e instituciones que ha estudiado el tema del Esequibo, que será lo primero que atienda la comisión. "Si hay voluntad de incorporarlos, se puede hacer. En el país siempre hubo mecanismos de consulta para fijar una política de Estado. No hay que reinventar la pólvora".
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El fallecido presidente Hugo Chávez, a su llegada al poder en 1999, desactivó instancias como la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, cuya misión era "prestar colaboración al gobierno en todos los ramos de la política internacional", de acuerdo con el decreto que la creó en junio de 1974.
La CARE tenía como miembros permanentes a los ex cancilleres y al jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada Nacional. Además, contaba con seis integrantes por tiempo determinado: dos seleccionados por el Senado, dos por la Cámara de Diputados y dos por la Presidencia de la República.
Los ex mandatarios elegidos por votación popular eran considerados miembros permanentes, aunque su presencia no era necesaria a los efectos del quórum (según el decreto) y en la práctica nunca participaron en las reuniones de esta instancia, dice Oscar Hernández Bernalette, embajador de carrera.
"La principal característica de la CARE era que reunía a los cancilleres de todos los gobiernos, pero Chávez nunca los convocó porque inicialmente la mayoría de ellos estaba en una posición política contraria", afirma Milos Alcalay, ex representante de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas.
Hernández Bernalette y Alcalay recuerdan que los mecanismos de consulta son necesarios porque los asuntos exteriores requieren políticas de Estado y estas se elaboran tomando en cuenta a la mayor cantidad posible de actores: académicos, empresarios, medios, militares, organizaciones de la sociedad civil, políticos, sindicatos, universidades.
"Este tipo de instancias es una herramienta extraordinaria porque contribuye a que la toma de decisiones del Ejecutivo, en temas que son de máximo interés para el país, sea lo más amplia posible. De esta forma las acciones del gobierno en estos asuntos tienen más reconocimiento de la sociedad", afirma Hernández Bernalette.
Sin voluntad. La creación de la Comisión Presidencial de Estado para la Garantía de la Integridad Territorial y Asuntos Limítrofes parece un intento del gobierno de Nicolás Maduro por llenar el vacío de mecanismos de diálogo con la sociedad para tratar temas de política exterior.
Los integrantes de la instancia son el vicepresidente, Jorge Arreaza; la canciller, Delcy Rodríguez; el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; la ministra del Despacho de la Presidencia, Carmen Meléndez; la presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez; y el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez.
Además, cuenta con tres representantes designados por la Asamblea Nacional, que son los diputados Yul Jabour (PCV), William Fariñas (PSUV) y William Dávila (AD). Hernández Bernalette considera positiva la incorporación de un parlamentario de la bancada opositora: "Es un paso hacia adelante".
El embajador de carrera afirma, sin embargo, que sería útil incluir a más personas con opiniones distintas: "No tienen que ser ex cancilleres. Pueden ser académicos, diplomáticos, historiadores, investigadores reconocidos por su conocimiento del tema. Es la única manera de garantizar que haya una visión heterogénea".
Alcalay reitera la necesidad de dialogar con todos los actores fundamentales de la sociedad, pero duda que haya voluntad gubernamental para hacer esto. "Una comisión como la creada por Maduro, en la que básicamente están los mismos actores del gobierno, no es la forma de crear una política de Estado. Lo que piden es apoyo a su posición, pero no escuchan".
El ex representante de Venezuela ante la ONU recordó que hay una serie de personas e instituciones que ha estudiado el tema del Esequibo, que será lo primero que atienda la comisión. "Si hay voluntad de incorporarlos, se puede hacer. En el país siempre hubo mecanismos de consulta para fijar una política de Estado. No hay que reinventar la pólvora".
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viernes, 17 de julio de 2015
Venezuela y Guyana buscan apoyos en Mercosur por disputa
Venezuela ratificó ante el Mercosur la legitimidad de su reclamo del territorio Esequibo e insistió en la necesidad de que Guyana respete el Acuerdo de Ginebra para buscar una solución pacífica.
"No hay duda alguna, ni histórica, ni política, sobre los derechos legítimos que tiene Venezuela sobre el Esequibo", dijo la ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, luego de la cumbre de cancilleres del bloque.
Rodríguez acusó a Georgetown de irrespetar el Acuerdo de Ginebra, firmado por ambos países en 1966, al permitir que la petrolera estadounidense Exxon Mobil explore en aguas en disputa. Denunció que el objetivo de la petrolera es la apropiación ilegítima de los recursos energéticos de Venezuela.
El ministro de Gobernación de Guyana, Raphael Trotman, confirmó que el presidente David Granger irá hoy a la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur para exponer sus argumentos y ganar apoyo en la disputa fronteriza.
"Cada visita, cada expresión, cada aparición tiene que reforzar nuestra posición en cuanto a nuestra integridad territorial y, por supuesto, buscar apoyos y proveer explicaciones porque la gente cree que esta es una noción romántica antigua", declaró Trotman, reportó Efe. Agregó que la cumbre del Mercosur es una oportunidad de oro para presentar el caso a los países suramericanos.
La disputa fronteriza entre Caracas y Georgetown se coló en la agenda de la cumbre, que inicialmente estaba centrada en las negociaciones para un acuerdo comercial con la Unión Europea y el proceso de adhesión de Bolivia.
Entretanto, los ex presidentes Andrés Pastrana (Colombia) y Jorge Quiroga (Bolivia) exigieron al Mercosur que suspenda a Venezuela si no autoriza misiones de observación de la OEA, la Unasur y la Unión Europea para los próximos comicios legislativos, según una carta a la que se tuvo acceso.
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"No hay duda alguna, ni histórica, ni política, sobre los derechos legítimos que tiene Venezuela sobre el Esequibo", dijo la ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, luego de la cumbre de cancilleres del bloque.
Rodríguez acusó a Georgetown de irrespetar el Acuerdo de Ginebra, firmado por ambos países en 1966, al permitir que la petrolera estadounidense Exxon Mobil explore en aguas en disputa. Denunció que el objetivo de la petrolera es la apropiación ilegítima de los recursos energéticos de Venezuela.
