Daniel Rodríguez cursa un programa de especialización que la empresa dónde trabaja financia a los empleados, con el objetivo de modernizar el proceso de producción para reducir los costos. Carolina Ferreira paga un monto mínimo por los estudios de posgrado, pues una compañía transnacional subsidia la universidad, con el propósito de impulsar la investigación en el área en que se desempeña.
Los ejemplos anteriores muestran algunas de las formas que tenían las empresas con ingresos brutos superiores a 100.000 unidades tributarias (6,5 millones de bolívares) para cumplir con el aporte obligatorio que impone la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación desde 2005. El proyecto de reforma que se discute en la Asamblea Nacional, sin embargo, impedirá que las compañías manejen los recursos por su cuenta.
"Todos los aportes deberán ser consignados ante el órgano financiero de los fondos destinados a ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones", dice el artículo 23 de la propuesta. El artículo 40 precisa que se trata del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que luego se encargará de repartir el dinero entre personas e instituciones que soliciten recursos para investigación.
El abogado Edgardo Malavé, corredactor de la Locti vigente, afirma que la modificación planteada por el Ejecutivo convierte el aporte para ciencia y tecnología en una contribución similar a la que debe pagarse al Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista. "El impacto económico para las empresas es muy grande, porque la base de cálculo del monto que se debe pagar son los ingresos brutos", advierte.
Malavé recuerda que hasta la fecha el impacto económico era compensado parcialmente por los beneficios directos que las empresas recibían al invertir en la capacitación de personal, la modernización de procedimientos o la investigación relacionada con su área de negocio. Pero ahora las compañías entregarán el dinero sin saber si los programas y proyectos que le interesan recibirán el financiamiento del Fonacit.
Miguel Mónaco, abogado y profesor universitario de Derecho Público, considera que la reforma limitará la inversión en ciencia y tecnología dentro de las propias empresas. "Por la magnitud del aporte, será muy difícil para algunas compañías cancelar al Fonacit y aparte financiar proyectos internos. No les queda otra que presentar sus proyectos al organismo gubernamental y esperar que les asignen fondos".
Más lento. El problema de esperar los recursos del Fonacit señala Malavé es que el organismo se convertirá en una alcabala por la que tendrán que pasar todas las solicitudes de fondos para la investigación científica y tecnológica. "Operación Sonrisa, por ejemplo, ya no podrá pedirles a las compañías fondos descontables de la obligación por Locti. Ahora tendrá que presentar sus proyectos al Fonacit para que le apruebe recursos", indica.
Agrega que eso introducirá factores como "la tendencia política, la discrecionalidad y el amiguismo" en la decisión de a quién se asignarán los recursos. También ralentizará el proceso de investigación pues el Fonacit no está capacitado para procesar las solicitudes de 6.000 personas e instituciones inscritas en el registro de beneficiarios. "El dinero irá a engrosar cuentas bancarias y se quedará inoperante por mucho tiempo".
Mónaco advierte que lo más grave es que la aprobación de recursos estará condicionada a parámetros políticos. "La autoridad nacional con competencia en ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones evaluará y seleccionará los programas y proyectos que califiquen para su financiamiento en las áreas definidas en el plan de desarrollo económico-social de la nación", dice el artículo 15 de la propuesta de reforma.
Los abogados señalan como otro factor preocupante la modificación del artículo 3 que define los sujetos de la ley para agregar a las comunas que realicen actividades de ciencia, tecnología e innovación. No sólo porque esta forma de organización social promovida por el Gobierno no está establecida en la Constitución, sino porque su inclusión revela que parte de los aportes empresariales serán para financiar proyectos comunales.
También preocupa a los especialistas que se haya suprimido la palabra empresa del artículo. Lo mismo se hizo en la disposición número 27, que describe las actividades "consideradas como factibles de ser llevadas a cabo con los aportes a la ciencia, la tecnología, la innovación y sus aplicaciones". Eso genera temores de que el sector privado sea excluido de la entrega de financiamiento del Fonacit.
Además cuando se incluye la investigación para el desarrollo de nuevos procesos tecnológicos, esquemas organizativos, bienes o procedimientos entre las actividades por financiar con los aportes empresariales, se sustituye el objetivo de mejorar la competitividad y la calidad productiva incluido en la Locti vigente por el de resolver problemas concretos de la población venezolana.
Supervisión posterior. El diputado Manuel Villalba, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Comunicación Social de la Asamblea Nacional, defiende la reforma propuesta para la Locti con el argumento de que la situación actual en que "las empresas manejan a su antojo 95% del aporte previsto en la normativa y sólo entregan al Fonacit 5%" atenta contra la investigación del sector público.
Malavé dice que el Fonacit recibe un porcentaje tan pequeño de los aportes empresariales porque carece de programas y proyectos de investigación suficientes. "Ni siquiera es capaz de ejecutar su propio presupuesto, qué va a hacer con más dinero". Agrega que el objetivo de la norma no es dar recursos a los organismos gubernamentales sino promover que el sector privado invierta en ciencia y tecnología.
Villalba también argumenta que no había un control estatal sobre el aporte. Mónaco replica que el hecho de que las empresas manejarán el dinero por su cuenta, ya sea para invertirlo en proyectos propios o para financiar programas de terceros, no implicaba una ausencia de supervisión de los entes gubernamentales. "Se hace un control posterior, de manera que el elemento burocrático no obstruya el avance científico".
Mónaco destaca que en la Locti vigente se establecen claramente cuáles son las actividades internas y externas que las empresas pueden financiar para cumplir con su obligación de invertir en la ciencia y la tecnología. Además, hay sanciones para las compañías que no realizan ningún aporte y para aquellas que financian actividades distintas a las estipuladas en la ley.
Malavé indica que si el Gobierno era incapaz de supervisar los aportes, como afirma el diputado, también será incompetente para manejar los recursos que las empresas entregarán y distribuirlos entre quienes se dedican a la investigación científica y tecnológica. "El Estado no puede alegar su propia incapacidad. Si el Seniat tiene una estructura para fiscalizar el pago de impuestos, por qué el Fonacit no puede hacer lo mismo".
Publicado en El Nacional
No hay comentarios:
Publicar un comentario