Las fiscalizaciones del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios provocaron la imposición de medidas de cierre temporal a 3.000 empresas y de multas pecuniarias a más de 14.000 compañías, informó el ministro de Comercio, Richard Canán, al hacer un resumen de la actuación de ese despacho y sus organismos adscritos en 2010.
Canán indicó que la mayoría de los cierres y las multas fueron para empresas que incumplían las regulaciones de precios impuestas por el Gobierno para bienes y servicios considerados de primera necesidad. Agregó que el Indepabis practicó 337 comisos de mercancías, en los que incautó 5.000 toneladas, especialmente de alimentos.
Sobre la resolución publicada en la Gaceta Oficial del miércoles, que obliga a quienes alquilan habitaciones a registrarse ante la Dirección de Inquilinato del Ministerio de Vivienda, Canán dijo que el objetivo es realizar un censo de pensiones y otros establecimientos de hospedaje para identificar las condiciones que ofrecen a quienes habitan.
Canán ofreció sus declaraciones desde la feria navideña socialista realizada en la plaza Andrés Bello de Caracas. El Ministerio de Comercio colocó –a través de 49 establecimientos de este tipo en todo el país– más de 348.000 juguetes a precios entre 60% y 70% más bajos que en las tiendas privadas, según el funcionario.
Consolidación. El ministro de Alimentación, Carlos Osorio, aseguró que durante 2010 el Gobierno logró consolidar la estructura de almacenamiento y distribución de comida. Lo mismo consiguió con la llamada reserva estratégica, formada por 692.500 toneladas de alimentos que se mantienen en constante rotación para garantizar su buen estado, dijo.
Agregó que en los 19.000 establecimientos que integran hoy las redes de comercialización estatales
–Bicentenario, Comerso, Mercal, Pdval– se distribuyeron 2,4 millones de toneladas de alimentos durante 2010, para un promedio de 170.000 toneladas al mes. Recordó que, en el caso de Mercal, los productos se comercializan con entre 40% y 50% de descuento.
Las 4.087 ferias navideñas socialistas realizadas en el país entre noviembre y diciembre, en tanto, sirvieron para distribuir 12.000 toneladas de ingredientes para la elaboración de las hallacas y 7.000 toneladas de pernil.
Publicado en El Nacional
viernes, 31 de diciembre de 2010
jueves, 30 de diciembre de 2010
Habitaciones alquiladas deberán ser registradas ante el Gobierno
Las personas que alquilan hospedajes, piezas en casa de vecindad, habitaciones en casas particulares o cualquier otra porción de un inmueble arrendado por partes para ser habitado tendrán que registrarse a partir de ahora en la Dirección General de Inquilinato del Ministerio de Vivienda, según una resolución publicada en la Gaceta Oficial 39582.
Los propietarios deberán informar al organismo gubernamental los datos del inmueble, la identificación de arrendador y arrendatario, la fecha de inicio de la relación, el canon de arrendamiento, el número de habitaciones y los servicios que ofrece, precisa el artículo 2 de la resolución 123, publicada de manera conjunta por los ministerios de Comercio y Vivienda.
La Dirección de Inquilinato otorgará un certificado de registro e inspeccionará periódicamente los inmuebles para verificar que cuenten con las condiciones de higiene y seguridad que garanticen una vida digna. La fiscalización, en la que también participará el Indepabis, podrá hacerse "con el auxilio de la fuerza pública si fuere necesario".
Los arrendadores que infrinjan la resolución u obstaculicen las actuaciones de los funcionarios adscritos a los organismos reguladores serán sancionados de conformidad con lo previsto en la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios y demás normas aplicables.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini, considera válido que el Gobierno quiera llevar un registro de las piezas alquiladas, pero advierte que la medida generará más incertidumbre en el mercado de arrendamiento. "La pregunta es cuál será el objetivo, para qué se utilizará la información".
La resolución llega 10 días después de que el presidente Hugo Chávez anunció que el Gobierno estaba dispuesto a alquilar inmuebles para las familias damnificadas por las lluvias. El ministro de Vivienda, Ricardo Molina, declaró ayer en la mañana en VTV que el Estado trabajaba en la elaboración de una propuesta que permitiera concretar el anuncio del mandatario.
Molina aseguró que el objetivo gubernamental es poner orden en el mercado de arrendamiento para que no haya especulación con los precios. Martini indicó que ese tipo de declaraciones son las que causan más incertidumbre. "Es un problema cuando los funcionarios empiezan a decir que pagarán un valor justo, porque quién define eso".
Raimundo Orta Poleo, coordinador de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, considera que la resolución forma parte de las medidas gubernamentales contra el mercado inmobiliario y la propiedad privada. "Viene a apoyar, por ejemplo, la toma de pensiones en Caracas por consejos comunales".
Indicó que pensiones, hospedajes y casas de vecindad han cumplido la misión de alojar a personas de escasos recursos ante la imposibilidad del Gobierno de construir las viviendas que necesita el país.
Publicado en El Nacional
Los propietarios deberán informar al organismo gubernamental los datos del inmueble, la identificación de arrendador y arrendatario, la fecha de inicio de la relación, el canon de arrendamiento, el número de habitaciones y los servicios que ofrece, precisa el artículo 2 de la resolución 123, publicada de manera conjunta por los ministerios de Comercio y Vivienda.
La Dirección de Inquilinato otorgará un certificado de registro e inspeccionará periódicamente los inmuebles para verificar que cuenten con las condiciones de higiene y seguridad que garanticen una vida digna. La fiscalización, en la que también participará el Indepabis, podrá hacerse "con el auxilio de la fuerza pública si fuere necesario".
Los arrendadores que infrinjan la resolución u obstaculicen las actuaciones de los funcionarios adscritos a los organismos reguladores serán sancionados de conformidad con lo previsto en la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios y demás normas aplicables.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini, considera válido que el Gobierno quiera llevar un registro de las piezas alquiladas, pero advierte que la medida generará más incertidumbre en el mercado de arrendamiento. "La pregunta es cuál será el objetivo, para qué se utilizará la información".
La resolución llega 10 días después de que el presidente Hugo Chávez anunció que el Gobierno estaba dispuesto a alquilar inmuebles para las familias damnificadas por las lluvias. El ministro de Vivienda, Ricardo Molina, declaró ayer en la mañana en VTV que el Estado trabajaba en la elaboración de una propuesta que permitiera concretar el anuncio del mandatario.
Molina aseguró que el objetivo gubernamental es poner orden en el mercado de arrendamiento para que no haya especulación con los precios. Martini indicó que ese tipo de declaraciones son las que causan más incertidumbre. "Es un problema cuando los funcionarios empiezan a decir que pagarán un valor justo, porque quién define eso".
Raimundo Orta Poleo, coordinador de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, considera que la resolución forma parte de las medidas gubernamentales contra el mercado inmobiliario y la propiedad privada. "Viene a apoyar, por ejemplo, la toma de pensiones en Caracas por consejos comunales".
Indicó que pensiones, hospedajes y casas de vecindad han cumplido la misión de alojar a personas de escasos recursos ante la imposibilidad del Gobierno de construir las viviendas que necesita el país.
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miércoles, 29 de diciembre de 2010
Los trabajadores de Min-Finanzas siguen protesta
Los trabajadores del Ministerio de Planificación y Finanzas mantienen la protesta en la sede del despacho contra el despido masivo de 600 personas, entre contratados y fijos, como parte del proceso de reestructuración iniciado por la fusión en febrero de 2010 de las antiguas carteras de Economía y Finanzas y Planificación y Desarrollo.
Luis Manuel Zavala, presidente del Sindicato Nacional de Obreros Públicos del Ministerio de Planifi cación y Finanzas, informó que ayer continuaron los despidos y también las jubilaciones especiales, que los movimientos sindicales rechazan porque no son consultadas con los empleados y ofrecen condiciones desfavorables para el retiro.
Zavala agregó que el lunes en la noche se enteraron de la existencia de una mesa de diálogo promovida por las autoridades, pero que fue imposible instalarla porque el jefe de seguridad del despacho dijo que no podía garantizar la protección de los funcionarios debido a que los trabajadores que protestaban contra los despidos tenían una actitud violenta.
Lo que sí lograron los empleados fue reunirse con el viceministro Ricardo Ríos, aunque sin obtener resultados concretos. "Al menos nos dio la cara y conversó con nosotros", indicó Zavala. El dirigente sindical se mostró optimista sobre una posible solución al conflicto. "No será rápido, pero creo que se dará".
Otros representantes de los trabajadores que se mantienen en el edificio anexo son menos optimistas. Aseguran que el Poder Ejecutivo no apoya los despidos realizados en el Ministerio de Planificación y Finanzas, pero que difícilmente revierta la medida porque el presidente Hugo Chávez no quiere desautorizar al ministro Jorge Giordani.
Los cinco sindicatos que hacen vida en el despacho preparan un documento que harán llegar a la Presidencia en los próximos días. Zavala informó que mantendrán reuniones constantes con los trabajadores para definir otras acciones que puedan tomarse para rechazar el despido masivo.
Publicado en El Nacional
Luis Manuel Zavala, presidente del Sindicato Nacional de Obreros Públicos del Ministerio de Planifi cación y Finanzas, informó que ayer continuaron los despidos y también las jubilaciones especiales, que los movimientos sindicales rechazan porque no son consultadas con los empleados y ofrecen condiciones desfavorables para el retiro.
Zavala agregó que el lunes en la noche se enteraron de la existencia de una mesa de diálogo promovida por las autoridades, pero que fue imposible instalarla porque el jefe de seguridad del despacho dijo que no podía garantizar la protección de los funcionarios debido a que los trabajadores que protestaban contra los despidos tenían una actitud violenta.
Lo que sí lograron los empleados fue reunirse con el viceministro Ricardo Ríos, aunque sin obtener resultados concretos. "Al menos nos dio la cara y conversó con nosotros", indicó Zavala. El dirigente sindical se mostró optimista sobre una posible solución al conflicto. "No será rápido, pero creo que se dará".
Otros representantes de los trabajadores que se mantienen en el edificio anexo son menos optimistas. Aseguran que el Poder Ejecutivo no apoya los despidos realizados en el Ministerio de Planificación y Finanzas, pero que difícilmente revierta la medida porque el presidente Hugo Chávez no quiere desautorizar al ministro Jorge Giordani.
Los cinco sindicatos que hacen vida en el despacho preparan un documento que harán llegar a la Presidencia en los próximos días. Zavala informó que mantendrán reuniones constantes con los trabajadores para definir otras acciones que puedan tomarse para rechazar el despido masivo.
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Seguros Federal aportará 0,7% del mercado
al sistema público
El Gobierno ordenó la adquisición forzosa de Seguros Federal, mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial 39580 del 23 de diciembre, para "coadyuvar en la prestación del sistema público nacional de salud". No obstante, la empresa –parte del grupo financiero de Nelson Mezerhane, intervenido en julio– aportará poco al entramado asegurador estatal.
Seguros Federal acumuló primas cobradas por 195,8 millones de bolívares durante los primeros 10 meses del año, según la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, lo cual le otorga una participación de mercado de 0,7%. Además, la firma presentaba problemas que ocasionaron pérdidas por 48,3 millones de bolívares entre enero y octubre.
El sistema asegurador público está integrado, hasta ahora, por las compañías Horizonte y La Previsora que, en conjunto, sumaron 5,3 millardos de bolívares en primas cobradas al cierre de 2009. Para ese momento, la cifra representaba 17,7% del mercado y superaba lo obtenido por cualquier otra compañía del sector.
El crecimiento del sistema público durante 2010 es imposible de determinar porque La Previsora no ha publicado balances desde que fue expropiada por el Gobierno. De Horizonte se conoce que hasta octubre ocupa el cuarto lugar del mercado en primas cobradas con 1,9 millardos de bolívares y el noveno puesto en ganancias con 33,7 millones de bolívares.
Analistas han advertido que la incursión gubernamental en el sector puede ser peligrosa. El problema –dicen– es que las compañías oficiales, sin presión por obtener ganancias, pueden ofrecer precios por debajo del costo y competir de manera desleal con las privadas. Otro riesgo es la tradicional ineficiencia estatal en la administración de empresas.
Las autoridades mantienen intervenidas otras tres empresas de seguros: Banvalor, Premier y Universitas.
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Seguros Federal acumuló primas cobradas por 195,8 millones de bolívares durante los primeros 10 meses del año, según la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, lo cual le otorga una participación de mercado de 0,7%. Además, la firma presentaba problemas que ocasionaron pérdidas por 48,3 millones de bolívares entre enero y octubre.
El sistema asegurador público está integrado, hasta ahora, por las compañías Horizonte y La Previsora que, en conjunto, sumaron 5,3 millardos de bolívares en primas cobradas al cierre de 2009. Para ese momento, la cifra representaba 17,7% del mercado y superaba lo obtenido por cualquier otra compañía del sector.
El crecimiento del sistema público durante 2010 es imposible de determinar porque La Previsora no ha publicado balances desde que fue expropiada por el Gobierno. De Horizonte se conoce que hasta octubre ocupa el cuarto lugar del mercado en primas cobradas con 1,9 millardos de bolívares y el noveno puesto en ganancias con 33,7 millones de bolívares.
Analistas han advertido que la incursión gubernamental en el sector puede ser peligrosa. El problema –dicen– es que las compañías oficiales, sin presión por obtener ganancias, pueden ofrecer precios por debajo del costo y competir de manera desleal con las privadas. Otro riesgo es la tradicional ineficiencia estatal en la administración de empresas.
Las autoridades mantienen intervenidas otras tres empresas de seguros: Banvalor, Premier y Universitas.
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martes, 28 de diciembre de 2010
Empleados de Min-Finanzas toman la sede
en protesta por despidos
Los trabajadores del Ministerio de Planificación y Finanzas tomaron la sede del despacho, ubicada en la avenida Urdaneta de Caracas, en protesta por el despido de 600 personas en la víspera de Navidad y la posible desincorporación de 600 más en los próximos días.
Los empleados también rechazan el otorgamiento de jubilaciones obligatorias en condiciones desfavorables. "Pretenden jubilar a las personas con menos de 50% del sueldo. A una señora que ganaba casi 3.000 bolívares le ofrecieron el salario mínimo de pensión", denunció Frank Carvallo, representante sindical.
Los despidos y las jubilaciones forman parte del proceso de reestructuración iniciado por el ministro Jorge Giordani en febrero de este año, tras la decisión presidencial de fusionar los antiguos despachos de Economía y Finanzas, y Planificación y Desarrollo.
Carvallo señaló que al tomar estas medidas las autoridades incumplieron el convenio firmado con el sindicato para informar cualquier decisión relacionada con el proceso de reestructuración del ministerio que pudiese perjudicar a los trabajadores.
Agregó que la decisión se contradice con el decreto de inamovilidad laboral para los empleados privados y públicos, vigente desde 2002, y que el presidente Hugo Chávez prorrogó recientemente por décima ocasión consecutiva hasta el 31 de diciembre de 2011. También dijo que los despidos violan la Ley Orgánica del Trabajo y otras normativas de protección laboral, porque entre los empleados cesanteados en la última semana hay mujeres embarazadas o recién paridas y personas que estaban de reposo médico.
En la lista de trabajadores desincorporados figuran por igual personal contratado y nómina fija con más de 20 años de servicio. Muchos, de hecho, pensaban que recibirían una jubilación especial y en lugar de eso obtuvieron una carta de despido.
Protesta indefinida. Los empleados del Ministerio de Planificación y Finanzas aseguraron que mantendrán la protesta hasta que obtengan una respuesta satisfactoria a sus reclamos laborales. "Aquí no entrará ni saldrá nadie hasta que no haya una decisión por parte del Estado", dijo Carvallo.
Hasta ayer en la tarde el único contacto de los manifestantes fue con el Jefe de Seguridad del despacho, quien les planteó reuniones individuales para que cada trabajador afectado presentará su caso a las autoridades. Pero la propuesta fue rechazada.
La medida de protesta es promovida por la Federación Nacional de Obreros Dependientes del Estado, el Sindicato Nacional de Obreros Públicos y el Sindicato Único de Obreros Dependientes del Estado. También cuenta con el apoyo de la Asociación Sindical de Profesionales, Técnicos y Administrativos del Ministerio de Finanzas.
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Los empleados también rechazan el otorgamiento de jubilaciones obligatorias en condiciones desfavorables. "Pretenden jubilar a las personas con menos de 50% del sueldo. A una señora que ganaba casi 3.000 bolívares le ofrecieron el salario mínimo de pensión", denunció Frank Carvallo, representante sindical.
Los despidos y las jubilaciones forman parte del proceso de reestructuración iniciado por el ministro Jorge Giordani en febrero de este año, tras la decisión presidencial de fusionar los antiguos despachos de Economía y Finanzas, y Planificación y Desarrollo.
Carvallo señaló que al tomar estas medidas las autoridades incumplieron el convenio firmado con el sindicato para informar cualquier decisión relacionada con el proceso de reestructuración del ministerio que pudiese perjudicar a los trabajadores.
Agregó que la decisión se contradice con el decreto de inamovilidad laboral para los empleados privados y públicos, vigente desde 2002, y que el presidente Hugo Chávez prorrogó recientemente por décima ocasión consecutiva hasta el 31 de diciembre de 2011. También dijo que los despidos violan la Ley Orgánica del Trabajo y otras normativas de protección laboral, porque entre los empleados cesanteados en la última semana hay mujeres embarazadas o recién paridas y personas que estaban de reposo médico.
En la lista de trabajadores desincorporados figuran por igual personal contratado y nómina fija con más de 20 años de servicio. Muchos, de hecho, pensaban que recibirían una jubilación especial y en lugar de eso obtuvieron una carta de despido.
Protesta indefinida. Los empleados del Ministerio de Planificación y Finanzas aseguraron que mantendrán la protesta hasta que obtengan una respuesta satisfactoria a sus reclamos laborales. "Aquí no entrará ni saldrá nadie hasta que no haya una decisión por parte del Estado", dijo Carvallo.
Hasta ayer en la tarde el único contacto de los manifestantes fue con el Jefe de Seguridad del despacho, quien les planteó reuniones individuales para que cada trabajador afectado presentará su caso a las autoridades. Pero la propuesta fue rechazada.
La medida de protesta es promovida por la Federación Nacional de Obreros Dependientes del Estado, el Sindicato Nacional de Obreros Públicos y el Sindicato Único de Obreros Dependientes del Estado. También cuenta con el apoyo de la Asociación Sindical de Profesionales, Técnicos y Administrativos del Ministerio de Finanzas.
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miércoles, 22 de diciembre de 2010
Gobierno usará multas para regular Internet
La reforma de la Ley Orgánica de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y ahora también Medios Electrónicos, según el proyecto aprobado por la Asamblea Nacional obligará a los proveedores de servicios de Internet y difusión por suscripción a restringir el acceso a sitios web, emisoras o canales que transmitan mensajes prohibidos por la normativa, so pena de multas de hasta 10% de los ingresos brutos del año anterior.
"Los proveedores de medios electrónicos deberán establecer mecanismos que permitan restringir, sin dilaciones, la difusión de mensajes divulgados que se subsuman en las prohibiciones contenidas en el presente artículo, cuando ello sea solicitado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones en ejercicio de sus competencias", dice el artículo 28.
El primer numeral del artículo 29 castiga con multas de 10% de los ingresos brutos o suspensión por 72 horas continuas la difusión de mensajes que promuevan la alteración del orden público, el delito, la discriminación, la intolerancia y el odio o que usen el anonimato, hagan propaganda de guerra, fomenten la zozobra y desconozcan las autoridades legítimas.
De esta manera, el Gobierno apela al factor económico-financiero para regular indirectamente los contenidos difundidos en el ciberespacio y transmitidos a través de canales pagos. "Prácticamente delega la responsabilidad de controlar los mensajes a los proveedores del servicio, que se exponen a sanciones severas si no lo hacen", expresa el abogado constitucionalista Ricardo Antela.
Una multa de 10% de los ingresos brutos representa una cuarta parte de la ganancia de una empresa grande como Movistar, que provee telefonía móvil, Internet y TV por suscripción. De acuerdo con los resultados de las operaciones de Telefónica, casa matriz de Movistar, la filial de la compañía española tuvo un margen de utilidad de 46,8% entre enero y septiembre de 2010. El impacto es aún mayor para compañías más pequeñas.
Corresponsabilidad. Antela señala que al castigar al proveedor del servicio por los mensajes con contenidos prohibidos que circulen por Internet u otros medios electrónicos se quita la responsabilidad al autor ya sea twitero, forista de algún portal web o cualquier persona que escriba un correo electrónico para hacerla recaer en un tercero.
"La reforma de la legislación que aprobó la Asamblea Nacional permitirá que los proveedores de medios electrónicos sean castigados por algo de lo que no son responsables. Será algo así como sancionar al concesionario que le vendió a alguien el vehículo con el que posteriormente atropelló a una persona", argumenta.
La disposición llevará a que los proveedores, para evitar multas, establezcan mecanismos tecnológicos que les permitan revisar, moderar y censurar aquellos mensajes que pudieran ser interpretados como violatorios de la ley. "Estarían ejerciendo la censura previa que explícitamente prohíbe el artículo 57 de la Constitución", advierte.
