La creación de las Zonas Operativas de Defensa Integral Marítima e Insular mediante el decreto 1.787, promulgado por el presidente Nicolás Maduro el 27 de mayo, puso a Venezuela a discutir las disputas territoriales con Guyana y Colombia al mismo tiempo, una situación inédita para el país.
Georgetown protestó por la Zodimain Atlántica, cuyas coordenadas –definidas en el decreto– no sólo incluyen aguas del Océano Atlántico que corresponden al territorio Esequibo (reclamado por Caracas) sino que también abarcan áreas marítimas que pertenecen a Guyana y Surinam.
Eso hizo que el gobierno del presidente David Granger calificara el decreto de Maduro como una violación flagrante del derecho internacional, solicitara la intervención de la Organización de Naciones Unidas y advirtiera que estaba listo para defender la integridad territorial de su país.
Bogotá, por su parte, reclamó por la Zodimain Occidental, que encierra aguas pendientes por delimitar en el Mar Caribe. “No pueden asumirse como venezolanas, por cuanto siguen en controversia o no se ajustan a lo acordado bilateralmente”, dijo en la nota de protesta enviada a Venezuela.
La reacción del gobierno del presidente Juan Manuel Santos se ha limitado hasta ahora a solicitar que se adopten las medidas necesarias para corregir el decreto. “Lo vamos a mantener a nivel diplomático”, declaró la canciller María Ángela Holguín.
El hecho de que las objeciones de Guyana y Colombia a las Zodimain estén relacionadas con aguas en disputa pone en evidencia los pocos avances en la delimitación de las áreas marinas desde la llegada al poder del fallecido presidente Hugo Chávez en 1999.
Mecanismos abandonados. La delimitación marítima con ambos países es tarea de comisiones bilaterales (la de Guyana es producto del Acuerdo de Ginebra –firmado en 1966– y la de Colombia fue creada en 1990 con estatus presidencial) que no se han reunido durante los últimos años.
“La situación en el este y en el oeste son totalmente distintas, pero lo que es igual es la poca atención que se le ha prestado. No puede ser que por años no se haya hecho nada y ahora se quiera arreglar todo con un decreto”, dice Aníbal Martínez, presidente del Frente Pro-Defensa del Petróleo.
Emilio Figueredo, exembajador de Venezuela ante la ONU para la aplicación del Acuerdo de Ginebra, agrega que la situación empeora cuando se trata de un decreto sin fundamento legal: “Ningún Estado puede delimitar de manera unilateral aguas en discusión”.
Figueredo advierte que otros reclamos pueden sumarse a los de Guyana y Colombia porque la llamada Zodimain Oriental puede ser objetada por varias islas del Caribe con los que Venezuela aún no ha logrado delimitar sus áreas marinas y submarinas.
El embajador Oscar Hernández cree que la promulgación de un decreto que ha causado tantos reclamos es consecuencia del abandono de los mecanismos formales. “Si no se reúnen las comisiones bilaterales y no se hace seguimiento a los asuntos en discusión, se abren espacios para las confusiones”.
Los especialistas coinciden, además, en que el decreto 1.787 refleja la forma de tomar decisiones del gobierno: sin consultar a los especialistas ni evaluar las consecuencias a largo plazo. “Los asuntos de cualquier tipo son tratados de manera irregular”, dice Martínez.
“No están funcionando los mecanismos de evaluación ni de diálogo con la sociedad. Tienes dispersos a una cantidad de especialistas que pudieran ser consultados para la toma de decisiones en esta materia, que requiere políticas de Estado”, agrega Hernández.
Figueredo advierte que este tipo de acciones deterioran la imagen del país y afectan los intereses nacionales. “El decreto no sólo unió a naciones como Guyana y Colombia en protestas hacia Venezuela, sino que puede traer efectos legales porque es cuestionable desde el punto de vista del Derecho Internacional”.
¿Política interna? Hay quienes atribuyen la reanimación de las disputas territoriales con Guyana y Colombia a un intento del gobierno de Maduro por generar un sentimiento nacionalista que pueda capitalizar políticamente en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.
La insistencia de Caracas en poner en el centro de la disputa con Georgetown a Exxon Mobil –que descubrió petróleo en un campo ubicado en las aguas por delimitar– parece confirmarlo. Los especialistas consultados no suscriben la tesis, pero tampoco la descartan.
Martínez considera que es contradictorio que solo se acuse a la petrolera de Estados Unidos cuando también hay una empresa de China en el consorcio que hizo el descubrimiento petrolífero.
Figueredo agrega que el gobierno también se contradice al protestar por esa concesión, pero no por las que han sido otorgadas en el territorio Esequibo y en áreas marítimas que no están en discusión (Plataforma Deltana).
Hernández advierte que es peligroso usar estos asuntos para política interna. “Las reclamaciones se mantienen firmes no generando bulla ni conflictos, sino usando los mecanismos establecidos y respetando las leyes internacionales”.
Publicado en El Nacional
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