Los padres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos hace 11 meses en Iguala (Guerrero) recorrieron decenas de embajadas en Ciudad de México en busca de apoyo diplomático para su reclamo de que se castigue a los responsables del crimen.
Los familiares entregaron en cada delegación una carta en la que piden a los gobiernos extranjeros que presionen a las autoridades mexicanas para acelerar la investigación y ratificar al grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
"El objetivo es que se incremente la presión internacional para que el gobierno se vea obligado a actuar", dijo Vidulfo Rosales, abogado de los familiares, al diario Reforma.
La publicación reseñó que los familiares se concentraron frente al Auditorio Nacional y el Metro Polanco antes de iniciar el recorrido por las embajadas, para lo cual se dividieron en dos grupos.
Luego de recorrer las legaciones de países como Alemania, Canadá, China y Vietnam, el punto de llegada de ambos grupos fue la embajada de la Unión Europea, donde realizaron una manifestación, según el diario El Universal. Los familiares culminaron la jornada con una marcha hasta el Zócalo.
Publicado en El Nacional
jueves, 27 de agosto de 2015
martes, 25 de agosto de 2015
Cierre de frontera agudiza caída del comercio bilateral
La decisión del gobierno de Nicolás Maduro de cerrar la frontera entre el estado Táchira y el departamento Norte de Santander agudiza la caída del comercio entre Venezuela y Colombia.
“Hasta julio el intercambio bilateral acumuló un retroceso de 40%. Con el cierre de la frontera podría caer aún más”, advirtió Víctor Montiel, presidente de la Cámara de Integración Económica Venezolana Colombiana.
El líder gremial afirmó que por las aduanas de San Antonio y Ureña pasa más de 60% del comercio entre ambos países, que se ubicó en casi 2 millardos de dólares el año pasado.
Las cifras del Instituto Nacional de Estadística muestran que las exportaciones e importaciones procesadas por las 2 aduanas del estado Táchira sumaron 794,9 millones de dólares entre enero y octubre de 2014.
Montiel precisó que la mercancía que estaba en las aduanas al momento del cierre de la frontera han sido procesadas en los días posteriores, pero que no hay llegada de nuevos artículos.
Ausentismo. Otra de las consecuencias del cierre de la frontera en el sector empresarial es el ausentismo laboral, ya que en la zona hay muchas compañías venezolanas que tienen colombianos en sus nóminas y viceversa.
“Además de que existe un intercambio comercial muy activo, por la frontera se mueven diariamente miles de ciudadanos de ambos países que van y vienen a trabajar”, recordó el economista José Guerra.
Montiel indicó que el ausentismo afecta principalmente a las industrias, pero repercute en el resto de la economía. “El comercio trabaja a 50%, mientras que los servicios (aduana, banca, transporte) no tienen casi actividad”.
“Esto se traduce en una baja productividad, que generará cierta escasez de algunos productos que se dan en la zona industrial de San Antonio y Ureña”, declaró Daniel Aguilar, presidente de Fedecámaras Táchira, a RCR.
Diálogo. Los gremios empresariales comparten la preocupación del gobierno por el contrabando y otros problemas, pero no están de acuerdo con el cierre de la frontera con Colombia y piden dialogar al respecto.
“Estamos en contra de todo acto ilícito, pero a la vez necesitamos y pedimos que haya un diálogo con la población porque hay muchas personas afectadas por esta situación”, dijo el presidente de Cavecol.
Montiel considera que la mejor forma de buscar soluciones a los problemas de la frontera colombo-venezolana es el trabajo conjunto entre el sector privado y las autoridades gubernamentales.
Publicado en El Nacional
“Hasta julio el intercambio bilateral acumuló un retroceso de 40%. Con el cierre de la frontera podría caer aún más”, advirtió Víctor Montiel, presidente de la Cámara de Integración Económica Venezolana Colombiana.
El líder gremial afirmó que por las aduanas de San Antonio y Ureña pasa más de 60% del comercio entre ambos países, que se ubicó en casi 2 millardos de dólares el año pasado.
Las cifras del Instituto Nacional de Estadística muestran que las exportaciones e importaciones procesadas por las 2 aduanas del estado Táchira sumaron 794,9 millones de dólares entre enero y octubre de 2014.
Montiel precisó que la mercancía que estaba en las aduanas al momento del cierre de la frontera han sido procesadas en los días posteriores, pero que no hay llegada de nuevos artículos.
Ausentismo. Otra de las consecuencias del cierre de la frontera en el sector empresarial es el ausentismo laboral, ya que en la zona hay muchas compañías venezolanas que tienen colombianos en sus nóminas y viceversa.
“Además de que existe un intercambio comercial muy activo, por la frontera se mueven diariamente miles de ciudadanos de ambos países que van y vienen a trabajar”, recordó el economista José Guerra.
Montiel indicó que el ausentismo afecta principalmente a las industrias, pero repercute en el resto de la economía. “El comercio trabaja a 50%, mientras que los servicios (aduana, banca, transporte) no tienen casi actividad”.
“Esto se traduce en una baja productividad, que generará cierta escasez de algunos productos que se dan en la zona industrial de San Antonio y Ureña”, declaró Daniel Aguilar, presidente de Fedecámaras Táchira, a RCR.
Diálogo. Los gremios empresariales comparten la preocupación del gobierno por el contrabando y otros problemas, pero no están de acuerdo con el cierre de la frontera con Colombia y piden dialogar al respecto.
“Estamos en contra de todo acto ilícito, pero a la vez necesitamos y pedimos que haya un diálogo con la población porque hay muchas personas afectadas por esta situación”, dijo el presidente de Cavecol.
Montiel considera que la mejor forma de buscar soluciones a los problemas de la frontera colombo-venezolana es el trabajo conjunto entre el sector privado y las autoridades gubernamentales.
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lunes, 24 de agosto de 2015
Bogotá pidió a Caracas respetar derechos humanos a deportados
Colombia pidió a Venezuela que respete la integridad y los derechos humanos de los colombianos que sean objeto de detenciones, deportaciones y otras acciones por el estado de excepción.
"Exigimos que antes de aplicar las medidas de deportación se analice en cada caso la situación familiar para garantizar la unión de padres e hijos", dijo la Cancillería de Colombia en un comunicado.
El gobernador del estado Táchira, José Vielma Mora, afirmó que los deportados de Venezuela al país vecino suman 791 personas en dos días y aseguró que fueron entregados al Consulado General de Colombia, "como manda la ley, sin atropellos, sin humillaciones, sin torturas".
Funcionarios de migración de Colombia aseguraron que los deportados eran recibidos en Cúcuta y que 100 de ellos están en un albergue, esperando ayuda para retornar a sus regiones de origen.
El comunicado de la Cancillería reitera la voluntad de Bogotá de cooperar con Caracas en la lucha contra el contrabando, pero también el rechazo al cierre de la frontera entre el departamento Norte de Santander y el estado Táchira.
"Este genera un problema social de gran dimensión debido a la cantidad de personas que viven y transitan en la zona legalmente, además de los daños económicos que sin duda deja para los dos países", indica el texto.
In situ. Una comisión del gobierno de Colombia encabezada por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo se reunió ayer en Cúcuta con autoridades regionales para revisar la situación de la frontera, reseñó Efe.
Cristo estuvo acompañado por el viceministro de Hacienda, Andrés Escobar Arango; el viceministro de Desarrollo Empresarial, Daniel Arango; y el director de la Unidad Nacional de Protección, Diego Mora; entre otros.
Del lado venezolano, el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, llegó ayer a San Antonio del Táchira para supervisar la jornada especial de la Operación de Liberación y Protección del Pueblo que se realiza en la frontera.
"Estamos verificando en el terreno la aplicación de las acciones que ha tomado el presidente Nicolás Maduro para proteger al Táchira y a Venezuela", escribió Arreaza en Twitter.
En la localidad La Invasión, una explanada de 2.000 viviendas levantadas a 300 metros de la frontera y donde más de 2.500 soldados y policías seguían con los allanamientos iniciados la víspera, Arreaza mostró la supuesta cárcel subterránea que los paramilitares usaban para esconder a sus secuestrados.
También exhibió explosivos con sus detonantes, bolívares en efectivo, armas, precursores químicos y vestimentas de grupos paramilitares colombianos, entre ellas unas con insignias que decían "Los Alacranes Rojos" y "Contraguerrilla". En la zona también se descubrió un burdel con más de 500 mujeres de ambas nacionalidades, que dijo el funcionario eran explotadas por paramilitares.
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"Exigimos que antes de aplicar las medidas de deportación se analice en cada caso la situación familiar para garantizar la unión de padres e hijos", dijo la Cancillería de Colombia en un comunicado.
El gobernador del estado Táchira, José Vielma Mora, afirmó que los deportados de Venezuela al país vecino suman 791 personas en dos días y aseguró que fueron entregados al Consulado General de Colombia, "como manda la ley, sin atropellos, sin humillaciones, sin torturas".
Funcionarios de migración de Colombia aseguraron que los deportados eran recibidos en Cúcuta y que 100 de ellos están en un albergue, esperando ayuda para retornar a sus regiones de origen.
El comunicado de la Cancillería reitera la voluntad de Bogotá de cooperar con Caracas en la lucha contra el contrabando, pero también el rechazo al cierre de la frontera entre el departamento Norte de Santander y el estado Táchira.
"Este genera un problema social de gran dimensión debido a la cantidad de personas que viven y transitan en la zona legalmente, además de los daños económicos que sin duda deja para los dos países", indica el texto.
In situ. Una comisión del gobierno de Colombia encabezada por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo se reunió ayer en Cúcuta con autoridades regionales para revisar la situación de la frontera, reseñó Efe.
Cristo estuvo acompañado por el viceministro de Hacienda, Andrés Escobar Arango; el viceministro de Desarrollo Empresarial, Daniel Arango; y el director de la Unidad Nacional de Protección, Diego Mora; entre otros.
Del lado venezolano, el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, llegó ayer a San Antonio del Táchira para supervisar la jornada especial de la Operación de Liberación y Protección del Pueblo que se realiza en la frontera.
"Estamos verificando en el terreno la aplicación de las acciones que ha tomado el presidente Nicolás Maduro para proteger al Táchira y a Venezuela", escribió Arreaza en Twitter.
En la localidad La Invasión, una explanada de 2.000 viviendas levantadas a 300 metros de la frontera y donde más de 2.500 soldados y policías seguían con los allanamientos iniciados la víspera, Arreaza mostró la supuesta cárcel subterránea que los paramilitares usaban para esconder a sus secuestrados.
También exhibió explosivos con sus detonantes, bolívares en efectivo, armas, precursores químicos y vestimentas de grupos paramilitares colombianos, entre ellas unas con insignias que decían "Los Alacranes Rojos" y "Contraguerrilla". En la zona también se descubrió un burdel con más de 500 mujeres de ambas nacionalidades, que dijo el funcionario eran explotadas por paramilitares.
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domingo, 23 de agosto de 2015
Holguín y Rodríguez adelantaron reunión para el 26 de agosto
La reunión entre las cancilleres de Colombia, María Ángela Holguín, y Venezuela, Delcy Rodríguez, para tratar la situación en la frontera entre ambos países fue adelantada para el 26 de agosto (en vez del 14 de septiembre, como estaba previsto) luego de que el presidente Nicolás Maduro declaró estado de excepción en los municipios limítrofes.
"Acabo de conversar con la canciller Holguín y adelantamos la reunión binacional para el miércoles 26 de agosto", escribió Rodríguez en Twitter. "Venezuela y Colombia vamos a atacar juntos los graves problemas fronterizos generados por la violencia paramilitar y la guerra económica", dijo en otro mensaje.
Maduro también prolongó de manera indefinida el cierre de la frontera entre Venezuela y Colombia, ordenado el miércoles pasado luego de que tres militares resultaron heridos en un enfrentamiento con presuntos contrabandistas.
En el marco del estado de excepción, más de 2.000 soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana revisaron "casa por casa" una zona de la frontera en busca de paramilitares, contrabandistas y acusados de otros delitos, reseñó la agencia Efe.
La Agencia Venezolana de Noticias informó que el rastreo se realiza en un área invadida ilegalmente por 1.900 familias, 90% de origen colombiano. "Aquellos que no estén legales en Venezuela tendrán que retornar a Colombia", publicó.
El general Temístocles Morantes Torres, encargado de los Operativos de Liberación y Protección del Pueblo en Táchira, explicó a AVN que muchas de las personas que habitan en la zona invadida "mantienen acciones delictivas y estructuras paramilitares".
Morantes Torres agregó que Táchira es de gran influencia para el resto del país. "Al tomar el control (del Estado) creemos que se incidirá en la situación que se vive actualmente con los alimentos", opinó, en alusión al severo desabastecimiento de productos.
Gana la delincuencia. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, opinó que el cierre indefinido de la frontera con Venezuela ordenado por Maduro beneficia a la delincuencia y afirmó que tratará de hablar con él para solucionar cuanto antes esa situación.
"Cuando se cierra la frontera y no hay coordinación los que ganan son los delincuentes", dijo Santos, según Efe. Agregó que su gobierno entiende la preocupación de Venezuela por el ataque contra los militares, pero no comparte las medidas aplicadas.
"Si es por cuestiones de seguridad, la respuesta no debería ser cerrar la frontera, debería ser más bien colaborar en forma más eficaz con las autoridades colombianas porque tenemos los mismos objetivos, tenemos los mismos intereses", señaló.
Santos recordó "los muchos inconvenientes, el malestar y el inmenso costo económico que tiene cerrar la frontera" y reiteró la disposición de Colombia a colaborar para encontrar una solución lo más rápido posible. "Nadie está interesado en estimular o permitir el contrabando, que hace un tremendo daño de lado y lado".
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"Acabo de conversar con la canciller Holguín y adelantamos la reunión binacional para el miércoles 26 de agosto", escribió Rodríguez en Twitter. "Venezuela y Colombia vamos a atacar juntos los graves problemas fronterizos generados por la violencia paramilitar y la guerra económica", dijo en otro mensaje.
Maduro también prolongó de manera indefinida el cierre de la frontera entre Venezuela y Colombia, ordenado el miércoles pasado luego de que tres militares resultaron heridos en un enfrentamiento con presuntos contrabandistas.
En el marco del estado de excepción, más de 2.000 soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana revisaron "casa por casa" una zona de la frontera en busca de paramilitares, contrabandistas y acusados de otros delitos, reseñó la agencia Efe.
La Agencia Venezolana de Noticias informó que el rastreo se realiza en un área invadida ilegalmente por 1.900 familias, 90% de origen colombiano. "Aquellos que no estén legales en Venezuela tendrán que retornar a Colombia", publicó.
El general Temístocles Morantes Torres, encargado de los Operativos de Liberación y Protección del Pueblo en Táchira, explicó a AVN que muchas de las personas que habitan en la zona invadida "mantienen acciones delictivas y estructuras paramilitares".
Morantes Torres agregó que Táchira es de gran influencia para el resto del país. "Al tomar el control (del Estado) creemos que se incidirá en la situación que se vive actualmente con los alimentos", opinó, en alusión al severo desabastecimiento de productos.
Gana la delincuencia. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, opinó que el cierre indefinido de la frontera con Venezuela ordenado por Maduro beneficia a la delincuencia y afirmó que tratará de hablar con él para solucionar cuanto antes esa situación.
"Cuando se cierra la frontera y no hay coordinación los que ganan son los delincuentes", dijo Santos, según Efe. Agregó que su gobierno entiende la preocupación de Venezuela por el ataque contra los militares, pero no comparte las medidas aplicadas.
"Si es por cuestiones de seguridad, la respuesta no debería ser cerrar la frontera, debería ser más bien colaborar en forma más eficaz con las autoridades colombianas porque tenemos los mismos objetivos, tenemos los mismos intereses", señaló.
Santos recordó "los muchos inconvenientes, el malestar y el inmenso costo económico que tiene cerrar la frontera" y reiteró la disposición de Colombia a colaborar para encontrar una solución lo más rápido posible. "Nadie está interesado en estimular o permitir el contrabando, que hace un tremendo daño de lado y lado".
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jueves, 20 de agosto de 2015
"El Esequibo es una herida colonial"
La disputa del Esequibo es una de las "heridas coloniales que dejó la expansión del imperio británico" en América, afirmó Delcy Rodríguez, ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, en San Vicente y las Granadinas, a donde viajó para reunirse con el primer ministro Ralph Gonsalves y el canciller Camilo Gonsalves.
La visita forma parte de la gira que Rodríguez realiza por los países del Caribe –Trinidad y Tobago, Santa Lucía, Antigua y Barbuda y República Dominicana, están entre los países visitados– para explicar las razones históricas y legales que tiene Venezuela para reclamar a Guyana el territorio Esequibo, un área de 159.000 kilómetros cuadrados rica en recursos naturales.
En República Dominicana, la canciller se reunió el martes con el presidente Danilo Medina. "El mandatario atendió con mucha receptividad las explicaciones históricas, políticas y jurídicas de cómo Venezuela tiene su soberanía legítima del territorio de la Guayana Esequiba, que está en disputa con Guyana", dijo.
Rodríguez reiteró que la polémica reciente con Guyana obedece a una agenda de desintegración de la unidad latinoamericana y caribeña desplegada por Exxon Mobil, empresa estadounidense que en mayo descubrió un yacimiento petrolero en las aguas que se disputan Caracas y Georgetown.
"Frente a esta posición de desunión, de búsqueda de situaciones inamistosas entre nuestros países, se impone la diplomacia bolivariana de paz", señaló.
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La visita forma parte de la gira que Rodríguez realiza por los países del Caribe –Trinidad y Tobago, Santa Lucía, Antigua y Barbuda y República Dominicana, están entre los países visitados– para explicar las razones históricas y legales que tiene Venezuela para reclamar a Guyana el territorio Esequibo, un área de 159.000 kilómetros cuadrados rica en recursos naturales.
En República Dominicana, la canciller se reunió el martes con el presidente Danilo Medina. "El mandatario atendió con mucha receptividad las explicaciones históricas, políticas y jurídicas de cómo Venezuela tiene su soberanía legítima del territorio de la Guayana Esequiba, que está en disputa con Guyana", dijo.
Rodríguez reiteró que la polémica reciente con Guyana obedece a una agenda de desintegración de la unidad latinoamericana y caribeña desplegada por Exxon Mobil, empresa estadounidense que en mayo descubrió un yacimiento petrolero en las aguas que se disputan Caracas y Georgetown.
"Frente a esta posición de desunión, de búsqueda de situaciones inamistosas entre nuestros países, se impone la diplomacia bolivariana de paz", señaló.
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miércoles, 19 de agosto de 2015
Venezuela acusó a Guyana de tener una agenda oculta
La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, acusó al gobierno de Guyana de negarse a buscar una solución diplomática a la disputa por el Esequibo, el territorio de 159.000 kilómetros cuadrados que Caracas reclama a Georgetown.
"Sabemos que Guyana tiene una agenda oculta que no le está explicando al Caribe", afirmó Rodríguez en declaraciones al canal Telesur luego de reunirse con el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Brown, y el canciller de ese país, Charles Fernández.
"Hemos dado detalles de cuál ha sido el comportamiento de las nuevas autoridades de Guyana, en consonancia con intereses transnacionales, para crear desestabilización en la región y un papel desintegrador de la unidad latinoamericana y caribeña", agregó.
Rodríguez retomó el lunes, en Antigua y Barbuda, su gira por los países del Caribe para explicar la posición venezolana en la disputa del Esequibo. Ayer se reunió con el presidente de República Dominicana, Danilo Medina.
La canciller y el vicepresidente Jorge Arreaza, integrantes de la Comisión Presidencial de Estado para la Garantía de la Integridad Territorial y Asuntos Limítrofes, han visitado Barbados, Cuba, Dominica, Santa Lucía y Trinidad en las últimas tres semanas.