El ministro de Gobernación de Guyana, Raphael Trotman, confirmó que el presidente David Granger irá hoy a la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur para exponer sus argumentos y ganar apoyo en la disputa fronteriza.
"Cada visita, cada expresión, cada aparición tiene que reforzar nuestra posición en cuanto a nuestra integridad territorial y, por supuesto, buscar apoyos y proveer explicaciones porque la gente cree que esta es una noción romántica antigua", declaró Trotman, reportó Efe. Agregó que la cumbre del Mercosur es una oportunidad de oro para presentar el caso a los países suramericanos.
La disputa fronteriza entre Caracas y Georgetown se coló en la agenda de la cumbre, que inicialmente estaba centrada en las negociaciones para un acuerdo comercial con la Unión Europea y el proceso de adhesión de Bolivia.
Entretanto, los ex presidentes Andrés Pastrana (Colombia) y Jorge Quiroga (Bolivia) exigieron al Mercosur que suspenda a Venezuela si no autoriza misiones de observación de la OEA, la Unasur y la Unión Europea para los próximos comicios legislativos, según una carta a la que se tuvo acceso.
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jueves, 16 de julio de 2015
Critican que reclamo a Guyana no aborde asuntos de ciudadanía
El coronel Pompeyo Torrealba, coordinador del Movimiento Nacional al Rescate del Esequibano y del Esequibo, aseguró que Venezuela no ha aprendido que en las relaciones internacionales no hay amores sino intereses, y criticó la política de cooperación con Guyana implementada por el gobierno en los últimos años.
"Cometemos el error de pensar que por los poquitos barriles de petróleo y las cuatro casitas que le damos, Guyana nos devolverá la zona en reclamación", dijo Torrealba en la Jornada de Reflexión sobre el Esequibo, organizada por la Fiscalía.
El oficial también cuestionó que la reclamación a Guyana siempre se haya enfocado en la recuperación del territorio y no en la inserción de las personas que habitan el Esequibo, que actualmente son 200.000, según sus cálculos.
Explicó que esas personas tienen la nacionalidad venezolana y deberían poder tener cédula de identidad como el resto de los habitantes del país. Exhortó al Servicio Autónomo de Identificación, Migración y Extranjería a hacer lo necesario para que esto sea posible.
La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, dijo que el foro es el inicio de una serie de actividades para apoyar la propuesta del Ejecutivo de recuperar el Esequibo por la vía del derecho internacional.
Agregó que el Ministerio Público comenzó una serie de revisiones relacionadas con el diferendo territorial, como la inclusión de la zona en reclamación en todos los mapas que tiene la institución.
Debate posible. La presencia de los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Guyana, David Granger, en la XLVIII Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, que se realizará mañana en Brasilia, hace pensar que el conflicto bilateral será uno de los asuntos que se tratarán.
Se espera que a la reunión asistan los mandatarios de los países miembros del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela) y los de los asociados (Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam), es decir, la Unión de Naciones Suramericanas en pleno.
Maduro ha dicho que llevará a la Unasur el reclamo por el Esequibo. Entretanto, Granger ha planteado el diferendo en todas las reuniones internacionales a las que ha asistido recientemente, incluida la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, realizada el lunes en Etiopía.
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"Cometemos el error de pensar que por los poquitos barriles de petróleo y las cuatro casitas que le damos, Guyana nos devolverá la zona en reclamación", dijo Torrealba en la Jornada de Reflexión sobre el Esequibo, organizada por la Fiscalía.
El oficial también cuestionó que la reclamación a Guyana siempre se haya enfocado en la recuperación del territorio y no en la inserción de las personas que habitan el Esequibo, que actualmente son 200.000, según sus cálculos.
Explicó que esas personas tienen la nacionalidad venezolana y deberían poder tener cédula de identidad como el resto de los habitantes del país. Exhortó al Servicio Autónomo de Identificación, Migración y Extranjería a hacer lo necesario para que esto sea posible.
La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, dijo que el foro es el inicio de una serie de actividades para apoyar la propuesta del Ejecutivo de recuperar el Esequibo por la vía del derecho internacional.
Agregó que el Ministerio Público comenzó una serie de revisiones relacionadas con el diferendo territorial, como la inclusión de la zona en reclamación en todos los mapas que tiene la institución.
Debate posible. La presencia de los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Guyana, David Granger, en la XLVIII Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, que se realizará mañana en Brasilia, hace pensar que el conflicto bilateral será uno de los asuntos que se tratarán.
Se espera que a la reunión asistan los mandatarios de los países miembros del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela) y los de los asociados (Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam), es decir, la Unión de Naciones Suramericanas en pleno.
Maduro ha dicho que llevará a la Unasur el reclamo por el Esequibo. Entretanto, Granger ha planteado el diferendo en todas las reuniones internacionales a las que ha asistido recientemente, incluida la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, realizada el lunes en Etiopía.
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miércoles, 15 de julio de 2015
La Corte Internacional de Justicia no es una opción para Venezuela
Las diferencias recientes entre Guyana y Venezuela han hecho que Georgetown vuelva a plantear (como hizo en la década de 1980) que la reclamación por el territorio Esequibo se resuelva en la Corte Internacional de Justicia, pero el arreglo judicial no es una opción para Caracas.
"Venezuela se ha negado siempre porque no tiene todas las de ganar. Es poco factible que una reclamación sobre dos tercios del territorio de otro país tenga éxito", dice Angelina Jaffe, directora del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Metropolitana.
Kenneth Ramírez, presidente del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, coincide con este argumento. "La CIJ privilegia soluciones de equidad. En este caso, tomará en consideración que Guyana es el país pequeño. Venezuela siempre ha entendido que eso es una desventaja".
Emilio Figueredo, exfacilitador de las negociaciones bilaterales, recuerda que Georgetown tiene montado un expediente con las muestras de reconocimiento que Caracas ha dado en algunos momentos de su historia al Laudo Arbitral de París (1899), que la despojó del Esequibo.
Agrega que las inconsistencias en la política exterior venezolana tampoco ayudarán a lograr una sentencia favorable para el país y cita como ejemplo las declaraciones del fallecido presidente Hugo Chávez en 2004, que llamaban a dejar de lado la reclamación.
