Para rechazar las acusaciones de los sectores empresariales y opositores sobre la intención gubernamental de suprimir la propiedad privada garantizada por la Constitución, los voceros oficialistas suelen argumentar que las medidas del presidente Chávez están dirigidas contra las grandes empresas capitalistas y no contra las pequeñas compañías comunitarias o familiares.
La subsistencia de estas empresas, sin embargo, está condicionada. La Ley Orgánica para el Fomento y Desarrollo del Sistema Económico Comunal –aprobada por la Asamblea Nacional esta semana– consagra la existencia de unidades productivas familiares, pero exige que contribuyan con los esfuerzos gubernamentales por sustituir el modelo de producción capitalista.
Las organizaciones socioproductivas permitidas en el sistema económico comunal son las empresas de propiedad social directa (pertenecientes a la comunidad) o indirecta (adscritas al Estado), las unidades productivas familiares y los grupos de intercambio solidario, según el artículo 9 de la legislación.
El artículo 11 dice que todas las organizaciones socioproductivas deben orientar sus proyectos a satisfacer las necesidades colectivas de la comunidad, reinvertir socialmente los excedentes, participar activamente en las brigadas de trabajo socialistas y garantizar un modelo de gestión regido por los principios de la democracia revolucionaria.
El artículo 15 establece la ética socialista y la participación en los programas de formación ideológica del Gobierno como requisitos para participar en una organización socioproductiva. El 17 indica que el primer deber de los integrantes de estas unidades es el de "contribuir con la transformación del modelo de producción tradicional hacia uno con orientación socialista".
"Esta ley, así como las otras normativas del llamado poder popular, se caracteriza por ser muy ideológica", advierte Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas. Agrega que el sistema económico comunal es un eufemismo para dejar de lado la empresa privada.
Maldonado acusa al Gobierno de querer ejecutar un modelo comunista que contraviene la Constitución. "El sistema comunal genera mecanismos de intromisión en la vida privada de la gente y en el funcionamiento de las comunidades. No es posible que haya instancia con atribuciones para decidir el tipo de unidades productivas que pueden surgir".
Señala que a diferencia de las compañías privadas, que deben invertir capital para desarrollar su actividad, las unidades productivas que formarán el sistema comunal dependerán del dinero del Gobierno. "Son expresiones de la renta petrolera, empresas que serán subsidiadas por el presupuesto nacional y que perderán sentido cuando dejen de recibir recursos del Estado".
El economista Humberto García Larralde también considera que las unidades productivas del sistema económico comunal son inviables sin el subsidio gubernamental. "La única manera de que una empresa pequeña se sostenga es que esté guiada por el principio de rentabilidad. Esa concepción basada en valores socialistas no tiene ningún sentido".
Precisamente por el carácter inviable de las iniciativas promovidas por el Gobierno, García Larralde no cree que éstas sean una amenaza para las pequeñas empresas –familiares o no– que existen actualmente. "A menos que las autoridades establezcan mecanismos de discriminación en materia de acceso al financiamiento, contratación con el Estado y otras facilidades".
La legislación establece esos mecanismos. Las unidades socioproductivas de las comunas estarán exoneradas del pago de todo tipo de tributos nacionales, tendrán preferencia en las contrataciones públicas y podrán acceder a programas de reestructuración de deuda "en caso de situaciones sobrevenidas no imputables" a su actividad.
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