"Hemos sensibilizado sobre las razones históricas de Venezuela", explicó Rodríguez. Añadió que han hecho énfasis en la búsqueda de una solución pacífica: "Frente a aquellas voces que buscan una escalada con Guyana, la respuesta del gobierno es la paz".
La controversia,que data de 1899, se reactivó luego de que la compañía estadounidense Exxon Mobil anunció en mayo el descubrimiento de un yacimiento petrolífero en aguas que corresponden al territorio en disputa.
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"Sabemos que Guyana tiene una agenda oculta que no le está explicando al Caribe", afirmó Rodríguez en declaraciones al canal Telesur luego de reunirse con el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Brown, y el canciller de ese país, Charles Fernández.
"Hemos dado detalles de cuál ha sido el comportamiento de las nuevas autoridades de Guyana, en consonancia con intereses transnacionales, para crear desestabilización en la región y un papel desintegrador de la unidad latinoamericana y caribeña", agregó.
Rodríguez retomó el lunes, en Antigua y Barbuda, su gira por los países del Caribe para explicar la posición venezolana en la disputa del Esequibo. Ayer se reunió con el presidente de República Dominicana, Danilo Medina.
La canciller y el vicepresidente Jorge Arreaza, integrantes de la Comisión Presidencial de Estado para la Garantía de la Integridad Territorial y Asuntos Limítrofes, han visitado Barbados, Cuba, Dominica, Santa Lucía y Trinidad en las últimas tres semanas.
"Hemos sensibilizado sobre las razones históricas de Venezuela", explicó Rodríguez. Añadió que han hecho énfasis en la búsqueda de una solución pacífica: "Frente a aquellas voces que buscan una escalada con Guyana, la respuesta del gobierno es la paz".
La controversia,que data de 1899, se reactivó luego de que la compañía estadounidense Exxon Mobil anunció en mayo el descubrimiento de un yacimiento petrolífero en aguas que corresponden al territorio en disputa.
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domingo, 9 de agosto de 2015
Argentinos escogen hoy candidatos para sustituir a Cristina Fernández
Argentina celebra hoy las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que definirán cuáles son los partidos que competirán en las elecciones de octubre y quiénes serán los postulados a los cargos en disputa, que incluyen la Presidencia de la República.
La carrera por suceder a Cristina Fernández de Kirchner, que gobierna desde 2007 y no puede aspirar a un tercer mandato consecutivo, cuenta con 13 precandidatos, pero solo 3 tienen posibilidades reales de llegar a la primera magistratura, según las encuestas.
El gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, lidera los sondeos con 38% de intención de voto. Al ser el único precandidato de la coalición oficialista, el Frente para la Victoria, las primarias serán para él tan solo una prueba de fuerza.
“No cabe duda de que será la primera minoría: cuánto más se acerque a 40% y mayor sea su diferencia sobre la alianza que lidera Mauricio Macri, más fuerte será su triunfo electoral”, opina el politólogo Rosendo Fraga, del centro de estudios Nueva Mayoría.
Macri, alcalde de Buenos Aires y líder de Propuesta Republicana, es segundo en las encuestas con 31%, por lo que no debería tener problemas para superar al senador Ernesto Sanz y la diputada Elisa Carrió en las primarias de la alianza Cambiemos (centro).
“Si la suma de (los precandidatos de) Cambiemos queda a cinco puntos o menos de Scioli, Macri logrará hacer creíble que en octubre puede haber segunda vuelta. Si la diferencia es mayor, le será más difícil imponer esta perspectiva”, señala Fraga.
El tercero en disputa con 15% de intención de voto es el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, que competirá con el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, para ser el postulado de Una Alianza Alternativa (peronismo disidente).
“Para hacer creíble que pueden competir con Macri por el segundo lugar deberían quedar a no más de cinco puntos de él. Si no es así, este espacio corre el riesgo de sufrir el efecto de la polarización, que en las últimas semanas ha logrado contener”, advierte Fraga.
Guía de campaña. Adolfo Salgueiro, profesor de Derecho Internacional, señala que la ventaja de los tres principales candidatos en los sondeos hace que las primarias sirvan, más que para definir postulados, para medir fuerzas y ajustar estrategias.
“En el oficialismo no hay competencia. Los resultados de hoy servirán a Scioli para saber si puede ganar en primera vuelta o necesitará balotaje. Eso definirá cómo será la campaña para las elecciones de octubre”, indica Salgueiro.
En el caso de la oposición, agrega el internacionalista, lo que se busca es determinar si hay posibilidades reales de forzar una segunda vuelta en octubre, lo cual dependerá de algo más que la suma de los votos de Macri y Massa.
Salgueiro explica que en Argentina solo hay balotaje cuando se cumplen dos condiciones: que el ganador de la primera vuelta obtenga menos de 40% de los votos y que la ventaja sobre su competidor más inmediato sea inferior a 10 puntos porcentuales.
Eso hace que una división paritaria de los votos opositores resulte perjudicial. “Si el que salga segundo en las primarias está en condiciones de disputar un balotaje, el que llegue tercero tendrá que definir si le transferirá su voto”, indica el internacionalista.
En busca de espacio. Además de la media docena de precandidatos de las tres grandes alianzas, hay siete postulados por partidos minoritarios, cuyo objetivo principal es superar el mínimo necesario (1,5% de los votos) para participar en las elecciones de octubre.
“Estos grupos no cuentan para la elección presidencial, pero las primarias les sirven para medir cuánta simpatía tienen entre la población porque, como no es la elección definitiva, no hay economía del voto”, apunta Salgueiro.
La lista incluye a la diputada Margarita Stolbizer, precandidata de Progresistas, un frente integrado por el Partido Socialista, Generación para un Encuentro Nacional y Libres del Sur, entre otros.
El ex presidente interino y ex gobernador de la provincia de San Luis Adolfo Rodríguez Saá es el postulado de Compromiso Federal; mientras que el diputado Víctor de Gennaro es el precandidato del Frente Popular.
El sector más izquierdista del espectro político cuenta con aspirantes como Alejandro Bodart (alianza Movimiento Socialista de los Trabajadores y Nueva Izquierda) y Manuela Castiñeira (Movimiento al Socialismo).
También tiene la única alianza minoritaria que definirá su candidato presidencial entre dos opciones: Jorge Altamira (Partido Obrero) y Nicolás Del Caño (Partido Socialista de los Trabajadores) competirán por ser el postulado del Frente de Izquierda.
Publicado en El Nacional
La carrera por suceder a Cristina Fernández de Kirchner, que gobierna desde 2007 y no puede aspirar a un tercer mandato consecutivo, cuenta con 13 precandidatos, pero solo 3 tienen posibilidades reales de llegar a la primera magistratura, según las encuestas.
El gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, lidera los sondeos con 38% de intención de voto. Al ser el único precandidato de la coalición oficialista, el Frente para la Victoria, las primarias serán para él tan solo una prueba de fuerza.
“No cabe duda de que será la primera minoría: cuánto más se acerque a 40% y mayor sea su diferencia sobre la alianza que lidera Mauricio Macri, más fuerte será su triunfo electoral”, opina el politólogo Rosendo Fraga, del centro de estudios Nueva Mayoría.
Macri, alcalde de Buenos Aires y líder de Propuesta Republicana, es segundo en las encuestas con 31%, por lo que no debería tener problemas para superar al senador Ernesto Sanz y la diputada Elisa Carrió en las primarias de la alianza Cambiemos (centro).
“Si la suma de (los precandidatos de) Cambiemos queda a cinco puntos o menos de Scioli, Macri logrará hacer creíble que en octubre puede haber segunda vuelta. Si la diferencia es mayor, le será más difícil imponer esta perspectiva”, señala Fraga.
El tercero en disputa con 15% de intención de voto es el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, que competirá con el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, para ser el postulado de Una Alianza Alternativa (peronismo disidente).
“Para hacer creíble que pueden competir con Macri por el segundo lugar deberían quedar a no más de cinco puntos de él. Si no es así, este espacio corre el riesgo de sufrir el efecto de la polarización, que en las últimas semanas ha logrado contener”, advierte Fraga.
Guía de campaña. Adolfo Salgueiro, profesor de Derecho Internacional, señala que la ventaja de los tres principales candidatos en los sondeos hace que las primarias sirvan, más que para definir postulados, para medir fuerzas y ajustar estrategias.
“En el oficialismo no hay competencia. Los resultados de hoy servirán a Scioli para saber si puede ganar en primera vuelta o necesitará balotaje. Eso definirá cómo será la campaña para las elecciones de octubre”, indica Salgueiro.
En el caso de la oposición, agrega el internacionalista, lo que se busca es determinar si hay posibilidades reales de forzar una segunda vuelta en octubre, lo cual dependerá de algo más que la suma de los votos de Macri y Massa.
Salgueiro explica que en Argentina solo hay balotaje cuando se cumplen dos condiciones: que el ganador de la primera vuelta obtenga menos de 40% de los votos y que la ventaja sobre su competidor más inmediato sea inferior a 10 puntos porcentuales.
Eso hace que una división paritaria de los votos opositores resulte perjudicial. “Si el que salga segundo en las primarias está en condiciones de disputar un balotaje, el que llegue tercero tendrá que definir si le transferirá su voto”, indica el internacionalista.
En busca de espacio. Además de la media docena de precandidatos de las tres grandes alianzas, hay siete postulados por partidos minoritarios, cuyo objetivo principal es superar el mínimo necesario (1,5% de los votos) para participar en las elecciones de octubre.
“Estos grupos no cuentan para la elección presidencial, pero las primarias les sirven para medir cuánta simpatía tienen entre la población porque, como no es la elección definitiva, no hay economía del voto”, apunta Salgueiro.
La lista incluye a la diputada Margarita Stolbizer, precandidata de Progresistas, un frente integrado por el Partido Socialista, Generación para un Encuentro Nacional y Libres del Sur, entre otros.
El ex presidente interino y ex gobernador de la provincia de San Luis Adolfo Rodríguez Saá es el postulado de Compromiso Federal; mientras que el diputado Víctor de Gennaro es el precandidato del Frente Popular.
El sector más izquierdista del espectro político cuenta con aspirantes como Alejandro Bodart (alianza Movimiento Socialista de los Trabajadores y Nueva Izquierda) y Manuela Castiñeira (Movimiento al Socialismo).
También tiene la única alianza minoritaria que definirá su candidato presidencial entre dos opciones: Jorge Altamira (Partido Obrero) y Nicolás Del Caño (Partido Socialista de los Trabajadores) competirán por ser el postulado del Frente de Izquierda.
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sábado, 8 de agosto de 2015
A Venezuela le preocupa que se afecte la integración regional
A Venezuela le inquieta que la disputa con Guyana afecte la integración caribeña, afirmó la ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, en Santa Lucía, donde se reunió con el primer ministro Kenny D. Anthony y el canciller Alva Baptiste.
"Nos preocupa que se afecten los procesos de integración en la región, son los planes del Pentágono. Nosotros no caeremos en las provocaciones de los tambores de la guerra", escribió Rodríguez en Twitter.
La canciller, al igual que el vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza, se encuentra de gira por el Caribe para explicar los argumentos de Caracas para reclamar el territorio Esequibo, un área de 159.000 kilómetros cuadrados rica en recursos naturales.
"Los países amigos deben conocer la verdad histórica, los derechos legítimos de Venezuela sobre el Esequibo", reiteró Rodríguez. Denunció, además, el papel provocador de la Exxon Mobil y del presidente de Guyana, David Granger.
"Tenemos todo el derecho de responder a las agresiones del presidente Granger, de la Exxon Mobil y a reivindicar nuestra soberanía sobre la Guayana Esequiba", dijo Arreaza al canal Telesur tras reunirse con el primer ministro de Dominica, Roosvelt Skerrit.
El vicepresidente lamentó que el mandatario guyanés haya caído en las provocaciones de la petrolera estadounidense y le hizo un llamado para que respete el Derecho Internacional y el Acuerdo de Ginebra.
"Así como lo hicimos con los gobiernos anteriores de Guyana, podemos llevar esto en términos cordiales, civilizados, como hermanos y parte de la familia suramericana y caribeña que somos", dijo.
Publicado en El Nacional
"Nos preocupa que se afecten los procesos de integración en la región, son los planes del Pentágono. Nosotros no caeremos en las provocaciones de los tambores de la guerra", escribió Rodríguez en Twitter.
La canciller, al igual que el vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza, se encuentra de gira por el Caribe para explicar los argumentos de Caracas para reclamar el territorio Esequibo, un área de 159.000 kilómetros cuadrados rica en recursos naturales.
"Los países amigos deben conocer la verdad histórica, los derechos legítimos de Venezuela sobre el Esequibo", reiteró Rodríguez. Denunció, además, el papel provocador de la Exxon Mobil y del presidente de Guyana, David Granger.
"Tenemos todo el derecho de responder a las agresiones del presidente Granger, de la Exxon Mobil y a reivindicar nuestra soberanía sobre la Guayana Esequiba", dijo Arreaza al canal Telesur tras reunirse con el primer ministro de Dominica, Roosvelt Skerrit.
El vicepresidente lamentó que el mandatario guyanés haya caído en las provocaciones de la petrolera estadounidense y le hizo un llamado para que respete el Derecho Internacional y el Acuerdo de Ginebra.
"Así como lo hicimos con los gobiernos anteriores de Guyana, podemos llevar esto en términos cordiales, civilizados, como hermanos y parte de la familia suramericana y caribeña que somos", dijo.
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viernes, 7 de agosto de 2015
Venezuela inició gira caribeña para explicar crisis con Guyana
El vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, inició en Granada una gira para exponer a los países del Caribe en qué consiste la reclamación de Venezuela a Guyana por el territorio Esequibo, un área de 159.000 kilómetros cuadrados rica en recursos naturales.
Arreaza, que dirige la recién creada Comisión Presidencial de Estado para la Garantía de la Integridad Territorial y Asuntos Limítrofes, se reunió con el primer ministro de Granada, Keith Mitchell, para hablar sobre el diferendo fronterizo.
El objetivo del encuentro, de acuerdo con el vicepresidente venezolano, fue proporcionar información al gobernante granadino para que este "pueda ayudar a los pueblos de Venezuela y Guyana por la vía del Derecho Internacional y de la paz".
Arreaza también irá a Dominica, Barbados y Cuba. La canciller Delcy Rodríguez, por su parte, comenzó una gira similar en Trinidad y Tobago, donde conversó con su homólogo Winston Dookeran.
"Es una estrategia de despliegue diplomático de paz. No buscamos que tomen posición a favor de un conflicto, sino que nos ayuden a que se respete el Derecho Internacional y a que podamos construir las soluciones de manera bilateral", explicó el vicepresidente.
"Queremos que nuestros hermanos sepan que no sucumbiremos ante las provocaciones ni del gobierno de Guyana ni de la Exxon Mobil, que están detrás de esta situación que no habíamos vivido en la historia de esta controversia", agregó.
La reclamación del Esequibo data de 1899, pero se exacerbó luego de que la petrolera estadounidense Exxon Mobil descubrió un yacimiento de petróleo con reservas calculadas en 700 millones de barriles en áreas marítimas pendientes por delimitar.
Caracas defiende reactivar la figura del buen oficiante y solicitó al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, designar al sustituto de Norman Girvan (fallecido en 2014) para el cargo. Georgetown considera que el método de los buenos oficios está agotado y pide llevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia.
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Arreaza, que dirige la recién creada Comisión Presidencial de Estado para la Garantía de la Integridad Territorial y Asuntos Limítrofes, se reunió con el primer ministro de Granada, Keith Mitchell, para hablar sobre el diferendo fronterizo.
El objetivo del encuentro, de acuerdo con el vicepresidente venezolano, fue proporcionar información al gobernante granadino para que este "pueda ayudar a los pueblos de Venezuela y Guyana por la vía del Derecho Internacional y de la paz".
Arreaza también irá a Dominica, Barbados y Cuba. La canciller Delcy Rodríguez, por su parte, comenzó una gira similar en Trinidad y Tobago, donde conversó con su homólogo Winston Dookeran.
"Es una estrategia de despliegue diplomático de paz. No buscamos que tomen posición a favor de un conflicto, sino que nos ayuden a que se respete el Derecho Internacional y a que podamos construir las soluciones de manera bilateral", explicó el vicepresidente.
"Queremos que nuestros hermanos sepan que no sucumbiremos ante las provocaciones ni del gobierno de Guyana ni de la Exxon Mobil, que están detrás de esta situación que no habíamos vivido en la historia de esta controversia", agregó.
La reclamación del Esequibo data de 1899, pero se exacerbó luego de que la petrolera estadounidense Exxon Mobil descubrió un yacimiento de petróleo con reservas calculadas en 700 millones de barriles en áreas marítimas pendientes por delimitar.
Caracas defiende reactivar la figura del buen oficiante y solicitó al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, designar al sustituto de Norman Girvan (fallecido en 2014) para el cargo. Georgetown considera que el método de los buenos oficios está agotado y pide llevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia.
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lunes, 3 de agosto de 2015
Corrupción y crisis económica amenazan continuidad de Rousseff
Así como las bombas atómicas arrasan con todo lo que encuentran a su paso, las denuncias de corrupción en las empresas estatales de Brasil parecen ir por el mismo camino tras la detención esta semana del presidente de Electronuclear, Othon Luiz Pinheido Da Silva.
La Policía Federal acusó a Pinheido Da Silva de recibir sobornos para adjudicar contratos en la construcción de la central atómica Angra 3 a las empresas Andrade Gutiérrez, Camargo Correa, EBE, Odebrecht, Queiroz Galvao y UTC; todas involucradas en el caso Petrobras.
El método usado por las constructoras en Angra 3 habría sido el mismo que utilizaron con la petrolera estatal: inflar el valor para luego repartirse la ganancia con los directivos de las contratantes y los políticos que amparan las transacciones.
"La corrupción se ha extendido a otras áreas de la administración pública, es endémica y está en fase de metástasis", afirmó el fiscal Athayde Ribeiro Costa, responsable de la detención del presidente de Electronuclear. Además, dio a entender que las investigaciones pueden ampliarse a otras firmas públicas del sector eléctrico.
"La corrupción en Brasil es como una hiedra que se ha extendido por todas partes", opinó Edmundo González Urrutia, ex director de Política Internacional en la Cancillería. "Hablamos de una sociedad política completamente enferma", agregó Mario Gugliemeli, ex cónsul de Venezuela en Sao Paulo.
Sospecha general. Los diplomáticos recordaron que las acusaciones incluso han alcanzado al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), que no solo ha sido señalado por el caso Petrobrás, sino también por tráfico de influencias para que Odebrecht consiguiera contratos en varios países, incluida Venezuela.
Dilma Rousseff tampoco escapa al impacto de la corrupción. En junio se supo que el empresario Ricardo Pessoa, enjuiciado por el caso Petrobras, confesó que donó dinero proveniente de prácticas corruptas a la campaña para la reelección de la presidente en 2014.
Pessoa, que es propietario de UTC y colabora con la justicia a cambio de una reducción de la pena, también dijo que entre los beneficiarios de sus donaciones están los ministros de la Presidencia, Aloizio Mercadante, y de Información, Edinho Silva.
Muchos de los políticos investigados por corrupción, además, son del Partido de los Trabajadores de Rousseff y Lula y el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, que lidera el vicepresidente Michel Temer y es el principal aliado del gobierno en el Parlamento.
Pero la corrupción está lejos de ser el único problema de la mandataria. Brasil está en medio de una crisis económica: el producto interno bruto caerá alrededor de 2% en 2015, el desempleo aumentó a 6,9% en junio y la inflación anual puede llegar a dos dígitos por primera vez desde 2002.
¿Destitución posible? El contexto adverso hizo que la popularidad de Roussef cayese por debajo de 10% y el rechazo ascendiera hasta casi 80%, según los estudios más recientes de las principales encuestadoras brasileñas, cuando apenas han transcurrido siete meses de su segundo mandato.