Los tres especialistas aclaran que Guyana no puede llevar el caso a la CIJ sin la autorización de Venezuela, porque los asuntos limítrofes son de jurisdicción voluntaria y porque el Acuerdo de Ginebra (1966) obliga a que el mecanismo de solución sea acordado por ambas partes.
Caracas entregó la semana pasada una solicitud al secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para que reactive el mecanismo del buen oficiante, paralizado desde la muerte de Norman Girvan en 2014. Pero Georgetown ha dicho que no quiere seguir con este método.
Ramírez considera que para lograr la aprobación de Guyana son necesarias medidas de presión. "Venezuela tiene que usar todos los medios disponibles para bloquear la explotación petrolera en aguas del Esequibo. Incluso, suspender el acuerdo de Petrocaribe".
¿Encuentro en Mercosur? El presidente de Guyana, David Granger, irá a la cumbre semestral de Mercosur que se realizará esta semana en Brasilia. Allí coincidirá con Nicolás Maduro, mandatario de Venezuela, uno de los cinco miembros plenos del bloque regional. De manera que en la agenda del evento se puede colar el conflicto bilateral por el territorio Esequibo, recrudecido luego de que un consorcio liderado por Exxon Mobil anunció en mayo que descubrió petróleo en aguas que Georgetown considera suyas y Caracas asegura que están en disputa.
Ejemplos cercanos. La Corte Internacional de Justicia ha sentenciado en los últimos años dos casos de delimitación marítima en América Latina. El primero fue el de Nicaragua contra Colombia por las islas San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y las aguas adyacentes. La CIJ reconoció la soberanía de Bogotá sobre las islas en 2007, pero concedió amplios espacios a Nicaragua al trazar los límites marítimos en 2012. El segundo fue Perú contra Chile. En 2014, la corte adjudicó a Lima un área de más de 50.000 kilómetros cuadrados que Santiago consideraba parte de su zona económica exclusiva.
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"Venezuela se ha negado siempre porque no tiene todas las de ganar. Es poco factible que una reclamación sobre dos tercios del territorio de otro país tenga éxito", dice Angelina Jaffe, directora del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Metropolitana.
Kenneth Ramírez, presidente del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, coincide con este argumento. "La CIJ privilegia soluciones de equidad. En este caso, tomará en consideración que Guyana es el país pequeño. Venezuela siempre ha entendido que eso es una desventaja".
Emilio Figueredo, exfacilitador de las negociaciones bilaterales, recuerda que Georgetown tiene montado un expediente con las muestras de reconocimiento que Caracas ha dado en algunos momentos de su historia al Laudo Arbitral de París (1899), que la despojó del Esequibo.
Agrega que las inconsistencias en la política exterior venezolana tampoco ayudarán a lograr una sentencia favorable para el país y cita como ejemplo las declaraciones del fallecido presidente Hugo Chávez en 2004, que llamaban a dejar de lado la reclamación.
Los tres especialistas aclaran que Guyana no puede llevar el caso a la CIJ sin la autorización de Venezuela, porque los asuntos limítrofes son de jurisdicción voluntaria y porque el Acuerdo de Ginebra (1966) obliga a que el mecanismo de solución sea acordado por ambas partes.
Caracas entregó la semana pasada una solicitud al secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para que reactive el mecanismo del buen oficiante, paralizado desde la muerte de Norman Girvan en 2014. Pero Georgetown ha dicho que no quiere seguir con este método.
Ramírez considera que para lograr la aprobación de Guyana son necesarias medidas de presión. "Venezuela tiene que usar todos los medios disponibles para bloquear la explotación petrolera en aguas del Esequibo. Incluso, suspender el acuerdo de Petrocaribe".
¿Encuentro en Mercosur? El presidente de Guyana, David Granger, irá a la cumbre semestral de Mercosur que se realizará esta semana en Brasilia. Allí coincidirá con Nicolás Maduro, mandatario de Venezuela, uno de los cinco miembros plenos del bloque regional. De manera que en la agenda del evento se puede colar el conflicto bilateral por el territorio Esequibo, recrudecido luego de que un consorcio liderado por Exxon Mobil anunció en mayo que descubrió petróleo en aguas que Georgetown considera suyas y Caracas asegura que están en disputa.
Ejemplos cercanos. La Corte Internacional de Justicia ha sentenciado en los últimos años dos casos de delimitación marítima en América Latina. El primero fue el de Nicaragua contra Colombia por las islas San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y las aguas adyacentes. La CIJ reconoció la soberanía de Bogotá sobre las islas en 2007, pero concedió amplios espacios a Nicaragua al trazar los límites marítimos en 2012. El segundo fue Perú contra Chile. En 2014, la corte adjudicó a Lima un área de más de 50.000 kilómetros cuadrados que Santiago consideraba parte de su zona económica exclusiva.
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domingo, 12 de julio de 2015
Venezuela también tiene que defender salida al Atlántico
El gobierno del presidente Nicolás Maduro, en su reclamo del territorio Esequibo, no debe obviar la solicitud que Guyana hizo en 2011 a la Organización de Naciones Unidas para ampliar su plataforma continental, que deja a Venezuela sin conexión directa con el océano Atlántico, única salida libre a mar abierto que tiene el país.
Especialistas recordaron que esa solicitud se basó en un trazado unilateral realizado por Georgetown que incluye las aguas de la zona en reclamación (que están en disputa, como la parte terrestre) y la fachada atlántica del estado Delta Amacuro, cuya soberanía no está en discusión.
"Es una línea que nos cercena miles de kilómetros cuadrados de áreas marinas, nos encierra en un triángulo con la delimitación acordada con Trinidad y Tobago en 1990 y nos elimina la salida libre al océano Atlántico", precisó Sadio Garavini, ex embajador de Venezuela en Guyana.
El diplomático afirmó que la conexión directa con mar abierto es importante porque, de lo contrario, todas las exportaciones que salen del río Orinoco (básicamente los minerales que se producen en Guayana) deberán pasar por la zona económica exclusiva de otro país para llegar al Atlántico y seguir hasta su destino.
Recordó, además, que es conocida la riqueza de la fachada atlántica de Delta Amacuro y de la zona en reclamación en petróleo y gas natural: "Los descubrimientos recientes del consorcio liderado por Exxon Mobil lo que hicieron fue confirmarlo". Agregó que en el área también hay abundantes recursos pesqueros.
