La Ley de Presupuesto de 2011, sancionada por la Asamblea Nacional ayer, deja un amplio margen para que el Gobierno maneje fondos extrapresupuestarios al subestimar los ingresos petroleros y tributarios, advierte la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela en un documento.
En el escrito cuestiona que el presupuesto se haga sobre la base de un precio petrolero de 40 dólares por barril, cuando la cotización de la cesta venezolana de crudo y derivados en 2010 promedia más de 70 dólares, y cuando todas las proyecciones apuntan a que el valor del hidrocarburo mantendrá una tendencia moderadamente alcista en 2011.
Agrega que las metas de recaudación tributaria tampoco se corresponden con la realidad, porque arrojan una relación de 5,62% entre el impuesto al valor agregado principal fuente de ingresos no petroleros y el producto interno bruto. "La proporción es inverosímil, habida cuenta de que está por debajo del promedio histórico de 6,62%".
La subestimación de los ingresos lleva a menospreciar los gastos. El presupuesto autoriza al Gobierno erogaciones por 204,2 millardos de bolívares. El monto es inferior al egreso real de 2010, que aumentó hasta 219 milllardos –desde los 159 millardos calculados inicialmente– gracias a los créditos adicionales.
La Escuela de Economía considera que la práctica gubernamental ha hecho que el presupuesto pierda importancia como instrumento de política fiscal. "El Gobierno incurre en un conjunto de gastos que se traducen en erogaciones al menos 30% superiores a las establecidas en la ley. El gasto acordado es una referencia imperfecta".
Señala que al no tomarse en cuenta a Fonden y Pdvsa, que son dos organismos fundamentales en la asignación de recursos y la ejecución del gasto, el presupuesto se convierte en "una mera referencia legal, sin ningún tipo de obligación que haga efectivo su cumplimiento".
La Ley de Presupuesto de 2011 fue aprobada sólo por los parlamentarios del PSUV. Los diputados de Podemos, Patria Para Todos y el Bloque Humanista salvaron el voto porque consideran que el documento no se corresponde con la realidad económica del país.
La Asamblea Nacional también aprobó ayer la Ley Especial de Endeudamiento de 2011, que permite al Gobierno adquirir compromisos por un máximo de 52,2 millardos de bolívares y desembolsar recursos provenientes de deuda hasta 40,4 millardos de bolívares.
Publicado en El Nacional
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