"Cuando la crisis afecta el bolsillo de los ciudadanos el descontento es mayor", justificó Gugliemeli. "Hay un desgaste de la popularidad y un creciente malestar", afirmó González Urrutia. Lo más peligroso en este caso, sin embargo, es la pérdida de apoyo en el Parlamento.
Rousseff está enfrentada con un sector del PMDB, encabezado por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, que atribuye su implicación en el caso Petrobras a una maniobra del gobierno. La bancada de la oposición, además, salió fortalecida de los comicios del año pasado.
Eso ha traído al debate público la posibilidad de la destitución presidencial por parte del Congreso, que ya tiene un precedente con Fernando Collor de Mello en 1992. Y la jefe del Estado lo sabe: "No voy a caer", declaró al diario Folha de Sao Paulo en una entrevista en julio.
Ni González Urrutia ni Gugliemeli se atrevieron a hacer un pronóstico sobre la destitución de Rousseff, pero sí afirmaron que la situación es delicada. "Sin duda se está configurando un cuadro político complicado", dijo el primero. "Un problema de gobernabilidad grave, en medio de una crisis económica, traerá muchas dificultades", añadió el segundo.
El vicepresidente Temer, que dirige al sector del PMDB que todavía apoya al gobierno, intentó calmar las aguas hace unos días. "La presidente Dilma continuará hasta el final con mucha tranquilidad, no es necesario que nadie la mantenga porque tiene una capacidad extraordinaria de trabajo y conoce Brasil como pocos", expresó.
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La Policía Federal acusó a Pinheido Da Silva de recibir sobornos para adjudicar contratos en la construcción de la central atómica Angra 3 a las empresas Andrade Gutiérrez, Camargo Correa, EBE, Odebrecht, Queiroz Galvao y UTC; todas involucradas en el caso Petrobras.
El método usado por las constructoras en Angra 3 habría sido el mismo que utilizaron con la petrolera estatal: inflar el valor para luego repartirse la ganancia con los directivos de las contratantes y los políticos que amparan las transacciones.
"La corrupción se ha extendido a otras áreas de la administración pública, es endémica y está en fase de metástasis", afirmó el fiscal Athayde Ribeiro Costa, responsable de la detención del presidente de Electronuclear. Además, dio a entender que las investigaciones pueden ampliarse a otras firmas públicas del sector eléctrico.
"La corrupción en Brasil es como una hiedra que se ha extendido por todas partes", opinó Edmundo González Urrutia, ex director de Política Internacional en la Cancillería. "Hablamos de una sociedad política completamente enferma", agregó Mario Gugliemeli, ex cónsul de Venezuela en Sao Paulo.
Sospecha general. Los diplomáticos recordaron que las acusaciones incluso han alcanzado al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), que no solo ha sido señalado por el caso Petrobrás, sino también por tráfico de influencias para que Odebrecht consiguiera contratos en varios países, incluida Venezuela.
Dilma Rousseff tampoco escapa al impacto de la corrupción. En junio se supo que el empresario Ricardo Pessoa, enjuiciado por el caso Petrobras, confesó que donó dinero proveniente de prácticas corruptas a la campaña para la reelección de la presidente en 2014.
Pessoa, que es propietario de UTC y colabora con la justicia a cambio de una reducción de la pena, también dijo que entre los beneficiarios de sus donaciones están los ministros de la Presidencia, Aloizio Mercadante, y de Información, Edinho Silva.
Muchos de los políticos investigados por corrupción, además, son del Partido de los Trabajadores de Rousseff y Lula y el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, que lidera el vicepresidente Michel Temer y es el principal aliado del gobierno en el Parlamento.
Pero la corrupción está lejos de ser el único problema de la mandataria. Brasil está en medio de una crisis económica: el producto interno bruto caerá alrededor de 2% en 2015, el desempleo aumentó a 6,9% en junio y la inflación anual puede llegar a dos dígitos por primera vez desde 2002.
¿Destitución posible? El contexto adverso hizo que la popularidad de Roussef cayese por debajo de 10% y el rechazo ascendiera hasta casi 80%, según los estudios más recientes de las principales encuestadoras brasileñas, cuando apenas han transcurrido siete meses de su segundo mandato.
"Cuando la crisis afecta el bolsillo de los ciudadanos el descontento es mayor", justificó Gugliemeli. "Hay un desgaste de la popularidad y un creciente malestar", afirmó González Urrutia. Lo más peligroso en este caso, sin embargo, es la pérdida de apoyo en el Parlamento.
Rousseff está enfrentada con un sector del PMDB, encabezado por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, que atribuye su implicación en el caso Petrobras a una maniobra del gobierno. La bancada de la oposición, además, salió fortalecida de los comicios del año pasado.
Eso ha traído al debate público la posibilidad de la destitución presidencial por parte del Congreso, que ya tiene un precedente con Fernando Collor de Mello en 1992. Y la jefe del Estado lo sabe: "No voy a caer", declaró al diario Folha de Sao Paulo en una entrevista en julio.
Ni González Urrutia ni Gugliemeli se atrevieron a hacer un pronóstico sobre la destitución de Rousseff, pero sí afirmaron que la situación es delicada. "Sin duda se está configurando un cuadro político complicado", dijo el primero. "Un problema de gobernabilidad grave, en medio de una crisis económica, traerá muchas dificultades", añadió el segundo.
El vicepresidente Temer, que dirige al sector del PMDB que todavía apoya al gobierno, intentó calmar las aguas hace unos días. "La presidente Dilma continuará hasta el final con mucha tranquilidad, no es necesario que nadie la mantenga porque tiene una capacidad extraordinaria de trabajo y conoce Brasil como pocos", expresó.
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sábado, 1 de agosto de 2015
Venezuela envió nota de protesta a Guyana
Venezuela envió una nota de protesta a Guyana por el reglamento sobre zonas marítimas promulgado el 23 de julio por el presidente David Granger y presentado ayer por el canciller Carl Greenidge ante la Asamblea Nacional, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
"Dicho reglamento ubica el Punto 1, que pretende establecer el extremo occidental de la línea de base correspondiente a la desembocadura del río Esequibo, en territorio venezolano sujeto a controversia conforme al Acuerdo de Ginebra de 1966", afirma la Cancillería en la misiva.
Caracas denunció, además, "las recurrentes provocaciones y agresiones" de Georgetown. "Persiguen avivar un conflicto entre países hermanos con fines desintegradores de la unidad latinoamericana y caribeña, y legitimadores de las pretensiones imperialistas en contra de la paz de la región", dijo.
En la presentación ante el Parlamento, Greenidge señaló que la norma permite a Guyana proteger su territorio contra actos de agresión como el del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en alusión al decreto que creó las Zonas Operativas de Defensa Integral Marítima e Insular.
El canciller guyanés no descartó una reunión entre Granger y Maduro como parte de los esfuerzos del secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para mediar en la controversia territorial.
"Hay oportunidad de discutir este asunto en un foro apropiado y dentro de los márgenes de la ONU u otro organismo", dijo Greenidge, reseñó Efe. Pero aclaró que por el momento no hay un acuerdo formal de diálogo.
La oficina del secretario general de la ONU informó que Ban habló con Maduro (en persona) y con Granger (por teléfono) sobre el envío de una misión a ambos países.
Greenidge reiteró que Georgetown rechaza la reactivación de la figura del buen oficiante, como propuso Caracas, e insiste en llevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia.
Diálogo parlamentario. La bancada oficialista en el Grupo Venezolano del Parlamento Latinoamericano promueve la creación de un grupo de trabajo binacional con legisladores de Guyana para tratar el reclamo del Esequibo.
Los diputados viajaron a Panamá para conversar la propuesta con representantes de la junta directiva del Parlatino, integrado por las instancias legislativas de 22 países del continente.
El presidente del Parlatino, Ángel Rodríguez, dijo que el gobierno venezolano celebra que Exxon Mobil haya retirado su buque taladro, plataforma petrolera, de las aguas del Territorio del Esequibo.
Señaló que la plataforma de Exxon Mobil se retiró desde hace varios días de las aguas del campo Stabroek en el Esequibo y que actualmente está estacionada en el Golfo de México.
Rodríguez criticó la terquedad y soberbia del presidente de Guyana, David Granger, que tras su viaje a Estados Unidos, "regresó envalentonado". "Es un peón del imperio", agregó.
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"Dicho reglamento ubica el Punto 1, que pretende establecer el extremo occidental de la línea de base correspondiente a la desembocadura del río Esequibo, en territorio venezolano sujeto a controversia conforme al Acuerdo de Ginebra de 1966", afirma la Cancillería en la misiva.
Caracas denunció, además, "las recurrentes provocaciones y agresiones" de Georgetown. "Persiguen avivar un conflicto entre países hermanos con fines desintegradores de la unidad latinoamericana y caribeña, y legitimadores de las pretensiones imperialistas en contra de la paz de la región", dijo.
En la presentación ante el Parlamento, Greenidge señaló que la norma permite a Guyana proteger su territorio contra actos de agresión como el del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en alusión al decreto que creó las Zonas Operativas de Defensa Integral Marítima e Insular.
El canciller guyanés no descartó una reunión entre Granger y Maduro como parte de los esfuerzos del secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para mediar en la controversia territorial.
"Hay oportunidad de discutir este asunto en un foro apropiado y dentro de los márgenes de la ONU u otro organismo", dijo Greenidge, reseñó Efe. Pero aclaró que por el momento no hay un acuerdo formal de diálogo.
La oficina del secretario general de la ONU informó que Ban habló con Maduro (en persona) y con Granger (por teléfono) sobre el envío de una misión a ambos países.
Greenidge reiteró que Georgetown rechaza la reactivación de la figura del buen oficiante, como propuso Caracas, e insiste en llevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia.
Diálogo parlamentario. La bancada oficialista en el Grupo Venezolano del Parlamento Latinoamericano promueve la creación de un grupo de trabajo binacional con legisladores de Guyana para tratar el reclamo del Esequibo.
Los diputados viajaron a Panamá para conversar la propuesta con representantes de la junta directiva del Parlatino, integrado por las instancias legislativas de 22 países del continente.
El presidente del Parlatino, Ángel Rodríguez, dijo que el gobierno venezolano celebra que Exxon Mobil haya retirado su buque taladro, plataforma petrolera, de las aguas del Territorio del Esequibo.
Señaló que la plataforma de Exxon Mobil se retiró desde hace varios días de las aguas del campo Stabroek en el Esequibo y que actualmente está estacionada en el Golfo de México.
Rodríguez criticó la terquedad y soberbia del presidente de Guyana, David Granger, que tras su viaje a Estados Unidos, "regresó envalentonado". "Es un peón del imperio", agregó.
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martes, 28 de julio de 2015
EE UU reprobó a Venezuela en lucha contra la trata de personas
Estados Unidos mantuvo a Venezuela en la lista de países que no hacen lo suficiente para combatir el tráfico de personas, en la que también están Corea del Norte, Irán, Rusia y Siria, entre otros, reseñó la agencia Efe.
"Venezuela es un país de origen y destino para hombres, mujeres y niños sujetos a tráfico sexual y trabajo forzado", dice el informe anual del Departamento de Estado sobre este delito, publicado ayer.
Washington considera que Caracas "no cumple plenamente con las normas mínimas para la eliminación de la trata (el estándar es una ley estadounidense de 2000) y no está haciendo esfuerzos significativos para lograrlo".
El documento indica que la falta de datos oficiales confiables sobre la lucha contra el tráfico de personas hace que los esfuerzos realizados por el gobierno venezolano, que asegura haber identificado y asistido a algunas víctimas, sean difíciles de evaluar.
Entre los casos que existen en Venezuela, según el informe, están los cubanos que trabajan en los programas sociales del gobierno y especialmente los médicos de la misión Barrio Adentro.
"Indicadores de trabajo forzado reportados por algunos cubanos que participan en el programa incluyen pago insuficiente de salarios, largas jornadas obligatorias y amenazas de represalias contra ellos y sus familias si abandonan", señala.
El texto también cita los reportes de mujeres venezolanas sometidas a prostitución en las islas del Caribe –particularmente Aruba, Curazao y Trinidad– y el trabajo forzado en el sector informal y el servicio doméstico de niños y mujeres ecuatorianas residentes en el país.
El Departamento de Estado hace una serie de recomendaciones a cada país. En el caso de Venezuela, destacan fortalecer los esfuerzos por investigar y enjuiciar los hechos de tráfico sexual y trabajo forzado, proporcionar servicios especializados para las víctimas y mejorar la recopilación de datos sobre los esfuerzos del gobierno contra este problema.
Publicado en El Nacional
"Venezuela es un país de origen y destino para hombres, mujeres y niños sujetos a tráfico sexual y trabajo forzado", dice el informe anual del Departamento de Estado sobre este delito, publicado ayer.
Washington considera que Caracas "no cumple plenamente con las normas mínimas para la eliminación de la trata (el estándar es una ley estadounidense de 2000) y no está haciendo esfuerzos significativos para lograrlo".
El documento indica que la falta de datos oficiales confiables sobre la lucha contra el tráfico de personas hace que los esfuerzos realizados por el gobierno venezolano, que asegura haber identificado y asistido a algunas víctimas, sean difíciles de evaluar.
Entre los casos que existen en Venezuela, según el informe, están los cubanos que trabajan en los programas sociales del gobierno y especialmente los médicos de la misión Barrio Adentro.
"Indicadores de trabajo forzado reportados por algunos cubanos que participan en el programa incluyen pago insuficiente de salarios, largas jornadas obligatorias y amenazas de represalias contra ellos y sus familias si abandonan", señala.
El texto también cita los reportes de mujeres venezolanas sometidas a prostitución en las islas del Caribe –particularmente Aruba, Curazao y Trinidad– y el trabajo forzado en el sector informal y el servicio doméstico de niños y mujeres ecuatorianas residentes en el país.
El Departamento de Estado hace una serie de recomendaciones a cada país. En el caso de Venezuela, destacan fortalecer los esfuerzos por investigar y enjuiciar los hechos de tráfico sexual y trabajo forzado, proporcionar servicios especializados para las víctimas y mejorar la recopilación de datos sobre los esfuerzos del gobierno contra este problema.
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sábado, 25 de julio de 2015
Pablo Iglesias será candidato a presidir gobierno de España
Las elecciones primarias de Podemos confirmaron lo que era un secreto a voces: Pablo Iglesias encabezará la lista del partido para los comicios generales de noviembre y, por lo tanto, será candidato a la presidencia de España.
Iglesias, diputado del Parlamento Europeo, fue elegido con 93% de los votos en unas primarias en las que participaron 16% de los inscritos en Podemos. Los medios españoles atribuyeron la baja concurrencia a las críticas internas al proceso electoral del partido.
De cara al electorado general, sin embargo, las críticas que más pesan sobre la candidatura presidencial de Iglesias son las que relacionan a Podemos, una organización de izquierda fundada en 2014, con el chavismo.
El diario El País denunció el año pasado que la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales, vinculada a Podemos, recibió 3,7 millones de euros del gobierno venezolano entre 2002 y 2012.
En enero, además, denunció que Juan Carlos Monedero, cofundador del partido, no declaró al fisco 425.150 euros que le pagaron los gobiernos de Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela en 2013.
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Iglesias, diputado del Parlamento Europeo, fue elegido con 93% de los votos en unas primarias en las que participaron 16% de los inscritos en Podemos. Los medios españoles atribuyeron la baja concurrencia a las críticas internas al proceso electoral del partido.
De cara al electorado general, sin embargo, las críticas que más pesan sobre la candidatura presidencial de Iglesias son las que relacionan a Podemos, una organización de izquierda fundada en 2014, con el chavismo.
El diario El País denunció el año pasado que la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales, vinculada a Podemos, recibió 3,7 millones de euros del gobierno venezolano entre 2002 y 2012.
En enero, además, denunció que Juan Carlos Monedero, cofundador del partido, no declaró al fisco 425.150 euros que le pagaron los gobiernos de Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela en 2013.
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miércoles, 22 de julio de 2015
Guyana no frenará las inversiones en el territorio Esequibo
El canciller de Guyana, Carl Greenidge, aseguró que su país no frenará las inversiones en el Esequibo, un territorio de 159.000 kilómetros cuadrados rico en recursos minerales que es reclamado por Venezuela, reseñó el diario Guyana Chronicle.
En un discurso ante la Asociación de Industria y Servicios de Guyana, Greenidge dijo que el gobierno de su país no dejará de promover las inversiones en esa región porque no puede descuidar ninguna parte de su territorio.
Agregó que Georgetown buscará un arreglo judicial para el reclamo de Caracas porque la figura de los buenos oficios y las demás opciones de solución pacífica de controversias establecidas en la Carta de la Organización de Naciones Unidas han sido agotadas.
Greenidge opina que el Acuerdo de Ginebra no reabrió la disputa, sino que se limitó a crear un mecanismo para definir la validez del Laudo Arbitral de 1899, luego de que Venezuela denunció su nulidad.
Caracas mantiene que el instrumento jurídico firmado en 1966 sí busca dirimir la controversia territorial y acusa a Georgetown de vulnerar lo que suscribió. "Lo que está haciendo Guyana no puede ser sino un vulgar incumplimiento del Acuerdo de Ginebra", dijo la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez.
La ministra de Relaciones Exteriores aseguró, además, que la posición venezolana cuenta con el respaldo pleno y absoluto de los países del Mercosur en la cumbre presidencial de la semana pasada.
"Las nuevas autoridades de Guyana salieron con las tablas en la cabeza porque venían con una estrategia de descrédito contra Venezuela. Esa estrategia fue derrotada en el seno del Mercosur", declaró Rodríguez al volver de Brasilia, donde se celebró el encuentro.
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En un discurso ante la Asociación de Industria y Servicios de Guyana, Greenidge dijo que el gobierno de su país no dejará de promover las inversiones en esa región porque no puede descuidar ninguna parte de su territorio.
Agregó que Georgetown buscará un arreglo judicial para el reclamo de Caracas porque la figura de los buenos oficios y las demás opciones de solución pacífica de controversias establecidas en la Carta de la Organización de Naciones Unidas han sido agotadas.
Greenidge opina que el Acuerdo de Ginebra no reabrió la disputa, sino que se limitó a crear un mecanismo para definir la validez del Laudo Arbitral de 1899, luego de que Venezuela denunció su nulidad.
Caracas mantiene que el instrumento jurídico firmado en 1966 sí busca dirimir la controversia territorial y acusa a Georgetown de vulnerar lo que suscribió. "Lo que está haciendo Guyana no puede ser sino un vulgar incumplimiento del Acuerdo de Ginebra", dijo la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez.
La ministra de Relaciones Exteriores aseguró, además, que la posición venezolana cuenta con el respaldo pleno y absoluto de los países del Mercosur en la cumbre presidencial de la semana pasada.
"Las nuevas autoridades de Guyana salieron con las tablas en la cabeza porque venían con una estrategia de descrédito contra Venezuela. Esa estrategia fue derrotada en el seno del Mercosur", declaró Rodríguez al volver de Brasilia, donde se celebró el encuentro.
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domingo, 19 de julio de 2015
El gobierno desactivó mecanismos de consulta para asuntos internacionales
La disputa diplomática actual con Guyana, luego del descubrimiento de petróleo en aguas del Esequibo, pone en evidencia la carencia de mecanismos de diálogo entre el gobierno y los actores fundamentales de la sociedad venezolana para tratar asuntos de política exterior que requieren una visión de Estado.
El fallecido presidente Hugo Chávez, a su llegada al poder en 1999, desactivó instancias como la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, cuya misión era "prestar colaboración al gobierno en todos los ramos de la política internacional", de acuerdo con el decreto que la creó en junio de 1974.
La CARE tenía como miembros permanentes a los ex cancilleres y al jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada Nacional. Además, contaba con seis integrantes por tiempo determinado: dos seleccionados por el Senado, dos por la Cámara de Diputados y dos por la Presidencia de la República.