Gilbert Minionis, presidente de Net Uno –empresa que ofrece televisión paga, Internet y telefonía fija–, califica de exabrupto que los proveedores de servicios tengan la responsabilidad de regular los contenidos. "Esa es una de las cosas que creo deben modificarse", agrega.
Minionis afirma que luego de la reforma de la ley, Net Uno no censurará contenidos porque es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones el órgano regulador establecido en la legislación venezolana y, por ende, el que debe ejercer el papel de censor.
"Cuando Conatel ve algo fuera del margen de la ley nos lo comunica (incluso hasta de manera informal porque tenemos buenas relaciones) y nosotros cumplimos las instrucciones.Conatel es el organismo que tiene los recursos para seguir regulando los mensajes", refiere el presidente de Net Uno.
Además de aclarar que a la empresa no es a la que le toca vigilar los mensajes, Minionis afirma que la compañía no tiene la capacidad para hacerlo. "Nosotros no podemos tener a alguien ahí mirando todos los días 100 canales, para ver quién dice qué cosa".
Apunta que ejercer esa función se traduciría en un aumento de tarifas. "Para cumplir esa medida deberé contratar una pila de gente en todas las ciudades en las que estamos presentes para que estén mirando las emisoras todo el tiempo. La consecuencia de esta disposición la pagará el suscriptor", alega el presidente de Net Uno, empresa que presta servicios en Barquisimeto, Caracas, Guarenas, Guatire, Maracaibo, Maracay, Mérida, Puerto Cabello, San Cristóbal y Valencia; ciudades que concentran 70% del mercado de telecomunicaciones nacional.
La Cámara de Comercio Electrónico, en un comunicado, expresó su más profundo rechazo a la aprobación de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión por parte de la Asamblea Nacional. El gremio advierte que responsabilizar al proveedor de servicio por los contenidos que emita, "causará inevitablemente el establecimiento de la autocensura, de la censura previa por parte de los medios y del bloqueo de numerosas páginas y servicios de información y opinión de usuarios al no poder los proveedores controlar el tipo de mensajes".
Multas in crescendo. Un informe del bufete Raffali, De Lemos, Halvorssen, Ortega y Ortiz advierte que la reforma de la Ley Orgánica de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos también incluye un aumento de los supuestos castigados y de los montos de las sanciones.
Hay multas de entre 1% y 2% de los ingresos brutos por incumplimiento de las disposiciones en materia de publicidad, de la obligación de publicar guías de programación y del deber de anunciar el tipo de programa y de elementos clasificados al inicio de cada espacio, entre otros.
El monto de las sanciones se incrementa hasta entre 3% y 4% de los ingresos brutos cuando las faltas de los prestadores de servicio estén vinculadas con difusión en horario todo usuario o en horario supervisado de mensajes que no se correspondan.
Eso incluye imágenes de violencia real en programas informativos, mensajes en los que niños y adolescentes actúen utilizando lenguaje y actitudes sexuales o violentas inadecuadas para su edad; y publicidad de loterías y juegos de envite y azar.
También serán penados con una multa de entre 3% y 4% de los ingresos brutos los proveedores que difundan publicidad anónima o que no identifiquen claramente el bien o servicio y que ocupen más de 50% del tiempo publicitario con anuncias de grandes empresas o compañías del Estado.
Otros supuestos castigados con esta sanción son los incumplimientos en la presentación de los informes mensuales exigidos, el suministro al suscriptor de facilidades tecnológicas que permitan el bloqueo de canales y la aplicación de mecanismos que permitan restringir la difusión de mensajes.
Para todas las multas se establece un recargo de 50% del monto por pagar en los casos de reincidencia. La excepción es la sanción equivalente a 10% de los ingresos brutos o suspensión por 72 horas, reservada para las faltas más graves. En ese caso, la pena por incurrir más de una vez en el supuesto prohibido puede ser la revocatoria de la concesión.
Escrito junto con Carmen Sofía Alfonzo
Publicado en El Nacional
"Los proveedores de medios electrónicos deberán establecer mecanismos que permitan restringir, sin dilaciones, la difusión de mensajes divulgados que se subsuman en las prohibiciones contenidas en el presente artículo, cuando ello sea solicitado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones en ejercicio de sus competencias", dice el artículo 28.
El primer numeral del artículo 29 castiga con multas de 10% de los ingresos brutos o suspensión por 72 horas continuas la difusión de mensajes que promuevan la alteración del orden público, el delito, la discriminación, la intolerancia y el odio o que usen el anonimato, hagan propaganda de guerra, fomenten la zozobra y desconozcan las autoridades legítimas.
De esta manera, el Gobierno apela al factor económico-financiero para regular indirectamente los contenidos difundidos en el ciberespacio y transmitidos a través de canales pagos. "Prácticamente delega la responsabilidad de controlar los mensajes a los proveedores del servicio, que se exponen a sanciones severas si no lo hacen", expresa el abogado constitucionalista Ricardo Antela.
Una multa de 10% de los ingresos brutos representa una cuarta parte de la ganancia de una empresa grande como Movistar, que provee telefonía móvil, Internet y TV por suscripción. De acuerdo con los resultados de las operaciones de Telefónica, casa matriz de Movistar, la filial de la compañía española tuvo un margen de utilidad de 46,8% entre enero y septiembre de 2010. El impacto es aún mayor para compañías más pequeñas.
Corresponsabilidad. Antela señala que al castigar al proveedor del servicio por los mensajes con contenidos prohibidos que circulen por Internet u otros medios electrónicos se quita la responsabilidad al autor ya sea twitero, forista de algún portal web o cualquier persona que escriba un correo electrónico para hacerla recaer en un tercero.
"La reforma de la legislación que aprobó la Asamblea Nacional permitirá que los proveedores de medios electrónicos sean castigados por algo de lo que no son responsables. Será algo así como sancionar al concesionario que le vendió a alguien el vehículo con el que posteriormente atropelló a una persona", argumenta.
La disposición llevará a que los proveedores, para evitar multas, establezcan mecanismos tecnológicos que les permitan revisar, moderar y censurar aquellos mensajes que pudieran ser interpretados como violatorios de la ley. "Estarían ejerciendo la censura previa que explícitamente prohíbe el artículo 57 de la Constitución", advierte.
Gilbert Minionis, presidente de Net Uno –empresa que ofrece televisión paga, Internet y telefonía fija–, califica de exabrupto que los proveedores de servicios tengan la responsabilidad de regular los contenidos. "Esa es una de las cosas que creo deben modificarse", agrega.
Minionis afirma que luego de la reforma de la ley, Net Uno no censurará contenidos porque es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones el órgano regulador establecido en la legislación venezolana y, por ende, el que debe ejercer el papel de censor.
"Cuando Conatel ve algo fuera del margen de la ley nos lo comunica (incluso hasta de manera informal porque tenemos buenas relaciones) y nosotros cumplimos las instrucciones.Conatel es el organismo que tiene los recursos para seguir regulando los mensajes", refiere el presidente de Net Uno.
Además de aclarar que a la empresa no es a la que le toca vigilar los mensajes, Minionis afirma que la compañía no tiene la capacidad para hacerlo. "Nosotros no podemos tener a alguien ahí mirando todos los días 100 canales, para ver quién dice qué cosa".
Apunta que ejercer esa función se traduciría en un aumento de tarifas. "Para cumplir esa medida deberé contratar una pila de gente en todas las ciudades en las que estamos presentes para que estén mirando las emisoras todo el tiempo. La consecuencia de esta disposición la pagará el suscriptor", alega el presidente de Net Uno, empresa que presta servicios en Barquisimeto, Caracas, Guarenas, Guatire, Maracaibo, Maracay, Mérida, Puerto Cabello, San Cristóbal y Valencia; ciudades que concentran 70% del mercado de telecomunicaciones nacional.
La Cámara de Comercio Electrónico, en un comunicado, expresó su más profundo rechazo a la aprobación de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión por parte de la Asamblea Nacional. El gremio advierte que responsabilizar al proveedor de servicio por los contenidos que emita, "causará inevitablemente el establecimiento de la autocensura, de la censura previa por parte de los medios y del bloqueo de numerosas páginas y servicios de información y opinión de usuarios al no poder los proveedores controlar el tipo de mensajes".
Multas in crescendo. Un informe del bufete Raffali, De Lemos, Halvorssen, Ortega y Ortiz advierte que la reforma de la Ley Orgánica de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos también incluye un aumento de los supuestos castigados y de los montos de las sanciones.
Hay multas de entre 1% y 2% de los ingresos brutos por incumplimiento de las disposiciones en materia de publicidad, de la obligación de publicar guías de programación y del deber de anunciar el tipo de programa y de elementos clasificados al inicio de cada espacio, entre otros.
El monto de las sanciones se incrementa hasta entre 3% y 4% de los ingresos brutos cuando las faltas de los prestadores de servicio estén vinculadas con difusión en horario todo usuario o en horario supervisado de mensajes que no se correspondan.
Eso incluye imágenes de violencia real en programas informativos, mensajes en los que niños y adolescentes actúen utilizando lenguaje y actitudes sexuales o violentas inadecuadas para su edad; y publicidad de loterías y juegos de envite y azar.
También serán penados con una multa de entre 3% y 4% de los ingresos brutos los proveedores que difundan publicidad anónima o que no identifiquen claramente el bien o servicio y que ocupen más de 50% del tiempo publicitario con anuncias de grandes empresas o compañías del Estado.
Otros supuestos castigados con esta sanción son los incumplimientos en la presentación de los informes mensuales exigidos, el suministro al suscriptor de facilidades tecnológicas que permitan el bloqueo de canales y la aplicación de mecanismos que permitan restringir la difusión de mensajes.
Para todas las multas se establece un recargo de 50% del monto por pagar en los casos de reincidencia. La excepción es la sanción equivalente a 10% de los ingresos brutos o suspensión por 72 horas, reservada para las faltas más graves. En ese caso, la pena por incurrir más de una vez en el supuesto prohibido puede ser la revocatoria de la concesión.
Escrito junto con Carmen Sofía Alfonzo
Publicado en El Nacional
domingo, 19 de diciembre de 2010
Gobierno obligará a las empresas familiares a impulsar el socialismo
Para rechazar las acusaciones de los sectores empresariales y opositores sobre la intención gubernamental de suprimir la propiedad privada garantizada por la Constitución, los voceros oficialistas suelen argumentar que las medidas del presidente Chávez están dirigidas contra las grandes empresas capitalistas y no contra las pequeñas compañías comunitarias o familiares.
La subsistencia de estas empresas, sin embargo, está condicionada. La Ley Orgánica para el Fomento y Desarrollo del Sistema Económico Comunal –aprobada por la Asamblea Nacional esta semana– consagra la existencia de unidades productivas familiares, pero exige que contribuyan con los esfuerzos gubernamentales por sustituir el modelo de producción capitalista.
Las organizaciones socioproductivas permitidas en el sistema económico comunal son las empresas de propiedad social directa (pertenecientes a la comunidad) o indirecta (adscritas al Estado), las unidades productivas familiares y los grupos de intercambio solidario, según el artículo 9 de la legislación.
El artículo 11 dice que todas las organizaciones socioproductivas deben orientar sus proyectos a satisfacer las necesidades colectivas de la comunidad, reinvertir socialmente los excedentes, participar activamente en las brigadas de trabajo socialistas y garantizar un modelo de gestión regido por los principios de la democracia revolucionaria.
El artículo 15 establece la ética socialista y la participación en los programas de formación ideológica del Gobierno como requisitos para participar en una organización socioproductiva. El 17 indica que el primer deber de los integrantes de estas unidades es el de "contribuir con la transformación del modelo de producción tradicional hacia uno con orientación socialista".
"Esta ley, así como las otras normativas del llamado poder popular, se caracteriza por ser muy ideológica", advierte Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas. Agrega que el sistema económico comunal es un eufemismo para dejar de lado la empresa privada.
Maldonado acusa al Gobierno de querer ejecutar un modelo comunista que contraviene la Constitución. "El sistema comunal genera mecanismos de intromisión en la vida privada de la gente y en el funcionamiento de las comunidades. No es posible que haya instancia con atribuciones para decidir el tipo de unidades productivas que pueden surgir".
Señala que a diferencia de las compañías privadas, que deben invertir capital para desarrollar su actividad, las unidades productivas que formarán el sistema comunal dependerán del dinero del Gobierno. "Son expresiones de la renta petrolera, empresas que serán subsidiadas por el presupuesto nacional y que perderán sentido cuando dejen de recibir recursos del Estado".
El economista Humberto García Larralde también considera que las unidades productivas del sistema económico comunal son inviables sin el subsidio gubernamental. "La única manera de que una empresa pequeña se sostenga es que esté guiada por el principio de rentabilidad. Esa concepción basada en valores socialistas no tiene ningún sentido".
Precisamente por el carácter inviable de las iniciativas promovidas por el Gobierno, García Larralde no cree que éstas sean una amenaza para las pequeñas empresas –familiares o no– que existen actualmente. "A menos que las autoridades establezcan mecanismos de discriminación en materia de acceso al financiamiento, contratación con el Estado y otras facilidades".
La legislación establece esos mecanismos. Las unidades socioproductivas de las comunas estarán exoneradas del pago de todo tipo de tributos nacionales, tendrán preferencia en las contrataciones públicas y podrán acceder a programas de reestructuración de deuda "en caso de situaciones sobrevenidas no imputables" a su actividad.
La subsistencia de estas empresas, sin embargo, está condicionada. La Ley Orgánica para el Fomento y Desarrollo del Sistema Económico Comunal –aprobada por la Asamblea Nacional esta semana– consagra la existencia de unidades productivas familiares, pero exige que contribuyan con los esfuerzos gubernamentales por sustituir el modelo de producción capitalista.
Las organizaciones socioproductivas permitidas en el sistema económico comunal son las empresas de propiedad social directa (pertenecientes a la comunidad) o indirecta (adscritas al Estado), las unidades productivas familiares y los grupos de intercambio solidario, según el artículo 9 de la legislación.
El artículo 11 dice que todas las organizaciones socioproductivas deben orientar sus proyectos a satisfacer las necesidades colectivas de la comunidad, reinvertir socialmente los excedentes, participar activamente en las brigadas de trabajo socialistas y garantizar un modelo de gestión regido por los principios de la democracia revolucionaria.
El artículo 15 establece la ética socialista y la participación en los programas de formación ideológica del Gobierno como requisitos para participar en una organización socioproductiva. El 17 indica que el primer deber de los integrantes de estas unidades es el de "contribuir con la transformación del modelo de producción tradicional hacia uno con orientación socialista".
"Esta ley, así como las otras normativas del llamado poder popular, se caracteriza por ser muy ideológica", advierte Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas. Agrega que el sistema económico comunal es un eufemismo para dejar de lado la empresa privada.
Maldonado acusa al Gobierno de querer ejecutar un modelo comunista que contraviene la Constitución. "El sistema comunal genera mecanismos de intromisión en la vida privada de la gente y en el funcionamiento de las comunidades. No es posible que haya instancia con atribuciones para decidir el tipo de unidades productivas que pueden surgir".
Señala que a diferencia de las compañías privadas, que deben invertir capital para desarrollar su actividad, las unidades productivas que formarán el sistema comunal dependerán del dinero del Gobierno. "Son expresiones de la renta petrolera, empresas que serán subsidiadas por el presupuesto nacional y que perderán sentido cuando dejen de recibir recursos del Estado".
El economista Humberto García Larralde también considera que las unidades productivas del sistema económico comunal son inviables sin el subsidio gubernamental. "La única manera de que una empresa pequeña se sostenga es que esté guiada por el principio de rentabilidad. Esa concepción basada en valores socialistas no tiene ningún sentido".
Precisamente por el carácter inviable de las iniciativas promovidas por el Gobierno, García Larralde no cree que éstas sean una amenaza para las pequeñas empresas –familiares o no– que existen actualmente. "A menos que las autoridades establezcan mecanismos de discriminación en materia de acceso al financiamiento, contratación con el Estado y otras facilidades".
La legislación establece esos mecanismos. Las unidades socioproductivas de las comunas estarán exoneradas del pago de todo tipo de tributos nacionales, tendrán preferencia en las contrataciones públicas y podrán acceder a programas de reestructuración de deuda "en caso de situaciones sobrevenidas no imputables" a su actividad.
viernes, 17 de diciembre de 2010
Gobierno ordena liquidación de Banvalor y Positiva
La Superintendencia Nacional de Valores ordenó la liquidación de la casa de bolsa Banvalor y la sociedad de corretaje Positiva, además de la intervención con cese de operaciones de la compañía bursátil Humboldt, mediante resoluciones publicadas en la Gaceta Oficial 39574.
La liquidación de Banvalor y Positiva –intervenidas desde mayo– se decidió porque el organismo determinó que ambas empresas incumplieron de manera reiterada la Ley de Mercado de Capitales y las demás normas que rigen la actividad de los corredores de títulos valores.
La intervención de Humboldt se produjo por efectuar operaciones de permuta de bonos no registradas en la contabilidad de la casa de bolsa y por el registro de pérdidas por 5,2 millones de bolívares asociadas a venta de títulos valores sin contar con los soportes contables.
La Superintendencia también publicó las normas de funcionamiento del registro nacional de valores y las cajas de valores, así como las reglas sobre la información económica y financiera que deben suministrar las personas sometidas al control del organismo.
Multas. La Superintendencia de la Actividad Aseguradora multó cinco compañías de seguros por incumplir disposiciones legales relacionadas con el pago de indemnizaciones a los clientes o la realización de publicidad.
Las multas van entre 20.650 bolívares y 48.800 bolívares, según las resoluciones publicadas en la Gaceta Oficial 39574, y obedecen en su mayoría a indemnizaciones no canceladas o pagadas con retraso.
Las sanciones no se deben a la nueva ley, que entró en vigencia en julio, pues los sucesos ocurrieron antes de esa fecha. Las compañías multadas tendrán un plazo de 15 días hábiles para presentar un recurso de reconsideración.
Publicado en El Nacional
La liquidación de Banvalor y Positiva –intervenidas desde mayo– se decidió porque el organismo determinó que ambas empresas incumplieron de manera reiterada la Ley de Mercado de Capitales y las demás normas que rigen la actividad de los corredores de títulos valores.
La intervención de Humboldt se produjo por efectuar operaciones de permuta de bonos no registradas en la contabilidad de la casa de bolsa y por el registro de pérdidas por 5,2 millones de bolívares asociadas a venta de títulos valores sin contar con los soportes contables.
La Superintendencia también publicó las normas de funcionamiento del registro nacional de valores y las cajas de valores, así como las reglas sobre la información económica y financiera que deben suministrar las personas sometidas al control del organismo.
Multas. La Superintendencia de la Actividad Aseguradora multó cinco compañías de seguros por incumplir disposiciones legales relacionadas con el pago de indemnizaciones a los clientes o la realización de publicidad.
Las multas van entre 20.650 bolívares y 48.800 bolívares, según las resoluciones publicadas en la Gaceta Oficial 39574, y obedecen en su mayoría a indemnizaciones no canceladas o pagadas con retraso.
Las sanciones no se deben a la nueva ley, que entró en vigencia en julio, pues los sucesos ocurrieron antes de esa fecha. Las compañías multadas tendrán un plazo de 15 días hábiles para presentar un recurso de reconsideración.
Publicado en El Nacional
jueves, 16 de diciembre de 2010
Ministerio de Finanzas prepara ley del impuesto al débito bancario
El Ministerio de Planificación y Finanzas prepara la ley para la aplicación del impuesto al débito bancario, en el grupo de las normativas que formarán parte de la Ley Habilitante, solicitada por el Ejecutivo el martes y que pudiera ser aprobada hoy por la Asamblea Nacional.
El tributo, que pechará todas las transacciones financieras que se hagan a través de la banca, se une al conjunto de medidas económicas que implementará el Gobierno a causa de la emergencia nacional creada por las lluvias.
Los técnicos del despacho dirigido por el ministro Jorge Giordani calculan la alícuota que deberá ser cobrada por las operaciones; así como cuáles transacciones quedarán exentas del pago del tributo, dijo una fuente ministerial.
Se espera, según se informó, que todo el paquete de leyes económicas que serán aprobadas y promulgadas por el presidente Hugo Chávez, gracias a los poderes especiales que le otorgará el Parlamento, esté listo antes de que se inicie 2011.
La fuente señaló que el Gobierno trata de adelantarse a la caída de los ingresos que se prevé para el próximo año, que llevó a Giordani a mencionar la necesidad de adelantar una reforma tributaria durante la presentación del presupuesto en la Asamblea Nacional. "La emergencia es el escenario perfecto para tener la excusa de aumentar los impuestos", expresó.
El ministerio, junto con el Seniat, ha analizado desde hace varias semanas la posibilidad de imponer el IDB o el impuesto a las transacciones financieras. No obstante, se tomó la decisión de implementar el primero dada la experiencia que existe para su recaudación.
Más recesión. El economista Ricardo Villasmil señaló que es contradictorio aumentar los impuestos para atender la emergencia por las lluvias. "Es difícil justificar la imposición de una mayor carga tributaria a la gente. Es momento de hacer transferencias a las personas afectadas y no de quitarles dinero", dijo.
José Guerra, director de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela, se pregunta por qué el Gobierno no tiene recursos para atender la emergencia. "Me temo que la razón es que la plata se la gastaron en otras cosas: expropiar empresas, transferir recursos al exterior".