Silencio perjudicial. La solicitud a la ONU para ampliar su plataforma continental fue una de las acciones relacionadas con el territorio Esequibo que Georgetown emprendió en los últimos años gracias al silencio de Caracas durante el mandato del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).
La influencia del régimen cubano y la intención de ganarse el respaldo de la Caricom llevaron a Chávez a cambiar la posición histórica del país sobre la zona en reclamación en 2004. "Venezuela no será un obstáculo para cualquier proyecto en el Esequibo", declaró el mandatario en una reunión con su homólogo de Guyana, Bharrett Jagdeo.
Caracas renunció así a la potestad que le otorga el Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966, para objetar la explotación de recursos naturales en el territorio disputado, lo cual fue aprovechado por Georgetown para entregar decenas de concesiones mineras y reactivar las actividades de exploración petrolera costa afuera.
El silencio gubernamental se mantuvo incluso cuando especialistas denunciaron que los bloques donde Guyana autorizó la búsqueda de hidrocarburos incluían aguas de la fachada atlántica de Delta Amacuro (más de 90.000 kilómetros cuadrados, según Aníbal Martínez, presidente del Frente Prodefensa del Petróleo).
La inacción terminó en octubre de 2013, cuando la Armada capturó en aguas venezolanas al buque Teknik Perdana, que hacía exploraciones petroleras en un bloque concedido a la empresa Anadarko Petroleum. Tras el incidente se acordó crear una comisión bilateral de delimitación marítima que hasta ahora no ha dado resultados.
Vuelve la polémica. El anuncio guyanés de que un consorcio formado por las compañías Exxon Mobil, Hess y China National Offshore Oil Corporation descubrió petróleo en el bloque Starbroek y el decreto venezolano que creó Zonas Operativas de Defensa Integral Marítima e Insular reavivaron la reclamación territorial en mayo.
Luego de meses de intercambio de acusaciones, Georgetown y Caracas coincidieron esta semana en la necesidad de apegarse al Acuerdo de Ginebra y la facilitación del secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para hallar una solución definitiva.
Angelina Jaffe, directora del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Metropolitana, considera que utilizar estos mecanismos es lo adecuado pero teme que la discusión pierda fuerza tras la modificación del decreto presidencial.
Garavini reiteró que el reclamo venezolano debe incluir la solicitud unilateral de Guyana para ampliar su plataforma continental. "Es absolutamente inaceptable que se cercene la salida al Atlántico. No es solo la proyección marítima de la zona en reclamación, que también tenemos que defender".
Emilio Figueredo, ex negociador de Venezuela con Guyana, recordó que el Acuerdo de Ginebra es válido para la reclamación del Esequibo pero no tiene nada que ver con la fachada atlántica de Delta Amacuro: "De Punta Playa para acá no hay discusión".
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Especialistas recordaron que esa solicitud se basó en un trazado unilateral realizado por Georgetown que incluye las aguas de la zona en reclamación (que están en disputa, como la parte terrestre) y la fachada atlántica del estado Delta Amacuro, cuya soberanía no está en discusión.
"Es una línea que nos cercena miles de kilómetros cuadrados de áreas marinas, nos encierra en un triángulo con la delimitación acordada con Trinidad y Tobago en 1990 y nos elimina la salida libre al océano Atlántico", precisó Sadio Garavini, ex embajador de Venezuela en Guyana.
El diplomático afirmó que la conexión directa con mar abierto es importante porque, de lo contrario, todas las exportaciones que salen del río Orinoco (básicamente los minerales que se producen en Guayana) deberán pasar por la zona económica exclusiva de otro país para llegar al Atlántico y seguir hasta su destino.
Recordó, además, que es conocida la riqueza de la fachada atlántica de Delta Amacuro y de la zona en reclamación en petróleo y gas natural: "Los descubrimientos recientes del consorcio liderado por Exxon Mobil lo que hicieron fue confirmarlo". Agregó que en el área también hay abundantes recursos pesqueros.
Silencio perjudicial. La solicitud a la ONU para ampliar su plataforma continental fue una de las acciones relacionadas con el territorio Esequibo que Georgetown emprendió en los últimos años gracias al silencio de Caracas durante el mandato del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).
La influencia del régimen cubano y la intención de ganarse el respaldo de la Caricom llevaron a Chávez a cambiar la posición histórica del país sobre la zona en reclamación en 2004. "Venezuela no será un obstáculo para cualquier proyecto en el Esequibo", declaró el mandatario en una reunión con su homólogo de Guyana, Bharrett Jagdeo.
Caracas renunció así a la potestad que le otorga el Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966, para objetar la explotación de recursos naturales en el territorio disputado, lo cual fue aprovechado por Georgetown para entregar decenas de concesiones mineras y reactivar las actividades de exploración petrolera costa afuera.
El silencio gubernamental se mantuvo incluso cuando especialistas denunciaron que los bloques donde Guyana autorizó la búsqueda de hidrocarburos incluían aguas de la fachada atlántica de Delta Amacuro (más de 90.000 kilómetros cuadrados, según Aníbal Martínez, presidente del Frente Prodefensa del Petróleo).
La inacción terminó en octubre de 2013, cuando la Armada capturó en aguas venezolanas al buque Teknik Perdana, que hacía exploraciones petroleras en un bloque concedido a la empresa Anadarko Petroleum. Tras el incidente se acordó crear una comisión bilateral de delimitación marítima que hasta ahora no ha dado resultados.
Vuelve la polémica. El anuncio guyanés de que un consorcio formado por las compañías Exxon Mobil, Hess y China National Offshore Oil Corporation descubrió petróleo en el bloque Starbroek y el decreto venezolano que creó Zonas Operativas de Defensa Integral Marítima e Insular reavivaron la reclamación territorial en mayo.
Luego de meses de intercambio de acusaciones, Georgetown y Caracas coincidieron esta semana en la necesidad de apegarse al Acuerdo de Ginebra y la facilitación del secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para hallar una solución definitiva.
Angelina Jaffe, directora del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Metropolitana, considera que utilizar estos mecanismos es lo adecuado pero teme que la discusión pierda fuerza tras la modificación del decreto presidencial.