Los ex mandatarios elegidos por votación popular eran considerados miembros permanentes, aunque su presencia no era necesaria a los efectos del quórum (según el decreto) y en la práctica nunca participaron en las reuniones de esta instancia, dice Oscar Hernández Bernalette, embajador de carrera.
"La principal característica de la CARE era que reunía a los cancilleres de todos los gobiernos, pero Chávez nunca los convocó porque inicialmente la mayoría de ellos estaba en una posición política contraria", afirma Milos Alcalay, ex representante de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas.
Hernández Bernalette y Alcalay recuerdan que los mecanismos de consulta son necesarios porque los asuntos exteriores requieren políticas de Estado y estas se elaboran tomando en cuenta a la mayor cantidad posible de actores: académicos, empresarios, medios, militares, organizaciones de la sociedad civil, políticos, sindicatos, universidades.
"Este tipo de instancias es una herramienta extraordinaria porque contribuye a que la toma de decisiones del Ejecutivo, en temas que son de máximo interés para el país, sea lo más amplia posible. De esta forma las acciones del gobierno en estos asuntos tienen más reconocimiento de la sociedad", afirma Hernández Bernalette.
Sin voluntad. La creación de la Comisión Presidencial de Estado para la Garantía de la Integridad Territorial y Asuntos Limítrofes parece un intento del gobierno de Nicolás Maduro por llenar el vacío de mecanismos de diálogo con la sociedad para tratar temas de política exterior.
Los integrantes de la instancia son el vicepresidente, Jorge Arreaza; la canciller, Delcy Rodríguez; el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; la ministra del Despacho de la Presidencia, Carmen Meléndez; la presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez; y el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez.
Además, cuenta con tres representantes designados por la Asamblea Nacional, que son los diputados Yul Jabour (PCV), William Fariñas (PSUV) y William Dávila (AD). Hernández Bernalette considera positiva la incorporación de un parlamentario de la bancada opositora: "Es un paso hacia adelante".
El embajador de carrera afirma, sin embargo, que sería útil incluir a más personas con opiniones distintas: "No tienen que ser ex cancilleres. Pueden ser académicos, diplomáticos, historiadores, investigadores reconocidos por su conocimiento del tema. Es la única manera de garantizar que haya una visión heterogénea".
Alcalay reitera la necesidad de dialogar con todos los actores fundamentales de la sociedad, pero duda que haya voluntad gubernamental para hacer esto. "Una comisión como la creada por Maduro, en la que básicamente están los mismos actores del gobierno, no es la forma de crear una política de Estado. Lo que piden es apoyo a su posición, pero no escuchan".
El ex representante de Venezuela ante la ONU recordó que hay una serie de personas e instituciones que ha estudiado el tema del Esequibo, que será lo primero que atienda la comisión. "Si hay voluntad de incorporarlos, se puede hacer. En el país siempre hubo mecanismos de consulta para fijar una política de Estado. No hay que reinventar la pólvora".
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El fallecido presidente Hugo Chávez, a su llegada al poder en 1999, desactivó instancias como la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, cuya misión era "prestar colaboración al gobierno en todos los ramos de la política internacional", de acuerdo con el decreto que la creó en junio de 1974.
La CARE tenía como miembros permanentes a los ex cancilleres y al jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada Nacional. Además, contaba con seis integrantes por tiempo determinado: dos seleccionados por el Senado, dos por la Cámara de Diputados y dos por la Presidencia de la República.
Los ex mandatarios elegidos por votación popular eran considerados miembros permanentes, aunque su presencia no era necesaria a los efectos del quórum (según el decreto) y en la práctica nunca participaron en las reuniones de esta instancia, dice Oscar Hernández Bernalette, embajador de carrera.
"La principal característica de la CARE era que reunía a los cancilleres de todos los gobiernos, pero Chávez nunca los convocó porque inicialmente la mayoría de ellos estaba en una posición política contraria", afirma Milos Alcalay, ex representante de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas.
Hernández Bernalette y Alcalay recuerdan que los mecanismos de consulta son necesarios porque los asuntos exteriores requieren políticas de Estado y estas se elaboran tomando en cuenta a la mayor cantidad posible de actores: académicos, empresarios, medios, militares, organizaciones de la sociedad civil, políticos, sindicatos, universidades.
"Este tipo de instancias es una herramienta extraordinaria porque contribuye a que la toma de decisiones del Ejecutivo, en temas que son de máximo interés para el país, sea lo más amplia posible. De esta forma las acciones del gobierno en estos asuntos tienen más reconocimiento de la sociedad", afirma Hernández Bernalette.
Sin voluntad. La creación de la Comisión Presidencial de Estado para la Garantía de la Integridad Territorial y Asuntos Limítrofes parece un intento del gobierno de Nicolás Maduro por llenar el vacío de mecanismos de diálogo con la sociedad para tratar temas de política exterior.
Los integrantes de la instancia son el vicepresidente, Jorge Arreaza; la canciller, Delcy Rodríguez; el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; la ministra del Despacho de la Presidencia, Carmen Meléndez; la presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez; y el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez.
Además, cuenta con tres representantes designados por la Asamblea Nacional, que son los diputados Yul Jabour (PCV), William Fariñas (PSUV) y William Dávila (AD). Hernández Bernalette considera positiva la incorporación de un parlamentario de la bancada opositora: "Es un paso hacia adelante".
El embajador de carrera afirma, sin embargo, que sería útil incluir a más personas con opiniones distintas: "No tienen que ser ex cancilleres. Pueden ser académicos, diplomáticos, historiadores, investigadores reconocidos por su conocimiento del tema. Es la única manera de garantizar que haya una visión heterogénea".
Alcalay reitera la necesidad de dialogar con todos los actores fundamentales de la sociedad, pero duda que haya voluntad gubernamental para hacer esto. "Una comisión como la creada por Maduro, en la que básicamente están los mismos actores del gobierno, no es la forma de crear una política de Estado. Lo que piden es apoyo a su posición, pero no escuchan".
El ex representante de Venezuela ante la ONU recordó que hay una serie de personas e instituciones que ha estudiado el tema del Esequibo, que será lo primero que atienda la comisión. "Si hay voluntad de incorporarlos, se puede hacer. En el país siempre hubo mecanismos de consulta para fijar una política de Estado. No hay que reinventar la pólvora".
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viernes, 17 de julio de 2015
Venezuela y Guyana buscan apoyos en Mercosur por disputa
Venezuela ratificó ante el Mercosur la legitimidad de su reclamo del territorio Esequibo e insistió en la necesidad de que Guyana respete el Acuerdo de Ginebra para buscar una solución pacífica.
"No hay duda alguna, ni histórica, ni política, sobre los derechos legítimos que tiene Venezuela sobre el Esequibo", dijo la ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, luego de la cumbre de cancilleres del bloque.
Rodríguez acusó a Georgetown de irrespetar el Acuerdo de Ginebra, firmado por ambos países en 1966, al permitir que la petrolera estadounidense Exxon Mobil explore en aguas en disputa. Denunció que el objetivo de la petrolera es la apropiación ilegítima de los recursos energéticos de Venezuela.
El ministro de Gobernación de Guyana, Raphael Trotman, confirmó que el presidente David Granger irá hoy a la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur para exponer sus argumentos y ganar apoyo en la disputa fronteriza.
"Cada visita, cada expresión, cada aparición tiene que reforzar nuestra posición en cuanto a nuestra integridad territorial y, por supuesto, buscar apoyos y proveer explicaciones porque la gente cree que esta es una noción romántica antigua", declaró Trotman, reportó Efe. Agregó que la cumbre del Mercosur es una oportunidad de oro para presentar el caso a los países suramericanos.
La disputa fronteriza entre Caracas y Georgetown se coló en la agenda de la cumbre, que inicialmente estaba centrada en las negociaciones para un acuerdo comercial con la Unión Europea y el proceso de adhesión de Bolivia.
Entretanto, los ex presidentes Andrés Pastrana (Colombia) y Jorge Quiroga (Bolivia) exigieron al Mercosur que suspenda a Venezuela si no autoriza misiones de observación de la OEA, la Unasur y la Unión Europea para los próximos comicios legislativos, según una carta a la que se tuvo acceso.
Publicado en El Nacional
"No hay duda alguna, ni histórica, ni política, sobre los derechos legítimos que tiene Venezuela sobre el Esequibo", dijo la ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, luego de la cumbre de cancilleres del bloque.
Rodríguez acusó a Georgetown de irrespetar el Acuerdo de Ginebra, firmado por ambos países en 1966, al permitir que la petrolera estadounidense Exxon Mobil explore en aguas en disputa. Denunció que el objetivo de la petrolera es la apropiación ilegítima de los recursos energéticos de Venezuela.
El ministro de Gobernación de Guyana, Raphael Trotman, confirmó que el presidente David Granger irá hoy a la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur para exponer sus argumentos y ganar apoyo en la disputa fronteriza.
"Cada visita, cada expresión, cada aparición tiene que reforzar nuestra posición en cuanto a nuestra integridad territorial y, por supuesto, buscar apoyos y proveer explicaciones porque la gente cree que esta es una noción romántica antigua", declaró Trotman, reportó Efe. Agregó que la cumbre del Mercosur es una oportunidad de oro para presentar el caso a los países suramericanos.
La disputa fronteriza entre Caracas y Georgetown se coló en la agenda de la cumbre, que inicialmente estaba centrada en las negociaciones para un acuerdo comercial con la Unión Europea y el proceso de adhesión de Bolivia.
Entretanto, los ex presidentes Andrés Pastrana (Colombia) y Jorge Quiroga (Bolivia) exigieron al Mercosur que suspenda a Venezuela si no autoriza misiones de observación de la OEA, la Unasur y la Unión Europea para los próximos comicios legislativos, según una carta a la que se tuvo acceso.
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jueves, 16 de julio de 2015
Critican que reclamo a Guyana no aborde asuntos de ciudadanía
El coronel Pompeyo Torrealba, coordinador del Movimiento Nacional al Rescate del Esequibano y del Esequibo, aseguró que Venezuela no ha aprendido que en las relaciones internacionales no hay amores sino intereses, y criticó la política de cooperación con Guyana implementada por el gobierno en los últimos años.
"Cometemos el error de pensar que por los poquitos barriles de petróleo y las cuatro casitas que le damos, Guyana nos devolverá la zona en reclamación", dijo Torrealba en la Jornada de Reflexión sobre el Esequibo, organizada por la Fiscalía.
El oficial también cuestionó que la reclamación a Guyana siempre se haya enfocado en la recuperación del territorio y no en la inserción de las personas que habitan el Esequibo, que actualmente son 200.000, según sus cálculos.
Explicó que esas personas tienen la nacionalidad venezolana y deberían poder tener cédula de identidad como el resto de los habitantes del país. Exhortó al Servicio Autónomo de Identificación, Migración y Extranjería a hacer lo necesario para que esto sea posible.
La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, dijo que el foro es el inicio de una serie de actividades para apoyar la propuesta del Ejecutivo de recuperar el Esequibo por la vía del derecho internacional.
Agregó que el Ministerio Público comenzó una serie de revisiones relacionadas con el diferendo territorial, como la inclusión de la zona en reclamación en todos los mapas que tiene la institución.
Debate posible. La presencia de los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Guyana, David Granger, en la XLVIII Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, que se realizará mañana en Brasilia, hace pensar que el conflicto bilateral será uno de los asuntos que se tratarán.
Se espera que a la reunión asistan los mandatarios de los países miembros del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela) y los de los asociados (Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam), es decir, la Unión de Naciones Suramericanas en pleno.
Maduro ha dicho que llevará a la Unasur el reclamo por el Esequibo. Entretanto, Granger ha planteado el diferendo en todas las reuniones internacionales a las que ha asistido recientemente, incluida la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, realizada el lunes en Etiopía.
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"Cometemos el error de pensar que por los poquitos barriles de petróleo y las cuatro casitas que le damos, Guyana nos devolverá la zona en reclamación", dijo Torrealba en la Jornada de Reflexión sobre el Esequibo, organizada por la Fiscalía.
El oficial también cuestionó que la reclamación a Guyana siempre se haya enfocado en la recuperación del territorio y no en la inserción de las personas que habitan el Esequibo, que actualmente son 200.000, según sus cálculos.
Explicó que esas personas tienen la nacionalidad venezolana y deberían poder tener cédula de identidad como el resto de los habitantes del país. Exhortó al Servicio Autónomo de Identificación, Migración y Extranjería a hacer lo necesario para que esto sea posible.
La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, dijo que el foro es el inicio de una serie de actividades para apoyar la propuesta del Ejecutivo de recuperar el Esequibo por la vía del derecho internacional.
Agregó que el Ministerio Público comenzó una serie de revisiones relacionadas con el diferendo territorial, como la inclusión de la zona en reclamación en todos los mapas que tiene la institución.
Debate posible. La presencia de los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Guyana, David Granger, en la XLVIII Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, que se realizará mañana en Brasilia, hace pensar que el conflicto bilateral será uno de los asuntos que se tratarán.
Se espera que a la reunión asistan los mandatarios de los países miembros del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela) y los de los asociados (Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam), es decir, la Unión de Naciones Suramericanas en pleno.
Maduro ha dicho que llevará a la Unasur el reclamo por el Esequibo. Entretanto, Granger ha planteado el diferendo en todas las reuniones internacionales a las que ha asistido recientemente, incluida la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, realizada el lunes en Etiopía.
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miércoles, 15 de julio de 2015
La Corte Internacional de Justicia no es una opción para Venezuela
Las diferencias recientes entre Guyana y Venezuela han hecho que Georgetown vuelva a plantear (como hizo en la década de 1980) que la reclamación por el territorio Esequibo se resuelva en la Corte Internacional de Justicia, pero el arreglo judicial no es una opción para Caracas.
"Venezuela se ha negado siempre porque no tiene todas las de ganar. Es poco factible que una reclamación sobre dos tercios del territorio de otro país tenga éxito", dice Angelina Jaffe, directora del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Metropolitana.
Kenneth Ramírez, presidente del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, coincide con este argumento. "La CIJ privilegia soluciones de equidad. En este caso, tomará en consideración que Guyana es el país pequeño. Venezuela siempre ha entendido que eso es una desventaja".
Emilio Figueredo, exfacilitador de las negociaciones bilaterales, recuerda que Georgetown tiene montado un expediente con las muestras de reconocimiento que Caracas ha dado en algunos momentos de su historia al Laudo Arbitral de París (1899), que la despojó del Esequibo.
Agrega que las inconsistencias en la política exterior venezolana tampoco ayudarán a lograr una sentencia favorable para el país y cita como ejemplo las declaraciones del fallecido presidente Hugo Chávez en 2004, que llamaban a dejar de lado la reclamación.
Los tres especialistas aclaran que Guyana no puede llevar el caso a la CIJ sin la autorización de Venezuela, porque los asuntos limítrofes son de jurisdicción voluntaria y porque el Acuerdo de Ginebra (1966) obliga a que el mecanismo de solución sea acordado por ambas partes.
Caracas entregó la semana pasada una solicitud al secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para que reactive el mecanismo del buen oficiante, paralizado desde la muerte de Norman Girvan en 2014. Pero Georgetown ha dicho que no quiere seguir con este método.
Ramírez considera que para lograr la aprobación de Guyana son necesarias medidas de presión. "Venezuela tiene que usar todos los medios disponibles para bloquear la explotación petrolera en aguas del Esequibo. Incluso, suspender el acuerdo de Petrocaribe".
¿Encuentro en Mercosur? El presidente de Guyana, David Granger, irá a la cumbre semestral de Mercosur que se realizará esta semana en Brasilia. Allí coincidirá con Nicolás Maduro, mandatario de Venezuela, uno de los cinco miembros plenos del bloque regional. De manera que en la agenda del evento se puede colar el conflicto bilateral por el territorio Esequibo, recrudecido luego de que un consorcio liderado por Exxon Mobil anunció en mayo que descubrió petróleo en aguas que Georgetown considera suyas y Caracas asegura que están en disputa.
Ejemplos cercanos. La Corte Internacional de Justicia ha sentenciado en los últimos años dos casos de delimitación marítima en América Latina. El primero fue el de Nicaragua contra Colombia por las islas San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y las aguas adyacentes. La CIJ reconoció la soberanía de Bogotá sobre las islas en 2007, pero concedió amplios espacios a Nicaragua al trazar los límites marítimos en 2012. El segundo fue Perú contra Chile. En 2014, la corte adjudicó a Lima un área de más de 50.000 kilómetros cuadrados que Santiago consideraba parte de su zona económica exclusiva.
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"Venezuela se ha negado siempre porque no tiene todas las de ganar. Es poco factible que una reclamación sobre dos tercios del territorio de otro país tenga éxito", dice Angelina Jaffe, directora del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Metropolitana.
Kenneth Ramírez, presidente del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, coincide con este argumento. "La CIJ privilegia soluciones de equidad. En este caso, tomará en consideración que Guyana es el país pequeño. Venezuela siempre ha entendido que eso es una desventaja".
Emilio Figueredo, exfacilitador de las negociaciones bilaterales, recuerda que Georgetown tiene montado un expediente con las muestras de reconocimiento que Caracas ha dado en algunos momentos de su historia al Laudo Arbitral de París (1899), que la despojó del Esequibo.
Agrega que las inconsistencias en la política exterior venezolana tampoco ayudarán a lograr una sentencia favorable para el país y cita como ejemplo las declaraciones del fallecido presidente Hugo Chávez en 2004, que llamaban a dejar de lado la reclamación.
Los tres especialistas aclaran que Guyana no puede llevar el caso a la CIJ sin la autorización de Venezuela, porque los asuntos limítrofes son de jurisdicción voluntaria y porque el Acuerdo de Ginebra (1966) obliga a que el mecanismo de solución sea acordado por ambas partes.
Caracas entregó la semana pasada una solicitud al secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para que reactive el mecanismo del buen oficiante, paralizado desde la muerte de Norman Girvan en 2014. Pero Georgetown ha dicho que no quiere seguir con este método.
Ramírez considera que para lograr la aprobación de Guyana son necesarias medidas de presión. "Venezuela tiene que usar todos los medios disponibles para bloquear la explotación petrolera en aguas del Esequibo. Incluso, suspender el acuerdo de Petrocaribe".
¿Encuentro en Mercosur? El presidente de Guyana, David Granger, irá a la cumbre semestral de Mercosur que se realizará esta semana en Brasilia. Allí coincidirá con Nicolás Maduro, mandatario de Venezuela, uno de los cinco miembros plenos del bloque regional. De manera que en la agenda del evento se puede colar el conflicto bilateral por el territorio Esequibo, recrudecido luego de que un consorcio liderado por Exxon Mobil anunció en mayo que descubrió petróleo en aguas que Georgetown considera suyas y Caracas asegura que están en disputa.
Ejemplos cercanos. La Corte Internacional de Justicia ha sentenciado en los últimos años dos casos de delimitación marítima en América Latina. El primero fue el de Nicaragua contra Colombia por las islas San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y las aguas adyacentes. La CIJ reconoció la soberanía de Bogotá sobre las islas en 2007, pero concedió amplios espacios a Nicaragua al trazar los límites marítimos en 2012. El segundo fue Perú contra Chile. En 2014, la corte adjudicó a Lima un área de más de 50.000 kilómetros cuadrados que Santiago consideraba parte de su zona económica exclusiva.
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domingo, 12 de julio de 2015
Venezuela también tiene que defender salida al Atlántico
El gobierno del presidente Nicolás Maduro, en su reclamo del territorio Esequibo, no debe obviar la solicitud que Guyana hizo en 2011 a la Organización de Naciones Unidas para ampliar su plataforma continental, que deja a Venezuela sin conexión directa con el océano Atlántico, única salida libre a mar abierto que tiene el país.