Sobre el argumento de que la alícuota actual del impuesto al valor agregado (12%) es muy baja con relación a otros países y por eso se puede aumentar, esgrimido por Chávez para justificar la medida, los economistas dijeron que tampoco es válido.
"Venezuela tiene la renta que genera el crudo y no puede compararse con otros países de la región que no cuentan con una fuente de ingresos como esa", dijo Villasmil. "En todos los países petroleros los impuestos suelen ser más bajos", agregó Guerra.
Más allá de cuáles sean las razones para incrementar el IVA, los economistas coinciden en que la medida tendrá un efecto recesivo. Villasmil aseguró que el alza del tributo reducirá aún más el consumo, que acumula seis trimestres consecutivos de contracción.
Guerra afirmó que lo peor que se puede hacer en una economía en recesión es subir los impuestos. Recordó que en el incremento del IVA y la reducción del gasto en marzo de 2009 aceleraron la contracción del producto interno bruto, que desde entonces no ha crecido.
Escrito con Blanca Vera Azaf. Publicado en El Nacional
El tributo, que pechará todas las transacciones financieras que se hagan a través de la banca, se une al conjunto de medidas económicas que implementará el Gobierno a causa de la emergencia nacional creada por las lluvias.
Los técnicos del despacho dirigido por el ministro Jorge Giordani calculan la alícuota que deberá ser cobrada por las operaciones; así como cuáles transacciones quedarán exentas del pago del tributo, dijo una fuente ministerial.
Se espera, según se informó, que todo el paquete de leyes económicas que serán aprobadas y promulgadas por el presidente Hugo Chávez, gracias a los poderes especiales que le otorgará el Parlamento, esté listo antes de que se inicie 2011.
La fuente señaló que el Gobierno trata de adelantarse a la caída de los ingresos que se prevé para el próximo año, que llevó a Giordani a mencionar la necesidad de adelantar una reforma tributaria durante la presentación del presupuesto en la Asamblea Nacional. "La emergencia es el escenario perfecto para tener la excusa de aumentar los impuestos", expresó.
El ministerio, junto con el Seniat, ha analizado desde hace varias semanas la posibilidad de imponer el IDB o el impuesto a las transacciones financieras. No obstante, se tomó la decisión de implementar el primero dada la experiencia que existe para su recaudación.
Más recesión. El economista Ricardo Villasmil señaló que es contradictorio aumentar los impuestos para atender la emergencia por las lluvias. "Es difícil justificar la imposición de una mayor carga tributaria a la gente. Es momento de hacer transferencias a las personas afectadas y no de quitarles dinero", dijo.
José Guerra, director de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela, se pregunta por qué el Gobierno no tiene recursos para atender la emergencia. "Me temo que la razón es que la plata se la gastaron en otras cosas: expropiar empresas, transferir recursos al exterior".
Sobre el argumento de que la alícuota actual del impuesto al valor agregado (12%) es muy baja con relación a otros países y por eso se puede aumentar, esgrimido por Chávez para justificar la medida, los economistas dijeron que tampoco es válido.
"Venezuela tiene la renta que genera el crudo y no puede compararse con otros países de la región que no cuentan con una fuente de ingresos como esa", dijo Villasmil. "En todos los países petroleros los impuestos suelen ser más bajos", agregó Guerra.
Más allá de cuáles sean las razones para incrementar el IVA, los economistas coinciden en que la medida tendrá un efecto recesivo. Villasmil aseguró que el alza del tributo reducirá aún más el consumo, que acumula seis trimestres consecutivos de contracción.
Guerra afirmó que lo peor que se puede hacer en una economía en recesión es subir los impuestos. Recordó que en el incremento del IVA y la reducción del gasto en marzo de 2009 aceleraron la contracción del producto interno bruto, que desde entonces no ha crecido.
Escrito con Blanca Vera Azaf. Publicado en El Nacional
Obreros de El Encantado exigieron pago de pasivos
Obreros del conjunto residencial El Encantado, expropiado por el Gobierno en noviembre, trancaron ayer la avenida Francisco de Miranda frente a la sede del Ministerio de Vivienda y Hábitat en Chacao para protestar contra el retraso en la cancelación de reivindicaciones laborales.
Los trabajadores aseguraron que la junta interventora del conjunto, aunque ha cancelado el salario semanal, incumplió el compromiso de honrar los otros pasivos laborales (ticket alimento, horas extras, prestaciones y utilidades) el 30 de noviembre y también la prórroga que se venció ayer.
Néstor Esparza afirmó que antes de la expropiación nunca tuvieron problemas con el pago. "La constructora privada siempre nos cancelaba a tiempo. Ahora todas las semanas nos pagan con retraso el viernes en la tarde o el sábado y nos deben los beneficios".
Calculó que el monto adeudado a cada obrero varía entre 25.000 y 50.000 bolívares, dependiendo de la antigüedad. "Somos 650 trabajadores afectados. La junta interventora dijo que había 7 millardos en caja para asumir los compromisos laborales, no entendemos por qué no lo han hecho".
Herbin Moreno aseguró que la demora en los pagos es injusto porque ellos han cumplido con sus labores e incluso han trabajado horas extras a petición de la junta interventora para acelerar la construcción del conjunto residencial. "Desde la expropiación se han entregado más de 50 apartamentos".
Moreno denunció que la encargada de la junta interventora ignoró los reclamos de los obreros y amenazó con llamar al Ministerio del Trabajo para aplicarles la cláusula de abandono del puesto si salían a manifestar.
Cambio de mando. El Ministerio de Vivienda y Hábitat designó las juntas administradoras de los conjuntos residenciales El Encantado, El Fortín, Lomas de la Hacienda, Mata Linda y San Antonio mediante resoluciones publicadas en la Gaceta Oficial 39573.
Las juntas se encargarán de los actos administrativos necesarios para mantener la continuidad de las obras incluidos pagos a obreros y proveedores y para otorgar la propiedad de las viviendas culminadas, según las resoluciones. Cada mes deberán presentar un informe de gestión al ministerio.
Publicado en El Nacional
Los trabajadores aseguraron que la junta interventora del conjunto, aunque ha cancelado el salario semanal, incumplió el compromiso de honrar los otros pasivos laborales (ticket alimento, horas extras, prestaciones y utilidades) el 30 de noviembre y también la prórroga que se venció ayer.
Néstor Esparza afirmó que antes de la expropiación nunca tuvieron problemas con el pago. "La constructora privada siempre nos cancelaba a tiempo. Ahora todas las semanas nos pagan con retraso el viernes en la tarde o el sábado y nos deben los beneficios".
Calculó que el monto adeudado a cada obrero varía entre 25.000 y 50.000 bolívares, dependiendo de la antigüedad. "Somos 650 trabajadores afectados. La junta interventora dijo que había 7 millardos en caja para asumir los compromisos laborales, no entendemos por qué no lo han hecho".
Herbin Moreno aseguró que la demora en los pagos es injusto porque ellos han cumplido con sus labores e incluso han trabajado horas extras a petición de la junta interventora para acelerar la construcción del conjunto residencial. "Desde la expropiación se han entregado más de 50 apartamentos".
Moreno denunció que la encargada de la junta interventora ignoró los reclamos de los obreros y amenazó con llamar al Ministerio del Trabajo para aplicarles la cláusula de abandono del puesto si salían a manifestar.
Cambio de mando. El Ministerio de Vivienda y Hábitat designó las juntas administradoras de los conjuntos residenciales El Encantado, El Fortín, Lomas de la Hacienda, Mata Linda y San Antonio mediante resoluciones publicadas en la Gaceta Oficial 39573.
Las juntas se encargarán de los actos administrativos necesarios para mantener la continuidad de las obras incluidos pagos a obreros y proveedores y para otorgar la propiedad de las viviendas culminadas, según las resoluciones. Cada mes deberán presentar un informe de gestión al ministerio.
Publicado en El Nacional
miércoles, 15 de diciembre de 2010
Gobierno evalúa incrementar alícuota del IVA hasta 14%
El aumento del impuesto al valor agregado –anunciado por el presidente Hugo Chávez como parte de las medidas que tomará en la Ley Habilitante que solicitó a la Asamblea Nacional– causará una caída del consumo y puede prolongar la recesión económica, según especialistas.
Fuentes gubernamentales indicaron que la alícuota del IVA se incrementaría en 2 puntos para quedar en 14%. Eso permitiría al Fisco contar con ingresos adicionales por 10 millardos de bolívares, según los cálculos del mandatario, que afirmó que obtendrá 5 millardos de bolívares por cada punto que suba.
Para el consumidor, sin embargo, la medida significará una caída de 1,8% en el poder adquisitivo. Con la cuota actual de 12%, una persona que gana el sueldo mínimo de 1.223 bolívares compra bienes por 1.092 bolívares y paga 131 bolívares de IVA. Con la tasa de 14%, cancelará 1.072,8 bolívares por el consumo y 150,2 bolívares por el impuesto.
"El principal impacto del aumento es que deja menos ingreso disponible para la gente. Eso ocasionará un descenso del consumo", expresó el asesor financiero Henkel García. "La medida limitará la capacidad de compra del consumidor, que destinará un mayor porcentaje de lo que gasta al pago del impuesto", añadió el economista Pedro Palma.
Ambos coinciden en que el efecto del incremento del tributo sobre la inflación es limitado. "Tendrá una consecuencia puntual: un alza en el índice de precios del mes en que comience a aplicarse la nueva alícuota", afirmó Palma. "No provocará un aumento significativo", señaló García.
La consecuencia sobre el desempeño económico es más amplia. Palma indicó que la caída del consumo puede prolongar la contracción del producto interno bruto. García dijo que el efecto dependerá de lo que haga el Gobierno con la recaudación adicional. "Si la devuelve a la economía vía gasto público no pasará nada, pero si no lo hace tendrá un efecto recesivo".
Recursos limitados. Chávez ha modificado la alícuota del IVA 9 veces durante su mandato. Entre 1999 y 2000 la redujo de 16% a 14,5%. Entre 2001 y 2002 la subió a 16,5% por la caída del precio del petróleo y los conflictos políticos. Luego vino la bonanza de 2004-2008 y la bajó a un mínimo de 9%.
El valor del crudo volvió a caer a finales de 2008 como consecuencia de la crisis financiera mundial y el Presidente recurrió otra vez al aumento del IVA –esta vez a 12%– en marzo de 2009. Ahora, con el argumento de que necesita recursos para atender la emergencia por las lluvias, propone incrementarlo otra vez.
Palma considera que el aumento del IVA, sumado al ritmo de crecimiento de la deuda pública en los últimos meses, refleja que los recursos del Gobierno son limitados. "El problema es que nadie sabe a ciencia cierta cuánto hay en los fondos parafiscales como el Fonden".
García recuerda que los economistas plantean dos escenarios. Uno es que el Gobierno se está aprovisionando de recursos para afrontar las elecciones presidenciales de 2012. El otro es que la escasez de divisas necesarias para el funcionamiento de la economía es más profunda de lo que se piensa.
Fuentes gubernamentales indicaron que la alícuota del IVA se incrementaría en 2 puntos para quedar en 14%. Eso permitiría al Fisco contar con ingresos adicionales por 10 millardos de bolívares, según los cálculos del mandatario, que afirmó que obtendrá 5 millardos de bolívares por cada punto que suba.
Para el consumidor, sin embargo, la medida significará una caída de 1,8% en el poder adquisitivo. Con la cuota actual de 12%, una persona que gana el sueldo mínimo de 1.223 bolívares compra bienes por 1.092 bolívares y paga 131 bolívares de IVA. Con la tasa de 14%, cancelará 1.072,8 bolívares por el consumo y 150,2 bolívares por el impuesto.
"El principal impacto del aumento es que deja menos ingreso disponible para la gente. Eso ocasionará un descenso del consumo", expresó el asesor financiero Henkel García. "La medida limitará la capacidad de compra del consumidor, que destinará un mayor porcentaje de lo que gasta al pago del impuesto", añadió el economista Pedro Palma.
Ambos coinciden en que el efecto del incremento del tributo sobre la inflación es limitado. "Tendrá una consecuencia puntual: un alza en el índice de precios del mes en que comience a aplicarse la nueva alícuota", afirmó Palma. "No provocará un aumento significativo", señaló García.
La consecuencia sobre el desempeño económico es más amplia. Palma indicó que la caída del consumo puede prolongar la contracción del producto interno bruto. García dijo que el efecto dependerá de lo que haga el Gobierno con la recaudación adicional. "Si la devuelve a la economía vía gasto público no pasará nada, pero si no lo hace tendrá un efecto recesivo".
Recursos limitados. Chávez ha modificado la alícuota del IVA 9 veces durante su mandato. Entre 1999 y 2000 la redujo de 16% a 14,5%. Entre 2001 y 2002 la subió a 16,5% por la caída del precio del petróleo y los conflictos políticos. Luego vino la bonanza de 2004-2008 y la bajó a un mínimo de 9%.
El valor del crudo volvió a caer a finales de 2008 como consecuencia de la crisis financiera mundial y el Presidente recurrió otra vez al aumento del IVA –esta vez a 12%– en marzo de 2009. Ahora, con el argumento de que necesita recursos para atender la emergencia por las lluvias, propone incrementarlo otra vez.
Palma considera que el aumento del IVA, sumado al ritmo de crecimiento de la deuda pública en los últimos meses, refleja que los recursos del Gobierno son limitados. "El problema es que nadie sabe a ciencia cierta cuánto hay en los fondos parafiscales como el Fonden".
García recuerda que los economistas plantean dos escenarios. Uno es que el Gobierno se está aprovisionando de recursos para afrontar las elecciones presidenciales de 2012. El otro es que la escasez de divisas necesarias para el funcionamiento de la economía es más profunda de lo que se piensa.
martes, 14 de diciembre de 2010
El Presidente legislará sobre alquiler y preventa de vivienda
El proyecto de ley de emergencia para terrenos urbanos y vivienda, presentado por el Gobierno para atender la situación causada por las lluvias de las últimas semanas, no será el único que pasará al Poder Ejecutivo gracias a la Ley Habilitante que el presidente Hugo Chávez solicitó el sábado y que la Asamblea Nacional prevé aprobar esta semana.
El diputado Luis Gamargo, presidente de la Comisión de Administración y Servicios del Parlamento, aseguró que las tres legislaciones relacionadas con vivienda, que estaban pendientes en esa instancia, quedarán en manos del primer mandatario. Eso incluye el proyecto de ley de preventa y la reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.
El informe para segunda discusión del proyecto de ley de preventa –aprobado en primera instancia en enero de 2010– recibió el visto bueno de la Comisión de Administración y Servicios Públicos el 10 de noviembre, pero la directiva del Parlamento nunca lo incluyó en la agenda de la plenaria porque estaba a la espera de la propuesta legal que presentaría el Ejecutivo.
Gamargo aclaró que el proyecto de ley de emergencia introducido por el Gobierno, aunque contiene disposiciones relacionadas con las transacciones de inmuebles en construcción, se refiere solamente a viviendas de interés social. Por tanto, el proyecto de ley de preventa que abarca todo el mercado inmobiliario sigue en pie.
La reforma de la Ley de Arrendamientos, en tanto, está pendiente desde 2007, cuando fue aprobada en primera discusión por la plenaria de la Asamblea Nacional. Chávez pidió en varias ocasiones que la modificación incluyese un mecanismo para que los inquilinos con más de 20 años puedan comprar el inmueble donde viven, pero ningún papel de trabajo incorporó la idea.
Agenda por definir. En las otras comisiones vinculadas con el área económica no tienen tan claro si las normas que están en discusión serán aprobadas en lo que queda del período parlamentario actual –los diputados electos en septiembre asumirán el 5 de enero– o pasarán al Poder Ejecutivo para que las sancione dentro de la Ley Habilitante.
El diputado Ricardo Sanguino, presidente de la Comisión de Finanzas, dijo que el objetivo de esa instancia es presentar el informe para segunda discusión en plenaria del proyecto de ley de instituciones del sector bancario –que sustituirá la Ley General de Bancos– en los próximos días, para que la normativa sea sancionada por la Asamblea Nacional.
Sanguino no descartó, sin embargo, que la propuesta legal sea enviada al Ejecutivo en caso de que no se logre el objetivo de aprobarla en el período parlamentario actual. Igual suerte correría el proyecto de ley de banca pública, que está más atrasado porque ni siquiera ha sido aprobado en primera discusión.
El diputado Johnny Milano, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico, desconoce si la reforma de la Ley de Financiamiento y Refinanciamiento Agrícola propuesta por esa instancia –en vista de que la norma se vence el 31 de diciembre– será trabajada en la Asamblea Nacional o pasará a manos del Ejecutivo.
Milano indicó que la reforma busca crear nuevas opciones de refinanciamiento para los productores agrícolas, por los daños que las lluvias recientes causaron al sector primario de la economía.
Publicado en El Nacional
El diputado Luis Gamargo, presidente de la Comisión de Administración y Servicios del Parlamento, aseguró que las tres legislaciones relacionadas con vivienda, que estaban pendientes en esa instancia, quedarán en manos del primer mandatario. Eso incluye el proyecto de ley de preventa y la reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.
El informe para segunda discusión del proyecto de ley de preventa –aprobado en primera instancia en enero de 2010– recibió el visto bueno de la Comisión de Administración y Servicios Públicos el 10 de noviembre, pero la directiva del Parlamento nunca lo incluyó en la agenda de la plenaria porque estaba a la espera de la propuesta legal que presentaría el Ejecutivo.
Gamargo aclaró que el proyecto de ley de emergencia introducido por el Gobierno, aunque contiene disposiciones relacionadas con las transacciones de inmuebles en construcción, se refiere solamente a viviendas de interés social. Por tanto, el proyecto de ley de preventa que abarca todo el mercado inmobiliario sigue en pie.
La reforma de la Ley de Arrendamientos, en tanto, está pendiente desde 2007, cuando fue aprobada en primera discusión por la plenaria de la Asamblea Nacional. Chávez pidió en varias ocasiones que la modificación incluyese un mecanismo para que los inquilinos con más de 20 años puedan comprar el inmueble donde viven, pero ningún papel de trabajo incorporó la idea.
Agenda por definir. En las otras comisiones vinculadas con el área económica no tienen tan claro si las normas que están en discusión serán aprobadas en lo que queda del período parlamentario actual –los diputados electos en septiembre asumirán el 5 de enero– o pasarán al Poder Ejecutivo para que las sancione dentro de la Ley Habilitante.
El diputado Ricardo Sanguino, presidente de la Comisión de Finanzas, dijo que el objetivo de esa instancia es presentar el informe para segunda discusión en plenaria del proyecto de ley de instituciones del sector bancario –que sustituirá la Ley General de Bancos– en los próximos días, para que la normativa sea sancionada por la Asamblea Nacional.
Sanguino no descartó, sin embargo, que la propuesta legal sea enviada al Ejecutivo en caso de que no se logre el objetivo de aprobarla en el período parlamentario actual. Igual suerte correría el proyecto de ley de banca pública, que está más atrasado porque ni siquiera ha sido aprobado en primera discusión.
El diputado Johnny Milano, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico, desconoce si la reforma de la Ley de Financiamiento y Refinanciamiento Agrícola propuesta por esa instancia –en vista de que la norma se vence el 31 de diciembre– será trabajada en la Asamblea Nacional o pasará a manos del Ejecutivo.
Milano indicó que la reforma busca crear nuevas opciones de refinanciamiento para los productores agrícolas, por los daños que las lluvias recientes causaron al sector primario de la economía.
Publicado en El Nacional
domingo, 12 de diciembre de 2010
Gasto público de 2010 creció 47% por créditos adicionales
Los créditos adicionales aprobados durante 2010 confirman lo que la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela advirtió en un documento difundido esta semana: el presupuesto de la nación ha perdido importancia como instrumento de política fiscal porque el Gobierno incurre todos los años en desembolsos extraordinarios que superan en por lo menos 30% el gasto establecido en la ley.
La Asamblea Nacional ha autorizado en lo que va de año 137 solicitudes de créditos adicionales presentadas por el Ejecutivo, por un monto global de 74,7 millardos de bolívares. La cantidad de recursos otorgada por esta vía duplica lo entregado en los años anteriores: entre 2006 y 2009 se aprobaron 141 millardos de bolívares, para un promedio anual de 35 millardos de bolívares.
Los fondos provenientes de los créditos adicionales han llevado el gasto público de 2010 –fijado en 159,4 millardos de bolívares en la Ley de Presupuesto– hasta 234,1 millardos de bolívares, un alza de 47%. Es muy posible que el monto crezca más, porque el Gobierno solicitó al Parlamento recursos para atender la emergencia causada por las lluvias de las últimas semanas.
Práctica común. El crecimiento del gasto público mediante los créditos adicionales ha sido una constante durante la presidencia de Hugo Chávez. La clave está en otro aspecto señalado por la Escuela de Economía de la UCV: la subestimación de los precios del petróleo. "Ello abre un amplio margen para la constitución de fondos manejados al margen del presupuesto nacional", dice el documento.
Entre 2005 y 2008 la cotización de la cesta venezolana de crudo y derivados superó en un promedio de 121% el valor fijado por las autoridades para cada año. Incluso en 2009, pese a la caída del precio petrolero, hubo subestimación: el presupuesto modificado en marzo fijó el precio del barril en 40 dólares y el promedio anual se ubicó en 57,08, según el Ministerio de Energía y Petróleo.