Garavini reiteró que el reclamo venezolano debe incluir la solicitud unilateral de Guyana para ampliar su plataforma continental. "Es absolutamente inaceptable que se cercene la salida al Atlántico. No es solo la proyección marítima de la zona en reclamación, que también tenemos que defender".
Emilio Figueredo, ex negociador de Venezuela con Guyana, recordó que el Acuerdo de Ginebra es válido para la reclamación del Esequibo pero no tiene nada que ver con la fachada atlántica de Delta Amacuro: "De Punta Playa para acá no hay discusión".
Publicado en El Nacional
sábado, 11 de julio de 2015
Gobierno pidió a Ban designar a buen oficiante
Venezuela pidió al secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que designe al sustituto de Norman Girvan (fallecido en abril de 2014) y reactive el mecanismo del buen oficiante para la solución del diferendo territorial con Guyana.
La canciller Delcy Rodríguez viajó a Nueva York para entregarle la solicitud a Ban. "Esperamos que se active este mecanismo para que de una forma amistosa, práctica y legal se pueda resolver esta histórica reclamación sobre el territorio Esequibo", declaró antes de partir.
El presidente Nicolás Maduro informó que se comunicaría telefónicamente con el máximo responsable de la ONU para conversar sobre la tensión bilateral en los últimos meses. Reiteró que mantendrá la lucha por la zona en reclamación en todas las instancias internacionales.
Las relaciones entre Venezuela y Guyana se tensaron tras el descubrimiento de un yacimiento petrolífero en un área marítima en disputa entregada en concesión por Georgetown y el decreto de zonas militares que incluyen aguas por delimitar por parte de Caracas.
El presidente de Guyana, David Granger, dijo el jueves en un discurso ante el Parlamento de su país que las zonas militares decretadas por Venezuela continúan siendo una amenaza a pesar de la modificación que el gobierno de Maduro hizo al decreto esta semana.
Rodríguez criticó que Granger siga refiriéndose a Venezuela como un país agresor, pero celebró que manifestara disposición a buscar una solución jurídica permanente dentro de los principios del Acuerdo de Ginebra, firmado por ambos países en 1966.
"Asumió una posición con muchas falsedades, pero creo que dio un paso significativo que es el reconocimiento del Acuerdo de Ginebra y hemos visto que ha abandonado las ofensas y los insultos hacia el pueblo y hacia nuestra patria", dijo la funcionaria.
Publicado en El Nacional
La canciller Delcy Rodríguez viajó a Nueva York para entregarle la solicitud a Ban. "Esperamos que se active este mecanismo para que de una forma amistosa, práctica y legal se pueda resolver esta histórica reclamación sobre el territorio Esequibo", declaró antes de partir.
El presidente Nicolás Maduro informó que se comunicaría telefónicamente con el máximo responsable de la ONU para conversar sobre la tensión bilateral en los últimos meses. Reiteró que mantendrá la lucha por la zona en reclamación en todas las instancias internacionales.
Las relaciones entre Venezuela y Guyana se tensaron tras el descubrimiento de un yacimiento petrolífero en un área marítima en disputa entregada en concesión por Georgetown y el decreto de zonas militares que incluyen aguas por delimitar por parte de Caracas.
El presidente de Guyana, David Granger, dijo el jueves en un discurso ante el Parlamento de su país que las zonas militares decretadas por Venezuela continúan siendo una amenaza a pesar de la modificación que el gobierno de Maduro hizo al decreto esta semana.
Rodríguez criticó que Granger siga refiriéndose a Venezuela como un país agresor, pero celebró que manifestara disposición a buscar una solución jurídica permanente dentro de los principios del Acuerdo de Ginebra, firmado por ambos países en 1966.
"Asumió una posición con muchas falsedades, pero creo que dio un paso significativo que es el reconocimiento del Acuerdo de Ginebra y hemos visto que ha abandonado las ofensas y los insultos hacia el pueblo y hacia nuestra patria", dijo la funcionaria.
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viernes, 10 de julio de 2015
Guyana teme retaliación económica de Venezuela
El primer ministro de Guyana, Moses Nagamootoo, teme que la no renovación del contrato para suministrar arroz a Venezuela, como pago parcial por los barriles de crudo y derivados enviados mediante el acuerdo de Petrocaribe, sea una retaliación contra su país.
Nagamootoo aclaró que la decisión no es nueva, y acusó al gobierno anterior (que salió en mayo) por no informar a los agricultores al respecto a pesar de ser notificado por Caracas, pero no quiso desligarla de la polémica actual por el reclamo territorial.
"Esta revelación viene de la mano de las acciones de Venezuela para desafiar lo que es legalmente el territorio de Guyana. Habrá que examinar si la no renovación del contrato de permuta es, de hecho, un acto de sanción económica", dijo.
El presidente David Granger defendió que la insistencia del país en la protección de sus tierras y el espacio marítimo no es una agresión contra Venezuela, y consideró que el decreto aprobado en relación con la disputa por el Esequibo es "un acto de agresión".
En una intervención en el Parlamento de su país, Granger insistió en que el último decreto de Venezuela no respeta la integridad territorial de Guyana. En su opinión, no hay diferencia material entre el Decreto 1787 emitido el 26 de mayo y el Decreto 1859 del 6 de julio.
"Esta parte sigue siendo ofensiva a Guyana. Es como un `hueso en la garganta’, ya que el uso de la fuerza en estas áreas sigue siendo una amenaza", dijo el mandatario, quien criticó que se considere parte del territorio marítimo de su país como una "zona de defensa de Venezuela". Según dijo, el decreto pretende bloquear el acceso de Guyana a su zona económica exclusiva.
Sin distinción. Maduro ha centrado sus críticas en Granger, que asumió el cargo hace dos meses, e incluso lo ha acusado de dejarse manipular por la transnacional Exxon Mobil (que descubrió petróleo en las aguas en disputa) para generar un conflicto con Venezuela.
Maduro dijo que la "Exxon Mobil tiene una influencia decisiva en el gobierno de Guyana": "La Exxon Mobil se va metiendo con su lobby. Esta empresa forma parte de un grupo de influencia que, por su poder económico, compra decisiones políticas. Washington es un gran mercado y se impone quien paga más. Compran los congresistas, los que gobiernan. Estados Unidos es una competencia de lobbys. Una cosa es Obama y otra el poder de Estados Unidos".