Especialistas recordaron que esa solicitud se basó en un trazado unilateral realizado por Georgetown que incluye las aguas de la zona en reclamación (que están en disputa, como la parte terrestre) y la fachada atlántica del estado Delta Amacuro, cuya soberanía no está en discusión.
"Es una línea que nos cercena miles de kilómetros cuadrados de áreas marinas, nos encierra en un triángulo con la delimitación acordada con Trinidad y Tobago en 1990 y nos elimina la salida libre al océano Atlántico", precisó Sadio Garavini, ex embajador de Venezuela en Guyana.
El diplomático afirmó que la conexión directa con mar abierto es importante porque, de lo contrario, todas las exportaciones que salen del río Orinoco (básicamente los minerales que se producen en Guayana) deberán pasar por la zona económica exclusiva de otro país para llegar al Atlántico y seguir hasta su destino.
Recordó, además, que es conocida la riqueza de la fachada atlántica de Delta Amacuro y de la zona en reclamación en petróleo y gas natural: "Los descubrimientos recientes del consorcio liderado por Exxon Mobil lo que hicieron fue confirmarlo". Agregó que en el área también hay abundantes recursos pesqueros.
Silencio perjudicial. La solicitud a la ONU para ampliar su plataforma continental fue una de las acciones relacionadas con el territorio Esequibo que Georgetown emprendió en los últimos años gracias al silencio de Caracas durante el mandato del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).
La influencia del régimen cubano y la intención de ganarse el respaldo de la Caricom llevaron a Chávez a cambiar la posición histórica del país sobre la zona en reclamación en 2004. "Venezuela no será un obstáculo para cualquier proyecto en el Esequibo", declaró el mandatario en una reunión con su homólogo de Guyana, Bharrett Jagdeo.
Caracas renunció así a la potestad que le otorga el Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966, para objetar la explotación de recursos naturales en el territorio disputado, lo cual fue aprovechado por Georgetown para entregar decenas de concesiones mineras y reactivar las actividades de exploración petrolera costa afuera.
El silencio gubernamental se mantuvo incluso cuando especialistas denunciaron que los bloques donde Guyana autorizó la búsqueda de hidrocarburos incluían aguas de la fachada atlántica de Delta Amacuro (más de 90.000 kilómetros cuadrados, según Aníbal Martínez, presidente del Frente Prodefensa del Petróleo).
La inacción terminó en octubre de 2013, cuando la Armada capturó en aguas venezolanas al buque Teknik Perdana, que hacía exploraciones petroleras en un bloque concedido a la empresa Anadarko Petroleum. Tras el incidente se acordó crear una comisión bilateral de delimitación marítima que hasta ahora no ha dado resultados.
Vuelve la polémica. El anuncio guyanés de que un consorcio formado por las compañías Exxon Mobil, Hess y China National Offshore Oil Corporation descubrió petróleo en el bloque Starbroek y el decreto venezolano que creó Zonas Operativas de Defensa Integral Marítima e Insular reavivaron la reclamación territorial en mayo.
Luego de meses de intercambio de acusaciones, Georgetown y Caracas coincidieron esta semana en la necesidad de apegarse al Acuerdo de Ginebra y la facilitación del secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para hallar una solución definitiva.
Angelina Jaffe, directora del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Metropolitana, considera que utilizar estos mecanismos es lo adecuado pero teme que la discusión pierda fuerza tras la modificación del decreto presidencial.
Garavini reiteró que el reclamo venezolano debe incluir la solicitud unilateral de Guyana para ampliar su plataforma continental. "Es absolutamente inaceptable que se cercene la salida al Atlántico. No es solo la proyección marítima de la zona en reclamación, que también tenemos que defender".
Emilio Figueredo, ex negociador de Venezuela con Guyana, recordó que el Acuerdo de Ginebra es válido para la reclamación del Esequibo pero no tiene nada que ver con la fachada atlántica de Delta Amacuro: "De Punta Playa para acá no hay discusión".
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Especialistas recordaron que esa solicitud se basó en un trazado unilateral realizado por Georgetown que incluye las aguas de la zona en reclamación (que están en disputa, como la parte terrestre) y la fachada atlántica del estado Delta Amacuro, cuya soberanía no está en discusión.
"Es una línea que nos cercena miles de kilómetros cuadrados de áreas marinas, nos encierra en un triángulo con la delimitación acordada con Trinidad y Tobago en 1990 y nos elimina la salida libre al océano Atlántico", precisó Sadio Garavini, ex embajador de Venezuela en Guyana.
El diplomático afirmó que la conexión directa con mar abierto es importante porque, de lo contrario, todas las exportaciones que salen del río Orinoco (básicamente los minerales que se producen en Guayana) deberán pasar por la zona económica exclusiva de otro país para llegar al Atlántico y seguir hasta su destino.
Recordó, además, que es conocida la riqueza de la fachada atlántica de Delta Amacuro y de la zona en reclamación en petróleo y gas natural: "Los descubrimientos recientes del consorcio liderado por Exxon Mobil lo que hicieron fue confirmarlo". Agregó que en el área también hay abundantes recursos pesqueros.
Silencio perjudicial. La solicitud a la ONU para ampliar su plataforma continental fue una de las acciones relacionadas con el territorio Esequibo que Georgetown emprendió en los últimos años gracias al silencio de Caracas durante el mandato del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).
La influencia del régimen cubano y la intención de ganarse el respaldo de la Caricom llevaron a Chávez a cambiar la posición histórica del país sobre la zona en reclamación en 2004. "Venezuela no será un obstáculo para cualquier proyecto en el Esequibo", declaró el mandatario en una reunión con su homólogo de Guyana, Bharrett Jagdeo.
Caracas renunció así a la potestad que le otorga el Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966, para objetar la explotación de recursos naturales en el territorio disputado, lo cual fue aprovechado por Georgetown para entregar decenas de concesiones mineras y reactivar las actividades de exploración petrolera costa afuera.
El silencio gubernamental se mantuvo incluso cuando especialistas denunciaron que los bloques donde Guyana autorizó la búsqueda de hidrocarburos incluían aguas de la fachada atlántica de Delta Amacuro (más de 90.000 kilómetros cuadrados, según Aníbal Martínez, presidente del Frente Prodefensa del Petróleo).
La inacción terminó en octubre de 2013, cuando la Armada capturó en aguas venezolanas al buque Teknik Perdana, que hacía exploraciones petroleras en un bloque concedido a la empresa Anadarko Petroleum. Tras el incidente se acordó crear una comisión bilateral de delimitación marítima que hasta ahora no ha dado resultados.
Vuelve la polémica. El anuncio guyanés de que un consorcio formado por las compañías Exxon Mobil, Hess y China National Offshore Oil Corporation descubrió petróleo en el bloque Starbroek y el decreto venezolano que creó Zonas Operativas de Defensa Integral Marítima e Insular reavivaron la reclamación territorial en mayo.
Luego de meses de intercambio de acusaciones, Georgetown y Caracas coincidieron esta semana en la necesidad de apegarse al Acuerdo de Ginebra y la facilitación del secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para hallar una solución definitiva.
Angelina Jaffe, directora del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Metropolitana, considera que utilizar estos mecanismos es lo adecuado pero teme que la discusión pierda fuerza tras la modificación del decreto presidencial.
Garavini reiteró que el reclamo venezolano debe incluir la solicitud unilateral de Guyana para ampliar su plataforma continental. "Es absolutamente inaceptable que se cercene la salida al Atlántico. No es solo la proyección marítima de la zona en reclamación, que también tenemos que defender".
Emilio Figueredo, ex negociador de Venezuela con Guyana, recordó que el Acuerdo de Ginebra es válido para la reclamación del Esequibo pero no tiene nada que ver con la fachada atlántica de Delta Amacuro: "De Punta Playa para acá no hay discusión".
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sábado, 11 de julio de 2015
Gobierno pidió a Ban designar a buen oficiante
Venezuela pidió al secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que designe al sustituto de Norman Girvan (fallecido en abril de 2014) y reactive el mecanismo del buen oficiante para la solución del diferendo territorial con Guyana.
La canciller Delcy Rodríguez viajó a Nueva York para entregarle la solicitud a Ban. "Esperamos que se active este mecanismo para que de una forma amistosa, práctica y legal se pueda resolver esta histórica reclamación sobre el territorio Esequibo", declaró antes de partir.
El presidente Nicolás Maduro informó que se comunicaría telefónicamente con el máximo responsable de la ONU para conversar sobre la tensión bilateral en los últimos meses. Reiteró que mantendrá la lucha por la zona en reclamación en todas las instancias internacionales.
Las relaciones entre Venezuela y Guyana se tensaron tras el descubrimiento de un yacimiento petrolífero en un área marítima en disputa entregada en concesión por Georgetown y el decreto de zonas militares que incluyen aguas por delimitar por parte de Caracas.
El presidente de Guyana, David Granger, dijo el jueves en un discurso ante el Parlamento de su país que las zonas militares decretadas por Venezuela continúan siendo una amenaza a pesar de la modificación que el gobierno de Maduro hizo al decreto esta semana.
Rodríguez criticó que Granger siga refiriéndose a Venezuela como un país agresor, pero celebró que manifestara disposición a buscar una solución jurídica permanente dentro de los principios del Acuerdo de Ginebra, firmado por ambos países en 1966.
"Asumió una posición con muchas falsedades, pero creo que dio un paso significativo que es el reconocimiento del Acuerdo de Ginebra y hemos visto que ha abandonado las ofensas y los insultos hacia el pueblo y hacia nuestra patria", dijo la funcionaria.
Publicado en El Nacional
La canciller Delcy Rodríguez viajó a Nueva York para entregarle la solicitud a Ban. "Esperamos que se active este mecanismo para que de una forma amistosa, práctica y legal se pueda resolver esta histórica reclamación sobre el territorio Esequibo", declaró antes de partir.
El presidente Nicolás Maduro informó que se comunicaría telefónicamente con el máximo responsable de la ONU para conversar sobre la tensión bilateral en los últimos meses. Reiteró que mantendrá la lucha por la zona en reclamación en todas las instancias internacionales.
Las relaciones entre Venezuela y Guyana se tensaron tras el descubrimiento de un yacimiento petrolífero en un área marítima en disputa entregada en concesión por Georgetown y el decreto de zonas militares que incluyen aguas por delimitar por parte de Caracas.
El presidente de Guyana, David Granger, dijo el jueves en un discurso ante el Parlamento de su país que las zonas militares decretadas por Venezuela continúan siendo una amenaza a pesar de la modificación que el gobierno de Maduro hizo al decreto esta semana.
Rodríguez criticó que Granger siga refiriéndose a Venezuela como un país agresor, pero celebró que manifestara disposición a buscar una solución jurídica permanente dentro de los principios del Acuerdo de Ginebra, firmado por ambos países en 1966.
"Asumió una posición con muchas falsedades, pero creo que dio un paso significativo que es el reconocimiento del Acuerdo de Ginebra y hemos visto que ha abandonado las ofensas y los insultos hacia el pueblo y hacia nuestra patria", dijo la funcionaria.
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viernes, 10 de julio de 2015
Guyana teme retaliación económica de Venezuela
El primer ministro de Guyana, Moses Nagamootoo, teme que la no renovación del contrato para suministrar arroz a Venezuela, como pago parcial por los barriles de crudo y derivados enviados mediante el acuerdo de Petrocaribe, sea una retaliación contra su país.
Nagamootoo aclaró que la decisión no es nueva, y acusó al gobierno anterior (que salió en mayo) por no informar a los agricultores al respecto a pesar de ser notificado por Caracas, pero no quiso desligarla de la polémica actual por el reclamo territorial.
"Esta revelación viene de la mano de las acciones de Venezuela para desafiar lo que es legalmente el territorio de Guyana. Habrá que examinar si la no renovación del contrato de permuta es, de hecho, un acto de sanción económica", dijo.
El presidente David Granger defendió que la insistencia del país en la protección de sus tierras y el espacio marítimo no es una agresión contra Venezuela, y consideró que el decreto aprobado en relación con la disputa por el Esequibo es "un acto de agresión".
En una intervención en el Parlamento de su país, Granger insistió en que el último decreto de Venezuela no respeta la integridad territorial de Guyana. En su opinión, no hay diferencia material entre el Decreto 1787 emitido el 26 de mayo y el Decreto 1859 del 6 de julio.
"Esta parte sigue siendo ofensiva a Guyana. Es como un `hueso en la garganta’, ya que el uso de la fuerza en estas áreas sigue siendo una amenaza", dijo el mandatario, quien criticó que se considere parte del territorio marítimo de su país como una "zona de defensa de Venezuela". Según dijo, el decreto pretende bloquear el acceso de Guyana a su zona económica exclusiva.
Sin distinción. Maduro ha centrado sus críticas en Granger, que asumió el cargo hace dos meses, e incluso lo ha acusado de dejarse manipular por la transnacional Exxon Mobil (que descubrió petróleo en las aguas en disputa) para generar un conflicto con Venezuela.
Maduro dijo que la "Exxon Mobil tiene una influencia decisiva en el gobierno de Guyana": "La Exxon Mobil se va metiendo con su lobby. Esta empresa forma parte de un grupo de influencia que, por su poder económico, compra decisiones políticas. Washington es un gran mercado y se impone quien paga más. Compran los congresistas, los que gobiernan. Estados Unidos es una competencia de lobbys. Una cosa es Obama y otra el poder de Estados Unidos".
El discurso del mandatario obvia que la concesión a la petrolera estadounidense fue entregada por el Partido Progresista Popular, que estuvo en el poder desde 1992 hasta mayo de 2015 y fue aliado del chavismo durante muchos años.
Ayer el ex presidente Donald Ramotar (2011-2015) dijo que el PPP apoya al gobierno actual (una coalición entre la Alianza para la Unidad Nacional y la Alianza por el Cambio) en lo que se refiere a la controversia con Venezuela.
"Vamos a apoyar al gobierno en el tema de la soberanía de este país. Estamos en total unidad en este asunto de la reclamación de nuestro territorio", declaró Ramotar. Agregó que respaldan la solicitud de cambiar el mecanismo de los buenos oficios porque no estaba funcionando.
Publicado en El Nacional
Nagamootoo aclaró que la decisión no es nueva, y acusó al gobierno anterior (que salió en mayo) por no informar a los agricultores al respecto a pesar de ser notificado por Caracas, pero no quiso desligarla de la polémica actual por el reclamo territorial.
"Esta revelación viene de la mano de las acciones de Venezuela para desafiar lo que es legalmente el territorio de Guyana. Habrá que examinar si la no renovación del contrato de permuta es, de hecho, un acto de sanción económica", dijo.
El presidente David Granger defendió que la insistencia del país en la protección de sus tierras y el espacio marítimo no es una agresión contra Venezuela, y consideró que el decreto aprobado en relación con la disputa por el Esequibo es "un acto de agresión".
En una intervención en el Parlamento de su país, Granger insistió en que el último decreto de Venezuela no respeta la integridad territorial de Guyana. En su opinión, no hay diferencia material entre el Decreto 1787 emitido el 26 de mayo y el Decreto 1859 del 6 de julio.
"Esta parte sigue siendo ofensiva a Guyana. Es como un `hueso en la garganta’, ya que el uso de la fuerza en estas áreas sigue siendo una amenaza", dijo el mandatario, quien criticó que se considere parte del territorio marítimo de su país como una "zona de defensa de Venezuela". Según dijo, el decreto pretende bloquear el acceso de Guyana a su zona económica exclusiva.
Sin distinción. Maduro ha centrado sus críticas en Granger, que asumió el cargo hace dos meses, e incluso lo ha acusado de dejarse manipular por la transnacional Exxon Mobil (que descubrió petróleo en las aguas en disputa) para generar un conflicto con Venezuela.
Maduro dijo que la "Exxon Mobil tiene una influencia decisiva en el gobierno de Guyana": "La Exxon Mobil se va metiendo con su lobby. Esta empresa forma parte de un grupo de influencia que, por su poder económico, compra decisiones políticas. Washington es un gran mercado y se impone quien paga más. Compran los congresistas, los que gobiernan. Estados Unidos es una competencia de lobbys. Una cosa es Obama y otra el poder de Estados Unidos".
El discurso del mandatario obvia que la concesión a la petrolera estadounidense fue entregada por el Partido Progresista Popular, que estuvo en el poder desde 1992 hasta mayo de 2015 y fue aliado del chavismo durante muchos años.
Ayer el ex presidente Donald Ramotar (2011-2015) dijo que el PPP apoya al gobierno actual (una coalición entre la Alianza para la Unidad Nacional y la Alianza por el Cambio) en lo que se refiere a la controversia con Venezuela.
"Vamos a apoyar al gobierno en el tema de la soberanía de este país. Estamos en total unidad en este asunto de la reclamación de nuestro territorio", declaró Ramotar. Agregó que respaldan la solicitud de cambiar el mecanismo de los buenos oficios porque no estaba funcionando.
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domingo, 5 de julio de 2015
Grecia decide hoy sobre propuestas de la troika
Los griegos votarán hoy para decidir si aceptan o no las propuestas de la troika de acreedores para extender el rescate financiero de Grecia y desembolsar los recursos que el país necesita para cancelar sus deudas.
El gobierno del primer ministro Alexis Tsipras, que rechaza las propuestas porque afirma que imponen "medidas recesivas y socialmente destructivas", optó por dejar la decisión definitiva en manos de la población.
Es una apuesta arriesgada. En primer lugar porque el referendo fue convocado para 5 días después del vencimiento del rescate y de una deuda de 1,6 millardos de dólares con el FMI, lo que hizo que Grecia quedara en default.
En segundo lugar porque la falta de acuerdo con los acreedores puso en duda las inyecciones de liquidez del Banco Central Europeo a las entidades griegas y obligó al gobierno a decretar un corralito para evitar una crisis.
En tercer lugar porque el referendo pone en juego la estabilidad de la coalición que gobierna desde hace apenas cinco meses, formada por Syriza (izquierda radical) y Griegos Independientes (derecha nacionalista).
El gobierno promueve el "No" porque cree que un rechazo de la población a las propuestas de los acreedores le permitirá exigir mejores condiciones, como un descuento del 30% del monto adeudado y un período de gracia de 20 años.
La Unión Europea, sin embargo, no luce dispuesta a mejorar la oferta, a pesar del informe del FMI que pide al bloque desembolsar 36 millardos de euros y extender los plazos de vencimiento para ayudar a Grecia.
La oposición, que hace campaña por el "Sí", considera que es mejor entenderse con los acreedores que arriesgarse a salir de la Zona Euro, formada por los 19 países que usan la moneda común.
Sea cual sea la decisión de los griegos en esta jornada electoral, la situación económica de el país seguirá crítica y el gobierno se verá obligado a buscar la forma de mejorarla y con ello garantizar estabilidad, coinciden los expertos.
Publicado en El Nacional
El gobierno del primer ministro Alexis Tsipras, que rechaza las propuestas porque afirma que imponen "medidas recesivas y socialmente destructivas", optó por dejar la decisión definitiva en manos de la población.
Es una apuesta arriesgada. En primer lugar porque el referendo fue convocado para 5 días después del vencimiento del rescate y de una deuda de 1,6 millardos de dólares con el FMI, lo que hizo que Grecia quedara en default.
En segundo lugar porque la falta de acuerdo con los acreedores puso en duda las inyecciones de liquidez del Banco Central Europeo a las entidades griegas y obligó al gobierno a decretar un corralito para evitar una crisis.
En tercer lugar porque el referendo pone en juego la estabilidad de la coalición que gobierna desde hace apenas cinco meses, formada por Syriza (izquierda radical) y Griegos Independientes (derecha nacionalista).
El gobierno promueve el "No" porque cree que un rechazo de la población a las propuestas de los acreedores le permitirá exigir mejores condiciones, como un descuento del 30% del monto adeudado y un período de gracia de 20 años.
