Conindustria se unió a los sectores académicos, empresariales y políticos que cuestionan el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, que se discute en la Asamblea Nacional, e hizo un llamado a los poderes Ejecutivo y Legislativo para que reconsideren la modificación.
"El sector industrial venezolano quiere hacer pública su preocupación por los efectos que la reforma tendrá sobre la actividad productiva, los trabajadores y las organizaciones no gubernamentales que se benefician de los aportes de la empresa privada", dijo el gremio en un comunicado.
A los industriales les preocupa que la modificación suprima la posibilidad de destinar los recursos correspondientes al aporte obligatorio establecido en la Locti a proyectos específicos de cada empresa, incluidos programas de capacitación de personal y modernización de procedimientos.
"Estos cambios en la ley se convertirán en un duro golpe para la innovación, el desarrollo tecnológico, la investigación científica y la actividad educativa, por cuanto las empresas tendrán que entregar el aporte al gobierno y después solicitarlo para ejecutar sus planes de inversión en la materia".
También les inquieta que la reforma impida a las compañías financiar de manera directa los programas de instituciones educativas y organizaciones no gubernamentales. "Esto significa que los aportes de la empresa privada a la investigación en este tipo de instituciones quedarían suspendidos".
Conindustria lamentó que la modificación de la normativa, en vez de incluir nuevos incentivos para el desarrollo tecnológico, imponga "restricciones que tendrán un significativo impacto económico y social". Por eso insistió en la necesidad de reconsiderar los cambios propuestos.
La segunda discusión del proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación figuraba como el octavo punto en la agenda de la plenaria de ayer en la Asamblea Nacional. Al cierre de esta edición, sin embargo, no se había realizado el debate.
El lunes Enrique Rubio, en nombre de un grupo de organizaciones y personas vinculadas con el quehacer científico, entregó una carta a la directiva del Parlamento para solicitar un derecho de palabra que no fue concedido durante la segunda discusión del proyecto.
El grupo pide posponer el debate y reabrir la consulta pública de la reforma. "Las políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación, antes de ser legales, administrativos y operativos, deben tener la más amplia aceptación por todos los sectores vinculados a dicha materia", señala el documento.
Publicado en El Nacional
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