El discurso del mandatario obvia que la concesión a la petrolera estadounidense fue entregada por el Partido Progresista Popular, que estuvo en el poder desde 1992 hasta mayo de 2015 y fue aliado del chavismo durante muchos años.
Ayer el ex presidente Donald Ramotar (2011-2015) dijo que el PPP apoya al gobierno actual (una coalición entre la Alianza para la Unidad Nacional y la Alianza por el Cambio) en lo que se refiere a la controversia con Venezuela.
"Vamos a apoyar al gobierno en el tema de la soberanía de este país. Estamos en total unidad en este asunto de la reclamación de nuestro territorio", declaró Ramotar. Agregó que respaldan la solicitud de cambiar el mecanismo de los buenos oficios porque no estaba funcionando.
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Nagamootoo aclaró que la decisión no es nueva, y acusó al gobierno anterior (que salió en mayo) por no informar a los agricultores al respecto a pesar de ser notificado por Caracas, pero no quiso desligarla de la polémica actual por el reclamo territorial.
"Esta revelación viene de la mano de las acciones de Venezuela para desafiar lo que es legalmente el territorio de Guyana. Habrá que examinar si la no renovación del contrato de permuta es, de hecho, un acto de sanción económica", dijo.
El presidente David Granger defendió que la insistencia del país en la protección de sus tierras y el espacio marítimo no es una agresión contra Venezuela, y consideró que el decreto aprobado en relación con la disputa por el Esequibo es "un acto de agresión".
En una intervención en el Parlamento de su país, Granger insistió en que el último decreto de Venezuela no respeta la integridad territorial de Guyana. En su opinión, no hay diferencia material entre el Decreto 1787 emitido el 26 de mayo y el Decreto 1859 del 6 de julio.
"Esta parte sigue siendo ofensiva a Guyana. Es como un `hueso en la garganta’, ya que el uso de la fuerza en estas áreas sigue siendo una amenaza", dijo el mandatario, quien criticó que se considere parte del territorio marítimo de su país como una "zona de defensa de Venezuela". Según dijo, el decreto pretende bloquear el acceso de Guyana a su zona económica exclusiva.
Sin distinción. Maduro ha centrado sus críticas en Granger, que asumió el cargo hace dos meses, e incluso lo ha acusado de dejarse manipular por la transnacional Exxon Mobil (que descubrió petróleo en las aguas en disputa) para generar un conflicto con Venezuela.
Maduro dijo que la "Exxon Mobil tiene una influencia decisiva en el gobierno de Guyana": "La Exxon Mobil se va metiendo con su lobby. Esta empresa forma parte de un grupo de influencia que, por su poder económico, compra decisiones políticas. Washington es un gran mercado y se impone quien paga más. Compran los congresistas, los que gobiernan. Estados Unidos es una competencia de lobbys. Una cosa es Obama y otra el poder de Estados Unidos".
El discurso del mandatario obvia que la concesión a la petrolera estadounidense fue entregada por el Partido Progresista Popular, que estuvo en el poder desde 1992 hasta mayo de 2015 y fue aliado del chavismo durante muchos años.
Ayer el ex presidente Donald Ramotar (2011-2015) dijo que el PPP apoya al gobierno actual (una coalición entre la Alianza para la Unidad Nacional y la Alianza por el Cambio) en lo que se refiere a la controversia con Venezuela.
"Vamos a apoyar al gobierno en el tema de la soberanía de este país. Estamos en total unidad en este asunto de la reclamación de nuestro territorio", declaró Ramotar. Agregó que respaldan la solicitud de cambiar el mecanismo de los buenos oficios porque no estaba funcionando.
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domingo, 5 de julio de 2015
Grecia decide hoy sobre propuestas de la troika
Los griegos votarán hoy para decidir si aceptan o no las propuestas de la troika de acreedores para extender el rescate financiero de Grecia y desembolsar los recursos que el país necesita para cancelar sus deudas.
El gobierno del primer ministro Alexis Tsipras, que rechaza las propuestas porque afirma que imponen "medidas recesivas y socialmente destructivas", optó por dejar la decisión definitiva en manos de la población.
Es una apuesta arriesgada. En primer lugar porque el referendo fue convocado para 5 días después del vencimiento del rescate y de una deuda de 1,6 millardos de dólares con el FMI, lo que hizo que Grecia quedara en default.
En segundo lugar porque la falta de acuerdo con los acreedores puso en duda las inyecciones de liquidez del Banco Central Europeo a las entidades griegas y obligó al gobierno a decretar un corralito para evitar una crisis.
En tercer lugar porque el referendo pone en juego la estabilidad de la coalición que gobierna desde hace apenas cinco meses, formada por Syriza (izquierda radical) y Griegos Independientes (derecha nacionalista).
El gobierno promueve el "No" porque cree que un rechazo de la población a las propuestas de los acreedores le permitirá exigir mejores condiciones, como un descuento del 30% del monto adeudado y un período de gracia de 20 años.
La Unión Europea, sin embargo, no luce dispuesta a mejorar la oferta, a pesar del informe del FMI que pide al bloque desembolsar 36 millardos de euros y extender los plazos de vencimiento para ayudar a Grecia.
La oposición, que hace campaña por el "Sí", considera que es mejor entenderse con los acreedores que arriesgarse a salir de la Zona Euro, formada por los 19 países que usan la moneda común.
Sea cual sea la decisión de los griegos en esta jornada electoral, la situación económica de el país seguirá crítica y el gobierno se verá obligado a buscar la forma de mejorarla y con ello garantizar estabilidad, coinciden los expertos.
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El gobierno del primer ministro Alexis Tsipras, que rechaza las propuestas porque afirma que imponen "medidas recesivas y socialmente destructivas", optó por dejar la decisión definitiva en manos de la población.
Es una apuesta arriesgada. En primer lugar porque el referendo fue convocado para 5 días después del vencimiento del rescate y de una deuda de 1,6 millardos de dólares con el FMI, lo que hizo que Grecia quedara en default.