La Unión Europea, sin embargo, no luce dispuesta a mejorar la oferta, a pesar del informe del FMI que pide al bloque desembolsar 36 millardos de euros y extender los plazos de vencimiento para ayudar a Grecia.
La oposición, que hace campaña por el "Sí", considera que es mejor entenderse con los acreedores que arriesgarse a salir de la Zona Euro, formada por los 19 países que usan la moneda común.
Sea cual sea la decisión de los griegos en esta jornada electoral, la situación económica de el país seguirá crítica y el gobierno se verá obligado a buscar la forma de mejorarla y con ello garantizar estabilidad, coinciden los expertos.
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Venezuela reavivó al unísono disputas con Guyana y Colombia
La creación de las Zonas Operativas de Defensa Integral Marítima e Insular mediante el decreto 1.787, promulgado por el presidente Nicolás Maduro el 27 de mayo, puso a Venezuela a discutir las disputas territoriales con Guyana y Colombia al mismo tiempo, una situación inédita para el país.
Georgetown protestó por la Zodimain Atlántica, cuyas coordenadas –definidas en el decreto– no sólo incluyen aguas del Océano Atlántico que corresponden al territorio Esequibo (reclamado por Caracas) sino que también abarcan áreas marítimas que pertenecen a Guyana y Surinam.
Eso hizo que el gobierno del presidente David Granger calificara el decreto de Maduro como una violación flagrante del derecho internacional, solicitara la intervención de la Organización de Naciones Unidas y advirtiera que estaba listo para defender la integridad territorial de su país.
Bogotá, por su parte, reclamó por la Zodimain Occidental, que encierra aguas pendientes por delimitar en el Mar Caribe. “No pueden asumirse como venezolanas, por cuanto siguen en controversia o no se ajustan a lo acordado bilateralmente”, dijo en la nota de protesta enviada a Venezuela.
La reacción del gobierno del presidente Juan Manuel Santos se ha limitado hasta ahora a solicitar que se adopten las medidas necesarias para corregir el decreto. “Lo vamos a mantener a nivel diplomático”, declaró la canciller María Ángela Holguín.
El hecho de que las objeciones de Guyana y Colombia a las Zodimain estén relacionadas con aguas en disputa pone en evidencia los pocos avances en la delimitación de las áreas marinas desde la llegada al poder del fallecido presidente Hugo Chávez en 1999.
Mecanismos abandonados. La delimitación marítima con ambos países es tarea de comisiones bilaterales (la de Guyana es producto del Acuerdo de Ginebra –firmado en 1966– y la de Colombia fue creada en 1990 con estatus presidencial) que no se han reunido durante los últimos años.
“La situación en el este y en el oeste son totalmente distintas, pero lo que es igual es la poca atención que se le ha prestado. No puede ser que por años no se haya hecho nada y ahora se quiera arreglar todo con un decreto”, dice Aníbal Martínez, presidente del Frente Pro-Defensa del Petróleo.
Emilio Figueredo, exembajador de Venezuela ante la ONU para la aplicación del Acuerdo de Ginebra, agrega que la situación empeora cuando se trata de un decreto sin fundamento legal: “Ningún Estado puede delimitar de manera unilateral aguas en discusión”.
Figueredo advierte que otros reclamos pueden sumarse a los de Guyana y Colombia porque la llamada Zodimain Oriental puede ser objetada por varias islas del Caribe con los que Venezuela aún no ha logrado delimitar sus áreas marinas y submarinas.
El embajador Oscar Hernández cree que la promulgación de un decreto que ha causado tantos reclamos es consecuencia del abandono de los mecanismos formales. “Si no se reúnen las comisiones bilaterales y no se hace seguimiento a los asuntos en discusión, se abren espacios para las confusiones”.
Los especialistas coinciden, además, en que el decreto 1.787 refleja la forma de tomar decisiones del gobierno: sin consultar a los especialistas ni evaluar las consecuencias a largo plazo. “Los asuntos de cualquier tipo son tratados de manera irregular”, dice Martínez.
“No están funcionando los mecanismos de evaluación ni de diálogo con la sociedad. Tienes dispersos a una cantidad de especialistas que pudieran ser consultados para la toma de decisiones en esta materia, que requiere políticas de Estado”, agrega Hernández.
Figueredo advierte que este tipo de acciones deterioran la imagen del país y afectan los intereses nacionales. “El decreto no sólo unió a naciones como Guyana y Colombia en protestas hacia Venezuela, sino que puede traer efectos legales porque es cuestionable desde el punto de vista del Derecho Internacional”.
¿Política interna? Hay quienes atribuyen la reanimación de las disputas territoriales con Guyana y Colombia a un intento del gobierno de Maduro por generar un sentimiento nacionalista que pueda capitalizar políticamente en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.
La insistencia de Caracas en poner en el centro de la disputa con Georgetown a Exxon Mobil –que descubrió petróleo en un campo ubicado en las aguas por delimitar– parece confirmarlo. Los especialistas consultados no suscriben la tesis, pero tampoco la descartan.
Martínez considera que es contradictorio que solo se acuse a la petrolera de Estados Unidos cuando también hay una empresa de China en el consorcio que hizo el descubrimiento petrolífero.
Figueredo agrega que el gobierno también se contradice al protestar por esa concesión, pero no por las que han sido otorgadas en el territorio Esequibo y en áreas marítimas que no están en discusión (Plataforma Deltana).
Hernández advierte que es peligroso usar estos asuntos para política interna. “Las reclamaciones se mantienen firmes no generando bulla ni conflictos, sino usando los mecanismos establecidos y respetando las leyes internacionales”.
Publicado en El Nacional
Georgetown protestó por la Zodimain Atlántica, cuyas coordenadas –definidas en el decreto– no sólo incluyen aguas del Océano Atlántico que corresponden al territorio Esequibo (reclamado por Caracas) sino que también abarcan áreas marítimas que pertenecen a Guyana y Surinam.
Eso hizo que el gobierno del presidente David Granger calificara el decreto de Maduro como una violación flagrante del derecho internacional, solicitara la intervención de la Organización de Naciones Unidas y advirtiera que estaba listo para defender la integridad territorial de su país.
Bogotá, por su parte, reclamó por la Zodimain Occidental, que encierra aguas pendientes por delimitar en el Mar Caribe. “No pueden asumirse como venezolanas, por cuanto siguen en controversia o no se ajustan a lo acordado bilateralmente”, dijo en la nota de protesta enviada a Venezuela.
La reacción del gobierno del presidente Juan Manuel Santos se ha limitado hasta ahora a solicitar que se adopten las medidas necesarias para corregir el decreto. “Lo vamos a mantener a nivel diplomático”, declaró la canciller María Ángela Holguín.
El hecho de que las objeciones de Guyana y Colombia a las Zodimain estén relacionadas con aguas en disputa pone en evidencia los pocos avances en la delimitación de las áreas marinas desde la llegada al poder del fallecido presidente Hugo Chávez en 1999.
Mecanismos abandonados. La delimitación marítima con ambos países es tarea de comisiones bilaterales (la de Guyana es producto del Acuerdo de Ginebra –firmado en 1966– y la de Colombia fue creada en 1990 con estatus presidencial) que no se han reunido durante los últimos años.
“La situación en el este y en el oeste son totalmente distintas, pero lo que es igual es la poca atención que se le ha prestado. No puede ser que por años no se haya hecho nada y ahora se quiera arreglar todo con un decreto”, dice Aníbal Martínez, presidente del Frente Pro-Defensa del Petróleo.
Emilio Figueredo, exembajador de Venezuela ante la ONU para la aplicación del Acuerdo de Ginebra, agrega que la situación empeora cuando se trata de un decreto sin fundamento legal: “Ningún Estado puede delimitar de manera unilateral aguas en discusión”.
Figueredo advierte que otros reclamos pueden sumarse a los de Guyana y Colombia porque la llamada Zodimain Oriental puede ser objetada por varias islas del Caribe con los que Venezuela aún no ha logrado delimitar sus áreas marinas y submarinas.
El embajador Oscar Hernández cree que la promulgación de un decreto que ha causado tantos reclamos es consecuencia del abandono de los mecanismos formales. “Si no se reúnen las comisiones bilaterales y no se hace seguimiento a los asuntos en discusión, se abren espacios para las confusiones”.
Los especialistas coinciden, además, en que el decreto 1.787 refleja la forma de tomar decisiones del gobierno: sin consultar a los especialistas ni evaluar las consecuencias a largo plazo. “Los asuntos de cualquier tipo son tratados de manera irregular”, dice Martínez.
“No están funcionando los mecanismos de evaluación ni de diálogo con la sociedad. Tienes dispersos a una cantidad de especialistas que pudieran ser consultados para la toma de decisiones en esta materia, que requiere políticas de Estado”, agrega Hernández.
Figueredo advierte que este tipo de acciones deterioran la imagen del país y afectan los intereses nacionales. “El decreto no sólo unió a naciones como Guyana y Colombia en protestas hacia Venezuela, sino que puede traer efectos legales porque es cuestionable desde el punto de vista del Derecho Internacional”.
¿Política interna? Hay quienes atribuyen la reanimación de las disputas territoriales con Guyana y Colombia a un intento del gobierno de Maduro por generar un sentimiento nacionalista que pueda capitalizar políticamente en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.
La insistencia de Caracas en poner en el centro de la disputa con Georgetown a Exxon Mobil –que descubrió petróleo en un campo ubicado en las aguas por delimitar– parece confirmarlo. Los especialistas consultados no suscriben la tesis, pero tampoco la descartan.
Martínez considera que es contradictorio que solo se acuse a la petrolera de Estados Unidos cuando también hay una empresa de China en el consorcio que hizo el descubrimiento petrolífero.
Figueredo agrega que el gobierno también se contradice al protestar por esa concesión, pero no por las que han sido otorgadas en el territorio Esequibo y en áreas marítimas que no están en discusión (Plataforma Deltana).
Hernández advierte que es peligroso usar estos asuntos para política interna. “Las reclamaciones se mantienen firmes no generando bulla ni conflictos, sino usando los mecanismos establecidos y respetando las leyes internacionales”.
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miércoles, 1 de julio de 2015
Petrocaribe diversificará intercambio comercial
Los países de Petrocaribe acordaron avanzar hacia la creación de la zona económica del bloque, una propuesta que busca diversificar el intercambio comercial pero lleva años en el tintero, con la creación del Grupo de Trabajo de Comercio e Integración.
En una reunión realizada lunes y martes en Caracas por el décimo aniversario del acuerdo, suscrito en 2005 por iniciativa del fallecido presidente Hugo Chávez, Venezuela presentó un papel de trabajo sobre la zona económica e invitó a los demás países a discutirlo.
El ministro de Energía y Petróleo, Asdrúbal Chávez, informó que los avances en la construcción de la Zona Económica de Petrocaribe se presentarán en la reunión que el grupo realizará en Jamaica.
En el encuentro de esta semana también se habló sobre la integración en materia educativa, con propuestas como el Espacio Común Universitario y el Consejo de Ministros de Educación de Petrocaribe.
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En una reunión realizada lunes y martes en Caracas por el décimo aniversario del acuerdo, suscrito en 2005 por iniciativa del fallecido presidente Hugo Chávez, Venezuela presentó un papel de trabajo sobre la zona económica e invitó a los demás países a discutirlo.
El ministro de Energía y Petróleo, Asdrúbal Chávez, informó que los avances en la construcción de la Zona Económica de Petrocaribe se presentarán en la reunión que el grupo realizará en Jamaica.
En el encuentro de esta semana también se habló sobre la integración en materia educativa, con propuestas como el Espacio Común Universitario y el Consejo de Ministros de Educación de Petrocaribe.
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martes, 30 de junio de 2015
Commonwealth apoya a Guyana en disputa limítrofe con Venezuela
La Commonwealth o Mancomunidad de Naciones –que agrupa a 53 países que comparten lazos históricos con el Reino Unido– mantiene su compromiso con la soberanía y la integridad territorial de Guyana, aseguró el secretario general del grupo, el indio Kamalesh Sharma, a propósito del último impasse con Venezuela.
"Ha habido hechos recientes, relacionados con el reclamo de un país vecino sobre zonas terrestres y marítimas de Guyana, y la Commonwealth ha actuado con rapidez y de manera adecuada en la solidaridad colectiva", declaró Sharma, que estuvo de visita en Georgetown el fin de semana.
La Agencia de Información del gobierno guyanés (GINA, por sus siglas en inglés) reseñó que el secretario general de la Commonwealth conversó con representantes del Ejecutivo de David Granger, que asumió la Presidencia en mayo tras imponerse en las elecciones al exmandatario Donald Ramotar.
Sharma recordó que en la última reunión de jefes de gobierno de la Commonwealth, realizada en Sri Lanka en 2013, los participantes "reafirmaron su apoyo inequívoco para el mantenimiento y la preservación de la soberanía y la integridad territorial de Guyana", según GINA.
El funcionario agregó que la Commonwealth también está comprometida con la solución pacífica de controversias. Por eso convocó una reunión del Grupo Ministerial sobre Guyana e incluyó la situación de este país en la agenda de su próximo encuentro de cancilleres, que se efectuará en Nueva York en septiembre.
Decreto polémico. El último impasse entre Guyana y Venezuela fue generado por el decreto que el presidente Nicolás Maduro promulgó el 27 de mayo para crear las llamadas Zonas Operativas de Defensa Integral Marítima e Insular.
Las coordenadas establecidas para la Zodimain Atlántica en ese instrumento legal incluyen las aguas correspondientes al territorio Esequibo (reclamado por Caracas a Georgetown), pero también abarcan otras que pertenecen a Guyana, según especialistas.
La situación llevó al gobierno de Granger a calificar el decreto de violación flagrante del derecho internacional, asegurar que estaba listo para defender su soberanía y pedir la intervención del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.
El Acuerdo de Ginebra, firmado por Guyana y Venezuela en 1966, otorga al representante máximo de la ONU la potestad de escoger uno de los mecanismos de solución pacífica previstos en la carta de la organización para atender la controversia.
Hasta ahora se había recurrido al buen oficiante, pero el último ocupante de ese cargo, el jamaiquino Norman Girvan, falleció en abril de 2014 y hasta ahora no se ha nombrado a un sustituto.
Georgetown considera que ese método no ha sido útil y por eso pide reemplazarlo, pero Caracas –que rechazó los argumentos guyaneses contra el decreto presidencial y acusó a la petrolera estadounidense Exxon Mobil de fomentar la disputa entre ambos países– insiste en los buenos oficios como el mecanismo adecuado.
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"Ha habido hechos recientes, relacionados con el reclamo de un país vecino sobre zonas terrestres y marítimas de Guyana, y la Commonwealth ha actuado con rapidez y de manera adecuada en la solidaridad colectiva", declaró Sharma, que estuvo de visita en Georgetown el fin de semana.
La Agencia de Información del gobierno guyanés (GINA, por sus siglas en inglés) reseñó que el secretario general de la Commonwealth conversó con representantes del Ejecutivo de David Granger, que asumió la Presidencia en mayo tras imponerse en las elecciones al exmandatario Donald Ramotar.
Sharma recordó que en la última reunión de jefes de gobierno de la Commonwealth, realizada en Sri Lanka en 2013, los participantes "reafirmaron su apoyo inequívoco para el mantenimiento y la preservación de la soberanía y la integridad territorial de Guyana", según GINA.
El funcionario agregó que la Commonwealth también está comprometida con la solución pacífica de controversias. Por eso convocó una reunión del Grupo Ministerial sobre Guyana e incluyó la situación de este país en la agenda de su próximo encuentro de cancilleres, que se efectuará en Nueva York en septiembre.
Decreto polémico. El último impasse entre Guyana y Venezuela fue generado por el decreto que el presidente Nicolás Maduro promulgó el 27 de mayo para crear las llamadas Zonas Operativas de Defensa Integral Marítima e Insular.
Las coordenadas establecidas para la Zodimain Atlántica en ese instrumento legal incluyen las aguas correspondientes al territorio Esequibo (reclamado por Caracas a Georgetown), pero también abarcan otras que pertenecen a Guyana, según especialistas.
La situación llevó al gobierno de Granger a calificar el decreto de violación flagrante del derecho internacional, asegurar que estaba listo para defender su soberanía y pedir la intervención del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.
El Acuerdo de Ginebra, firmado por Guyana y Venezuela en 1966, otorga al representante máximo de la ONU la potestad de escoger uno de los mecanismos de solución pacífica previstos en la carta de la organización para atender la controversia.
Hasta ahora se había recurrido al buen oficiante, pero el último ocupante de ese cargo, el jamaiquino Norman Girvan, falleció en abril de 2014 y hasta ahora no se ha nombrado a un sustituto.
Georgetown considera que ese método no ha sido útil y por eso pide reemplazarlo, pero Caracas –que rechazó los argumentos guyaneses contra el decreto presidencial y acusó a la petrolera estadounidense Exxon Mobil de fomentar la disputa entre ambos países– insiste en los buenos oficios como el mecanismo adecuado.
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sábado, 13 de junio de 2015
Desmond Tutu pidió liberar a presos políticos
El premio Nobel de la Paz Desmond Tutu condenó la violación de los derechos humanos en Venezuela e instó al presidente Nicolás Maduro a liberar a todos los presos políticos, incluidos Leopoldo López y Daniel Ceballos.
Tutu, arzobispo emérito de Ciudad del Cabo, dijo que la situación de los derechos humanos en Venezuela es particularmente sombría. "Incluso es más preocupante que la situación económica y de seguridad del país", dijo en un comunicado publicado en el diario El País.
El activista surafricano de los derechos humanos recordó que la represión del régimen de Maduro para responder a las protestas callejeras del primer semestre de 2014, causó 43 muertes y la detención arbitraria de más de 3.000 personas.
"Que un gobierno actúe de esta manera contra sus ciudadanos, cuando están ejerciendo sus derechos fundamentales, es atroz. Pero el silencio ensordecedor y la inacción de los vecinos le han dado a Maduro una licencia para actuar con impunidad", afirmó.
Sobre López y Ceballos destacó que desde la cárcel siguen participando en protestas no violentas. Por eso instó al gobierno a permitir que los dirigentes opositores puedan recibir la visita de la Cruz Roja, de sus médicos personales y de sus familiares.
Silencio regional. Tutu criticó que el encarcelamiento de opositores en Venezuela no haya estado en la agenda de la reciente reunión entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
"Una nube oscura se cierne sobre la cumbre. Mientras cientos de políticos se reúnen alrededor de comidas suntuosas y disfrutan de buen vino, 77 presos languidecen en las cárceles en Venezuela. Su encarcelamiento no está en la agenda de la cumbre", dijo entonces.
Lamentó la actitud de los gobiernos de América Latina. "Ante el colapso potencial de un país 'hermano', han respondido con silencio. En lugar de defender los derechos humanos universales, se han escudado detrás de la excusa de la no-injerencia", precisó.
Recordó la importancia que tuvo la presión extranjera para poner fin al apartheid en Sudáfrica: "Fue el boicot internacional y el régimen de sanciones, junto con la resistencia interna, lo que ayudó a cerrar el capítulo más oscuro de la historia de mi país".
Tutu aseguró que "no es demasiado tarde para que Maduro cambie de rumbo".
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Tutu, arzobispo emérito de Ciudad del Cabo, dijo que la situación de los derechos humanos en Venezuela es particularmente sombría. "Incluso es más preocupante que la situación económica y de seguridad del país", dijo en un comunicado publicado en el diario El País.
El activista surafricano de los derechos humanos recordó que la represión del régimen de Maduro para responder a las protestas callejeras del primer semestre de 2014, causó 43 muertes y la detención arbitraria de más de 3.000 personas.
"Que un gobierno actúe de esta manera contra sus ciudadanos, cuando están ejerciendo sus derechos fundamentales, es atroz. Pero el silencio ensordecedor y la inacción de los vecinos le han dado a Maduro una licencia para actuar con impunidad", afirmó.