Aunque parte del diferencial entre el valor real y el calculado por las autoridades es anulado por la sobreestimación que se hace de la producción petrolera, que siempre se calcula alrededor de 3,5 millones de barriles diarios cuando las cifras de agencias internacionales mencionan 2,5 millones, igual queda un monto importante de recursos disponibles para el Fisco.
Contracción real. El economista Ángel García Banchs, director de la firma Econométrica, señala que a pesar del incremento significativo del presupuesto de 2010, el gasto público de 234,1 millardos de bolívares acordado hasta ahora apenas supera en 18% al ejecutado en 2009. Eso refleja una disminución de 7% al descontar los efectos de la inflación.
García Banchs considera que la contracción del gasto público en términos reales forma parte de una estrategia de las autoridades para frenar la economía y reducir la demanda de divisas. "El crecimiento del producto interno bruto implica mayores necesidades de moneda extranjera, un bien escaso para el Gobierno en el momento actual".
Agrega que el objetivo de reducir las solicitudes de divisas no se ha logrado por el carácter petropopulista y revolucionario de quienes gobiernan. "Lo primero genera inflación y lo segundo genera riesgo. Ambos llevan a una aversión por el bolívar que incrementa la demanda de moneda dura".
Publicado en El Nacional
La Asamblea Nacional ha autorizado en lo que va de año 137 solicitudes de créditos adicionales presentadas por el Ejecutivo, por un monto global de 74,7 millardos de bolívares. La cantidad de recursos otorgada por esta vía duplica lo entregado en los años anteriores: entre 2006 y 2009 se aprobaron 141 millardos de bolívares, para un promedio anual de 35 millardos de bolívares.
Los fondos provenientes de los créditos adicionales han llevado el gasto público de 2010 –fijado en 159,4 millardos de bolívares en la Ley de Presupuesto– hasta 234,1 millardos de bolívares, un alza de 47%. Es muy posible que el monto crezca más, porque el Gobierno solicitó al Parlamento recursos para atender la emergencia causada por las lluvias de las últimas semanas.
Práctica común. El crecimiento del gasto público mediante los créditos adicionales ha sido una constante durante la presidencia de Hugo Chávez. La clave está en otro aspecto señalado por la Escuela de Economía de la UCV: la subestimación de los precios del petróleo. "Ello abre un amplio margen para la constitución de fondos manejados al margen del presupuesto nacional", dice el documento.
Entre 2005 y 2008 la cotización de la cesta venezolana de crudo y derivados superó en un promedio de 121% el valor fijado por las autoridades para cada año. Incluso en 2009, pese a la caída del precio petrolero, hubo subestimación: el presupuesto modificado en marzo fijó el precio del barril en 40 dólares y el promedio anual se ubicó en 57,08, según el Ministerio de Energía y Petróleo.
Aunque parte del diferencial entre el valor real y el calculado por las autoridades es anulado por la sobreestimación que se hace de la producción petrolera, que siempre se calcula alrededor de 3,5 millones de barriles diarios cuando las cifras de agencias internacionales mencionan 2,5 millones, igual queda un monto importante de recursos disponibles para el Fisco.
Contracción real. El economista Ángel García Banchs, director de la firma Econométrica, señala que a pesar del incremento significativo del presupuesto de 2010, el gasto público de 234,1 millardos de bolívares acordado hasta ahora apenas supera en 18% al ejecutado en 2009. Eso refleja una disminución de 7% al descontar los efectos de la inflación.
García Banchs considera que la contracción del gasto público en términos reales forma parte de una estrategia de las autoridades para frenar la economía y reducir la demanda de divisas. "El crecimiento del producto interno bruto implica mayores necesidades de moneda extranjera, un bien escaso para el Gobierno en el momento actual".
Agrega que el objetivo de reducir las solicitudes de divisas no se ha logrado por el carácter petropopulista y revolucionario de quienes gobiernan. "Lo primero genera inflación y lo segundo genera riesgo. Ambos llevan a una aversión por el bolívar que incrementa la demanda de moneda dura".
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sábado, 11 de diciembre de 2010
Gobierno ejecutó 13,5% de inversión para vivienda
El discurso gubernamental de las semanas recientes ha estado lleno de anuncios en materia de vivienda. Pero, a juzgar por lo realizado hasta ahora, pocos llegarán a concretarse: un informe del Cieca, Centro de Investigaciones Económicas, muestra que el Gobierno ejecutó 13,5% de la inversión prometida para viviendas desde 2005.
La institución afirma que en los últimos 5 años las autoridades han anunciado desembolsos por 52,1 millardos de dólares –equivalentes a 10,4% de los ingresos fiscales del período– para proyectos destinados a reducir el déficit de viviendas que existe en Venezuela, calculado en 2 millones de unidades por los especialistas.
La inversión ejecutada desde 2005, sin embargo, sumó 7 millardos de dólares, calcula el Cieca sobre la base de la cantidad de viviendas terminadas por el sector público cada año –que estuvo entre un mínimo de 14.667 en 2010 y un máximo de 48.000 en 2006– y el costo unitario de cada una.
"Si se hubiese ejecutado el monto anunciado, se habrían construido 1.417.849 viviendas. En realidad, en este período se han concluido 182.511 unidades. Es decir, 1.235.338 menos que lo prometido. El monto dejado de ejecutar es de 45,1 millardos de dólares", precisa el informe.
El Cieca destaca que buena parte de las inversiones anunciadas por el Gobierno en los últimos años están vinculadas a convenios bilaterales con países como Bielorrusia, Brasil, China, Cuba, Irán, Portugal, Rusia, Turquía y Uruguay. Hasta ahora se desconoce el número de viviendas edificadas mediante esos acuerdos.
El peor promedio. El informe del Cieca calcula que la cantidad de viviendas construidas por el sector público desde 1999 hasta la fecha asciende a 296.047, lo cual arroja un promedio anual de 29.605 unidades durante la presidencia de Hugo Chávez. La cifra es menos de la mitad de lo edificado por gobiernos anteriores.
Agrega que los mejores resultados se registraron entre 1979 y 1988 –en las gestiones presidenciales de Luis Herrera Campins y Jaime Lusinchi– con un total de 759.632 unidades edificadas. El promedio anual del período fue 75.963, 56,6% más que el Gobierno actual.
En el lapso de 1969 a 1978 –durante los primeros gobiernos de Rafael Caldera y Carlos Andrés Pérez– se construyeron 655.699 viviendas, para una media anual de 65.570. Entre 1989 y 1998, con Pérez y Caldera en la Presidencia por segunda vez, se levantaron 618.150 en total y 61.815 cada año.
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La institución afirma que en los últimos 5 años las autoridades han anunciado desembolsos por 52,1 millardos de dólares –equivalentes a 10,4% de los ingresos fiscales del período– para proyectos destinados a reducir el déficit de viviendas que existe en Venezuela, calculado en 2 millones de unidades por los especialistas.
La inversión ejecutada desde 2005, sin embargo, sumó 7 millardos de dólares, calcula el Cieca sobre la base de la cantidad de viviendas terminadas por el sector público cada año –que estuvo entre un mínimo de 14.667 en 2010 y un máximo de 48.000 en 2006– y el costo unitario de cada una.
"Si se hubiese ejecutado el monto anunciado, se habrían construido 1.417.849 viviendas. En realidad, en este período se han concluido 182.511 unidades. Es decir, 1.235.338 menos que lo prometido. El monto dejado de ejecutar es de 45,1 millardos de dólares", precisa el informe.
El Cieca destaca que buena parte de las inversiones anunciadas por el Gobierno en los últimos años están vinculadas a convenios bilaterales con países como Bielorrusia, Brasil, China, Cuba, Irán, Portugal, Rusia, Turquía y Uruguay. Hasta ahora se desconoce el número de viviendas edificadas mediante esos acuerdos.
El peor promedio. El informe del Cieca calcula que la cantidad de viviendas construidas por el sector público desde 1999 hasta la fecha asciende a 296.047, lo cual arroja un promedio anual de 29.605 unidades durante la presidencia de Hugo Chávez. La cifra es menos de la mitad de lo edificado por gobiernos anteriores.
Agrega que los mejores resultados se registraron entre 1979 y 1988 –en las gestiones presidenciales de Luis Herrera Campins y Jaime Lusinchi– con un total de 759.632 unidades edificadas. El promedio anual del período fue 75.963, 56,6% más que el Gobierno actual.
En el lapso de 1969 a 1978 –durante los primeros gobiernos de Rafael Caldera y Carlos Andrés Pérez– se construyeron 655.699 viviendas, para una media anual de 65.570. Entre 1989 y 1998, con Pérez y Caldera en la Presidencia por segunda vez, se levantaron 618.150 en total y 61.815 cada año.
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Ley de emergencia de vivienda niega atribuciones
a municipios
Cedice denunció que el Gobierno aprovecha la tragedia generada por las lluvias registradas en las últimas semanas para promover normativas que atentan contra la Constitución de 1999, como las cinco legislaciones relacionadas con el poder comunal y el proyecto de ley de emergencia para terrenos urbanos y vivienda.
"Mientras esta tragedia ocurre, el régimen a oscuras, escudándose en su abusiva mayoría en la Asamblea Nacional, continúa expropiando empresas y aprobando leyes comunistas", dijo Rafael Alfonzo, presidente de Cedice. Agregó que la legislación para terrenos urbanos y vivienda, así como otras acciones emprendidas en días recientes, tratan el problema habitacional como si hubiera estado de excepción.
Alfonzo indicó que el proyecto de ley niega las competencias urbanísticas que tienen estados y municipios, además de privarlos de fondos y terrenos para construir viviendas, y concentra todas las decisiones y los recursos en el Presidente.
"Es una ley con visos de inconstitucionalidad", aseguró el abogado Tomás Arias, del Observatorio de Propiedad Privada de Cedice. "Se presenta como una solución al déficit de vivienda, pero no resolverá nada porque parte de las mismas premisas erradas".
Arias cuestionó que la legislación cree un organismo gubernamental análogo al Instituto Nacional de Tierras para llevar a las ciudades –y específicamente al mercado inmobiliario– la política de expropiaciones e intervenciones implementada en las zonas rurales.
También criticó la intención gubernamental de fijar los precios de terrenos e inmuebles a través de la creación de la moneda de la construcción. Agregó que la norma agravará el problema de vivienda, porque ningún empresario edificará en las condiciones impuestas.
Sobre las normativas vinculadas con el poder comunal, Arias señaló que representan un mecanismo del Gobierno para burlar los resultados del referendo realizado en 2007, cuando la población rechazó la reforma constitucional propuesta por el Ejecutivo.
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"Mientras esta tragedia ocurre, el régimen a oscuras, escudándose en su abusiva mayoría en la Asamblea Nacional, continúa expropiando empresas y aprobando leyes comunistas", dijo Rafael Alfonzo, presidente de Cedice. Agregó que la legislación para terrenos urbanos y vivienda, así como otras acciones emprendidas en días recientes, tratan el problema habitacional como si hubiera estado de excepción.
Alfonzo indicó que el proyecto de ley niega las competencias urbanísticas que tienen estados y municipios, además de privarlos de fondos y terrenos para construir viviendas, y concentra todas las decisiones y los recursos en el Presidente.
"Es una ley con visos de inconstitucionalidad", aseguró el abogado Tomás Arias, del Observatorio de Propiedad Privada de Cedice. "Se presenta como una solución al déficit de vivienda, pero no resolverá nada porque parte de las mismas premisas erradas".
Arias cuestionó que la legislación cree un organismo gubernamental análogo al Instituto Nacional de Tierras para llevar a las ciudades –y específicamente al mercado inmobiliario– la política de expropiaciones e intervenciones implementada en las zonas rurales.
También criticó la intención gubernamental de fijar los precios de terrenos e inmuebles a través de la creación de la moneda de la construcción. Agregó que la norma agravará el problema de vivienda, porque ningún empresario edificará en las condiciones impuestas.
Sobre las normativas vinculadas con el poder comunal, Arias señaló que representan un mecanismo del Gobierno para burlar los resultados del referendo realizado en 2007, cuando la población rechazó la reforma constitucional propuesta por el Ejecutivo.
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viernes, 10 de diciembre de 2010
La deuda interna subió 56,2% hasta septiembre
La caída de la renta petrolera el año pasado y la recesión económica que lleva seis trimestres consecutivos aumentaron las necesidades de financiamiento del Gobierno. En ese contexto, la deuda pública se incrementó en 2009 y 2010 a un ritmo más acelerado.
El Ministerio de Planificación y Finanzas reportó que el endeudamiento interno llegó a 83 millardos de bolívares en septiembre, lo que significa un alza de 56,2% con respecto al saldo de 53,2 millardos de bolívares que mostró al cierre de 2009.
En comparación con diciembre de 2008, cuando los compromisos internos sumaban 30,5 millardos de bolívares, el aumento es 172%. La deuda externa, en cambio, se incrementó 4,8% en relación con 2009 y 23,4% con respecto a 2008, para totalizar 36,85 millardos de dólares en septiembre.
El Gobierno ha preferido subsanar las insuficiencias presupuestarias con endeudamiento interno porque le resulta muy costoso acudir al mercado foráneo, dado el elevado riesgo país de Venezuela y la aprehensión de los inversionistas por el efecto de la crisis financiera mundial.
Aunque el incremento de los compromisos se esperaba, porque la ley especial de endeudamiento de 2010 autorizó al Gobierno a contratar hasta 45 millardos de bolívares, economistas insisten en que el ritmo al que crece la deuda pública es alarmante.
Entre 2008 y 2009 la relación entre endeudamiento y producto interno bruto pasó de 14,2% a 18,4%, según el Ministerio de Planificación y Finanzas.
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El Ministerio de Planificación y Finanzas reportó que el endeudamiento interno llegó a 83 millardos de bolívares en septiembre, lo que significa un alza de 56,2% con respecto al saldo de 53,2 millardos de bolívares que mostró al cierre de 2009.
En comparación con diciembre de 2008, cuando los compromisos internos sumaban 30,5 millardos de bolívares, el aumento es 172%. La deuda externa, en cambio, se incrementó 4,8% en relación con 2009 y 23,4% con respecto a 2008, para totalizar 36,85 millardos de dólares en septiembre.
El Gobierno ha preferido subsanar las insuficiencias presupuestarias con endeudamiento interno porque le resulta muy costoso acudir al mercado foráneo, dado el elevado riesgo país de Venezuela y la aprehensión de los inversionistas por el efecto de la crisis financiera mundial.
Aunque el incremento de los compromisos se esperaba, porque la ley especial de endeudamiento de 2010 autorizó al Gobierno a contratar hasta 45 millardos de bolívares, economistas insisten en que el ritmo al que crece la deuda pública es alarmante.
Entre 2008 y 2009 la relación entre endeudamiento y producto interno bruto pasó de 14,2% a 18,4%, según el Ministerio de Planificación y Finanzas.
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jueves, 9 de diciembre de 2010
4,9% subieron precios al por mayor de carne y pollo
Los precios al por mayor aumentaron 1,2% en noviembre impulsados por el encarecimiento de los rubros alimenticios. El índice del Banco Central de Venezuela muestra que el mes pasado los detallistas pagaron 4,9% más por los productos avícolas y pecuarios; 1,8% por los agrícolas; 1,7% por los pescados y mariscos; y 1,6% por los alimentos procesados.
La inflación de los rubros alimenticios en la cadena mayorista durante noviembre es superior a la registrada en los establecimientos minoristas. El índice nacional de precios al consumidor, elaborado por el BCV y el Instituto Nacional de Estadísticas, mostró que alimentos y bebidas no alcohólicas se encarecieron 1,5% el mes pasado.
El Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros –que reportó un incremento de 1,2% en el costo de la canasta alimentaria familiar– también informó que el rubro carnes y preparados estuvo entre los más inflacionarios con un alza de 3,1% en el mes.
La institución señaló que el kilo de carne de res se consigue a 24,8 y 32 bolívares, según el tipo, lo que duplica los precios regulados de 11,9 y 17,6 bolívares. El de pernil cuesta 41,4 bolívares, 84% más que el controlado de 22,5 bolívares. El de pollo 13,9 bolívares, 22,9% por encima del importe de 11,3 bolívares fijado por el Gobierno.
Entre los primeros. Los rubros alimenticios también son los que más se han encarecido en la cadena mayorista en los últimos 12 meses. Los productos agrícolas encabezan la lista con un aumento de 42,8%. Los avícolas y pecuarios figuran terceros con un incremento de 26,6%. Los alimentos procesados se ubican cuartos con un alza de 24,1%.
El único rubro no relacionado con la alimentación que se cuela entre los más inflacionarios es actividades de edición e impresión, cuyos precios al por mayor registran un aumento de 33,3% en el mencionado periodo. El índice general acumula un incremento de 23,3%.
Las variaciones anualizadas más bajas se registran en rubros como productos de madera y corcho –incluye muebles– con un alza de 3,1%; textiles y cuero, con un aumento de 7,4%; y equipos de oficina, contabilidad e informática, con un repunte de 9,6%.
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La inflación de los rubros alimenticios en la cadena mayorista durante noviembre es superior a la registrada en los establecimientos minoristas. El índice nacional de precios al consumidor, elaborado por el BCV y el Instituto Nacional de Estadísticas, mostró que alimentos y bebidas no alcohólicas se encarecieron 1,5% el mes pasado.
El Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros –que reportó un incremento de 1,2% en el costo de la canasta alimentaria familiar– también informó que el rubro carnes y preparados estuvo entre los más inflacionarios con un alza de 3,1% en el mes.
La institución señaló que el kilo de carne de res se consigue a 24,8 y 32 bolívares, según el tipo, lo que duplica los precios regulados de 11,9 y 17,6 bolívares. El de pernil cuesta 41,4 bolívares, 84% más que el controlado de 22,5 bolívares. El de pollo 13,9 bolívares, 22,9% por encima del importe de 11,3 bolívares fijado por el Gobierno.
Entre los primeros. Los rubros alimenticios también son los que más se han encarecido en la cadena mayorista en los últimos 12 meses. Los productos agrícolas encabezan la lista con un aumento de 42,8%. Los avícolas y pecuarios figuran terceros con un incremento de 26,6%. Los alimentos procesados se ubican cuartos con un alza de 24,1%.
El único rubro no relacionado con la alimentación que se cuela entre los más inflacionarios es actividades de edición e impresión, cuyos precios al por mayor registran un aumento de 33,3% en el mencionado periodo. El índice general acumula un incremento de 23,3%.
Las variaciones anualizadas más bajas se registran en rubros como productos de madera y corcho –incluye muebles– con un alza de 3,1%; textiles y cuero, con un aumento de 7,4%; y equipos de oficina, contabilidad e informática, con un repunte de 9,6%.
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Presupuesto de 2011 subestima ingresos
La Ley de Presupuesto de 2011, sancionada por la Asamblea Nacional ayer, deja un amplio margen para que el Gobierno maneje fondos extrapresupuestarios al subestimar los ingresos petroleros y tributarios, advierte la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela en un documento.
En el escrito cuestiona que el presupuesto se haga sobre la base de un precio petrolero de 40 dólares por barril, cuando la cotización de la cesta venezolana de crudo y derivados en 2010 promedia más de 70 dólares, y cuando todas las proyecciones apuntan a que el valor del hidrocarburo mantendrá una tendencia moderadamente alcista en 2011.
Agrega que las metas de recaudación tributaria tampoco se corresponden con la realidad, porque arrojan una relación de 5,62% entre el impuesto al valor agregado principal fuente de ingresos no petroleros y el producto interno bruto. "La proporción es inverosímil, habida cuenta de que está por debajo del promedio histórico de 6,62%".
La subestimación de los ingresos lleva a menospreciar los gastos. El presupuesto autoriza al Gobierno erogaciones por 204,2 millardos de bolívares. El monto es inferior al egreso real de 2010, que aumentó hasta 219 milllardos –desde los 159 millardos calculados inicialmente– gracias a los créditos adicionales.
La Escuela de Economía considera que la práctica gubernamental ha hecho que el presupuesto pierda importancia como instrumento de política fiscal. "El Gobierno incurre en un conjunto de gastos que se traducen en erogaciones al menos 30% superiores a las establecidas en la ley. El gasto acordado es una referencia imperfecta".
Señala que al no tomarse en cuenta a Fonden y Pdvsa, que son dos organismos fundamentales en la asignación de recursos y la ejecución del gasto, el presupuesto se convierte en "una mera referencia legal, sin ningún tipo de obligación que haga efectivo su cumplimiento".
La Ley de Presupuesto de 2011 fue aprobada sólo por los parlamentarios del PSUV. Los diputados de Podemos, Patria Para Todos y el Bloque Humanista salvaron el voto porque consideran que el documento no se corresponde con la realidad económica del país.
La Asamblea Nacional también aprobó ayer la Ley Especial de Endeudamiento de 2011, que permite al Gobierno adquirir compromisos por un máximo de 52,2 millardos de bolívares y desembolsar recursos provenientes de deuda hasta 40,4 millardos de bolívares.