En segundo lugar porque la falta de acuerdo con los acreedores puso en duda las inyecciones de liquidez del Banco Central Europeo a las entidades griegas y obligó al gobierno a decretar un corralito para evitar una crisis.
En tercer lugar porque el referendo pone en juego la estabilidad de la coalición que gobierna desde hace apenas cinco meses, formada por Syriza (izquierda radical) y Griegos Independientes (derecha nacionalista).
El gobierno promueve el "No" porque cree que un rechazo de la población a las propuestas de los acreedores le permitirá exigir mejores condiciones, como un descuento del 30% del monto adeudado y un período de gracia de 20 años.
La Unión Europea, sin embargo, no luce dispuesta a mejorar la oferta, a pesar del informe del FMI que pide al bloque desembolsar 36 millardos de euros y extender los plazos de vencimiento para ayudar a Grecia.
La oposición, que hace campaña por el "Sí", considera que es mejor entenderse con los acreedores que arriesgarse a salir de la Zona Euro, formada por los 19 países que usan la moneda común.
Sea cual sea la decisión de los griegos en esta jornada electoral, la situación económica de el país seguirá crítica y el gobierno se verá obligado a buscar la forma de mejorarla y con ello garantizar estabilidad, coinciden los expertos.
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Venezuela reavivó al unísono disputas con Guyana y Colombia
La creación de las Zonas Operativas de Defensa Integral Marítima e Insular mediante el decreto 1.787, promulgado por el presidente Nicolás Maduro el 27 de mayo, puso a Venezuela a discutir las disputas territoriales con Guyana y Colombia al mismo tiempo, una situación inédita para el país.
Georgetown protestó por la Zodimain Atlántica, cuyas coordenadas –definidas en el decreto– no sólo incluyen aguas del Océano Atlántico que corresponden al territorio Esequibo (reclamado por Caracas) sino que también abarcan áreas marítimas que pertenecen a Guyana y Surinam.
Eso hizo que el gobierno del presidente David Granger calificara el decreto de Maduro como una violación flagrante del derecho internacional, solicitara la intervención de la Organización de Naciones Unidas y advirtiera que estaba listo para defender la integridad territorial de su país.
Bogotá, por su parte, reclamó por la Zodimain Occidental, que encierra aguas pendientes por delimitar en el Mar Caribe. “No pueden asumirse como venezolanas, por cuanto siguen en controversia o no se ajustan a lo acordado bilateralmente”, dijo en la nota de protesta enviada a Venezuela.
La reacción del gobierno del presidente Juan Manuel Santos se ha limitado hasta ahora a solicitar que se adopten las medidas necesarias para corregir el decreto. “Lo vamos a mantener a nivel diplomático”, declaró la canciller María Ángela Holguín.
El hecho de que las objeciones de Guyana y Colombia a las Zodimain estén relacionadas con aguas en disputa pone en evidencia los pocos avances en la delimitación de las áreas marinas desde la llegada al poder del fallecido presidente Hugo Chávez en 1999.
Mecanismos abandonados. La delimitación marítima con ambos países es tarea de comisiones bilaterales (la de Guyana es producto del Acuerdo de Ginebra –firmado en 1966– y la de Colombia fue creada en 1990 con estatus presidencial) que no se han reunido durante los últimos años.
“La situación en el este y en el oeste son totalmente distintas, pero lo que es igual es la poca atención que se le ha prestado. No puede ser que por años no se haya hecho nada y ahora se quiera arreglar todo con un decreto”, dice Aníbal Martínez, presidente del Frente Pro-Defensa del Petróleo.
Emilio Figueredo, exembajador de Venezuela ante la ONU para la aplicación del Acuerdo de Ginebra, agrega que la situación empeora cuando se trata de un decreto sin fundamento legal: “Ningún Estado puede delimitar de manera unilateral aguas en discusión”.
Figueredo advierte que otros reclamos pueden sumarse a los de Guyana y Colombia porque la llamada Zodimain Oriental puede ser objetada por varias islas del Caribe con los que Venezuela aún no ha logrado delimitar sus áreas marinas y submarinas.
El embajador Oscar Hernández cree que la promulgación de un decreto que ha causado tantos reclamos es consecuencia del abandono de los mecanismos formales. “Si no se reúnen las comisiones bilaterales y no se hace seguimiento a los asuntos en discusión, se abren espacios para las confusiones”.
Los especialistas coinciden, además, en que el decreto 1.787 refleja la forma de tomar decisiones del gobierno: sin consultar a los especialistas ni evaluar las consecuencias a largo plazo. “Los asuntos de cualquier tipo son tratados de manera irregular”, dice Martínez.
“No están funcionando los mecanismos de evaluación ni de diálogo con la sociedad. Tienes dispersos a una cantidad de especialistas que pudieran ser consultados para la toma de decisiones en esta materia, que requiere políticas de Estado”, agrega Hernández.
Figueredo advierte que este tipo de acciones deterioran la imagen del país y afectan los intereses nacionales. “El decreto no sólo unió a naciones como Guyana y Colombia en protestas hacia Venezuela, sino que puede traer efectos legales porque es cuestionable desde el punto de vista del Derecho Internacional”.
¿Política interna? Hay quienes atribuyen la reanimación de las disputas territoriales con Guyana y Colombia a un intento del gobierno de Maduro por generar un sentimiento nacionalista que pueda capitalizar políticamente en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.
La insistencia de Caracas en poner en el centro de la disputa con Georgetown a Exxon Mobil –que descubrió petróleo en un campo ubicado en las aguas por delimitar– parece confirmarlo. Los especialistas consultados no suscriben la tesis, pero tampoco la descartan.
Martínez considera que es contradictorio que solo se acuse a la petrolera de Estados Unidos cuando también hay una empresa de China en el consorcio que hizo el descubrimiento petrolífero.
Figueredo agrega que el gobierno también se contradice al protestar por esa concesión, pero no por las que han sido otorgadas en el territorio Esequibo y en áreas marítimas que no están en discusión (Plataforma Deltana).
Hernández advierte que es peligroso usar estos asuntos para política interna. “Las reclamaciones se mantienen firmes no generando bulla ni conflictos, sino usando los mecanismos establecidos y respetando las leyes internacionales”.