Sobre López y Ceballos destacó que desde la cárcel siguen participando en protestas no violentas. Por eso instó al gobierno a permitir que los dirigentes opositores puedan recibir la visita de la Cruz Roja, de sus médicos personales y de sus familiares.
Silencio regional. Tutu criticó que el encarcelamiento de opositores en Venezuela no haya estado en la agenda de la reciente reunión entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
"Una nube oscura se cierne sobre la cumbre. Mientras cientos de políticos se reúnen alrededor de comidas suntuosas y disfrutan de buen vino, 77 presos languidecen en las cárceles en Venezuela. Su encarcelamiento no está en la agenda de la cumbre", dijo entonces.
Lamentó la actitud de los gobiernos de América Latina. "Ante el colapso potencial de un país 'hermano', han respondido con silencio. En lugar de defender los derechos humanos universales, se han escudado detrás de la excusa de la no-injerencia", precisó.
Recordó la importancia que tuvo la presión extranjera para poner fin al apartheid en Sudáfrica: "Fue el boicot internacional y el régimen de sanciones, junto con la resistencia interna, lo que ayudó a cerrar el capítulo más oscuro de la historia de mi país".
Tutu aseguró que "no es demasiado tarde para que Maduro cambie de rumbo".
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viernes, 12 de junio de 2015
Caracas insiste en reunión "para canalizar malos entendidos"
El gobierno del presidente Nicolás Maduro insiste en solicitar una reunión entre los ministros de Relaciones Exteriores de Venezuela y Guyana para retomar el diálogo bilateral y en acusar a la petrolera estadounidense Exxon Mobil de agitar la disputa territorial entre los dos países.
"Venezuela reitera la necesidad de un encuentro entre los cancilleres de ambas naciones para canalizar malos entendidos derivados del diferendo territorial histórico, así como asuntos de la agenda bilateral", afirma la Cancillería en un comunicado difundido ayer.
En el texto rechazan las declaraciones del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Guyana, brigadier Mark Phillips, quien aseguró el lunes que su país estaba listo para defenderse ante cualquier agresión, en alusión al decreto venezolano sobre la proyección marítima de la Zona en Reclamación.
"Hace un peligroso llamado de carácter bélico que en nada contribuye a las relaciones de paz entre nuestros países. Venezuela ratifica su compromiso con la paz y la hermandad entre los pueblos, apegado siempre a los principios del Derecho Internacional Público", señala la Cancillería.
"Hacemos una alerta ante la manipulación de la empresa transnacional estadounidense Exxon Mobil que ha desatado una campaña de desinformación y mentiras con el único propósito de estropear el buen desarrollo de las relaciones bilaterales entre nuestros países", agrega.
El despacho de Relaciones Exteriores no respondió, sin embargo, al llamado que Georgetown hizo el miércoles al secretario general de la Organización de la ONU, Ban Ki-moon, para que escoja un método distinto al de los buenos oficios con el fin de solucionar la disputa territorial.
Venezuela ha defendido este mecanismo y ha pedido a Ban que nombre al sustituto de Norman Girvan, fallecido en abril de 2014, como buen oficiante. Pero Guyana insiste en la necesidad de cambiarlo. "Durante más de dos décadas ha fracasado rotundamente", afirmó el canciller Carl Greenidge.
El Acuerdo de Ginebra firmado por Guyana y Venezuela en 1966 establece que, si el mecanismo implementado no funciona, el secretario general puede escoger cualquiera de los otros medios estipulados en el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas.
El internacionalista Edmundo González advirtió que llevar el caso ante la ONU, sea a través de la Corte Internacional de Justicia o la Asamblea General, es la opción menos conveniente para el país.
"En la corte Venezuela tendría que probar con documentación la nulidad del laudo arbitral de 1899 y eso es muy difícil. En la asamblea se politiza mucho más el asunto", explicó.
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"Venezuela reitera la necesidad de un encuentro entre los cancilleres de ambas naciones para canalizar malos entendidos derivados del diferendo territorial histórico, así como asuntos de la agenda bilateral", afirma la Cancillería en un comunicado difundido ayer.
En el texto rechazan las declaraciones del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Guyana, brigadier Mark Phillips, quien aseguró el lunes que su país estaba listo para defenderse ante cualquier agresión, en alusión al decreto venezolano sobre la proyección marítima de la Zona en Reclamación.
"Hace un peligroso llamado de carácter bélico que en nada contribuye a las relaciones de paz entre nuestros países. Venezuela ratifica su compromiso con la paz y la hermandad entre los pueblos, apegado siempre a los principios del Derecho Internacional Público", señala la Cancillería.
"Hacemos una alerta ante la manipulación de la empresa transnacional estadounidense Exxon Mobil que ha desatado una campaña de desinformación y mentiras con el único propósito de estropear el buen desarrollo de las relaciones bilaterales entre nuestros países", agrega.
El despacho de Relaciones Exteriores no respondió, sin embargo, al llamado que Georgetown hizo el miércoles al secretario general de la Organización de la ONU, Ban Ki-moon, para que escoja un método distinto al de los buenos oficios con el fin de solucionar la disputa territorial.
Venezuela ha defendido este mecanismo y ha pedido a Ban que nombre al sustituto de Norman Girvan, fallecido en abril de 2014, como buen oficiante. Pero Guyana insiste en la necesidad de cambiarlo. "Durante más de dos décadas ha fracasado rotundamente", afirmó el canciller Carl Greenidge.
El Acuerdo de Ginebra firmado por Guyana y Venezuela en 1966 establece que, si el mecanismo implementado no funciona, el secretario general puede escoger cualquiera de los otros medios estipulados en el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas.
El internacionalista Edmundo González advirtió que llevar el caso ante la ONU, sea a través de la Corte Internacional de Justicia o la Asamblea General, es la opción menos conveniente para el país.
"En la corte Venezuela tendría que probar con documentación la nulidad del laudo arbitral de 1899 y eso es muy difícil. En la asamblea se politiza mucho más el asunto", explicó.
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miércoles, 10 de junio de 2015
Venezuela acusó a Guyana de "intentar crear crisis artificial"
Venezuela acusó a Guyana de "intentar crear una crisis artificial" en la Zona en Reclamación y rechazó la "política de provocación" del gobierno del presidente David Granger, en un comunicado leído por la ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez.
En el texto, que responde al emitido el lunes por Georgetown para denunciar el decreto 1787 del presidente Nicolás Maduro, Caracas afirma que "el tenor altisonante y las afirmaciones falsas" del comunicado guyanés "constituyen una provocación y atentan contra la diplomacia bolivariana de paz".
El lunes Guyana calificó el decreto que crea las Zonas Operativas de Defensa Integral Marítima e Insular, una de las cuales (Atlántica) incluye las aguas de la Zona en Reclamación, de violación flagrante de la ley internacional.
"Es inadmisible que el nuevo gobierno de Guyana asuma esta posición cuando ha reconocido expresamente que esta zona marítima está sujeta a la resolución amistosa de la reclamación territorial, como está contemplado en el Acuerdo de Ginebra", responde el texto leído por Rodríguez.
"Venezuela lamenta que una norma administrativa, dirigida a organizar labores cotidianas de supervisión y protección marítima, sea aprovechada para escandalizar e intentar crear una crisis artificial, inventando situaciones irracionales y utilizando un lenguaje altamente ofensivo", agrega.
"El nuevo gobierno de Guyana exhibe una peligrosa política de provocación contra Venezuela, apoyada por el poderío imperial de una transnacional estadounidense, la Exxon Mobil, la cual debe ser rectificada en lo inmediato", concluye.
¿Confrontación? Georgetown también dijo que el decreto representa una amenaza para la seguridad de la región y que "cualquier intento de Venezuela para aplicar este instrumento de manera extraterritorial será resistido enérgicamente".
El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Guyana, brigadier Mark Phillips, declaró que no se quedarán de brazos cruzados ante una incursión ilegal en su territorio. "Estamos listos y capacitados para hacer frente a cualquier invasión", afirmó.
"Constituye una ofensa a la tradición libertaria del pueblo de Simón Bolívar considerar, en claro lenguaje imperial, que Venezuela es una amenaza", respondió Caracas. Añadió que lo amenazante son las exploraciones petroleras que se realizan en aguas en disputa.
"Pesa constatar que la única y sorprendente agresión es que el gobierno de Guyana haya permitido a una transnacional tan poderosa como la Exxon Mobil incursionar en territorio en reclamación entre ambas naciones", enfatiza el comunicado.
Trazado peligroso. Sadio Garavini, ex embajador en Georgetown, insistió en que el decreto es positivo en el sentido de que acaba con la inhibición del gobierno con respecto al reclamo del Esequibo, pero negativo porque el trazado incluye aguas que pertenecen a Guyana, Surinam y Guayana Francesa.
"Si hubiera un decreto unilateral que fijara la plataforma nuestra, con carácter civil y sin afectar a terceros, sería diferente porque Guyana hizo lo mismo hace unos años. Pero ese no es el caso. Lo que habría que preguntarle al gobierno es qué significa esto", dijo Garavini.
El abogado Emilio Figueredo, experto en Derecho Internacional, advirtió que la aplicación del decreto 1787, es decir el patrullaje militar de las aguas incluidas en la Zodimain Atlántica, podría generar una reacción de otros países como los de la Caricom a favor de Guyana.
Figueredo cuestiona las intenciones del gobierno. "¿Será que el interés es generar un conflicto bilateral para desviar la atención? ¿Tratar de mover un sentimiento nacionalista para colocar a Venezuela como víctima de una gran conspiración internacional?".
En el comunicado, la Cancillería indica que "los únicos canales apropiados para resolver esta controversia son los del Derecho Internacional, los del Acuerdo de Ginebra y proseguir con el mecanismo del Buen Oficiante bajo la figura del Secretario General de las Naciones Unidas".
El presidente Nicolás Maduro aseguró que el lenguaje y el contexto utilizados en el comunicado de Guyana están "absolutamente fuera de la realidad y de tono; quien sacó el comunicado cometió un error diplomático y político grave y llevan al presidente de Guyana a cometer errores". Ordenó a la canciller entablar diálogo con el canciller de ese país para dirimir el conflicto territorial.
Publicado en El Nacional
En el texto, que responde al emitido el lunes por Georgetown para denunciar el decreto 1787 del presidente Nicolás Maduro, Caracas afirma que "el tenor altisonante y las afirmaciones falsas" del comunicado guyanés "constituyen una provocación y atentan contra la diplomacia bolivariana de paz".
El lunes Guyana calificó el decreto que crea las Zonas Operativas de Defensa Integral Marítima e Insular, una de las cuales (Atlántica) incluye las aguas de la Zona en Reclamación, de violación flagrante de la ley internacional.
"Es inadmisible que el nuevo gobierno de Guyana asuma esta posición cuando ha reconocido expresamente que esta zona marítima está sujeta a la resolución amistosa de la reclamación territorial, como está contemplado en el Acuerdo de Ginebra", responde el texto leído por Rodríguez.
"Venezuela lamenta que una norma administrativa, dirigida a organizar labores cotidianas de supervisión y protección marítima, sea aprovechada para escandalizar e intentar crear una crisis artificial, inventando situaciones irracionales y utilizando un lenguaje altamente ofensivo", agrega.
"El nuevo gobierno de Guyana exhibe una peligrosa política de provocación contra Venezuela, apoyada por el poderío imperial de una transnacional estadounidense, la Exxon Mobil, la cual debe ser rectificada en lo inmediato", concluye.
¿Confrontación? Georgetown también dijo que el decreto representa una amenaza para la seguridad de la región y que "cualquier intento de Venezuela para aplicar este instrumento de manera extraterritorial será resistido enérgicamente".
El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Guyana, brigadier Mark Phillips, declaró que no se quedarán de brazos cruzados ante una incursión ilegal en su territorio. "Estamos listos y capacitados para hacer frente a cualquier invasión", afirmó.
"Constituye una ofensa a la tradición libertaria del pueblo de Simón Bolívar considerar, en claro lenguaje imperial, que Venezuela es una amenaza", respondió Caracas. Añadió que lo amenazante son las exploraciones petroleras que se realizan en aguas en disputa.
"Pesa constatar que la única y sorprendente agresión es que el gobierno de Guyana haya permitido a una transnacional tan poderosa como la Exxon Mobil incursionar en territorio en reclamación entre ambas naciones", enfatiza el comunicado.
Trazado peligroso. Sadio Garavini, ex embajador en Georgetown, insistió en que el decreto es positivo en el sentido de que acaba con la inhibición del gobierno con respecto al reclamo del Esequibo, pero negativo porque el trazado incluye aguas que pertenecen a Guyana, Surinam y Guayana Francesa.
"Si hubiera un decreto unilateral que fijara la plataforma nuestra, con carácter civil y sin afectar a terceros, sería diferente porque Guyana hizo lo mismo hace unos años. Pero ese no es el caso. Lo que habría que preguntarle al gobierno es qué significa esto", dijo Garavini.
El abogado Emilio Figueredo, experto en Derecho Internacional, advirtió que la aplicación del decreto 1787, es decir el patrullaje militar de las aguas incluidas en la Zodimain Atlántica, podría generar una reacción de otros países como los de la Caricom a favor de Guyana.
Figueredo cuestiona las intenciones del gobierno. "¿Será que el interés es generar un conflicto bilateral para desviar la atención? ¿Tratar de mover un sentimiento nacionalista para colocar a Venezuela como víctima de una gran conspiración internacional?".
En el comunicado, la Cancillería indica que "los únicos canales apropiados para resolver esta controversia son los del Derecho Internacional, los del Acuerdo de Ginebra y proseguir con el mecanismo del Buen Oficiante bajo la figura del Secretario General de las Naciones Unidas".
El presidente Nicolás Maduro aseguró que el lenguaje y el contexto utilizados en el comunicado de Guyana están "absolutamente fuera de la realidad y de tono; quien sacó el comunicado cometió un error diplomático y político grave y llevan al presidente de Guyana a cometer errores". Ordenó a la canciller entablar diálogo con el canciller de ese país para dirimir el conflicto territorial.
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martes, 9 de junio de 2015
Guyana denunció decreto de Maduro
Guyana denunció como una "violación flagrante de la ley internacional" el decreto 1787 del presidente Nicolás Maduro, publicado en la Gaceta Oficial del 27 de mayo, que crea las Zonas Operativas de Defensa Integral Marítima e Insular.
"Venezuela ha emitido un decreto presidencial que pretende anexar espacios marítimos pertenecientes a Guyana en virtud de las normas pertinentes del Derecho Internacional", dice el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.
La Cancillería guyanesa se refiere específicamente a la llamada Zodimain Atlántica, que comprende –
según el decreto– las áreas marinas correspondientes a los estados Sucre y Delta Amacuro y la Zona en Reclamación.
"Guyana rechaza esta ilegalidad que busca socavar nuestros esfuerzos de desarrollo a través de la explotación de nuestros recursos naturales costa afuera", agrega el texto en referencia al reciente descubrimiento de yacimientos petrolíferos por Exxon Mobil.
Georgetown ya había llamado a consultas a la embajadora de Venezuela para que explicara el decreto. También suspendió los vuelos de Conviasa, medida que justificó por la falta de pago pero que fue interpretada como otra forma de presionar a Caracas.
Los diplomáticos Sadio Garavini y Emilio Figueredo, que han cuestionado la inacción del gobierno ante Guyana durante los últimos años, consideran positivo que se decrete la plataforma continental pero advierten que el trazado se extralimita.
Las coordenadas establecidas para la Zodimain Atlántica no sólo incluyen la parte marítima de la Zona en Reclamación, que debe negociarse con Guyana, sino también aguas que pertenecen a ese país, a Surinam y a la Guyana Francesa.
"El trazado irrespeta el laudo arbitral de la Corte Internacional de Justicia que en 2007 fijó el límite marítimo entre Guyana y Surinam", indicó Garavini. Criticó, además, el carácter militar del decreto, que puede verse como una agresión a los países involucrados.
"El remedio puede ser peor que la enfermedad. Una acción de esta naturaleza puede generar muchos problemas, como le pasó a Leopoldo Galtieri (dictador de Argentina) con las islas Malvinas", recordó Figueredo. Dijo, sin embargo, que el decreto puede ser útil como una medida política para obligar a Guyana a sentarse a negociar.
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"Venezuela ha emitido un decreto presidencial que pretende anexar espacios marítimos pertenecientes a Guyana en virtud de las normas pertinentes del Derecho Internacional", dice el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.
La Cancillería guyanesa se refiere específicamente a la llamada Zodimain Atlántica, que comprende –
según el decreto– las áreas marinas correspondientes a los estados Sucre y Delta Amacuro y la Zona en Reclamación.
"Guyana rechaza esta ilegalidad que busca socavar nuestros esfuerzos de desarrollo a través de la explotación de nuestros recursos naturales costa afuera", agrega el texto en referencia al reciente descubrimiento de yacimientos petrolíferos por Exxon Mobil.
Georgetown ya había llamado a consultas a la embajadora de Venezuela para que explicara el decreto. También suspendió los vuelos de Conviasa, medida que justificó por la falta de pago pero que fue interpretada como otra forma de presionar a Caracas.
Los diplomáticos Sadio Garavini y Emilio Figueredo, que han cuestionado la inacción del gobierno ante Guyana durante los últimos años, consideran positivo que se decrete la plataforma continental pero advierten que el trazado se extralimita.
Las coordenadas establecidas para la Zodimain Atlántica no sólo incluyen la parte marítima de la Zona en Reclamación, que debe negociarse con Guyana, sino también aguas que pertenecen a ese país, a Surinam y a la Guyana Francesa.
"El trazado irrespeta el laudo arbitral de la Corte Internacional de Justicia que en 2007 fijó el límite marítimo entre Guyana y Surinam", indicó Garavini. Criticó, además, el carácter militar del decreto, que puede verse como una agresión a los países involucrados.
"El remedio puede ser peor que la enfermedad. Una acción de esta naturaleza puede generar muchos problemas, como le pasó a Leopoldo Galtieri (dictador de Argentina) con las islas Malvinas", recordó Figueredo. Dijo, sin embargo, que el decreto puede ser útil como una medida política para obligar a Guyana a sentarse a negociar.
Publicado en El Nacional
domingo, 7 de junio de 2015
Elecciones regionales pondrán a prueba al PRI de Peña Nieto
Más de 83 millones de mexicanos podrán votar hoy en elecciones regionales que pondrán a prueba la capacidad del Partido Revolucionario Institucional de conservar sus cuotas de poder a pesar de las críticas a la gestión del presidente Enrique Peña Nieto.
Los comicios servirán para renovar la Cámara de Diputados y los congresos de 17 de los 33 estados del país, incluidos los más poblados (Distrito Federal, estado de México, Jalisco, Nuevo León) y los más azotados por la violencia (Guerrero y Michoacán).
El PRI ha sido afectado por los pocos resultados concretos de las reformas de Peña Nieto, el mal manejo de casos de violencia como la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala (Guerrero) y las denuncias de corrupción.
Pero ni el Partido de Acción Nacional, que gobernó entre 2000 y 2012, ni el Partido Revolucionario Democrático, principal grupo de izquierda, parecen tener la capacidad para aprovechar el descontento.
El diplomático Héctor Quintero Montiel opina que el problema es que asuntos como la corrupción y la violencia han afectado tanto al partido gobernante como a sus rivales. "El sistema político se ha debilitado bastante", advierte.
El PAN tiene el lastre de los miles de muertos y desaparecidos en la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón (2006-2012).
Publicado en El Nacional
Los comicios servirán para renovar la Cámara de Diputados y los congresos de 17 de los 33 estados del país, incluidos los más poblados (Distrito Federal, estado de México, Jalisco, Nuevo León) y los más azotados por la violencia (Guerrero y Michoacán).
El PRI ha sido afectado por los pocos resultados concretos de las reformas de Peña Nieto, el mal manejo de casos de violencia como la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala (Guerrero) y las denuncias de corrupción.