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En el escrito cuestiona que el presupuesto se haga sobre la base de un precio petrolero de 40 dólares por barril, cuando la cotización de la cesta venezolana de crudo y derivados en 2010 promedia más de 70 dólares, y cuando todas las proyecciones apuntan a que el valor del hidrocarburo mantendrá una tendencia moderadamente alcista en 2011.
Agrega que las metas de recaudación tributaria tampoco se corresponden con la realidad, porque arrojan una relación de 5,62% entre el impuesto al valor agregado principal fuente de ingresos no petroleros y el producto interno bruto. "La proporción es inverosímil, habida cuenta de que está por debajo del promedio histórico de 6,62%".
La subestimación de los ingresos lleva a menospreciar los gastos. El presupuesto autoriza al Gobierno erogaciones por 204,2 millardos de bolívares. El monto es inferior al egreso real de 2010, que aumentó hasta 219 milllardos –desde los 159 millardos calculados inicialmente– gracias a los créditos adicionales.
La Escuela de Economía considera que la práctica gubernamental ha hecho que el presupuesto pierda importancia como instrumento de política fiscal. "El Gobierno incurre en un conjunto de gastos que se traducen en erogaciones al menos 30% superiores a las establecidas en la ley. El gasto acordado es una referencia imperfecta".
Señala que al no tomarse en cuenta a Fonden y Pdvsa, que son dos organismos fundamentales en la asignación de recursos y la ejecución del gasto, el presupuesto se convierte en "una mera referencia legal, sin ningún tipo de obligación que haga efectivo su cumplimiento".
La Ley de Presupuesto de 2011 fue aprobada sólo por los parlamentarios del PSUV. Los diputados de Podemos, Patria Para Todos y el Bloque Humanista salvaron el voto porque consideran que el documento no se corresponde con la realidad económica del país.
La Asamblea Nacional también aprobó ayer la Ley Especial de Endeudamiento de 2011, que permite al Gobierno adquirir compromisos por un máximo de 52,2 millardos de bolívares y desembolsar recursos provenientes de deuda hasta 40,4 millardos de bolívares.
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miércoles, 8 de diciembre de 2010
Gobierno controlará fondos para la innovación
Daniel Rodríguez cursa un programa de especialización que la empresa dónde trabaja financia a los empleados, con el objetivo de modernizar el proceso de producción para reducir los costos. Carolina Ferreira paga un monto mínimo por los estudios de posgrado, pues una compañía transnacional subsidia la universidad, con el propósito de impulsar la investigación en el área en que se desempeña.
Los ejemplos anteriores muestran algunas de las formas que tenían las empresas con ingresos brutos superiores a 100.000 unidades tributarias (6,5 millones de bolívares) para cumplir con el aporte obligatorio que impone la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación desde 2005. El proyecto de reforma que se discute en la Asamblea Nacional, sin embargo, impedirá que las compañías manejen los recursos por su cuenta.
"Todos los aportes deberán ser consignados ante el órgano financiero de los fondos destinados a ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones", dice el artículo 23 de la propuesta. El artículo 40 precisa que se trata del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que luego se encargará de repartir el dinero entre personas e instituciones que soliciten recursos para investigación.
El abogado Edgardo Malavé, corredactor de la Locti vigente, afirma que la modificación planteada por el Ejecutivo convierte el aporte para ciencia y tecnología en una contribución similar a la que debe pagarse al Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista. "El impacto económico para las empresas es muy grande, porque la base de cálculo del monto que se debe pagar son los ingresos brutos", advierte.
Malavé recuerda que hasta la fecha el impacto económico era compensado parcialmente por los beneficios directos que las empresas recibían al invertir en la capacitación de personal, la modernización de procedimientos o la investigación relacionada con su área de negocio. Pero ahora las compañías entregarán el dinero sin saber si los programas y proyectos que le interesan recibirán el financiamiento del Fonacit.
Miguel Mónaco, abogado y profesor universitario de Derecho Público, considera que la reforma limitará la inversión en ciencia y tecnología dentro de las propias empresas. "Por la magnitud del aporte, será muy difícil para algunas compañías cancelar al Fonacit y aparte financiar proyectos internos. No les queda otra que presentar sus proyectos al organismo gubernamental y esperar que les asignen fondos".
Más lento. El problema de esperar los recursos del Fonacit señala Malavé es que el organismo se convertirá en una alcabala por la que tendrán que pasar todas las solicitudes de fondos para la investigación científica y tecnológica. "Operación Sonrisa, por ejemplo, ya no podrá pedirles a las compañías fondos descontables de la obligación por Locti. Ahora tendrá que presentar sus proyectos al Fonacit para que le apruebe recursos", indica.
Agrega que eso introducirá factores como "la tendencia política, la discrecionalidad y el amiguismo" en la decisión de a quién se asignarán los recursos. También ralentizará el proceso de investigación pues el Fonacit no está capacitado para procesar las solicitudes de 6.000 personas e instituciones inscritas en el registro de beneficiarios. "El dinero irá a engrosar cuentas bancarias y se quedará inoperante por mucho tiempo".
Mónaco advierte que lo más grave es que la aprobación de recursos estará condicionada a parámetros políticos. "La autoridad nacional con competencia en ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones evaluará y seleccionará los programas y proyectos que califiquen para su financiamiento en las áreas definidas en el plan de desarrollo económico-social de la nación", dice el artículo 15 de la propuesta de reforma.
Los abogados señalan como otro factor preocupante la modificación del artículo 3 que define los sujetos de la ley para agregar a las comunas que realicen actividades de ciencia, tecnología e innovación. No sólo porque esta forma de organización social promovida por el Gobierno no está establecida en la Constitución, sino porque su inclusión revela que parte de los aportes empresariales serán para financiar proyectos comunales.
También preocupa a los especialistas que se haya suprimido la palabra empresa del artículo. Lo mismo se hizo en la disposición número 27, que describe las actividades "consideradas como factibles de ser llevadas a cabo con los aportes a la ciencia, la tecnología, la innovación y sus aplicaciones". Eso genera temores de que el sector privado sea excluido de la entrega de financiamiento del Fonacit.
Además cuando se incluye la investigación para el desarrollo de nuevos procesos tecnológicos, esquemas organizativos, bienes o procedimientos entre las actividades por financiar con los aportes empresariales, se sustituye el objetivo de mejorar la competitividad y la calidad productiva incluido en la Locti vigente por el de resolver problemas concretos de la población venezolana.
Supervisión posterior. El diputado Manuel Villalba, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Comunicación Social de la Asamblea Nacional, defiende la reforma propuesta para la Locti con el argumento de que la situación actual en que "las empresas manejan a su antojo 95% del aporte previsto en la normativa y sólo entregan al Fonacit 5%" atenta contra la investigación del sector público.
Malavé dice que el Fonacit recibe un porcentaje tan pequeño de los aportes empresariales porque carece de programas y proyectos de investigación suficientes. "Ni siquiera es capaz de ejecutar su propio presupuesto, qué va a hacer con más dinero". Agrega que el objetivo de la norma no es dar recursos a los organismos gubernamentales sino promover que el sector privado invierta en ciencia y tecnología.
Villalba también argumenta que no había un control estatal sobre el aporte. Mónaco replica que el hecho de que las empresas manejarán el dinero por su cuenta, ya sea para invertirlo en proyectos propios o para financiar programas de terceros, no implicaba una ausencia de supervisión de los entes gubernamentales. "Se hace un control posterior, de manera que el elemento burocrático no obstruya el avance científico".
Mónaco destaca que en la Locti vigente se establecen claramente cuáles son las actividades internas y externas que las empresas pueden financiar para cumplir con su obligación de invertir en la ciencia y la tecnología. Además, hay sanciones para las compañías que no realizan ningún aporte y para aquellas que financian actividades distintas a las estipuladas en la ley.
Malavé indica que si el Gobierno era incapaz de supervisar los aportes, como afirma el diputado, también será incompetente para manejar los recursos que las empresas entregarán y distribuirlos entre quienes se dedican a la investigación científica y tecnológica. "El Estado no puede alegar su propia incapacidad. Si el Seniat tiene una estructura para fiscalizar el pago de impuestos, por qué el Fonacit no puede hacer lo mismo".
Publicado en El Nacional
Los ejemplos anteriores muestran algunas de las formas que tenían las empresas con ingresos brutos superiores a 100.000 unidades tributarias (6,5 millones de bolívares) para cumplir con el aporte obligatorio que impone la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación desde 2005. El proyecto de reforma que se discute en la Asamblea Nacional, sin embargo, impedirá que las compañías manejen los recursos por su cuenta.
"Todos los aportes deberán ser consignados ante el órgano financiero de los fondos destinados a ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones", dice el artículo 23 de la propuesta. El artículo 40 precisa que se trata del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que luego se encargará de repartir el dinero entre personas e instituciones que soliciten recursos para investigación.
El abogado Edgardo Malavé, corredactor de la Locti vigente, afirma que la modificación planteada por el Ejecutivo convierte el aporte para ciencia y tecnología en una contribución similar a la que debe pagarse al Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista. "El impacto económico para las empresas es muy grande, porque la base de cálculo del monto que se debe pagar son los ingresos brutos", advierte.
Malavé recuerda que hasta la fecha el impacto económico era compensado parcialmente por los beneficios directos que las empresas recibían al invertir en la capacitación de personal, la modernización de procedimientos o la investigación relacionada con su área de negocio. Pero ahora las compañías entregarán el dinero sin saber si los programas y proyectos que le interesan recibirán el financiamiento del Fonacit.
Miguel Mónaco, abogado y profesor universitario de Derecho Público, considera que la reforma limitará la inversión en ciencia y tecnología dentro de las propias empresas. "Por la magnitud del aporte, será muy difícil para algunas compañías cancelar al Fonacit y aparte financiar proyectos internos. No les queda otra que presentar sus proyectos al organismo gubernamental y esperar que les asignen fondos".
Más lento. El problema de esperar los recursos del Fonacit señala Malavé es que el organismo se convertirá en una alcabala por la que tendrán que pasar todas las solicitudes de fondos para la investigación científica y tecnológica. "Operación Sonrisa, por ejemplo, ya no podrá pedirles a las compañías fondos descontables de la obligación por Locti. Ahora tendrá que presentar sus proyectos al Fonacit para que le apruebe recursos", indica.
Agrega que eso introducirá factores como "la tendencia política, la discrecionalidad y el amiguismo" en la decisión de a quién se asignarán los recursos. También ralentizará el proceso de investigación pues el Fonacit no está capacitado para procesar las solicitudes de 6.000 personas e instituciones inscritas en el registro de beneficiarios. "El dinero irá a engrosar cuentas bancarias y se quedará inoperante por mucho tiempo".
Mónaco advierte que lo más grave es que la aprobación de recursos estará condicionada a parámetros políticos. "La autoridad nacional con competencia en ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones evaluará y seleccionará los programas y proyectos que califiquen para su financiamiento en las áreas definidas en el plan de desarrollo económico-social de la nación", dice el artículo 15 de la propuesta de reforma.
Los abogados señalan como otro factor preocupante la modificación del artículo 3 que define los sujetos de la ley para agregar a las comunas que realicen actividades de ciencia, tecnología e innovación. No sólo porque esta forma de organización social promovida por el Gobierno no está establecida en la Constitución, sino porque su inclusión revela que parte de los aportes empresariales serán para financiar proyectos comunales.
También preocupa a los especialistas que se haya suprimido la palabra empresa del artículo. Lo mismo se hizo en la disposición número 27, que describe las actividades "consideradas como factibles de ser llevadas a cabo con los aportes a la ciencia, la tecnología, la innovación y sus aplicaciones". Eso genera temores de que el sector privado sea excluido de la entrega de financiamiento del Fonacit.
Además cuando se incluye la investigación para el desarrollo de nuevos procesos tecnológicos, esquemas organizativos, bienes o procedimientos entre las actividades por financiar con los aportes empresariales, se sustituye el objetivo de mejorar la competitividad y la calidad productiva incluido en la Locti vigente por el de resolver problemas concretos de la población venezolana.
Supervisión posterior. El diputado Manuel Villalba, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Comunicación Social de la Asamblea Nacional, defiende la reforma propuesta para la Locti con el argumento de que la situación actual en que "las empresas manejan a su antojo 95% del aporte previsto en la normativa y sólo entregan al Fonacit 5%" atenta contra la investigación del sector público.
Malavé dice que el Fonacit recibe un porcentaje tan pequeño de los aportes empresariales porque carece de programas y proyectos de investigación suficientes. "Ni siquiera es capaz de ejecutar su propio presupuesto, qué va a hacer con más dinero". Agrega que el objetivo de la norma no es dar recursos a los organismos gubernamentales sino promover que el sector privado invierta en ciencia y tecnología.
Villalba también argumenta que no había un control estatal sobre el aporte. Mónaco replica que el hecho de que las empresas manejarán el dinero por su cuenta, ya sea para invertirlo en proyectos propios o para financiar programas de terceros, no implicaba una ausencia de supervisión de los entes gubernamentales. "Se hace un control posterior, de manera que el elemento burocrático no obstruya el avance científico".
Mónaco destaca que en la Locti vigente se establecen claramente cuáles son las actividades internas y externas que las empresas pueden financiar para cumplir con su obligación de invertir en la ciencia y la tecnología. Además, hay sanciones para las compañías que no realizan ningún aporte y para aquellas que financian actividades distintas a las estipuladas en la ley.
Malavé indica que si el Gobierno era incapaz de supervisar los aportes, como afirma el diputado, también será incompetente para manejar los recursos que las empresas entregarán y distribuirlos entre quienes se dedican a la investigación científica y tecnológica. "El Estado no puede alegar su propia incapacidad. Si el Seniat tiene una estructura para fiscalizar el pago de impuestos, por qué el Fonacit no puede hacer lo mismo".
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Industria preocupada por reforma de la Locti
Conindustria se unió a los sectores académicos, empresariales y políticos que cuestionan el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, que se discute en la Asamblea Nacional, e hizo un llamado a los poderes Ejecutivo y Legislativo para que reconsideren la modificación.
"El sector industrial venezolano quiere hacer pública su preocupación por los efectos que la reforma tendrá sobre la actividad productiva, los trabajadores y las organizaciones no gubernamentales que se benefician de los aportes de la empresa privada", dijo el gremio en un comunicado.
A los industriales les preocupa que la modificación suprima la posibilidad de destinar los recursos correspondientes al aporte obligatorio establecido en la Locti a proyectos específicos de cada empresa, incluidos programas de capacitación de personal y modernización de procedimientos.
"Estos cambios en la ley se convertirán en un duro golpe para la innovación, el desarrollo tecnológico, la investigación científica y la actividad educativa, por cuanto las empresas tendrán que entregar el aporte al gobierno y después solicitarlo para ejecutar sus planes de inversión en la materia".
También les inquieta que la reforma impida a las compañías financiar de manera directa los programas de instituciones educativas y organizaciones no gubernamentales. "Esto significa que los aportes de la empresa privada a la investigación en este tipo de instituciones quedarían suspendidos".
Conindustria lamentó que la modificación de la normativa, en vez de incluir nuevos incentivos para el desarrollo tecnológico, imponga "restricciones que tendrán un significativo impacto económico y social". Por eso insistió en la necesidad de reconsiderar los cambios propuestos.
La segunda discusión del proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación figuraba como el octavo punto en la agenda de la plenaria de ayer en la Asamblea Nacional. Al cierre de esta edición, sin embargo, no se había realizado el debate.
El lunes Enrique Rubio, en nombre de un grupo de organizaciones y personas vinculadas con el quehacer científico, entregó una carta a la directiva del Parlamento para solicitar un derecho de palabra que no fue concedido durante la segunda discusión del proyecto.
El grupo pide posponer el debate y reabrir la consulta pública de la reforma. "Las políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación, antes de ser legales, administrativos y operativos, deben tener la más amplia aceptación por todos los sectores vinculados a dicha materia", señala el documento.
Publicado en El Nacional
"El sector industrial venezolano quiere hacer pública su preocupación por los efectos que la reforma tendrá sobre la actividad productiva, los trabajadores y las organizaciones no gubernamentales que se benefician de los aportes de la empresa privada", dijo el gremio en un comunicado.
A los industriales les preocupa que la modificación suprima la posibilidad de destinar los recursos correspondientes al aporte obligatorio establecido en la Locti a proyectos específicos de cada empresa, incluidos programas de capacitación de personal y modernización de procedimientos.
"Estos cambios en la ley se convertirán en un duro golpe para la innovación, el desarrollo tecnológico, la investigación científica y la actividad educativa, por cuanto las empresas tendrán que entregar el aporte al gobierno y después solicitarlo para ejecutar sus planes de inversión en la materia".
También les inquieta que la reforma impida a las compañías financiar de manera directa los programas de instituciones educativas y organizaciones no gubernamentales. "Esto significa que los aportes de la empresa privada a la investigación en este tipo de instituciones quedarían suspendidos".
Conindustria lamentó que la modificación de la normativa, en vez de incluir nuevos incentivos para el desarrollo tecnológico, imponga "restricciones que tendrán un significativo impacto económico y social". Por eso insistió en la necesidad de reconsiderar los cambios propuestos.
La segunda discusión del proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación figuraba como el octavo punto en la agenda de la plenaria de ayer en la Asamblea Nacional. Al cierre de esta edición, sin embargo, no se había realizado el debate.
El lunes Enrique Rubio, en nombre de un grupo de organizaciones y personas vinculadas con el quehacer científico, entregó una carta a la directiva del Parlamento para solicitar un derecho de palabra que no fue concedido durante la segunda discusión del proyecto.
El grupo pide posponer el debate y reabrir la consulta pública de la reforma. "Las políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación, antes de ser legales, administrativos y operativos, deben tener la más amplia aceptación por todos los sectores vinculados a dicha materia", señala el documento.
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Recomiendan protegerse de la devaluación
Empresas y particulares deben aumentar las posiciones en divisas o las deudas en bolívares para protegerse de la devaluación, recomienda la firma Econométrica.
La compañia indica que el Gobierno devaluará en 2011 porque la demanda de divisas supera en 25% la oferta, las reservas internacionales del Banco Central de Venezuela apenas cubren 4,4 meses de las necesidades de moneda extranjera y la capacidad de endeudamiento externo es cada vez más reducida.
Aunque Econométrica plantea 5 escenarios posibles para la devaluación de la moneda, considera que el más probable es que las autoridades mantengan la tasa preferencial de 2,6 bolívares por dólar para alimentos, medicinas y bienes de capital; e incrementen los otros tipos de cambio.
Afirma que el dólar petrolero –que se cotiza a 4,3 bolívares– subirá hasta 5,5 bolívares; la banda del sistema de transacciones con títulos en moneda extranjera –de 4,3 a 5,3 bolívares– pasará a entre 5,5 y 6,75 bolívares; y el cambio implícito de las emisiones de bonos aumentará hasta 8 bolívares.
La firma señala que la devaluación mejorará las finanzas de Pdvsa y el Fisco, aunque tendrá consecuencias negativas para la economía como el incremento de la inflación, la caída del salario real y posiblemente la disminución del consumo, la inversión, el producto y el empleo.
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La compañia indica que el Gobierno devaluará en 2011 porque la demanda de divisas supera en 25% la oferta, las reservas internacionales del Banco Central de Venezuela apenas cubren 4,4 meses de las necesidades de moneda extranjera y la capacidad de endeudamiento externo es cada vez más reducida.
Aunque Econométrica plantea 5 escenarios posibles para la devaluación de la moneda, considera que el más probable es que las autoridades mantengan la tasa preferencial de 2,6 bolívares por dólar para alimentos, medicinas y bienes de capital; e incrementen los otros tipos de cambio.
Afirma que el dólar petrolero –que se cotiza a 4,3 bolívares– subirá hasta 5,5 bolívares; la banda del sistema de transacciones con títulos en moneda extranjera –de 4,3 a 5,3 bolívares– pasará a entre 5,5 y 6,75 bolívares; y el cambio implícito de las emisiones de bonos aumentará hasta 8 bolívares.
La firma señala que la devaluación mejorará las finanzas de Pdvsa y el Fisco, aunque tendrá consecuencias negativas para la economía como el incremento de la inflación, la caída del salario real y posiblemente la disminución del consumo, la inversión, el producto y el empleo.
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martes, 7 de diciembre de 2010
Piden consulta sobre reforma de la Locti
Un grupo de organizaciones y actores vinculados al quehacer científico entregó una carta a la Asamblea Nacional, para solicitar un derecho de palabra durante la segunda discusión en plenaria del proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, pautada para hoy.
La misiva, entregada por Enrique Rubio, también pide posponer la discusión y reabrir el proceso de consulta pública sobre el proyecto de reforma, para escuchar las objeciones que los sectores involucrados con la investigación científica y tecnológica en el país tienen ante los cambios propuestos.
Voceros empresariales, universitarios y opositores han criticado la reforma de la Locti porque obligará a entregar todos los recursos al Fonacit, aumentará los porcentajes de aporte de algunas compañías privadas y condicionará el financiamiento para investigación a criterios políticos, entre otras cosas.
"Es una reforma que afectará por completo el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, del cual forman parte una enorme diversidad de actores, tales como instituciones, empresas, fundaciones, organizaciones de desarrollo social, universidades, investigadores", dice el documento.
La principal crítica que se le hace a la Asamblea Nacional es la falta de consulta sobre el proyecto de reforma presentado para segunda discusión, que es muy diferente al aprobado en primera instancia.
