La firma de nuevos contratos de preventa no representa una práctica irregular o ilegal, dijo Alfonso Ávila, director de la Constructora Yuruari, que edifica el conjunto residencial El Encantado Humboldt, en El Hatillo: "No estamos haciendo nada indebido. Hay un documento firmado antes de la prohibición de cobrar IPC en el que se convino un ajuste de precios. Entonces debemos llegar a un acuerdo sobre cómo aplicarlo. Y lo hemos hecho con 500 compradores".
Indicó que no existe una ley que prohíba que las personas se pongan de acuerdo, y descartó que el contrato nuevo perjudique a los compradores: "El ajuste no va más allá de 80.000 bolívares, por lo que el costo del apartamento termina en 430.000 bolívares, mientras que el precio actual de un inmueble en la zona oscila entre 800.000 y 900.000 bolívares".
Agregó que lo irregular es que el Gobierno quiera aplicar el veto a cobrar cuotas vinculadas con el índice de precios al consumidor de forma retroactiva. "Lo que está firmado antes del 10 de julio de 2009, cuando se promulgó la Resolución 110, hay que honrarlo. Si hay personas que no tienen cómo pagar un monto adicional, pueden reunirse con nosotros para buscar una salida".
Ávila reiteró que la medida se basa en supuestos falsos y pidió rectificación. "En vez de juzgarnos por lo que pasa en otros desarrollos, debieron llamarnos para conocer la realidad del proyecto. Estamos en capacidad de terminarlo sin ningún inconveniente".
El cobro de cuotas por el IPC es indispensable –dice Ávila– porque construir viviendas tarda entre dos y tres años, y en ese período las empresas afrontan aumentos de sueldos y de costos de materiales. Aquiles Martini, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, respaldó la posición de Ávila: "Cuando se hizo la Resolución 110 advertimos que no era posible que se congelaran los precios de las viviendas en un país con inflación alta".
Martini solicitó que no se satanice el sector privado, responsable de 70% de las viviendas que se construyen. "Cuando hubo el problema de los damnificados por las lluvias recientes, el Gobierno le compró casas a una empresa para atenderlos". Aseguró que las medidas contra más de una docena de empresas no sólo ponen en riesgo las viviendas de un grupo de venezolanos, sino el futuro del sector construcción.
Publicado en El Nacional
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