Pero ni el Partido de Acción Nacional, que gobernó entre 2000 y 2012, ni el Partido Revolucionario Democrático, principal grupo de izquierda, parecen tener la capacidad para aprovechar el descontento.
El diplomático Héctor Quintero Montiel opina que el problema es que asuntos como la corrupción y la violencia han afectado tanto al partido gobernante como a sus rivales. "El sistema político se ha debilitado bastante", advierte.
El PAN tiene el lastre de los miles de muertos y desaparecidos en la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón (2006-2012).
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viernes, 5 de junio de 2015
Piden al Papa interceder por presos políticos
Andrés Pastrana y Jorge Quiroga, expresidentes de Colombia y Bolivia, le escribieron una carta al papa Francisco para solicitarle que interceda por los presos políticos en Venezuela ante el mandatario Nicolás Maduro, con el cual el pontífice tiene previsto reunirse el domingo en el Vaticano.
"Recurrimos a usted porque después de realizar una visita humanitaria a Venezuela para ver a los presos políticos, constatamos que ellos están inaccesibles, en condiciones inhumanas, en huelga de hambre y que sus vidas están en riesgo", dicen en la misiva.
"Verificamos que sus familiares sufren, la democracia está al borde del colapso y la libertad secuestrada", agregan Pastrana y Quiroga, que estuvieron el fin de semana pasado en Venezuela e intentaron, sin éxito, visitar a Leopoldo López y Antonio Ledezma en la cárcel militar de Ramo Verde.
Destacan que la solicitud de los presos en huelga de hambre es legítima. "Algo que sería normal en cualquiera de nuestros países: que se fije fecha para las elecciones parlamentarias, que se cuente con observación internacional calificada; y que se lleven adelante sin presos, sin censura ni represión".
"Recurrimos a usted porque es el único que puede interceder este venidero 7 de junio, para que el presidente Maduro convoque estos comicios libres y transparentes, con observación internacional, sin mordaza mediática ni opositores encarcelados", añaden.
Precisan que además de actuar en su nombre y el de más de 30 expresidentes iberoamericanos que suscribieron las declaraciones de Panamá y Caracas, lo hacen en nombre de Lilian, Mitzy y Patricia (las esposas de López, Ledezma y Daniel Ceballos, respectivamente) "y decenas de otras mujeres que lloran por sus familiares".
Concordia. Pastrana y Quiroga no se limitan a solicitar la intercesión del papa por los presos políticos, sino que también le recuerdan la situación de crisis en que se encuentra el país, que ha sido calificada como "problema sistémico" por la Conferencia Episcopal de Venezuela.
"Venezuela enfrenta una dramática situación económica que está provocando una angustia social colectiva", dicen en referencia a la destrucción del aparato productivo, que ha hecho al país dependiente de las importaciones, y a la caída del ingreso petrolero, que ha reducido las divisas disponibles para importar.
"Ante este escenario, en lugar de buscar la concordia y el entendimiento, el gobierno reprimió violentamente las legítimas protestas populares, criminalizó la oposición política y amordazó la poca prensa libre, violando todas las convenciones democráticas", lamentan.
"Si Su Santidad rompió muros que por décadas separaron a Estados Unidos y Cuba, acabando con los últimos vestigios de la Guerra Fría, estamos convencidos de que podrá restablecer la concordia, paz y armonía en Venezuela", concluyen.
Publicado en El Nacional
"Recurrimos a usted porque después de realizar una visita humanitaria a Venezuela para ver a los presos políticos, constatamos que ellos están inaccesibles, en condiciones inhumanas, en huelga de hambre y que sus vidas están en riesgo", dicen en la misiva.
"Verificamos que sus familiares sufren, la democracia está al borde del colapso y la libertad secuestrada", agregan Pastrana y Quiroga, que estuvieron el fin de semana pasado en Venezuela e intentaron, sin éxito, visitar a Leopoldo López y Antonio Ledezma en la cárcel militar de Ramo Verde.
Destacan que la solicitud de los presos en huelga de hambre es legítima. "Algo que sería normal en cualquiera de nuestros países: que se fije fecha para las elecciones parlamentarias, que se cuente con observación internacional calificada; y que se lleven adelante sin presos, sin censura ni represión".
"Recurrimos a usted porque es el único que puede interceder este venidero 7 de junio, para que el presidente Maduro convoque estos comicios libres y transparentes, con observación internacional, sin mordaza mediática ni opositores encarcelados", añaden.
Precisan que además de actuar en su nombre y el de más de 30 expresidentes iberoamericanos que suscribieron las declaraciones de Panamá y Caracas, lo hacen en nombre de Lilian, Mitzy y Patricia (las esposas de López, Ledezma y Daniel Ceballos, respectivamente) "y decenas de otras mujeres que lloran por sus familiares".
Concordia. Pastrana y Quiroga no se limitan a solicitar la intercesión del papa por los presos políticos, sino que también le recuerdan la situación de crisis en que se encuentra el país, que ha sido calificada como "problema sistémico" por la Conferencia Episcopal de Venezuela.
"Venezuela enfrenta una dramática situación económica que está provocando una angustia social colectiva", dicen en referencia a la destrucción del aparato productivo, que ha hecho al país dependiente de las importaciones, y a la caída del ingreso petrolero, que ha reducido las divisas disponibles para importar.
"Ante este escenario, en lugar de buscar la concordia y el entendimiento, el gobierno reprimió violentamente las legítimas protestas populares, criminalizó la oposición política y amordazó la poca prensa libre, violando todas las convenciones democráticas", lamentan.
"Si Su Santidad rompió muros que por décadas separaron a Estados Unidos y Cuba, acabando con los últimos vestigios de la Guerra Fría, estamos convencidos de que podrá restablecer la concordia, paz y armonía en Venezuela", concluyen.
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martes, 26 de mayo de 2015
Españoles votaron por un cambio consensuado
Los resultados de las elecciones regionales del domingo en España supusieron una derrota sin precedentes para los partidos tradicionales y convirtieron a los movimientos políticos emergentes en socios necesarios para gobernar, aunque sin el músculo suficiente para imponer sus propuestas.
El Partido Popular (en el gobierno) y el Partido Socialista Obrero Español (principal de oposición) siguieron como los dos más votados, pero no lograron mayoría absoluta en ninguna de las 13 comunidades autónomas que sufragaron y deberán buscar alianzas.
Podemos y Ciudadanos sumaron una tajada importante de los votos con su discurso de cambio, aunque tendrán que ponerse de acuerdo con los partidos tradicionales si quieren entrar en gobiernos regionales, cuestión que probablemente los obligará a moderar algunas de sus ideas.
"El resultado ha sido la pérdida del PP de sus mayorías absolutas y la imposibilidad del PSOE de avanzar. Podemos y Ciudadanos han conseguido que el bipartidismo se tambalee aunque ellos quedan muy por detrás en términos porcentuales", resumió El País en la reseña de los comicios.
"Sería engañoso interpretar lo sucedido como la revolución que algunos anunciaban, pero sería igualmente un error restar trascendencia al fuerte mensaje de cambio que estos resultados suponen", agregó el diario en su editorial de ayer.
Aprendizaje para todos. La internacionalista Elsa Cardozo, profesora de la UCV, dice que los resultados son un aprendizaje tanto para los partidos tradicionales como para los emergentes. "El mensaje es claro: los votantes exigen una nueva manera de hacer política".
Cardozo explica que el reto del PP y del PSOE –que por décadas se han alternado en el poder– es analizar bien cómo recuperar la confianza de los votantes. "No pueden seguir cifrando su éxito en el fracaso ajeno o en el temor al otro, sino en proponer ideas".
En el caso de Podemos y Ciudadanos, dice que el mensaje de los votantes es contra los radicalismos. "Si la idea es devolver la confianza en la política, lo que les conviene a todos, deben buscar acuerdos, concertación y diálogo con buena fe y transparencia".
Analistas españoles consultados por la AFP coincidieron con Cardozo. "La ciudadanía está preparada para esta nueva cultura política de negociación, pacto y acuerdo. Los que aparentemente no lo están son los políticos", declaró José Juan Toharia, director de Metroscopia.
El politólogo José Ignacio Torreblanca explicó que incluso a las formaciones emergentes parece costarles adoptar el sistema de pactos porque en España el partido más votado considera que tiene derecho a gobernar.
Lo cierto es que la ausencia de mayorías absolutas hace que el mapa político definitivo dependa de los acuerdos postelectorales y que los partidos deban dedicar los próximos días a negociar.
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El Partido Popular (en el gobierno) y el Partido Socialista Obrero Español (principal de oposición) siguieron como los dos más votados, pero no lograron mayoría absoluta en ninguna de las 13 comunidades autónomas que sufragaron y deberán buscar alianzas.
Podemos y Ciudadanos sumaron una tajada importante de los votos con su discurso de cambio, aunque tendrán que ponerse de acuerdo con los partidos tradicionales si quieren entrar en gobiernos regionales, cuestión que probablemente los obligará a moderar algunas de sus ideas.
"El resultado ha sido la pérdida del PP de sus mayorías absolutas y la imposibilidad del PSOE de avanzar. Podemos y Ciudadanos han conseguido que el bipartidismo se tambalee aunque ellos quedan muy por detrás en términos porcentuales", resumió El País en la reseña de los comicios.
"Sería engañoso interpretar lo sucedido como la revolución que algunos anunciaban, pero sería igualmente un error restar trascendencia al fuerte mensaje de cambio que estos resultados suponen", agregó el diario en su editorial de ayer.
Aprendizaje para todos. La internacionalista Elsa Cardozo, profesora de la UCV, dice que los resultados son un aprendizaje tanto para los partidos tradicionales como para los emergentes. "El mensaje es claro: los votantes exigen una nueva manera de hacer política".
Cardozo explica que el reto del PP y del PSOE –que por décadas se han alternado en el poder– es analizar bien cómo recuperar la confianza de los votantes. "No pueden seguir cifrando su éxito en el fracaso ajeno o en el temor al otro, sino en proponer ideas".
En el caso de Podemos y Ciudadanos, dice que el mensaje de los votantes es contra los radicalismos. "Si la idea es devolver la confianza en la política, lo que les conviene a todos, deben buscar acuerdos, concertación y diálogo con buena fe y transparencia".
Analistas españoles consultados por la AFP coincidieron con Cardozo. "La ciudadanía está preparada para esta nueva cultura política de negociación, pacto y acuerdo. Los que aparentemente no lo están son los políticos", declaró José Juan Toharia, director de Metroscopia.
El politólogo José Ignacio Torreblanca explicó que incluso a las formaciones emergentes parece costarles adoptar el sistema de pactos porque en España el partido más votado considera que tiene derecho a gobernar.
Lo cierto es que la ausencia de mayorías absolutas hace que el mapa político definitivo dependa de los acuerdos postelectorales y que los partidos deban dedicar los próximos días a negociar.
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domingo, 24 de mayo de 2015
Bipartidismo español irá a prueba en elecciones regionales
Las elecciones regionales de hoy servirán para algo más que elegir al gobierno de 13 de las 17 comunidades autónomas de España y todos los municipios de ese país: pondrán a prueba al bipartidismo que ha caracterizado la política española desde la caída de la dictadura en 1975.
El Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, que durante cuatro décadas se han alternado en el gobierno nacional y regional, han caído en las preferencias de los votantes por factores como el desempleo, las medidas de austeridad, los escándalos de corrupción y otros.
Los más beneficiados por esta situación han sido movimientos políticos emergentes como Podemos y Ciudadanos, que según las encuestas pueden conseguir una cantidad de votos lo suficientemente representativa como para retar la hegemonía de los partidos tradicionales.
“El PP va a perder probablemente la mitad de los votos en comparación con las elecciones de 2011 (cuando obtuvo mayoría absoluta). Y esos no van en ningún caso al PSOE, van a las nuevas formaciones”, declaró José Pablo Ferrándiz, del instituto de sondeos Metroscopia”, a la AFP.
“La crisis está modificando la manera de juzgar la política de los españoles. Ahora tienden a hacerlo por la gestión y lo que ofrecen los partidos y no por el voto ideológico”, dijo María José Canel, catedrática de Comunicación Política en la Universidad Complutense de Madrid, a la AP.
Angelina Jaffe, directora del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Metropolitana, señaló que los partidos tradicionales de España no tienen mucho que ofrecer a los votantes, pero manifiesta su inquietud con respecto a los movimientos emergentes.
“La salida que propone Podemos es muy deshonesta”, advirtió Jaffe sobre este partido, acusado de recibir financiamiento del gobierno de Venezuela. Sobre Ciudadanos, admite que no lo conoce mucho y se limita a decir que parece una iniciativa ajena a los partidos con un tono más civilista.
Acuerdos postelectorales. El sondeo de abril del Centro de Investigaciones Sociales mostró que el PP y el PSOE lideran la intención de voto con 25,6% y 24,3%. No muy lejos están Podemos con 16,5% y Ciudadanos con 13,8%. El resto está dividido entre Izquierda Unida y partidos regionales.
Si los resultados de las elecciones confirman lo que muestran las encuestas, los partidos (tradicionales y emergentes) se verán obligados a sentarse a la mesa de negociaciones para formar gobiernos de coalición, algo común en los sistemas parlamentarios, pero novedoso en España.
“Eso de por sí no es malo. Es hacer política, es lo normal en los sistemas parlamentarios. Pero en ese escenario, un movimiento como Podemos tendrá que hacer concesiones ante los partidos tradicionales”, opinó Jaffe.
“Los votantes ya no quieren mayorías absolutas, lo que quieren es que a partir de ahora los partidos se pongan de acuerdo. Es algo nuevo en España, donde no estamos acostumbrados a gobiernos de coalición”, agregó Fernández.
Canel se mostró menos optimista con respecto a negociaciones postelectorales y advirtió que España puede enfrentar un grave problema de estabilidad de gobierno porque es un país sin tradición de pactos y coaliciones: “España se enfrenta ahora con este panorama de los acuerdos y vamos a ver cómo lo gestionan los partidos. Para que estos pactos salgan bien y funcionen hace falta visión de Estado”.
Desde la oposición. Ciudadanos y Podemos han mostrado más disposición a negociar con el PSOE, que está en proceso de renovación desde que perdió el poder en 2011, que con el PP, actualmente en el gobierno.
“Hay que recordarlo; nosotros somos un partido marcadamente progresista. Tenemos mucha más afinidad con el PSOE”, afirmó Matías Alonso, secretario general de Ciudadanos, al diario El País. “Vemos a los dos grandes partidos con los mismos vicios del siglo pasado, aunque al PSOE se le visualiza una predisposición a aceptar las propuestas de regeneración de Ciudadanos”, añadió otra fuente del partido.
Íñigo Errejón, número dos de Podemos, declaró a El País que su partido ve al partido socialista como su principal interlocutor para posibles pactos: “En algunos sitios vamos a tener que pedir apoyo y en otros nos pueden pedir apoyo”. Dijo que el PSOE es el único socio viable porque la prioridad de Podemos es acabar con el proyecto político impulsado por el presidente Mariano Rajoy, que en su opinión es muy parecido al de Albert Rivera (líder de Ciudadanos).
Los acuerdos en las comunidades autónomas, en todo caso, servirán para que los partidos se preparen ante la posibilidad de que el voto también se divida en los comicios de noviembre, cuando se renueva el gobierno nacional. Jaffe, sin embargo, advirtió que los resultados de hoy pueden ser insuficientes para predecir los de las elecciones generales. “La situación de España está demasiado volátil. Puede pasar cualquier cosa”.
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El Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, que durante cuatro décadas se han alternado en el gobierno nacional y regional, han caído en las preferencias de los votantes por factores como el desempleo, las medidas de austeridad, los escándalos de corrupción y otros.
Los más beneficiados por esta situación han sido movimientos políticos emergentes como Podemos y Ciudadanos, que según las encuestas pueden conseguir una cantidad de votos lo suficientemente representativa como para retar la hegemonía de los partidos tradicionales.
“El PP va a perder probablemente la mitad de los votos en comparación con las elecciones de 2011 (cuando obtuvo mayoría absoluta). Y esos no van en ningún caso al PSOE, van a las nuevas formaciones”, declaró José Pablo Ferrándiz, del instituto de sondeos Metroscopia”, a la AFP.
“La crisis está modificando la manera de juzgar la política de los españoles. Ahora tienden a hacerlo por la gestión y lo que ofrecen los partidos y no por el voto ideológico”, dijo María José Canel, catedrática de Comunicación Política en la Universidad Complutense de Madrid, a la AP.
Angelina Jaffe, directora del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Metropolitana, señaló que los partidos tradicionales de España no tienen mucho que ofrecer a los votantes, pero manifiesta su inquietud con respecto a los movimientos emergentes.
“La salida que propone Podemos es muy deshonesta”, advirtió Jaffe sobre este partido, acusado de recibir financiamiento del gobierno de Venezuela. Sobre Ciudadanos, admite que no lo conoce mucho y se limita a decir que parece una iniciativa ajena a los partidos con un tono más civilista.
Acuerdos postelectorales. El sondeo de abril del Centro de Investigaciones Sociales mostró que el PP y el PSOE lideran la intención de voto con 25,6% y 24,3%. No muy lejos están Podemos con 16,5% y Ciudadanos con 13,8%. El resto está dividido entre Izquierda Unida y partidos regionales.
Si los resultados de las elecciones confirman lo que muestran las encuestas, los partidos (tradicionales y emergentes) se verán obligados a sentarse a la mesa de negociaciones para formar gobiernos de coalición, algo común en los sistemas parlamentarios, pero novedoso en España.
“Eso de por sí no es malo. Es hacer política, es lo normal en los sistemas parlamentarios. Pero en ese escenario, un movimiento como Podemos tendrá que hacer concesiones ante los partidos tradicionales”, opinó Jaffe.
“Los votantes ya no quieren mayorías absolutas, lo que quieren es que a partir de ahora los partidos se pongan de acuerdo. Es algo nuevo en España, donde no estamos acostumbrados a gobiernos de coalición”, agregó Fernández.
Canel se mostró menos optimista con respecto a negociaciones postelectorales y advirtió que España puede enfrentar un grave problema de estabilidad de gobierno porque es un país sin tradición de pactos y coaliciones: “España se enfrenta ahora con este panorama de los acuerdos y vamos a ver cómo lo gestionan los partidos. Para que estos pactos salgan bien y funcionen hace falta visión de Estado”.
Desde la oposición. Ciudadanos y Podemos han mostrado más disposición a negociar con el PSOE, que está en proceso de renovación desde que perdió el poder en 2011, que con el PP, actualmente en el gobierno.
“Hay que recordarlo; nosotros somos un partido marcadamente progresista. Tenemos mucha más afinidad con el PSOE”, afirmó Matías Alonso, secretario general de Ciudadanos, al diario El País. “Vemos a los dos grandes partidos con los mismos vicios del siglo pasado, aunque al PSOE se le visualiza una predisposición a aceptar las propuestas de regeneración de Ciudadanos”, añadió otra fuente del partido.
Íñigo Errejón, número dos de Podemos, declaró a El País que su partido ve al partido socialista como su principal interlocutor para posibles pactos: “En algunos sitios vamos a tener que pedir apoyo y en otros nos pueden pedir apoyo”. Dijo que el PSOE es el único socio viable porque la prioridad de Podemos es acabar con el proyecto político impulsado por el presidente Mariano Rajoy, que en su opinión es muy parecido al de Albert Rivera (líder de Ciudadanos).
Los acuerdos en las comunidades autónomas, en todo caso, servirán para que los partidos se preparen ante la posibilidad de que el voto también se divida en los comicios de noviembre, cuando se renueva el gobierno nacional. Jaffe, sin embargo, advirtió que los resultados de hoy pueden ser insuficientes para predecir los de las elecciones generales. “La situación de España está demasiado volátil. Puede pasar cualquier cosa”.
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