El documento destaca que la consulta pública además de ser un mecanismo consagrado en la Constitución es un paso indispensable para la aprobación de leyes relacionadas con el quehacer científico y tecnológico.
"Las políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación, antes de ser legales, administrativos y operativos, deben tener la más amplia aceptación por todos los sectores vinculados a dicha materia. De lo contrario, su efecto será parcial e insostenible en el tiempo", señala el texto.
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La misiva, entregada por Enrique Rubio, también pide posponer la discusión y reabrir el proceso de consulta pública sobre el proyecto de reforma, para escuchar las objeciones que los sectores involucrados con la investigación científica y tecnológica en el país tienen ante los cambios propuestos.
Voceros empresariales, universitarios y opositores han criticado la reforma de la Locti porque obligará a entregar todos los recursos al Fonacit, aumentará los porcentajes de aporte de algunas compañías privadas y condicionará el financiamiento para investigación a criterios políticos, entre otras cosas.
"Es una reforma que afectará por completo el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, del cual forman parte una enorme diversidad de actores, tales como instituciones, empresas, fundaciones, organizaciones de desarrollo social, universidades, investigadores", dice el documento.
La principal crítica que se le hace a la Asamblea Nacional es la falta de consulta sobre el proyecto de reforma presentado para segunda discusión, que es muy diferente al aprobado en primera instancia.
El documento destaca que la consulta pública además de ser un mecanismo consagrado en la Constitución es un paso indispensable para la aprobación de leyes relacionadas con el quehacer científico y tecnológico.
"Las políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación, antes de ser legales, administrativos y operativos, deben tener la más amplia aceptación por todos los sectores vinculados a dicha materia. De lo contrario, su efecto será parcial e insostenible en el tiempo", señala el texto.
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Bs 5,9 millardos darán para los aguinaldos
El Gobierno continúa buscando los recursos para completar el pago de la bonificación navideña de los empleados públicos, que este año decidió cancelar de manera fraccionada que generó malestar en los trabajadores por los problemas de flujo de caja que tiene la Tesorería nacional.
La Asamblea Nacional tiene previsto aprobar hoy un crédito adicional de 5,9 millardos de bolívares para el pago de aguinaldos en los ministerios de Agricultura; Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedia; Defensa; Educación y Trabajo, y en los organismos adscritos a estos despachos.
Fuentes de la Comisión de Finanzas explicaron que se trata de la última fracción de los recursos solicitados por el Ejecutivo para hacer frente al pago de la bonificación navideña. El Parlamento aprobó hace dos semanas un crédito de 9,09 millardos de bolívares para el mismo fin.
El pago de aguinaldos en el sector público ha variado de acuerdo con la disponibilidad financiera de cada organismo. El cronograma de la Oficina Nacional del Tesoro muestra que esta semana se cancelarán 3,5 millardos de bolívares (46,6% del desembolso previsto) por ese concepto.
Además de aprobar más recursos para el pago de la bonificación navideña de los empleados públicos, los diputados también prevén realizar hoy la segunda discusión de los proyectos de ley de presupuesto y ley de endeudamiento para 2011, así como del documento de ingresos y gastos del Poder Legislativo.
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La Asamblea Nacional tiene previsto aprobar hoy un crédito adicional de 5,9 millardos de bolívares para el pago de aguinaldos en los ministerios de Agricultura; Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedia; Defensa; Educación y Trabajo, y en los organismos adscritos a estos despachos.
Fuentes de la Comisión de Finanzas explicaron que se trata de la última fracción de los recursos solicitados por el Ejecutivo para hacer frente al pago de la bonificación navideña. El Parlamento aprobó hace dos semanas un crédito de 9,09 millardos de bolívares para el mismo fin.
El pago de aguinaldos en el sector público ha variado de acuerdo con la disponibilidad financiera de cada organismo. El cronograma de la Oficina Nacional del Tesoro muestra que esta semana se cancelarán 3,5 millardos de bolívares (46,6% del desembolso previsto) por ese concepto.
Además de aprobar más recursos para el pago de la bonificación navideña de los empleados públicos, los diputados también prevén realizar hoy la segunda discusión de los proyectos de ley de presupuesto y ley de endeudamiento para 2011, así como del documento de ingresos y gastos del Poder Legislativo.
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lunes, 6 de diciembre de 2010
El Gobierno tardaría 160 años en resolver déficit
de vivienda
El Gobierno necesita de la empresa privada para resolver el déficit de vivienda que hay en Venezuela, porque el sector público tardaría 160 años en construir 2 millones de unidades residenciales si mantiene el ritmo registrado desde que el presidente Hugo Chávez asumió el poder en 1999.
Las cifras oficiales del Banco Central de Venezuela revelan que durante los últimos 12 años se construyeron cerca de 500.000 viviendas. Si los especialistas de la Cámara Inmobiliaria calculan que 70% corresponde al sector privado y 30% al público, eso quiere decir que los organismos gubernamentales edificaron 150.000 unidades en total y 12.500 anuales.
El promedio de construcción de la administración actual representa 12,5% de las 100.000 viviendas que el país necesita cada año para cubrir el crecimiento poblacional –según los expertos– y 6,25% de las 200.000 unidades anuales requeridas para disipar el déficit en un plazo de 2 décadas.
Si bien el ritmo que ha mantenido el sector privado en los últimos 12 años –350.000 viviendas en total, para un promedio de 29.167 anuales– tampoco es suficiente para resolver el problema, empresarios y especialistas han dicho que con los incentivos adecuados esa cifra pudiera multiplicarse.
Entre 2006 y 2009, el promedio de construcción de viviendas se ubicó en 85.000 por año gracias a los estímulos ofrecidos por la aprobación de la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat en 2005 y la creación de una cartera hipotecaria obligatoria para la banca, entre otros factores.
Viraje oficial. El llamado del presidente Chávez al sector privado la semana pasada, luego de varios meses de ataques por las acusaciones de cobro ilegal de índice de precios al consumidor y otras presuntas irregularidades en la preventa de inmuebles, parece ser un reconocimiento a la necesidad de trabajo conjunto.
El proyecto de ley de emergencia para terrenos urbanos y vivienda, que fue presentado por el Ejecutivo la semana pasada y que el Parlamento prevé sancionar el jueves, también apunta en esa dirección al plantear la constitución de consorcios mixtos y ofrecer estímulos tributarios al sector privado.
Los artículos 20 y 21 exoneran del impuesto al valor agregado y del pago de cualquier arancel, tasa o contribución en las oficinas del servicio de notarias y registros públicos "a todas las operaciones de adquisición de viviendas principales de interés social".
El artículo 22 establece que las cantidades pagadas por materiales e insumos generarán crédito fiscal para los constructores residenciales, siempre que hayan protocolizado más de 90% de las unidades y que presenten copia de las certificaciones de inscripción como vivienda principal de las mismas.
El artículo 48 plantea incrementar los montos de los créditos del Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda a una escala que se ubicará entre 100 y 600 salarios mínimos (de 122.300 a 733.800 bolívares), lo cual pudiera incentivar la demanda. El aumento debe hacerse en no más de 6 meses.
Contradicciones. El presidente de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana, Francisco Grullón, admite que el proyecto de ley de emergencia para terrenos urbanos y vivienda contiene una serie de disposiciones positivas para el sector, pero advierte que tiene otras que son muy preocupantes.
"Es una legislación que centraliza las decisiones en la Presidencia y contempla mucho intervencionismo del Estado. Por ejemplo, faculta al Gobierno para ocupar terrenos que considere están subutilizados u ociosos, sin definir cuáles son los criterios para que sean calificados como tales", señala.
Raimudo Orta Poleo, coordinador nacional de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, alerta que la discrecionalidad para decidir lo que está subutilizado pone en riesgo cualquier terreno: "desde fincas productivas en los suburbios hasta parques y clubes deportivos dentro de las ciudades".
Ninguno de los dos está de acuerdo con la creación de una moneda de la construcción para las operaciones inmobiliarias. "Creo que es un mecanismo disfrazado de regulación de precios", dijo Grullón. "No puede haber varias unidades monetarias en el país", agregó Orta Poleo.
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Las cifras oficiales del Banco Central de Venezuela revelan que durante los últimos 12 años se construyeron cerca de 500.000 viviendas. Si los especialistas de la Cámara Inmobiliaria calculan que 70% corresponde al sector privado y 30% al público, eso quiere decir que los organismos gubernamentales edificaron 150.000 unidades en total y 12.500 anuales.
El promedio de construcción de la administración actual representa 12,5% de las 100.000 viviendas que el país necesita cada año para cubrir el crecimiento poblacional –según los expertos– y 6,25% de las 200.000 unidades anuales requeridas para disipar el déficit en un plazo de 2 décadas.
Si bien el ritmo que ha mantenido el sector privado en los últimos 12 años –350.000 viviendas en total, para un promedio de 29.167 anuales– tampoco es suficiente para resolver el problema, empresarios y especialistas han dicho que con los incentivos adecuados esa cifra pudiera multiplicarse.
Entre 2006 y 2009, el promedio de construcción de viviendas se ubicó en 85.000 por año gracias a los estímulos ofrecidos por la aprobación de la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat en 2005 y la creación de una cartera hipotecaria obligatoria para la banca, entre otros factores.
Viraje oficial. El llamado del presidente Chávez al sector privado la semana pasada, luego de varios meses de ataques por las acusaciones de cobro ilegal de índice de precios al consumidor y otras presuntas irregularidades en la preventa de inmuebles, parece ser un reconocimiento a la necesidad de trabajo conjunto.
El proyecto de ley de emergencia para terrenos urbanos y vivienda, que fue presentado por el Ejecutivo la semana pasada y que el Parlamento prevé sancionar el jueves, también apunta en esa dirección al plantear la constitución de consorcios mixtos y ofrecer estímulos tributarios al sector privado.
Los artículos 20 y 21 exoneran del impuesto al valor agregado y del pago de cualquier arancel, tasa o contribución en las oficinas del servicio de notarias y registros públicos "a todas las operaciones de adquisición de viviendas principales de interés social".
El artículo 22 establece que las cantidades pagadas por materiales e insumos generarán crédito fiscal para los constructores residenciales, siempre que hayan protocolizado más de 90% de las unidades y que presenten copia de las certificaciones de inscripción como vivienda principal de las mismas.
El artículo 48 plantea incrementar los montos de los créditos del Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda a una escala que se ubicará entre 100 y 600 salarios mínimos (de 122.300 a 733.800 bolívares), lo cual pudiera incentivar la demanda. El aumento debe hacerse en no más de 6 meses.
Contradicciones. El presidente de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana, Francisco Grullón, admite que el proyecto de ley de emergencia para terrenos urbanos y vivienda contiene una serie de disposiciones positivas para el sector, pero advierte que tiene otras que son muy preocupantes.
"Es una legislación que centraliza las decisiones en la Presidencia y contempla mucho intervencionismo del Estado. Por ejemplo, faculta al Gobierno para ocupar terrenos que considere están subutilizados u ociosos, sin definir cuáles son los criterios para que sean calificados como tales", señala.
Raimudo Orta Poleo, coordinador nacional de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, alerta que la discrecionalidad para decidir lo que está subutilizado pone en riesgo cualquier terreno: "desde fincas productivas en los suburbios hasta parques y clubes deportivos dentro de las ciudades".
Ninguno de los dos está de acuerdo con la creación de una moneda de la construcción para las operaciones inmobiliarias. "Creo que es un mecanismo disfrazado de regulación de precios", dijo Grullón. "No puede haber varias unidades monetarias en el país", agregó Orta Poleo.
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sábado, 4 de diciembre de 2010
Defienden centralización de aportes a la ciencia
El diputado Manuel Villalba afirmó que los criticas a la reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación que se discute en la Asamblea Nacional provienen de sectores interesados en que las empresas privadas sigan manejando a su antojo el aporte establecido.
Villalba, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Comunicación Social, dijo que el esquema actual –que permite a empresas descontar del aporte legal las inversiones en capacitación interna e investigación de terceros– ha ocasionado que el Fonacit reciba una cantidad mínima.
"Hasta ahora 95% ha sido administrado por las empresas de acuerdo con sus intereses particulares, sin tomar en consideración las necesidades del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, mientras que 5% ha sido manejado por el Fonacit. Se quieren despachar y dar el vuelto", aseguró.
El parlamentario descartó que el envío de todos los fondos al Fonacit atente contra la producción de conocimiento. Agregó que las empresas privadas podrán financiar, con recursos diferentes, sus programas de capacitación internos y los proyectos de investigación de terceros.
Villalba rechazó las críticas sobre la falta de consulta de la reforma. "El proyecto fue ampliamente debatido con universidades, investigadores e instituciones vinculadas a la ciencia y la tecnología".
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Villalba, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Comunicación Social, dijo que el esquema actual –que permite a empresas descontar del aporte legal las inversiones en capacitación interna e investigación de terceros– ha ocasionado que el Fonacit reciba una cantidad mínima.
"Hasta ahora 95% ha sido administrado por las empresas de acuerdo con sus intereses particulares, sin tomar en consideración las necesidades del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, mientras que 5% ha sido manejado por el Fonacit. Se quieren despachar y dar el vuelto", aseguró.
El parlamentario descartó que el envío de todos los fondos al Fonacit atente contra la producción de conocimiento. Agregó que las empresas privadas podrán financiar, con recursos diferentes, sus programas de capacitación internos y los proyectos de investigación de terceros.
Villalba rechazó las críticas sobre la falta de consulta de la reforma. "El proyecto fue ampliamente debatido con universidades, investigadores e instituciones vinculadas a la ciencia y la tecnología".
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Proponen que BCV rija moneda de construcción
Las dudas sobre la creación de una "moneda de la construcción" figuran entre las principales observaciones que hizo la Cámara Inmobiliaria de Venezuela al proyecto de ley de emergencia para terrenos urbanos y vivienda, aprobado esta semana en primera discusión por la plenaria de la Asamblea Nacional.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria, Aquiles Martini, se reunió con el diputado Luis Gamargo, jefe de la Comisión de Administración y Servicios Públicos e integrante de la comisión mixta que evalúa la propuesta legal, para expresarle los aspectos que preocupan al sector privado.
Martini indicó que la unidad monetaria propuesta debería llevar otro nombre, porque el término moneda está reservado por la ley al bolívar. Agregó que el valor tendría que ser determinado por el Banco Central de Venezuela, por ser la autoridad en materia de variación de precios, y no por otro organismo.
Al sector inmobiliario también le preocupa la discrecionalidad que tendrán los funcionarios del instituto nacional de tierras urbanas y vivienda –que sería creado de aprobarse el proyecto de ley– para decidir cuando un terreno urbano está ocioso o subutilizado.
La Cámara Inmobiliaria considera que deben respetarse las zonificaciones de cada municipio. "Si en un terreno funciona un estacionamiento, porque así fue establecido en el plan de desarrollo urbano, no puede ser que el nuevo organismo considere que está subutilizado", argumentó Martini.
Otra observación del gremio está relacionada con el plazo que se otorgaría a los dueños de terrenos urbanos aptos para vivienda, ya que el artículo 3 del proyecto de ley afirma que el derecho de propiedad "implica un deber de proceder" a construir las edificaciones que se encuentren permitidas.
Gamargo dijo que los planteamientos de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela serán sometidos a consideración de la comisión mixta que evalúa el proyecto de ley. Afirmó que no está previsto realizar encuentros con otros gremios o empresas del sector privado para debatir la normativa.
El equipo parlamentario integrado por diputados de las comisiones de Administración y Servicios Públicos y Participación Ciudadana también se ha reunido con consejos comunales y organizaciones sociales para conocer las observaciones al proyecto.
Darío Vivas, primer vicepresidente de la Asamblea y presidente de la comisión mixta, informó que la consulta pública se realizará el fin de semana. Añadió que el objetivo es llevar la norma a segunda discusión el jueves 9 de diciembre.
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El presidente de la Cámara Inmobiliaria, Aquiles Martini, se reunió con el diputado Luis Gamargo, jefe de la Comisión de Administración y Servicios Públicos e integrante de la comisión mixta que evalúa la propuesta legal, para expresarle los aspectos que preocupan al sector privado.
Martini indicó que la unidad monetaria propuesta debería llevar otro nombre, porque el término moneda está reservado por la ley al bolívar. Agregó que el valor tendría que ser determinado por el Banco Central de Venezuela, por ser la autoridad en materia de variación de precios, y no por otro organismo.
Al sector inmobiliario también le preocupa la discrecionalidad que tendrán los funcionarios del instituto nacional de tierras urbanas y vivienda –que sería creado de aprobarse el proyecto de ley– para decidir cuando un terreno urbano está ocioso o subutilizado.
La Cámara Inmobiliaria considera que deben respetarse las zonificaciones de cada municipio. "Si en un terreno funciona un estacionamiento, porque así fue establecido en el plan de desarrollo urbano, no puede ser que el nuevo organismo considere que está subutilizado", argumentó Martini.
Otra observación del gremio está relacionada con el plazo que se otorgaría a los dueños de terrenos urbanos aptos para vivienda, ya que el artículo 3 del proyecto de ley afirma que el derecho de propiedad "implica un deber de proceder" a construir las edificaciones que se encuentren permitidas.
Gamargo dijo que los planteamientos de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela serán sometidos a consideración de la comisión mixta que evalúa el proyecto de ley. Afirmó que no está previsto realizar encuentros con otros gremios o empresas del sector privado para debatir la normativa.
El equipo parlamentario integrado por diputados de las comisiones de Administración y Servicios Públicos y Participación Ciudadana también se ha reunido con consejos comunales y organizaciones sociales para conocer las observaciones al proyecto.
Darío Vivas, primer vicepresidente de la Asamblea y presidente de la comisión mixta, informó que la consulta pública se realizará el fin de semana. Añadió que el objetivo es llevar la norma a segunda discusión el jueves 9 de diciembre.
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viernes, 3 de diciembre de 2010
Gobierno administrará aportes de empresas
a ciencia y tecnología
La reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación –cuya segunda discusión se realiza en la Asamblea Nacional– establece que el aporte obligatorio de las empresas en esta materia será administrado por el Gobierno.
La legislación vigente indica que las compañías, en vez de darle los recursos al Fondo Nacional para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, pueden usarlos para financiar programas internos de capacitación o proyectos de investigación de terceros (fundaciones, universidades, entre otras).
La modificación legal elimina esa posibilidad, al obligar a las empresas a entregar el dinero al ente gubernamental. "Todos los aportes deberán ser consignados ante el órgano financiero de los fondos destinados a ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones", dice el artículo 23.
El Fonacit, además de recaudar los recursos, se encargará de canalizarlos hacia las actividades científicas y tecnológicas que se correspondan con las prioridades del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología y con los objetivos del Plan de Desarrollo Económico y Social 2007-2013.
"La reforma burocratiza el acceso a los fondos para investigación, porque los sujetos aportantes (empresas) no podrán usar el dinero para capacitar personal o financiar investigaciones sino que se lo darán al Estado", dice Miguel Mónaco, abogado y profesor de Derecho Público.
Agrega que la modificación legal elimina la posibilidad de la investigación libre. "El Fonacit decidirá la asignación del financiamiento de acuerdo con planes que, por naturaleza, son políticos. Eso ata el conocimiento científico a un determinado programa de gobierno".
Enrique Rubio, presidente de la consultora Artes Gerenciales, señala que la reforma cambia la esencia de la ley. "La idea era que las empresas invirtieran en investigaciones científicas relacionadas con su actividad. Ahora el dinero, como será asignado por el Estado, puede utilizarse en otras áreas".
Más aportes. Además de cambiar las condiciones para la recaudación y la distribución de los fondos, la modificación de la Locti que se discute en la Asamblea propone incrementar el monto que deben aportar algunas empresas.
El artículo 26 precisa que las actividades económicas establecidas en la Ley para el Control de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles, así como aquellas vinculadas con la industria y el comercio de licores y tabaco, deberán contribuir al Fonacit con 2% de los ingresos brutos.
Mónaco advierte que el cambio diferencia de manera injustificada a licoreras y tabaqueras. "Estas compañías, por las condiciones de su negocio, ya están sometidas a un régimen tributario diferente al del resto, no tienes porque discriminarlas en esta ley".
Agrega que, al decir todas aquellas vinculadas con la industria y el comercio de licores y tabaco, la tasa de 2% también puede aplicarse a establecimientos como supermercados, que deberían pagar la contribución de 0,5% fijada para el resto de las empresas.
El abogado también cuestionó que se convierta el aporte a ciencia y tecnología en un impuesto y que se pretenda aplicar la modificación de los montos de manera retroactiva. "Las disposiciones finales establecen que las empresas deberán empezar a pagar el nuevo monto en enero, lo cual implica una carga sobre los ingresos brutos de este año (base de cálculo para el aporte al Fonacit)".
"Ley inconstitucional". El equipo técnico que asesora a la Mesa de la Unidad Democrática asegura que el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación es violatorio de la Constitución y de las leyes.
Los académicos alertaron que, de aprobarse la normativa, se causará un "grave daño" a la producción de conocimiento en el país y denuncian que no hubo consulta con las organizaciones científicas y tecnológicas. "El proyecto dista mucho del aprobado en primera discusión en enero".
