El presidente Hugo Chávez ha dedicado varios de sus recientes discursos al problema de la vivienda: invitó a los constructores privados a trabajar juntos, anunció la expropiación de galpones en el oeste de Caracas para edificar casas e implementó un plan de emergencia a través del cual el Gobierno invertirá 1,5 millardos de dólares en el sector.
La inversión anunciada, sin embargo, no alcanza ni siquiera para construir las 130.000 viviendas que se requieren cada año en Venezuela para compensar el crecimiento de la población. Mucho menos para atender el déficit acumulado en el país en las últimas décadas, que organismos públicos y privados calculan en 2 millones de unidades.
El costo actual de construcción de cada vivienda está alrededor de 200.000 bolívares, reconoció Chávez en la rueda de prensa realizada la semana pasada con corresponsales extranjeros. De manera que la inversión de 1,5 millardos de dólares, equivalentes a 6,45 millardos de bolívares, sólo alcanza para edificar 32.250 unidades.
En el supuesto de que las viviendas costasen 100.000 bolívares, precio que el mandatario considera más justo, el número de unidades que pudieran construirse con los recursos del plan de emergencia se duplica hasta 64.500. Esa cifra también es insuficiente, porque representa menos de la mitad de lo que se necesita construir cada año para que el déficit no crezca.
En el actual gobierno nunca se han alcanzado las metas de construcción. La situación ha empeorado en los últimos años, por factores como la reducción del gasto público, los ataques contra la propiedad privada y la eliminación del cobro de cuotas relacionadas con el índice de precios al consumidor en los contratos de preventa.
En el primer semestre de 2010 se terminaron 26.000 viviendas, según cifras oficiales, lo cual representa una caída de 45% con respecto a igual período del año pasado. También retrocedió el número de unidades en construcción hasta 103.000, un descenso de 11%.
La cantidad de viviendas paralizadas después de haberse empezado o sin iniciar pese a que tienen permiso para hacerlo, en cambio, subió. La primera se ubica en 27.000, un incremento de 11%; mientras que la segunda está en 149.000, un alza de 26%.
Publicado en El Nacional

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