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Georgetown protestó por la Zodimain Atlántica, cuyas coordenadas –definidas en el decreto– no sólo incluyen aguas del Océano Atlántico que corresponden al territorio Esequibo (reclamado por Caracas) sino que también abarcan áreas marítimas que pertenecen a Guyana y Surinam.
Eso hizo que el gobierno del presidente David Granger calificara el decreto de Maduro como una violación flagrante del derecho internacional, solicitara la intervención de la Organización de Naciones Unidas y advirtiera que estaba listo para defender la integridad territorial de su país.
Bogotá, por su parte, reclamó por la Zodimain Occidental, que encierra aguas pendientes por delimitar en el Mar Caribe. “No pueden asumirse como venezolanas, por cuanto siguen en controversia o no se ajustan a lo acordado bilateralmente”, dijo en la nota de protesta enviada a Venezuela.
La reacción del gobierno del presidente Juan Manuel Santos se ha limitado hasta ahora a solicitar que se adopten las medidas necesarias para corregir el decreto. “Lo vamos a mantener a nivel diplomático”, declaró la canciller María Ángela Holguín.
El hecho de que las objeciones de Guyana y Colombia a las Zodimain estén relacionadas con aguas en disputa pone en evidencia los pocos avances en la delimitación de las áreas marinas desde la llegada al poder del fallecido presidente Hugo Chávez en 1999.
Mecanismos abandonados. La delimitación marítima con ambos países es tarea de comisiones bilaterales (la de Guyana es producto del Acuerdo de Ginebra –firmado en 1966– y la de Colombia fue creada en 1990 con estatus presidencial) que no se han reunido durante los últimos años.
“La situación en el este y en el oeste son totalmente distintas, pero lo que es igual es la poca atención que se le ha prestado. No puede ser que por años no se haya hecho nada y ahora se quiera arreglar todo con un decreto”, dice Aníbal Martínez, presidente del Frente Pro-Defensa del Petróleo.
Emilio Figueredo, exembajador de Venezuela ante la ONU para la aplicación del Acuerdo de Ginebra, agrega que la situación empeora cuando se trata de un decreto sin fundamento legal: “Ningún Estado puede delimitar de manera unilateral aguas en discusión”.
Figueredo advierte que otros reclamos pueden sumarse a los de Guyana y Colombia porque la llamada Zodimain Oriental puede ser objetada por varias islas del Caribe con los que Venezuela aún no ha logrado delimitar sus áreas marinas y submarinas.
El embajador Oscar Hernández cree que la promulgación de un decreto que ha causado tantos reclamos es consecuencia del abandono de los mecanismos formales. “Si no se reúnen las comisiones bilaterales y no se hace seguimiento a los asuntos en discusión, se abren espacios para las confusiones”.
Los especialistas coinciden, además, en que el decreto 1.787 refleja la forma de tomar decisiones del gobierno: sin consultar a los especialistas ni evaluar las consecuencias a largo plazo. “Los asuntos de cualquier tipo son tratados de manera irregular”, dice Martínez.
“No están funcionando los mecanismos de evaluación ni de diálogo con la sociedad. Tienes dispersos a una cantidad de especialistas que pudieran ser consultados para la toma de decisiones en esta materia, que requiere políticas de Estado”, agrega Hernández.
Figueredo advierte que este tipo de acciones deterioran la imagen del país y afectan los intereses nacionales. “El decreto no sólo unió a naciones como Guyana y Colombia en protestas hacia Venezuela, sino que puede traer efectos legales porque es cuestionable desde el punto de vista del Derecho Internacional”.
¿Política interna? Hay quienes atribuyen la reanimación de las disputas territoriales con Guyana y Colombia a un intento del gobierno de Maduro por generar un sentimiento nacionalista que pueda capitalizar políticamente en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.
La insistencia de Caracas en poner en el centro de la disputa con Georgetown a Exxon Mobil –que descubrió petróleo en un campo ubicado en las aguas por delimitar– parece confirmarlo. Los especialistas consultados no suscriben la tesis, pero tampoco la descartan.
Martínez considera que es contradictorio que solo se acuse a la petrolera de Estados Unidos cuando también hay una empresa de China en el consorcio que hizo el descubrimiento petrolífero.
Figueredo agrega que el gobierno también se contradice al protestar por esa concesión, pero no por las que han sido otorgadas en el territorio Esequibo y en áreas marítimas que no están en discusión (Plataforma Deltana).
Hernández advierte que es peligroso usar estos asuntos para política interna. “Las reclamaciones se mantienen firmes no generando bulla ni conflictos, sino usando los mecanismos establecidos y respetando las leyes internacionales”.
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miércoles, 1 de julio de 2015
Petrocaribe diversificará intercambio comercial
Los países de Petrocaribe acordaron avanzar hacia la creación de la zona económica del bloque, una propuesta que busca diversificar el intercambio comercial pero lleva años en el tintero, con la creación del Grupo de Trabajo de Comercio e Integración.
En una reunión realizada lunes y martes en Caracas por el décimo aniversario del acuerdo, suscrito en 2005 por iniciativa del fallecido presidente Hugo Chávez, Venezuela presentó un papel de trabajo sobre la zona económica e invitó a los demás países a discutirlo.
El ministro de Energía y Petróleo, Asdrúbal Chávez, informó que los avances en la construcción de la Zona Económica de Petrocaribe se presentarán en la reunión que el grupo realizará en Jamaica.
En el encuentro de esta semana también se habló sobre la integración en materia educativa, con propuestas como el Espacio Común Universitario y el Consejo de Ministros de Educación de Petrocaribe.
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En una reunión realizada lunes y martes en Caracas por el décimo aniversario del acuerdo, suscrito en 2005 por iniciativa del fallecido presidente Hugo Chávez, Venezuela presentó un papel de trabajo sobre la zona económica e invitó a los demás países a discutirlo.
El ministro de Energía y Petróleo, Asdrúbal Chávez, informó que los avances en la construcción de la Zona Económica de Petrocaribe se presentarán en la reunión que el grupo realizará en Jamaica.
En el encuentro de esta semana también se habló sobre la integración en materia educativa, con propuestas como el Espacio Común Universitario y el Consejo de Ministros de Educación de Petrocaribe.
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