Entre las objeciones que plantearon al contenido de la reforma están que se señala como beneficiario de los fondos para investigación a la comuna, "figura o forma de agrupación que no está en la Constitución ni en las leyes".
También critican que eliminen los principios de ética, probidad y buena fe, consagrados en el artículo 110 de la Constitución; supriman los principios éticos y ambientales en el desarrollo de la actividad científica y descarten la creación de comisión multidisciplinarias de bioética y biodiversidad.
"Al definir las actividades que podrán ser beneficiarias de aportes se omite el término empresa, cuando la Constitución establece la corresponsabilidad entre el Estado y el sector privado para contribuir en el desarrollo científico, tecnológico, de innovación y sus aplicaciones en el país", agregan.
Escrito junto con Carlos Crespo
Publicado en El Nacional
La legislación vigente indica que las compañías, en vez de darle los recursos al Fondo Nacional para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, pueden usarlos para financiar programas internos de capacitación o proyectos de investigación de terceros (fundaciones, universidades, entre otras).
La modificación legal elimina esa posibilidad, al obligar a las empresas a entregar el dinero al ente gubernamental. "Todos los aportes deberán ser consignados ante el órgano financiero de los fondos destinados a ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones", dice el artículo 23.
El Fonacit, además de recaudar los recursos, se encargará de canalizarlos hacia las actividades científicas y tecnológicas que se correspondan con las prioridades del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología y con los objetivos del Plan de Desarrollo Económico y Social 2007-2013.
"La reforma burocratiza el acceso a los fondos para investigación, porque los sujetos aportantes (empresas) no podrán usar el dinero para capacitar personal o financiar investigaciones sino que se lo darán al Estado", dice Miguel Mónaco, abogado y profesor de Derecho Público.
Agrega que la modificación legal elimina la posibilidad de la investigación libre. "El Fonacit decidirá la asignación del financiamiento de acuerdo con planes que, por naturaleza, son políticos. Eso ata el conocimiento científico a un determinado programa de gobierno".
Enrique Rubio, presidente de la consultora Artes Gerenciales, señala que la reforma cambia la esencia de la ley. "La idea era que las empresas invirtieran en investigaciones científicas relacionadas con su actividad. Ahora el dinero, como será asignado por el Estado, puede utilizarse en otras áreas".
Más aportes. Además de cambiar las condiciones para la recaudación y la distribución de los fondos, la modificación de la Locti que se discute en la Asamblea propone incrementar el monto que deben aportar algunas empresas.
El artículo 26 precisa que las actividades económicas establecidas en la Ley para el Control de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles, así como aquellas vinculadas con la industria y el comercio de licores y tabaco, deberán contribuir al Fonacit con 2% de los ingresos brutos.
Mónaco advierte que el cambio diferencia de manera injustificada a licoreras y tabaqueras. "Estas compañías, por las condiciones de su negocio, ya están sometidas a un régimen tributario diferente al del resto, no tienes porque discriminarlas en esta ley".
Agrega que, al decir todas aquellas vinculadas con la industria y el comercio de licores y tabaco, la tasa de 2% también puede aplicarse a establecimientos como supermercados, que deberían pagar la contribución de 0,5% fijada para el resto de las empresas.
El abogado también cuestionó que se convierta el aporte a ciencia y tecnología en un impuesto y que se pretenda aplicar la modificación de los montos de manera retroactiva. "Las disposiciones finales establecen que las empresas deberán empezar a pagar el nuevo monto en enero, lo cual implica una carga sobre los ingresos brutos de este año (base de cálculo para el aporte al Fonacit)".
"Ley inconstitucional". El equipo técnico que asesora a la Mesa de la Unidad Democrática asegura que el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación es violatorio de la Constitución y de las leyes.
Los académicos alertaron que, de aprobarse la normativa, se causará un "grave daño" a la producción de conocimiento en el país y denuncian que no hubo consulta con las organizaciones científicas y tecnológicas. "El proyecto dista mucho del aprobado en primera discusión en enero".
Entre las objeciones que plantearon al contenido de la reforma están que se señala como beneficiario de los fondos para investigación a la comuna, "figura o forma de agrupación que no está en la Constitución ni en las leyes".
También critican que eliminen los principios de ética, probidad y buena fe, consagrados en el artículo 110 de la Constitución; supriman los principios éticos y ambientales en el desarrollo de la actividad científica y descarten la creación de comisión multidisciplinarias de bioética y biodiversidad.
"Al definir las actividades que podrán ser beneficiarias de aportes se omite el término empresa, cuando la Constitución establece la corresponsabilidad entre el Estado y el sector privado para contribuir en el desarrollo científico, tecnológico, de innovación y sus aplicaciones en el país", agregan.
Escrito junto con Carlos Crespo
Publicado en El Nacional
jueves, 2 de diciembre de 2010
BID prestará 700 millones de dólares para rehabilitar represa de Guri
El Banco Interamericano de Desarrollo prestará 700 millones de dólares a Venezuela para la recuperación de 6 unidades de la represa de Guri. Las condiciones del crédito que otorgará el organismo multilateral fueron aprobadas ayer por la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional.
La generación de electricidad en Guri, que a principios de 2010 se redujo al mínimo por la sequía y ocasionó una crisis en el suministro energético del país, no ha podido ser reactivada por completo a pesar de que las lluvias registradas durante los últimos meses coparon de agua al embalse.
Especialistas advirtieron desde el comienzo de la crisis que la llegada de las precipitaciones era insuficiente para superar los problemas, porque el deterioro de algunas unidades de Guri impide que la central hidroeléctrica funcione a máxima capacidad. La solicitud del préstamo sugiere que tenían razón.
Además del crédito del BID, el Ministerio de Energía Eléctrica recibirá 568,7 millones de bolívares por una reprogramación –también aprobada ayer– de los desembolsos establecidos en la Ley de Endeudamiento de 2010. Los recursos estaban destinados a proyectos del Ministerio de Agricultura y Tierras.
A segunda discusión. La agenda de la Comisión de Finanzas incluyó la aprobación de los informes para segunda discusión de las leyes de presupuesto y endeudamiento de 2011, que serán llevados a plenaria el próximo jueves para su sanción definitiva.
Como había adelantado el diputado Ricardo Sanguino, presidente de la instancia parlamentaria, el único cambio a la propuesta presentada por el Ejecutivo es la incorporación de la distribución de gastos del Consejo Federal de Gobierno. El proyecto original sólo tenía el total asignado al organismo.
También se autorizó una emisión de pagarés, por un monto de 1,38 millardos de bolívares, que realizará el Ministerio de Planificación y Finanzas para aprovechar el remanente de la Ley de Endeudamiento de 2010.
Se aprobaron, además, dos traslados de créditos presupuestarios. Uno en el Ministerio del Interior y Justicia, por 51,1 millones de bolívares; y otro en el Parlamento Andino, por 1,7 millones de bolívares.
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La generación de electricidad en Guri, que a principios de 2010 se redujo al mínimo por la sequía y ocasionó una crisis en el suministro energético del país, no ha podido ser reactivada por completo a pesar de que las lluvias registradas durante los últimos meses coparon de agua al embalse.
Especialistas advirtieron desde el comienzo de la crisis que la llegada de las precipitaciones era insuficiente para superar los problemas, porque el deterioro de algunas unidades de Guri impide que la central hidroeléctrica funcione a máxima capacidad. La solicitud del préstamo sugiere que tenían razón.
Además del crédito del BID, el Ministerio de Energía Eléctrica recibirá 568,7 millones de bolívares por una reprogramación –también aprobada ayer– de los desembolsos establecidos en la Ley de Endeudamiento de 2010. Los recursos estaban destinados a proyectos del Ministerio de Agricultura y Tierras.
A segunda discusión. La agenda de la Comisión de Finanzas incluyó la aprobación de los informes para segunda discusión de las leyes de presupuesto y endeudamiento de 2011, que serán llevados a plenaria el próximo jueves para su sanción definitiva.
Como había adelantado el diputado Ricardo Sanguino, presidente de la instancia parlamentaria, el único cambio a la propuesta presentada por el Ejecutivo es la incorporación de la distribución de gastos del Consejo Federal de Gobierno. El proyecto original sólo tenía el total asignado al organismo.
También se autorizó una emisión de pagarés, por un monto de 1,38 millardos de bolívares, que realizará el Ministerio de Planificación y Finanzas para aprovechar el remanente de la Ley de Endeudamiento de 2010.
Se aprobaron, además, dos traslados de créditos presupuestarios. Uno en el Ministerio del Interior y Justicia, por 51,1 millones de bolívares; y otro en el Parlamento Andino, por 1,7 millones de bolívares.
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"Aprovechan lluvias para regular mercado"
El proyecto de ley de emergencia para terrenos urbanos y vivienda contiene una serie de disposiciones que serán perjudiciales para el sector inmobiliario, advirtió el abogado Raimundo Orta Poleo, coordinador nacional de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos.
Orta Poleo cuestionó que la normativa incluya la posibilidad de establecer una banda de precios para tierras e inmuebles. "Eso atenta contra la libertad económica y no es un mecanismo adecuado para el mercado inmobiliario. Además, el Gobierno nunca ha sido un buen regulador de precios".
También criticó que se declare de utilidad pública los terrenos urbanos ociosos o subutilizados, especialmente porque la determinación de tales condiciones será discrecional. "El Estado puede decir que las tierras de una finca o una industria son aptas para vivienda y ordenar la expropiación".
Tampoco está de acuerdo con la creación de una moneda de la construcción. Agregó que el Gobierno aprovecha la emergencia causada por las lluvias para regular todos los aspectos del mercado inmobiliario y dictar medidas que atentan contra derechos como la propiedad privada.
El proyecto de ley de emergencia para terrenos urbanos y vivienda, aprobado el martes en primera discusión, será revisado por un equipo mixto presidido por el diputado Darío Vivas e integrado por parlamentarios de las comisiones de Administración y Servicios Públicos y Participación Ciudadana.
La junta directiva de la Asamblea Nacional espera que la evaluación sea rápida para que la segunda discusión en plenaria se realice la próxima semana.
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Orta Poleo cuestionó que la normativa incluya la posibilidad de establecer una banda de precios para tierras e inmuebles. "Eso atenta contra la libertad económica y no es un mecanismo adecuado para el mercado inmobiliario. Además, el Gobierno nunca ha sido un buen regulador de precios".
También criticó que se declare de utilidad pública los terrenos urbanos ociosos o subutilizados, especialmente porque la determinación de tales condiciones será discrecional. "El Estado puede decir que las tierras de una finca o una industria son aptas para vivienda y ordenar la expropiación".
Tampoco está de acuerdo con la creación de una moneda de la construcción. Agregó que el Gobierno aprovecha la emergencia causada por las lluvias para regular todos los aspectos del mercado inmobiliario y dictar medidas que atentan contra derechos como la propiedad privada.
El proyecto de ley de emergencia para terrenos urbanos y vivienda, aprobado el martes en primera discusión, será revisado por un equipo mixto presidido por el diputado Darío Vivas e integrado por parlamentarios de las comisiones de Administración y Servicios Públicos y Participación Ciudadana.
La junta directiva de la Asamblea Nacional espera que la evaluación sea rápida para que la segunda discusión en plenaria se realice la próxima semana.
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miércoles, 1 de diciembre de 2010
Crearán moneda de la construcción para operaciones inmobiliarias
El bolívar será sustituido por la moneda de la construcción en los contratos de preventa de inmuebles residenciales, según el proyecto de ley de emergencia para terrenos urbanos y vivienda, aprobado ayer en primera discusión por la plenaria de la Asamblea Nacional.
La nueva moneda será un "índice valor oficial fijado por el instituto nacional de tierras urbanas y vivienda para las operaciones inmobiliarias relativas a los negocios de compraventa de unidades de vivienda familiar principal en construcción", dice el artículo 24 de la propuesta.
Agrega que el instituto nacional de tierras urbanas y vivienda determinará el valor de la moneda de la construcción –en función de elementos técnicos que se fijarán en el reglamento de la ley– el primer mes de cada año, aunque podrá modificarlo en cualquier oportunidad que lo considere necesario.
El artículo 25 señala que los contratos de preventa de viviendas en edificación estipularán el precio en monedas de la construcción, además del lapso definitivo de entrega de la obra y de protocolización del documento de venta ante la oficina de registro público correspondiente.
Una vez fijado el valor del inmueble, éste no podrá modificarse. Los promotores, sin embargo, podrán cobrar "aquellas variaciones experimentadas en la moneda de la construcción causadas antes de la fecha de la culminación de la obra que haya sido expresamente establecida en el contrato".
En el caso de que los compradores del inmueble no puedan asumir el costo de las variaciones, podrán solicitar un subsidio al instituto nacional de tierras urbanas y vivienda. El nuevo organismo propuesto para encargarse del problema habitacional dependerá directamente de la Presidencia.
Expropiaciones express. Además de regular la preventa, el proyecto de ley declara de utilidad pública los terrenos urbanos ociosos o subutilizados que sean aptos para construir viviendas incluidos aquellos pertenecientes a entes del Estado así como los factores y los medios para la construcción.
La declaratoria de utilidad pública es, según el marco legal vigente, uno de los requisitos para proceder a la expropiación de cualquier bien. De manera que la normativa propuesta despeja el camino para que el gobierno del presidente Hugo Chávez ordene más expropiaciones.
El proyecto de ley también faculta al mandatario para que decrete la creación de zonas especiales de emergencia de tierras urbanas y vivienda, en las cuales las autoridades podrán ocupar temporalmente inmuebles abandonados y adquirir construcciones residenciales con permiso de habitabilidad.
En el caso de que el Ejecutivo adquiera inmuebles alquilados para ejecutar planes de vivienda, los inquilinos tendrán un derecho de preferencia para su adquisición.
Los consejos comunales ayudarán al Gobierno a levantar el censo de las familias necesitadas de vivienda, a quienes se adjudicará las unidades gratuitamente o mediante créditos, según sus condiciones socioeconómicas.
Aumentarán los aportes
El proyecto de ley de emergencia para terrenos urbanos y vivienda, presentada ayer por el Ejecutivo ante la Asamblea Nacional, establece que se aumentará el aporte que trabajadores y empresas realizan mensualmente al Fondo de Ahorro Obligatorio.
Los empleados, que hasta ahora contribuyen con 1% del salario mensual, deberán aportar 3% una vez aprobada la propuesta de legislación. Los patronos, que estaban obligados a cooperar con un monto equivalente a 2% del sueldo de cada trabajador, tendrán que colocar 5%.
El aumento del aporte se hace "con la finalidad de ajustar el monto crediticio establecido en la Ley del Subsistema de Vivienda y Política Habitacional", según el artículo 47. El 48 agrega que el Ejecutivo tendrá seis meses para incrementar las cantidades por prestar.
La nueva escala crediticia, que se hará en función de los ingresos de cada grupo familiar, irá de 100 a 600 salarios mínimos es decir, de 122.300 a 733.800 bolívares y deberá ser actualizada cada año en virtud de "la realidad del mercado nacional de vivienda".
La norma también ofrece incentivos para que los patronos ejecuten planes de vivienda en beneficio de los trabajadores. Los recursos destinados por las empresas para este concepto no incidirán en los pasivos laborales y podrán descontarse del impuesto sobre la renta.
Las compañías que concreten planes de vivienda para sus empleados, además, tendrán prioridad para trabajar con el Estado. "Será causal de nulidad absoluta de los procesos de contratación pública la inobservancia de la verificación previa de esta condición preferente", dice el artículo 19.
El sistema financiero tendrá que crear otra cartera obligatoria adicional a la gaveta hipotecaria actual, que equivale a 10% del total de los créditos y está destinada a construcción y compra para financiar los planes de viviendas que desarrollen las empresas.
La banca también deberá atender las solicitudes de crédito a tasa preferencial del Instituto Nacional de Tierras Urbanas y Vivienda, cuando éste requiera dinero para otorgar subsidios a los compradores.
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La nueva moneda será un "índice valor oficial fijado por el instituto nacional de tierras urbanas y vivienda para las operaciones inmobiliarias relativas a los negocios de compraventa de unidades de vivienda familiar principal en construcción", dice el artículo 24 de la propuesta.
Agrega que el instituto nacional de tierras urbanas y vivienda determinará el valor de la moneda de la construcción –en función de elementos técnicos que se fijarán en el reglamento de la ley– el primer mes de cada año, aunque podrá modificarlo en cualquier oportunidad que lo considere necesario.
El artículo 25 señala que los contratos de preventa de viviendas en edificación estipularán el precio en monedas de la construcción, además del lapso definitivo de entrega de la obra y de protocolización del documento de venta ante la oficina de registro público correspondiente.
Una vez fijado el valor del inmueble, éste no podrá modificarse. Los promotores, sin embargo, podrán cobrar "aquellas variaciones experimentadas en la moneda de la construcción causadas antes de la fecha de la culminación de la obra que haya sido expresamente establecida en el contrato".
En el caso de que los compradores del inmueble no puedan asumir el costo de las variaciones, podrán solicitar un subsidio al instituto nacional de tierras urbanas y vivienda. El nuevo organismo propuesto para encargarse del problema habitacional dependerá directamente de la Presidencia.
Expropiaciones express. Además de regular la preventa, el proyecto de ley declara de utilidad pública los terrenos urbanos ociosos o subutilizados que sean aptos para construir viviendas incluidos aquellos pertenecientes a entes del Estado así como los factores y los medios para la construcción.
La declaratoria de utilidad pública es, según el marco legal vigente, uno de los requisitos para proceder a la expropiación de cualquier bien. De manera que la normativa propuesta despeja el camino para que el gobierno del presidente Hugo Chávez ordene más expropiaciones.
El proyecto de ley también faculta al mandatario para que decrete la creación de zonas especiales de emergencia de tierras urbanas y vivienda, en las cuales las autoridades podrán ocupar temporalmente inmuebles abandonados y adquirir construcciones residenciales con permiso de habitabilidad.
En el caso de que el Ejecutivo adquiera inmuebles alquilados para ejecutar planes de vivienda, los inquilinos tendrán un derecho de preferencia para su adquisición.
Los consejos comunales ayudarán al Gobierno a levantar el censo de las familias necesitadas de vivienda, a quienes se adjudicará las unidades gratuitamente o mediante créditos, según sus condiciones socioeconómicas.
Aumentarán los aportes
El proyecto de ley de emergencia para terrenos urbanos y vivienda, presentada ayer por el Ejecutivo ante la Asamblea Nacional, establece que se aumentará el aporte que trabajadores y empresas realizan mensualmente al Fondo de Ahorro Obligatorio.
Los empleados, que hasta ahora contribuyen con 1% del salario mensual, deberán aportar 3% una vez aprobada la propuesta de legislación. Los patronos, que estaban obligados a cooperar con un monto equivalente a 2% del sueldo de cada trabajador, tendrán que colocar 5%.
El aumento del aporte se hace "con la finalidad de ajustar el monto crediticio establecido en la Ley del Subsistema de Vivienda y Política Habitacional", según el artículo 47. El 48 agrega que el Ejecutivo tendrá seis meses para incrementar las cantidades por prestar.
La nueva escala crediticia, que se hará en función de los ingresos de cada grupo familiar, irá de 100 a 600 salarios mínimos es decir, de 122.300 a 733.800 bolívares y deberá ser actualizada cada año en virtud de "la realidad del mercado nacional de vivienda".
La norma también ofrece incentivos para que los patronos ejecuten planes de vivienda en beneficio de los trabajadores. Los recursos destinados por las empresas para este concepto no incidirán en los pasivos laborales y podrán descontarse del impuesto sobre la renta.
Las compañías que concreten planes de vivienda para sus empleados, además, tendrán prioridad para trabajar con el Estado. "Será causal de nulidad absoluta de los procesos de contratación pública la inobservancia de la verificación previa de esta condición preferente", dice el artículo 19.
El sistema financiero tendrá que crear otra cartera obligatoria adicional a la gaveta hipotecaria actual, que equivale a 10% del total de los créditos y está destinada a construcción y compra para financiar los planes de viviendas que desarrollen las empresas.
La banca también deberá atender las solicitudes de crédito a tasa preferencial del Instituto Nacional de Tierras Urbanas y Vivienda, cuando éste requiera dinero para otorgar subsidios a los compradores.
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Calmar la sed cuesta 35,7% más que hace 12 meses
Cada vez que va al supermercado a hacer las compras del mes, Leonor Barrero –ama de casa de Los Ruices– tiene que gastar más dinero por la misma cantidad de jugos, leche pasteurizada, refrescos y otras bebidas que suele comprar para acompañar las comidas.
Barrero cuenta que un litro de jugo pasteurizado en envase de larga duración, que hace un año conseguía en 8 bolívares, ahora no baja de 12 bolívares. El precio de la presentación de 2 litros de los refrescos gaseosos, en tanto, está entre 10 y 11 bolívares.
Las cifras de inflación del Banco Central de Venezuela confirman lo que el ama de casa deduce de la observación de la factura del supermercado. Las bebidas no alcohólicas registran un incremento de 35,7% desde octubre del año pasado.
El encarecimiento del rubro supera en 2 puntos porcentuales al aumento de los alimentos, que se ubica en 33,7% durante los últimos 12 meses, y en 8 puntos a la variación anualizada del índice nacional de precios al consumidor, que bajó a 27,5% en octubre.
El Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores señala, en su informe sobre el costo de la canasta alimentaria, que el mes pasado los refrescos aumentaron 2,2% y el café 1,4%. Esta institución reporta una inflación anualizada de 20,7% en las bebidas no alcohólicas.
Además de contribuir a incrementar el costo del mercado, el encarecimiento de las bebidas abulta la cuenta en restaurantes y cafetines, rubro que con un alza de 28,5% en los últimos 12 meses también se encuentra por encima del índice de precios global.
Victoria Lara, administradora que almuerza todos los días en la calle, dice que hay locales dónde cobran hasta 10 bolívares por un agua mineral. Los jugos naturales están entre 12 y 20 bolívares, dependiendo del restaurante y del sabor.
El aumento en el precio de las bebidas, sumado al de los alimentos, ha hecho que el presupuesto destinado a estos rubros pase de 25% en 2009 a 28,9% en 2010, según un estudio de Datos.
Licores también son caros. Aquellos que prefieren pasar la comida con una bebida alcohólica o que toman licor con frecuencia por otros motivos, tampoco están ajenos al problema de la inflación. Este rubro, de hecho, se encuentra entre los que más se han encarecido.
El BCV reportó que las bebidas alcohólicas aumentaron 41,7% en 12 meses. El impacto de los tributos aplicados en los últimos años al consumo de licor y de las restricciones en la entrega de divisas para importar figuran como las principales razones del incremento.
A pesar del alza en los precios, el estudio de Datos refleja que los licores no se encuentran entre las primeras cosas que las personas sacrifican cuando se reducen los ingresos. Antes prefieren recortar los gastos en productos misceláneos (chucherías), telecomunicaciones y peluquería.
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Barrero cuenta que un litro de jugo pasteurizado en envase de larga duración, que hace un año conseguía en 8 bolívares, ahora no baja de 12 bolívares. El precio de la presentación de 2 litros de los refrescos gaseosos, en tanto, está entre 10 y 11 bolívares.
Las cifras de inflación del Banco Central de Venezuela confirman lo que el ama de casa deduce de la observación de la factura del supermercado. Las bebidas no alcohólicas registran un incremento de 35,7% desde octubre del año pasado.
El encarecimiento del rubro supera en 2 puntos porcentuales al aumento de los alimentos, que se ubica en 33,7% durante los últimos 12 meses, y en 8 puntos a la variación anualizada del índice nacional de precios al consumidor, que bajó a 27,5% en octubre.
El Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores señala, en su informe sobre el costo de la canasta alimentaria, que el mes pasado los refrescos aumentaron 2,2% y el café 1,4%. Esta institución reporta una inflación anualizada de 20,7% en las bebidas no alcohólicas.
Además de contribuir a incrementar el costo del mercado, el encarecimiento de las bebidas abulta la cuenta en restaurantes y cafetines, rubro que con un alza de 28,5% en los últimos 12 meses también se encuentra por encima del índice de precios global.
Victoria Lara, administradora que almuerza todos los días en la calle, dice que hay locales dónde cobran hasta 10 bolívares por un agua mineral. Los jugos naturales están entre 12 y 20 bolívares, dependiendo del restaurante y del sabor.
El aumento en el precio de las bebidas, sumado al de los alimentos, ha hecho que el presupuesto destinado a estos rubros pase de 25% en 2009 a 28,9% en 2010, según un estudio de Datos.
Licores también son caros. Aquellos que prefieren pasar la comida con una bebida alcohólica o que toman licor con frecuencia por otros motivos, tampoco están ajenos al problema de la inflación. Este rubro, de hecho, se encuentra entre los que más se han encarecido.
El BCV reportó que las bebidas alcohólicas aumentaron 41,7% en 12 meses. El impacto de los tributos aplicados en los últimos años al consumo de licor y de las restricciones en la entrega de divisas para importar figuran como las principales razones del incremento.
A pesar del alza en los precios, el estudio de Datos refleja que los licores no se encuentran entre las primeras cosas que las personas sacrifican cuando se reducen los ingresos. Antes prefieren recortar los gastos en productos misceláneos (chucherías), telecomunicaciones y peluquería.
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martes, 30 de noviembre de 2010
Ventas de medicinas y cosméticos retrocedieron 30,18% en 12 meses
Las cifras oficiales confirman que el alza de los precios, la recesión durante seis trimestres consecutivos y el aumento del desempleo han incidido en la reducción de la compra de bienes y servicios por parte de los venezolanos. El Banco Central reportó una caída de 12,34% en el volumen de ventas al por menor.
El BCV, que hace dos semanas anunció retrocesos interanuales de 4,4% en el producto interno bruto del sector comercial y 2,1% en el gasto de consumo final privado durante el tercer trimestre, publicó ayer los resultados sectoriales del comercio detallista.
Las caídas más pronunciadas se registraron en las ventas de aparatos, artículos y equipos de uso doméstico, que bajaron 30,76% en comparación con el tercer trimestre de 2009; y de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y artículos de tocador, que disminuyeron 30,18%.
La comercialización de alimentos, bebidas y tabaco cayó 9,48% en locales especializados y 19,79% en otras tiendas. También cedieron las ventas de vehículos automotores (-14,80%); artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio (-13,37%) y textiles, calzado y cuero (-4,65%).
En el comercio al por mayor hubo un alza de 13,36% en comparación con el tercer trimestre de 2009, impulsado por las ventas de materiales de construcción y artículos de ferretería, que crecieron 42,35%; y de otros productos, que subieron 38,36%. Los retrocesos en las ventas mayoristas se registraron en alimentos, bebidas y tabaco, con un bajón de 4,15%; y productos intermedios, con una caída de 5,1%.
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El BCV, que hace dos semanas anunció retrocesos interanuales de 4,4% en el producto interno bruto del sector comercial y 2,1% en el gasto de consumo final privado durante el tercer trimestre, publicó ayer los resultados sectoriales del comercio detallista.
Las caídas más pronunciadas se registraron en las ventas de aparatos, artículos y equipos de uso doméstico, que bajaron 30,76% en comparación con el tercer trimestre de 2009; y de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y artículos de tocador, que disminuyeron 30,18%.
La comercialización de alimentos, bebidas y tabaco cayó 9,48% en locales especializados y 19,79% en otras tiendas. También cedieron las ventas de vehículos automotores (-14,80%); artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio (-13,37%) y textiles, calzado y cuero (-4,65%).
En el comercio al por mayor hubo un alza de 13,36% en comparación con el tercer trimestre de 2009, impulsado por las ventas de materiales de construcción y artículos de ferretería, que crecieron 42,35%; y de otros productos, que subieron 38,36%. Los retrocesos en las ventas mayoristas se registraron en alimentos, bebidas y tabaco, con un bajón de 4,15%; y productos intermedios, con una caída de 5,1%.
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Ganancias de aseguradoras crecieron a menor ritmo
Las empresas de seguros que operan en Venezuela ganaron 1,51 millardos de bolívares en los 3 primeros trimestres de 2010, un alza de 44% con respecto a los 1,05 millardos de bolívares obtenidos durante igual período de 2009, según la Superintendencia de la Actividad Aseguradora.
El balance del organismo supervisor también muestra que las primas cobradas a los asegurados principal fuente de ingresos de las compañías del sector sumaron 23,79 millardos de bolívares entre enero y septiembre de 2010, un incremento de 9,47% en comparación con el año pasado.
Del lado de los egresos, las indemnizaciones por siniestros ascendieron a 20,22 millardos de bolívares, un aumento de 13,21%; las comisiones pagadas a intermediarios a 2,86 millardos, un repunte de 17,28%; y los gastos administrativos a 3,16 millardos de bolívares, un alza de 3,95%.
A pesar de que el sector mantiene un saldo positivo, el ritmo al que crecen las ganancias ha disminuido. Las utilidades subieron 62,7% en el primer trimestre y 48,8% en el segundo. Especialistas temen que la tendencia decreciente se profundice con la Ley de la Actividad Aseguradora.
La Cámara de Aseguradores ha señalado que la legislación, vigente desde julio, tendrá una incidencia negativa en clientes y empresas. La Superintendencia debe aprobar los planes presentados por las compañías para ajustarse a las nuevas normas.
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El balance del organismo supervisor también muestra que las primas cobradas a los asegurados principal fuente de ingresos de las compañías del sector sumaron 23,79 millardos de bolívares entre enero y septiembre de 2010, un incremento de 9,47% en comparación con el año pasado.
Del lado de los egresos, las indemnizaciones por siniestros ascendieron a 20,22 millardos de bolívares, un aumento de 13,21%; las comisiones pagadas a intermediarios a 2,86 millardos, un repunte de 17,28%; y los gastos administrativos a 3,16 millardos de bolívares, un alza de 3,95%.
A pesar de que el sector mantiene un saldo positivo, el ritmo al que crecen las ganancias ha disminuido. Las utilidades subieron 62,7% en el primer trimestre y 48,8% en el segundo. Especialistas temen que la tendencia decreciente se profundice con la Ley de la Actividad Aseguradora.
La Cámara de Aseguradores ha señalado que la legislación, vigente desde julio, tendrá una incidencia negativa en clientes y empresas. La Superintendencia debe aprobar los planes presentados por las compañías para ajustarse a las nuevas normas.
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lunes, 29 de noviembre de 2010
Los venezolanos se olvidaron del lujo y sólo compran lo necesario
En Valencia muchas familias prefieren comprar los alimentos en los mercados al aire libre. Llegan a las 6:00 de la mañana y escogen todo lo que necesitan. Luego pesan la mercancía para saber cuánto deben pagar: cada kilo de fruta o de verdura cuesta 6 bolívares, a excepción de la cebolla que está a 10 bolívares.
Ángela Morales, una de las asiduas al lugar, destacó que compra las frutas y verduras allí y el resto de los productos los adquiere en un supermercado. "En estos tiempos hay que buscar y buscar hasta conseguir los mejores precios, y esta es una alternativa", dijo. Estas compras las hace semanalmente.
Carmen Rojas reconoció que han cambiado los hábitos de consumo y recreación de su familia. "Antes decidía si llevaba una salsa para probar, ahora sólo adquiero los alimentos que son indispensables. Los tickets de alimentación me alcanzan para una semana".
Por lo menos cada 15 días iba al cine con su esposo y su hijo, ahora casi no va. "Cada entrada vale 23 bolívares, más las cotufas, chocolates y refrescos. Se necesitan alrededor de 200 bolívares para ir al cine, por eso vemos más películas en la casa. El dinero lo necesitamos para pagar luz, teléfono, colegio, condominio y la comida, que es lo más caro".
El alto costo de la vida es un problema de toda Venezuela, pues la inflación ha estado por encima de 20% en los últimos cuatro años, pero el índice nacional de precios al consumidor muestra que Valencia, Caracas y Maturín son las ciudades más afectadas por los incrementos de precios durante 2010.
En Valencia, la inflación acumulada de enero a octubre es 24,4%, casi punto y medio superior al promedio nacional que es de 23%. Al igual que en el resto del país, los rubros que más se han encarecido este año son licores y tabaco, con un alza de 31,6%; y alimentos y bebidas, con un aumento de 30,9%.
Los altos precios de los inmuebles y de los servicios médicos están entre las principales preocupaciones de los habitantes de Aragua. Para abaratar los costos viajan a Valencia, pues les resulta más económico comprar una vivienda en esa ciudad o recibir atención médica en los centros de salud privado.
Ninoska Delgado señaló que mientras en Maracay una vivienda recién construida en una zona de clase C puede conseguirse a partir de 700.000 bolívares, en Carabobo con esa suma de dinero es posible adquirir una casa en urbanismos de clase B.
Otro dolor de cabeza es cuando deben pagar el recibo de agua. La tarifa de la empresa Hidrocentro es superior a la que se paga en la capital carabobeña. Daniel Pérez refirió que mientras su familia cancela 35 bolívares por el servicio de su casa en la urbanización El Limón, en el noroeste de Maracay, los parientes de su esposa en Valencia cancelan 18 bolívares mensuales.
Maracay figura como la segunda ciudad donde más han aumentado los servicios de vivienda: 13,8%. La inflación global en la capital aragüeña se ubica en 22,8%, la quinta más alta del país.
Comida cara. Ni la ropa ni los servicios básicos producen tanta preocupación entre los marabinos como tener que resolver la alimentación de la familia. Eso piensa Sandy Lugo, de 34 años de edad, habitante de Las Termas, en el norte de Maracaibo. En su casa viven 6 personas. "A veces hay que ir a los Mercal para conseguir las cosas más baratas. Si no hay allí, me voy a los supermercados. Yo gasto 600 bolívares semanales en compras".
Melissa Vera, de 55 años, afirmó que la comida está muy cara. En su casa de Los Haticos, en el sur de la ciudad, habitan 8 personas. "Con la cantidad de dinero que se compraba antes ahora sólo se compra la mitad. Buscamos los productos más económicos". Rechaza comprar en Mercal: "No me gusta la comida de allí".
Yenzy Petit, de 33 años, vive con su esposo en Los Haticos. Compra a diario porque no le alcanza el dinero para ir semanal o quincenalmente al supermercado. "En víveres gastamos más de 80 bolívares diarios. Compro por lo general, en una bodega que está por la casa".
Hay ciudades que, aunque no se encuentran entre las más inflacionarias de 2010 en el promedio global, registran incrementos de precios por encima al resto en algunos de los 13 rubros que toman en cuenta el Banco Central de Venezuela y el Instituto Nacional de Estadística para hacer la medición.
Maracaibo, por ejemplo, es la ciudad con más inflación en educación con 24,1% y bienes diversos –incluye cuidado personal, seguros y servicios bancarios– con 26,1%. La capital zuliana presente el segundo mayor índice en alimentos (30,3%) y equipamiento del hogar (24,8%).
Barquisimeto es dónde más se ha encarecido el esparcimiento y la cultura, que incluye equipos audiovisuales, artículos de recreación, servicios culturales, periódicos, libros y paquetes vacacionales. La inflación de la capital larense en este rubro es 28,5%, casi tres puntos más que el promedio.
"Ya no se pueden comprar ni las mismas cantidades ni los mismos productos; nada de lujo. Para que pueda alcanzar el dinero hay que comprar únicamente lo necesario", señaló Rosa Araujo, jefa de un grupo familiar integrado por 5 personas, que vive en Barquisimeto. Este año su capacidad de compra y acceso a bienes y servicios disminuyó 50%. "Para los barquisimetanos está difícil comprar comida, los precios están por las nubes. ¿Ir a un supermercado? Imposible", expresó.
Su estrategia consiste en adquirir los productos en diversos establecimientos para extender el presupuesto. "Para mantener a mi familia necesito por lo menos 5.000 bolívares mensuales, con eso pago comida, salud, transporte y servicios básicos. Solo para alimentación destino la mitad de esa cantidad".
Esta cantidad es la que también necesita Nathaly Gozaine para mantenerse ella, a su madre enferma y pagar una doméstica. "Gasto la pensión de mi mamá y mi sueldo, pero no me alcanza. Todos los meses saco un adelanto de mis prestaciones sociales para poder reunir lo necesario que me permita vivir como clase media".
La enfermedad de su madre requiere de una inversión en salud constante. "Mi mamá sufre de Alzheimer y este año acaba de agotarse la cobertura del seguro al que la tengo afiliada. Menos mal que el año ya va a terminar porque sino cómo haría para costear esos gastos en clínicas privadas y medicinas, por eso debo cuidar mucho mi HCM", contó Gozaine.
Escrito junto con Equipo de Corresponsales
Publicado en El Nacional
Ángela Morales, una de las asiduas al lugar, destacó que compra las frutas y verduras allí y el resto de los productos los adquiere en un supermercado. "En estos tiempos hay que buscar y buscar hasta conseguir los mejores precios, y esta es una alternativa", dijo. Estas compras las hace semanalmente.
Carmen Rojas reconoció que han cambiado los hábitos de consumo y recreación de su familia. "Antes decidía si llevaba una salsa para probar, ahora sólo adquiero los alimentos que son indispensables. Los tickets de alimentación me alcanzan para una semana".
Por lo menos cada 15 días iba al cine con su esposo y su hijo, ahora casi no va. "Cada entrada vale 23 bolívares, más las cotufas, chocolates y refrescos. Se necesitan alrededor de 200 bolívares para ir al cine, por eso vemos más películas en la casa. El dinero lo necesitamos para pagar luz, teléfono, colegio, condominio y la comida, que es lo más caro".
El alto costo de la vida es un problema de toda Venezuela, pues la inflación ha estado por encima de 20% en los últimos cuatro años, pero el índice nacional de precios al consumidor muestra que Valencia, Caracas y Maturín son las ciudades más afectadas por los incrementos de precios durante 2010.
En Valencia, la inflación acumulada de enero a octubre es 24,4%, casi punto y medio superior al promedio nacional que es de 23%. Al igual que en el resto del país, los rubros que más se han encarecido este año son licores y tabaco, con un alza de 31,6%; y alimentos y bebidas, con un aumento de 30,9%.
Los altos precios de los inmuebles y de los servicios médicos están entre las principales preocupaciones de los habitantes de Aragua. Para abaratar los costos viajan a Valencia, pues les resulta más económico comprar una vivienda en esa ciudad o recibir atención médica en los centros de salud privado.
Ninoska Delgado señaló que mientras en Maracay una vivienda recién construida en una zona de clase C puede conseguirse a partir de 700.000 bolívares, en Carabobo con esa suma de dinero es posible adquirir una casa en urbanismos de clase B.
Otro dolor de cabeza es cuando deben pagar el recibo de agua. La tarifa de la empresa Hidrocentro es superior a la que se paga en la capital carabobeña. Daniel Pérez refirió que mientras su familia cancela 35 bolívares por el servicio de su casa en la urbanización El Limón, en el noroeste de Maracay, los parientes de su esposa en Valencia cancelan 18 bolívares mensuales.
Maracay figura como la segunda ciudad donde más han aumentado los servicios de vivienda: 13,8%. La inflación global en la capital aragüeña se ubica en 22,8%, la quinta más alta del país.
Comida cara. Ni la ropa ni los servicios básicos producen tanta preocupación entre los marabinos como tener que resolver la alimentación de la familia. Eso piensa Sandy Lugo, de 34 años de edad, habitante de Las Termas, en el norte de Maracaibo. En su casa viven 6 personas. "A veces hay que ir a los Mercal para conseguir las cosas más baratas. Si no hay allí, me voy a los supermercados. Yo gasto 600 bolívares semanales en compras".
Melissa Vera, de 55 años, afirmó que la comida está muy cara. En su casa de Los Haticos, en el sur de la ciudad, habitan 8 personas. "Con la cantidad de dinero que se compraba antes ahora sólo se compra la mitad. Buscamos los productos más económicos". Rechaza comprar en Mercal: "No me gusta la comida de allí".
Yenzy Petit, de 33 años, vive con su esposo en Los Haticos. Compra a diario porque no le alcanza el dinero para ir semanal o quincenalmente al supermercado. "En víveres gastamos más de 80 bolívares diarios. Compro por lo general, en una bodega que está por la casa".
Hay ciudades que, aunque no se encuentran entre las más inflacionarias de 2010 en el promedio global, registran incrementos de precios por encima al resto en algunos de los 13 rubros que toman en cuenta el Banco Central de Venezuela y el Instituto Nacional de Estadística para hacer la medición.
Maracaibo, por ejemplo, es la ciudad con más inflación en educación con 24,1% y bienes diversos –incluye cuidado personal, seguros y servicios bancarios– con 26,1%. La capital zuliana presente el segundo mayor índice en alimentos (30,3%) y equipamiento del hogar (24,8%).
Barquisimeto es dónde más se ha encarecido el esparcimiento y la cultura, que incluye equipos audiovisuales, artículos de recreación, servicios culturales, periódicos, libros y paquetes vacacionales. La inflación de la capital larense en este rubro es 28,5%, casi tres puntos más que el promedio.
"Ya no se pueden comprar ni las mismas cantidades ni los mismos productos; nada de lujo. Para que pueda alcanzar el dinero hay que comprar únicamente lo necesario", señaló Rosa Araujo, jefa de un grupo familiar integrado por 5 personas, que vive en Barquisimeto. Este año su capacidad de compra y acceso a bienes y servicios disminuyó 50%. "Para los barquisimetanos está difícil comprar comida, los precios están por las nubes. ¿Ir a un supermercado? Imposible", expresó.
Su estrategia consiste en adquirir los productos en diversos establecimientos para extender el presupuesto. "Para mantener a mi familia necesito por lo menos 5.000 bolívares mensuales, con eso pago comida, salud, transporte y servicios básicos. Solo para alimentación destino la mitad de esa cantidad".
Esta cantidad es la que también necesita Nathaly Gozaine para mantenerse ella, a su madre enferma y pagar una doméstica. "Gasto la pensión de mi mamá y mi sueldo, pero no me alcanza. Todos los meses saco un adelanto de mis prestaciones sociales para poder reunir lo necesario que me permita vivir como clase media".
La enfermedad de su madre requiere de una inversión en salud constante. "Mi mamá sufre de Alzheimer y este año acaba de agotarse la cobertura del seguro al que la tengo afiliada. Menos mal que el año ya va a terminar porque sino cómo haría para costear esos gastos en clínicas privadas y medicinas, por eso debo cuidar mucho mi HCM", contó Gozaine.
Escrito junto con Equipo de Corresponsales
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